La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán sigue provocando consecuencias a nivel mundial. Además de perturbar el panorama geopolítico y de generar tensiones diplomáticas que reconfiguran un nuevo mapa mundial, la escalada bélica que está provocando bombardeos en refinerías de Oriente Medio o el cierre del estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del petróleo mundial y el 25% del gas natural licuado (GNL), también se está empezando a notar en sectores como el primario. Algo que, en el caso de Andalucía, está ahogando a agricultores y ganaderos por el incremento de costes asociado y porque el tren de borrascas de enero y febrero ya había dañado severamente su producción.

El hecho de que una guerra impacte de lleno en la economía de terceros países no es nuevo. Es una tónica habitual en un mundo tan globalizado como el nuestro y el último ejemplo al respecto se produjo durante los primeros días de la guerra de Ucrania. En 2022, por las mismas fechas que ahora, el petróleo y el gas mundial incrementaron mucho su precio, generando una subida en cascada del coste de producción de gran parte de las materias primas. Ahora, la guerra en Irán ha elevado el precio del barril de crudo entorno a los 100 dólares y el gas ha hecho lo propio encareciéndose más de un 50%. Algo que se traslada directamente al coste que han de afrontar agricultores y ganaderos para seguir con sus explotaciones, pero que no tiene por qué reflejarse en la cesta de la compra por cómo está configurada la cadena alimentaria, puesto que los precios los suele establecer la distribución y no la producción.

Sebastián González es uno de los agricultores andaluces que está haciendo números para sobrevivir a otro revés económico, apenas unas semanas después del tren de borrascas que han dañado severamente los campos de Andalucía. Explica que en su zona, Lebrija (Sevilla), muchos agricultores han perdido prácticamente toda la cosecha de invierno. “En mi zona hay agricultores que han tenido daños del 90% o del 100% en cultivos hortícolas como coliflor, brócoli o espinaca”, señala.

Este agricultor de regadío, que también es el secretario provincial de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Sevilla, asegura que cuando el sector apenas comenzaba a preparar la campaña de primavera se ha encontrado con un nuevo golpe: la escalada del precio de la energía y de los bienes agrícolas. “Hace tres semanas el gasóleo agrícola estaba a 0,88 euros y el sábado ya estaba a 1,25”, explica. A eso se suma el encarecimiento de los fertilizantes, que según cuenta ya han subido entre un 30% y un 40% y podrían seguir aumentando a lo largo de la campaña. “Los fertilizantes ya han subido entre un 30% y un 40%, y durante la campaña prácticamente se van a duplicar”, sostiene.

El agricultor denuncia además que parte de estas subidas responden más a movimientos especulativos que a un aumento real de los costes. “Hay cierta especulación, porque el gasóleo y el abono que se está vendiendo ahora ya estaban en el mercado desde hace semanas”, afirma. En su caso, explica, se trata de explotaciones que manejan cifras muy elevadas de gasto y que ahora ven cómo se disparan sus cuentas. “Estamos hablando de explotaciones que gastaban en torno a 800-1.000 euros de gasoil y fertilizante por hectárea y ahora se están acercando a los 2.000 euros de gasto”.

Una situación que llega en un momento especialmente delicado para el campo andaluz, que aún arrastra las pérdidas provocadas por el tren de borrascas de comienzos de año. “Los agricultores nos estamos jugando mucho sin tener la certeza de que la producción vaya a llegar a buen puerto”, resume González, que además advierte de que parte del encarecimiento acabará trasladándose al consumidor. “Sin duda va a haber una subida coherente con lo que nos cuesta producir y transportar, pero también intuyo que habrá subidas especulativas”, añade.

El impacto también alcanza al olivar

La situación tampoco es mejor en el olivar jiennense, el mayor productor mundial de aceite de oliva. Francisco Elvira, agricultor de Jaén, explica que el encarecimiento de la energía ya está teniendo efectos directos en los costes de producción. “Tenemos una subida en torno a 20 céntimos en el combustible y unos 200 euros por tonelada en el nitrógeno que utilizamos para abonar el campo”, explica.

En el caso de los fertilizantes, el problema está directamente relacionado con el gas natural, del que se obtiene el nitrógeno que utilizan los agricultores. “El nitrógeno que utilizamos para abonar se saca del gas, así que cuando sube la energía suben también nuestros costes”, señala. Pero en el caso del olivar la crisis llega además en mitad de una campaña complicada. Las lluvias han impedido terminar la recolección con normalidad y han dejado parte de la producción en el campo. “Nos pilló la lluvia con un tercio de la cosecha sin recoger y de ese tercio la mitad se ha quedado tirada en el campo”, explica.

La combinación de pérdidas y aumento de costes está poniendo contra las cuerdas a muchas explotaciones. “Es como una empresa que pierde el 15% de sus ingresos y al mismo tiempo ve subir sus costes otro 15%”, resume Elvira. El agricultor también advierte de que el mercado del aceite de oliva es especialmente sensible a cualquier movimiento geopolítico. “Somos un sector muy psicológico y cualquier noticia internacional afecta al precio del aceite en origen”, afirma. De hecho, asegura que en estos momentos los precios que reciben los productores están incluso a la baja. “La tendencia ahora mismo en el aceite en origen es a la baja”, sostiene.

A su juicio, una de las razones por las que los agricultores no pueden trasladar fácilmente el incremento de costes es el funcionamiento de la cadena alimentaria. “Los precios al final se siguen conformando desde el supermercado hacia el productor”, critica. Aunque existe la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar la venta a pérdidas, Elvira considera que su aplicación es insuficiente. “Es una ley bien intencionada, pero no se ha dotado de presupuesto para que realmente se cumpla”, sostiene.

El encarecimiento de los piensos

La situación tampoco es muy distinta en la ganadería. Clara Torreblanca, ganadera de caprino de leche y productora de huevos camperos en Granada, explica que el aumento del precio de la energía afecta directamente al funcionamiento diario de las explotaciones. “Siempre tenemos un generador de apoyo porque si falla la luz necesitamos mantener el frío para conservar la leche”, explica. Pero más allá del combustible, la mayor preocupación está en la posible subida de los alimentos que se utilizan para el ganado. “En ganadería la materia prima que más utilizamos son los piensos y los forrajes, y ahí es donde tenemos el mayor miedo”, señala.

Torreblanca también advierte de que algunas subidas se están produciendo de forma demasiado rápida como para responder únicamente a la evolución del mercado. “La subida del gasóleo o de los fertilizantes se ha producido en horas, cuando todavía no hay una falta real de materias primas”, afirma, denunciando que existe “una especulación pura y dura” en algunos mercados. Además, alerta de que el aumento del precio de la energía también puede encarecer otros elementos de la cadena alimentaria, como los envases. “El cartón se va a encarecer muchísimo”, explica, algo que terminará repercutiendo en el precio final de productos como los huevos o los lácteos.

A su juicio, esta situación vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad del sistema alimentario europeo ante conflictos internacionales. “En cuanto estalla una guerra en un país del que dependemos para materias primas, el campo europeo empieza a sufrir”, sostiene. Por ello, defiende reforzar la soberanía alimentaria. “No podemos dejar la alimentación en manos de terceros países”, concluye.

El peso económico del campo andaluz

El impacto potencial de estas crisis no es menor en una comunidad como Andalucía, donde el sector agrario tiene un peso clave en la economía. Según datos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, los productos del olivar alcanzaron en 2024 un valor de 5.401 millones de euros, lo que supone el 31,6% del valor de la producción agraria andaluza.

En términos macroeconómicos, la propia administración autonómica estima que el olivar aporta en torno al 2% del PIB andaluz. Además, su impacto en el empleo rural es muy significativo: una campaña media puede generar unos 18 millones de jornales en la aceituna para aceite y otros 4,25 millones en la aceituna de mesa. La Junta también recuerda la importancia de las exportaciones agroalimentarias andaluzas, especialmente hacia Estados Unidos. En 2025, Andalucía exportó productos agroalimentarios a ese país por valor de 1.165,8 millones de euros, de los cuales 813,6 millones correspondieron a productos relacionados con el olivar.

