El rey Juan Carlos de España ascendió al trono en noviembre de 1975, tras la muerte del general Francisco Franco. El dictador lo había designado como su sucesor en 1969, tras una tortuosa pugna entre seis posibles candidatos de sangre real. Los seis eran: los dos candidatos “legítimos” de la casa de Borbón, descendientes del último rey, Alfonso XIII: el conde de Barcelona, don Juan de Borbón y Battenberg, y su hijo, Juan Carlos de Borbón y Dos Sicilias; Jaime de Borbón y Battenberg, hermano mayor de don Juan, a quien se había convencido de que renunciara a sus derechos en 1933 debido a sus dificultades auditivas y del habla, pero que los reactivó en 1949 con la ayuda económica de Franco; el hijo de don Jaime, Alfonso de Borbón Dampierre; y dos candidatos de los pretendientes carlistas rivales al trono, don Javier de Borbón-Parma y su hijo Carlos Hugo de Borbón-Parma. De hecho, Franco había descartado en secreto a don Juan por ser demasiado liberal y a los dos carlistas nacidos en Francia por ser extranjeros, aunque eso no le disuadió en el caso de Juan Carlos, que había nacido en Italia. La misión manifiesta del ganador elegido como jefe de Estado era la perpetuación de la dictadura. En consecuencia, Juan Carlos fue recibido por la izquierda como un títere despreciable y por la extrema derecha como un liberal encubierto. Los temores de la derecha se hicieron realidad cuando, con considerable valentía y determinación, desempeñó un papel clave en liberarse de las ataduras de las leyes e instituciones del Caudillo. Para llegar al trono, Juan Carlos tuvo que pasar los veintiún años comprendidos entre 1948 y 1969 actuando, o siendo manipulado, como uno de los peones en el juego de sucesión ideado por Franco y su eminencia gris, Luis Carrero Blanco. El origen del juego, la Ley de Sucesión de 1947, fue un artilugio para convencer a los Aliados victoriosos de que Franco estaba libre del estigma del Eje y de que era más monárquico que falangista. En términos de política interna, el premio prometido de la sucesión ayudó a mantener unida la coalición de fuerzas de Franco. Para seguir contando con el apoyo de los falangistas antimonárquicos era necesario humillar periódicamente a los monárquicos alfonsistas y carlistas, algo que tenía la ventaja añadida de hacer las delicias del retorcido sentido del humor del Caudillo. Para Juan Carlos, todo el proceso supuso una infancia perdida y una adolescencia miserable cuando fue enviado a España como rehén, lo que en un principio parecía asegurar el puesto de su padre en la competencia por la sucesión. Franco finalmente nombró a Juan Carlos “Sucesor con el título de Rey” en 1969, tras desplazar gradualmente al legítimo heredero al trono, su padre, Don Juan de Borbón.

Cuando fue proclamado rey en 1975, Juan Carlos despertaba una profunda desconfianza tanto en la derecha como en la izquierda. El hecho de que fuera rey únicamente gracias a la Ley de Sucesión y de que su designación tuviera por objeto garantizar la supervivencia del régimen franquista explicaba las sospechas de la izquierda y la creencia generalizada de que sería “Juan Carlos el breve”. Como hijo del anglófilo Don Juan de Borbón, y debido a sus contactos con diplomáticos británicos, estadounidenses y alemanes, resultó ser igualmente sospechoso para la derecha franquista. Sorprendentemente, logró compaginar con éxito los objetivos aparentemente incompatibles de, por un lado, la fidelidad pública a los principios del Estado unipartidista franquista y, por otro, el compromiso tácito con el establecimiento de una monarquía constitucional democrática. Desde su ascensión al trono hasta 1982, Juan Carlos I defendió valientemente la democracia frente a la amenaza de una conspiración militar. En consecuencia, se convirtió en un héroe nacional y en una figura inmensamente popular tanto en España como en el extranjero, hasta que una caída en desgracia le obligó a abdicar en 2014.

Para el nuevo rey, los seis meses posteriores a su ascensión al trono fueron angustiosos. Su primera tarea consistió en neutralizar a los militares y otros partidarios de Franco, mientras su principal asesor, el brillante teórico constitucional Torcuato Fernández Miranda, preparaba un plan de reforma política dentro del marco legal de la dictadura. Esto supuso, en un primer momento, mantener en el cargo al presidente del Gobierno de Franco, Carlos Arias Navarro, con el fin de calmar los temores de la clase dirigente franquista. Al mismo tiempo, tuvo que intentar convencer a la izquierda de que estaba comprometido con la transición democrática. No fue hasta el verano de 1976 cuando el rey pudo elegir al joven y carismático Adolfo Suárez como un presidente de Gobierno más afín para que se hiciera cargo de la siguiente etapa del proceso. Torcuato Fernández Miranda dijo una vez que Juan Carlos fue el empresario del drama de la Transición, del que él mismo fue el guionista y, Adolfo Suárez, el actor principal. 

Tras las elecciones democráticas de junio de 1977, los problemas que se avecinaban eran, en sentido estricto, competencia del Gobierno elegido, pero había cuestiones políticas inmediatas que resultaban imposibles de resolver sin la intervención del rey. La violencia antidemocrática de los conspiradores militares decididos a reinstaurar la dictadura y las actividades terroristas de la organización separatista vasca ETA complicaron enormemente la tarea de construir un marco constitucional ampliamente aceptado. El apoyo del rey fue esencial para la consolidación de la democracia, ya que el gobierno necesitaba su ayuda constante como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Así, tuvo que arriesgar constantemente su vida como una especie de bombero del inflamable sistema democrático. Juan Carlos se convirtió en el blanco de la hostilidad tanto de la extrema derecha como de ETA. Cuando Suárez dimitió a finales de enero de 1981, se ejerció una intensa presión militar para que se formara una coalición política encabezada por un general. Los líderes de los cuatro principales partidos —Leopoldo Calvo-Sotelo, de la UCD centrista; Felipe González, del PSOE socialista; Santiago Carrillo, del PCE comunista, y Manuel Fraga, de la Alianza Popular conservadora— se mostraron abiertos a esa solución atípica, pero Juan Carlos optó por la vía constitucional y nombró a Calvo Sotelo presidente de Gobierno. En circunstancias complejas, el 23 de febrero, el teniente coronel Antonio Tejero, de la Guardia Civil, se hizo con el control del Congreso de los Diputados y, de hecho, mantuvo como rehén a toda la clase política. La tarea de derrotar el golpe militar fue dirigida por el propio Juan Carlos. 

En retrospectiva, el intento golpista del 23F marcó un punto de inflexión no solo en la transición a la democracia, sino también en el papel del rey. Su verdadera importancia en lo que respecta a la Corona se reveló el 27 de febrero. Tres millones de personas se manifestaron en las ciudades de toda España en apoyo de la democracia y del rey. El estado de ánimo en la mayor parte del país, sin embargo, lo resumió el novelista republicano Francisco Umbral, quien escribió en El País dos semanas después: “Cuando los españoles creíamos merecernos algo mejor que un rey, resulta que tenemos un rey que no nos merecemos”. La propia exasperación de Juan Carlos era perceptible en su respuesta a los líderes políticos que se reunieron para expresarle su gratitud por lo que había hecho. El texto que leyó [aquí la versión íntegra] iba más allá de los tópicos esperados: “La Corona se siente orgullosa de haber servido a España con firmeza y con la convicción de que la vida democrática y el respeto estricto de los principios constitucionales constituyen la voluntad mayoritaria del pueblo español. Sin embargo, todos deben ser conscientes, desde sus propias responsabilidades, de que el rey no puede ni debe enfrentarse, de forma reiterada y bajo su responsabilidad directa, a circunstancias de tan considerable tensión y gravedad”.

Más tarde reconoció que lo que había intentado decir era que “mi papel no era el de un bombero, siempre listo para apagar un fuego”. 

La postura de Juan Carlos contra el golpismo había dado a la democracia una segunda oportunidad. Tras la contundente victoria electoral socialista en las elecciones de octubre de 1982, Juan Carlos pudo dejar que el Gobierno de Felipe González se ocupara del problema de la subversión militar. A partir de entonces, se convirtió más en un jefe de Estado constitucional y también en una especie de embajador comercial itinerante. Su trayectoria en el trono entre 1975 y 1982 lo convirtió, sin duda, en uno de los mejores monarcas de España. Ese notable logro no era algo que necesitara ser resaltado ni que pudiera realzarse con dignidad alguna en una autobiografía. Lo que le había costado en términos de juventud perdida y estrés diario tal vez explique por qué ahora comenzaba a dar prioridad a lo que podría llamarse “el descanso del guerrero”. 

Durante los treinta años siguientes, la reputación del rey se fue desvaneciendo en una búsqueda de placeres y beneficios. A lo largo de la década de los noventa, al codearse con una serie de “bucaneros capitalistas” como José María Ruiz-Mateos, Mario Conde o Javier de la Rosa, su imagen se vio mancillada por su relación con los escándalos financieros que asolaron la vida política española. Las revistas del corazón sacaron mucho partido de su obsesión por la velocidad y los deportes caros en los que arriesgaba la vida y que con frecuencia le causaban lesiones graves. Esquiar, conducir coches de alta velocidad y motocicletas, pilotar helicópteros y aviones, junto con las regatas de yates, eran actividades que realzaban su reputación en algunos círculos y despertaban intensas críticas en otros. Lo mismo ocurría con su entusiasmo por la compañía de mujeres atractivas, que era objeto de gran atención en algunos sectores de la prensa semanal. Los rumores sobre crisis matrimoniales surgían con frecuencia. En 2012, mientras los españoles de a pie hacían frente a una dura crisis económica, Juan Carlos afirmó que la preocupación por el desempleo juvenil le quitaba el sueño. Sin embargo, el hecho de que hubiera estado en un safari en Botsuana, de un coste astronómico, se hizo público cuando fue trasladado en avión a Madrid para someterse a una operación de cadera tras un accidente. Se vio obligado a pedir perdón al país después de que los detalles de la escapada se hicieran públicos. Su acompañante en ese viaje fue la empresaria germano-danesa Corinna Larsen, exmujer del príncipe Casimir zu Sayn-Wittgenstein. El declive del rey se aceleró y, en junio de 2014, se vio obligado a abdicar en favor de su hijo, ahora rey Felipe VI. En agosto de 2020, Juan Carlos abandonó España y se trasladó a Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, en medio del escándalo por la transferencia de unos 65 millones de euros a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, tras recibir pagos de un contrato de tren de alta velocidad en Arabia Saudí. 

Antes de que el deterioro de su popularidad llegara al punto más bajo del exilio, en junio de 2016, Juan Carlos presidió la presentación de un libro en la Real Academia de San Fernando de Madrid, en la que su amigo el zar Simeón II de Bulgaria, exiliado, presentó su autobiografía, Un destino singular. Hacia el final del acto, un periodista le preguntó a Juan Carlos si alguna vez se plantearía escribir sus propias memorias, dada su agitada vida. Respondió en términos categóricos: “¡No, nunca las voy a escribir! ¿Para qué, para decir mentiras? La verdad no se puede contar, así que me lo guardaré”. En ese momento, hizo un gesto como si se tragara sus secretos y, señalando al cielo, añadió: “Y me lo llevaré allá arriba”. Sin duda, parecía una decisión sensata. Su considerable contribución a la transición de la dictadura a la democracia era tan conocida que solo podría verse menospreciada por unas memorias escritas a la defensiva. Al mismo tiempo, los escándalos financieros y sexuales habían sido investigados con tal exhaustividad por medios serios y por la prensa más morbosa que apenas quedaba margen para posteriores intentos de lavado de imagen.

La primera pregunta que suscitó el anuncio en 2025 de que, después de todo, habría unas memorias es: ¿por qué cambió de opinión? En los círculos editoriales españoles corrieron rumores sobre la magnitud sin precedentes del anticipo que, al parecer, se pagó por la edición española, *Reconciliación*, y la francesa, *Réconciliation*. Según el muy riguroso diario digital elDiario.es, es posible que la publicación de las memorias estuviera relacionada con este anticipo supuestamente cuantioso pagado por los derechos. En España se informó de que Juan Carlos había devuelto préstamos por importe de 4.395.901,96 euros, concedidos en 2021 por una docena de aristócratas anónimos y empresarios amigos, con el fin de regularizar su situación con la Hacienda española. Los préstamos debían devolverse en un plazo relativamente corto para que no se consideraran donaciones y, por lo tanto, estuvieran sujetos a impuestos adicionales. El reembolso de cuatro millones de euros o más en préstamos fue publicado en El Mundo el 6 de agosto de 2025 y en The Times el 7 de agosto de 2025. Las identidades de los prestamistas se publicaron en El Confidencial y elDiario.es el 6 de abril de 2021, y las copias de los contratos de préstamo fueron publicadas por elDiario.es el 15 de diciembre de 2025 y en El Periódico el 18 de diciembre de 2025. 

