Esperanza Aguirre tomó posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 y no la abandonó hasta casi nueve años después. En la primera de las tres veces en que juró el cargo, la lideresa prometió que contaba con “el mejor equipo” para gestionar la región de toda la “historia del estado autonómico de España”. Más de 20 años después, seis personas de su máxima confianza durante sus tres gobiernos han sido condenadas o están al borde del banquillo. Alfredo Prada, que entre 2003 y 2008 ocupó la segunda vicepresidencia y la Consejería de Justicia de su ejecutivo, acaba de sumarse a la lista que integran nombres como Francisco Granados o Ignacio González con una condena de siete años de cárcel por malversar 40 millones de euros públicos

Todos ocuparon algunos de los puestos de mayor responsabilidad que pueden ostentarse en un gobierno regional. Vicepresidencias a la diestra de la presidenta regional, consejeros de Presidencia y de Justicia, portavoces y gestores de empresas públicas por cuyas manos pasaban, año tras año, decenas de millones de euros. En el caso de Alfredo Prada, ocupó la cartera de Justicia y la vicepresidencia segunda desde el primer día de Aguirre en la Puerta del Sol hasta 2008, cuando apoyó a Mariano Rajoy en el congreso del PP en Valencia y se ganó su enemistad política sin matices.

Prada fue rápidamente puesto al frente de una de las grandes promesas electorales de Esperanza Aguirre: la Ciudad de la Justicia. Un complejo en Valdebebas, al norte de la región, para concentrar todos los juzgados y tribunales hasta entonces dispersos por la ciudad. El plan parecía no tener fisuras: la Comunidad conseguía los terrenos gratis, hacía caja vendiendo algunos edificios y levantaba una ciudad judicial a la altura de los que existen, por ejemplo, en Barcelona y Valencia.

Altos cargos de Esperanza Aguirre en la CAM condenados, o a la espera de juicio, por corrupción

Alberto López Viejo

Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007

Condenado a 27 años y 10 meses de cárcel por la pieza principal del caso Gürtel

Alfredo Prada

Vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2008

Condenado a 7 años de cárcel por la fallida Ciudad de la Justicia

Francisco Granados

Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid de 2004 a 2011

Condenado a 2 años de cárcel por el chivatazo de la Operación Púnica y a la espera de juicio en varias piezas de la trama

Ignacio González

Vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2012

A la espera de juicio en varias piezas de la trama Lezo

Isabel Gallego

Directora general de Medios de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2015

A la espera de juicio en una pieza de la trama Púnica

Beltrán Gutiérrez

Gerente del PP de Madrid hasta 2014

A la espera de juicio en la trama Púnica y condenado a 8 meses de cárcel por las tarjetas black de Caja Madrid

Ildefonso de Miguel 

Director gerente del Canal de Isabel II desde 2003 hasta 2009

A la espera de juicio en varias piezas del caso Lezo

Altos cargos de Esperanza Aguirre en la CAM condenados, o a la espera de juicio, por corrupción

Alberto López Viejo

Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007

Condenado a 27 años y 10 meses de cárcel por la pieza principal del caso Gürtel

Alfredo Prada

Vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2008

Condenado a 7 años de cárcel por la fallida Ciudad de la Justicia

Francisco Granados

Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid de 2004 a 2011

Condenado a 2 años de cárcel por el chivatazo de la Operación Púnica y a la espera de juicio en varias piezas de la trama

Ignacio González

Vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2012

A la espera de juicio en varias piezas de la trama Lezo

Isabel Gallego

Directora general de Medios de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2015

A la espera de juicio en una pieza de la trama Púnica

Beltrán Gutiérrez

Gerente del PP de Madrid hasta 2014

A la espera de juicio en la trama Púnica y condenado a 8 meses de cárcel por las tarjetas black de Caja Madrid

Ildefonso de Miguel 

Director gerente del Canal de Isabel II desde 2003 hasta 2009

A la espera de juicio en varias piezas del caso Lezo

Lo que sucedió en realidad, según la Audiencia Nacional, es que más de 40 millones de euros se invirtieron en promocionar y publicitar el proyecto mientras la Ciudad de la Justicia no era viable. Más de 13 millones de euros solo en contratar al arquitecto Norman Foster. Otros 100.000 euros más en presentar las maquetas. Más de un millón de euros en una exposición. Un autobús para recorrer Madrid dando a conocer el proyecto. Todo para que, al final, fuera abandonado.

La Audiencia Nacional hace máximo responsable a Alfredo Prada, no solo como consejero del ramo sino como gestor de la empresa creada para impulsar el proyecto, y le impone siete años de cárcel por prevaricación y malversación. Los jueces usan palabras como “esquilmar” o “suma gravedad” para definir lo que hicieron entonces Prada y sus colaboradores. En esos años, además, el vicepresidente de Aguirre ejercía de padrino político de Pablo Casado, que tuvo la idea de convertirle en el vigilante anticorrupción del PP poco antes de su imputación en esta causa.

La condena cuestiona de lleno una de las grandes promesas electorales del primer gobierno de Esperanza Aguirre. No solo por ser un proyecto fallido, sino por haberse hundido gracias a la malversación de sus responsables, que tendrán que poner 40 millones de su bolsillo para pagar el agujero. Y aunque los jueces destacan el “entusiasmo” de la propia presidenta regional, Esperanza Aguirre ha conseguido atravesar sin peligro un nuevo campo sembrado de minas en sus años dorados al frente de la política madrileña. Tal y como ha conseguido hacer en los casos Gürtel, Púnica o Lezo, donde sí ha tenido que declarar en un juicio lo ha hecho como testigo, a salvo de cualquier condena.

Tanto en el juicio que ha terminado en la condena de Prada como después, Aguirre ha centrado sus esfuerzos en blindarse con dos argumentos: ella nunca conoció ninguna irregularidad y el proyecto era un clamor judicial y político, no una ocurrencia suya. Palabras que llevan a lo que ha afirmado en otros procesos penales donde sus subordinados han acabado procesados e incluso condenados.

Alberto López Viejo es el caso más añejo en la nómina de lo que ella misma denominó “ranas”. Viceconsejero de Presidencia hasta 2007 y después Consejero de Deportes, en la actualidad cumple una condena de 27 años y 10 meses de cárcel por aprovechar sus cargos –primero en el Ayuntamiento y después en la Comunidad– para favorecer a las empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones de cientos de miles de euros.

Buena parte de ese botín salió de los contratos que se adjudicaban para organizar actos a los que asistía Esperanza Aguirre. López Viejo, según los jueces, “diseñó una novedosa política de comunicación con mayor presencia de la presidenta”. Todos ganaban: ella tenía una visibilidad inédita y la trama Gürtel se llenaba los bolsillos. Entre varias decenas de actos, lleva el sello de la corrupción la toma de posesión de Esperanza Aguirre en junio de 2007 estrenando su primera mayoría absoluta. Ese día, según los apuntes del contable de la trama Gürtel, López Viejo se llevó una comisión del 50%.

Las distintas sentencias, autos de procesamiento y escritos de acusación de la Fiscalía apuntan en esa dirección: actos de corrupción que, supuestamente, beneficiaron la carrera política de Esperanza Aguirre sin que ella haya pisado un banquillo.

Francisco Granados también fue lo que en política se denomina “hombre fuerte” de Aguirre. Después de dominar la política en Valdemoro, al sur de Madrid, dio el salto al kilómetro cero como consejero, entre otras cosas, de Presidencia y Justicia. Fue detenido en 2014 como uno de los cabecillas de la bautizada como 'operación Púnica', término en latín que designa al granado.