Desde el Gobierno central, el Ministerio de Agricultura asegura que está siguiendo la situación de cerca: “Desde el Gobierno seguimos muy de cerca la evolución de los precios del petróleo, del gas y de los fertilizantes, porque tienen un impacto directo en los costes de producción agraria y pesquera”. El Ejecutivo afirma que permanece atento a la evolución del conflicto y a sus efectos sobre el sector. “Estamos vigilantes y preparados para afrontar condiciones imprevisibles”, añaden. Entretanto, agricultores y ganaderos siguen pendientes de cómo evolucionará un conflicto que, a miles de kilómetros de distancia, ya empieza a sentirse en los campos andaluces.

Un trabajador de 57 años de edad falleció el pasado martes al caer de un tejado en el concejo de Mendiguren, dentro del término municipal de Vitoria. Se trataba de un operario autónomo que estaba reparando el tejado de una empresa cuando se rompió la cubierta y se precipitó desde una altura aproximada de siete metros, según ha informado LAB.

En un comunicado, el sindicato ha trasladado su solidaridad y sus condolencias a sus familiares, amigos y personas allegadas del trabajador. Junto a ello, ha resaltado que son numerosos los accidentes laborales producidos por caídas desde altura, por lo que ha insistido en que son necesarias medidas preventivas específicas para evitarlas.

Por otro lado, ha puesto de manifiesto las dificultades de las personas trabajadoras autónomas en materia de salud laboral. “En la mayoría de los casos la Ley de Prevención no los tiene en cuenta, convirtiéndose en trabajadores de segunda, y en otros, cuando trabajan para una empresa, resulta difícil la coordinación en materia preventiva”, ha advertido.

Por ello, ha reclamado que las instituciones intervengan de forma efectiva en la prevención de riesgos laborales de las personas trabajadoras autónomas.

Asturias registró entre enero y abril 3.879 accidentes laborales con baja, una cifra que supone un aumento del 2 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei).

En este periodo, Asturias sumó seis accidentes mortales, dos menos que en el mismo periodo del año pasado, y 31 graves, seis más.

Sin contabilizar

Sin embargo, en las últimas semanas se han producido varios accidentes mortales que aún no están incluidos en la estadística: el 7 de mayo murió un hombre al caer del tejado de una nave en Gijón; el 29 de ese mismo más fallecieron tres trabajadores de 46, 52 y 60 años al desplomarse la techumbre de una instalación ganadera en Coaña, y el 9 de junio murió otro trabajador de 58 años en Gijón al ser golpeado por una hormigonera.

Descenso de siniestralidad

Durante el pasado año se registraron en Asturias 11.765 accidentes laborales con baja, lo que supone un descenso del 2,6 por ciento respecto a 2023 y la cifra más baja desde 2021.

Sin embargo, se contabilizaron 21 accidentes mortales, uno más que en 2023 y la cifra más elevada desde 2018, y hubo 80 accidentes graves, once más que el año anterior y la cifra más alta desde 2019.

El coste laboral

Por otro lado, el coste laboral por trabajador y mes subió en Asturias en el primer trimestre un 1 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, hasta 2.888,34 euros, el sexto más elevado entre las comunidades autónomas, según la encuesta trimestral de coste laboral publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asturias registró el segundo repunte más moderado entre las comunidades autónomas, sólo por delante de Cantabria (+0,9 %).

Los costes salariales y no salariales

El coste salarial (que incluye salario base, complementos, pagos por horas extraordinarias y atrasos, todo medido en términos brutos) también subió en Asturias un 1 por ciento en tasa interanual, hasta 2.102,29 euros.

Los otros costes no salariales, cuyo principal integrante son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, repuntaron un 0,9 por ciento, hasta 786,05 euros.

Jornada laboral

La jornada laboral mensual pactada en las empresas asturianas fue de 147,1 horas, y la efectiva, de 128,4 horas, debido a un promedio de 19,1 horas no trabajadas por distintos motivos, como vacaciones, fiestas, o incapacidad temporal, entre otros.

Con ello, el coste laboral por hora efectiva trabajada se redujo en Asturias un 0,9 por ciento, hasta 22,50 euros.

Los datos del INE también reflejan que las empresas asturianas tenían 1.529 vacantes, y el 1 por ciento del total nacional, de 152.885.

Incremento nacional del 3,8 %

En el conjunto del país, el coste laboral de las empresas aumentó un 3,8 por ciento en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior y se situó en 3.124,55 euros por trabajador y mes encadenando 17 trimestres al alza.

Se trata del valor más elevado para un primer trimestre desde el año 2000, cuando comenzó la serie.

Por actividades

Por secciones de actividad, el coste laboral registró sus mayores incrementos en Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, un 7,6 por ciento hasta los 7.856 euros; y en Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, un 7,1 por ciento, hasta los 3.530 euros.

Por el contrario, bajó en Administración pública, defensa y Seguridad Social obligatoria, un 0,8 por ciento hasta los 3.505 euros.

Por comunidades, Baleares, Extremadura y Comunidad Valenciana presentaron los mayores aumentos del coste laboral, mientras que Cantabria, Principado de Asturias y Aragón registraron los menores.

Repunte de las vacantes

La estadística del INE recoge además que el número de vacantes subió en el primer trimestre hasta las 152.885, un total de 2.923 más que en el mismo trimestre del año anterior y la segunda cifra más alta de la serie, tras los 155.797 del verano de 2023.

El 87,6 por ciento de estas vacantes se encontró en el sector servicios, con 133.935. En la industria se registraron el 8,4 por ciento y en la construcción, el 4 por ciento.

Por regiones, Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía fueron las que sumaron más vacantes, mientras que las que menos tuvieron fueron La Rioja, Cantabria y Principado de Asturias.

¿Una fiesta de cumpleaños puede formar parte de una estrategia legal? La pregunta surge a raíz del alegato de uno de los abogados de Glovo en el arranque del juicio contra la compañía por competencia desleal a Just Eat, en el que la firma de Óscar Pierre se expone hasta a 295 millones de euros en indemnizaciones.

El letrado de Glovo ha aportado como “hecho nuevo” al pleito la fotografía de este lunes entre el fundador y jefe de Glovo, Òscar Pierre, el president de la Generalitat, Salvador Illa, y líderes de la patronal y sindicatos con motivo de los diez años de la firma. Según ha agregado el letrado, el anuncio del cambio de modelo laboral de Glovo “tiene el apoyo de sindicatos y patronal”.

La clave del juicio que arranca este martes es el modelo de falsos autónomos con el que ha operado Glovo durant su primera década de vida (y que según la firma se eliminará a partir del 1 de julio). Según Just Eat, que mantiene a sus repartidores como empleados o subcontratados a otras empresas, los falsos autónomos le han supuesto una competencia desleal al no poder operar en el mercado con las mismas reglas.

Al inicio de la vista, cada una de las partes puede introducir nuevos datos o documentos para sustanciar el pleito. Just Eat no ha señalado ninguno, pero Glovo ha querido aportar tanto las cuotas de mercado de cada compañía de este 2025 como la noticia del económico Expansión sobre el acto de este lunes, titulada “Glovo sella la paz laboral con los sindicatos”, y que según el letrado muestra que el nuevo modelo laboral anunciado por la empresa de Pierre tiene “el apoyo de sindicatos y patronal. El abogado ha mencionado explícitamente la presencia del president de la Generalitat en el acto.

No ha mencionado el letrado de Glovo otro hecho nuevo sucedido el pasado 2 de junio: la multa de 329 millones de euros que la Comisión Europea impuso a Glovo y Delivery Hero por vulnerar las reglas de competencia de la Unión Europea al establecer un 'cártel' de comida a domicilio.

El modelo de falsos autónomos de Glovo es el centro del pleito que se celebrará hasta el viernes en el juzgado mercantil 2 de Barcelona. Incluso el magistrado que preside la vista, Álvaro Lobato, ha preguntado a uno de los testigos si “desde el punto de vista económico el modelo de autónomos es más eficiente”. “¿El problema es la rigidez de la ley laboral?”, ha insistido el juez al director general de Just Eat España, Íñigo Barea.