Más allá de la necesidad de un anticipo sustancial, resulta difícil discernir el propósito del libro. Para empezar, está el título. ¿Con quién pretende Juan Carlos reconciliarse? Según especulaban en The Times, “se dice que el título refleja el espíritu de la transición española a la democracia que él supervisó tras la muerte en 1975 del dictador Francisco Franco, quien lo preparó para el poder”. Refiriéndose a sus declaraciones anteriores sobre no escribir nunca memorias, dice: “¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me están robando mi historia”. Dado que abundan las biografías que le son favorables, es más probable que busque la reconciliación con el pueblo español, cuya mayoría en su día le adoraba, pero que ahora siente algo muy diferente. Sin embargo, el tono de estas memorias desmiente cualquier intención de ese tipo por su parte. Con un tono que oscila entre la autosatisfacción de quien se cree merecedor de todo y la autocompasión, difícilmente contribuirán a mejorar su imagen: “Me hiere un sentimiento de abandono. No puedo contener la emoción cuando pienso en determinados miembros de mi familia para quienes ya no importo y, sobre todo, en España, a la que tanto echo de menos. Hay días de abatimiento y de vacío. Vivo sin perspectivas, sin saber si algún día podré volver a establecerme en mi país”. Justifica la intensidad de este sentimiento de abandono con la extraordinaria afirmación de que “Devolví la libertad al pueblo español al instaurar la democracia, pero nunca pude disfrutar de esa libertad para mí”. Cuesta creer que alguien conocedor de la historia de la Segunda República, de la lucha de masas contra la dictadura franquista y de los pormenores de la transición a la democracia pudiera haber escrito esta frase (Reconciliación, pp.15–16). 

La indignación popular en España por sus actividades durante una grave crisis del coste de la vida no ha hecho más que intensificarse con algunas de sus justificaciones. Si uno de los objetivos no declarados de las memorias era limar asperezas con su propia familia, sin duda ha lanzado un mensaje conciliador a su esposa, de la que está separado, la exreina Sofía. La falta de armonía en la pareja se remonta a la década de 1970. Hay que reconocer que en las páginas de sus memorias aparecen muchos comentarios amables sobre ella; pero estos seguramente son insuficientes para compensar la bien documentada historia de sus infidelidades, a las que aquí se refiere simplemente como “mis deslices sentimentales” (Reconciliación, p. 408). Además, su mal disimulado rechazo hacia la reina Letizia difícilmente habrá ayudado a las relaciones con su hijo. A pesar de expresar un vago arrepentimiento por sus aventuras amorosas en términos generales, no menciona sus largas y muy publicitadas relaciones con tres mujeres cuyos nombres son bien conocidos en España. Tampoco, en su relato en el que profesa un servicio desinteresado y poco apreciado a la nación, explica, y mucho menos justifica, el uso de fondos públicos para la lujosa remodelación de La Angorrilla, un pabellón de caza. Del mismo modo, no explica el uso del servicio secreto para impedir que salieran a la luz los excesos de su vida privada, incluyendo acuerdos económicos realizados para apaciguar y silenciar al menos a una de sus amantes. 

Como era de esperar, el texto de Reconciliación elude los temas que han provocado la mayor hostilidad pública hacia Juan Carlos en España. Simbolizados por el escándalo de Botsuana, estos han sido, en conjunto, el despilfarro económico y la matanza de varias especies en peligro de extinción en la que participó. Quizás, más que la infidelidad conyugal que hizo posible, lo que más provocó la indignación pública fue el enorme coste del proyecto a gran escala en el Monte del Pardo, en los terrenos del Palacio de la Zarzuela, llevado a cabo en parte para facilitar una de sus relaciones extramatrimoniales, y lo que reveló sobre su pasión por la caza. El proyecto consistió en la conversión de La Angorrilla, un antiguo pabellón de caza construido inicialmente para Franco en los terrenos de El Pardo, en un lujoso pabellón, con una planta baja de mil metros cuadrados y una planta superior de setecientos metros cuadrados. Tardó dieciocho meses en completarse y su coste final de 3,4 millones de euros fue sufragado por el Estado a través de Patrimonio Nacional. En las paredes de diez metros de altura de la planta baja de esta monstruosidad se encontraban las cabezas disecadas de elefantes, rinocerontes y jirafas que había abatido en safaris en el extranjero. El coste del transporte de los cadáveres de estos animales y la posterior taxidermia debió de ser enorme. En otras partes del edificio había espacio para sus trofeos de ciervos, jabalíes, lobos y cabras montesas que había cazado en España. También había una sala blindada destinada exclusivamente a albergar la gran colección de valiosos rifles de caza del rey, algunos de los cuales, según se decía, valían centenares de miles de euros. Poco después del accidente de Botsuana, Juan Carlos encargó la fabricación de una silla ergonómica especial que le permitiera seguir disfrutando de su pasión por la caza, a pesar de sus lesiones. No fue hasta después de esa crisis cuando el foco de la publicidad hostil en España se centró en la costosa reforma del pabellón de caza, que también había servido de residencia para su amante en aquel momento. 

No hay nada en el libro que pueda conducir a una reconciliación con su hijo. Es de suponer que ni el rey Felipe ni la reina Letizia apreciarán el comentario de Juan Carlos sobre “nuestro desencuentro personal” ni lo que dice de ella en el libro: “La entrada de Letizia en nuestra familia no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares” (Reconciliación, p. 41).

En un primer momento, al recordar la disculpa televisada de Juan Carlos I a la nación cuando salió del hospital tras el safari de Botsuana, podría pensarse que su intención con las memorias era reconciliarse con el pueblo español. Sin embargo, el texto plantea la pregunta de ¿con qué españoles querría reconciliarse? ¿Con los franquistas? Aunque quizá la reconciliación ni siquiera fuera posible con ellos. Al fin y al cabo, podrían acusarle de traicionar a Franco al permitir la democratización de España. En cualquier caso, el daño a su reputación en 2012 causado por el episodio de Botsuana tuvo menos que ver con la revelación de la infidelidad conyugal y mucho más con la aparente insensibilidad del rey ante la crisis del coste de la vida que sufrían los españoles de a pie. Si Juan Carlos hubiera querido utilizar este libro para reconciliarse con sus súbditos en general, habría tenido que resistir la tentación de quejarse de su supuesta penuria —o de su gran decepción porque las autoridades fiscales españolas no le hubieran permitido quedarse con los dos Ferraris que el jeque Mohamed bin Zayed, de los Emiratos Árabes Unidos, les regaló a él y a su hijo. Aún más insensible resulta la inclusión en el libro de una queja sobre el hecho de que el exrey sea el único español que no percibe una pensión de jubilación. Dado su estilo de vida, ampliamente difundido, esto solo podía provocar la burla del español medio. 

La coautora o escritora fantasma de las memorias de Juan Carlos I es su admiradora de toda la vida, Laurence Debray. De los cinco libros que ha publicado, incluido este, cuatro tratan sobre Juan Carlos. El otro es una autobiografía que aborda principalmente su relación con sus padres, Régis Debray y Elizabeth Burgos, quienes se consideraban revolucionarios. En octubre de 2021, en París, publicó un retrato excesivamente indulgente de Juan Carlos titulado 'Mon roi déchu' (Mi rey caído). Su tercer libro sobre Juan Carlos expresaba la angustia de la autora por su exilio (1). En algunos pasajes se lee casi como una extensa carta de amor. El tono de ese libro queda plasmado en la frase: “Il était une fois un prince. Qui fut charmant puis maudit” (“Érase una vez un príncipe que fue encantador, pero luego maldito”).

A continuación, escribió sobre su “relación” con él: “Depuis plusieurs décennies, j’étudie, scrute, commente son destin. Une page se tourne aujourd’hui. Il est temps de questionner cette relation si durable et structurante que j’entretiens avec lui, cet attachement aussi platonique que fidèle. Qu’est-ce qui peut bien réunir ‘une fille de révolutionnaires’ et un roi?”. (“Durante varias décadas, he estudiado, analizado y comentado su destino. Hoy se abre un nuevo capítulo. Ha llegado el momento de examinar este vínculo duradero y fundamental que comparto con él, este apego tan platónico como fiel. ¿Qué podría unir a una ”hija de revolucionarios“ y a un rey?”).

Sobre lo que ella percibía como el vínculo entre ellos, escribió: “Sa vie est un roman; Juan Carlos est devenu ”mon“ roman. Il faut bien y mettre un point final. Puisqu’il a décidé de s’effacer avant de mourir, je dois moi aussi conclure” (“Su vida es una novela; Juan Carlos se ha convertido en ”mi“ novela. Hay que ponerle un punto final. Dado que él ha decidido borrarse antes de morir, yo también debo concluir”) (2).

Ella ha declarado en entrevistas que, para recopilar material para el libro, pasó muchos meses en Abu Dabi entrevistando a Juan Carlos. Hay numerosos indicios de que fue ella, y no Juan Carlos, quien redactó la mayor parte de estas memorias. Hay incluso pasajes en el texto que casi invitan a preguntarse: si él no escribió el libro, ¿se molestó siquiera en leerlo? Aunque Debray se esfuerza por presentarlo bajo la luz más favorable, sus esfuerzos por hacerlo a veces tienen, sin quererlo, el efecto contrario. Para empezar, contiene muchos errores fácticos y contradicciones. La forma en que el texto aborda los notorios escándalos, tanto los suyos propios como los de su exyerno, Iñaki Urdangarin, es sesgada y parece contradecir gran parte de la información que ahora es de dominio público. También resulta chocante que, en un intento por generar simpatía, la voz narrativa adopte con frecuencia un tono lacrimógeno. Por ejemplo, lo que se escribe sobre las supuestas penurias de su familia es demostrablemente falso. 

Un ejemplo llamativo es el relato de la vida de la familia real exiliada en Portugal. El 2 de febrero de 1946, Don Juan de Borbón y su esposa, Doña María de las Mercedes, se trasladaron a la elegante pero tranquila localidad costera de Estoril, al oeste de Lisboa. Era una zona de casinos y espléndidas mansiones construidas para los banqueros y armadores millonarios de la cercana capital. Para su gran consternación, Juanito, de ocho años, se quedó atrás en Suiza al cuidado de su austero tutor, el teórico monárquico Eugenio Vegas Latapié. En estas memorias no se menciona la inevitable sensación de abandono por parte de sus padres que bien podría haber contribuido a crear el vacío interior de Juan Carlos que explicaría gran parte de su existencia en los años posteriores a 1982. Los monarcas exiliados vivieron en tres mansiones diferentes, hasta que finalmente, a finales de 1948, se instalaron en Villa Giralda, que había sido construida en 1936 como club de golf de Estoril. A pesar de quejarse constantemente de la pobreza, Don Juan de Borbón había sido capaz tanto de adquirir la lujosa residencia como de pagar una cantidad equivalente al precio de compra para que fuera completamente reformada y se le añadiera una tercera planta. El palacio resultante estaba rodeado de espléndidos jardines y en su salón se celebraban fiestas con cientos de invitados. Representantes de la nobleza española se turnaban en Estoril como cortesanos. Doña María contaba con una dama de compañía. En las memorias, sin embargo, Villa Giralda se describe como “una casa de alquiler” (p. 69) que su padre compró a regañadientes. El lujoso yate, el Saltillo, que el millonario vasco Pedro Galíndez Vallejo prestó a la familia, se describe como un simple velero (“velero” [p. 69]), cuando en realidad era un gran buque oceánico, provisto de tripulación completa y con los gastos de funcionamiento cubiertos. Como marinero entusiasta y experimentado, Don Juan lo aprovechó al máximo. Además, él y Doña María, ambos aficionados a la caza mayor, disfrutaban de costosos safaris (3). Esto no pretende restar importancia al coste psicológico que supuso para Juan Carlos su infancia trastornada; pero la simpatía de los lectores por las auténticas penurias emocionales que sufrió de niño se ve mermada por el énfasis que se da en las memorias a las dificultades económicas que supuestamente padeció la familia.

Un aspecto del libro que ha suscitado una gran polémica en España ha sido la calidez con la que Juan Carlos habla de Franco. Sin embargo, es importante recordar que el propio padre de Juan Carlos lo trató mal, más como un peón político que como un hijo. Esto ayuda a explicar por qué, en muchas entrevistas, se ha referido a varias personas como si fueran “como un padre” para él. Es plausible que Franco, que tenía una hija, pero no un hijo, también llegara a sentir cierto afecto por Juan Carlos. Aun así, esto apenas justifica la insistencia de Juan Carlos en que, a finales de la década de 1960, el Caudillo ya había llegado a la conclusión de que el país necesitaba democratizarse y que Franco le dio permiso explícito para llevar a cabo esa reforma inevitable. Las pruebas en contra —de que Franco estaba decidido a bloquear la reforma— son abrumadoras. Para respaldar su punto de vista en las memorias sobre los deseos de Franco, Juan Carlos relata una visita a Franco en el hospital, días antes de su muerte:

“Tuve una última conversación con él. Sentado a su lado en la cama del hospital, me tomó la mano y, como en un último aliento, me dijo: 'Alteza, le pido una sola cosa: mantenga la unidad del país'. Esa fue su última voluntad. No me pidió mantener el régimen tal y como era, ni los principios del Movimiento Nacional. Tenía, por lo tanto, las manos libres para poner en marcha las reformas siempre y cuando no se cuestionara la unidad de España'' (203).

El hecho es que, en ese momento, Franco estaba moribundo y era poco probable que fuera coherente. Incluso si lo hubiera sido, era improbable que hubiera contradicho sus propias leyes fundamentales y sus propias declaraciones, realizadas con vehemencia ante aquellos de sus ministros que le habían instado frenéticamente a desconfiar de las tendencias democráticas de Juan Carlos. 