En esa causa, por el momento, Granados ya ha recibido una sentencia firme: dos años de cárcel por intentar reventar la operación aprovechando un chivatazo de un guardia civil. Pero está a la espera de juicio en varias piezas separadas de la causa. Una por irregularidades en la adjudicaciones de suelo público de la Comunidad y otra por las ilegalidades que impulsaron económicamente la campaña con la que Esperanza Aguirre arrasó en las elecciones de 2011.

Granados, considerado uno de los grandes escuderos de Aguirre, dejó morir su relación con su antigua jefa a medida que avanzaba la causa judicial y empezó a lanzar acusaciones contra ella en las diligencias que investigaban si su campaña de 2011 se financió de forma irregular. Una causa en la que, a modo de excepción, el juez Manuel García Castellón imputó a Esperanza Aguirre antes de dejarla fuera del procesamiento y, en la práctica, a salvo de un juicio que todavía está por celebrar.

El auto de apertura de juicio oral, dictado hace unos meses y pendiente de ser ratificado en una futura sentencia, que el modus operandi del PP de Madrid en aquellos años era siempre el mismo cuando llegaban unas elecciones: autorizar gastos electorales que no eran declarados a la Cámara de Cuentas. Usar “empresarios afines” para hacer los trabajos pero después, con ingeniería contable, no hacer saltar las alarmas de las autoridades. Y todo a mayor gloria de una candidata que, según la Audiencia Nacional, no tenía por qué saber que cabalgaba a lomos de la supuesta corrupción de sus colaboradores.

El juicio estudiará cómo se pagó el buzoneo de sus papeletas, las banderas que ondeaban en sus mítines o el mismísimo coche usado para el transporte de Aguirre. Y en el banquillo no solo estará Granados. También estará Beltrán Gutiérrez, gerente del PP madrileño durante más de una década y condenado por las tarjetas black de Caja Madrid a quien el juez hace responsable de esta contabilidad ficticia, salvado por la prescripción de responder también por comicios anteriores. Encima de la mesa, entre otros, hay un delito electoral en su modalidad de falseamiento de las cuentas.

En la política no todo el poder está en las consejerías, las concejalías o los ministerios. Y en la Comunidad de Madrid, durante el reinado de nueve años de Esperanza Aguirre, la dirección general de medios también se ubicó a la diestra de la presidenta regional con Isabel Gallego a la cabeza, en ese departamento desde 2003 hasta 2015. En sus recursos y alegaciones, por ahora rechazados, Gallego se ha intentado desmarcar de esta 'caja B' del PP madrileño asegurando que “la encargada de Comunicación era Lucía Figar y la de redes sociales Isabel Díaz Ayuso”.

El último nombre de esta lista de altos cargos es el de Ignacio González. El único consejero que estaba allí el día en que Aguirre tomó posesión como presidenta por primera vez en 2003 y que seguía en Sol para, en 2012, coger el testigo después de su primera dimisión. González, presidente regional entre 2012 y 2015 después de Aguirre y antes de Cifuentes, fue detenido como uno de los cabecillas de la operación Lezo, sucesora de Gürtel y Púnica, centrada también en la Comunidad de Madrid pero en otros departamentos poco explorados por los jueces, sobre todo el Canal de Isabel II.

González tampoco ha sido condenado pero está a la espera de juicio en hasta tres piezas separadas del caso Lezo con la Fiscalía pidiendo condenas de cárcel para él. Después de ser exonerado en una causa por blanqueo, la Audiencia Nacional tiene pendiente juzgarle por la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissao cobro de comisiones mediante, por las irregularidades en la construcción del eterno proyecto de llevar el tren a Navalcarnero y, finalmente, por las ilegalidades que también rodearon la construcción de un campo de Golf en Chamberí. Junto con él irá al banquillo Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal de Isabel II en esos años.

La detención de Ignacio González en 2017 fue la gota que colmó el vaso de la capacidad de Esperanza Aguirre para afirmar que ella había destapado tramas que, en realidad, si fuera por su actuación nunca habrían llegado a manos de la Justicia. A las puertas de la Audiencia Nacional, tras declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel donde Alberto López Viejo esperaba su condena, Aguirre rompió a llorar al ser preguntada por Ignacio González, otra de sus manos derechas engrilletadas: “Si es culpable, sería un gran palo”.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral de la pieza 9 del caso Púnica, también conocida como caja B del Partido Popular de Madrid. En un auto fechado este miércoles, el magistrado sienta en el banquillo al que fuera mano derecha de la expresidenta Esperanza Aguirre, Francisco Granados, y al gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez, entre otros. De nuevo, subordinados de Aguirre se sientan en el banquillo mientras ella se libra. A ambos, el juez les atribuye un delito electoral en su modalidad de falseamiento de cuentas. En el caso de Granados, además, le abre juicio por tráfico de influencias en concurso con malversación y de prevaricación.

En total, el juez propone juzgar a siete personas, la mayor parte colaboradores estrechos de Aguirre en el ejecutivo regional junto con empresarios, pero no estarán ni la expresidenta ni su sucesor, Ignacio González, al haber sido sobreseída la causa respecto de ambos en octubre de 2022. Sobre Aguirre, el juez concluyó entonces que no se había podido acreditar que “tuviera conocimiento” de la financiación irregular de las campañas del PP o del desvío de dinero público para promocionar su imagen.

Así, el banquillo se sentarán los citados Granados y Gutiérrez, el exconsejero Borja Sarasola, la exjefa de prensa de Aguirre Isabel Gallego, el empresario Alejandro de Pedro, el informático José Martínez Nicolás y el antiguo trabajador de la compañía Indra Diego Mora. Por contra, García Castellón rechaza la solicitud de la acusación popular ADADE de declarar partícipes a título lucrativo al PP y a sus 72 diputados autonómicos que resultaron electos en los comicios de 2011, donde el juez considera que se cometió el delito electoral investigado.

Perdido en un armario, como si hubiera caído de una prenda colgada en su interior, un guardia civil encontró en el domicilio del gerente del PP Beltrán Gutiérrez un pequeño lápiz de memoria que escondía el sistema de financiación irregular del Partido Popular en Madrid. Un “puto pendrive”, como se refirió Francisco Correa a la prueba principal del caso Gürtel, volvía a comprometer el futuro de la formación.  Tanto como para convertirse en uno de los hitos de la investigación que ha llevado a la Unidad Central Operativa (UCO) a acusar a la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, de haber colaborado en esa financiación irregular a través de la adjudicación de contratos al donante del PP Arturo Fernández.

El hallazgo de ese 11 de febrero de 2017 fue el premio que buscan los investigadores en cualquier registro. Ahí arranca el itinerario de unas pesquisas documentadas en el sumario de Operación Púnica con un detalle que desmonta cualquier teoría que apunte a una conspiración contra Cristina Cifuentes y sus aspiraciones, incluida la que ella misma se ha encargado de alentar al asegurar que después de treinta años en política no cree en casualidades.

La cuenta atrás para la bomba que ha supuesto la publicación de los informes de la UCO echó a andar el 5 de mayo. Ese día, el juez Eloy Velasco notificó a las decenas de abogados personados en el caso Púnica, a través de una providencia, que levantaba el secreto parcial de la pieza separada que investiga la financiación irregular del PP de Madrid. Entre la providencia del magistrado y la recepción de los tomos por los abogados de las partes hubo otra notificación el 8 de mayo del secretario del juzgado detallando qué partes quedaban bajo secreto, principalmente documentación recabada de distintos organismos cuya divulgación podría dañar la marcha de la investigación.