El directivo ha admitido que Just Eat “evaluó” en 2016 la contratación de autónomos en vez de empleados, pero ya entonces tuvieron “clarísimo” que la relación tenía que ser laboral si querían cumplir la ley. “Los abogados nos recomendaron no cambiar el modelo por motivos legales”, ha remachado Barea. En esa época empezaban los juicios laborales por falsos autónomos de Glovo que terminaron con la sentencia de Supremo de 2020.

Barea también ha mencionado el acto de aniversario de este lunes de Glovo y las palabras del president Illa, que felicitó a la compañía de Pierre y la animó a “respetar la normativa vigente”, en referencia al cambio de modelo laboral anunciado. “No sé exactamente qué han cambiado ni cómo han cambiado ni si es una contratación a través de flotas de empleados”, ha agregado el directivo de Just Eat.

En síntesis, la tesis de Just Eat sostiene que el hecho de tener que contratar a sus repartidores y cumplir con la normativa laboral le ha supuesto más costes laborales, lo que le ha impedido destinar ese dinero a aspectos clave del mercado que sí ha podido sufragar Glovo, como acuerdos de exclusividad con restaurantes y marcas.

Según sus cálculos que ahora se expondrán ante el juez, Just Eat España estima que Glovo ha ahorrado más de 645 millones de euros contratando a falsos autónomos en los últimos años, lo que ha permitido a la compañía de Pierre adquirir una ventaja competitiva significativa, pero sustentada en una ilegalidad.

“Glovo ha tenido unos costes laborales que le han permitido ser tremendamente agresivo con restaurantes y usuarios”, ha denunciado Barea, que ha considerado “imposible para una cuenta de resultados” de una empresa “cumplir la ley y hacer marketing” con un competidor en el mercado como Glovo. “Nosotros no podíamos trasladar los mayores costes laborales a los usuarios o a los restauradores porque quedaríamos fuera del mercado”, ha apostillado.

La OCDE vuelve a negar el “infierno fiscal” en España. El organismo ha publicado este jueves su informe anual sobre la carga fiscal que soportan los salarios en las economías desarrolladas y destaca que los costes laborales en nuestro país están por debajo de la media. Exactamente, el coste total de emplear a una persona, en cifras comparables (en dólares y con distintos ajustes), es un 2,35% más barato que en el conjunto de economías de la OCDE (63.683 dólares frente a 65.214 dólares, tras los ajustes mencionados, no son cifras 'reales').

Ni “infierno”. Ni “expolio”. Ni “robo”. Ni nada similar, pese a la insistencia de algunos economistas neoliberales en las últimas semanas. Según la OCDE, “la cuña fiscal” —como denomina a la suma de IRPF y cotizaciones sociales— sobre trabajadores y empresas fue en promedio del 40,2% en nuestro país en 2023. En este caso, cerca de 5 puntos por encima de la media de la OCDE pero muy por debajo de la de Bélgica, Alemania, Austria, Francia o Italia, según se puede observa en el gráfico (esta referencia se toma para una persona soltera, dado que las familias tienen acceso a más deducciones).

Los mismos cálculos sitúan el tipo medio del IRPF (el impuesto sobre la renta) en el 12% en España, frente al 13,3% en el conjunto de los países del organismo, entre los que destaca el 35,8% de Dinamarca.

El IRPF es el tributo que grava todos los ingresos personales de los contribuyentes. Incluye los rendimientos del trabajo [los salarios, las pensiones o las prestaciones por desempleo], de las actividades económicas [los ingresos de los autónomos, por ejemplo] y también los rendimientos del capital [alquileres, activos financieros o ganancias patrimoniales].

El IRPR es un impuesto progresivo. Es decir, es un tributo cuyo tipo depende de lo que se gana. Y en esta información publicada recientemente por elDiario.es se señaló que nueve de cada diez contribuyentes en nuestro país pagan menos del 22% de sus ingresos en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

Para las empresas, este impuesto, las cotizaciones sociales que se pagan a la Seguridad Social y el propio sueldo componen el coste laboral. Del salario bruto de cada trabajador, las empresas destinan un 4,9% —según la OCDE— para las cotizaciones sociales (aportaciones que dan derecho a la jubilación, al paro o las prestaciones de maternidad o paternidad) a cargo del trabajador y retienen la cuota correspondiente del IRPF. Asimismo, las empresas pagan una mayor proporción en cotizaciones sociales a su cargo, un 23,3% —de nuevo según el organismo internacional—, según se detalla aquí.

Récord de recaudación del IRPF

Por una parte, es cierto que, el año pasado, el IRPF alcanzó un récord de recaudación de 120.220 millones de euros, tras crecer casi un 10% desde 2022. El tipo efectivo pagado de IRPF ha subido entre uno y dos puntos en cinco años, por algunas modificaciones de las tarifas de los tramos más altos tanto en las rentas generales, como de las del ahorro. Aunque, el aumento en la recaudación se explica principalmente por la creación de puestos de trabajo y por las subidas de salarios, y por el afloramiento de economía sumergida. De hecho, este dinamismo de la actividad ha presionado el tipo efectivo medio al alza.

Eso sí, algunos ajustes como la adaptación para no ‘comerse’ la mejora del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) “tuvo un coste de 1.726 millones [que dejó de recaudar el Estado]”, según confirmó hace solo unos días la Agencia Tributaria. Por otro lado, los cambios de tarifas “para aliviar el daño de la inflación [lo que se conoce como deflactar el IRPF]” y deducciones que introdujeron algunas comunidades autónomas tuvieron un coste de 1.677 millones. Hay que recordar que la recaudación del IRPF se reparte entre la Administración central y las administraciones regionales.

Por su lado, quienes denuncian “un infierno fiscal” de los trabajadores incorporan al IRPF las cotizaciones a la Seguridad Social. Estas últimas no son impuestos. Y solo una parte las soporta el sueldo del trabajador, el resto las paga la empresa (la mayor parte). Esta suma es el coste laboral, pero no es el sueldo.

Las cotizaciones sirven para financiar las prestaciones por desempleo, por las bajas (también las de maternidad), los permisos de paternidad o las pensiones. Algunos economistas las definen como “salario en diferido”, porque acaban convirtiéndose en ingresos para los trabajadores. Por ejemplo, en 2020, el Banco de España calculó que el sistema de pensiones “proveería más de un euro de prestación por cada euro de cotización aportado para la mayoría de los individuos [...]”. En media, “las altas [en el sistema de pensiones] de 2017 recibirían 1,74 euros de prestación por cada euro de cotización”.

Escasa subida del salario “real”

El informe de la OCDE indica además una escasa subida del salario “real” en España en 2023. Según los cálculos del organismo, el aumento promedio fue del 1,5%, después de impuestos (del IRPF), por debajo de la inflación, que se quedó de media en el 3,5% el año pasado. En otras palabras, los españoles volvieron a perder poder adquisitivo, después del histórico 'mordisco' de las subidas de precios en 2022.

Las empresas dedicadas a la energía y, en mucha menor medida, otros como la hostelería y los transportes son los sectores no financieros que más tajada están sacando de la crisis de inflación. El Banco de España demuestra en un informe publicado este lunes que algunas firmas (la mayoría eléctricas, de refino de petróleo, pero también, aunque a gran distancia, restaurantes o de logística) subieron los precios más de lo que les aumentaron los costes de producción de 2021 a 2022.

Según los mismos cálculos, el resto de sectores (sin tener en cuenta los bancos) prácticamente han elevado los precios que paga el consumidor tanto como se les han encarecido los costes (entre ellos los que más se dispararon el año pasado fueron los carburantes, el gas o la luz), sin apenas excepciones. Es decir, las primeras mejoraron sus márgenes de beneficio, medidos en estos términos. Las segundas, los mantuvieron.

O lo que es lo mismo, las empresas en general han aumentado o conservado su capacidad de convertir en beneficios sus ingresos —su rentabilidad— por lo que, al vender más por la inflación, están ganando más, o mucho más. Es decir, están sacando tajada de esta situación.