El 12 de febrero de 1974, cuando su primer ministro de línea dura, el que en su día fue conocido como “el Carnicero de Málaga”, Carlos Arias Navarro, pronunció un discurso sobre una liberalización mínima, el desconcertado Caudillo pidió aclaraciones al ministro-secretario del Movimiento, José Utrera Molina, con quien había establecido una relación paternal. Cuando Utrera le explicó lo que se había aclamado como “el espíritu del 12 de febrero”, un Franco profundamente alarmado respondió: “Si el régimen permite que se ataque a su doctrina sustancial y sus servidores no aciertan a defender lo fundamental, habrá que pensar en una cobarde voluntad de suicidio” (4). En julio de 1975, Franco, con el lenguaje beligerante propio de la década de 1940, instaba a una delegación de oficiales falangistas del ejército a defender hasta la muerte su victoria en la Guerra Civil. El 1 de octubre de 1975, en el trigésimo noveno aniversario de su ascensión a la Jefatura del Estado, se presentó por última vez ante una multitud en el Palacio de Oriente. Apenas capaz de hablar, encorvado sobre el micrófono, pronunció con voz ronca los mismos clichés paranoicos de siempre. El problema de España se debía, declaró, “a una conspiración masónico-izquierdista de la clase política, en contubernio con la subversión terrorista-comunista en lo social”. Ninguna de estas pruebas respalda el retrato del Franco liberal que se presenta en las memorias de Juan Carlos en Reconciliación.

En su afán por destacar su papel histórico, Juan Carlos acaba socavando no solo su propia legitimidad, sino también la de su hijo, Felipe

Pero entonces, ¿por qué insiste tanto Juan Carlos en que Franco no se opuso a la reforma que él llevó a cabo? ¿Quizás está tratando de legitimarse como demócrata sin dar pie a que los franquistas lo acusen de traicionar al dictador? Es una idea razonable, aunque extraña, porque en otras partes del libro argumenta acertadamente que arriesgó su vida luchando por la democracia. Hubo numerosos complots militares que incluían el asesinato del rey. ¿Por qué iban a querer matarlo los golpistas si él simplemente estaba cumpliendo los deseos del dictador? De hecho, en lo que respecta a las cuestiones de legitimidad, el libro tiene un problema mucho mayor. En su afán por destacar su papel histórico, Juan Carlos acaba socavando no solo su propia legitimidad, sino también la de su hijo, Felipe.

Esto ocurre en un pasaje verdaderamente extraordinario del tercer capítulo. Juan Carlos relata que, en marzo de 2020, Felipe solicitó una reunión como parte del proceso que llevó a su padre a exiliarse. Cuando llegó al despacho de su hijo, Juan Carlos se llevó una sorpresa al encontrar allí también al jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín. Felipe y Alfonsín le informaron de que su asignación económica sería recortada. Juan Carlos afirma entonces que le dijo a su hijo y futuro sucesor: “No olvides que heredas un sistema político que yo forjé. Puedes excluirme personal y financieramente, pero no puedes rechazar la herencia institucional que te sustenta. Y solo hay un paso entre ambas cosas” (38–39). En otras palabras, Juan Carlos le espeta a Felipe: “Si eres rey, es gracias a mí. No pienses jamás que eres rey porque perteneces a la dinastía de los Borbones. Eres rey porque Franco me hizo rey”. El error cometido por Juan Carlos aquí es colosal. Franco siempre insistió en que el nombramiento de Juan Carlos como sucesor no implicaba ninguna restauración de la monarquía constitucional borbónica, sino que se trataba de una monarquía del Movimiento de nueva instauración, tal y como establecía la Ley de Sucesión. Una vez que Franco murió, ese fue el estigma deslegitimador del que Juan Carlos tuvo que deshacerse. Y, de hecho, lo consiguió el 17 de mayo de 1977, gracias al sacrificio que hizo su padre al abdicar en favor de Juan Carlos, otorgándole finalmente legitimidad dinástica. Sin embargo, es precisamente esa legitimidad la que Juan Carlos tira por la borda en este pasaje. Para cualquier monárquico, esa declaración de Juan Carlos debe de ser un trago amargo.

Juan Carlos desempeñó un papel clave en la Transición. Por supuesto que sí. Aunque la Transición fue un esfuerzo colectivo de muchos españoles, Juan Carlos nunca dejó de utilizar su posición como jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para promover la democratización del país. Si puede considerarse un gran rey, y yo diría que sí, es por esa razón.

Una cuestión clave que este libro no aborda es si Juan Carlos es, en lo personal, un demócrata. De hecho, la respuesta apenas importa, ya que actuó como tal, pues pronto se dio cuenta de que no había otra forma de garantizar la supervivencia de la monarquía. Aprendió de la experiencia de la familia de la reina Sofía en Grecia y escuchó los consejos que recibió de diplomáticos estadounidenses y británicos. Sin embargo, como mínimo, habría sido conveniente que se abordara este tema en el libro. Para que estas memorias fueran acogidas como una importante contribución histórica, habrían tenido que ofrecer un retrato de Juan Carlos I capaz de conciliar, por un lado, las auténticas dificultades de su infancia y adolescencia, y su inmensa contribución al establecimiento de la democracia y, por otro, las revelaciones de conductas cuestionables que culminaron en la abdicación del rey. El problema de esta épica autobiografía de quejas es que es poco probable que genere la empatía de cualquier español que haya sido lector habitual de los periódicos durante los últimos diez años. Además, si bien se espera que una autobiografía revele mucho sobre su autor y protagonista, en este caso puede que revele aún más sobre su coautora que sobre Juan Carlos.

-----------

1 El primero fue 'La forja de un rey: Juan Carlos I, de sucesor de Franco a Rey de España' (Sevilla: Fundación El Monte, 2000). Le siguieron 'Juan Carlos de España' (Madrid: Alianza, 2016) y 'Mon roi déchu. Juan Carlos d’Espagne' (Paris: Éditions Stock, 2021).

2 Debray, 'Mon roi déchu', 8–10, amp. 13–14; todas las traducciones son de mi autoría).

3 Véase José María Zavala, 'El patrimonio de los Borbones. La sorprendente historia de la fortuna de Alfonso XIII y la herencia de Don Juan' (Madrid: La Esfera de los Libros, 2010), 111–13 & 171; José María Toquero, 'Don Juan de Borbón, el Rey padre' (Barcelona: Plaza y Janés/Cambio 16, 1992), 58–61; Rebeca Quintans, 'Juan Carlos I. La biografía sin silencios' (Madrid: Akal, 2016), 71;

4 José Utrera Molina, Sin cambiar de bandera (Barcelona: Editorial Planeta, 1989), 103.

--------

Reseña de las memorias de Juan Carlos I (con la colaboración de Laurence Debray), Reconciliación. Memorias (Barcelona: Editorial Planeta, 2025), 507 pp; edición francesa: Juan Carlos I, Réconciliation (Pars: Éditions Stock, 2025), 512 pp.

El concejal de Vox en Santoña, Salvador Sarabia, ha presentado una moción para que el monumento en honor a Luis Carrero Blanco, erigido en el Paseo Marítimo, sea declarado bien de interés cultural (BIC) para protegerlo por considerar su “gran valor arquitectónico”. Según ha explicado Sarabia en un vídeo publicado en las redes sociales de Vox Santoña, el objetivo es que “no se mueva alguna piedra” por ser, según Vox, “un monumento de primera línea que tenemos que proteger cueste lo que cueste”, pese

Este es un paso más, después de que el Ayuntamiento de Santoña recurriese recientemente a la reciente normativa autonómica y, amparándose en una Ley de Víctimas del Terrorismo de Cantabria, para que el Gobierno de Cantabria reconociese a Carrero Blanco como víctima. Sin embargo, el gobierno autonómico instó al consistorio a dirigirse a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, por carecer de competencias.

En 2025, la Fiscalía de Memoria Democrática de Cantabria pidió información a una quincena de ayuntamientos de la comunidad que con monumentos o calles que honrasen a la Falange o a figuras relacionadas con la Guerra Civil que les facilitase información porque éstas irían en contra de la Ley de Memoria Democrática.

El concejal de Vox, por su parte, ha argumentado que, más allá de la interpretación que se le pueda dar a la Ley de Memoria Democrática, Carrero Blanco, nacido en Santoña, “debe ser considerado como víctima del terrorismo” al haber sido asesinado por ETA cuando fue presidente del Gobierno durante la dictadura de Franco. Por ello, pretende que el Parlamento autonómico inste a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para que el monumento sea declarado BIC. Con ese objetivo, Vox Santoña ha registrado primero una moción este miércoles en el Ayuntamiento de Santoña en la que expone la autoría y las características del monumento.

“El monumento, por su gran valor arquitectónico supera con creces la dimensión local por lo que entendemos que debe ser declarado BIC, para lo cual entendemos bueno, oportuno y necesario que la entidad que promueva dicha declaración sea el máximo órgano de representación popular de la Comunidad Autónoma de Cantabria, esto es, el Parlamento de Cantabria”, ha alegado Sarabia.

“Si las cosas no se hubieran complicado para mi padre, yo habría nacido en Guinea”, comenta al inicio del documental Negro Limbo (2024) Món Fernández-Dans, coguionista de la película junto a David Morello y su director, Lorenzo Benítez. Món, publicista, es hijo de José Antonio Fernández-Dans, ex Fiscal General de las colonias españolas en África ecuatorial: Río Muni (actual territorio continental de Guinea Ecuatorial) y Fernando Poo (la isla de Bioko, donde se sitúa la capital de Guinea Ecuatorial, Malabo).

La cinta se centra en la salida precipitada de la isla de Fernández-Dans tras la desaparición, en 1959, del líder independentista Acacio Mañé y el intento, por parte del fiscal y otras autoridades judiciales de la colonia, de investigar los hechos. Las pesquisas apuntaban al gobernador militar, el almirante Faustino Ruiz, protegido de Carrero Blanco. Este, con un poder omnímodo y molesto por las sospechas, presiona a Fernández-Dans hasta que logra su traslado a un juzgado de Puertollano, en España.

De este modo, Negro Limbo relata la nunca investigada represión a los líderes del temprano movimiento independentista guineano –a la desaparición de Mañé en Guinea se sumó la de otro líder, Enrique Nvo, en Camerún–, así como las posteriores trabas con que se toparon sus realizadores, sesenta años después, para poner en claro la historia, que en el caso Mañé todavía está amparada bajo la Ley de secretos oficiales.

Un paraíso en Super 8

“Fue en una reunión informal entre los tres [Morello, Fernández-Dans y Benítez], que somos grandes amigos, donde Món comentó que su padre tuvo que salir de Guinea, donde era una autoridad judicial, por algún problema poco claro que se convirtió en un secreto de familia”, explica Benítez en conversación telefónica desde su Cádiz natal.

“Eso a mí me despertó la curiosidad, y también a David, que es periodista”, prosigue el director de Negro Limbo, que a partir de entonces comenzó a investigar junto a sus dos amigos cuál había sido la causa de aquella salida precipitada de la familia Fernández-Dans, que había permanecido catorce años en Río Muni.

“Empezamos a contactar con gente que había estado en la colonia antes de su independencia en 1968, y el boca a oreja funcionó muy bien”, comenta Benítez, que asegura que los antiguos colonos comenzaron a llamarles para proporcionarles las películas en Super 8 que contenían sus recuerdos de la época y que consiguen dar el contexto histórico a Negro Limbo, pues reflejan cómo era la vida para los españoles en Guinea Ecuatorial.

“Era un nivel de vida impensable en la España continental, sumida todavía en la posguerra, pues una familia colona de nivel medio gozaba de coches americanos de primer nivel, vivía en una mansión y tenía todos los electrodomésticos americanos del momento”, revela Benítez. “En definitiva, una vida que todos los entrevistados echan de menos y definen como una especie de paraíso perdido”, concluye.

En las cintas cedidas, entre temblores y manchas de celuloide, pueden verse enormes coches americanos, hermosas casas coloniales, modernos televisores y mujeres fumando en bikini en la piscina del casino o en la de su casa, también acompañadas por criados negros que las llenan de flores, todo ello datado a inicios de los años sesenta. “Cada niño tenía un criado negro”, apostilla el director.

Menores de edad para el régimen franquista

Pero tras aquella realidad paradisíaca en Super 8 se escondía otra mucho más perversa y que, en cierto modo, se sitúa en el origen del problema que llevó al padre de Món Fernández-Dans a su salida, forzada, de Guinea junto a su familia. “Los africanos eran considerados por el régimen franquista como menores de edad”, explica Benítez. Asegura que a pesar del discurso oficial, que pregonaba un trato igualitario, en la mayoría de los casos no tenían ni derechos ni posesiones personales, viendo así muy limitada su libertad.

Sí existía una pequeña élite urbana, conocida como “los emancipados”, que tenían un estatus similar al de los colonos blancos: se relacionaban con ellos, tenían empleos de capataces en las haciendas y poseían tierras, además de ostentar el privilegio de poder mandar a sus hijos a estudiar a España. “Acacio Mañé pertenecía a esa élite, fue vicepresidente del Patronato de Indígenas, que era la entidad que gestionaba los asuntos de los nativos”, comenta Benítez.

Mañé era, en consecuencia, alguien bien relacionado y su vinculación a la organización independentista Cruzada Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial no era desconocida en un momento en el que toda África caminaba hacia la descolonización. “Nuestra conclusión es que Carrero Blanco, molesto con ellos, dio la orden de actuar con mano dura contra los líderes independentistas”, dice Benítez para explicar la desaparición súbita de Mañé, un hombre con estatus y que no era ajeno a los círculos blancos.

En la cinta su hijo, Joaquín Mañé, que fue educado en España, pero que vio cómo todo el patrimonio de su padre se desvanecía, apunta a los servicios secretos españoles y a que estos arrojaron a su padre al mar. También aparece el hijo de Enrique Nvo denunciando una actuación de los mismos servicios en el asesinato de su progenitor en Camerún.