Velasco sabía que iba a ser seleccionado para ascender a la nueva Sala de Apelaciones y antes de irse quería levantar el secreto de la pieza más relevante de Púnica e imponer una fianza a Granados, su principal acusado y en prisión incondicional desde octubre de 2014, según explican fuentes del caso. Había que escanear 5.496 folios que estuvieron finalmente listos para las partes en la mañana del día 16 de mayo. Al filo de las 14.30 algunos medios publicaron las primeras informaciones sobre la presidenta madrileña. A las 14.33, eldiario.es aludía a dos informes incluidos en los tomos 145 y 148 y titulaba: “La Guardia Civil implica a Cristina Cifuentes en la financiación irregular del PP”.

Para llegar hasta aquí resulta conveniente remontarse al inicio de Púnica. El caso había nacido de la comunicación por parte de las autoridades suizas, a principios de 2014, de que Francisco Granados tenía una cuenta sospechosa en una sucursal bancaria del país. Con esa información, la Fiscalía Anticorrupción acudió a la Audiencia Nacional y el caso cayó en el Juzgado de Velasco. Arrancaba en secreto la causa Púnica. Hasta que saltó a los medios el 27 de octubre de 2014.

Esa mañana, agentes de la UCO se presentaron en el chalet que Granados tiene en Valdemoro, le enseñaron una orden judicial, lo detuvieron y registraron la vivienda. En el acta redactada por el funcionario del juzgado se dejó constancia del hallazgo de “una agenda de color negro con el anagrama Moleskine, foliado desde la 1 a 123”.

Junto a esa agenda encontraron otra similar de color morado y once dispositivos de almacenaje electrónico, entre discos duros externos, tabletas, lápices de memoria y ordenadores portátiles. Pero Granados había elegido la libreta negra para anotar a mano entradas y salidas de distintas cantidades de dinero (“in” y “out”) al lado de fechas y unas misteriosas siglas: “JLM”, “Me” y “BG”. 

La confesión de Marjaliza

Hasta el verano de 2016, el juez Eloy Velasco y las dos fiscales del caso no pudieron contar con un traductor para esas siglas. Es por esas fechas cuando el empresario David Marjaliza, en prisión provisional desde su detención junto a Granados, cambia su rol de cabecilla de la red a colaborador de la justicia. Sus expectativas judiciales y el deseo de abandonar la prisión provisional empujaron al antiguo amigo del político a contar a los investigadores que “BG” era Beltrán Gutiérrez, el gerente del PP madrileño de toda la vida, guardián de la caja fuerte del partido de Esperanza Aguirre.

La UCO comenzó entonces a comprobar la versión de Marjaliza. Beltrán Gutiérrez era gerente del Partido Popular con Granados de secretario general. Esperanza Aguirre se había visto obligada a cesarlo por el escándalo de las tarjetas ‘black’, pero Gutiérrez siguió a sueldo del partido. Granados y el exgerente también habían compartido responsabilidades en Fundescam, la fundación que financió de manera irregular el PP de Madrid, tal y como se destapó en el caso Gürtel.

Los agentes recuperaron las intervenciones telefónicas al antiguo hombre fuerte del PP madrileño y hallaron una en la que Granados hablaba con María Victoria Cristóbal Araújo, concejala de Majadahonda y cargo de confianza del exsecretario general.

Esa charla se produce el 8 de octubre de 2014 a las 18:15 horas. Granados llama a Cristóbal para hablar de la imputación Beltrán Gutiérrez en las ‘black’ y ella saca un tema que parece incomodar a Granados. “Porque le dije el otro día a Miriam: ‘como se vaya Beltrán, el gerente será Pedro Antonio, que es de confianza”, dice la mujer. Y añade: “Ya para cuadrar el círculo, así el dinero no pasa ni por la sede, va donde lo recojan a la casa del que sea”. Granados, incómodo, cambia de tema.

Con la declaración de Marjaliza y el resto de indicios recogidos, los agentes redactan un informe de 23 páginas solicitando una serie de entradas y registros y se lo entregan al juez el 9 de febrero de 2016. El objetivo es el domicilio y el despacho de Beltrán Gutiérrez. También piden entrar en el despacho de Javier López Madrid, consejero de OHL, y en el domicilio del exdiputado autonómico y antiguo delegado del Gobierno Pedro Núñez Morgades. La Fiscalía apoya las peticiones de la UCO y el juez Eloy Velasco autoriza todos los registros, excepto el de la vivienda de Núñez Morgades. El magistrado considera que basta con llamarlo a declarar.

Aparece el pendrive

Entre el 11 y el 12 de febrero de 2016 se produce la operación. La entrada en el despacho del PP madrileño, en una planta del edificio de Génova, hace saltar el caso a los medios: el juez investiga en una pieza secreta de Púnica la financiación irregular del PP de Madrid.

En la casa de Beltrán Gutiérrez, en el madrileño barrio de La Prosperidad, aparecen tres pendrive. Pero los investigadores confieren especial importancia al lápiz que recoge el guardia civil en el fondo del armario con la inscripción ‘Indra’. “Figura un archivo contable al cual se accede tras la apertura de las carpetas denominadas ‘Elecciones 2007-Proveedores’ que permitió acceder a una carpeta final denominada ‘Back revs’, en alusión a las siglas de una empresa, y en donde se localiza finalmente el citado archivo contable denominado 'Actos de Partido Popular de Madrid 2006-2007', que contabilizan actos del Partido Popular de Madrid, fundamentalmente referidos al año 2007 y Ia campaña electoral celebrada en ese mismo año”, escribe después la UCO en un informe incorporado al sumario.

Los agentes de la UCO no trabajan solos. Sus movimientos están supervisados por las dos fiscales del caso, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, y por el propio juez Eloy Velasco. Son los únicos que conocen los avances en las pesquisas. Como ejemplo, la detención de Granados. El entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, supo que su excompañero de partido iba a ser arrestado tan solo unas horas antes del arresto.

Los guardias siguen su trabajo. Se apoyan en otros investigadores, como los de la Agencia Tributaria. El 15 de marzo de 2016, el teniente instructor de las diligencias dirige un escrito al juzgado para que solicite al organismo dependiente de Hacienda abundante documentación de las empresas que han aparecido en la documentación incautada a Beltrán Gutiérrez. Ese informe y el aval de las fiscales y el juez también se pueden encontrar en el sumario.

Por otra parte, el gerente Gutiérrez aparece como autorizado en “numerosas cuentas” del PP de Madrid y a la vez en otras de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam). Los agentes analizan la documentación y concluyen que la mayoría de gastos pagados desde la cuenta corriente de Fundescam en el año 2007 “tendrían como finalidad la de abonar gastos electorales del Partido Popular de Madrid”. En el auto de entrada y registro, Eloy Velasco ya asume la tesis de que la agenda de Granados apunta a que el PP habría recibido al menos 1,6 millones de procedencia irregular por la vía de Beltrán Gutiérrez.

Los contratos con Arturo Fernández

En este punto la investigación comienza a acercarse a Cristina Cifuentes. Entre las aportaciones encontradas por los investigadores figura “la más importante”, asociada a la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM), por valor de 100.000 euros, seguidas de dos efectuadas de 60.000 euros cada una “dimanantes del empresario Arturo Fernández Álvarez, a través de la Fundación Cantoblanco y de una empresa.

Los investigadores centran sus pesquisas en Fernández y otros empresarios donantes y en los contratos que sus empresas hubieran obtenido de la Comunidad de Madrid después de las elecciones de 2007, la primera campaña financiada irregularmente según la documentación incautada a Gutiérrez.