En datos concretos, y según se puede apreciar en el gráfico, el Banco de España recoge que las firmas de “energía eléctrica, gas o vapor” elevaron sus precios de venta casi un 89% entre 2021 y 2022, mientras que sus costes de producción (incluyen los consumos intermedios y también los salarios) subieron un 56,9% en el mismo periodo. El diferencial es de 32 puntos porcentuales.

El siguiente sector que consiguió un mayor diferencial, de 16,7 enteros, es el del refino, dentro del que el Banco de España aclara que se encuentra “el comercio al por mayor de combustibles”. Estas empresas cobraron casi un 67% más a sus clientes pero sus costes aumentaron alrededor de un 50%. Cabe recordar que la primera petrolera española Repsol disparó el año pasado sus resultados un 70%, hasta 4.251 millones tras lograr los mayores márgenes de refino de su historia.

El caso de la hostelería y la restauración también destaca, aunque a gran distancia de las energéticas. Con un encarecimiento de los costes de apenas el 6% de 2021 a 2022, elevaron sus menús, sus cartas y sus habitaciones un 9,3%, según el mismo análisis. En la agricultura y la ganadería se sufrió uno de los mayores incrementos de los costes (combustibles, y también fertilizantes, piensos...), hasta el 25,6%, pero el sector subió los precios de venta un 23,8%.

La escalada de los costes energéticos y de las materias primas

El fuerte aumento del coste de la energía en este período “influyó de forma decisiva en la evolución de los costes de producción en aquellas ramas con una mayor intensidad en el uso de la energía”, explica el informe del Banco de España, que señala a la industria de la transformación de los metales o la química.

“No obstante, hay también algunas excepciones reseñables. Así, la rama que engloba la industria alimentaria y la textil habría experimentado incrementos sustanciales de sus costes de producción unitarios en 2022, a pesar de no figurar entre aquellas en las que los gastos de energía tienen un peso más elevado en sus costes”, prosigue.

“Ello sería indicativo de que estos sectores usan otras materias primas cuyos precios también habrían aumentado notablemente, en parte como consecuencia del encarecimiento de la energía, presionando significativamente al alza sus costes de producción”, observa la institución.

El observatorio de márgenes del Gobierno

Ante esta crisis de inflación, que exacerbó la invasión rusa de Ucrania y que algunas empresas han aprovechado para mejorar márgenes, el Gobierno ha tomado distintas medidas para intentar evitar que lo más duro del golpe recayera sobre los salarios de los trabajadores y sobre las empresas más pequeñas y con menos capacidad para subir precios.

En el ámbito fiscal, el Ejecutivo diseñó un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios de energéticas y sobre la banca. Las entidades financieras no están incluidas en el análisis del Banco de España por sus características particulares. Pero los bancos también han incrementado sus márgenes por las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE).

Además, el Gobierno fue aprobando ayudas generales, financiadas en parte por la recaudación de estos tributos, como el tope al gas, las bajadas de impuestos en la factura de la luz o en los alimentos básicos o el descuento a los carburantes y en el transporte público; y otras más focalizadas en los más vulnerables, como el aumento del IMV (Ingreso Mínimo Vital) o los cheques para rentas bajas.

Y, finalmente, en julio de este año el Ministerio de Asuntos Económicos presentó un Observatorio de Márgenes junto con el Banco de España y la Agencia Tributaria para mejorar la información y las decisiones sobre este asunto. Y, tras constatar que casi todos los sectores han recuperado o han superado la rentabilidad previa a la pandemia, pidió a las empresas que moderaran sus márgenes de beneficio para culminar el proceso de bajada de la inflación, que España lidera en la eurozona.

Los creadores de este observatorio afirmaron que “ahora hay que esperar que en los próximos meses las empresas trasladen el abaratamiento, por ejemplo, de la energía”. Es decir, que dejen de aumentar la rentabilidad de sus negocios y que carguen sobre sus beneficios las subidas salariales, que también son considerados un coste, pero que han subido mucho más lentamente.

La “moderación” salarial fue un hecho en 2022, cuando las familias españolas sufrieron la mayor pérdida de poder adquisitivo de las vistas en las grandes economías de la eurozona por las subidas de precios. Este golpe fue de cerca de 6 puntos porcentuales, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). O lo que es lo mismo, para un sueldo de 22.000 euros, supuso una pérdida de 1.320 euros de media, casi una paga completa de las 14 habituales.

Los trabajadores están empezando a recuperar algo de capacidad de compra en estos últimos meses, con las subidas salariales que se están produciendo, mayores que el año pasado, y, sobre todo, con la caída de la inflación.

Precisamente, los sindicatos y también la líder de Sumar y vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, vienen pidiendo un observatorio de márgenes que “esté vinculado” a las subidas salariales de los trabajadores y trabajadoras, con las alzas retributivas como la principal utilidad de este instrumento de transparencia.

En cambio, en su opinión, el enfoque de Economía es distinto, centrado en vigilar que existen mercados competitivos, “que no hay abusos de mercado” en ningún sector de actividad, con márgenes muy por encima de lo normal o de los promedios.

Crecimiento de los beneficios empresariales

Recientemente, en su última 'Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España', el Consejo Económico y Social observó que “desde el repunte inflacionista se ha producido un aumento de los beneficios por encima del nivel pre pandemia, según todas las fuentes disponibles”.

Este informe está consensuado por los sindicatos y por la patronal, la CEOE, y asegura que, “en el conjunto de 2022, el aumento del excedente bruto unitario de las empresas [una forma de medir los beneficios] explica el 90,7% del aumento del deflactor del PIB [las subidas de los precios internos, que excluye lo que se compra y se vende fuera de nuestras fronteras], frente a un 10,9% que aportan las rentas del trabajo unitarios [los salarios] y una contribución negativa del 1,6% de los impuestos unitarios sobre la producción”.

Estas cifras definen técnicamente la inflación por las ganancias excesivas de las empresas, o la inflación de los vendedores. Y supone que “las rentas laborales se sitúan [a cierre de 2022] un 2,9% por debajo del nivel que tenían en 2019 a pesar del aumento del empleo, frente a un aumento del 3,1% del excedente bruto”, según añade el Consejo Económico y Social.

La nómina no es solo un ingreso en el banco. No es solo una cifra. La nómina es un puzle con varias piezas. Es un documento que además nos dice cosas sobre cómo vamos a vivir en el futuro. 

Hoy hacemos una guía básica para ayudarte a interpretar tu nómina con Laura Olías, especializada en información laboral de elDiario.es.

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“Solo necesitas tener coche, un teléfono móvil Android o IOS y unas horas libres”, promocionaba Amazon para captar a repartidores que distribuyeran sus paquetes con sus propios vehículos y sin un contrato de trabajo. La empresa denominaba a este servicio “Flex” y fue cosida a multas por la Inspección de Trabajo hasta que retiró este método de reparto de España. Este jueves un juzgado de lo Social de Madrid ha forzado a la multinacional a reconocer que 2.166 personas que repartieron sus envíos bajo esta modalidad eran falsos autónomos y deberá compensar a la Seguridad Social.

“Amazon es una empresa que desarrolla no sólo la actividad de logística y operador del transporte, sino que presta el servicio de recadería y mensajería”, zanja la magistrada del Juzgado de lo Social número 14 de Madrid, que tumba así la principal tesis de la multinacional para no contratar repartidores: “No somos una empresa de transporte”, han explicado sus portavoces a elDiario.es en repetidas ocasiones.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, la magistrada argumenta por qué no compra la visión de la multinacional. Es Amazon “la que asume la competencia para adoptar la totalidad de decisiones del servicio, fijando sus condiciones de ejecución y retribución, y las circunstancias de día, hora y tiempo invertido en la ejecución”, a través de “repartidores que carecen de organización empresarial propia y autónoma” a los que dirigía y coordinaba a través de su app.

Con este método los repartidores quedaban “sometidos a valoraciones de la calidad y fiabilidad, es decir, al control de la empresa a través de los mecanismos instaurados por la App, careciendo de capacidad para organizar su prestación del trabajo, quedando en todo caso sometido a los criterios organizativos de la empresa”, añade la sentencia.

