Jaume Ripoll Vaquer (Palma, 1977), es productor cinematográfico, cofundador y máximo ejecutivo de Filmin. La plataforma, apoyada por las principales productoras del país, lleva casi 20 años en funcionamiento con un éxito fuera de lo común si se tiene en cuenta que compite con gigantes como Netflix, Disney o HBO Max, y además lo hace ofreciendo cine independiente, creativo y a veces incómodo.

Precisamente un documental disponible en la plataforma está haciendo pasar a Ripoll por uno de sus peores momentos profesionales. Se trata de Ícaro: la semana en llamas, que narra cómo vivieron diversos grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, llegados de diversos puntos del Estado, los disturbios tras la sentencia del procés en 2019. La cinta, que omite los puntos de vista y las experiencias de los Mossos d'Esquadra, que también se enfrentó a los disturbios, ha recibido numerosas críticas por su falta de pluralidad.

De hecho, hasta hace pocas semanas, Ícaro: la semana en llamas no había sido aceptada por ninguna plataforma. Pero sorpresivamente ha aparecido en Filmin, sin promoción ni ruido hasta que ha cosechado las alabanzas de la activista de extrema derecha Macarena Olona, una de las fundadoras del partido Vox, que la descubrió en el catálogo de la plataforma. O se la descubrieron.

“Ícaro: la semana en llamas forma parte de un lote de películas que contratamos recientemente y por solo unos meses, hasta el 31 de enero”, explica Ripoll en conversación telefónica con elDiario.es. Reconoce el ejecutivo que la empresa no supo “detectar” el título y su temática “en un lote tan grande”. “Se nos pasó a pesar de que solemos aplicar filtros rigurosos. De haberla detectado, habríamos hablado con el vendedor para descartarla del lote, porque pensamos que en Filmin no tiene cabida una cinta como esta”, apostilla.

Campaña contra Filmin

La publicación laudatoria de la política y abogada del Estado, actualmente fuera de Vox, generó una potente reacción en X por parte de numerosos usuarios, que iniciaron una campaña de cancelación de suscriptores de Filmin. Algunos usuarios llegaron incluso a apelar al llamado “caso Galinsoga” de los años 60 del siglo pasado, en referencia al director de La Vanguardia que dijo “los catalanes son una mierda” y recibió 20.000 cancelaciones de suscripciones al diario.

De nada sirvió el comunicado que la plataforma emitió hace dos días apelando a la “libertad artística” y pidiendo “no censurar las películas por su orientación ideológica”. Al día siguiente, la puerta de las oficinas de Filmin, en Barcelona, amaneció con la siguiente inscripción pintada: “Filmin colaborador con la represión española”.

A este respecto, Ripoll deja claro que tanto él como Filmin están ideológicamente muy alejados de los valores que intenta transmitir el documental. “De haber detectado el título a tiempo, al vendedor le hubiéramos sugerido que buscase otra plataforma más adecuada porque no la veíamos para Filmin”, asevera. Además, añade que desde el punto de vista de la calidad de realización no es una cinta destacable.

Ripoll deja claro que tanto él como Filmin están ideológicamente muy alejados de los valores que intenta transmitir el documental

Defiende, adicionalmente, que su catálogo tiene otras películas documentales incomodadas como Ciutat Morta, que cuestiona los métodos policiales en Barcelona durante los años más duros de la crisis económica. También Catalunya-Espanya, un filme documental dirigido por Isona Passola y favorable a la independencia catalana.

Y desvela que en ambas cintas Filmin sí se implicó en la promoción, pero asegura que, a diferencia de Ícaro: la semana en llamas, “tienen una calidad y un valor cinematográfico” que el propio Ripoll no ve en el documental dirigido por Elena G. Cedillo y Susana Alonso. El responsable de Filmin asegura que salvaría de Ícaro “algunas escenas iniciales” pero poca cosa más, y critica la banda sonora, “con clara intención política”.

Solo hasta el 31 de enero

Por todo ello considera Ripoll que “no es un documental con cabida en Filmin”, pero lamenta que firmaron un contrato que no pueden rescindir e insiste en que el 31 de enero desaparecerá del catálogo. “Si hubiéramos sabido que el documental podía generar el lío que se ha formado, por supuesto no lo hubiéramos incluido en la compra del lote”, confiesa Ripoll.

El productor, que recalca que la plataforma jamás se implicó en la promoción del mismo, reconoce que la campaña de cancelación en X ha dado lugar a “unas cuantas bajas”, sin querer precisar el número pero lamentando que “aunque sean pocas duelen, porque son bajas de personas que llevamos casi 20 años fidelizando”.

Si hubiéramos sabido que el documental podía generar el lío que se ha formado, por supuesto no lo hubiéramos incluido en la compra del lote

Ripoll se ratifica en lo escrito en su comunicado cuando dice que “Filmin no censura películas por su orientación ideológica”, y reitera su “compromiso con el cine y el documental como herramientas para entender, contrastar y debatir, siempre dentro del marco legal”. El jefe de Filmin ensalza la pluralidad de su amplísimo catálogo, con más de 11.000 títulos. “Si has estado trabajando a tus clientes durante años, buscando títulos que les enriquezcan, es muy doloroso que de un día para el otro cancelen esta historia en común de tantos años por solo un título inadecuado entre 11.000”, lamenta.

También reconoce que, como fenómeno paralelo, la polémica le ha venido bien a la cinta, que ha tenido más visualizaciones de las que de otro modo hubiera conseguido dada su calidad, pero matiza que “ni de lejos se acerca a los valores de las más vistas”. Finalmente, Ripoll recuerda que Filmin tiene a disposición de los usuarios un sistema de valoraciones que permite puntuar negativamente aquellas películas que no nos gustan, “y así prevenir a otros usuarios sin que sea necesario ir pidiendo que se cancelen las suscripciones”.

Solo el 22,2% de los vascos estaría a favor de la independencia, frente al 43,2% que se muestra en contra, aunque un 38,5% votaría a favor de un Estado vasco si se celebrara un referéndum oficial y reconocido y un 66% se muestra favorable al derecho a decidir, según los datos que ofrece la encuesta Naziometroa, realizada en Euskadi, Navarra e Iparralde (País Vasco-francés) por Telesforo Monzon eLAB y el grupo de investigación Parte Hartuz. Además, el 57% cree que las actitudes reaccionarias o de pesimismo han aumentado en su entorno y casi la mitad considera “esencial” el papel de la migración en el futuro de la sociedad vasca.

La séptima oleada de Naziometroa se ha presentado en una rueda de prensa que ha contado con la presencia de la vicerrectora del Campus de Bizkaia y de Comunicación de UPV/EHU, Estitxu Garai; la investigadora de Telesforo Monzon eLab, Malen Domínguez; el investigador de Parte Hartuz, Arkaitz Fullaondo y el responsable de innovación del área de investigación e innovación del Aztiker Soziologia Ikergunea, Asier Etxenike, quien ha presentado los datos, según recoge Europa Press

El informe, ha explicado Etxenike, se ha dividido en tres ejes temáticos, uno fijo, que ha formado parte de todos los Naziometroa referente a la opinión sobre el modelo de gobernanza y posicionamiento respecto al estado vasco, y dos ejes elaborados para la ocasión, uno sobre las actitudes reaccionarias en Euskal Herria y otro sobre la migración. Respecto al planteamiento de 'Estado vasco', el 43,2% estaría en contra de la independencia, un dato que se mantiene estable desde la segunda oleada de Naziometroa en 2021, mientras un 22,2% de los encuestados estaría de acuerdo en independizarse, el segundo resultado histórico más bajo. Crece un 5,1% quienes se muestran indiferentes con respecto al año pasado (23,9%).

Aún así, el 43,7% de los encuestados cree que sus respectivas comunidades deberían tener más competencias, y un 37,2% que en la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra e Iparralde debería haber más relación entre sus administraciones, principalmente en servicios de salud, educación y economía. Ante la hipótesis de que los partidos políticos en Euskadi, la Comunidad Foral de Navarra y la región vascofrancesa, así como Madrid y París hubieran aceptado la celebración de un referéndum oficial y reconocido, el 38,5% votaría a favor de un Estado vasco, frente a un 26,5% que estaría en contra. Un 35% no tiene todavía una opinión formada o se abstendría.

Para un procedimiento de cambio de estatus político, el 52,5% de los encuestados cree que la decisión debería tomarse por referéndum, y, ante la hipótesis de que hubiera un consenso vasco para su celebración, el 62,7% cree que los estados español y francés deberían aceptarlo (8,8 puntos más que el año pasado), frente al 13,5% que cree que deberían prohibirlo (6,6 puntos menos). El 66,3% están de acuerdo en el derecho a decidir su futuro político.