Acreditado el vínculo de Fundescam, los agentes buscan en las administraciones controladas por políticos del PP que hubieran tenido cargos en la citada fundación. Aunque está secreta, la investigación no puede evitar dejar algunos rastros, como cuando los agentes se presentan en la Asamblea madrileña para recabar la documentación de esos contratos en la mañana del 27 de septiembre de 2016.

El 1 de marzo de 2017 entra en el juzgado de Velasco un documento, con el sello de la UCO, bajo el título ‘Informe policial relativo a las relaciones contractuales mantenida entre la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades S.L y la Asamblea de Madrid’. Consta de 67 páginas y va firmado por un cabo 1º, el experto de la Unidad en contratos con la Administración, y un teniente del mismo grupo, instructor de las diligencias.

Los dos agentes citados rubrican el documento, pero es la Unidad Central Operativa, cuyo emblema aparece en la primera página, quien asume el informe en toda su extensión, desde el coronel que manda la unidad hasta el último guardia, explican en la UCO. Así fue el día que se entregó y así sigue ocurriendo después de los ataques de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de una parte de la derecha mediática, involucrada históricamente, y hasta pocos días antes la divulgación del informe, en una competición por vender las virtudes de la Guardia Civil, incluida su unidad de élite contra el crimen organizado.

En las conclusiones del informe, los agentes describen el proceso de adjudicación del servicio de cafetería a la empresa de Arturo Fernández y dedican el apartado quinto del punto 7 a una “valoración policial”: “Los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente informe policial y relativos a los hechos descritos en el mismo, podría ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho”. A continuación señalan a cuatro personas, entre ellas a Cristina Cifuentes.

En ese mismo punto se aclara que los “elementos probatorios” que derivan en un delito de cohecho proceden de otro informe, que los propios agentes califican de “principal”, que figura en ese mismo tomo y en el que acreditan la financiación irregular del Partido Popular en tres campañas electorales. Ese es el objeto primero de la pieza y no la participación de Cristina Cifuentes.

Sin embargo, el juez Velasco comienza a difundir a través de varios medios, de un modo informal, su valoración del asunto que ha ocupado una parte de los principales titulares: la posible implicación de la presidenta madrileña. El magistrado asegura que no aprecia delito en su conducta. Después matiza que así es, al menos por ahora.  

El juez y las fiscales se suman a la UCO

A los dos informes citados de la Guardia Civil hay que sumar un tercero, ampliatorio, sobre las declaraciones ante los agentes de los otros tres implicados en la concesión. Cifuentes no pudo ser interrogada por los guardias al estar aforada. Cinco días después del informe sobre Cantoblanco, las fiscales y el juez se pronunciaron en sendos escritos en el mismo sentido que la UCO.

Las fiscales escribieron que se han “identificado varias adjudicaciones en favor del Grupo de Arturo Fernández, quien siempre que se determinó a realizar una donación a Fundescam obtuvo la adjudicación de diversos contratos públicos de Vicepresidencia [del Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde estaba Ignacio González] y de la Asamblea de Madrid en 2007, 2009 y 2011”. Velasco remató en un auto que se trata de “múltiples irregularidades penalmente relevantes”.

Para cuando los medios habían escudriñado el sumario y encontrado esos informes de Fiscalía y el auto del juez, Cifuentes ya había salido a atacar el trabajo de la UCO, aferrada a las noticias sobre el posicionamiento del juez Velasco, difundido en “fuentes jurídicas”. El viernes se supo que la presidenta había ordenado a los servicios jurídicos de la Comunidad, pagados con dinero público, elaborar un contrainforme cuyas conclusiones se difundieron a los medios bajo el titular “No hay caso”.

El CGPJ había adoptado el miércoles la decisión, conocida de antemano, de nombrar a Velasco para la Sala de Apelaciones. El informe de la UCO sobre los indicios contra Pedro Antonio Sánchez en el caso Púnica trascendió a finales de mayo de 2016 y el juez no elevó exposición razonada al Tribunal Supremo de Justicia de Murcia hasta principios de abril, diez meses después. A ese ritmo, y teniendo en cuenta que a Velasco le quedan entre dos y seis semanas en el juzgado, será su sustituto quien deba valorar en un auto si se debe investigar a la presidenta de Madrid, como propone la UCO, o si no hay caso, como defiende la propia Cifuentes.

El Partido Popular mantiene como gerente en Madrid a un empleado que participó en la financiación irregular de las campañas de Esperanza Aguirre, según consta en el sumario Púnica que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Guillermo Mayoral, actual gerente del PP de Madrid que sustituyó en 2014 a Beltrán Gutiérrez –el hombre de las cuentas de toda la vida que fue destituido tras su imputación en las tarjetas black– también conoció de primera mano las ilegalidades en la forma de pagar aquellas campañas electorales que ahora se investigan.

La implicación de Mayoral, quien continúa en la gerencia del PP madrileño, queda patente en un cruce de correos del 31 de julio de 2007 entre dirigentes del PP madrileño y Waiter Music, un proveedor habitual de los mítines del partido que facturó entre 2006 y 2010 más de 19 millones de euros a ayuntamientos del Partido Popular de la región. Esa correspondencia es muy relevante porque los investigadores sospechan que la empresa inflaba los contratos públicos para sufragar las campañas del PP en la era de Esperanza Aguirre.

En el intercambio de comunicaciones interceptado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil e incorporado al sumario, el PP y Walter Music –empresa clave de la trama según el juez y la Fiscalía Anticorrupción– acordaron falsear el coste del mitin de fin de campaña de las autonómicas y municipales de 2007 que se cerró con las actuaciones de Azúcar Moreno e Iguana Tango. Ese baño de masas en el Palacio de los Deportes de Madrid –donde intervinieron el presidente del partido, Mariano Rajoy, junto a sus candidatos de entonces a la Comunidad, Esperanza Aguirre, y al Ayuntamiento de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón– se acabó cargando a la cuenta de dos municipios madrileños gobernados por el PP: Pinto y Valdemoro, con 25.000 euros cada uno.

El actual gerente del PP Guillermo Mayoral –quien según fuentes del PP madrileño solo puede ser destituido “por la gerencia del partido a nivel nacional que es quien le nombró y quien le paga el sueldo”– era por aquella época un subordinado en el PP madrileño del responsable de las cuentas, Beltrán Gutiérrez. Y como parte del equipo económico del partido Mayoral fue informado en ese cruce de correos por un directivo de Waiter Music Luis Huerta de que el acto presupuestado en 48.600 euros más IVA se facturaría al partido por menos de la mitad de su coste (20.000 euros, impuestos incluidos).

En un mail fechado el 31 de julio de 2007 a las 13:55 horas y que se encabeza bajo el asunto “Facturas” y que figura en el informe de la Guardia Civil, Luis Huerta, representante de Walter Music e imputado  en la causa, cuenta a Mayoral: “Estimado Guillermo, según conversación mantenida te adjunto el desglose de los importes. Ruego me digas lo antes posible cómo facturo esto y la forma de cobro”. A continuación, el directivo de la firma proveedora del PP madrileño hace la cuenta de los costes: contratación de Azúcar Moreno (30.000 euros) e Iguana Tango (15.000), servicio de catéring (250 euros), mobiliario para los camerinos (1.650 euros), equipo de sonido (600 euros) y producción (1.100 euros). El presupuesto total asciende a 48.600 euros, más IVA.  Sin embargo, al final del mail el directivo de Walter Music señala: “Siguiendo instrucciones de Edelmiro (Consejería de Presidencia) [un hombre de la confianza del entonces consejero y secretario general del PP madrileño, Francisco Granados], les hicimos un contrato por 20.000 euros IVA incluido, aún sabiendo ambas partes que ascendía a una cantidad mayor, como te explico anteriormente”.