La resolución llega tras la apertura de un proceso de oficio por parte de la Seguridad Social, al que se unieron como parte interesada tanto UGT como CCOO. “Desde UGT seguimos luchando para que sean respetados los derechos de las personas trabajadoras que prestan servicios en las plataformas digitales, de tal forma que su trabajo se preste en condiciones mínimas de seguridad y dignidad evitando situaciones de explotación laboral que, desgraciadamente, se dan muy frecuentemente en estas nuevas formas empresariales”, celebran desde el sindicato.

Amazon recurrirá

Amazon ha anunciado que recurrirá. “Respetamos la resolución judicial, pero no estamos de acuerdo y vamos a presentar un recurso”, ha explicado un portavoz a elDiario.es. “En Amazon estamos comprometidos con la creación de oportunidades en las comunidades en las que operamos. Llevamos años colaborando con una extensa red de empresas de reparto, incluyendo grandes empresas de mensajería y pequeñas y medianas empresas de reparto. Entre 2018 y 2021, también colaboramos con algunos autónomos a través del programa Amazon Flex, que suponía un pequeño porcentaje de los paquetes entregados en España. Este programa no opera en el país desde abril de 2021”, ha añadido.

Tras retirar el servicio Flex, la multinacional instauró un nuevo método basado en patrocinar la creación de terceras empresas de reparto, que en la práctica, solo trabajan para ella. La Inspección de Trabajo ya le ha impuesto multas al considerar que su nuevo método supone una cesión ilegal de trabajadores, ya que estos utilizan sus sistemas informáticos y uniformes y furgonetas con el logo de Amazon. Pese a las multas, la multinacional ha declarado que “no se plantea” contratar repartidores.

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Los datos siguen profundizando en el frenazo de la economía de España y del conjunto de la eurozona. El último aviso se ha conocido este miércoles: el índice adelantado PMI sobre la industria de octubre solo fue peor en nuestro país en los meses del gran confinamiento por la pandemia, entre marzo y mayo de 2020, y, anteriormente, en la crisis de deuda de 2012.

La actividad de las fabricas en España sumó en octubre cuatro meses de contracción por primera vez desde el gran shock de la COVID, según este indicador que calcula S&P Global en base a encuestas realizadas a 400 empresas manufactureras entre el día 11 y el 24 del pasado mes.

Este índice PMI muestra que los nuevos pedidos a la industria de España cayeron en octubre a niveles de mayo de 2020 por el golpe de la inflación. Un panorama de recesión que se extiende a toda Europa. Incluso, las fábricas de Alemania, Francia o la eurozona en conjunto estarían sufriendo un daño mayor.

“Las elevadas presiones de los precios siguieron siendo motivo de preocupación para muchas empresas. Si bien hubo algunas noticias positivas a este respecto, ya que tanto los precios pagados como los precios cobrados aumentaron a tasas mucho más lentas en octubre, los niveles de inflación se mantuvieron elevados”, apunta el equipo de economistas de S&P Global.

Los ERTE (Expeditente de regulación temportal de empleo) aplicados por Acerinox en Los Barrios o por ArcelorMittal en las plantas de Lesaka, Legasa y Berrioplano son una materialización de la contracción que muestra el índice PMI de la industria. Y también la caída del consumo de carburantes y gas, que han reducido su precio en las últimas semanas, junto a otras causas.

También recurrieron al ERTE en septiembre ante el asfixiante incremento de los costes la maderera Finsa, la soriana Norma Doors, o empresas del azulejo como Grespania, Azuliber... y hasta Seat, en su caso por la escasez de semiconductores. Más recientemente lo han planteado el aserradero Losán en Soria o Ferroglobe; y Ford ha prorrogado el de Almussafes, entre otros.

Esta situación convierte en crucial que la excepción ibérica y las subvenciones al transporte aprobadas por el Ejecutivo de coalición hayan conseguido que España sea el único país de los grandes de la UE donde bajó la inflación general en octubre.

Caídas de la producción y de los pedidos

“El deterioro de las condiciones operativas estuvo estrechamente ligado a las caídas severas y aceleradas tanto de la producción como de los nuevos pedidos”, inciden en S&P Global.

“La incertidumbre de los clientes y las condiciones del mercado enormemente desafiantes caracterizaron la caída de las ventas, no solo a nivel nacional sino también en el extranjero”, continúa este equipo de expertos. “Los nuevos pedidos de exportación disminuyeron por octavo mes consecutivo y lo hicieron a un ritmo considerable”, concluye según los datos de la encuesta PMI.

El consumo de las familias resiste

En España, la economía creció un 0,2% en el tercer trimestre por la resistencia del consumo al golpe la inflación, respecto al periodo entre abril y junio. El dato adelantado de PIB (Producto interior bruto) entre julio y septiembre confirmó el frenazo de la actividad en España, aunque también reflejó el impulso de la primera temporada turística completa y sin restricciones por la pandemia de COVID desde 2019.

El consumo resiste por el ahorro acumulado en la pandemia (aunque de manera muy desigual) y por la fortaleza del mercado de trabajo tras la reforma laboral. La tasa de paro en 12,7% y la mayor estabilidad de los contratos conforman el principal dique de contención de esta crisis. La mayoría de hogares mantienen sus rentas. Mermadas, por supuesto. Pero las mantienen.

En el segundo trimestre, el PIB rebotó un 1,5%, por encima de todas las grandes economías de la eurozona y de las previsiones. De nuevo, el estancamiento esperado para el tercer trimestre era más acusado, pero la sorpresa vuelve a ser positiva pese a la crisis energética y la incertidumbre por la invasión rusa de Ucrania.

Según el dato publicado por el INE (Instituto Nacional de Estadística), el principal motor del crecimiento durante el verano fue efectivamente el gasto de los hogares, que avanzó un 1,1% frente al segundo trimestre. Solo un décima menos que lo que creció trimestralmente en ese periodo anterior.

De cara al conjunto de 2022, el Gobierno prevé un incremento de la actividad del 4,4%. El aumento interanual (respecto al mismo periodo del año anterior) de la actividad económica del 6,7% en el primer trimestre, del 6,8% en el segundo y del 3,8% en el tercero apuntan ya a una media en el año que prácticamente cubre esta nueva estimación.

Es decir, el propio Ejecutivo asumía una ralentización de la economía en el tercer y el cuarto trimestre. Este frenazo de la economía española en la segunda parte del año se debe inevitablemente al daño de la inflación, incluso pese al positivo verano. De hecho, está siendo mucho más preocupante en la industria que en los servicios. Pero podría no ser “una recesión técnica [dos trimestres consecutivos de contracción de la actividad]”.

La Mesa Nacional del Ajo prevé una campaña de siembra significativamente inferior a la campaña pasada. Una previsión a la baja que viene dada por los constantes aumentos de los costes de producción y la situación de sequía que atraviesa España.

Así lo determinaron los miembros de la Mesa Nacional del Ajo en su Asamblea General, celebrada en el marco de la feria Fruitt Attraction, tras analizar la situación que atraviesa el cultivo del ajo actualmente.

Durante la asamblea, el presidente de la Mesa Nacional del Ajo, Julio Bacete, señaló que, aunque aún no se dispone de datos oficiales, los bajos rendimientos de la campaña de cosecha, el incremento de los insumos y el aumento también de la mano de obra provocará un incremento de entorno a un 40% en lo que se refiere a los costes de producción por kg de ajo. Un aumento que, hasta el momento, “no se está viendo compensado por el precio de venta”, apuntó Bacete.

La Mesa ha señalado en un comunicado que esta escalada de costes está ocasionando, por un lado, la pérdida de rentabilidad del agricultor y, por otro, un descenso de la competitividad de las empresas de comercialización españolas frente al ajo procedente de terceros países.

A todo ello, se suma la grave situación de sequía que sufre el país, “lo que pone a los productores contra las cuerdas, ya que pese a ser un cultivo que no necesita mucha agua, en la fase de siembra el agua es esencial para su subsistencia”, señala.

Este miércoles en Hinojosa del Duque (Córdoba) han salido a la carretera en caravana más de 40 tractores. No era una protesta organizada, de pronto se han puesto de acuerdo y han decidido que se les oiga. Son en su mayoría cerealistas y muchos de ellos no asistieron a la manifestación de Madrid pero coinciden en que la situación es insostenible para el campo.