Dos tercios de la población vasca cree que las actitudes reaccionarias han aumentado, y un 57% las percibe en su entorno personal. Más del 80% de los encuestados creen que en Europa en “gran medida” o “cierta medida” han aumentado las actitudes reaccionarias. Las mayores oposiciones se observan en lo relativo a la migración y la diversidad cultural (61,2%) y en contra del feminismo y la igualdad de género (33,4%). En tercer y cuarto lugar se encuentran las oposiciones contra el cambio climático y las políticas verdes, y la igualdad social y los derechos civiles.

Al cruzar las variables, en cuanto a la ideología política los resultados “muestran claramente la polarización, especialmente entre quienes se sitúan muy a la derecha o muy a la izquierda”. El porcentaje de quienes consideran las reivindicaciones de los derechos migratorios como “excesivas” sube del 15,3% para quienes están “muy a la izquierda” al 56,7% para quienes se sitúan en la ideología opuesta. La tendencia es similar en cuanto a las reivindicaciones de género y feminismo: un 9,4% de las personas muy de izquierdas las consideran excesivas, frente al 47,7% de personas muy de derechas.

Por sexos, casi el 50% de los hombres considera excesiva la reivindicación de los derechos de las personas migrantes, frente al 25% de las mujeres encuestadas. En cuanto al feminismo, un 32,7% de hombres y un 19,5% de mujeres cree que las revindicaciones son excesivas, y alrededor del 40% en ambos sexos las creen adecuadas. Entre los partidarios y contrarios al 'Estado vasco', la posición a favor “guarda estrecha relación con el grado de tolerancia a las reivindicaciones sociales”, según señala el informe. El 53,1% de los partidarios del 'Estado vasco' las considera adecuadas, y entre los contrarios, un 42,4% las considera excesivas.

El 47,8% de los encuestados creen que los migrantes deben ocupar, en el futuro, un papel esencial en la sociedad, el 26,2% señala que deberían tener unos límites o controles y el 6,3% impediría su llegada. El 46,6% cree que los gobiernos locales deberían tener las competencias migratorias, y el 30,4% que las competencias recaigan sobre el estado. Para que una persona migrante sea considerada vasca, un 59,8% de los encuestados cree suficiente vivir y trabajar, frente al 21,1% que cree que es necesario haber nacido en el lugar. “Aparecer en la sociedad de forma activa” está valorado con un 7,1 sobre 10 para su “integración de forma adecuada”.

El informe también relaciona datos sobre el reconocimiento de la población migrante como vasca y la ideología de los encuestados. Entre las personas que se identifican como “de izquierdas o muy de izquierdas”, 8 de cada 10 creen que vivir y trabajar en el lugar es suficiente para considerar vasca a una persona migrante, y alrededor del 40% de las personas de “derechas o muy de derechas” lo creen así. Los datos cruzados “apuntan a actitudes más positivas hacia la migración en la extrema izquierda y en colectivos más soberanistas”, resume el informe, mientras que las actitudes conservadoras y contrarias al soberanismo “ponen más límites a los derechos de los migrantes y a su integración”.

En cuanto a la franja de edad, más de 6 de cada 10 personas mayores de 45 años creen que vivir y trabajar en el lugar es suficiente para ser vasco, mientras que entre la población de 18 a 29 años, un 33,9% lo cree así. Los investigadores destacan que entre las personas de 18 a 29 años un 48,1% cree que se debe haber nacido vasco para serlo, mientras que a partir de los 30 años, los que consideran el nacimiento como requisito fundamental no superan el 18%.

Respecto a la migración y el euskera y cultura local, casi 6 de cada 10 opinan que se quedará igual, y un 21,7% que la migración reforzará el euskera. Entre los principales obstáculos que señalan para aprender euskera que identifican los encuestados, el 52,2% señalan la dificultad del idioma, el 45,3% la falta de motivación y un 30% que los migrantes no lo aprenden porque no lo necesitan. Además, de entre los factores que hacen disminuir el uso del euskera, el 36,4% señala como causa principal que los euskaldunes no lo utilizan, un 24% culpa a la globalización del ocio, un 23,5% a la migración extranjera y un 21,1% apunta a la falta de una política lingüística sólida.

La transmisión del euskera y los procesos de euskaldunización ayudan a eliminar el racismo y las actitudes reaccionarias para el 52,2%, y un 60% cree que ayuda “mucho o algo” a cohesionar la sociedad. Para la elaboración el 'Naziometroa', se han realizado 1.335 encuestas telefónicas y 'online' entre Euskadi (636 encuestas), Navarra (393) y en Iparralde (306). El trabajo de campo se realizó durante el mes de marzo de 2025.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) vive momentos de tensión interna después de que Josep Costa, que fue vicepresidente del Parlament hace dos legislaturas tildara de “despótica y antirreglamentaria” la gestión del presidente de la entidad independentista, Lluís Llach.

Costa ha hecho estas declaraciones a través de una publicación en X, en la que explica que abandonó la reunión que el Secretariado Nacional celebraba el pasado sábado “en protesta” a la actitud de Llach.

Costa, que es miembro del Secretariado de la ANC, asegura que “la gente que lo dio todo para ganar en el 1O no se merece que la continúen manipulando”.

Las palabras del exvicepresidente del Parlament han despertado el “enojo” de Llach, quien le ha respondido a través de la misma red social. “Ninguno de los setenta miembros del Secretariado Nacional de la Assemblea, tenga el pensamiento que tenga, merece calificativos relacionados con despotismo, fraude reglamentario o manipulación”.

Igualmente, Llach apunta que la acusación de Costa “contraviene el reglamento” de la entidad independentista.

El motivo de la disputa se basa en la elección de un nuevo Secretario para la ANC, después de que Sílvia Ventura abandonara el cargo hace dos meses. Costa se postula para tomarle el relevo y, para ello, compite contra Elnur Bayranzade, afín a Llach.

En la reunión del sábado, ninguno de los dos consiguieron reunir el consenso suficiente, por lo que Llach decidió mantener como secretario en funciones a Bayranzade, lo que provocó que Costa abandonara el encuentro y le tildara de despótico.

Pero las críticas a Llach no han venido sólo de parte de Costa. El también miembro del Secretariado David Miñana ha apoyado al exvicepresidente asegurando, también en X, que ve “incoherente pedir transversalidad, unidad y regeneración” para el movimiento independentista y “hacer lo contrario a nivel interno”.

“Todo empezó mal, con candidatos que no tenían derecho a presentarse y con candidaturas pensadas para el asalto en bloque”, remachó Miñana.

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha exigido al Estado español que haga “autocrítica” sobre su reacción tras el referéndum del 1 de octubre y ha asegurado que la Ley de Amnistía, si bien fue “la primera reacción tras un comportamiento represor y antidemocrático”, no es “suficiente para reparar el daño a la ciudadanía”.

Así se ha expresado en un acto organizado por el Consell de la República, entidad encabezada por el expresident, con motivo del séptimo aniversario de la consulta. Ha reivindicado la “contundencia” del referéndum y ha criticado a quienes pretendan gobernar de espaldas a él e intenten convertir la Generalitat en una “gestoría con un encefalograma políticamente plano”.

“No hay suficientes gomas de borrar para eliminarlo de nuestra historia”, ha dicho Puigdemont y, en alusión explícita al president Illa, ha considerado no se puede hablar de “normalidad” ni “normalización” en Catalunya mientras algunos tengan que “luchar con las manos atadas a la espalda”.

Con todo, Puigdemont ha asegurado que seguirá luchando por la independencia. “No tiramos la toalla ni lo haremos nunca, y menos ahora que la falta de unidad ha tenido consecuencias nefastas para la nación”, ha asegurado.

ERC insta a Junts a “no alinearse” con el PP y Vox

La estrategia de ERC y Junts en el Congreso es uno de los puntos en los que se notan las diferencias y falta de unidad entre partidos independentistas. El voto de Junts sobre la financiación singular es, a día de hoy, una incógnita y sin el apoyo de los de Puigdemont no saldría adelante.

Por eso, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha instado a Junts a “alinearse con Catalunya y no con el PP y Vox”. En este sentido, la republicana ha cargado duramente contra los de Puigdemont por “aliarse con la derecha españolista” votando en contra de la regulación de los alquileres de temporada.

“Que decidan en qué lado de la mesa quieren estar”, ha dicho Vilalta, que asegura que los suyos estarán al “lado de Catalunya y de hacer cumplir el acuerdo”.

Esta semana se ha celebrado el décimo aniversario de la coronación de Felipe VI, rey de España. Cuando heredó el trono de su padre, lo único que sabíamos del anterior rey, Juan Carlos I, es que se había ido a cazar elefantes a Botswana mientras su país entraba en pánico colectivo por la prima de riesgo, que su salud no era ya la mejor y que la hermana del actual rey, la infanta Cristina, y su entonces marido, Iñaki Urdangarin estaban acusados de corrupción. En esas circunstancias, el príncipe Felipe se convierte en Felipe VI, el 19 de junio de 2014. 

¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué recorrido tiene en el futuro la monarquía en España y quiénes la sostienen políticamente? ¿Qué balance se puede hacer del reinado de Felipe VI hasta el momento? Lo abordamos con el periodista de elDiario.es Aitor Riveiro y con la adjunta al director de elDiario.es Esther Palomera. 

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Un home pendent de judici a Mallorca per una pintada amb el missatge 'Puta Espanya' ha demanat acollir-se a la Llei d'Amnistia després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i la seva consegüent entrada en vigor.

Segons les investigacions, l'acusat va fer la pintada a la façana de l'Ajuntament de Felanitx, governat pel PP, acompanyada del símbol de la bandera independentista catalana. L'atestat també atribueix a l'home altres grafits a altres emplaçaments del municipi mallorquí -un d'ells un habitatge particular-, però només s'ha presentat una valoració de danys en relació amb el del Consistori.

El presumpte autor de les pintades havia de ser jutjat per un delicte lleu de danys a Manacor, però el judici va quedar suspès i la defensa va presentar un escrit, al qual ha tingut accés elDiario.es, en què sol·licita aplicar l'acusat la Llei d'Amnistia.

En concret, l'atestat situa els fets investigats entre el 10 i 11 de novembre de 2023, per la qual cosa entrarien dins del marc temporal de la Llei Orgànica, que abasta fins al dia 13 d'aquell mateix mes. L'escrit de la defensa, exercida per l'advocat Josep de Luis, assenyala que la Llei inclou els actes determinants de responsabilitat penal executats “en el context de l'anomenat procés independentista català” i “vinculats directament o indirectament”.

El lletrat recalca, de fet, que ja en el moment de la detenció “la filtració que es feu als mitjans de comunicació se’n cuidà d'emfatitzar la vinculació política, de caràcter independentista català”, de l'acusat, referint-s'hi la premsa com a “ un militant de la CUP”.

La petició argumenta que la Llei preveu que aquesta amnistia s'apliqui en qualsevol fase del procés penal, per la qual cosa sol·licita l'arxiu definitiu de la peça. El judici s'havia de celebrar aquest dimecres per un delicte lleu, tal com informa el diari Última Hora, però ha quedat suspès a petició de l'Ajuntament. El Consistori, disconforme amb la valoració pericial, al·lega que els danys serien superiors als 400 euros.

Comunicat d'Alerta Solidària i CUP Mallorca

Alerta Solidària i CUP Mallorca havien organitzat una concentració de suport a l'acusat als Jutjats de Manacor amb motiu del judici finalment suspès. En un comunicat, les dues organitzacions han recalcat que l'encausat “ha qüestionat sempre el seu processament, considerant que se l'investiga per la seva activitat política”.

Per això, les dues entitats denuncien el que entenen com “un nou intent de silenciar” la “lluita de l'esquerra independentista mitjançant identificacions, detencions i judicis injustificats, promoguts pels polítics feixistes de l'illa de la mà dels cossos policials”.

En aquest sentit, retreuen a l'Ajuntament, encapçalat per la popular Catalina Soler, que multipliqui per més de deu l'import del perjudici calculat pel perit, que el xifra en 140 euros. En aquesta maniobra veuen “intenció de magnificar els danys i castigar l'independentista encausat”.

Alerta Solidària i CUP Mallorca defensen que “el cas ha de quedar arxivat sota la llei de l'oblit penal”, perquè resulten elements determinants “l'estelada, símbol inequívoc de l'independentisme català, juntament amb la declaració pública dels sentiments profunds que desperta a l'autor de les pintades el concepte Espanya”.

En qualsevol cas, conclouen que no deixaran “de difondre el missatge, als Jutjats, amb o sense amnistia, als carrers i a les seves parets”.

Un hombre pendiente de juicio en Mallorca por una pintada con el mensaje 'Puta Espanya' ha pedido acogerse a la Ley de Amnistía tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su consiguiente entrada en vigor.

Según las investigaciones, el acusado realizó la pintada en la fachada del Ajuntament de Felanitx, gobernado por el PP, acompañada del símbolo de la bandera independentista catalana. El atestado también atribuye al hombre otros grafitis en otros emplazamientos del municipio mallorquín -uno de ellos una vivienda particular-, pero sólo se ha presentado una valoración de daños en relación con la del Consistorio.

El presunto autor de las pintadas iba a ser juzgado por un delito leve de daños en Manacor, pero el juicio quedó suspendido y la defensa presentó un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que solicita aplicar al acusado la Ley de Amnistía.

En concreto, el atestado sitúa los hechos investigados entre el 10 y 11 de noviembre de 2023, por lo que entrarían dentro del marco temporal de la Ley Orgánica, que abarca hasta el día 13 de ese mismo mes. El escrito de la defensa, ejercida por el abogado Josep de Luis, señala que la Ley incluye los actos determinantes de responsabilidad penal ejecutados “en el contexto del denominado proceso independentista catalán” y “vinculados directa o indirectamente” al mismo.

El letrado recalca, de hecho, que ya en el momento de la detención “la filtración que se hizo a los medios de comunicación se cuidó de enfatizar la vinculación política, de carácter independentista catalán”, del acusado, refiriéndose a él la prensa como “un militante de la CUP”.

La petición argumenta que la Ley prevé que esta amnistía se aplique en cualquier fase del proceso penal, por lo que solicita el archivo definitivo de la pieza. El juicio iba a celebrarse este miércoles por un delito leve, tal como informa el diario Última Hora, pero se suspendió a petición del Ajuntament. El Consistorio, disconforme con la valoración pericial, alega que los daños serían superiores a los 400 euros.

Comunicado de Alerta Solidària y CUP Mallorca

Alerta Solidària y CUP Mallorca habían organizado una concentración de apoyo al acusado en los Juzgados de Manacor con motivo del juicio finalmente suspendido. En un comunicado, las dos organizaciones han recalcado que el encausado “ha cuestionado siempre su procesamiento, considerando que se le investiga por su actividad política”.

Por ello, las dos entidades denuncian lo que entienden como “un nuevo intento de silenciar” la “lucha de la izquierda independentista mediante identificaciones, detenciones y juicios injustificados, promovidos por los políticos fascistas de la isla de la mano de los cuerpos policiales”.

En este sentido, reprochan al Ajuntament, encabezado por la 'popular' Catalina Soler, que multiplique por más de diez el importe del perjuicio calculado por el perito, que lo cifra en 140 euros. En esa maniobra ven “intención de magnificar los daños y castigar al independentista encausado”.

Alerta Solidària y CUP Mallorca defienden que “el caso debe quedar archivado bajo la ley del olvido penal”, porque resultan elementos determinantes “la estelada, símbolo inequívoco del independentismo catalán, junto con la declaración pública de los sentimientos profundos que despierta en el autor de las pintadas el concepto España”.

En cualquier caso, concluyen que no dejarán “de difundir el mensaje, en los Juzgados, con o sin amnistía, en las calles y en sus paredes”.

La Ley de amnistía se aprobó en marzo en el Congreso, pasó al Senado, donde fue rechazada por la mayoría absoluta del PP, y ha vuelto al Congreso, donde se ha aprobado ahora sí definitivamente. El relato político de esto nos lo sabemos: para unos, España rota y traicionada; para otros reconciliación y apaciguamiento del independentismo; para otros, el camino al referéndum. Pero, más allá del discurso de cada uno: ¿Qué implica la amnistía? ¿Cuál es el siguiente paso? 

Hablamos de la aprobación definitiva de la Ley de amnistía con el periodista de elDiario.es en Catalunya Arturo Puente.

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“Hay que votar para poder quejarte”, asegura María, de 19 años. Tiene claro que acudirá a las urnas el próximo 12M aunque la mayoría de partidos la hayan “decepcionado”. Estas serán las segundas elecciones en las que vote y en las anteriores tuvo claro que su apoyo era para el PSC ahora duda y puede que dé su voto a Sílvia Orriols, líder del partido xenófobo Aliança Catalana. 

Escoge no por convicción, sino por “descarte”. Está descontenta y hastiada con la política llevada a cabo los últimos años, en especial con los independentistas, a los que reprocha que “no se interesan por el pueblo, sino por ellos mismos”. Aún siendo de una familia de izquierdas y haberse declarado favorable al procés hace unos años, ahora se considera de centro-derecha, asegura estar “contenta” de ser española y se considera cada vez menos independentista.

Esta transformación ideológica es una tendencia que va en aumento entre la juventud catalana, que se está desvelando como la generación más conservadora en décadas. Los llamados Z están haciendo añicos la imagen del joven revolucionario de izquierdas que ocupó Plaça Catalunya durante el 15M, que se manifestó contra el plan Bolonia o aquella más veterana que desafiaba al franquismo. Ahora, la tendencia es contraria.

Las últimas encuestas de opinión elaboradas por el CIS o por el CEO (su equivalente en Catalunya) revela que los jóvenes de entre 18 y 24 años tienen una clara tendencia a ser más conservadores. Por ejemplo, son el grupo de edad que se muestra más de acuerdo con eliminar impuestos, restringir las políticas migratorias y los que más creen que “el feminismo ha ido demasiado lejos”.