Cinco horas después de recibir el mail, a las 18:59, Guillermo Mayoral lo reenvió a quien era su jefe en la sede popular de la calle Génova, el gerente Beltrán Gutiérrez, hoy imputado en la pieza separada de la financiación ilegal que instruye el magistrado Eloy Velasco.

Precisamente fue un pen drive incautado a Gutiérrez el que permitió a la Guardia Civil comprobar que el coste real de ese mitin en el Palacio de Deportes de Madrid lo acabó cargando Waiter Music a los ayuntamientos de Pinto y Valdemoro.

El documento de la contabilidad del PP regional bajo el título “Deudas Nov 07” enumera el apunte “Actuaciones Fin de Campaña, 54.432 euros, Pinto/Vald” junto con otros importes pendientes de pago de la campaña electoral. El informe de la Guardia Civil  señala: “Merece la pena destacar la referencia a Pinto/Valdemoro para el pago de ”actuaciones de finde campaña, de la que puede demostrar con la información procedente del registro de la empresa Waiter Music (organizadora del evento) que estaba previsto que fuera sufragado con fondos públicos procedentes de los Ayuntamientos de Pinto y Valdemoro“.

La contabilidad interna de Waiter Music es la tercera evidencia que halló la UCO del desvío de fondos públicos para pagar mítines del PP con una caja B que solo en las campañas de 2007, 2008 y 2011 manejó 4,9 millones de euros, según los investigadores.

La documentación de la empresa incautada por la Guardia Civil computa como trabajos realizados pendientes de facturar a distintos municipios, junto a conceptos como “pista de hielo de navidad” o “4 generadores para cabalgatas”, dos importes idénticos que atribuye a los ayuntamientos de Pinto y Valdemoro: “50% Cierre campaña PP Palacio de los Deportes, 25.862,07 euros”. 

Los investigadores están convencidos de que esos fondos servían para pagar a Azúcar Moreno, Iguana Tango y la producción del mitin final de campaña.

El exgerente aseguró que el día a día lo llevaba Mayoral

El propio Beltrán Gutiérrez cuando fue interrogado por agentes de la UCO el 12 de febrero de 2016, dos años después de abandonar el puesto pero todavía a sueldo del PP, admitió que su subordinado –y sucesor con el paso del tiempo– estaba al tanto del grueso de los movimientos de tesorería del partido. El exgerente aseguró que el partido se nutría “de aportaciones del grupo popular en la Asamblea de Madrid, de afiliados y también por donativos cuando estaba permitido por ley”. Los investigadores le plantearon quién supervisaba los números del partido y Gutiérrez señaló “que la contabilidad del Partido Popular de Madrid la llevaba Guillermo Mayoral. ”El declarante solo supervisaba los informes finales por encima“, dijo entonces Gutiérrez a la Guardia Civil.

Guillermo Mayoral, quien de momento no figura como imputado en este caso, evitó atender las llamadas de eldiario.es y colgó el teléfono al redactor que le pedía su versión sobre los hechos que relata el sumario Púnica. Los documentos que figuran en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se pueden consultar aquí:

La financiación irregular del Partido Popular a nivel nacional ya se toca en los juzgados con la de la formación en Madrid, a nivel regional, en tiempos de Esperanza Aguirre. Por primera vez, el juez que instruye el caso de la caja B o 'papeles de Bárcenas' solicita a su colega de la Audiencia Nacional Eloy Velasco documentación incautada en la pieza de la Operación Púnica que persigue la financiación irregular del PP madrileño.

En un auto al que ha tenido acceso eldiario.es, De la Mata libra un exhorto al Juzgado de Instrucción número 6 para que le remita “testimonio de la documentación hallada en el domicilio del investigado Beltrán Gutiérrez, exgerente del Partido Popular de Madrid, que sea perteneciente o esté referida a Luis Bárcenas Gutiérrez y/o al Partido Partido Popular”.

El juez Velasco mantiene abierta una pieza secreta del caso Púnica sobre la financiación irregular del PP de Madrid. En ella están imputados, entre otros, Beltrán Gutiérrez, y el consejero de OHL Javier López Madrid, detenido la semana pasada dentro de la Operación Lezo. Precisamente, una de las líneas de investigación de esta causa, igualmente instruida por el juez Velasco, está dedicada a otra vía de financiación irregular del PP madrileño, en este caso a través de la empresa pública Canal de Isabel II.

La petición a la que atiende el titular del Juzgado número 5, José de la Mata, responde a la petición de una acusación popular en el caso de la caja B, Observatori Desc. Debido a un error en el Juzgado Central de Instrucción número 6, distintos documentos de la pieza secreta de la Operación Púnica fueron puestos en conocimiento de las partes personadas, a pesar de pertenecer a la pieza secreta.

Así pudo conocerse que en carpetas incautadas en el domicilio de Beltrán Gutiérrez se guardaban cientos de facturas del matrimonio que forman Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, amigos del exgerente regional del PP y su esposa, según adelantó El País. Observatori Desc aprovechó las informaciones publicadas para pedir que se incorporen a la causa éstos y cualquiera otros documentos que tengan que ver con Bárcenas, Iglesias o el Partido Popular hallados en el domicilio de Gutiérrez. El fiscal del caso, Antonio Romeral, ha apoyado la petición de la acusación popular.

El caso de la caja B estaba pendiente de que se señalara la fecha del juicio cuando se produjo la confesión de Francisco Correa en el caso Gürtel acerca de la financiación irregular del PP nacional, con mordidas de entre el 2% y el 3%, a cambio de adjudicaciones de gran obra pública en la época de Aznar. Otras dos acusaciones populares, IU y Adade, solicitaron que se reabriera el caso y Anticorrupción apoyó la solicitud.

El juez De la Mata acordó la reapertura y llamó a declarar a Correa, al empresario Alfonso García-Pozuelo, quien también se había referido a las mordidas durante el juicio de Gürtel, y al presunto comisionista Plácido Vázquez. Pero los dos primeros se echaron atrás y se negaron a colaborar ante el juez De la Mata. Vázquez también se acogió a su derecho como imputado a no declarar. Correa comparte ahora abogado con García-Pozuelo, viejo conocido del caso de la caja B al aparecer como donante de dinero negro al PP en los 'papeles de Bárcenas'.

Con su negativa a declarar, la reapertura del caso parecía condenada al fracaso, pero la petición de Observatori Desc ha provocado que se vaya a incorporar nueva documentación, cuyo alcance real se desconoce aún debido al secreto bajo el que mantiene esa pieza de Púnica el juez Eloy Velasco.

Dos cajas B muy unidas

Las acusaciones populares que las cajas B del PP local y del nacional están íntimamente relacionadas. Según El Español, el tesorero nacional apuntó en uno de sus papeles sobre el presupuesto de las elecciones autonómicas de 2003: “Aportación entregada por Beltrán Gutiérrez: 210.305 euros de donativos”. Por otra parte, El MundoEl Mundo publicó en marzo anotaciones de Bárcenas y el extesorero Álvaro Lapuerta que probarían cómo Génova ayudó a blanquear al PP de Madrid dinero negro procedente de donaciones irregulares.