Secreto de Estado

Finalmente, debido a las presiones del almirante Ruiz, la desaparición de Mañé no fue investigada y quedó silenciada hasta la llegada de la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968. “Mañé es considerado un mártir en Guinea, tiene una escuela y un barrio en Bata con su nombre, pero ni Macías ni luego Obiang [sucesivos dictadores guineanos] han querido reivindicarle como héroe nacional”, asegura el realizador.

Entre las gestas del equipo del documental está la de haber conseguido permisos para rodar en Guinea, un país muy cerrado y gobernado por una dictadura, para entrevistar a Joaquín Mañé en la antigua hacienda familiar, que perdieron tras la desaparición del padre. “Fue gracias al apoyo de un cineasta que estaba allí, bien relacionado para conseguir los permisos de rodaje”, aclara Benítez, que de todos modos deja clara esta advertencia: “En ningún momento intenté ponerme en contacto con el gobierno de Guinea ni quise saber nada de él”.

Paradójicamente, lo más difícil de estos seis largos años de investigación –a los que se sumó un parón de dos años debido a la pandemia– ha acontecido en España, concretamente en el periplo por los distintos archivos estatales para investigar las noticias de la desaparición de Mañé. La película narra así las dificultades para acceder a la información y las numerosas trabas de la administración para investigar sobre los implicados.

“Hay un documento del que nosotros hablamos en la cinta que está en el archivo de Moncloa y al que no podemos acceder porque está amparado por una ley de Secretos de Estado que viene de Franco”, se queja Benítez. “Además, hay que tener en cuenta también que aquello se declaró materia reservada hasta el año 76”, apostilla. Finalmente, la mayor victoria conseguida, gracias a las investigaciones del documental y la insistencia de Joaquín Mañé, es que a Acacio Mañé se le reconozca como víctima de la represión política y colonial franquista.

Sobre los motivos por los que la Administración se muestra opaca en el caso Mañé, Benítez apunta a oscuros intereses: “Entiendo que las relaciones hoy en día con Guinea Ecuatorial siguen siendo muy difíciles para España como ex potencia colonial, porque además es un país que tiene una de las dictaduras más largas del mundo”. “Y al mismo tiempo, es un país muy rico en petróleo, pero a la vez muy corrupto, por lo que supongo que lo que pasó entonces todavía salpica de alguna forma a gente que hoy en día está viva e incluso tiene negocios poco claros allí”, remacha.

Cristina Peñamarín tenía veinte años el día que sucedió todo. Recuerda la ropa que llevaba, el tiempo que hacía y con quien estaba cuando le llegó la noticia. Fue uno de esos momentos que se graban en la memoria por el impacto. “Era una estudiante en mis primeros años de universidad y estábamos haciendo cola en Las Salesas por el juicio del 1001 —proceso contra la cúpula clandestina de Comisiones Obreras— cuando se empezó a correr la voz: ”¡Que han matado a Carrero! ¡Que han matado a Carrero! Idos a casa“, nos decían. Porque, claro, en aquella época cuando ocurría algo siempre empezaban a detener a gente”, rememora. Pero ella no se fue a su casa sino a una librería, “creo que la Antonio Machado”. Allí estuvieron, cuchicheando en voz queda, sobre lo que acababa de ocurrir y que no terminaban de creer. “La emoción se palpaba en todas partes, era como magia potagia. De pronto, todo era posible”, revive.

Ahora, con 70 años, catedrática de Teoría de la Información en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y doctora en Historia Contemporánea de España, comenta el suceso y el impacto cultural con el que ha llegado hasta la actualidad. “En este país no había nadie más asentado que Carrero. Era el delfín, el que iba a continuar a Franco y, ¡pum!, sale volando. Es demasiado bonito y, sobre todo, chusco. Es lógico que haya inspirado, y siga inspirando, muchas otras imágenes”, opina en declaraciones a este diario.

Para Peñamarín, Carrero Blanco se convirtió en unos de los primeros chistes del post franquismo por todos los elementos que rodearon al homicidio. “Fue un golpe cinematográfico. El atentado voló por los aires, literalmente, la tapadera del franquismo”, explica para subrayar que forma y fondo confluyeron de una manera tan visual que su impronta llega hasta hoy. “Hay que recordar que, pese a lo terrible que es siempre un asesinato, aquello fue un alivio para la población en general”, añade.

Fue tan cinematográfico que, en efecto, las imágenes con las que se suele ilustrar el suceso pertenecen a una película. La cinta, ‘Operación Ogro’ (1979), es parte del legado de Emilio Ruíz del Río (Madrid,1923-2007), director de arte y uno de los mayores maestros de trucaje y maquetas del cine de su era.

Herencia en el humor gráfico

La aportación involuntaria de Carrero al panorama artístico español es ecléctica y, aparentemente, inagotable. En lo musical va desde la famosa e irreverente Carrero Blanco, publicada en el recopilatorio Estado de sitio (2001) de la banda punk-rock gallega Soak, hasta el nombre del grupo gallego de electro-pop, que aunque adaptado denota la alusión, Carrero Bianco; mientras que en el resto de las artes se ha difuminado en forma de bromas, viñetas y cómics.

Su impacto principal, a ojos de Peñamarín —quien es autora del trabajo El humor gráfico del franquismo y la formación de un territorio translocal de identidad democrática—, se puede ver en el chiste y, sobre todo, en el humor gráfico de figuras como Forges, El Roto o Peridis Peridis —que aún no había empezado a dibujar cuando sucedió el atentado—, entre otros. “El humor del franquismo tiene algo de eterno, pero además fue una fuente de muy notables viñetistas, alguno de los cuales sigue dibujando hoy. Humoristas fantásticos que, como no podían decir las cosas a derechas, las decían sin decirlas”, continúa la catedrática para aducir que el humor actual, especialmente el gráfico, bebe “muchísimo” de estas influencias.

Un ejemplo es el de Unbrained Comics, una editorial underground proveedora de servicios de autoedición que lanzará en 2023 el título ¿Quién pensará en el águila de los fieles?, los devaneos con el psicólogo del último gran héroe ibérico: un tal Luis Carreño Branco.

Un antihéroe para conquistar los cielos

Jota García, Ogre y Jota Medina son los seudónimos de los tres artífices de un superhéroe particular, El águila de los fieles. Un héroe derrotado, cansado de salvar a España y que, en su última sesión con el terapeuta, le dice que lo deja. Que sabe que el S.C.E (Sindicato Criminal Español) planea un atentado y ahora no piensa evitarlo.

Se trata de una parodia que parte de los estereotipos, que pueblan el inconsciente colectivo español, englobados en el personaje del último jefe de Gobierno de la dictadura: “Creo que ha sido siempre un meme antes incluso de la existencia de los memes, una especie de comodín o chascarrillo recurrente pero eclipsado por otras coñas españolas, algunas más bestias, por supuesto”, explica Ogre a este periódico. “Últimamente estaba cayendo en el olvido para las nuevas generaciones del cachondeo histórico y para eso hemos llegado nosotros, para revitalizar dicha figura desde nuestra óptica cáustica y pendenciera, pero llena de cariño y bonhomía”, continúa.

Así, escogieron la figura de Carrero porque, según desarrolla Medina, a nivel popular siempre ha sido parte del archivo del humor negro español ya que, a juicio de los autores, un magnicidio es razón suficiente como para grabar a fuego una figura en la cultura popular. “En España somos grandes para este tipo de humor, otra cosa es que sea aceptado y consumido por todo el mundo”, valora.

“Veníamos de publicar mi anterior cómic Pequeña y Galana, una historia ficticia sobre la virgen de Covadonga. De manera local generamos mucho revuelo. Cuando pruebas la sangre de la controversia ya no puedes parar. Ver a la gente como se ofende puede llegar a resultar muy divertido”, apunta, por su parte, García. Sin embargo, sostienen que el arquetipo protagonista es apenas un punto de partida en una historia que “va más allá”. De Carrero, afirman, “solo tiene las cejas”.

Las distintas caras del humor político

El humor político es una actividad social compartida. Por eso, para tener éxito, necesita la complicidad de una comunidad con unas mismas características —códigos y hábitos culturales, registros lingüísticos, estilos de vida o referencias simbólicas— que le den cohesión y unidad. Es decir, un público que lo entienda y comparta. “Siempre es necesario posicionarse respecto, por un lado, con uno mismo y, por otro, con los grupos sociales que sostienen diferentes visiones del asunto o motivo que es objeto de risa”, expone Jordi Manel Monferrer, profesor de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), miembro del Grupo de Estudios sobre Sociedad y Política.

De este modo, y según Monferrer, cuando la mayoría recurre al humor político lo hace para hablar únicamente de aquello que les hace sonreír. O que creen que hace reír a su grupo social de referencia. Y, al mismo tiempo, ignoran o desprecian aquello que, de forma consciente o inconsciente, no les hace gracia.

Así, para analizar las manifestaciones del humor en torno al franquismo, es importante examinar el contexto sociopolítico subyacente en que se produjeron. “Este refleja la visión y las cuestiones propias de un periodo histórico”, desvela el profesor quien aduce que, habitualmente, se ha considerado que el humor político está asociado, en cierta medida, a grupos sociales que plantean ideas progresistas. “Se argumenta que las personas con esta ideología son más proclives a realizar y aceptar prácticas humorísticas corrosivas o críticas hacia el status quo político, con el objetivo de promover cambios sociales que puedan mejorar las condiciones de una vida democrática”, continúa.

En la misma línea, los grupos ubicados en el espectro ideológico más conservador serían más reacios al recurso de prácticas humorísticas porque suponen un contrasentido peligroso para la continuidad, mantenimiento del orden y de los valores tradicionales. “Esta hipótesis se sustenta en la experiencia de los movimientos de oposición a las dictaduras y países autoritarios y represivos, donde el desarrollo del humor político contra el régimen puede considerarse un acto de heroicidad en la lucha por las libertades públicas y los derechos civiles”, argumenta Monferrer.

Eso es lo que pasó en España, el humor político contra el régimen se convirtió, progresivamente, en una manifestación más de la contienda política que compartieron los movimientos sociales y políticos de la oposición. Sin embargo, en la actualidad, la pervivencia de ciertos códigos humorísticos pasados, a ojos de Monferrer, se debe en primer lugar al hecho de pertenecer a una cultura común aprehendida y a que, con respecto de los años ochenta, ha aumentado la diversidad de ideologías y de opciones políticas existentes en la sociedad española, con sus respectivos discursos y pluralidad de valores, que mantienen diferencias sustanciales sobre ideas, actitudes e incluso sobre el propio valor del humor. “Y no hay que olvidar que algunas de estas opciones políticas realizan un proselitismo de la dictadura franquista”, matiza.

Libertad de expresión y represión política en la actualidad

Cassandra Vera, César Strawerry, los titiriteros del ‘Gora Alka-Eta’. Tres ejemplos de de humoristas que se han sentado en el banquillo en los últimos años por la ejecución del artículo 578 del actual código penal. Los tres, tras procesos mediáticos, quedaron absueltos por el Tribunal Constitucional. Según Carlos Sánchez Almeida, abogado del bufete Almeida y actual director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), “tenemos un código penal pensado para cuando ETA mataba”.

“Hay una propuesta de ley para derogar todos los delitos de opinión, incluyendo las injurias a la corona, las ofensas a los sentimientos religiosos, las injurias contra España, las comunidades autónomas y sus símbolos, etc, pero está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso”, ironiza Almeida para subrayar que se ha prolongado la fase de enmiendas “desde hace varios años” y, de momento, ocurre “lo mismo que con la Ley Mordaza”: “se prometió derogarla y ahí está”, sentencia.

Todo esto viene desde 2015 y el endurecimiento del citado artículo 578, el referente al delito del enaltecimiento del terrorismo. “Ese año se hizo la última y más exagerada modificación del texto, que aumentaba la pena si se producía a través de internet”, explica Almeida. Entonces comenzaron las denominadas Operaciones Araña (2014-2016), una investigación prospectiva de los cuerpos y fuerzas del Estado, que buscaban palabras clave como “Carrero” en las redes sociales, sobre todo en Facebook e Instagram, y que se saldó con más de 70 detenidos, refiere el letrado. “La persecución comenzó en serio en los momentos más fuertes de la crisis, cuando la gente se estaba manifestando en internet. Tenía una clara intencionalidad política”, critica Almeida.

Entre esos detenidos hubo más de 40 condenas, entre las que destaca la aplicada al rapero Valtonyc en 2018 por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas no condicionales en sus canciones. Un hito que hizo que la propia Cassandra Vera —entonces estudiante de 22 años— pensara que era imposible que la absolvieran por sus 12 tuits de humor negro. “Son chistes, que pueden ser de peor o mejor gusto, pero que simplemente son eso”, defendía en declaraciones a este periódico cuando conoció que el Tribunal Supremo fallaba a su favor.

Ponerle puertas al campo

Es internet, la viralidad de las redes sociales, el poder difundir cualquier mensaje en cuestión de minutos lo que avivó la ristra de detenciones y juicios. Eso cuenta Daniel Canales, portavoz de Amnistía Internacional (AI), “El delito de enaltecimiento del terrorismo, que se introduce en el código penal a principios de los 2000, es una respuesta a actos de homenaje a presos de ETA que salían de prisión”, explica para continuar que con la entrada en juego de las redes sociales observaron una reforma del código penal “centrado en internet”. Así, Canales insiste en que en España se aplicó la legislación antiterrorista a personas que, de manera pública, difundían este tipo de chistes. “Y es ahí donde Amnistía Internacional vimos un elemento de denuncia claro”, subraya.

