El abogado Benet Salellas, que ejerce desde el miércoles la defensa de Santos Cerdán, ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda la citación para el ex secretario de Organización del PSOE fijada para el miércoles de la próxima semana y fije una nueva para el mes de julio. Salellas, en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, alega que “no dispone de tiempo suficiente para la obtención del expediente, el estudio de la causa y la preparación de la estrategia de defensa”.

[ACTUALIZACIÓN: El juez del Supremo pospone la declaración de Santos Cerdán al 30 de junio]

“Esta solicitud entendemos que se halla justificada angte el volumen y complejidad de la causa, la diversidad de los hechos que se imputan, la pluralidad de delitos y de intervinientes así como la relevancia pública y social del asunto”, alega el letrado. A continuación, Salellas advierte de que si no se suspende la declaración su cliente no tendría más remedio que acogerse a su derecho a no declarar.

Salellas pide que se posponga al menos a julio y que avisa de que el 3 de julio tiene que intervenir en una causa grave de abusos sexuales a un menor.

Una vez trascendió la acusación contra Cerdán, el político pasó a estar representado ante el Supremo por el letrado Gonzalo Martínez-Fresneda, que al tiempo ejerce la acusación popular en el caso Koldo de la Audiencia Nacional en representación del PSOE. Martínez-Fresneda se encargó de trasladar al juez Leopoldo Puente que su defendido iba a renunciar a su acta de diputado y que declararía sin necesidad de que se tramitase el suplicatorio. Una vez realizados estos trámites dejó la defensa de Cerdán.

A la vista del último informe de la UCO, el juez señaló para el próximo lunes la comparecencia de Koldo García y José Luis Ábalos y dejó para el miércoles, 25 de junio, la de Santos Cerdán. Los tres declararán en el marco de la pieza separada, ya incorporada a la principal que se sigue en el Supremo, referente a la adjudicación de obra pública a cambio de mordidas.

“¡Anda ya!”. Ha sido la reacción de varios miembros de la comunidad jurídica catalana al enterarse de que el abogado Benet Salellas (Girona, 1977) será el encargado de defender al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán. Un nombre inesperado, alejado de Madrid no solo geográficamente, sino también de las togas de oro de grandes despachos que habitualmente se encargan de los casos de corrupción. Salellas es más bien la antítesis de este tipo de letrados.

Con un inconfundible poso político ligado al independentismo (fue diputado de la CUP en la etapa más convulsa del procés, entre 2015 y 2017), Salellas ya contaba con una dilatada trayectoria en la abogacía antes de pasar a la política. Es el hijo mayor del letrado Sebastià (Tià) Salellas, conocido popularmente como el abogado de los pobres, y cuyo legado en defensa de las causas aparentemente perdidas es una de las señas de identidad del estilo del nuevo abogado de Santos Cerdán.

Los Salellas son una familia muy conocida e indisociable de la ciudad de Girona. El hermano del abogado, Lluc Salellas, es el alcalde del municipio de la mano de una coalición encabezada por la CUP. El despacho que comanda Benet Salellas, firme defensor de que hay mucha vida más allá de Barcelona, no se ha movido de Girona pese a ocuparse de casos en toda Catalunya y en la Audiencia Nacional.

“Salellas tendrá que asumir alguna que otra contradicción”, manifiesta un letrado barcelonés. Quien no parece dispuesto a tolerarle contradicción alguna es su antiguo partido, la CUP. La diputada anticapitalista Laia Estrada ha afirmado este miércoles que, en caso de que Salellas hubiera seguido siendo militante, “se le habría exigido no asumir” la defensa de Cerdán.

El “malestar” que la CUP ha trasladado a Salellas ha ido acompañado del “compromiso inequívoco” del partido en la lucha contra la corrupción, ha agregado Estrada. “Él ya no es militante de nuestra organización y entiende que explicitemos este malestar”, ha insistido la parlamentaria. Salellas tuvo carné de la CUP desde 2006 hasta hace unos meses, y no son pocos los militantes y cuadros anticapitalistas (incluidos algunos abogados cercanos a la CUP) incrédulos ante su decisión.

Corrector del diario El Punt en su juventud (también es licenciado en Filología), uno de los primeros casos que Salellas llevó junto a su padre y que le hicieron conocido en España fue el caso Dixan. Una macrooperación antiterrorista en 2003 detuvo a varios jóvenes gerundenses de origen argelino o pakistaní, acusados de pertenecer a un comando islámico y de poseer material para la fabricación de explosivos, producto que en realidad se trataba de jabón.

Salellas ya sabe lo que es ejercer la defensa en el Tribunal Supremo en una causa que copa portadas a diario. Junto a Marina Roig y Àlex Solà, fue el abogado del expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, aunque su estrategia de defensa ‘al ataque’ en el caso del procés, que Salellas plasmó en un libro, parece difícilmente replicable en el ‘caso Koldo’.

Durante la vista, el abogado protagonizó varios choques con el magistrado Manuel Marchena, y dio cuenta de su estilo en estrados: pedagógico a veces, pero también vehemente y sin achicarse cuando toca defender el núcleo de una estrategia defensiva observada con recelo desde los sillones de los jueces.

Muchos años antes de llevar a Cuixart, Salellas ya era uno de los habituales abogados defensores de los manifestantes anarquistas o independentistas acusados de disturbios. Abogado referente de la izquierda independentista en Catalunya, ha logrado sonoras absoluciones encontrando los fallos de las investigaciones policiales. Si podrá lograrlo con una unidad de élite como la UCO en un informe tan demoledor como el que afecta a su nuevo cliente, está por ver.

Otra de las marcas de la casa de Salellas es la denuncia de vulneraciones de derechos fundamentales de sus clientes. Y cuando en España no funciona, siempre queda Europa. Salellas es de los pocos abogados que puede decir que ha logrado una condena a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Fue en el caso de la quema de fotos del rey Juan Carlos I.

“Es un abogado que domina mucho la estrategia, que es la gran baza de una defensa, tanto o más que saber de Derecho Penal o Administrativo”, destaca sobre Salellas uno de los letrados que compartió con él estrados en el caso del procés. “Desde luego, estrategia es algo que Cerdán necesita, pero por encima de todo tiene derecho a defensa y a un juicio con garantías”, apostilla otra abogada.

La etapa política y “la papelera de la historia”

De su breve pero intenso paso por el Parlament, las hemerotecas guardan una frase que inevitablemente quedará ligada a Salellas. “Hemos enviado a Artur Mas a la papelera de la historia”, proclamó después de que el expresident cediera a la negativa de la CUP a investirle por su vinculación con los recortes sociales, en lo que se ha convertido en una de las citas célebres de la política catalana.

El sucesor de Mas fue un entonces desconocido Carles Puigdemont, a quien Salellas, en cambio, ya conocía de Girona. Fue ese hilo gerundense, entre otros motivos, el que también permitió aguantar la tormentosa relación entre la CUP y Puigdemont en la legislatura que desembocó en el referéndum de 2017. La vida da muchas vueltas y Cerdán se convertiría, en 2023, en interlocutor principal de Puigdemont en su etapa al frente de la sala de máquinas del PSOE. Girona no desaparece del todo de la vida del hombre nacido en Milagro (Navarra).