Y eso se nota en la intención de voto. Según el último sondeo del CEO -el único realizado después de la convocatoria electoral del 12M-, el grupo más joven es el que menos tendencia tiene a votar a partidos de izquierda y, a su vez, en el que hay más intención de votar a la derecha. De hecho, es el grupo de edad en el que Vox tiene más apoyo, con diferencia. 

Históricamente, los jóvenes siempre han preferido opciones políticas que tienden hacia los extremos y, precisamente por eso, son el grupo de edad en el que la CUP acostumbraba a tener más apoyo. En cambio, opciones más conservadoras como el PSC van ganando peso a medida que los votantes envejecen. 

Pero, así como hace unos años la CUP era uno de los partidos preferidos por los jóvenes, ahora Vox tiene más apoyos. Esto demuestra el viraje de la juventud catalana y se explica, en parte, por cómo se informa este segmento de la población. Según el CEO, la principal fuente de información de los jóvenes menores de 35 años son las redes sociales y ahí, el dominio lo tienen los partidos de derecha y extrema derecha. 

De hecho, Vox Catalunya es el partido con más seguidores (30.000), muy por delante del segundo, ERC, con 15.000. La tercera formación es Aliança Catalana, con 12.000 seguidores a pesar de no tener representación parlamentaria. 

“Si me hacen elegir entre CUP o Vox, prefiero Vox”, asegura Laura de 23 años. Ella, que en las elecciones generales votó a ERC, ahora se decanta por partidos más extremos. Su voto será para la xenófoba Aliança Catalana porque, además de coincidir con sus propuestas, los prefiere a Vox porque son catalanes. 

Ella siempre fue partidaria de la secesión, pero ahora sus principales preocupaciones son la inmigración y la seguridad. “Catalunya necesita otras cosas”, dice. Por ejemplo, apoya repatriar a delincuentes multireincidentes. “Suficiente gente mala nacional que sí que son problema nuestro”, argumenta y añade que, en su opinión, también “mucha gente que está chupando del bote pero no aporta nada”.

¿Culpa del feminismo?

Según Marc Guinjoan, profesor de Ciencias Políticas en la UAB, especializado en comportamiento electoral y político, la evolución ideológica de los jóvenes es “una ruptura sorprendente y difícil de explicar”. Al ser una generación que apenas está empezando a votar, todavía es pronto para sacar conclusiones. Además, crecieron con la revolución digital y con la pandemia, dos fenómenos nuevos y sobre los que todavía no hay datos suficientes como para saber qué consecuencias han tenido.

A pesar de eso, expertos como Guinjoan ya señalan a ciertos factores. El primero y más claro para el politólogo es la reacción a los movimientos feministas. “Parte de la juventud compra la idea de que las mujeres tienen privilegios y muchos hombres jóvenes se ven como damnificados por las políticas de igualdad”, apunta.

La generación Z ha crecido con la precariedad y la inseguridad como bandera, así que las políticas de igualdad dirigidas a colectivos vulnerables como las mujeres o los migrantes hacen que muchos hombres jóvenes teman que se les estén robando las oportunidades vitales con las que contaban.

El rechazo al feminismo es, para el politólogo, “una de las principales puertas de los jóvenes a ideologías conservadoras”. Alberto, de 18 años, es de los que cree que se ha ido “demasiado lejos”. Opina que hay personas que “se han visto perjudicadas por ciertas leyes que protegen a la mujer y no al hombre” e insiste en que “se ha dedicado demasiado tiempo a ciertos colectivos y tampoco hace falta”.

Él votará al PP y lo hará buscando un partido que se haya preocupado por las “cosas realmente importantes” que, como para la mayoría de jóvenes catalanes, son el paro, la inflación y los precios de la vivienda.

¿Independencia o vivienda?

Una de las cosas que marcan el cambio generacional son las preocupaciones. Durante muchos años, lo que más inquietaba a la sociedad catalana eran las relaciones entre Catalunya y el resto de España. Con el paso del tiempo, esta cuestión ha ido perdiendo peso, pero sigue siendo lo que más quita el sueño a una de cada cinco personas mayores de 50 años. En cambio, sólo preocupa al 7% de los jóvenes.

El apoyo al independentismo también ha bajado en picado. Así como en octubre de 2017 se situaba en el 52,1% y siguió superando la mayoría hasta 2021, en abril de 2024 bajó hasta el 33%.

Manel tiene 24 años, es progresista y solía optar por partidos independentistas. Pero en las elecciones del 12M seguramente votará Comuns. “Hay problemas mucho más urgentes”, asegura y califica de populistas aquellos partidos que ponen la cuestión nacional como principal punto a tratar en el programa electoral.

Ha tardado años en desencantarse, en parte, por el componente emocional que tuvieron los años del procés y diversas jornadas históricas, como el referéndum del 1-O, en las que participó siendo adolescente. Y es que la emoción es clave para definir la línea ideológica, tal como recuerda el politólogo Marc Guinjoan. Eso explica que aquellos que son más jóvenes que Manel y no vivieron activamente esos años sean menos independentistas.

A todo esto se suma que la presente generación de jóvenes es la que tiene un porcentaje más alto de nacidos fuera de Catalunya de la historia (cerca del 20%). “Son personas que naturalmente no tienen tanta vinculación con el procés”, resume Guinjoan. 

De hecho, ante la falta de vinculación emocional con aquellos años, “el independentismo puede incluso generarles sentimientos negativos debido a que diversos partidos pueden haber descuidado cosas que para ellos son importantes, como la vivienda o la seguridad”, añade Marc Guinjoan.

Eso es lo que ha llevado a Alberto a escoger al PP: huir de los partidos independentistas y del PSOE, que, según él, ha hecho demasiadas concesiones al separatismo al permitir la amnistía.

Españoles sin complejos

Estas elecciones también han sido un punto de inflexión para algunos más mayores, como Andrea. Tiene 24 años y siempre votó independentismo. Militó en un CDR y defendió una urna del 1-O. Pero asegura que está harta. “Esto no va a ningún lado. Sólo se preocupan por ellos. Si no, mira el 'show' que ha montado Puigdemont. Casi que quien ha hecho más por la independencia es Pedro Sánchez con la ley de amnistía”, explica esta joven.

Por eso, se ha pasado los últimos meses asegurando a quien quisiera escucharla que, en cuanto pudiera volver a votar, lo iba a hacer por el PSC. Pero, cuando se convocaron elecciones cambió de idea. “Fue un calentón”, asegura, entre risas. 

Pero su “calentón” no es un hecho aislado, a juzgar por los barómetros del CEO. En los dos últimos realizados antes de la convocatoria electoral, la opción preferida de los jóvenes de entre 18 y 24 años fue el PSC (con más de un 20% de intención de voto). De todos modos, una vez se hizo el anuncio de los comicios, el partido preferido volvió a ser ERC y los de Illa bajaron al 4,4%.

Para Guinjoan, la proximidad a las elecciones puede haber hecho que muchos jóvenes se replanteen su voto y se decanten por una opción segura, por un partido al que ya han visto gobernar. “Son una generación que tiende, contra todo pronóstico, hacia lo conservador”, asegura y reconoce que se sorprendió cuando los jóvenes parecieron preferir al PSC.

En el caso de Andrea, el motivo para acabar decantándose por Aragonès y no por Illa es distinto. “No estoy lista para votar a un partido unionista. Ya no soy independentista, pero de ahí a ser española...”, apunta. Para jóvenes de su edad, el término 'españolista' sigue cargado de connotaciones negativas. Andrea, por ejemplo, lo relaciona con “franquismo, dictadura y cosas rancias”.

En cambio, los más jóvenes como María (19 años) o Alberto (18) no tienen problema en definirse como españoles y aseguran no ver ninguna connotación negativa en el término. Los motivos son diversos, pero uno de ellos, según Guinjoan, se explica en una encuesta que hizo recientemente Òmnium Cultural y en la que se muestra que los jóvenes de 18 a 24 años son los que creen con mayor firmeza que “hay que dejar de lado las políticas de revisión histórica del franquismo”.

“No han vivido el auge del procés, pero tampoco tienen vínculos con la dictadura, cosa que les hace tener una visión totalmente diferente de España y de lo que significa para alguien en Catalunya”, asegura Guinjoan.

Estamos frente a la primera generación con derecho a voto cuyos padres nacieron ya en democracia, con pleno acceso a Internet y que pasaron la plenitud de su adolescencia confinados. Todos ellos son factores demasiado recientes para ser analizados en profundidad, pero ya están siendo determinantes. 

“Quizás siempre serán conservadores o quizás se volverán radicales con la edad. Quizás lo de esta generación sea circunstancial o quizás los jóvenes serán así siempre”, teoriza Guinjoan, que asegura que, sea como sea, con la generación Zeta ha habido un cambio de patrón a la hora de entender -políticamente- qué significa ser joven. 