“La primera jurisprudencia que empieza a generarse por parte de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo consideraba enaltecimiento del terrorismo y humillación para las víctimas absolutamente todo; la clave de humor, expresiones artísticas, todo”, continúa el portavoz de AI. Del mismo modo, Canales señala que han observado como, tras el pico de aquellos años, las sentencias se han reducido considerablemente, “ha habido una delimitación mucho más clara de su aplicación”, comenta. Aseveración que refrenda el informe de la Fiscalía, publicado en septiembre de 2022 (pág, 428), en el que se explica que desisten de formular acusaciones de enaltecimiento del terrorismo cuando tienen que ver con estos grupos inactivos, como ETA o los GRAPO, puesto que “ha devenido en un delito de casi imposible condena ante las exigencias jurisprudenciales de riesgo”. “El problema es que ese artículo, antidemocrático, sigue ahí y puede volver a aplicarse en cualquier momento”, finaliza Canales.

Cámaras de eco

Se puede no estar de acuerdo con un chiste, que sea feo, de mal gusto o, simple, malo. Todo es susceptible de crítica legítima, asegura el total de los entrevistados. “El humor, para serlo, debe atentar contra cualquier cuestión porque está por encima de la realidad. Aunque, evidentemente, no todo valga”, opina Ogre, a lo que añade su compañero, Jota Medina, que reírse de una figura pública del siglo pasado no es algo malo, “meterse con su familia y su vida privada es otra cosa totalmente distinta”, apunta para continuar con que “el moralismo y la autocensura siempre han existido”. “Lo que difiere”, explica, “es que en estos tiempos tienes un sector en internet que bombardea tu trabajo o vida privada simplemente porque está en desacuerdo. Miles de personas que tienen poco que hacer y su mayor problema es que le acepten en la red o conseguir que alguien diferente sea expulsado de su trabajo o consiga ser rechazado popularmente”. Un fenómeno que ha ocurrido siempre, pero al que la vastedad de internet da un mayor alcance. Sobre todo, si se trata de algún tema de calado político.

“La diferencia actual entre grupos y colectivos ideológicamente opuestos muestra como el humor político es una construcción social (re)elaborada con una finalidad política y, en suma, que la percepción del humor político, especialmente contra el franquismo, ha dejado de ser igual para todo el mundo”, zanja, al respecto, Monferrer. El debate sobre quién puede decir qué, hasta la fecha, sigue siendo eterno.

El 9 de junio de 1973 Franco dejaba de ser presidente del Gobierno y entregaba el relevo a quien llevaba siendo su mano derecha desde hacía varias décadas. El almirante Luis Carrero Blanco se convertía en el sucesor político del dictador. El nuevo presidente tenía un mandato para el que se sentía plenamente capacitado: garantizar la continuidad de aquel régimen totalitario tras la muerte del tirano. Nada más jurar su cargo ante el todavía pero ya decrépito Jefe del Estado, Carrero se reunió durante 45 minutos con el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, el hombre que estaba llamado a jugar el papel de marioneta en el franquismo sin Franco. El veterano marino tenía 69 años y estaba convencido de que el futuro de España pasaba por una monarquía de corte autoritario que él tutelaría como siempre había hecho, con mano de hierro. Aquel plan se vio frustrado siete meses después, cuando ETA acabó con su vida en Madrid. 

¿Cómo habría sido aquel postfranquismo dirigido por Carrero? Es imposible saber la respuesta, pero repasando su carrera, su ideología y sus discursos podemos entender mejor por qué la figura del almirante suponía una seria preocupación para los sectores sociales y políticos que deseaban el regreso de la democracia a nuestro país. Una preocupación que también se respiraba en la mismísima Casa Blanca y que provocó dudas sobre la participación directa o indirecta de la CIA en el atentado que le eliminó de la ecuación.

El golpe de Estado

La sublevación de una parte del Ejército contra la República sorprendió a Luis Carrero Blanco en Madrid. El entonces capitán de corbeta y profesor de la Escuela de Guerra Naval había coincidido con Franco en uno de los episodios de la guerra de Marruecos: el desembarco de Alcazarseguer, en abril de 1925. Posteriormente, a comienzos de los años 30, volvió a tratar con el futuro dictador mientras este ocupaba la Comandancia General de Baleares. A pesar de ello y de no comulgar con el régimen republicano, no hay constancia de que participara directamente en la sublevación. Aun así, tras el rápido fracaso del golpe en la capital, Carrero se refugió sucesivamente en las embajadas de México y Francia. En el verano de 1937 logró escapar a la zona controlada por los golpistas y se sumó a su ejército, combatiendo al mando de buques como el submarino General Sanjurjo o el crucero Canarias. 

Consejos a Franco sobre entrar en la II Guerra Mundial

Tras la victoria franquista, de la mano de un destacado líder falangista, Carrero entró a formar parte del Consejo Nacional de la FET y de las JONS. El 12 de junio de 1940 España expresó su apoyo implícito a Hitler y Mussolini en la II Guerra Mundial, dejando de considerarse “neutral” y pasando a declararse estado “no beligerante”.

En noviembre de ese año, Carrero Blanco redactó para Franco el primero de una serie de informes sobre política internacional. En él, a diferencia de lo que han mantenido algunos historiadores e investigadores, Carrero no hizo una defensa a ultranza de la neutralidad de España en el conflicto. Tal y como destacan otros académicos como Antonio Téllez Molina, lo que hizo es aconsejar al dictador que retrasara su entrada en la guerra hasta que Berlín y Roma controlaran el Mediterráneo para así garantizar el abastecimiento de alimentos, materias primas y armamento: “En resumen —escribió Carrero— todo parece indicar que, antes de la caída del Canal de Suez, España no entrará en la guerra, pero que tan pronto como dicho Canal pase a poder de las potencias del Eje, cambiarán fundamentalmente los aspectos de la cuestión y cabe pensar en que V.E. decida nuestra intervención en el conflicto”.

Tiene claro cuál es su bando en la guerra

Impresionado por sus informes, Franco nombró a Carrero Jefe del Estado Mayor y le incluyó en su círculo de confianza al otorgarle el cargo de subsecretario de la Presidencia. Ocupando ya ambos puestos, el cada vez más influyente militar continuó desgranando sus preferencias en los informes que entregaba al dictador. En ellos explicaba por qué nazis alemanes y fascistas italianos merecían todo el apoyo de nuestro país: “Porque el Eje lucha hoy contra todo lo que es el fondo anti-España”. Y esa “anti-España”, para Carrero, la representaban las democracias occidentales y la URSS: “Ha llegado a constituirse por una acción personal de Roosevelt, al servicio de las logias y de los judíos, es realmente el frente del poder judaico, donde alzan sus banderas todo el complejo de democracias, masonería, liberalismo, plutocracia y comunismo, que han sido las armas clásicas de que el Judaísmo se ha valido para provocar una situación de catástrofe que pudiera cristalizar en el derrumbamiento de la Civilización Cristiana”. 

El antisemita

El odio visceral a los judíos del futuro almirante no solo quedó reflejado en informes como el anteriormente citado. En 1941 publicó el libro España y el mar en el que realizaba una auténtica oda antisemita: “España, paladín de la Fe de Cristo, está otra vez en pie contra el verdadero enemigo: el Judaísmo. Se trata de una fase más de la lucha que secularmente sacude al Mundo. Porque el Mundo, aunque no lo parezca, aunque en apariencia sus contiendas tengan su origen en causas muy distintas, vive una constante guerra de tipo esencialmente religioso. Es la lucha del Cristianismo contra el Judaísmo. Guerra a muerte, como tiene que ser la lucha del Bien contra el Mal, de la verdad contra la mentira, de la luz contra la oscuridad”.

El represor

El consejero de Franco empezó a ser consciente a finales de 1942 de que la guerra no iba como “su España” esperaba y deseaba. Siguió defendiendo el compromiso del régimen franquista con Hitler: “Es evidente que España tiene una decidida voluntad de intervención al lado del Eje, por cuanto este combate a nuestros enemigos naturales que son ese complejo de democracias, masonería, liberalismo, plutocracia y comunismo, armas con las que el poder judaico trata de aniquilar la Civilización Cristiana…”, pero ahora insistía especialmente en que “la situación actual” del país impedía una “intervención normal” en la contienda. Por lo que pudiera pasar en la contienda, aconsejaba a Franco que estuviera prevenido para endurecer todavía más la represión interna: “Cortando en seco cualquier intento de perturbación y disidencia a que los posibles vaivenes de la marcha de la guerra puedan dar pábulo”.

Empieza a cambiar de chaqueta y apela a “la hegemonía blanca”

Las sucesivas derrotas de sus camaradas alemanes llevaron a Carrero a ir cambiando el tono y el fondo de sus informes. En 1944 ya no culpaba a los judíos ni a las democracias del conflicto bélico, sino a “la astucia soviética” y al “plan Lenin”. Aun así, seguía despreciando abiertamente el sistema democrático: “Utopía es, y enorme, el suponer que todos los hombres (y hasta las mujeres) de una nación están capacitados para exponer su opinión, en sufragio universal, sobre cómo debe gobernarse su país”. Viendo imposible el triunfo de Hitler, Carrero sugirió a Franco buscar un acuerdo con Estados Unidos y Gran Bretaña al que se pudiera incorporar la Alemania nazi. Un acuerdo basado en lo que llamó “Plan de hegemonía de la raza blanca”. Su apuesta era una “comunidad europea” para hacer frente al comunismo y repartirse áreas de influencia con EEUU. El objetivo, según él, debía ser que “los blancos civilicen cristianamente a los pueblos de su zona de influencia” y apelar a la “ayuda mutua de los blancos para combatir a la URSS y al Japón”. 

Guarda las esvásticas en un cajón

La derrota alemana empujó al subsecretario a buscar la supervivencia de su dictadura congraciándose con Estados Unidos y Gran Bretaña: “De momento y con urgencia es el catolicismo y el anticomunismo lo que conviene esgrimir y a lo que hay que sacar todo el partido posible”, aconsejó a su “Caudillo”. Carrero sabía que el catolicismo les distanciaba del nazismo y el anticomunismo les alineaba con los Aliados: “Inglaterra y los EEUU nos necesitan para luchar contra el imperialismo ruso”. Entre 1945 y 1947 su lema fue “orden, unidad y aguantar”.

Defensor y protector de los líderes nazis

Ese cambio de estrategia era puro maquillaje. Carrero, como el resto de dirigentes del régimen, trató de proteger a los nazis que se habían refugiado en nuestro país. De los más de 700 alemanes cuya repatriación fue exigida por los Aliados, la España franquista entregó a poco más de 200. “La mayoría eran de segunda y tercera categoría”, aclaraba el periodista José María Irujo, que investigó a fondo el tema: “Los más importantes, en cambio, esto es, los de primera categoría, recibieron el apoyo de la policía española, de la Iglesia y de los altos cargos del gobierno de Franco”.

Carrero Blanco impidió la extradición de, al menos, tres de estos hombres: Alfred Menzell, Joaquim von Knobloch y Kurt Meyer. El consejero de Franco justificó así, ante el ministro de Asuntos Exteriores, la necesidad de salvar a uno de ellos: “Su inclusión en la lista debe ser un error de funcionarios y creo que procede en justicia rectificarlo, máxime cuando se trata de una persona que combatió por nosotros en nuestra guerra”. Carrero mantuvo buenas relaciones, durante décadas, con estos y otros nazis afincados en España como el célebre coronel de las Waffen-SS Otto Skorzeny. 

El verdadero Carrero habla a través de Juan de la Cosa

Teniendo que guardar las formas ante las victoriosas democracias occidentales, Carrero recurrió a numerosos pseudónimos para trasladar sus opiniones más radicales en el diario Arriba o en Radio Nacional de España: Hispanus, Ginés de Buitrago, Juan Español y, el más célebre de todos, Juan de la Cosa. Bajo esas falsas identidades arremetió contra las naciones democráticas, los judíos e incluso cuestionó las condenas impuestas en Núremberg a los líderes nazis, tachándolas de “crimen” y de “venganza”. 

La monarquía totalitaria

En 1947 la Guerra Fría ya era una realidad y había terminado dando la razón al perspicaz marino. Estados Unidos y Gran Bretaña ya veían al dictador como un posible aliado frente al enemigo soviético y relegaron a un aspecto secundario la situación de opresión y represión que sufrían los españoles. Ese mismo año Carrero convenció a Franco para aprobar la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado que debía garantizar la continuidad del régimen más allá de la muerte de su creador. El futuro pasaba por una monarquía que perpetuara todos y cada uno de los principios del “Movimiento”.

Más franquista que Franco

Su peso político y su responsabilidad en los crímenes perpetrados por el régimen no pararon de crecer. El dictador le nombró vicepresidente del Gobierno en 1967. Desde ese momento y hasta el día de su muerte, pasando por su breve etapa como presidente, mantuvo su determinación de mantener inalterable el régimen dictatorial.

Así lo resumió en una intervención pública en 1968: “Que nadie, ni desde fuera ni desde dentro, abrigue la más mínima esperanza de poder alterar en ningún aspecto el sistema institucional porque, aunque el pueblo no lo toleraría nunca, quedan en último extremo las fuerzas armadas”. La teoría la llevó a la práctica con la durísima represión ejercida sobre los movimientos estudiantiles, obreros y nacionalistas que no paraban de crecer desde finales de los años 60. Una represión que se tradujo en decenas de muertes y en torturas y penas de prisión para centenares de hombres y mujeres. 