La etapa parlamentaria de Salellas (que no dejó de compaginar con su trabajo como abogado) terminó de forma abrupta con la fallida declaración de independencia y el 155. Cansado y algo hastiado de la política, volvió a los juzgados, su hábitat natural.

Desde entonces, además de los habituales casos antirrepresivos, Salellas ha protagonizado las defensas de varios casos mediáticos, aunque sin tanta repercusión como el de Santos Cerdán. Logró la salida de la prisión preventiva del único imputado por el crimen de dos jóvenes en el pantano de Susqueda tras convencer a la Audiencia de Girona de los huecos en la investigación de los Mossos.

Salellas también ha llevado a varios interinos en su lucha contra la administración para ser fijos. En la carpeta procés, estuvo tanto en la trama rusa como en Tsunami. También se querelló contra una de las policías que, sin orden judicial, engañó y mantuvo una relación con un activista de Girona encausado por una de las protestas del procés. La agente llegó a acudir al despacho de Salellas en una de las reuniones de la defensa.

En asuntos de corrupción, había sido el abogado de la exconcejal de Barcelona acosada por una trama corrupta de pisos turísticos. Ahora Salellas cambiará de lado de los estrados para ocuparse de una de las defensas del caso que puede poner en jaque al Gobierno.

El abogado Benet Salellas ha asumido la defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, después de que el letrado que le representó en los primeros días renunciara a ejercerla, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. Salellas es conocido por defender a Jordi Cuixart en el juicio del procés y pertenece al ámbito de la izquierda independentista catalana.

Conocido en círculos judiciales desde sus inicios como abogado por su implicación en casos antirrepresivos, Salellas saltó al primer plano a raíz de su paso por el Parlament como diputado de la CUP entre 2015 y 2017, en la etapa más convulsa del procés, y después, de vuelta a la abogacía, por defender al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en el Tribunal Supremo.

El penalista Gonzalo Martínez-Fresneda asumió la defensa de Cerdán el pasado viernes con la intención de representar a Cerdán en el trámite urgente de comunicar al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que aceptaba su ofrecimiento de declarar voluntariamente, sin necesidad de tramitar el suplicatorio del Congreso, y para acceder a los indicios que contra el ex número tres de los socialistas aparecen en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Una vez formalizada la renuncia, Martínez-Fresneda renunció a la defensa de Cerdán, tal y como estaba previsto desde que la asumió, aseguran fuentes cercanas al letrado. Martínez-Fresneda representa al PSOE en la acusación popular del caso Koldo en la Audiencia Nacional.

Al titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona se le viene mucho trabajo encima. Los independentistas espiados por el programa Pegasus en España centralizarán en este juzgado, que ya investiga la infección del teléfono del expresidente del Parlament Roger Torrent, las querellas para esclarecer quién y cuánto ha costado la pérdida de su intimidad y del secreto de sus comunicaciones. 

A falta de un acto unitario con los 65 espiados, han sido sus abogados los que han comparecido públicamente este viernes para explicar los primeros pasos de la estrategia legal que seguirán. Gonzalo Boye, representante de los espiados de Junts y también espiado, al igual que Andreu Van den Eynde, letrado de ERC, han mantenido un coloquio con Benet Salellas, abogado de la CUP y Òmnium Cultural, y Antoni Abat, defensor de la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

El primer paso de las defensas de los espiados es apuntar hacia NSO Group, la empresa israelí que comercializa el 'software' espía. Una vez constatado el silencio de Israel para esclarecer el espionaje de Torrent, la alternativa pasa por reclamar la información a una jurisdicción más proclive a la colaboración: Luxemburgo, país en el que NSO Group tiene su filial europea. 

Hace más de un año, a Israel el instructor de Barcelona solicitó que exigiera a NSO Group si comercializaba el programa Pegasus y la “información, datos o registros” que conservaban respecto los móviles de Torrent y Maragall. Un año y medio después, siguen sin llegar las respuestas de las autoridades israelíes.

Salellas ha explicado que los responsables de NSO Group han alegado, en una causa que se sigue en California por espionaje, que antes de vender Pegasus se realiza un expediente previo del comprador para detectar un posible uso del programa desligado de la investigación del terrorismo. La empresa también asegura controlar a posteriori si la agencia de seguridad estatal que lo ha comprado lo emplea respetando los derechos humanos. 

“Es evidente que en el Catalangate se ha hecho mal el control previo o el posterior al buen uso del producto”, ha aseverado Salellas, quien ha remarcado que como mínimo se puede imputar a la empresa una “falta de diligencia debida” en el espionaje de independentistas. 

Por ahora se intentará dar con el comprador del 'software' espía a través de la empresa israelí que lo vende, si bien Salellas ha afirmado que existen “indicios muy evidentes de participación de agencias estatales españolas”. “Pero no tenemos claro cuáles son, si solo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o también la Guardia Civil o la Policía Nacional”, ha apostillado. 

En suma, el planteamiento de los espiados es que se acabe investigando tanto al CNI como a las dos fuerzas de seguridad estatales para comprobar si usaron el programa espía, pero el primer paso será ir a por la empresa NSO Group. El Ministerio del Interior ha desmentido con contundencia que los cuerpos estatales tengan el 'software' espía.

Los letrados también han rebatido las alegaciones del Gobierno, que en todo momento ha mantenido que las intervenciones telefónicas se han hecho con arreglo a la ley. “El debate -ha centrado Salellas- no es si hay autorización judicial, es si hay argumentación para justificar una afectación tan masiva de derechos fundamentales para proteger al Estado del independentismo, que está claro que no la hay”.

“Aquí lo que ha habido es un espionaje ilegal y es necesaria la investigación de hechos delictivos”, ha abundado Boye, quien pilotará las querellas que se interpondrán en países europeos donde también se espió a independentistas mediante el programa Pegasus. El letrado ha incidido en que en el extranjero “no se entienden” las palabras de la ministra de Defensa Margarita Robles, para justificar el espionaje a independentistas.

Por su lado, Van den Eynde ha incidido en que una investigación por terrorismo como la abierta a Tsunami Democràtic en 2019 tampoco justifica el espionaje, ya que supondría “la instrumentalización de calificaciones jurídicas desproporcionadas para poder aplicar un derecho penal de excepción”. El letrado ha incidido en que se debe “trabajar para llevar a los jueces al rincón del que no puedan escaparse y presionarlos técnicamente para que investiguen”, en paralelo a que la ciudadanía “debe presionar para que los órganos del Estado den explicaciones”.

Por su parte, Abat ha denunciado que existe una “persecución ideológica al independentismo” y que esta no tiene “ningún tipo de justificación jurídica ni política”, ya que “el hecho de ser independentista no implica ningún acto antijurídico ni que sea reprobable penalmente”.