Cuando la documentación de Beltrán Gutiérrez llegue al juzgado de Instrucción número 5 ya serán tres las causas en las que aparece la presunta financiación irregular del PP de Aguirre: Púnica, Lezo y caja B. Las dos primeras, investigadas por Eloy Velasco; la tercera por José de la Mata.

Antes de la reapertura de la caja B, el caso se había visto reducido al pago de las obras de Génova con dinero negro. La veintena de empresarios que aparecían en los papeles de Bárcenas como donantes en B al partido en el Gobierno fueron exculpados porque no se pudo demostrar que las entregas fueran a cambio de una adjudicación concreta. En el momento de los hechos no existía el delito de financiación irregular.

La investigación dejó fuera también a los responsables del PP por encima de los tesoreros. Sin embargo, un hecho reciente, la citación de Mariano Rajoy para que declare como testigo en el juicio de Gürtel hace confiar a las acusaciones populares en que ese mismo tribunal atienda a su solicitud de que también comparezca el presidente del PP y del Gobierno en el juicio sobre la financiación irregular de su partido.

Unas anotaciones halladas en el domicilio del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez llevan a pensar a los investigadores del caso Púnica que la campaña que sirvió en 2007 a Esperanza Aguirre para revalidar su victoria de cuatro años antes, fruto del 'tamayazo', se pagó de forma irregular con dinero procedente de la patronal madrileña.

En el sumario de la causa Púnica figuran unas anotaciones realizadas presuntamente por Gutiérrez en las que se refleja una cita con CEIM junto al nombre de tres empresas que fueron proveedores del PP en aquellos actos, Sintra, Over y Carat. Al frente de esta última estuvo el que fuera portavoz del Gobierno Miguel Ángel Rodríguez con José María Aznar.

Over hace referencia a la empresa del publicista Daniel Mercado. Imputado en varios casos de corrupción por amañar contratos de administraciones del PP, los investigadores de Púnica le señalan como uno de los empresarios que financió al partido en Madrid pagando actos de campaña con el dinero que distraía de las adjudicaciones.

Las flechas junto a las empresas hacen pensar que los pagos no solo fueron realizados también por el PP sino por la Comunidad de Madrid (“CAM”) o la patronal madrileña (“Diego de León”, en referencia posible a la calle donde tiene su sede).

La financiación irregular de la campaña de Esperanza Aguirre ya apareció en la investigación del caso Gürtel. Entonces quedó acreditado que Fundescam, una fundación del PP, sirvió para esconder el pago de los empresarios madrileños a la campaña, pero cuando se descubrió, los delitos habían prescrito.

Los investigadores de Púnica creen, sin embargo, que Fundescam siguió actuando de forma similar incluso después de que estallara el caso Gürtel y que podría haber un delito continuado en el tiempo, objeto del caso Púnica, que habría interrumpido esa posible prescripción. 

El exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez ha negado este lunes que el partido tuviese una caja B nutrida a través de distintas vías de financiación ilegal. Así lo ha dicho ante el juez Eloy Velasco, que instruye esta pieza secreta del caso Púnica. La Fiscalía no ha pedido medidas cautelares contra él, que ha abandonado la Audiencia Nacional tras tres horas de declaración.

Velasco había citado hoy a Gutiérrez para preguntarle por la financiación ilegal del PP de Madrid y por la documentación encontrada en los distintos registros efectuados por la Guardia Civil. Esos documentos reflejarían la contabilidad opaca del partido.

Gutiérrez ha contestado a todas las preguntas, según fuentes judiciales, y ha negado que la documentación encontrada hace un año en su domicilio reflejase la financiación ilegal. No ha trascendido nada más sobre su declaración en la pieza, desprendida del caso Púnica, que se mantiene bajo secreto de sumario.

Las fiscales del caso no han pedido medidas cautelares contra él, así que ha abandonado la Audiencia Nacional por su propio pie al término de la declaración. Su comparecencia ante el juez se une a las del empresario Arturo Fernández, el exconsejero de Transportes Juan Ignacio Echeverría y otros dos empresarios cuya identidad no ha trascendido.

A todos se les ha tomado declaración después de que el magistrado reactivase la investigación de la caja B del PP de Madrid. La semana pasada, agentes de la Guardia Civil se personaron en varias consejerías del Gobierno de la Comunidad de Madrid para recabar documentación sobre distintas adjudicaciones del gobierno de Esperanza Aguirre. Los investigadores creen que las partidas de publicidad de esos contratos pudieron ir a pagar gastos del partido.

Velasco sigue investigando a raíz de la documentación incautada a Gutiérrez y a la agenda de Francisco Granados. En ella se recogían supuestas entregas de dinero negro por parte de empresarios para nutrir la contabilidad opaca del PP de Madrid.

El empresario Javier López Madrid ha negado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, haber realizado pagos irregulares al PP madrileño y ser la persona que se esconde tras las iniciales 'JLM' que figuran en las anotaciones incautadas por la Guardia Civil al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado ha interrogado este viernes al exgerente del PP regional Beltrán Gutiérrez y al empresario, yerno del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, como investigados por la comisión de presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, en el marco de la parte del caso Púnica que investiga una presunta financiación ilegal de la formación.

López Madrid ha insistido en que “en ningún momento” entregó cantidades al que fuera número dos de Esperanza Aguirre, o al empresario David Marjaliza, como supuestas comisiones por la adjudicación de contratos de obras para la empresa de la que es consejero.

Además, ha precisado que no ejerce funciones ejecutivas en la constructora, en la que únicamente es “consejero”. En este sentido ha dicho que desempeña su labor como consejero delegado en el Grupo Villar Mir, sociedad que controla los negocios de su familia y dónde se dedica a cuestiones que nada tienen que ver con las investigaciones en curso, según su versión.

El empresario ha reconocido conocer a Granados, con el que trabajó en un banco. En cuanto a Marjaliza, ha explicado que mantuvieron relación como socios en negocios conjuntos en los que no se obtuvo el resultado esperado y que le ocasionaron “importantes pérdidas”.

Por su parte, el exgerente regional del PP, también ha negado que las iniciales 'B.G.' correspondan a su persona. Fue el principal socio de Granados, David Marjaliza, quien indicó al juez Eloy Velasco las identidades ocultas tras estas letras.

López Madrid ha llegado a las dependencias judiciales protegido con un paraguas poco después de las once de la mañana. Media hora después lo hacía Gutiérrez, con sombrero y bufanda marrón. Ambos han permanecido ante el juez tres horas y han abandonado la Audiencia Nacional pasadas las dos.

Las citaciones se producen después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ordenara el pasado 11 de febrero practicar cinco registros, uno de ellos en el despacho del antiguo encargado de las finanzas del partido, situado en la primera planta de la sede de los 'populares' en la calle Génova de Madrid. Agentes de la UCO de la Guardia Civil accedieron también al domicilio de Gutiérrez y a dos despachos y la vivienda de López Madrid.

Granados registró en su agenda, varios pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados presuntamente por López Madrid, yerno del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir. Parte del dinero, unos dos millones de euros, fue 'repartida' posteriormente por Granados, que la derivó al exgerente regional. Fuentes de la investigación asesguraron a eldiario.es que López Madrid podría estar detrás del pago de unos 1,8 millones de euros al PP madrileño.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha practicado este jueves un registro en la sede central del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid, en el marco de la Operación Púnica. La actuación, por orden de la Audiencia Nacional, está relacionada con Beltrán Gutiérrez, antiguo gerente del PP de Madrid, según fuentes de la investigación.