Durante muchos meses de 1973, varios militantes de ETA pulularon por Madrid sin que nadie les diera el alto. Hasta una treintena de ellos se juntó en Getafe para celebrar una reunión del comité ejecutivo. Pocos los sabían, pero por aquel entonces se fraguaba una operación que acabaría con el almirante Luis Carrero Blanco, llamado a suceder a Francisco Franco a la muerte del dictador. “Era impensable, inimaginable, por todo lo que suponía”, sostiene Antonio Rivera, que este miércoles ha presentado en Vitoria su libro '20 de diciembre de 1973. Asesinato de Carrero Blanco', en el que repasa cómo se fraguó una operación que abocó al franquismo a un final sin sucesor y que granjeó a ETA una legitimidad social “extraordinaria”.

Rivera hace una distinción importante entre las dos fases que atravesó lo que se dio en conocer como Operación Ogro. En un primer momento, ETA se propuso secuestrar al almirante para demandar la puesta en libertad de los presos políticos y, además, exigir que Televisión Española, el medio de comunicación oficial, emitiese un comunicado en el que se explicase la acción. Con el ascenso de Carrero Blanco a presidente del Gobierno, el proyecto quedó en un impás. “Finalmente se resuelve en términos de proceder a un asesinato. Esta era una idea que ya había estado en la mente de la gente de ETA anteriormente”, señala Rivera. “Más allá del asesinato de un presidente del Gobierno, que no es poca cosa, lo que ETA quería de alguna forma era tirar una piedra en el estanque, alterar la situación de estabilidad incierta que había en el momento final del franquismo y generar una conmoción que alterara el estado de las cosas”, añade.

Las consecuencias que tendría el asesinato eran tan inciertas para ETA como para cualquier observador externo, pero Rivera sostiene que desempeñó un papel fundamental en el final del régimen. “Lo que consigue, sobre todo, es desatar la confrontación interna entre las diferentes familias dentro del régimen. Carrero servía de fiel de la balanza, de las presiones encontradas de los grupos de interés”, explica. Ya sin él, no les resultó posible hilvanar un nuevo proyecto y se encaminaron hacia lo que Rivera denomina como “los minutos de la basura”: los dos gobiernos de Arias, el último de la dictadura y el primero de la democracia, que se caracterizan, desde el punto de vista del historiador, por la incapacidad del régimen. “El atentado de Carrero acaba con el franquismo, pone el punto final del franquismo, pero no es el punto de partida de la transición hacia la democracia”, apostilla.

El éxito de la operación también tuvo un gran impacto en el devenir de la banda, que se debatía entre el sector militar y el político-militar, con la violencia en medio del debate. “Había unos sectores que entendían que la violencia podía ser un instrumento para la acción política y había otros sectores que, partiendo de lo mismo, acaban considerando finalmente que el activismo violento es el alfa y el omega, la columna vertebral que articula esa cultura política que está creando ETA”, explica. En una época en la que esta concepción se enfrentaba a la de dos fuerzas contrarias a la violencia —el Partido Comunista y el Partido Nacionalista Vasco—, este atentado sirvió a la banda para mostrarles que la acción violenta sí podía cambiar las cosas. “En adelante, la violencia va a ser el santo y seña, la referencia fundamental de ese mundo hasta su desaparición en 2011”, añade Rivera. “El atentado no resuelve el final de la dictadura y lo que la va a sustituir, pero sí resuelve su propio acertijo interno, y lo resuelve dándose vida a través de la violencia”, cree.

Ese lustro 'dorado' —antes del atentado de Carrero la respuesta ante el Proceso de Burgos había sido multitudinaria y después vendría también la contestación ante las últimas ejecuciones de la dictadura— le sirvió a ETA para apropiarse del patrimonio del antifranquismo y para imbuirse de legitimidad social, según apunta Rivera. “Esta legitimidad social, extraordinaria, la va a ir administrando a lo largo de los años, conforme la va perdiendo con atentados y con acciones cada vez más incomprensibles para el conjunto social y progresivamente hasta para su propia parroquia”, abunda.

La sombra de la sospecha se cernió desde el primer momento sobre el atentado, y desde varios sectores se agitó la posibilidad de que Estados Unidos e incluso el KGB hubieran podido estar implicados en su organización. Rivera, sin embargo, espanta esos fantasmas, que carecen de sentido, en su opinión. “Salió todo tan bien habiéndolo organizado tan mal que resulta hasta increíble. Cuando los seres humanos no sabemos o no podemos esclarecer la verdad, una buena mentira resulta un recurso magnífico”, concede, pero insiste en que no existe ningún argumento sólido para sostener tal postura. “Hay una certeza muy clara, y es que tanto los servicios de inteligencia como los diversos cuerpos de policía españoles fueron incapaces de advertir el peligro emergente que tenían unos jóvenes, una organización que, aunque ya tenía unos años, iba a saltar de un activismo doméstico a un activismo a nivel nacional y que lo hicieran nada menos que con un presidente del Gobierno”, zanja.

Los chistes sobre Carrero Blanco en Twitter son eso, chistes. El Tribunal Supremo ha anulado la condena de la Audiencia Nacional a Cassandra Vera al considerar que solo hizo humor negro en Twitter y no se dedicó a humillar a una víctima que falleció 22 años antes de que ella naciese. La joven murciana comenta, en conversación con eldiario.es poco después de conocer el fallo, que no se lo esperaba.

La sentencia es clara: Cassandra solo tuiteó comentarios que se han repetido durante años, desde que se perpetró el atentado, y “en casi todos ellos la clave de humor recaía en el hecho de que el vehículo surcara el espacio y acabara cayendo dentro de un edificio”. Se incidía en la “forma singular” del atentado y no en la víctima. Esa interpretación de los 12 tuits de esta joven murciana la han librado de una condena de un año de cárcel y siete de inhabilitación que le impedía opositar a profesora, para lo que se estaba preparando.

“La verdad es que no esperaba la absolución después de la condena a Valtonyc y otras sentencias sobre libertad de expresión, no me esperaba ser absuelta, la verdad. Me ha sorprendido, estoy muy contenta no tengo adjetivos para describir lo contenta que estoy ahora”, comenta. La sentencia, dice, ha supuesto “un varapalo” a la Audiencia Nacional porque viene a aceptar sus argumentos durante el juicio: “Son chistes, que pueden ser de peor o mejor gusto, pero que simplemente son eso”.

“El Supremo ha visto que Cassandra es mi nombre”

Han sido dos años de proceso judicial en el que, además de las acusaciones penales, Cassandra ha visto como la Fiscalía utilizaba su condición de transexual para buscar la condena por parte del Supremo. En el recurso, consideraron que su nombre, Cassandra, no era más que un pseudónimo tras el que se escondía para lanzar los mensajes contra Carrero Blanco.

“Me sentó bastante mal. Otro patético argumento que no le ha servido de nada al fiscal, el Supremo ha visto que Cassandra es mi nombre, con el que me identifico en cualquier acción de la vida, el fiscal buscaba faltarme al respeto e intentar sacar un argumento donde no lo había”, asegura.

Además, durante este tiempo ha sufrido acoso a través de las redes sociales desde que se convirtió en un personaje público. A las campañas de trolls en redes sociales se sumó el PP de Madrid y su presidenta, Cristina Cifuentes, que durante los días posteriores al juicio rescataron sus tuits antiguos e incluso cuestionaron su deseo de ser profesora.

Cassandra lamenta esta actitud pero cree que “demuestra de qué pasta está hecho el PP”. “Se lanzaron a rescatar supuestos tuits míos, que ni siquiera sabían si eran verdad o no, y simplemente a lanzar esos comentarios contra mí”, añade.

“Mi sueño de la docencia vuelve a estar en pie”

Durante el periodo que ha transcurrido entre la condena y la absolución Cassandra también ha tenido más cuidado en las redes sociales. Como comentan otros tuiteros investigados por la Operación Araña de la Guardia Civil, el proceso ha llevado a la autocensura: “En estos dos años he tenido mucho más cuidado a la hora de expresar mis opiniones, aunque sean totalmente legítimas, porque podría acabar con otra condena”.

En este sentido, considera que, a pesar de que el Supremo haya confirmado que no ha cometido un delito de humillación a las víctimas, en los últimos tiempos se está dando una recorte al derecho de libertad de expresión en España, y pone como ejemplo el secuestro del libro Fariña o la censura en Arco. “Se está viendo que en España la libertad de expresión esta siendo muy atacada”, concluye.

Ahora el proceso judicial ha acabado. La condena de la Audiencia Nacional le supuso la pérdida de una beca de estudios que ahora podrá retomar: “Ahora que no tengo la condena encima puedo volver a opositar, y retomo mis estudios con mucho énfasis y mucha ilusión, porque ahora mi sueño de la docencia vuelve a estar en pie”.

El proceso le ha supuesto un coste económico por los traslados a Madrid, aunque se ha ahorrado el pago de su defensa, que han llevado de forma gratuita. El portavoz de BGD abogados, Cristóbal Gázquez, para quien el fallo del Supremo origina una nueva doctrina que sostiene que no hay enaltecimiento o humillación a las víctimas “sin un odio concreto, sin un daño real”.

“Cassandra es una estudiante de 22 años que ha escuchado las bromas sobre Carrero Blanco toda la vida, que no son de una gravedad extrema. Además, hemos conseguido que el Supremo hable de humor negro”, comenta, e incide en que eso crea una doctrina que, en su opinión, debería llevar el nombre de su bufete de abogados.

El Tribunal Supremo ha revocado por unanimidad la condena a Cassandra Vera por sus chistes sobre Carrero Blanco en Twitter y la ha absuelto. Frente al argumento de la Audiencia Nacional de que los tuits suponían un “desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta” a las víctimas del terrorismo, el Supremo señala que los comentarios de la joven en Twitter no van más allá de unos chistes fáciles y de mal gusto sobre un atentado ocurrido hace 44 años y que, por tanto, no merecen una condena penal.

Estos son los 13 tuits que le valieron a Cassandra una condena de cárcel ahora revocada:

El Tribunal Supremo ha revocado la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a la tuitera Cassandra Vera a un año de cárcel por hacer chistes de Carrero Blanco. El alto tribunal la absuelve después de que la Audiencia Nacional considerase que sus comentarios en Twitter suponían “una actitud irrespetuosa y humillante”.

“Venía de comprar y cuando he visto el móvil encima del sofá lleno de notificaciones he pensado que algo raro pasaba”, nos ha comentado Cassandra, que se enteró de la revocación de la condena tras coger una llamada de un medio a primera hora de la mañana.

La sentencia entiende que sus 12 tuits fueron  chistes fáciles y de mal gusto sobre un atentado ocurrido hace ya 44 años, sin ningún comentario ultrajante hacia la víctima, son reprochables “social e incluso moralmente en cuanto mofa de una grave tragedia humana”, pero no resulta proporcionada una sanción penal.

“He recibido la noticia con muchísima alegría. Me he quitado dos años de peso y calvario judicial”, ha confesado la absuelta, que aún no ha recibido notificación de ningún tipo por parte de la administración.

La Audiencia Nacional condenó a un año de cárcel y siete de inhabilitación a Cassandra por delito de humillación a las víctimas del terrorismo. El tribunal consideró que sus comentarios suponían “desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta” a personas que han sufrido “el zarpazo del terrorismo”,  y demostraban una actitud irrespetuosa y humillante.

Vera se ha sentido aliviada al conocer su situación sobre todo después de la sentencia del Tribunal Supremo a tres años de cárcel al rapero Valtonyc, con la que creía que sentarían jurisprudencia y ya no habría nada que hacer. “No sé si una forma de rebajar la tensión respecto a Valtonyc o simplemente el Tribunal ha visto lo absurdo de las acusaciones que se me hacían”, ha indicado.

De una u otra forma, Cassandra tiene que claro que “hay que luchar por la absolución de todos los encausados en este tipo de delitos, tanto Valtonyc como Strawberry, como quien sea. Hay que acabar con esta lacra”. Ahora solo le queda esperar la sentencia por escrito y confirmarla.

El Tribunal Supremo ha revocado por unanimidad la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a la tuitera Cassandra Vera a un año de cárcel por hacer chistes de Carrero Blanco. El alto tribunal la absuelve después de que la Audiencia Nacional considerase que sus comentarios en Twitter suponían “una actitud irrespetuosa y humillante”.

La sentencia entiende que sus 12 tuits fueron chistes fáciles y de mal gusto sobre un atentado ocurrido hace ya 44 años, sin ningún comentario ultrajante hacia la víctima, son reprochables “social e incluso moralmente en cuanto mofa de una grave tragedia humana”, pero no resulta proporcionada una sanción penal.

La Audiencia Nacional condenó a un año de cárcel y siete de inhabilitación a Cassandra por delito de humillación a las víctimas del terrorismo. El tribunal consideró que sus comentarios suponían “desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta” a personas que han sufrido “el zarpazo del terrorismo”,  y demostraban una actitud irrespetuosa y humillante.

Chistes sobre la “forma singular” del atentado

Sin embargo, el Supremo argumenta que Cassandra solo repitió en su perfil de Twitter “chistes ya conocidos en los que se juega en clave de humor con la forma singular, mediante la voladura del vehículo de Carrero, en la que se perpetró el atentado”. Entre los comentarios que motivaron ese proceso judicial estaban “Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella” o “¿Carrero Blanco también regresó al futuro con su coche?”.