Turno para las defensas en la operación Voloh. Los empresarios cercanos al procés investigados por un juez de Barcelona por varios delitos –desde presunta corrupción a su supuesto liderazgo de las protestas de Tsunami Democràtic, pasando por una trama rusa para ayudar a la independencia– han reclamado a la Audiencia de Barcelona que anule los pinchazos telefónicos acordados por el instructor, de quien también han cuestionado la competencia para investigarles.

La iniciativa la ha tomado la defensa del empresario y expolítico de Convergència David Madí. En su escrito, Madí considera que deben anularse las intervenciones telefónicas –que se alargaron más de un año– porque en el momento de acordarse por el juez no existían “indicios racionales” de actividad delictiva. Los pinchazos solos se basaron, recalca la defensa que ejerce la letrada Olga Tubau, en una “conjetura” y una “primera hipótesis policial sin fundamento objetivo de clase alguna”.

La palanca a la que la Guardia Civil se agarró para pedir al juez que interviniera los teléfonos de Madí fueron dos conversaciones halladas en el móvil de otro de los investigados en la causa, el exresponsable de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas (imputado por las presuntas subvenciones fraudulentas de la Diputación de Barcelona a entidades cercanas a los convergentes).

Se trata de dos conversaciones –que la Guardia Civil dice que grabó Terradellas, algo que niega el investigado–, que el exresponsable internacional de Convergència mantiene con Madí, por un lado, y con el exconseller de ERC y ahora empresario Xavier Vendrell. En las charlas se habla de criptomonedas y Terradellas aventura con qué habría ocurrido si un grupo ruso que dice conocer hubiera ayudado a los independentistas durante el otoño soberanista de 2017, algo que Madí y Vendrell reciben con escepticismo.

En base únicamente a las dos grabaciones, la Guardia Civil pidió al juez la intervención de los teléfonos de Madí, Vendrell y del excónsul honorario de Letonia en Barcelona, Xavier Vinyals, de los que deducía que intentaban desviar fondos públicos y convertirlos en criptomonedas. Lo contrario sostiene la defensa de Madí, para quien los dos audios no aportan “ningún elemento” que permita barajar la hipótesis de la Guardia Civil, puesto que lo único que se plantea en las grabaciones es la eventualidad de que la Generalitat acepte pagos en criptomonedas, sin “una sola alusión” a su posible instrumentación para desviar dinero público y a que el Ejecutivo catalán lo vaya a aprobar.

En su recurso, adelantado por La Vanguardia, Madí pide a la Audiencia que anule la primera intervención telefónica, acordada en agosto de 2019, y de todas las prórrogas posteriores, al concluir que las escuchas se acordaron prescindiendo de “normas esenciales”, lo que le ha provocado indefensión y ha vulnerado su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Además de los pinchazos, la defensa de Madí solicita la nulidad del auto de entrada y registro del pasado 28 de octubre en el despacho de David Madí, con lo que, de prosperar, el recurso dejaría la investigación vacía de todo contenido.

La defensa de Madí recuerda además que la Fiscalía se opuso a la primera de las intervenciones telefónicas al tildarlas de “precipitadas” y apreciar que no había suficientes indicios para acordarlas. Para la defensa la posición de la Fiscalía es relevante porque su misión es velar por el “principio de legalidad y sujeción a la Constitución y el ordenamiento jurídico”. La forma de proceder de la Guardia Civil y el juez, concluye Tubau, “es la propia de una investigación prospectiva prohibida constitucionalmente”.

Soler cuestiona la competencia del juez

Por otro lado, la defensa del editor Oriol Soler, también detenido el pasado 28 de octubre, ha pedido a la Audiencia de Barcelona que aparte del caso al juez instructor, Joaquín Aguirre. Argumenta la defensa que el juez se ha atribuido la competencia para investigarle por cuestiones políticos, no jurídicas, ya que el instructor debería haber enviado a otro juzgado cualquier sospecho que no estuviera relacionada con el objeto inicial de la causa, las presuntas subvenciones fraudulentas de la Diputación,.

Soler, al igual que Madí y Vendrell, fueron miembros del sanedrín que organizó el 1-O junto al Govern y fue detenido el pasado 28 de octubre, en el marco de una causa en la que el juez investiga el presunto desvío de fondos públicos al expresident Carles Puigdemont, varias operaciones de tráfico de influencias posibles contactos entre el independentismo y Rusia en busca de apoyo al procés así como la dirección de las protestas de Tsunami Democràtic.

En su escrito, Benet Salellas, abogado de Soler, ha pedido a la Audiencia de Barcelona –tras negarse el juez Aguirre– que remita la nueva investigación al decanato de los juzgados de Barcelona para su reparto, al entender que el instructor no puede asumir un procedimiento que guarda “absolutamente sustantividad propia” respecto a la causa principal, sin una resolución que argumente la “conexidad” entre ambos casos.

Aguirre rechazó la petición de Salellas al concluir que el “criterio habitual” de los juzgados de Barcelona establece que el juzgado que ya investiga unas diligencias será el “competente” de las que deriven dee las mismas. Por contra, la defensa recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “cada delito dará lugar a la formación de una única causa” y denuncia que se han vulnerado los derechos de Soler al “juez natural y al juez imparcial”.

El escrito resalta que “el mantenimiento de una competencia injustificada” de Aguirre en el caso “rompe totalmente la apariencia de imparcialidad”, puesto que “puede provocar una sospecha razonada de que el órgano judicial se está adjudicando el conocimiento del expediente más allá de lo que legalmente le corresponde por motivos ajenos a la administración de justicia”. “Y esto aún se agrava más en la presente causa, que tiene una trascendencia política propia evidente, en tanto en cuanto versa sobre el procés catalán y los sujetos investigados forman parte o son próximos a partidos u organizaciones políticas”, apostilla Salellas.

La CUP ha defendido que la ley de transitoriedad jurídica que impulsa con JxSí tiene que aprobarse antes del referéndum del 1-O y ha asegurado que, si JxSí no quiere aprobarla antes de la consulta, están dispuestos a tramitarla en solitario en el Parlament.

“Si hay dificultades para entrarla a registro o hacer una tramitación conjunta, como CUP estamos dispuestos a hacer una entrada a registro de esta ley exclusivamente como CUP”, ha explicado el diputado 'cupaire' Benet Salellas en una entrevista de Europa Press.

Este escenario se plantea porque en el seno de JxSí hay disparidad de criterios sobre qué hacer con esta ley: algunos son partidarios de aprobarla antes del 1-O, mientras que otros sostienen que solo puede aprobarse si gana el 'sí' en el referéndum –ya que es la ley que materializa la independencia–.

Salellas señala que es “un debate que tiene internamente JxSí y que es JxSí quien tiene que resolver esta cuestión”, pero advierte de que la CUP está dispuesta a tramitarla si el otro grupo independentista de la Cámara no llega a un consenso interno.

La ley de transitoriedad jurídica es la que diseña la transición de Catalunya del ordenamiento jurídico actual a uno catalán, y la CUP considera que debe aprobarse antes del referéndum para que los catalanes conozcan las consecuencias de la victoria del 'sí' y para que quede claro que este referéndum “no puede ser otro 9N”.