Es solo el reflejo de lo que se percibe en estos meses en no pocos pueblos de Andalucía. Los bares, las esquinas de las calles, se llenan de conversaciones de hombres y mujeres, de comentarios de los que intentan arreglar la situación con la palabra y de las que se animan hasta llevar a sacar los tractores, porque todos coinciden en que la situación es límite y hay miedo porque no se ve solución a la vista.

“Está todo el mundo asfixiado”

Ángel es uno de los agricultores que ha participado en esta caravana y asegura que lo que quieren es que “se moderen los precios de los impuestos, porque no es lo mismo pagar el IVA de un euro que de dos”.

“Está todo el mundo asfixiado, los costes nos superan y no hay dinero ni para comprarse unos tristes zapatos. Todo el dinero se destina al precio del gasoil y los fertilizantes. Demandamos que se pongan a trabajar y vayan bajando poco a poco todos los impuestos del campo. Queremos unos precios justos de los que todos podamos vivir: transportistas, agricultores, ganaderos, los que viven de las ventas ambulantes en los pueblos...”.

Ignacio Rojas tiene olivos y cereales en Jaén. Asegura que la situación en el campo es límite. Y que cada cultivo lo vive de una manera. En lo que todos coinciden es en el precio del gasoil, de la luz y de los abonos. También tiene palabras de apoyo para los ganaderos porque, aunque piensa que el cereal se encontraba a precios de hace 20 años, ahora ha pasado de 200 euros la tonelada a 1.000. Una subida inasumible.

“En pandemia pagaba el gasoil a 0,70 céntimos ahora a 1,50”. “Viene una época de riegos, de tratamientos, de siembra de algodón, de rastrojos – explica–  De sacar adelante los cultivos de primavera y de verano, pero si al agricultor no le trae cuenta todos los costes porque no puede asumirlos, no siembra, no produce, y entonces las consecuencias serán para todos”.

200 litros al día de gasto por un día de trabajo

Asegura que sacar el tractor un día puede suponer 120 litros de gasoil, casi 200 euros para realizar un solo día de trabajo. A esto hay que añadirle la luz que consumen los riegos, multiplicando el coste por dos o por tres, aunque se utilicen las tarifas valle. O los tratamientos de fitosanitarios. El abono “ha pasado de 35 céntimos a 75 el litro”. Eso sin contar que se contrate a una persona para ayudar.

Ignacio cree que se pueden poner medidas fiscales, como reducir los impuestos de los carburantes que se han duplicado en los últimos años. “Hay medidas internas sin necesidad de esperar a que nos las pongan en Europa”. Está de acuerdo con la manifestación de los transportistas porque están viviendo una situación parecida, aunque también piensa en los agricultores que están a la espera de esos transportes para sacar la cosecha de un año. Las fresas en Huelva, las hortalizas…

Ve el futuro complicado porque cree que de seguir así será inevitable una huelga general. “Ya se están paralizando sectores e irá a más –lamenta– Y si no trae cuenta producir, se deja de producir”. “Se ha ido tensando la cuerda y se puede romper”. “El que tiene dinero puede aguantar pero el que va luchando día a día, no”.

A esta tormenta perfecta que describen Ángel e Ignacio se suma precisamente la amenaza de la sequía, que esperan que vaya remitiendo si siguen las lluvias de los últimos días.

El proyecto de presupuestos de Extremadura 2022 contempla, en el marco de la Consejería de Educación y Empleo, un montante de 23 millones de euros para el programa “Un autónomo, un empleo”, por el que se financiarán los costes laborales de un año ocasionados por la contratación –por cuenta ajena- de una persona desempleada por parte de una persona trabajadora por cuenta propia.

Este es uno de numerosos programas de acción que ha desgranado el secretario general del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), Víctor García, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea para informar del proyecto presupuestario del próximo año.

Según ha apuntado, el SEXPE contará con 383,4 millones de euros, un 14,4 % más que en 2021, con 48,4 millones más, y con el que se pretende “responder a las oportunidades con las que va a contar Extremadura en 2022 para salir todavía más fuertes de la crisis de la COVID-19, transformar nuestro mercado laboral y crear oportunidades y trabajos en la Extremadura que queremos vivir”.

En estas cuentas adquieren especial relevancia los fondos extraordinarios, provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), de la UE, ya que se dotarán programas y líneas de trabajo con 46 de los 55,4 millones de euros totales. “El SEXPE destinará en 2022 el 83 % del total de los fondos asignados a Extremadura en políticas de empleo a través de este Mecanismo en todo su periodo operativo, y el alcance en participantes llegará a las 16.700 personas”, ha adelantado.

Entre los nuevos programas figuran, además del ya citado “Un autónomo, Un empleo”, 14 millones para jóvenes que acceden por primera vez a una experiencia profesional en la Administración Pública, 13 millones en mejorar las competencias digitales de mujeres y 9,6 millones para mejorar la adaptación a los cambios de los modelos productivos de las empresas de la región.

Seguirán en vigor los programas de empleo tradicionales, que recientemente han recibido un nuevo impulso, con cambios sustanciales en sus metodologías, como las Escuelas Profesionales Duales (29,4 millones de euros), los programas dirigidos a las personas en riesgo de exclusión social (12 millones de euros), o líneas para fomentar el alcance del fomento del empleo autónomo y de la economía social (33,4 millones de euros), entre otros.

Personal de refuerzo en Educación

También ha comparecido el secretario general de la Consejería de Educación y Empleo, Rubén Rubio, quien ha detallado que las cuentas para la Consejería de Educación y Empleo ascienden a 1.488 millones de euros, con un aumento del 8 %.

Educación, con 1.105 millones de euros, centrará buena parte de esta partida a la contratación de personal de refuerzo, desde docentes, auxiliares de informática y personal de limpieza hasta técnicos de educación infantil.

También incluye el Plan de Modernización de la FP, con 7,2 millones de euros, “para ampliar la oferta de plazas, crear ciclos formativos bilingües, convertir aulas en espacios de tecnología aplicada y para la formación del profesorado en digitalización aplicada a los sectores productivos”.

En este sentido, Rubio ha destacado la inversión en transformación metodológica y digital de las aulas, con más de 20 millones de euros, “para permitir mejorar el aprendizaje a través de la competencia digital”.

En el capítulo de inversiones también destacan las destinadas al desarrollo del Plan de Infraestructuras Educativas, con 48,3 millones de euros.

Cerca de cuarenta agentes del medio natural de la Junta de Extremadura se han concentrado este martes para reclamar mejoras laborales, esta vez en frente del edificio del III Milenio de Mérida, donde la “marea verde extremeña” ha recordado a la Junta la “promesa” que hace 16 años realizó a este colectivo de subirle del grupo profesional D al C.

Así lo ha manifestado la secretaria de la Asociación de Agentes del Medio Natural de Extremadura, María Gómez, quien ha explicado después de 16 años “siguen igual”, sin percibir el complemento acordado, todo ello pese a trabajar en el campo “todos los días, las 24 horas, los 365 días al año” y en un entorno en el que sufren un alto riesgo de accidente.

Cerca de cuarenta agentes han asistido a la concentración, aunque según Gómez hubiesen sido muchos más si actualmente no existiera riesgo de incendios, ya que aunque sus ganas de protestar sean muchas, “su responsabilidad es aún mayor”.

Para la secretaria de la asociación, no es equitativo el hecho de que cobren lo mismo que un administrador público que trabaja de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 que estos profesionales.

Actualmente en la región hay 290 agentes del medio natural en activo, a los que desde hace 16 años no se les actualiza los complementos ligados a su contrato, lo que supondría unos 200 euros mensuales según sus cálculos.

“Lo que pretendemos es recuperar lo perdido, a partir de ahí estamos dispuesto a negociar nuevas mejoras y actualizaciones”, ha agregado la portavoz. Concretamente, el sueldo base de cada funcionario depende del grupo al que pertenece, al que se le añaden dos complementos, uno específico y otro de destino.

Según Gómez, el complemento específico, que recoge las funciones que desarrolla el funcionario en su puesto, se les bajó con la promesa de adscribirles “en un futuro” al grupo profesional C, algo que no ha ocurrido.