Se ha aprobado la ley de amnistía en el Congreso de los diputados. Se ha hablado mucho también de los nombres más conocidos de esa lista de posibles beneficiados por la norma. Sobre todo de uno: Carles Puigdemont. Pero hay cientos de personas que están en segundo o tercer plano, o totalmente fuera del foco, en su casa, esperando a ver qué pasa con ellos.

Hemos hablado con una de estas personas, que nos cuenta su caso: Aleix Villatoro. Es de Esquerra Republicana y actualmente es director del Consell Català de l’Esport, un organismo deportivo dependiente de la Generalitat. En 2017 formaba parte del gobierno que preparó el referéndum del 1 de octubre. Además, el periodista de elDiario.es en Catalunya Oriol Solé nos explica el proceso que va a seguir la ley de amnistía tras su aprobación en el Congreso.

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Decíamos ayer en estas mismas páginas que el festivo y relajado desfile de Entroido que Núñez Feijóo y Alfonso Rueda habían imaginado, cual camino de baldosas amarillas, hacia otra esplendorosa mayoría absoluta se había ido complicando entre los pélets, las debilidades del candidato popular y la vuelta a casa del electorado nacionalista dispersado durante la era Feijóo. Ya es oficial. La campaña gallega se ha convertido en una tortura. 

Ya no es únicamente el CIS quien proyecta que la mayoría absoluta no está ni mucho menos asegurada; también la encuesta de 40dB para la Cadena SER. Aquellas que la dan por segura -La Opinión, La Voz de Galicia, El Mundo- bajan la horquilla popular hasta la mayoría absoluta pelada. Los populares han pasado de filtrar que su suelo era treinta y nueve escaños, a asegurar que esos treinta y ocho necesarios para la mayoría absoluta constituirían una gran victoria. 

De comernos cuatro menciones a Catalunya y dos a Euskadi por cada vez que los candidatos populares mencionaban a Galicia, hemos vuelto a agitar el miedo al nacionalismo gallego y a tratar de desenmascarar la cara oscura soberanista y galegomarxista que se oculta tras el rostro aparentemente amable de Ana Pontón. 

El cambio de estrategia y de discurso del PP en la campaña gallega ha sido tan fulminante y radical que ha cogido a su armada mediática mirando todavía hacia Catalunya y la amnistía. Estaban empezando a virar para contarnos las plagas que acompañan al nacionalismo gallego cuando, de nuevo sin avisar y por sorpresa, el PP comunica al mundo que la amnistía estuvo sobre la mesa al menos un día durante las conversaciones informales entre Junts y el PP para investir a Feijóo. No sólo eso. Si hace examen de conciencia, se arrepiente de sus pecados y formula propósito de enmienda, el terrorista y alto traidor Carles Puigdemont, cerebro del Tsunami terrorista y agente doble al servicio de Putin para destruir el sueño europeo, sería perfectamente indultable.

El caos es total en el seno del complejo político-mediático-judicial popular y se extiende como la pólvora. Qué hay que hacer, se preguntan unos a otros. ¿Ahora la terrorista es Ana Pontón? ¿El verdadero aliado de Putin para destruir Europa es la UPG, el partido marxista-leninista mayoritario en el BNG? ¿Qué se hace con la media docena de sumarios que estaban preparados para seguir investigando el terrorismo del procés y la conexión rusa? ¿Se les da para adelante o no? ¿Puigdemont es un terrorista o sólo un buen catalán de nobles intenciones al que las compañías llevaron por el mal camino pero que merece una segunda oportunidad? ¿Cuántas agendas para la reconciliación hay? Y sobre todo ¿cuál es la que hay que defender y cuál es la que hay que tachar de felonía y traición?

Si se están preguntando qué impacto va a tener sobre las elecciones gallegas la oferta snapchat de amnistía a Puigdemont, ya les adelanto que lo más probable es que poco o ninguno. Si el PP ha cambiado de estrategia se debe a haber comprobado sobre el terreno que los líos de la amnistía nos dejan bastante fríos a las gallegas y los gallegos. 

La pregunta correcta es qué impacto va a tener sobre el liderazgo de Feijóo. Hace un mes Galicia estaba ganada y quien tenía que explicar sus conversaciones con Junts era Sánchez. Hoy Galicia está abierta y quien ha de explicar sus charlas de café con Junts es el líder popular. La cosa va a peor, Alberto; admitámoslo. Y aún puede ponerse más fea.

Dentro de unos días comenzará la andadura parlamentaria de la Proposición de ley de amnistía. Parece que todo apunta a que saldrá adelante. Desde la promulgación de la Constitución de 1978 hasta que comienzan a producirse las reacciones penales frente a las iniciativas políticas encaminadas a conseguir la independencia de Cataluña, nadie había puesto en cuestión, en trabajos académicos, la constitucionalidad de la amnistía. Las opiniones contrarias a su aplicación proceden de eminentes constitucionalistas y penalistas, pero en mi modesta opinión no me parece convincentes y no están avaladas por el Tribunal Constitucional. El recurso a la cita de los debates constituyentes nos lleva a la conclusión contraria. Es cierto que se propuso su inclusión en el texto constitucional y no se consideró necesaria debido a su excepcionalidad. El legislador constituyente solo excluyó la posibilidad de los indultos generales. En pura lógica si la hubiese considerado inconstitucional lo habría declarado expresamente añadiendo tres palabras al texto constitucional: no se autorizan los indultos generales y las amnistías. 

La sentencia de 25 de noviembre de 1986 del Tribunal Constitucional ante la ampliación de la amnistía por una ley de 1984 avala su constitucionalidad. Para quien quiere leerla con criterios gramaticales, lógicos y sistemáticos su posicionamiento es definitivo: es erróneo razonar sobre el indulto y la amnistía como figuras cuya diferencia es meramente cuantitativa pues se hallan entre sí en una relación de diferencias cualitativas. Para los dubitativos añade: la amnistía es siempre una institución excepcional. La posición del Tribunal Constitucional no permite considerar la amnistía como la hermana mayor del indulto.  

¿Por qué es justa y necesaria una amnistía? Trataré de desarrollarlo en un breve preludio. A raíz del “cepillado” por el Tribunal Constitucional del Estatuto de Autonomía, aprobado en un referéndum por los catalanes, los políticos independentistas ponen en marcha una nueva estrategia política. En el año 2012, en la campaña electoral previa a las elecciones autonómicas, Artur Mas propuso la convocatoria de un referéndum al amparo de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana. La Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, así como la convocatoria de dicha consulta, fueron declaradas inconstitucionales por la Sentencia 31/2015, de 25 de febrero de 2015, del Tribunal Constitucional. Para eludir la prohibición constitucional se acudió al subterfugio de plantear un proceso participativo o consulta alternativa que finalmente se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2014. 

Ante la derogación del delito de referéndum ilegal, incompatible con los principios de un sistema democrático, se forzó hasta límites intolerables el delito de desobediencia imputándoselo a Artur Más, que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a dos años de inhabilitación, al considerar que desobedeció al Tribunal Constitucional, que había declarado ilegal la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. No existía delito de malversación según la redacción tradicional de nuestro Código Penal, pero se derivó el gasto de la consulta al Tribunal de Cuentas, que en noviembre de 2018 consideró que el Gobierno catalán usó el dinero público de forma irregular para financiar una consulta que había sido prohibida. El dislate jurídico, incomprensible en el resto de las democracias constitucionales, pasa por considerar que las decisiones de los Parlamentos y de los Gobiernos configurados en virtud de la investidura por la soberanía popular, pueden ser constitutivos de delito. 

Como no se había conseguido una respuesta suficientemente intimidativa por la vía penal, se creó un gabinete jurídico, con la exclusiva finalidad de taponar las grietas por las que se había evadido Artur Mas.  El Gobierno del Partido Popular promulga la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho. Sustancialmente se modifica, entre otros, el articulo 92 en uno de cuyos apartados se establece la posibilidad de deducir el oportuno testimonio para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a los que no cumpliesen sus resoluciones.

La ley fue recurrida por el Gobierno vasco y avalada por la Sentencia 185/2016, de 3 de noviembre de 2016, que cuenta con tres votos disidentes (Adela Asúa, Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol). Considero de interés destacar un pasaje: “La lectura de la defensa que de esta proposición de ley hizo el representante de ese grupo parlamentario en su toma de consideración ante el Congreso de los Diputados y todo el debate que posteriormente se desarrolló en aquella sesión pone de manifiesto que la génesis de esta reforma legislativa está en indubitada conexión con lo que ha venido a denominarse el «procés constituent a Catalunya”.