“Para nosotros y para una parte importante del independentismo, la ley de transitoriedad tiene que estar aprobada antes del 1 de octubre porque la ley de transitoriedad es lo que hace vinculante el referéndum”, agrega el diputado.

La CUP teme, por un lado, que si no se aprueba la ley antes del referéndum, una eventual victoria del 'sí' abra el debate de “cuáles son las consecuencias del referéndum”, mientras que con la ley aprobada las consecuencias serían evidentes: la independencia.

Por el otro, sostienen que aprobar la ley antes del 1-O “es una interpelación clara al conjunto del país, de dejar claro qué pasa si votas sí y qué pasa si votas no; Si no quieres que esto salga adelante, pues ve y vota no”.

En conclusión, aprobar la ley de transitoriedad antes del referéndum para la CUP es un mensaje claro: “Pues mire, las consecuencias de la independencia son esto”, igual que señalan que si el 1-O gana el 'no', la ley perdería cualquier sentido y validez.

“Esta ley es un instrumento de determinación política, es un instrumento de claridad democrática y es un instrumento que nos da seguridad al conjunto del independentismo de saber qué pasará el día siguiente del 1 de octubre”, ha concluido.

Sin conocimiento de las urnas

Preguntado por si el Govern tiene las urnas para hacer este referéndum, Salellas ha explicado que a la CUP no le han comunicado nada el respecto, pero considera que debería tenerlas porque el Estado cada vez pondrá más impedimentos contra el 1-O.

“Habrá una cierta aceleración del contexto, de la coyuntura política y, por lo tanto, todo lo que no se haya hecho pues cada vez será más difícil hacerlo”, ha zanjado el diputado, que también ha dicho que la CUP está convencida de que la Generalitat avanza en los preparativos de esta votación.

Hay censo

Entre los preparativos que debe realizar el Govern figura la polémica elaboración de un censo, y Salellas expone: “Nos han dicho que tienen un censo y también nos han dicho de donde sale, lo que pasa es que no lo haré público. Es dramático, pero es así”, resuelve.

Salellas reivindica que la CUP ha fiscalizado al Govern en cuanto a la celebración de este referéndum preguntando, controlando y supervisando la labor de la Generalitat y fruto de esto han recibido información del Ejecutivo que ha hecho “que este Govern exista a día de hoy”.

“Si hubiéramos visto que el referéndum no avanzaba en la buena dirección, nosotros teníamos la obligación de denunciarlo y de hacer caer este Govern. No lo hemos hecho porque el Govern nos ha dado unas informaciones de que se está desplegando”, concluye.

Admite que el secreto que mantiene la CUP sobre este tema “ni es sano, ni es democrático, ni entra en una lógica política normal”, pero defiende que es imprescindible por el rechazo frontal del Estado a la consulta y las investigaciones que hay en marcha como por ejemplo la de la Guardia Civil.

Mossos d'Esquadra

Sobre el papel de los Mossos d'Esquadra el 1 de octubre, Salellas confía en que velarán por la seguridad de la jornada electoral y nada más: “Me cuesta mucho imaginar cualquier cuerpo público haciendo un ejercicio tan antidemocrático como sería la retirada de urnas, el precinto de colegios, etc.”.

Tampoco considera que un juez pueda frenar la celebración de la consulta, ya que no se imagina “que una persona o un tribunal sea un juez o 12 o 16 puedan aniquilar el trabajo institucional de un Parlament o un Govern en torno al cual hay una mayoría social tan amplia”.

La ley de transitoriedad jurídica que preparan JxSí y la CUP prevé sustituir el Tribunal Constitucional (TC) por una 'Sala de Garanties' catalana y también prevé crear un Tribunal Supremo catalán, en caso de que gane el 'sí' en el referéndum de independencia del 1 de octubre.

Así lo ha explicado el diputado de la CUP Benet Salellas en una entrevista de Europa Press, en la que ha desvelado detalles de la ley que debe certificar la independencia y sentar las bases de la transición del ordenamiento jurídico actual a uno catalán, que está redactada desde hace meses, aunque sometida a cambios.

Salellas explica que la CUP no ha compartido la visión “casi sagrada” de JxSí sobre esta ley --cuya elaboración ha estado envuelta en un gran secretismo-- y no creen que sea 'omniresolutiva', si bien ha constatado que a lo largo de su elaboración la han ido redefiniendo, dándole finalidades y objetivos.

El diputado de la CUP, uno de los ponentes de la ley, explica que la norma explicita cómo funcionará el proceso constituyente y establece como se resolverían en una Catalunya independiente aquellas competencias que ahora pertenecen a la Administración del Estado, pero aclara que no se trata de una constitución en sí misma, precisamente porque es el proceso constituyente que prevén tras el 1-O el que debe dibujarla y concretar las instituciones definitivas.

Sin embargo, la ley --que aún no se ha hecho pública-- ya incluye algunas de las instituciones necesarias para suplir el papel del Estado o el Poder judicial: “No se trata de cambiar el sistema judicial catalán, pero si de dotarnos de las instituciones necesarias para no continuar utilizando el Tribunal Supremo (TS) de Madrid o el TC, pero continuaremos teniendo TS y TC”.

El nuevo TS catalán mantendrá el mismo nombre y hará de máxima institución del sistema judicial en Catalunya, y contará con un espacio donde se debatirán materias constitucionales y de garantías de derechos, es decir, la nueva 'Sala de Garanties'.

“Para el TC buscamos una fórmula diferente porque pensamos que la última etapa de alguna forma nos pide cambiar la nomenclatura para no reproducir una institución que ha sido tan antidemocrática en relación con la soberanía de Catalunya”, ha asegurado.

“Nosotros tenemos que decir qué pasa con los jueces y fiscales, cómo funcionará la administración de Justicia”, ha dicho sobre los cambios que prevé la ley en la administración de justicia, toda vez que en el referéndum gane el 'sí' a la independencia, porque si no, aclara Salellas que la ley no tendrá sentido.

Pobreza energética

Salellas explica que la ley de transitoriedad jurídica también recupera algunas de las leyes que han sido derogadas por el TC y que sus impulsores consideran que daban pasos importantes en la conquista de derechos.

“La ley 24/2015, por ejemplo”, ha dicho sobre la norma de medidas urgentes para afrontar emergencias habitacionales y pobreza energética que aprobó el Parlament, que la ley de transitoriedad recupera explícitamente.

Nacionalidad catalana

El redactado de la norma también acorta los plazos para que los extranjeros puedan obtener la nacionalidad catalana: “Reduce unos plazos que son absolutamente, me atrevería a decir, racistas que tiene la legislación española”, expone.

Salellas asegura que la norma hace una proclama de los derechos fundamentales que va más allá de la que hace la Constitución Española, adecuándose a instancias internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en derechos sociales.

“La república tiene que ser un instrumento para cambiar las condiciones de vida de la gente”, ha concluido el diputado 'cupaire', que incide en que los cambios que han introducido en la norma en los últimos meses son pequeños detalles y que responden a la excepcionalidad del momento y a los acontecimientos que se van sucediendo.