El colectivo seguirá con sus movilizaciones con una concentración frente a las puertas de Presidencia de a Junta en la capital autonómica. 

El coste laboral promedio por persona y mes en España (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales, o sea, el salario bruto) alcanzó los 2.602 euros en el segundo trimestre de este año, lo que supuso un repunte del 0,7% respecto al mismo periodo de 2017, según recoge una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En las mismas estadísticas oficiales, Canarias se mantiene como la segunda comunidad autónoma, solo por delante de Extremadura (2.148,7 euros), donde más barato le resulta contratar empleados al empresario en toda España, con un valor medio de 2.223,2 euros (casi 400 euros menos que el dato nacional), según se recoge en los registros difundidos este martes por el INE.

Ese dato isleño es 829,8 euros más reducido que el de la Comunidad de Madrid, con el nivel más alto de todo el país, en 3.053 euros por mes y salario bruto.

El trabajo técnico del INE también indica cuál ha sido el coste salarial medio (sin las cotizaciones) en el segundo trimestre del año, que por trabajador y mes aumentó el 0,5% y alcanzó así los 1.951,81 euros de media en España. 

Otro dato relevante servido este martes es que durante el segundo trimestre de 2018 la jornada semanal media pactada en España, considerando conjuntamente el tiempo completo y el tiempo parcial, se situó en 34,3 horas. De estas se pierden 3,4 horas a la semana, de las cuales 1,8 son por vacaciones y fiestas disfrutadas, siempre según los datos medios procesados para todo el país.

El coste laboral (salario bruto) en España por hora efectiva bajó el 1,9% en tasa anual, como consecuencia del mayor número de horas trabajadas y debido a que la Semana Santa ha tenido lugar este año en el primer trimestre, mientras que en 2017 se celebró en el segundo.

En tasa trimestral y con datos corregidos del calendario y desestacionalizados, tanto el coste laboral por trabajador como el coste por hora efectiva aumentaron el 0,2% respecto al trimestre anterior. Con los resultados corregidos del calendario, el coste por hora efectiva sube el 0,9%, y el coste laboral por trabajador, el 0,6%. Desestacionalizado, el coste laboral por hora efectiva se eleva el 0,9%, mientras que por trabajador crece el 0,7%.

CCOO de Castilla-La Mancha ha denunciado que las empresas de nuestra comunidad autónoma dejan de pagar a los trabajadores y trabajadoras cada semana más de 4 millones de euros por las horas extra realizadas y no remuneradas, “pero se quejan porque cada semana pagan 259,35 euros por las horas no trabajadas sin justificación”.

Son datos que ha extraído de la Encuesta de Costa Laboral del INE correspondiente al primer trimestre, que reflejan además que otras horas remuneradas y no trabajadas y las horas perdidas en el lugar de trabajo suponen en Castilla-La Mancha un minuto y medio a la semana por persona trabajando. El sindicato detalla que el coste de este tiempo es de 42 céntimos a la semana por persona asalariada y que, según la Encuesta de Población Activa (EPA), en la región hay 617.500 personas asalariadas, por tanto, el coste de este tiempo no trabajado cada semana en el conjunto de la región es de 259,35 euros, señala la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de CCOO CLM, Mª Ángeles Castellanos.

“La EPA nos dice que en Castilla-La Mancha se hacen cada semana 138.946 horas extra no pagadas, lo que supone que las empresas dejan de pagar cada semana  2.338.455 euros, esto si se pagaran como horas de trabajo normal. Pero al ser horas extra, si se pagan con un incremento del 75% sobre la hora normal lo que las empresas de la región dejan de pagar a sus trabajadoras y trabajadores supera los 4 millones de euros a la semana”, explica.

En este sentido, señala que los costes salariales siguen bajando en Castilla-La Mancha, “dato muy preocupante”, sobre todo si se tiene en cuenta que los indicadores económicos de mercado son positivos. “Es más que evidente que existe una ausencia clara de un reparto equitativo de la riqueza”. Una riqueza que se produce con el tiempo de trabajo de las mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, “que cada vez cobran menos y que ni si quiera cobran por una buena parte de las horas extra realizadas.

El coste laboral en Castilla-La Mancha es de 2.185,77 euros al mes en el primer trimestre de 2018, lo que sitúa la brecha salarial respecto a la media del Estado en el 13% y en el 39% respecto a la vecina Comunidad de Madrid. Castilla-La Mancha es la segunda comunidad en la que más han bajado los costes laborales en términos interanuales, con un descenso del 2,19%, lo que supone 49 euros menos al mes. Esta evolución negativa está llevando a la región a los puestos de cola en cuanto a salarios, “empeorando de forma paulatina nuestra situación relativa”.

Los salarios aumentaron el pasado año, pero menos que los precios, lo que les hizo perder seis décimas de poder adquisitivo. El coste salarial por trabajador y mes (que incluye salario base, complementos, pagos por horas extraordinarias y atrasos en términos brutos) subió el 0,5% en 2017 y alcanzó los 2.020,14 euros brutos de media. El Índice de Precios de Consumo (IPC) , por su parte, escaló un 1,1% el pasado año, lo que convierte a los asalariados en otro colectivo afectado por la pérdida de poder de compra, al igual que los pensionistas.

El coste salarial es un componente del coste laboral de las empresas, el coste en el que incurre un empleador por la utilización del factor trabajo (que también incluye cotizaciones de las empresas, indemnizaciones y prestaciones sociales). Este coste laboral total aumentó el 0,7% en el cuarto trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016 y se situó en 2.668,84 euros por trabajador y mes. Este dato supone el mayor incremento en dos años, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), que publicó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El resto de costes, excluidos los salariales, aumentan un 1,5%. Su principal componente, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, crece un 1,2%.

Durante el cuarto trimestre de 2017 la jornada semanal media pactada, considerando

conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, es de 34,3 horas. El coste laboral total por hora efectiva asciende un 1,2% en tasa anual, debido a la disminución del número de horas trabajadas en un 0,5%.

Mayor aumento salarial en la industria

El aumento salarial es menor del 0,5% si se excluye el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y atrasados). Al restarlo se obtiene el 'coste salarial ordinario', que solo aumenta un 0,3%.

Según el tipo de jornada, la diferencia salarial entre los trabajadores a tiempo completo y parcial es de 5,46 euros por hora (16,71 euros/hora para los de tiempo completo, frente a 11,25 para los empleados a tiempo parcial).

En cuanto a los sectores de actividad, los dalarios de todos ellos pierden poder adquisitivo, según los datos del INE. Los que más ascienden son los salarios de la Industria (1%), seguidos de los del sector secvicios (0,4%). La construcción es el sector más afectado, con una disminución del 0,3% en el coste salarial.

El incremento de los salarios fue más acusado en Navarra (4%), Galicia (3,8%) y la Comunitat Valenciana (2,8%). Las regiones donde los salarios se contrajeron más fueron Murcia (-1,5%), Asturias (-1,2%) y Canarias (-1%).

Canarias mantuvo el segundo coste laboral por trabajador y mes más bajo del país, que, con 2.108,09 euros, solo superó al de Extremadura, de 2.043,80, en el tercer trimestre del año, pese a que creció un 1% respecto al mismo periodo de 2016, según datos publicados por el INE.

Dicho coste fue, en consecuencia, inferior en más de 300 euros al que se dio, de media, en el conjunto de España, que fue de 2.454,27 euros y aumentó también en el referido trimestre aunque en menor medida, un 0,4 %, de acuerdo a las cifras del INE, el Instituto Nacional de Estadística.

El coste salarial por trabajador y mes que se dio en el citado periodo en las islas, una vez descontados otros gastos laborales, fue de 1.533,47 euros, un 0,9 % más que un año antes. 

A raíz de la llegada de la crisis económica a España, muchos análisis publicados sobre los salarios y su evolución señalaban como una característica importante la rigidez del sistema de determinación salarial, al tiempo que destacaban el elevado poder de los trabajadores en los procesos de negociación colectiva. Este sistema, argumentaban, no parecía capaz de responder al aumento del desempleo que se estaba viviendo en aquellos momentos. La solución consistió en imponer la moderación salarial como una herramienta más para luchar contra el desempleo.  Esto vino de la mano de la reforma laboral de 2012, que dio cancha a las empresas para modificar los salarios alegando razones de competitividad, productividad u organización.