Los guardias civiles también registraron el domicilio personal de Gutiérrez y el del empresario Javier López Madrid, miembro del Consejo de Administración de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir. Además, los agentes se personaron en dos despachos profesionales del empresario.

Según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, los registros habían prácticamente concluido a las 18 horas de este jueves y se practicaron por orden del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Fuentes del PP de Madrid aseguran que los agentes no se han llevado ordenadores de Génova.

Unas anotaciones de Granados descifradas por Marjaliza

Los registros están vinculados a las anotaciones incautadas a Francisco Granados en la operación de octubre de 2014, incomprensibles para los investigadores hasta que David Marjaliza arrojó luz sobre las mismas recientemente, precisaron las fuentes consultadas. La información aportada apunta a un posible delito de financiación irregular del PP de Madrid que ahora Anticorrupción y la Guardia Civil tratan de confirmar.

Marjaliza ha decidido tirar de la manta a cambio de una reducción de la petición de condena que haga en el futuro la Fiscalía. Entre las presuntas revelaciones en las que indaga el juez está la implicación en la trama Púnica del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Madrid, Jaime González Taboada.

Los hechos investigados apuntan a los delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Según fuentes jurídicas, la operación se ha adelantado por una noticia publicada por elespanol.com el pasado lunes y que habría puesto en riesgo las pesquisas, a juicio de los investigadores.

Marjaliza había estado ya tres veces en el despacho de Eloy Velasco cuando el pasado noviembre el juez de la Audiencia Nacional, de acuerdo con las fiscales Anticorrupción decidió citarle de nuevo. Fue trasladado desde la cárcel a la sede del tribunal e interrogado por el contenido de los papeles de Granados, según las fuentes consultadas por esta redacción.

Según elespanol.com, el papel refleja una serie de pagos junto a las letras “JLM”, que los investigadores atribuyen indiciariamente a Javier López Madrid. Marjaliza también dijo que las iniciales “BG” correspondían a Beltrán Gutiérrez. Por último, habría referencias a Ignacio Palacios, detenido por la UCO cinco días después de la comparecencia de Marjaliza ante el juez. Los investigadores creen que es la persona que cobraba el dinero negro para Granados a cambio de adjudicaciones.

Beltrán Gutiérrez Moliner sigue trabajando para el PP de Madrid a pesar de haber abandonado oficialmente el cargo de gerente tras el escándalo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. Un día después de que el PP nacional diera de baja en la Seguridad Social su contrato indefinido como jefe administrativo, el PP de Madrid volvió a contratar a Gutiérrez con las mismas condiciones. La formación que preside Esperanza Aguirre negó en un comunicado que Gutiérrez fuera despedido y mantiene que dejó de realizar sus funciones como gerente cuando puso su cargo a disposición de la dirección el 6 de octubre de 2014.

Gutiérrez Moliner es un personaje destacado del PP de Madrid. Aparece relacionado con la Gürtel por trabajos hechos por Special Events para actos del PP madrileño entre 2002 y 2004, y pagados por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam). Fundescam es la fundación del PP madrileño a la que Correa facturó gastos electorales de la campaña de Esperanza Aguirre en 2003.

Por su parte, Javier López Madrid ya aparecía en el sumario de Púnica como la persona que cedía su barco amarrado en Marbella a Granados y Marjaliza para que se reunieran con distintas personas los fines de semana de los veranos de 2012, 2013 y 2014 a cambio de 250.000 euros. Allí se encontraron, entre otros, con los exalcaldes del PP de Valdemoro y Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas y José Carlos Boza, respectivamente.

Lopez Madrid es un empresario que, al igual que Beltrán Gutiérrez, se sentará en el banquillo de los acusados por el uso que dieron a su tarjeta 'black' mientras fueron consejeros de administración de Caja Madrid. Antiguo amigo personal de Felipe VI, su relación se ha enfriado con motivo de los escándalos en los que se ha visto envuelto el empresario en los últimos tiempos. López Madrid continúa imputado por acoso sexual tras la denuncia de una prestigiosa dermatóloga madrileña. La doctora está, a su vez imputada en otro juzgado, por la denuncia con la que reaccionó el empresario.

Cada vez son más las voces en el PP que dan por muerta la carrera política de Esperanza Aguirre y ven cerca el momento de su retirada, esta vez definitiva. Aunque la presidenta del PP madrileño dejó el sillón de la Comunidad a su delfín, Ignacio González, cuando anunció su abandono de la primera fila de la política, ha seguido haciéndose la interesante sobre sus aspiraciones a ser alcaldesa de la capital. Frente a los que siguen defendiendo que sólo ella “puede ganar la alcaldía”, varios diputados por Madrid creen que ya no tiene ninguna oportunidad de ocupar el cargo que le falta.

“Ha estirado mucho la cuerda como para que Rajoy se lo pida. Es lo que ella querría, pero tiene demasiado encima”, aventura uno de ellos, que se ríe sobre la presunta ignorancia de Aguirre en cuanto a las andanzas de Francisco Granados antes de caer en la Operación Púnica y su petición de perdón tras declararse “harta de la corrupción”.

Corrupción y escándalos

Desde que Aguirre presumiera con desparpajo de haber sido quien destapó la trama Gürtel, a la larga lista de casos de corrupción y escándalos que la acorralan se sumó su carrera por la Gran Vía perseguida por agentes de tráfico, un episodio que le quitó muchos puntos en su imagen pública. Su ocurrencia para examinar de limpieza a los alcaldes que han de relevar a los detenidos o imputados provocó bromas fuera del PP, pero levantó ampollas entre sus propias filas.

Su particular versión del hearing al que se sometió Miguel Arias Cañete en Bruselas dio lugar a los llamados “talent show” de candidatos, preparados y amañados con ayuda de colaboradores de Aguirre. En el paquete de asesores también se contó con los consejos sobre telegenia a los alcaldes novatos de Jorge Rábago, otro usuario del PP de las tarjetas black.

El invento no hizo ninguna gracia en el PP madrileño ni en el nacional. La protesta de los alcaldes llevó a González y a varios asistentes a encararse con ella en un comité regional muy tenso y a calificarlos de “humillantes” y “circo mediático”. En la reunión, la presidenta del PP madrileño acabó preguntando a su delfín si acaso él no era partidario de la transparencia.

“A los que tienen la información no pueden dejarles solos”

En el PP también hay diputados indignados que responden con la palabra “mafia” a la hora de describir la recuperación de Beltrán Gutiérrez, el exgerente del PP madrileño que fue descabalgado de su función por gastar 58.000 euros con su tarjeta black y borrado de la cuenta de cotización del PP nacional.

Lo que lamentan los enfadados es no tener claro por quién empezaría una renovación en el PP regional sin Aguirre ni González. Junto al nombre de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, los hay que apuntan a Lucía Figar, consejera de Educación e incondicional de la presidenta del PP madileño.

El traspaso de la nómina de Gutiérrez a la cuenta de la formación regional se ha defendido como un “respeto a sus derechos como trabajador” que simplemente había pasado a ocupar otro puesto. El cambio de cargo para Gutiérrez recuerda el caso de Luis Bárcenas y Jesús Sepúlveda. “A los que tienen la información no pueden dejarles solos. Lo dicho, la mafia”, señala el parlamentario que añade que “cada vez es más inevitable el cambio regional”, pero lamenta no ver candidatos claros.

El gerente imputado de Cospedal

Que a María Dolores de Cospedal le faltase tiempo para pedir a Aguirre que diera explicaciones sobre la recolocación de Gutiérrez, sentó como un tiro en el PP madrileño. Rápidamente recordaban un detalle obvio. Si se habla de gerentes autonómicos, la secretaria general tiene a uno imputado por el juez Ruz por firmar un recibí de 200.000 euros.