Respeto al proceso constituyente

Salellas narra cómo en la construcción de la nueva norma los ponentes se han debatido entre introducir algunos cambios con respecto al marco legal español y esperar a hacerlo en proceso constituyente posterior al referéndum, para no condicionar ese proceso.

“Hay aspectos que a nosotros nos habría gustado de aprovechar esta ley para abordarlos y que realmente tiene sentido que las dejemos para el proceso constituyente”, concluye.

Si gana el 'sí' a la independencia en el referéndum de octubre, los soberanistas plantean el impulso de un proceso constituyente catalán donde, allí sí, deberán plantearse las paredes maestras del nuevo Estado y, además, la elaboración de una constitución catalana.

La llei de transitorietat jurídica que preparen JxSí i la CUP preveu substituir el Tribunal Constitucional (TC) per una 'Sala de Garanties' catalana i també preveu crear un Tribunal Suprem català, en cas que guanyi el 'sí' en el referèndum d'independència de l'1 d'octubre.

Així ho ha explicat el diputat de la CUP Benet Salellas en una entrevista d'Europa Press, en què ha revelat detalls de la llei que ha de certificar la independència i establir les bases de la transició de l'ordenament jurídic actual a un de català, que està redactada des de fa mesos, tot i que sotmesa a canvis.

Salellas explica que la CUP no ha compartit la visió “gairebé sagrada” de JxSí sobre aquesta llei –l'elaboració ha estat envoltada d'un gran secretisme– i no creuen que sigui 'omniresolutiva', si bé ha constatat que al llarg de la seva elaboració l'han anat redefinint, donant-li finalitats i objectius.

El diputat de la CUP, un dels ponents de la llei, explica que la norma explicita com funcionarà el procés constituent i estableix com es resoldrien en una Catalunya independent aquelles competències que ara pertanyen a l'Administració de l'Estat, però aclareix que no es tracta d'una constitució en si mateixa, precisament perquè és el procés constituent que preveuen després de l'1-O el que ha de dibuixar-la i concretar les institucions definitives.

No obstant això, la llei –que encara no s'ha fet pública– ja inclou algunes de les institucions necessàries per a suplir el paper de l'Estat o el Poder judicial: “No es tracta de canviar el sistema judicial català, però sí de dotar-nos de les institucions necessàries per no continuar utilitzant el Tribunal Suprem (TS) de Madrid o el TC, però continuarem tenint TS i TC”.

El nou TS català mantindrà el mateix nom i farà de màxima institució del sistema judicial a Catalunya, i comptarà amb un espai on es debatran matèries constitucionals i de garanties de drets, és a dir, la nova 'Sala de Garanties'.

“Per al TC busquem una fórmula diferent perquè pensem que l'última etapa d'alguna manera ens demana canviar la nomenclatura per no reproduir una institució que ha estat tan antidemocràtica en relació amb la sobirania de Catalunya”, ha assegurat.

“Nosaltres hem de dir què passa amb els jutges i fiscals, com funcionarà l'administració de Justícia”, ha dit sobre els canvis que preveu la llei en l'administració de justícia, en el cas que en el referèndum guanyi el 'sí' a la independència, perquè si no, aclareix Salellas que la llei no tindrà sentit.

Pobresa energètica

Salellas explica que la llei de transitorietat jurídica també recupera algunes de les lleis que han estat derogades pel TC i que els seus impulsors consideren que feien passos importants en la conquesta de drets.

“La llei 24/2015, per exemple”, ha dit sobre la norma de mesures urgents per afrontar emergències habitacionals i pobresa energètica que va aprovar el Parlament, que la llei de transitorietat recupera explícitament.

Nacionalitat catalana

El redactat de la norma també escurça els terminis perquè els estrangers puguin obtenir la nacionalitat catalana: “Redueix uns terminis que són absolutament, m'atreviria a dir, racistes, que té la legislació espanyola”, exposa.

Salellas assegura que la norma fa una proclama dels drets fonamentals que va més enllà de la que fa la Constitució Espanyola, adequant-se a instàncies internacionals en matèria de drets humans, especialment en drets socials.

“La república ha de ser un instrument per canviar les condicions de vida de la gent”, ha conclòs el diputat cupaire ', que incideix que els canvis que s'han introduït en la norma en els últims mesos són petits detalls i que responen a l'excepcionalitat del moment i als esdeveniments que es van succeint.

Respecte al procés constituent

Salellas narra com en la construcció de la nova norma els ponents s'han debatut entre introduir alguns canvis pel que fa al marc legal espanyol i esperar a fer-ho en procés constituent posterior al referèndum, per no condicionar aquest procés.

“Hi ha aspectes que a nosaltres ens hauria agradat aprofitar d'aquesta llei per abordar-los i que realment té sentit que les deixem per al procés constituent”, conclou.

Si guanya el 'sí' a la independència en el referèndum d'octubre, els sobiranistes plantegen l'impuls d'un procés constituent català on, allà sí, han de plantejar-se les parets mestres del nou Estat i, a més, l'elaboració d'una constitució catalana.

El jutge del Vendrell (Tarragona) que investiga si Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) va cobrar comissions d'empreses a canvi d'adjudicar obres públiques ha admès a la CUP com a acusació popular al cas, conegut com el del 3%.

“La fermesa de la CUP a la lluita contra la corrupció en general i contra el 3% en particular resulta un cop més confirmada per les actuacions al front judicial, que cal complementar amb els fronts polítics i ciutadà”, ha manifestat el diputat i advocat cupaire, Benet Salellas.

Els assemblearis, després de dipositar els 500 euros de fiança que els va demanar el jutge, seran part en la causa que té posat el focus en una vintena d'obres públiques adjudicades per la Generalitat o d'ajuntaments catalans governats pels convergents.

A més, la CUP ha demanat aquest dimarts a la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ser també acusació popular en la part del procediment que afecta l'exconseller de Justícia i diputat no adscrit del Parlament després de la seva expulsió de JxSí , Germà Gordó. Assenyalat pels investigadors com “l'aconseguidor” de la trama, a Gordó l'investiga el TSJC i no el jutjat del Vendrell per la seva condició d'aforat.

També s'ha personat al cas del 3% l'Ajuntament de Barcelona, en el seu com a acusació particular al sentir-se perjudicat per la trama de corrupció. Segons els investigadors, diverses obres de la legislatura en que CiU va ostentar l'alcaldia, com el túnel de Glòries, estarien esquitxades per la trama.

El juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga si Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró comisiones de empresas a cambio de adjudicar obras públicas ha admitido a la CUP como acusación popular en el caso, conocido como el del 3%.

“La firmeza de la CUP en la lucha contra la corrupción en general contra el 3% en particular resulta una vez más confirmada por las actuaciones en el frente judicial, que hay que complementar con los frentes políticos y ciudadano”, ha manifestado el diputado y abogado cupaire, Benet Salellas.

Los asamblearios, tras depositar los 500 euros de fianza que les pidió el juez, serán parte en la causa que tiene puesto el foco en una veintena de obras públicas adjudicadas por la Generalitat o de ayuntamientos catalanes gobernados por los convergentes.