Para reforzar el círculo punitivo se abandona la tradicional concepción de nuestros códigos penales sobre el delito de malversación. Se importa del código alemán la modalidad la administración desleal de fondos públicos, pero con notoria incongruencia se lleva al Título de los delitos contra el patrimonio por lo que es indefectible la concurrencia de un ánimo de lucro. La administración desleal es un concepto jurídico indeterminado difícil de diferenciar con la apropiación indebida. Por otro lado, no se encuentra en nuestra historia jurisprudencial ni en la de ninguno de los países de cultura jurídica semejante, sentencia alguna que considere la malversación como medio para cometer un delito de sedición.   

Todo lo acontecido en el proceso independentista queda reflejado, de manera irrefutable en el relato de hechos probados de la sentencia definitiva del Tribunal Supremo que se contiene en las páginas 24 a 60. Por supuesto que se puede disentir de su contenido, pero sobre este material tendrá que pronunciarse el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Recientemente este Tribunal se ha manifestado sobre las demandas de los condenados de manera que nos permite vislumbrar cuál va a ser la decisión definitiva. Es interesante la invitación que se hace al Estado español para que llegue a un acuerdo amistoso antes del 14 de enero de 2024, lo que pondría fin al litigio y evitaría un pronunciamiento desfavorable y anulatorio de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No se trata de poner en cuestión al Poder Judicial español, ni siquiera al Tribunal Supremo, tampoco a los componentes de la Sala Segunda que no hayan firmado la sentencia, simplemente se activarían las normas y protocolos que se contienen en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, firmado por España e incorporado en nuestro ordenamiento jurídico.

Una ley de amnistía que tome en consideración todos estos precedentes debe corregir el error de haber derivado el conflicto hacia una vía punitiva que nunca debió ser utilizada. Nuestra Constitución dispone de instrumentos mucho mejores que el derecho penal, como el artículo 155, para poner fin a decisiones que vayan contra el ordenamiento constitucional. Con este preludio, la amnistía puede ser una oportunidad para culminar el cierre de un conflicto que se debió afrontar exclusivamente con las previsiones constitucionales. Afectaría, como es lógico, a los políticos catalanes independentistas y a los ciudadanos y fuerzas de seguridad implicados en procedimientos penales. Los políticos independentistas beneficiados por esta medida, no tienen por qué renunciar a sus convicciones, pero deben ser conscientes de los límites y posibilidades que marca la Constitución y nuestra integración en la Unión Europea.

“Porque Catalunya tiene todo el derecho a decidir su futuro político. Porque algunos están obsesionados en perseguir y reprimir a los catalanes, que sólo queremos poder votar”. Con estas palabras, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que esta tarde ha publicado un vídeo en X (anteriormente Twitter) cargando contra la amnistía.

El president ha escogido la misma fórmula que Ayuso para responder a un mensaje en que la popular lanzaba mensajes como “porque España sí es una nación”, “porque todos en España somos iguales ante la ley” o “porque los golpistas sí cometieron un delito”.

De esta manera, ambos presidentes autonómicos se han intercambiado reproches usando el mismo formato. Así, mientras Ayuso apunta que “España no puede quedar en manos de minorías rabiosas que la odian”, Aragonès replica que “Catalunya ha frenado a la derecha y a la extrema derecha y algunos no pueden soportar perder y que ahora el independentismo tenga la clave”, en referencia a la fallida investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y las negociaciones en curso para investir a Pedro Sánchez.

Son diversas las voces en los sectores de la derecha que han cargado contra el rey Felipe VI por encargar ahora la formación del Gobierno al socialista, que depende de los votos independentistas. “No se puede dañar tanto la imagen de España en el mundo. Por los catalanes que han perdido lo más importante que tenemos: la libertad”, ha reivindicado Ayuso.

A lo que Aragonès ha respondido que “quien más daño hace a la imagen del estado español son aquellos que niegan la democracia”. “Porque a algunos les encanta hablar de libertad y buena gestión y son los que recortan la sanidad publica y tienen niveles más altos de paro. Son especialistas en esconder su incompetencia atacando a Catalunya y su ciudadanía”, ha remachado el president.

Este intercambio de mensajes se ha iniciado con una publicación de la presidenta Ayuso, que ha usado el vídeo para recordar su asistencia a la manifestación que la entidad Societat Civil Catalana organiza en Barcelona este domingo contra la amnistía. Una concentración a la que también han confirmado su presencia otros líderes como Feijóo o Santiago Abascal.

“Por la libertad de Catalunya y España entera, este domingo estaremos en Barcelona. En casa”, ha acabado Ayuso. Finalmente, Aragonès ha cerrado su vídeo afirmando: “Nosotros siempre estamos en Catalunya. Este domingo y cualquier otro día. Siempre al lado de toda la ciudadanía. De toda”.

Apenas una mañana ha durado la apuesta de Alberto Núñez Feijóo por el diálogo con Catalunya. En una entrevista publicada este viernes aseguraba que su intención era mantener la mesa bilateral retomada por el Gobierno de Pedro Sánchez con la Generalitat de Catalunya de Pere Aragónes tras el bloqueo al que la sometió el PP de Mariano Rajoy durante su mandato al frente del Ejecutivo. “No tengo interés en ir contra ninguna mesa si está constituida y tiene como objetivo fundamental tratar asuntos que no afecten a los demás”, decía el candidato del PP en las elecciones generales del 23 de julio en 'El Periódico de España'.

Horas después, un comunicado del partido ha zanjado el asunto: “la Mesa bilateral que Sánchez constituyó con el independentismo, en la que se trata de igual a igual el Gobierno de España y al Gobierno catalán, quedará desactivada si Feijóo logra la confianza mayoritaria de los españoles”.

La mesa de diálogo entre ambos gobiernos fue una de las medidas impulsadas por Sánchez para normalizar las relaciones institucionales con Catalunya después del fracaso del procés independentista, del 1-O y de la aplicación del artículo 155, que privó a la comunidad autónoma de su autogobierno por primera vez desde su restauración tras la muerte del dictador Francisco Franco.

Las reuniones que se celebran tienen como objetivo, precisamente, desencallar el conflicto político derivado del procés, pero también abordar traspasos competenciales atascados, como el servicio de tren de cercanías o las becas educativas, pendientes desde hace décadas.

La mesa bilateral no es un órgano improvisado por Pedro Sánchez, sino que está prevista en el Estatut. Se constituyó en el año 2007, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero Mariano Rajoy la paralizó durante su mandato. Entre 2011 y 2018 el presidente del PP la ignoró. El regreso del PSOE a Moncloa, y la necesidad de reconducir la situación política con Catalunya, permitió su reactivación.

Parecía que Alberto Núñez Feijóo se comprometía a mantener la actividad bilateral con la Generalitat, pese a que en el pasado ha criticado activamente su mera existencia. Como presidente de la Xunta de Galicia, Feijóo criticó que se “premie” a Catalunya con un foro de estas características. También denunció “gratificaciones” al independentismo.

De hecho, Feijóo reunió a presidentes autonómicos, en una cita al margen de estatutos o instituciones del Estado, para protestar por un hipotético acuerdo de financiación bilateral entre el Gobierno y Catalunya que nunca se produjo.

Incluso el líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, prometió hace apenas un año, ya con Feijóo como líder del PP, que si el gallego llevaba a la Moncloa sería el final de la mesa de diálogo.

Pero Feijóo había cambiado el paso. O eso parecía. “No tengo interés en ir contra ninguna mesa si está constituida y tiene como objetivo fundamental tratar asuntos que no afecten a los demás”, asegura en la entrevista en 'El Periódico de España'. Y añade: “Yo en una mesa no puedo tratar asuntos que afecten a los demás sin darle cuenta a los demás. Sí le pediré a la Generalitat de Cataluña, además de mantener un diálogo fluido con sus autoridades, que se incorpore a la mesa multilateral que es la Conferencia de Presidentes y el Consejo de política fiscal y financiera”.

Al filo de las dos de la tarde, el PP reculó en un comunicado: “El presidente del PP ha dicho en una entrevista publicada hoy que mantendrá el diálogo con la Generalitat de Cataluña, como hará con el resto de Comunidades para abordar las cuestiones que afectan específicamente a cada territorio. Como dice también al mismo medio, cualquier diálogo bilateral no puede referirse a cuestiones que afectan al conjunto de los españoles. Por tanto, la Mesa bilateral que Sanchez constituyó con el independentismo, en la que se trata de igual a igual el Gobierno de España y al Gobierno catalán, quedará desactivada si Feijóo logra la confianza mayoritaria de los españoles. Ni en su forma ni en su fondo responde a los objetivos anteriores. Como ha dicho siempre, habrá diálogo, pero no sumisión”.

Feijóo lanzó este jueves la campaña del 23J en Castelldefeles (Barcelona). Ante un millar de personas, el candidato del PP no mencionó la mesa bilateral ni sus recetas para “coser”, como dijo, las relaciones entre Catalunya y el resto de España.

El líder del PP sí comparó hace un par de días en otra entrevista a ETA con el independentismo catalán, y señaló que “las leyes” acabaron con el terrorismo en Euskadi igual que con el procés.