En total 12 tuits, todos comentarios irónicos y chistes. Se han inventado innumerables chistes desde que se perpetró el atentado, recuerdan los jueces, y “en casi todos ellos la clave de humor recaía en el hecho de que el vehículo surcara el espacio y acabara cayendo dentro de un edificio”.

Los tuits, sostiene el Supremo, “no contienen ningún comentario ácido contra la víctima del atentado ni expresan frases o comentarios hirientes, lacerantes o ultrajantes contra su persona o cualquier aspecto concreto de su vida pública o privada”. Explica que era objeto de mofa o sarcasmo el dato “muy trillado y agotado” de que el coche alcanzó una gran altura.

Los jueces también inciden en que el tiempo transcurrido tras el atentado es ·más que suficiente para considerarlo como un suceso histórico cuyo comentario en clave de humor no puede tener la misma trascendencia que un acontecimiento reciente“. ”Máxime si se pondera que los hechos ya han sido objeto de toda clase de comentarios burlones sin que se activara la mayor parte de las veces una respuesta judicial penal“, añaden.

“Un personaje de la historia”

Además, aseguran que hay que tener en cuenta que cuando Cassandra nació, en 1995, Carrero Blanco llevaba ya 22 años muerto. “Era un personaje de la historia que le quedaba muy lejos en el tiempo” y además la joven no dio muestras con su conducta “de que estaba pretendiendo incitar a la violencia abusando de un ejercicio ilícito de la libertad de expresión, ni provocaba al odio hacia grupos determinados”.

Durante el juicio en la Audiencia Nacional, Cassandra defendió que todos sus comentarios sobre Carrero Blanco eran en clave de humor, simples chistes que no tenían otra intención. “Eran expresiones que se llevan haciendo a lo largo y ancho de toda España durante muchísimo tiempo”, explicó. Aunque la Fiscalía pedía inicialmente una condena de más de dos años, rebajó esa petición a uno durante el juicio.

Esta joven murciana de 21 años insistió en los chistes que tuiteó se hacen habitualmente: “En multitud de sitios de internet, en el día a día, o por figuras de autoridad como mi profesor de Historia”. En la sentencia, la Audiencia Nacional señaló que esa línea de defensa no resultaba creíble: “Sus frases, adicionadas la mayoría de las veces con elocuentes imágenes, refuerzan aún más su carácter de descrédito, burla y mofa a una víctima del terrorismo”.

Cassandra recurrió al Supremo al considerar que el fallo suponía “una infracción al derecho de la libertad de expresión”. La Fiscalía presentó un escrito defendiendo que el Supremo debía confirmar la pena de un año, entre otras cosas, porque la tuitera sabía que cometía un delito porque “se escondía bajo el pseudónimo de Cassandra”. 

En su perfil de Twitter, la joven ha expresado su alegría: “Muy contenta a nivel personal por el fin de un calvario judicial por el que nadie debería pasar.

Pero muy preocupada por otras condenas como la de Valtonyc y otros raperos y tuiteros“, ha dicho.

—Y a este ¿dónde lo metemos? —pregunta el funcionario.

—Ponlo con el viejo — contesta su jefe, guardando en una bolsa mi cinturón y los cordones de mis zapatos. Poco después el primer funcionario cierra una reja a mi espalda, dejándome en una celda en compañía de un anciano trajeado, de aspecto respetable.

—Buenos días —digo, aprovechando cobardemente que es por la mañana, sin estar muy seguro de cuál es la etiqueta aplicable a la situación. El anciano devuelve el saludo. A partir de ahí nos vamos apañando para que la conversación avance, aunque a trompicones. El hombre está muy dispuesto a charlar: le gusta la música, conoció al maestro Guerrero, al que admiraba mucho…

La fluidez acostumbra mejorar cuando se establece cierta intimidad entre recién conocidos. Y para lograrlo no hay nada mejor que las preguntas directas:

—Oiga, y usted ¿por qué está aquí?

Con expresión contrita:

—Yo, es que le pegué dos tiros a la hermana de Carrero.

¡La virgen! ¡Me han encerrado con un paisano que le ha disparado a la hermana del presidente del Gobierno! Y no un presidente de Gobierno cualquiera, no, ¡el almirante Carrero Blanco, nada menos! Menos mal que está desarmado y tampoco lleva corbata, cinturón ni cordones en los zapatos.

Obviamente, ahora está autorizado a devolverme la pregunta. Le cuento que me han detenido porque encontraron unos papeles en mi casa.

—Y ¿de qué ideología eran esos papeles?

—Pues… un poco comunistas —respondo: asesino o no, el anciano tiene toda la pinta de una persona de orden, a quien probablemente los comunistas no le caigan bien. Igual suavizándolo un poco…

—Lo persiguen mucho ahora, eso de las ideologías. Ah, los comunistas… los rusos. A mí me caen muy bien los rusos. Fíjese si me caen bien que si no fuera porque no creen en Dios, yo… ¡me hacía ruso! ¡Vamos, hombre! ¡Mira que no creer en Dios! ¡Habiéndole visto yo, como le he visto!

—¿Usted ha visto a Dios? —le pregunto, con una admiración fingida solo a medias: quién sabe el tiempo que me queda de compartir residencia con este señor, vamos a aprovecharlo y quizá me entere de cosas desconocidas.

Me enteré, ya lo creo. Había visto a Dios dos veces, que me describió detalladamente. Tuvo tiempo de hablar de eso,  de Manuel de Falla, de cómo hacía caldo con pastillas compradas en el supermercado y filtraba el producto: a veces había trozos de hueso…

Un par de veces la conversación se interrumpió porque traían algún compañero. Para entonces, yo ya estaba cómodo y hacía las presentaciones, muy formal:

—Mira, Maté, este señor le ha pegado dos tiros a la hermana de Carrero Blanco.

Maté pegaba un bote, y el señor volvía a poner su cara de contrición.

—En la cárcel se convierte mucha gente —reflexionaba, imaginando su futuro inmediato—. Quién sabe, igual Dios ha querido que hiciera esto para que convierta presos a la religión verdadera.

En fin, tuvo tiempo hasta de contarnos cómo le había disparado a la hermana de Carrero Blanco. Vivían en pisos enfrentados de la misma planta, en la Avenida Reina Victoria, una zona cara de Madrid. Según él, su vecina era del Opus, y maquinaba con el resto de la Obra echarlo de su piso para quedárselo. De día y de noche había agentes del Opus rondando su casa. Él, que era cazador aficionado, tenía una escopeta. En previsión de que un día tuviera que defenderse de doña Dolores Carrero y sus secuaces, había cargado algunos cartuchos con sal, de modo que no causaran mayor daño.

Una mañana oyó salir a su vecina al rellano, diciéndole a su hija algo sobre «ese viejo de mierda», lo que obviamente se refería a él. Perdió los estribos, fue corriendo al armario de la escopeta, ahí estaban en primera línea los cartuchos cargados con sal, pero los tiró de un manotazo y cargó los de perdigones, salió al rellano donde la vecina estaba a punto de entrar al ascensor, se echó la escopeta a la cara y ¡pum! ¡pum! descargó los dos cañones contra ella…

Volvió a entrar en casa hasta que lo sacó un policía que se conoce pasaba por allí y le avisaron los vecinos. Lo obligó a caminar delante de él a punta de pistola hasta la comisaría («Porque no sabía quién era yo; en cuanto se lo dijeron se acercó a disculparse»).

Vinieron a la celda a buscarlo. Se despidió de nosotros dándonos la mano uno por uno (por entonces ya éramos cuatro allí dentro), recogió un filete que había guardado de la comida sobre la estantería metálica, lo enrolló, se lo metió en el bolsillo de la americana y se lo llevaron, nadie dijo adónde.

No supe más de él, salvo por la prensa días más tarde, que relataba el suceso con su nombre completo: Pedro Campos Cea. La hermana de Carrero fue por su propio pie al hospital, dice la nota del ABC del 22 de junio de 1973, donde le extrajeron decenas de perdigones que habían penetrado superficialmente: debió agradecer muchas veces que su vecino no practicara la caza mayor.

Poco más de un año después, el juzgado de primera instancia número 2 de Madrid dicta sentencia sobre una demanda de doña Dolores Carrero Blanco, mayor de edad, sin profesión especial, contra «todos los demandados incomparecidos en autos y declarados en rebeldía», a los que obliga a pagarle a la demandante 300.000 pesetas. Los demandados son «los ignorados herederos de don Pedro Campos Cea».

Y no queda, que yo sepa, otro recuerdo de su paso por este mundo.

Cassandra, la joven transexual condenada a un año de prisión por publicar chistes sobre Carrero Blanco en Twitter, ha sido acusada por la Fiscalía de utilizar un seudónimo para ocultar su identidad.

La Fiscalía habría rechazado el recurso de los abogados de Cassandra, en el cual se alega que esta habría escrito los tuits sin saber que podría estar cometiendo un delito.

“Existen datos para sostener que el sujeto sabía que estaba realizando hechos patentemente ilícitos. Entre otros, ¿por qué si era tan legal lo que hacía se escondía bajo el seudónimo de Cassandra?” dice el escrito de impugnación de la Fiscalía, según la Cadena Ser.

Sin embargo, Cassandra, es el nombre que la joven murciana utiliza para identificarse, y cuya formalización se está tramitando desde que comenzó el proceso para cambiar su género.

“Me he sentido humillada por la Fiscalía, pero me lo esperaba” ha manifestado Cassandra al diario Público sobre los hechos, “era difícil superarse y lo han conseguido. Se han lucido. Muestra lo bajo y lo ridículo que ha caído el fiscal de mi caso”.

Además, Cassandra ha acusado a las instituciones de “transfobas y rancias” a través de su cuenta de twitter. Y ha lamentado que la fiscalía “no se dedique a investigar quién está detrás del pseudónimo M.Rajoy.

Un año más la localidad cántabra de Santoña ha acogido un acto fascista de homenaje y reconocimiento al que fuera presidente del Gobierno en los últimos años de la dictadura y militar franquista, Luis Carrero Blanco, con motivo del 44 aniversario de su muerte en el atentado de la banda terrorista ETA el 20 de diciembre de 1973.

Cerca de una veintena de personas, convocadas por el Movimiento Falangista y ataviadas con banderas preconstitucionales, se concentraron este domingo frente al monumento en recuerdo a Carrero Blanco ubicado en el paseo marítimo de la villa y realizaron un ofrenda floral que acompañaron con 24 salves.

Este homenaje viene realizándose año tras año en Satoña -localidad natal del almirante franquista- pese a que incumple la Ley de Memoria Histórica, tal y como ha denunciado el alcalde, Sergio Abascal (PSOE). En ediciones anteriores, el regidor ya intentó impedir sin éxito que se celebrara un acto de este tipo en el municipio, solicitando a la Delegación del Gobierno que lo prohibiera, pero el departamento dirigido por Samuel Ruiz (PP) no lo estimó y ha podido celebrarse siempre con normalidad. 

Además de una misa y una ofrenda floral, es habitual que la conmemoración de esta fecha por parte del Movimiento Falangista incluya un desfile por las calles del municipio en el que lucen banderas preconstitucionales y entonan cánticos de enaltecimiento a la Dictadura. 

En esta ocasión el acto estuvo presentado por el responsable del Movimiento Falangista de Santoña, Valeriano Pérez, y contó con la intervención de Salvador Sarabia, de Alternativa Española. El mismo concluyó con el lanzamiento de una corona de laurel al mar acompañado por los acordes de la Salve Marinera y el himno nacional. 

Un monumento polémico

El monumento a Luis Carrero Blanco, que está situado en un lugar destacado de Santoña, ha sido cuestionado reiteradamente por diversos colectivos sociales, que han reclamado su retirada al considerar que no se puede mantener en democracia un homenaje a la persona que estuvo al mando del destructor 'Huesca' o fue jefe de Estado Mayor de la división de cruceros durante la Guerra Civil. 

Fruto de estas habituales protestas, el monolito en honor a Carrero Blanco apareció el pasado mes de abril con la inscripción “Más cultura. Monumento a la ignorancia. Fascismo” pintado sobre las piedras que sostienen el monumento.

La defensa de Cassandra Vera ha presentado este viernes recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que recoge la condena de un año de prisión por 13 tuits contra el almirante Luis Carrero Blanco constitutivos de delito de humillación a las víctimas.

Según fuentes jurídicas, el tribunal de la Audiencia Nacional no precisó qué agravamiento se le hizo a la víctima con la difusión de esos tuits y, por tanto, no queda probado que la intención de la joven murciana fuera la de humillar a la víctima de ETA.

El escrito presentado ante el alto tribunal concreta que esta sentencia, “por el mero hecho de existir, consiste en una infracción al derecho de la libertad de expresión” en tanto si el Supremo establece que la resolución es firme, cualquier sujeto que realice comentarios similares sobre Carrero Blanco podría exponerse a recibir la misma pena.

El pasado 29 de marzo, el tribunal compuesto por los magistrados Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel impuso, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, la pena de un año de cárcel al entender que estas publicaciones suponían una “deshonra” y “burla” a las víctimas y le recordó que la lacra del terrorismo persiste.

La tuitera murciana, por su parte, defendió en la vista oral que la intención de estas publicaciones era “simplemente hacer humor” enmarcadas en el debate existente en marzo de 2015 por la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Condena mediática

No obstante la Sala determinó que sus explicaciones “para nada” fueron “convincentes” y que algunos de los mensajes publicados iban acompañados de “elocuentes imágenes”, que reforzaban “aún más su carácter de descrédito burla y mofa” a una víctima del terrorismo “por más que el atentado contra el expresidente del Gobierno del régimen franquista tuviera lugar en 1973”.