Además, la CUP ha pedido este martes a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ser también acusación popular en la parte del procedimiento que afecta al exconseller de Justicia y diputado no adscrito del Parlament tras su expulsión de JxSí, Germà Gordó. Señalado por los investigadores como “el conseguidor” de la trama, a Gordó le investiga el TSJC y no el juzgado de El Vendrell por su condición de aforado.

También se ha personado en el 3% el Ayuntamiento de Barcelona, en su caso como acusación particular al sentirse perjudicado por la trama de corrupción. Según los investigadores, varias obras de la legislatura en que CiU ostentó la alcaldía, como el túnel de Glòries, estarían salpicadas por la trama.

Con el anuncio de la fecha y la pregunta de un referéndum sobre la república este otoño hemos dado el pistoletazo de salida a una nueva fase en la reconstrucción de la soberanía catalana, en la semana que se reunía nuevamente el Pacte Nacional por el Referéndum con casi un centenar de asistentes, de la derecha a la izquierda soberanista, de los partidos políticos a los sindicatos y las entidades sociales, para constatar una vez más la negativa del Estado español a resolver por la vía pactada el ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Y el ejercicio y la conquista de derechos es siempre conflicto. La convocatoria de este viernes es un pulso, un pulso al Gobierno Rajoy, pero también un pulso al conjunto de las instituciones del Estado que le amparan (Tribunal Constitucional, fiscalía, la jerarquía judicial) y a la mayoría amplia en el arco parlamentario que le secunda, el conocido búnker del 78. Un régimen del 78 nacido de las entrañas de la dictadura que aplastó la anterior experiencia republicana aquí, un régimen del 78 que bajo la apariencia de democracia parlamentaria ha establecido sobretodo una sociedad de privilegios, de agravios, de desigualdades y de autoritarismo descontrolado.

Y lo tenemos claro, nosotros hemos llegado a este punto después de un ciclo de movilización y luchas muy largo, muy potente y muy amplio, en un grito fuerte y ensordecedor que pide cambio y grita dignidad, en un proyecto que es complejo y que no es sencillo pero que es posible hoy y aquí. Y que es inigualable en términos de oportunidad en el conjunto devastado del sur de Europa del cual nos sentimos parte.

No hay más alianzas ni más reconocimientos internacionales posibles sin la convocatoria de un referéndum y su materialización. Precisamente para aumentar la credibilidad de la propuesta soberanista es imprescindible poner fin al “procesismo” y dar de una vez la palabra a la gente. Y hacerlo de la mejor manera posible. De la manera más discutida y consensuada posible. De la manera más efectiva posible. Por eso es necesario un debate profundo sobre les garantías del referéndum 2017, para hacerlo efectivo y que se aleje de un acto de movilización como ya fue el 9-N del 2014. No hace falta que continuemos poniendo adjetivos al referéndum. Quizás lo que hace falta es dejar de mirar hacia fuera y hablar de los otros (los estados, la Comisión de Venecia, la Unión Europea...) y mirar más hacia el nosotros en el sentido de definir cuál es la fórmula de esta herramienta llamada referéndum que en las condiciones de hoy y aquí nos permite llegar más lejos en el ejercicio de la democracia directa.

Para la gente demócrata un referéndum debe ser siempre vinculante, pero debe tener unas garantías que nos permitan defender que el resultado es una foto lo más fidedigna posible del pensamiento del demos, el pueblo. En condiciones de normalidad democrática el Gobierno de la Generalitat convocaría un referéndum y lo celebraría a la quebequesa. No es la coyuntura que vivimos, somos conscientes de ello. Las instituciones estatales españolas, desbocadas en la cruzada contra el ejercicio del derecho a la autodeterminación, impedirán una normalidad deseada desde aquí con el único objetivo de disponer de pretendidos argumentos para discutir la legitimidad de un posible resultado que les sea adverso. Por esto tenemos que construir un carril central de consenso sobre les garantías, porque tenemos que aprovechar la institucionalidad al máximo pero en un contexto de autotutela de derechos.

Desde la CUP-CC proponemos una triple garantía: 1) garantizar el derecho a voto, con censo previo conocido y mecanismos para votar desde fuera de Catalunya, 2) garantizar la imparcialidad de la votación y el recuento con mesas que no pueden ser exclusivamente de voluntarios y 3) garantizar una campaña sobre los argumentos del sí y los argumentos del no que debe llegar a todas partes y con un papel protagonista de los medios de comunicación públicos.

Nos recordaban Gerardo Pisarello y Marco Aparicio que “junto a las garantías sociales de participación institucional se suelen articular garantías sociales autónomas, esto es, mecanismos de autotutela de derechos que se suelen activar cuando se considera que las garantías institucionales se encuentran bloqueadas o resultan insuficientes. Serían garantías de autotutela en determinados supuestos desde el derecho a huelga hasta la desobediencia civil”1, parafraseando el concepto de garantía social de la Constitución del Año 1 de la Revolución Francesa que el próximo solsticio de verano cumplirá 224 años. (Una Constitución que también decía aquello tan bonito que “una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras” en referencia al derecho inalienable de modificar y revisar estatus y constituciones.)

Y de eso se tratará en los próximos meses, entre muchas otras cosas, de autotutelar nuestros derechos. El derecho a la autodeterminación siempre tiene un componente de autogestión y de construcción desde abajo. Lo cierto es que hoy nuestro derecho a voto sobre el nacimiento de una república en Catalunya no tiene ninguna posibilidad de acudir a una garantía jurisdiccional, no hay ningún tribunal en el Estado español que quiera ampararlo; por esto, no nos queda otro remedio que, como en tantos otros momentos de nuestra historia, autotutelarnos en derechos. En la reunión de esta semana del Pacte Nacional por el Referéndum un compañero del FAGC ponía de ejemplo su lucha hace 40 años contra la ley de peligrosidad social; una compañera feminista seguía con ejemplos e hitos... y la lista del conocimiento colectivo en la conquista de derechos se hacía inacabable en el seno de la reunión.

Nosotros ya sabemos que la celebración del referéndum este 2017 contendrá una cierta dosis de esto, de desobediencia, de autotutela de derechos, de rebelión. Será imprescindible. Y nosotros haremos que este reto se convierta en una doble oportunidad, como expresión de esta doble lucha que nos atraviesa. Por un lado, está la responsabilidad que este referéndum atacado desde arriba, desde la lógica del poder vertical, por un estado tan autoritario como el Estado español, sea tan serio como cualquier otro y que nadie pueda discutir sus resultados. Por otro lado, y si lo ganamos, abriremos un proceso constituyente, en el que un ejercicio de soberanía popular ejercido desde abajo como este nos dará una fuerza como pueblo incalculable que debería permitir construir, entre muchas otras cosas, también una nueva institucionalidad que nos ayude a cambiarlo todo.