El juez Pablo Llarena ha decidido poner en búsqueda y captura dentro de España a la exconsellera Clara Ponsatí al entender que no ha justificado su ausencia el pasado 24 de abril, cuando fue citada por el Tribunal Supremo tras volver a España. El juez del Supremo reprocha a la eurodiputada que no acudiera sin ninguna causa: “Ha desatendido voluntaria e injustificadamente la citación judicial”, dice el juez, para reprochar a Ponsatí que “las funciones parlamentarias no son sino la excusa frente a una nueva desatención de sus obligaciones procesales”.

Ponsatí fue una de las integrantes del Govern de Carles Puigdemont que abandonó España en 2017 y no regresó después de ser llamada a declarar por los distintos instructores de la causa del procés independentista. Recientemente, tras la derogación del delito de sedición, el magistrado Llarena dejó su procesamiento en un delito de desobediencia, sin pena de cárcel, y Ponsatí volvió a España, siendo detenida en Barcelona y llamada a comparecer por el juez hace ahora dos meses.

Ponsatí no se presentó y el juez entiende que no presentó ninguna justificación para ello. Su defensa alegó que su trabajo como diputada del Parlamento Europeo en varias de sus comisiones y el juez explica que eran por la tarde, así que podría haber acudido al Supremo por la mañana y unas horas después estar de vuelta en la eurocámara o haber solicitado comparecer por videoconferencia.

Su defensa, reprocha el juez, tuvo un “amplio margen” para contactar con el Supremo y comentar estas dificultades de horario y pedir un “reajuste” de su citación. “Se eludió esta previsión y se optó por presentar un escrito exculpatorio que tampoco ha estado seguido de ninguna propuesta de atender el llamamiento judicial con posterioridad al 24 de abril”, zanja el juez.

El juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, ha decidido confirmar el procesamiento de Carles Puigdemont por malversación y desobediencia después de la reforma del Gobierno que derogó el delito de sedición por el que fueron condenados los otros líderes políticos catalanes. El magistrado instructor de la causa ha decidido rechazar los recursos que la Fiscalía, la Abogacía del Estado, las acusaciones y las defensas presentaron contra su auto que imputó estos dos delitos al expresident y a Toni Comín y Lluís Puig, dejando la acusación sobre Marta Rovira y Clara Ponsati en desobediencia.

En este nuevo auto, el juez reitera que esta reforma no implica que los delitos atribuidos a Puigdemont, Comín y Puig puedan encajar en una versión atenuada de la malversación y que lo que antes se consideraba sedición ahora se debe considerar desobediencia. Fiscalía y Abogacía del Estado pedían que reconsiderara su decisión y les acusara no de desobediencia sino de desórdenes públicos agravados.

La reforma del ejecutivo central que derogaba la sedición, creaba un nuevo delito agravado de los desórdenes públicos y modificaba también la malversación tuvo una incidencia directa en la causa del procés. La Sala de lo Penal, por su parte, tuvo que adaptar su sentencia que impuso hasta 13 años de cárcel a Oriol Junqueras y el resto de condenados por sedición, malversación y desobediencia.

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa pasaron a estar condenados en desobediencia en concurso con malversación de caudales públicos. Sus penas de cárcel ya indultadas no se modificaron y tampoco su inhabilitación, lo que mantiene la prohibición del líder de ERC a presentarse a las elecciones en Catalunya en 2025.

En paralelo, el juez Llarena también tuvo que adaptar el procesamiento que pesa desde hace varios años sobre Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes en búsqueda y captura que abandonaron España entre 2017 y 2018, que ya tuvo que ser rebajado de rebelión a sedición después de que el Supremo dictara sentencia. En esta segunda revisión entendió que podían seguir acusados de malversación pero que la sedición debía transformarse en desobediencia.

En este nuevo auto, el juez reitera que los ahora eurodiputados no se pueden ver protegidos por una inmunidad que obtuvieron un año después de su primer procesamiento, y que si en el futuro son encarcelados se les dejará acudir a las sesiones del Parlamento Europeo. Tampoco ven una vulneración de sus derechos en la causa que se sigue contra ellos, por la vía contable, en el Tribunal de Cuentas. “Los dos procedimientos se complementan”, dice Llarena.

La retirada de la sedición el pasado mes de enero ha provocado que el proceso de extradición abierto en Cerdeña (Italia) contra el expresident se haya archivado. El expresident fue arrestado en el aeropuerto de Alguero en septiembre de 2021, pero a las pocas horas fue puesto en libertad. El tribunal italiano consideró que no podía decidir sobre la entrega de Puigdemont hasta que la Justicia europea decidiera sobre su inmunidad.

En un sentido parecido resolvió el pasado mes de enero el juez Llarena, cuando constató que debido a la reforma de Código Penal ya no podía reclamar a los independentistas por sedición, limitando las peticiones de extradición a los delitos de malversación y desobediencia. El juez, sin embargo, dijo que no cursaría una nueva petición de extradición hasta que la controversia sobre la inmunidad estuviera resuelta por los tribunales europeos, algo que podíra no ocurrir hasta finales de año.

Mismas acusaciones, mismos acusados, mismos testigos, y casi los mismos argumentos. En el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) había este martes una sensación de ‘déjà vu’ en el segundo juicio por el proceso soberanista a los miembros independentistas de la Mesa del Parlament que encabezó Carme Forcadell. La única diferencia ha sido el tribunal, que el Tribunal Supremo obligó a cambiar tras apreciar por primera vez falta de imparcialidad en dos magistrados que juzgaron una causa del procés.

La repetición del juicio contra los miembros soberanistas de la Mesa en la etapa de Forcadell obedece a la resolución del Supremo que el pasado mes de noviembre anuló la condena por la falta de imparcialidad de los magistrados Jesús María Barrientos, presidente del TSJC, y Carlos Ramos.

El Alto Tribunal concluyó que ambos habían manifestado en autos previos al juicio una posición explícita sobre cuestiones clave de la causa, por lo que obligó a repetir la vista oral con un tribunal diferente, que a partir de este martes conforman los magistrados Fernando Lacaba, Francisco Segura y María Jesús Manzano.

En el banquillo se han vuelto a sentar los exdiputados neoconvergentes Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó y la republicana Anna Simó, todos ellos miembros de la Mesa de Forcadell bajo la candidatura de Junts pel sí. Los exdiputados han alegado que han cumplido “con creces” la pena de inhabilitación que se les impuso en 2020 por las leyes del procés y que el Supremo anuló, informa EFE.

El TSJC condenó a los cuatro diputados a una pena de 20 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional al permitir la tramitación de las leyes del referéndum del 1-O y de transitoriedad jurídica, que el Parlament aprobó en las tensas sesiones de los días 6 y 7 de septiembre de 2017.

El juicio ha comenzado con las mismas cuestiones previas que ya se plantearon en el que se celebró en 2020: las defensas han vuelto a insistir en que los diputados de estaban amparados por el principio de inviolabilidad parlamentaria, sin que la Mesa pudiera cercenar el debate político propuesto por los grupos.

Judit Gené, abogada de Corominas, Barrufet y Guinó, ha introducido un nuevo elemento en el debate al defender que sus clientes, ya apartados de la primera línea política, han cumplido ya sobradamente con la condena de inhabilitación que se les impuso en 2020 y que les impedía presentarse a cualquier convocatoria electoral.

“Los efectos de la nulidad del anterior juicio oral han causado un grave perjuicio a mis clientes”, ha denunciado la letrada, que cree que debe aplicarse a los acusados la atenuante de dilaciones indebidas porque el Supremo tardó más de un año en resolver que debía repetirse la vista oral.

Gené ha argumentado que, una vez fueron condenados a 20 meses de inhabilitación, la ley electoral impedía a los diputados concurrir a comicios “de ningún ámbito”, con lo que la pena por desobediencia está más que saldada.

La letrada recordado que la pena de inhabilitación que el Supremo impuso a la exconsellera Meritxell Borràs, a la que ella misma defendió en el juicio del procés, quedó extinguida en junio del 2021, cuando el alto tribunal aún no se había pronunciado sobre el caso de la Mesa.

Frente a los argumentos de la defensa, el teniente fiscal de Catalunya Pedro Ariche ha razonado que no han sido las acusaciones quienes han propiciado la repetición del juicio, sino las defensas al presentar sus recursos contra la condena dictada en 2020.

Además, Ariche ha recalcado que si el Supremo ha tardado dos años en resolver los recursos contra la condena de la Mesa del Parlament, “no es porque haya archivado la causa en una estantería”, sino por las demoras provocadas por los incidentes de recusación presentados por las defensas.

El vicepresidente y 13 miembros de los 71 que conforman el secretariado de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha decidido dimitir en bloque durante el pleno celebrado este sábado. Con esta decisión, el secretariado -órgano que gobierna la entidad independentista- se queda en cuadro y marca un antes y un después en la presidencia de Dolors Feliu y confirma la crisis interna de una de las entidades con mayor peso político del independentismo catalán.