Los 13 tuits se publicaron en la red social 2013 y 2016 y entre ellos se encuentran algunos como “Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella”, “Spiderman vs Carrero Blanco” o “ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial”.“Película: 'A tres metros sobre el cielo'. Producción: ETA films. Director: Argala. Protagonista: Carrero Blanco. Género: Carrera espacial” es otro de los mensajes que publicó.

La condena de la tuitera abrió un debate social sobre una hipotética reforma del Código Penal, propuesta que lanzó la formación de Podemos que pidió suprimir del mismo el delito de enaltecimiento del terrorismo. Otros grupos parlamentarios, como el socialista, mostró su disposición a modificar la tipología del delito recogido en el artículo 578 del Código Penal.

En uno de los lugares más destacados del municipio cántabro de Santoña, la localidad natal del militar franquista Luis Carrero Blanco, permanece erigido un enorme monolito de homenaje a la figura del que fuera presidente del Gobierno en los últimos años de la dictadura, que fue asesinado por la banda terrorista ETA el 20 de diciembre de 1973.

El monumento, ubicado en la zona de El Pasaje, congrega todos los años una concentración promovida por el Movimiento Falangista de Santoña, que desde la Corporación municipal han intentado impedir sin éxito en base a la Ley de Memoria Histórica al entender que supone un “acto de exaltación” de grupos de ultraderecha, aún con presencia en el municipio.

Este lugar suscita una gran controversia y, mientras que estos colectivos de ideología fascista lo reclaman como un lugar de homenaje y memoria al almirante y capitán general de la Armada, distintos movimientos sociales han reclamado insistentemente su retirada al considerar que no se puede mantener en democracia un homenaje a la persona que estuvo al mando del destructor 'Huesca' o fue jefe de Estado Mayor de la división de cruceros durante la Guerra Civil.

Fruto de estas habituales protestas en Santoña, el monolito en honor a Carrero Blanco ha aparecido esta semana con la inscripción “Más cultura. Monumento a la ignorancia. Fascismo” pintado sobre las piedras que sostienen el monumento.

Polémico aniversario

El alcalde de Santoña, Sergio Abascal (PSOE), intentó impedir sin éxito el pasado año que se celebrara un homenaje a Carrero Blanco, que suele incluir una marcha por las calles más transitadas con la exhibición pública de forma constante y permanente de banderas y símbolos franquistas, así como de cánticos que lo enaltecen.

El regidor socialista trasladó incluso un escrito a la Delegación del Gobierno en Cantabria para que se prohibiera el acto convocado por el Movimiento Falangista de Santoña al considerar que se vulneraba el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica con una concentración de este tipo, pero el departamento dirigido por Samuel Ruiz (PP) no lo estimó y pudo celebrarse con normalidad, igual que ocurrió este pasado 16 de diciembre.

Actualidad judicial

Carrero Blanco ha vuelto a ser foco de la polémica como consecuencia de la ofensiva judicial contra Cassandra Vera. La Audiencia Nacional condenó a la tuitera a un año de cárcel por hacer chistes en la red social sobre el militar franquista.

Los tres magistrados que firman la sentencia apreciaron esos comentarios como humillantes para las víctimas del terrorismo, mientras otros jueces del mismo tribunal consideraron que este tipo de manifestaciones están amparadas por la libertad de expresión.

El fallo señaló que chistes como “ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial” suponen “desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta” a las víctimas del terrorismo. El resultado es una condena a un año de cárcel, que previsiblemente no cumplirá. La Fiscalía solicitaba inicialmente dos años de prisión.

Es bien sabido que, cuando Hannah Arendt llegó a Jerusalén en 1961 y asistió como reportera voluntaria para The New Yorker a las sesiones del juicio contra Adolf Eichmann, no se encontró al monstruo de maldad y perversión que esperaba: tan solo a un funcionario probo, un burócrata, muy poco hábil para la mayor parte de las cosas y muy dotado para unas pocas. Entre estas últimas se hallaba su meticulosidad para coordinar los transportes de cientos de miles de personas a los campos de exterminio del Tercer Reich. La capacidad de mandar matar de Eichmann tenía, de alguna manera, un algo de lógica administrativa y aburrida normalidad que sirvió para inspirar el concepto de la “banalidad del mal” de Arendt. Lo inquietante de la figura de Eichmann residía, según esta visión, en la aparente normalidad del verdugo, en el potencial genocida que anida en nuestras sociedades entre sus gentes corrientes.

No podemos evitar asociar a esto el carácter gris de quien fue mano derecha de Franco durante treinta y cinco años, con un deje de asombro de resonancias arendtianas ante la “banalidad de su mal”. Sin embargo, nada de estas honduras ontológicas hay en la visita que Luis Carrero Blanco ha hecho recientemente a la Audiencia Nacional. Visita que no ha venido de la mano, tampoco, de la toma en consideración de la responsabilidad (máxima) ejercida por Carrero personalmente en la violación sistemática y masiva de los derechos humanos en España, además de su responsabilidad (la más alta) en la humillación continuada a las víctimas de esa violación, o de la contumacia que acompañó al antedicho sujeto en la defensa del régimen que propició todos esos hechos.

No, la visita de Carrero a la Audiencia Nacional ha venido de la mano de su condición de víctima, para ser más exactos, de víctima del terrorismo. No nos equivoquemos entonces, el debate sustancial que hay detrás de la sentencia que ha condenado a una persona por mofarse de la muerte de Carrero no concierne solo a la libertad de expresión ni mucho menos al decoro. El debate tiene que ver con la condición de víctima de Carrero, y no es la primera vez que se produce.

En 2001 se concedió la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo al inspector de la policía política Melitón Manzanas. Hubo de aprobarse una reforma (2003) de la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo (1999) para evitar que algo así pudiese volver a pasar, pero era evidente que el problema seguiría estando presente. La ley de 1999 introducía un preámbulo en el que se exaltaba la fundamentación de la democracia española sobre la base de una Transición que habría afirmado “un proyecto de convivencia decidido a superar los viejos conflictos de nuestra historia”.

Y eso nos devuelve exactamente al problema de fondo de la consideración de Carrero como víctima, que no es otro que el reconocimiento hecho por la Transición de la equiparación entre víctimas y verdugos. La Ley de Amnistía de 1977 no es excepcional por ser una medida de gracia en un proceso transicional, sino precisamente porque en su contenido se erige como una amnistía de los verdugos a las víctimas, que a su vez consintieron en amnistiar a unos verdugos que nunca habían sido juzgados y nunca lo serían.

Nuestro sistema político e institucional descansa sobre medidas como la Ley de Amnistía que consagraron la idea de “reconciliación nacional”. El significado exacto de esta medida es que Carrero Blanco no sería ya más un sujeto potencialmente expuesto a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad al que solo la muerte le habría salvado de una segura condena. No. Carrero Blanco yacía junto a sus víctimas en un mismo lugar de la memoria y del olvido.

Lo que conocemos de la sentencia que ha condenado a Cassandra Vera en 2017 viene a recordarnos, además, que las víctimas y los verdugos del franquismo siguen siendo legalmente lo mismo. Y eso ya no se debe solo a 1977, sino a lo que estamos haciendo en este tiempo presente. Así que la conclusión de este Carrero Blanco en la Audiencia Nacional puede hacer suyas las palabras de Arendt cuando decía que Eichmann, en su larga carrera de maldad, nos ha enseñado la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes.

Lo cierto es que este caso viene a evidenciar que la idea de reconciliación que articuló la Transición se convirtió en su principal motor ideológico y definió hasta hoy la relación de la sociedad con el pasado, ha ido modificándose imperceptiblemente hasta desfigurarse, como es perfectamente normal después de 40 años. De modo que de la igualación entre víctimas y verdugos que determinó la Ley de Amnistía, y que M. Fraga le recordó en los años noventa a X.M. Beiras en un debate parlamentario con la frase: aquella ley nos amnistió a todos, a usted y a mí, se ha pasado a una asimetría en la que algunos tienen más derechos que otros por haber sido declarados ellos mismos víctimas a posteriori. Así la familia de Puig Antich o la de Moncho Reboiras no pueden ver revisados sus casos de 1974 y 1975, que en su diferencia encierran las grandes verdades del régimen de principio a fin, pero la Audiencia Nacional atiende de oficio a Carrero Blanco.

Lo que ha ocurrido de hecho es que la idea de la reconciliación se ha ido reinterpretando a la luz del presente y sus disputas y necesidades políticas. Y se han ido introduciendo correcciones, matices, enmiendas... De hecho, aquel principio se ha escorado tanto que ha pasado en cuarenta años de ser una propuesta política del PCE, asumida por toda la oposición y finalmente por el franquismo que hizo la Transición desde el poder, a convertirse en un mantra ideológico de los sectores más centrales de la derecha española. Lo extraño sería que todo permaneciese igual después de cinco presidentes de gobierno posteriores a Adolfo Suárez, como algunos pretenden hacernos creer. Como si siguiésemos en el acto fundacional, en la presentación del libro de Carrillo por Fraga en el club que anunciaba este siglo. Una banalidad con consecuencias jurídicas. Pero lo cierto es que Carrero es historia, anterior al triunfo de la idea de reconciliación.

El chiste bomba. El chiste definitivo, el combo que te garantiza cárcel, multa y linchamiento mediático. Un chiste donde mezcles monarquía, Iglesia católica y ETA, con un par de toques de franquismo disfrazados de humillación a las víctimas (Carrero) y ofensa a los creyentes (el Valle de los Caídos). Lo salteas con gracia y consigues un chiste que reúne en una sola frase lo más top del Código Penal: el artículo 510 (odio), el 525 (ofensa a sentimientos religiosos), el 578 (enaltecimiento del terrorismo) y el 491 (injurias a la corona). “Esto van Carrero, el rey, la Virgen y un etarra por el Valle de los Caídos, cuando de pronto…”. A ver quién se atreve a terminar el chiste.

Se acumulan las denuncias o condenas por bromear con esos mismos ingredientes: Cassandra y Carrero, El Intermedio con el Valle de los Caídos, el cartel del carnaval gallego, el “santísimo coño insumiso”, el rapero y sus rimas sobre el rey, y hasta la bandera republicana denunciada en Cádiz… Si ampliamos a los últimos años, la hemeroteca está llena de actuaciones judiciales y/o linchamientos mediáticos por bromear con los cuatro pilares de la derecha hispánica: monarquía, iglesia, franquismo y ETA.

Casi siempre bromas, porque hemos asumido que el humor es la única coartada para decir ciertas cosas. “Sólo era una broma”, repetimos. ¿Y si hubiera sido en serio? ¿Sólo en broma puedo decir que el Valle de los Caídos, cruz incluida, me parece “una mierda”?

Hay quien piensa que no deberíamos gastar tinta y saliva, que son casos aislados, anecdóticos; que detrás solo hay cuatro zumbados ultras; y siempre quedan en nada. Pero no es cierto. A menudo la denuncia viene de la Guardia Civil (apatrullando las redes), la Fiscalía o el propio Gobierno. Y las consecuencias: multas, cárcel, linchamiento, y cada vez más miedo y autocensura.

De anecdótico, nada: lo que vemos es un contraataque en toda regla, la ofensiva de la derecha más ultramontana, que se lanza a por raperos, humoristas, títeres o protestas festivas, para que quede claro que no van a pasar ni una. Que están en pie de guerra y no les importa ni el “efecto Streisand” (rebautizado como “efecto Carrero”). Que no cederán un milímetro de terreno. Que pretenden ampliar sus dominios.

¿Queríais “guerras culturales”? Pues ahí las tenéis: la derecha cavernícola lanzada en tromba. En los tribunales, con jueces afines y leyes a medida. En los medios, ganando espacio (con un conquistador-evangelizador en la tele pública). Y una y otra vez marcando agenda, consiguiendo que aceptemos su marco de discusión y caigamos en sus trampas.

Estaba la izquierda tan ufana cambiando el traje de los reyes magos, rebautizando calles y pidiendo sacar la misa de TVE, y ¿qué esperaba? ¿Que la derecha se iba a quedar mirando? No. Se han lanzado al ataque. Al contraataque. Saben bien (lo saben mejor que la izquierda) que la batalla de los símbolos puede ser la primera escaramuza para posteriores batallas más materiales. Que uno empieza quitando la misa de la tele, y acaba derogando el concordato; y el que llama mierda al hiperprotegido Valle de los Caídos puede luego sacar la piqueta.

Por eso la primera trinchera está ahí, en lo cultural, en lo simbólico. Y para que Iglesia, monarquía, herencia franquista y nacionalismo españolista estén a salvo, no se puede consentir ni una broma.

¿Dios es hombre o mujer? La revista satírica Mongolia ha decidido tratar esta cuestión en su nuevo número. “Dios tiene pene”, dice en su portada, a la izquierda. “Dios tiene vagina”, dice también, a la derecha.

La contraportada de la revista también habla de religión, pero en relación con Carrero Blanco. “Al cielo con él”, se puede ver junto a la imagen del dirigente franquista convertido en un curioso paso de Semana Santa.

El grupo municipal de Participa, convergencia electoral de la agrupación de electores promovida por Podemos, versionea una chirigota denunciando que "los chistes sobre Carrero aquí los jueces los pillan volando"

Cantan que "es un delito cachondearse de alguien que llegó tan alto" mientras "los jueces aquí por robar no mueven un deo", defendiendo que #TodosSomosCassandra