El origen, una mordida a cambio de un contrato de basuras y el uso del dinero negro para la campaña electoral que la llevó al poder en Castilla-La Mancha. Pese a la gravedad del caso y que puede acabar salpicándola directamente a ella, Cospedal reaccionó a la imputación de José Ángel Cañas como si fuera una gran noticia. “Es una oportunidad para aclarar la verdad”. La secretaria general se mantiene en sus trece en que todo lo que tenga relación con los papeles de Bárcenas es una “historia mentirosa” urdida por el extesorero para vengarse de ella.

Aparecer en las investigaciones de Gürtel no fue suficiente, ni estar salpicado por un supuesto delito de financiación irregular del PP. Pero sí lo ha sido haber hecho uso de la tarjeta 'black' de Caja Madrid cuando fue consejero de la entidad financiera (2010-2011). Los informes de la fiscalía Anticorrupción, que atribuyen a Beltrán Gutiérrez Moliner el gasto de 58.000 euros, han causado la destitución de un histórico de la fontanería del PP, tanto de su cargo de gerente del PP madrileño como de asesor del ayuntamiento de Madrid.

No hace tanto que se le vio en público. Fue el 22 de septiembre, en los juzgados de la plaza de Castilla, cuando acudió para acompañar a su presidenta regional, Esperanza Aguirre, quien estaba citada para declarar por su fuga de los agentes de movilidad tras aparcar en un carril bus. “Es una persona muy próxima a Aguirre”, explican fuentes del PP madrileño, que incluso atribuyen a la expresidenta regional que Gutiérrez entrara a formar parte del consejo de administración de la caja y del grupo municipal popular: “Es un palo para Esperanza porque es persona de su máxima confianza. Intentará protegerle todo lo que pueda”. La propia Aguirre afirmó este sábado en la Cope anunció que Gutiérrez “depositaría” el dinero gastado durante los años 2010 y 2011 y defendió que la responsabilidad final recae en los directivos de la entidad.

Fuentes próximas a Esperanza Aguirre, por su parte, defienden que “los gerentes los pone y los paga la dirección nacional del partido, y Beltrán está desde la época de Pío [García Escudero, 1993-2004]”.

Lo cierto es que Beltrán Gutiérrez no es una persona cualquiera en el Partido Popular. Como gerente del PP madrileño “era la persona a la que se le pedía el dinero en las campañas electorales”, recuerdan las fuentes. Y también el que aparece relacionado con la Gürtel por trabajos hechos por Special Events para actos del PP madrileño entre 2002 y 2004, y pagados por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam). Incluida la campaña electoral de 2003.

Tal y como publicaron Ignacio Escolar y Alicia Gutiérrez en 2009 en Público, Fundescam “la misteriosa fundación del PP de Madrid contra la que Francisco Correa facturó gastos electorales de la campaña de Esperanza Aguirre en 2003, también recaudó fondos de importantes empresas y empresarios en las vísperas de las elecciones generales del 14M, las primeras que perdió Rajoy ante Zapatero. Según demuestran nuevos documentos de su contabilidad interna a los que ha tenido acceso Público, el total recaudado por Fundescam en marzo de 2004 fue de al menos 154.250 euros”. Además, de acuerdo con lo que Escolar y Gutiérrez publicaron: “Entre los proveedores que facturaron actos de la campaña electoral a Fundescam está Special Events, una de las empresas de Francisco Correa que está siendo investigada dentro del caso Gürtel. A finales de 2005, Special Events demandó al PP de Madrid porque parte de las facturas aún no habían sido abonadas. Antes de la primera audiencia del juicio, el ex secretario de organización del PP de Galicia y administrador único de Special Events, Pablo Crespo, entregó a dirigentes del PP de Madrid un comprometedor documento al que ahora ha tenido acceso Público, que demuestra la existencia de ese canal paralelo de financiación”.

Estos hechos han sido descritos como “irregularidades” por los inspectores de Hacienda, según publicó El País, que también reproducía una factura en la que se leía la siguiente aclaración: “Esta factura es por la entrega a cuenta del Congreso Regional del 21 de septiembre de 2002 y ha sido extendida con un concepto provisional el cual está sujeto a ser modificación en su momento [...]. Enviada a Beltrán Gutiérrez, gerente regional del Partido Popular”.

De acuerdo con la ley, una fundación, como era el caso de Fundescam, no podía destinar sus fondos para financiar actos del partido, sino sólo cursos, conferencias o seminarios, por ejemplo. Sin embargo, el delito ya había prescrito cuando fue investigado.

Y todo ello pasaba, de una manera u otra, por Beltrán Gutiérrez. Entre los cargos facturados por Special Events a Fundescam estaban, como explicó El País, el congreso regional de septiembre de 2002, casi 40.000 euros. “Beltrán me pide esperar para el pendiente de facturar”, dice un documento publicado por El País. No en vano, como también publicó El País, entre los documentos incautados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a David Luis Cerezo, uno de los supuestos miembros de la trama, hay una carta enviada a Beltrán Gutiérrez guardada con el nombre de “carta Beltrán-pufos Madrid”.

El gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, ha dimitido de su cargo en el partido en Madrid por el uso de las tarjetas de crédito en B de Caja Madrid. Poco después de que Génova confirmara que había pedido a Gutiérrez que dejara su puesto ante la confirmación de que gastó 58.000 euros por ese sistema, Gutiérrez ha renunciado.

La secretaria general del PP, Mª Dolores de Cospedal, prometió el pasado viernes una investigación interna sobre los afiliados que utilizaron este tipo de tarjetas aunque no dio ningún tipo de detalle sobre cómo se llevará a cabo.

Fue la alcaldesa Ana Botella quien obligó a Gutiérrez el pasado jueves a cesar en su puesto como asesor del grupo municipal del PP, puesto que compatibilizaba con la gerencia del PP regional. En su defensa salió Esperanza Aguirre, que anunció que Gutiérrez “depositaría” el dinero gastado durante los años 2010 y 2011 y defendió que la responsabilidad final recae en los directivos de la entidad. Aguirre, durante una entrevista concedida a la Cadena Cope, anunció el depósito de los fondos y no aclaró si los directivos que concedieron a Gutiérrez la tarjeta “se lo explicaron mal” o si fue él quien “entendió mal”.

Según la presidenta del PP madrileño, las explicaciones hay que pedírselas a quien facilitó las tarjetas porque algunos de los que las utilizaron “no tenían ni idea de que eso era algo irregular”.

Gutiérrez Moliner era un personaje muy cercano a Aguirre, a quien acompaña habitualmente en muchos actos del partido. La semana pasada, por ejemplo, se presentó junto a la expresidenta cuando tuvo que declarar ante el juez por desobedecer a los agentes de movilidad que acababan de multarla por aparcar en plena Gran Vía madrileña.

Por el momento, el escándalo de las tarjetas 'black' ha costado el puesto a Carmen Cafranga, que presidió la Fundación Caja Madrid hasta el pasado jueves. También ha obligado a Pablo Abejas, director general de Economía del Gobierno que preside Ignacio González y hombre fuerte de Aguirre en la entidad. Otros dos hombres propuestos por el PP para ocupar un puesto de consejero también han abandonado. Es el caso de José María Buenaventura, director del gabinete de la Secretaría de Estado de Hacienda, y Manuel José Rodríguez, gerente de la empresa municipal de Vivienda en Boadilla del Monte.