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(1) Els drets humans al segle XXI: continuïtat i canvis. UOC. Barcelona 2007

Si vol que el Parlament li aprovi els pressupostos, el Govern haurà d'obligar les grans fortunes a aportar més al sistema fiscal català. L'Executiu negocia des de fa setmanes els pressupostos de 2017 amb la CUP, el seu renovat soci parlamentari. Les alternatives són altres grups d'esquerres –el PSC i Catalunya Sí Que es Pot (CSQP)– que, com els anticapitalistes, reclamen una major progressivitat.

Constatades les diferències i la fèrria oposició de Convergència a tocar l'IRPF i Successions i Donacions, des de la CUP aposten sense embuts per incloure en els comptes mecanismes per gravar les grans fortunes. En un article a Catalunya Plural, el diputat de la CUP, Benet Salellas, ha reclamat un impost “sobre la concentració de la riquesa i les grans fortunes” amb l'objectiu de redistribuir els recursos i garantir polítiques contra la desigualtat.

La teoria està clara encara que la seva traducció pressupostària encara és objecte de negociació, la qual cosa podria retardar unes setmanes la presentació dels comptes al Parlament, prevista per aquest mes de novembre. Sobre la taula del conseller d'Economia, Oriol Junqueras, hi ha diverses opcions, començant per canvis en l'impost de patrimoni. El primer dels problemes als quals s'enfronta l'estratègia de la CUP és la bonificació al 100% de l'impost que podria realitzar el Govern de Mariano Rajoy.

A més, tal i com recorda Salellas, modificar determinats aspectes de l'impost de patrimoni podria provocar un altre conflicte competencial amb el Govern central, cosa que no passa en els règims fiscals forals. En la seva etapa de govern a la Diputació de Guipuzkoa, Bildu va modificar l'impost de patrimoni per convertir-lo en l'Impost sobre la Riquesa i les Grans Fortunes (IRGF). Les seves impulsores, en una entrevista amb aquest diari, recordaven que es van trobar amb una hisenda on els “rics no pagaven en funció de la seva capacitat, sinó que calia començar per fer-los pagar alguna cosa”. D'aquí que s'implantés el IRGF.

La CUP coincideix amb aquest diagnòstic. Salellas explica que les grans fortunes familiars i personals catalanes “no tenen pràcticament res a nom propi” i que “han sabut teixir una extensa teranyina de societats” on han col·locat el seu patrimoni. La tributació d'aquests vehicles, recorda Salellas, és menor que la que afecta les rendes petites i mitjanes que contribueixen al sistema fiscal a través de l'IRPF o dels impostos a l'habitatge.

En aquest sentit, una altra de les vies fiscals que proposa la CUP és la creació d'un nou impost centrat en els béns que s'han col·locat en una societat per, en paraules de Salellas, “escapar de l'impost de patrimoni i sobre la renda”. “Estaríem pensant en immobles, vehicles i líquids bancaris que es troben sota la titularitat d'una empresa però que no serveixen ni per aproximar-se a cap plantejament d'economia productiva”, argumenta el diputat en un article en aquest diari.

Altres dels productes de luxe que la CUP proposa gravar són els cotxes d'alta cilindrada, les embarcacions de lleure o els iots i els immobles amb un valor superior al milió d'euros que estan en mans de determinades societats.

“És complex, però la perspectiva ha de ser centrar la mirada en aquells elements objectius que exterioritzen la riquesa i que avui, si no han quedat amagats en l'immobilitzat d'un balanç fiscal, tributen molt per sota del que ho fan els salaris de les treballadores ”, assevera Salellas. Així mateix, sobre el disseny de l'impost la CUP planteja bonificacions “fins i tot elevades” per no gravar l'economia productiva.

“El patrimoni en mans de societats mercantils es troba sense un gravamen en matèria tributària al mateix nivell que el patrimoni de les persones físiques”, afegeix el diputat. La finalitat de l'esquerra independentista és que l'impost serveixi, a més de per recaptar més, per fer “un inventari de riquesa que serveixi per aprofundir en la lluita contra el frau i l'evasió fiscal” i com a eina per “lluitar contra la concentració de la riquesa en poques mans”.

El ventall d'alternatives fiscals que planteja la CUP neix de les dificultats per trobar una postura fiscal comuna entre els anticapitalistes i Convergència, un debat que ERC contempla sense prendre partit per cap bàndol. Els convergents, pressionats per les seves corrents més conservadores, han cavat una trinxera perquè no es toqui l'IRPF del que entenen com a “classes mitjanes”.

Tampoc accepten canvis en Successions i Donacions, la reducció del qual després de tornar al Govern el 2010 s'ha convertit en un estendard per la nova Convergència. Tant Artur Mas com Marta Pascal han retret a la CUP en les últimes setmanes que vulguin convertir els comptes en un “debat ideològic”. “Qui té por d'un impost de les grans riqueses?”, els respon Salellas.

Si quiere que el Parlament le apruebe los presupuestos, el Govern tendrá que obligar a las grandes fortunas a aportar más al sistema fiscal catalán. El Ejecutivo negocia desde hace semanas los presupuestos de 2017 con la CUP, su renovado socio parlamentario. Las alternativas son otros grupos de izquierdas –el PSC y Catalunya Sí Que es Pot (CSQP)– que, como los anticapitalistas, reclaman una mayor progresividad.

Constatadas las diferencias y la férrea oposición de Convergència a tocar el IRPF y Sucesiones y Donaciones, desde la CUP apuestan sin rodeos por incluir en las cuentas mecanismos para gravar a las grandes fortunas. En un artículo en Catalunya Plural, el diputado de la CUP, Benet Salellas, ha reclamado un impuesto “sobre la concentración de la riqueza y las grandes fortunas” con el objetivo de redistribuir los recursos y garantizar políticas contra la desigualdad.

La teoría está clara aunque su traducción presupuestaria todavía es objeto de negociación, lo que podría retrasar unas semanas la presentación de las cuentas al Parlament, prevista para este mes de noviembre. Sobre la mesa del conseller de Economía, Oriol Junqueras, hay varias opciones, empezando por cambios en el impuesto de patrimonio, El primero de los problemas a los que se enfrenta la estrategia de la CUP es la bonificación al 100% del impuesto que podría realizar el Gobierno de Mariano Rajoy.

Además, tal y como recuerda Salellas, modificar determinados aspectos del impuesto de patrimonio podría provocar otro conflicto competencial con el Gobierno, cosa que no ocurre en los regímenes fiscales forales. En su etapa de gobierno en la diputación de Gipuzkoa, Bildu modificó el impuesto de patrimonio para convertirlo en el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas (IRGF). Sus impulsoras, en una entrevista con este diario, recordaban que se encontraron con una hacienda en la que los “ricos no pagaban en función de su capacidad, sino que había que empezar por hacerles pagar algo”. De ahí que se implantara el IRGF.

La CUP coincide con este diagnóstico. Salellas explica que las grandes fortunas familiares y personales catalanas “no tienen prácticamente nada a nombre propio” y que “han sabido tejer una extensa telaraña de sociedades” donde han colocado su patrimonio. La tributación de estos vehículos, recuerda Salellas, es menor que la que afecta a las rentas pequeñas y medianas que contribuyen al sistema fiscal a través del IRPF o de los impuestos a la vivienda.