La crispación empezó a notarse en la entidad en la reunión del pasado 28 de enero, cuando Feliu propuso crear un grupo de trabajo que confeccionara la llamada 'lista cívica', una propuesta electoral independentista al margen de los partidos soberanistas (ERC, Junts y la CUP). Esta propuesta, que necesitaba dos terceras partes de los votos, fue tumbada por 29 votos frente a 28.

Pero el problema no es tanto la idea de la lista electoral, sino las formas. Los críticos afean a Feliu haber hablado públicamente de la lista sin que haya sido debatida en el marco de la estrategia general de la entidad, que se debe detallar en el pleno previsto para los días 11 y 12 de marzo.

De hecho, Feliu ya esgrimió como amenaza esta propuesta electoral ante los partidos independentistas durante los días previos a la Diada del 11 de septiembre de 2022, una jornada marcada por las tensiones. Tanto, que la manifestación organizada por la ANC, a la que no asistió ningún miembro de ERC ni del Govern, acabó con peticiones de elecciones anticipadas por parte de Feliu.

Feliu descarta dimitir

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha descartado su dimisión, pero si ha reconocido que la lista cívica ha sido un detonante y que “no hay acuerdo en uno de los temas de fondo ideológico”, ha asegurado Feliu en una entrevista este domingo en Catalunya Ràdio.

La presidenta ha explicado que durante el encuentro de ayer se llevaron a cabo “reflexiones de consenso” y se impulsaron “decisiones muy relevantes con amplias mayorías”, pero ha lamentado que las 13 dimisiones fueran “preacordadas antes del pleno”.

Las personalidades más críticas con la gestión de Feliu se organizaron en el colectivo Indesinenter, que la semana pasada emitió un comunicado (sin firmas) que hacía las veces de ultimátum para que el Comité Permanente (el núcleo duro del secretariado) se remodelara y dejara de actuar “con centralismo y abuso de poder” y con “malas prácticas e irregularidades”.

Estas acusaciones se basan en hechos acontecidos durante la reunión del pasado 28 de enero, cuando Dolors Feliu “decidió destituir al secretario nacional escogido presidente de mesa y nombrarse a ella misma”. También critican que se vetaran dos puntos del orden del día y que, a pesar de que la votación con respecto a crear la 'lista cívica' fuera rechazada, se emitiera un comunicado oficial que asegurara que “el compromiso de la Assemblea con las previsiones de su hoja de ruta y la Lista Cívica es del todo vigente”.

Ante estas acusaciones, la ANC emitió un comunicado el pasado jueves en que se escudaba en los estatutos y “mecanismos de democracia interna”, recordando que el Comité Permanente es escogido “democráticamente” entre todos los secretarios nacionales. Así mismo, lamentan las filtraciones a la prensa sobre las crisis internas de la entidad. Igualmente, aseguran que en el pleno de marzo se debatirá ampliamente el asunto de la 'lista cívica' de manera “transparente”.

La intención de los críticos que han dimitido no es la de abandonar la ANC; de hecho el vicepresidente -Jordi Pesarodona- deja el cargo, pero continuará como secretario. La postura de los críticos es la de apartarse y recoger las firmas suficientes para lograr la destitución de la actual dirección y forzar unas elecciones en la entidad.

Miles de personas (4.500 según la Guàrdia Urbana y 10.000 según los convocantes), se han manifestado en Barcelona para protestar por la reforma del Código Penal que comporta la eliminación del delito de sedición y, de la mano, la creación del delito de desórdenes públicos agravados.

Convocadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), se han concentrado a pocos metros del Parlament de Catalunya y han iniciado una marcha que les lleva al Palau de la Generalitat, pasando por la comisaría de la Policía Nacional de la Vía Laietana.

Bajo el lema, “Ningún pacto con España para encarcelarnos”, la entidad denuncia “la represión que hay detrás de la reforma legal”. Así mismo, han acompañado la convocatoria con un vídeo que hace un repaso de las últimas manifestaciones por la Diada y asegura “ningún demócrata puede avalar ni pactar con España el encarcelamiento del activismo independentista”, así como que la creación de desórdenes públicos agravados “convierte en delito nuestra historia”.

Esta manifestación ha agravado las diferencias entre las entidades soberanistas, puesto que Òmnium anunció ayer que no asistiría a la convocatoria de la ANC. En una entrevista con La Vanguardia, el presidente de Òmnium, Xavier Antich aseguró: “No iremos a remolque de nadie y Òmnium no contribuirá a la confrontación entre distintos agentes del movimiento independentista y a hacer antípolítica.

Por su parte, Òmnium celebra la eliminación del delito de sedición, pero también se muestra preocupado de que “vaya de la mano de la ampliación del delito de desórdenes públicos”.

Quienes sí han asistido a la manifestación convocada por la ANC han sido la presidenta y el secretario general de Junts, Laura Borràs y Jordi Turull, así como el diputado de la CUP Carles Riera.

Precisamente Borràs apelaba esta mañana a la unidad independentista en un momento en que los derechos fundamentales “están en cuestión”.

Da toda la impresión que sí. La sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido ha decidido de manera inequívoca que la competencia para la convocatoria de un referéndum de independencia en Escocia la tiene el Parlamento británico y que, sin su autorización, no se puede convocar ninguno. El precedente del referéndum de 2014, que fue posible porque el Parlamento británico cedió temporalmente la competencia al Parlamento de Escocia, encaja perfectamente con la doctrina del Tribunal Supremo. En lo que a la integridad territorial del Reino Unido se refiere, únicamente el Parlamento británico puede actuar unilateralmente. Y puede hacerlo sin tener que dar explicaciones de ningún tipo. Este es el derecho constitucional vigente en esta materia. 

Jurídicamente, pues, está dicha la última palabra. ¿También políticamente? ¿Podemos dar por seguro que la pretensión que ha manifestado Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia y presidenta del Partido Nacional Escocés, de seguir impulsando la convocatoria de un referéndum a través de las elecciones al Parlamento escocés, no va a tener posibilidad alguna de prosperar? ¿Podemos dar por hecho que la convocatoria de unas elecciones plebiscitarias en Escocia tendrá el mismo resultado que la convocatoria de las elecciones catalanas tras los referéndums de 2014 y 2017?

Mi respuesta es que sí. Tras la catástrofe del Brexit, a la que todavía le queda recorrido, no veo que exista posibilidad de la convocatoria de un nuevo referéndum que pueda afectar a la integridad territorial del Reino Unido. No veo posible que un primer ministro británico decida permitir la convocatoria de un nuevo referéndum. La vacuna del Brexit va a ser efectiva por mucho tiempo.

Ahora bien, si Nicola Sturgeon hace efectiva la convocatoria de las próximas elecciones escocesas como unas elecciones plebiscitarias, vamos a asistir a un debate político de enorme interés. 

No podemos perder de vista que el referéndum de 2014 se convocó porque el Partido Nacionalista Escocés ganó con mayoría absoluta las elecciones con un programa en el que figuraba la convocatoria de un referéndum de independencia. Y que esta fue la razón por la que David Cameron entendió que debía permitir la convocatoria del referéndum. En esto Escocia se diferencia esencialmente de Catalunya, donde el nacionalismo está muy dividido y no muy bien avenido en esa división. 

La credibilidad que tiene el Partido Nacionalista Escocés para convocar unas elecciones plebiscitarias no la ha tenido nunca el nacionalismo catalán. Una candidatura que acudiera a las urnas con un solo punto en su programa, la convocatoria de un referéndum de independencia, y que alcanzara una mayoría absoluta muy amplia, generaría, sin lugar a dudas, un debate que sería muy incómodo para el Gobierno de Reino Unido. 

En cierta medida un resultado de esta naturaleza conectaría con la doctrina del Tribunal Supremo de Canadá sobre las condiciones en que podría celebrarse un referéndum en Quebec. Si hay una mayoría clara a una pregunta clara acerca de la independencia, debe iniciarse una negociación de buena fe sobre los términos de la separación. Sería una exigencia democrática que no se debería desatender, decía el Tribunal Supremo canadiense. 

¿Pueden los resultados de las próximas elecciones en Escocia aproximarse a la hipótesis contemplada por el Tribunal Supremo de Canadá? 

No puede, por lo demás, perderse de vista que en la campaña del referéndum de 2014 a los ciudadanos escoceses se les bombardeó con la amenaza de que una Escocia independiente dejaría de ser miembro de la Unión Europea, ya que estados como España vetarían su ingreso por razones obvias. Si queréis permanecer en la Unión Europea, tenéis que votar no a la independencia. Tras el Brexit ha ocurrido lo contrario. Con una mayoría aplastante en Escocia para permanecer en la Unión Europea se ha quedado fuera. 

Jurídicamente todo está muy claro. Políticamente no lo está en absoluto. Es más que probable que asistamos a uno de los debates más interesantes sobre qué debe entenderse por democracia en el siglo XXI.