La respuesta ha sido tal que si analizamos los datos sobre salarios y la evolución de los precios, con independencia de la fuente de información, observamos que los trabajadores han ido perdiendo poder adquisitivo. Han sido muchos los años en los que el aumento interanual del IPC ha sido superior al de los salarios. Los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan cómo desde 2010 los costes laborales totales, y en particular los salariales (1), han moderado su crecimiento, y cómo a partir de 2012 han aumentado menos que los precios, dando lugar a una caída de sus valores reales, como se puede observar en el gráfico. Es más, en 2017 se ha producido una ligera disminución del coste laboral total y salarial de las empresas, en concreto el 0,2% menos respecto al mismo trimestre del año 2016. Por otra parte, la inflación estimada por el INE sitúa el indicador adelantado del IPC en agosto en el 1,6%, indicando que los precios suben más que los salarios. Desde el punto de vista de la competitividad, esto está muy bien porque las empresas reducen sus costes, pero desde el punto de vista de los trabajadores, se produce una importante pérdida de su capacidad adquisitiva, lo que erosiona el consumo y afecta negativamente a la producción y el empleo.

Teniendo esto en cuenta, cabe preguntarse si las bases de la recuperación del empleo que se observa en la economía española se pueden considerar sólidas. La información que se deriva de la evolución salarial es insuficiente para determinarlo. Algunos analistas del mercado de trabajo creen que la variable significativa para el empresario no es el coste laboral por unidad de trabajo, derivado básicamente de la remuneración recibida por los trabajadores, sino el coste laboral unitario que relaciona el coste laboral con las unidades producidas. Por ello, no es suficiente saber cómo ha evolucionado la remuneración de los asalariados, sino que se debe tener en cuenta cómo evoluciona en relación con la productividad. 

La productividad en España siempre ha sido muy baja y sólo tuvo una variación positiva superior al 1% durante los peores años de la crisis económica, mostrando su marcado carácter anticíclico. Sin embargo, los salarios crecieron aún menos que la productividad durante estos años. Como consecuencia, el coste laboral unitario descendió, tanto en términos nominales como reales, lo que facilitó el aumento del nivel de competitividad de las empresas españolas. Además, dada la evolución del nivel de precios, las empresas pudieron mejorar sus beneficios y reactivar sus niveles de rentabilidad durante los años de la crisis sin que hubiera prácticamente ninguna mejora en la productividad.

Aumentar la productividad es, por tanto, uno de los retos pendientes de la economía española. Hacerlo tendría repercusiones muy positivas en el mercado de trabajo y posibilitaría un aumento de los salarios. Para ello, medidas como incrementar el tamaño medio de las empresas, potenciar el gasto en investigación y desarrollo, mejorar la formación de los trabajadores y adecuarla a las necesidades del mercado laboral o aumentar la estabilidad en el empleo redundan en mayor productividad, más empleo y salarios con una mayor capacidad adquisitiva. 

(1). El coste laboral comprende los salarios (salario base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y atrasados) y las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, además de indemnizaciones y prestaciones sociales.

Inmaculada Cebrián y Gloria Moreno son profesoras del Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá

[Este artículo ha sido publicado en el número 51 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La Comunidad Autónoma de Canarias es la segunda región de España, solo por delante de Extremadura, en la que resulta más barato contratar a un trabajador por parte de cualquier empresario o empleador, pues el coste laboral medio (incluye todas las remuneraciones salariales percibidas por el empleado y su cotización a la Seguridad Social), según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del último trimestre de 2016 (los más recientes), se sitúa en 2.267,83 euros por mes, lo que implica 382,14 euros menos que el promedio nacional, en 2.649,97, y algo más que el nivel más reducido de esta clasificación, que lo da Extremadura, con 2.185,16.

La cifra promedio alcanzada por Canarias en el periodo de análisis es el 0,4% menor que la de hace un año; esto es, que la del mismo trimestre de 2015, lo que supone que el trabajo vuelve a abaratarse para el empleador de un año a otro en las Islas, proceso que se ha acusado durante la crisis.

El coste medio por mes de un contrato laboral en el Archipiélago es 827,89 euros más bajo que el de Madrid, la comunidad española con el primer puesto en este ranking. La diferencia en el coste medio laboral entre Canarias y Extremadura, la región más barata, solo representa 82,67 por persona y mes.

Pese a ese desfase, en teoría a favor del trabajador isleño (no es lo mismo coste laboral que coste salarial -líquido que percibe el contratado-), hay que tener en cuenta que, calculado el coste laboral según horas efectivas trabajadas, el canario es el que más barato resulta al empresario, con una media de 17,42 euros frente a los 17,72 del extremeño. Esto se produce porque el empleado isleño trabaja más tiempo en una misma jornada diaria.

A partir del análisis de esas dos variables, las procesadas por el INE, se puede llegar a la conclusión de que el canario tiene, en término medio, uno de los peores salarios de España, algo que sin duda empeora si se tienen en cuenta las horas efectivas que trabaja en una jornada, por encima de las de Extremadura. Por ello, el del canario es un coste laboral más ventajoso que el de esa otra comunidad autónoma, y no solo eso: también el que más en toda España.

Según la Encuesta trimestral de coste laboral del INE, en Madrid y País Vasco este superó en más de 400 euros la media nacional (2.649,97), mientras que en Extremadura y Canarias los valores fueron inferiores al dato del país en más de 350 euros.

En el conjunto de España, el coste laboral de las empresas disminuyó el 0,8% entre octubre-diciembre de 2016 respecto al mismo periodo de 2015 y se situó en 2.649,97 euros por trabajador y mes. Además de Madrid y País Vasco, los costes laborales más altos por trabajador y mes se dieron en Navarra, Cataluña y Asturias, todos ellos por encima de la media nacional.

En el sentido contrario, se hallaron Extremadura y Canarias, con los costes más bajos, regiones seguidas por Comunidad Valenciana y Galicia. Respecto al cuarto trimestre del año anterior, el coste laboral por trabajador y mes subió en seis autonomías, principalmente en Asturias (3,1%), Navarra (2,2%) y Cantabria, con el 1,7 %, mientras que se redujo en las 11 restantes, de forma más significativa en Aragón, lugar en el que retrocedió el 3,6%, y en Castilla y León, con menos 2,7%.

En relación con el coste laboral por hora efectiva trabajada, en el último trimestre de 2016 fue más alto en el País Vasco (25,06 euros), por delante de Madrid (23,46) y Navarra (23,02), mientras que los más bajos se dieron en Canarias (17,42 euros) y luego Extremadura (17,72).

La construcción, donde más caen los salarios

También según datos del INE, la industria fue el único sector que elevó su coste laboral en el cuarto trimestre del año pasado, con el 0,6%, hasta los 3.209,8 euros por mes. Por el contrario, se redujo el 1,4% en la construcción, hasta los 2.751,2 euros, y el 1% en los servicios, hasta los 2.538,9 euros.

En el caso de la variable coste salarial, el mayor descenso también se lo anotó la construcción (-1,6%), seguida de los servicios (-0,9%). La industria lo elevó el 0,5%.

Actividades productivas en los puestos de la cola

Por actividades económicas, el suministro de energía, gas, vapor y aire acondicionado y las actividades financieras son las que presentaron los costes laborales más elevados, con 5.867,9 y 4.820,6 euros por trabajador y mes, respectivamente, mientras que los menores correspondieron a otros servicios (1.762,9 euros) y a la hostelería (1.615,3 euros).

Los crecimientos interanuales más significativos de los costes laborales en el cuarto trimestre de 2016 se los anotaron las actividades artísticas (+2,8%), las inmobiliarias (+3,1%), y el transporte y el almacenamiento (+1,3%). En el otro lado, el de las mayores caídas, están la información y comunicación (-4,4%), otros servicios (-2,1%) y la Administración pública (-1,9%).