En este sentido, otra de las vías fiscales que propone la CUP es la creación de un nuevo impuesto centrado en los bienes que se han colocado en una sociedad para, en palabras de Salellas, “escapar del impuesto de patrimonio y sobre la renta”. “Estaríamos pensando en inmuebles, vehículos y líquidos bancarios que se encuentran bajo la titularidad de una empresa pero que no sirven ni para aproximarse a ningún planteamiento de economía productiva”, argumenta el diputado en un artículo en este diario.

Otros de los productos de lujo que la CUP propone gravar son los coches de alta cilindrada, las embarcaciones de ocio o los yates y los inmuebles con un valor superior al millón de euros que están en manos de determinadas sociedades.

“Es complejo, pero la perspectiva tiene que ser centrar la mirada en aquellos elementos objetivos que exteriorizan la riqueza y que hoy, si no han quedado escondidos en el inmovilizado de un balance fiscal, tributan muy por debajo de lo que lo hacen los salarios de las trabajadoras”, asevera Salellas. Asimismo, sobre el diseño del impuesto la CUP plantea bonificaciones “incluso elevadas” para no gravar a la economía productiva.

“El patrimonio en manos de sociedades mercantiles se encuentra sin un gravamen en materia tributaria al mismo nivel que el patrimonio de las personas físicas”, añade el diputado. La finalidad de la izquierda independentista es que el impuesto sirva, además de para recaudar más, para realizar “un inventario de riqueza que sirva para profundizar en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal” y como herramienta para “luchar contra la concentración de la riqueza en pocas manos”.

El abanico de alternativas fiscales que plantea la CUP nace de las dificultades para encontrar una postura fiscal común entre los anticapitalistas y Convergència, un debate que ERC contempla sin tomar partido por ningún bando. Los convergentes, presionados por sus corrientes más conservadoras, han cavado una trinchera para que no se toque el IRPF de lo que entienden como “clases medias”.

Tampoco aceptan cambios en Sucesiones y Donaciones cuya reducción tras volver al Govern en 2010 se ha convertido en un estandarte para la nueva Convergència. Tanto Artur Mas como Marta Pascal han afeado a la CUP en las últimas semanas que quieran convertir las cuentas en un “debate ideológico”. “¿Quién teme a un impuesto sobre las grandes riquezas?”, les responde Salellas.

“Todo está para hacer y todo es posible”, dice uno de los versos más halagados de Miquel Martí y Pol. La izquierda parlamentaria catalana, con la sombra de los resultados de las últimas elecciones generales y el horizonte –tan posible por unos como cuestionado por otros– de un proceso soberanista que viaja por caminos inciertos, sigue lejos de acontecer un todo cohesionado capaz de hacer frente, como mínimo conjuntamente, a las grandes preguntas que despierta el futuro político catalán y estatal. Sobre el debate planea la duda de qué es exactamente lo qué “está para hacer” pero, sobre todo, qué “es posible” hacer en un contexto como el actual.

La necesidad de cambio como tal ha sido un enunciado poco discutido en el marco de la mesa organizada hoy por la Universidad Progresista de Verano de Catalunya (UPEC). En el debate Somiem truites han asistido el primer secretario del PSC, Miquel Iceta; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; el dipitado electo de En Comú Podem, Xavier Domènech; y el diputado de la CUP, Benet Salellas. Las maneras de lograr este cambio y los objetivos que lo tendrían que motivar son ítems que hacen salir a la luz toda una gama de matices que diferencian, con creces, la posición de las diferentes formaciones políticas.

Aún así, se han reducido distancias entre ERC y la CUP en cuanto a la propuesta formal de introducir en la hoja de ruta un referéndum unilateral de independencia (RUI) que realizó este jueves el partido anticapitalista. Y es que Marta Rovira ha considerado que la propuesta podría ser “un punto de encuentro” con los partidos favorables al derecho a decidir.

En este sentido, Rovira ha afirmado que del que se trata, en definitiva, es de lograr una “ruptura democrática” que, en su opinión, pasa de forma necesaria por un “proceso constituyente”. Una postura que difiere de la que fuentes del Govern expresaron fuentes del Govern este jueves, cuando criticaron que la CUP “no está en condiciones de pedir nada” tras su veto a los presupuestos y rechazaron, de momento, la petición.

Cada actor se ha preocupado para subrayar en qué momento se situaba el punto de inflexión en la historia reciente a partir del cual se explicaba el anhelo de cambio de la sociedad. Los ejemplos escogidos por los ponentes tenían un hilo común: la necesidad de sumar fuerzas y llegar a consensos para lograr objetivos más o menos concretos, pero también la firme creencia que el espíritu de cambio y las demandas de la sociedad catalana eran un binomio indisociable de su programa de partido.

Xavier Domènech ha hablado de un ciclo “que estalla al 2008 y que todavía no hemos cerrado”, un momento en que, según Domènech, “el pacto social entra en cuestión” y una mayoría sale a la calle para enfrentarse a los “grandes intereses económicos” para denunciar que “el sistema político, como uno todo, no está funcionando” porque la soberanía ya “no reside en las urnas”.

Rovira iba más atrás en el tiempo para concluir que “el cambio en Catalunya empieza mucho antes”, en el momento en que propuestas como el Estatuto de Autonomía de 2006, probaban de dar respuesta a “las necesidades sociales que tiene la ciudadanía”. En la carrera para retroceder en el tiempo, Iceta ha vuelto en reiteradas ocasiones al tripartito y ha hecho una primera mención a la tortilla socialdemócrata “ahora que todos lo somos”, en referencia a los últimos discursos de Unidos Podemos.

Serio al inicio, Benet Salellas ha rememorado el momento en que la PAH, junto con diputados de ICV-EUiA, ERC y la CUP, hicieron una cadena humana para parar el desalojo del bloque de Salt, en Girona. Acto que, para Salellas, demuestra como “cuando nos juntamos conseguimos cosas que son inimaginables”.

El sujeto del cambio

Marta Rovira ha hablado de un “único espacio posible” a través del cual podrán llegar a convivir “ciudadanos empoderats en términos de igualdad”: un proceso constituyente “no subordinado al estado” porque “los ciudadanos españoles no tienen ganas” de iniciar un cambio. Rovira ha considerado que el proceso catalán podría dar impulso al estatal, pero se niega a esperar cambios en España. Iceta ha apuntado, refiriéndose a la voluntad de llevar a cabo un proceso constituyente, que “entre las muchas grandes palabras que todos utilizamos” se tendrían que poner de acuerdo con cuestiones más concretas y ha destacado aspectos como por ejemplo la renta básica o la gratuidad de la educación de los 0 a los 3 años.

Ante un Xavier Domènech que concluía, entre aplausos, que “al final, siempre gobierna Convergència”, Rovira y Salellas han insistido a subrayar un cambio hacia la izquierda en el proceso independentista. A parecer de Salellas, “las dos fuerzas del régimen (en Catalunya, es decir, PSC y CiU) han quedado desmenuzadas por el proceso nacional” y este podría lograr cambios “inesperados” en todos los sentidos en caso de que “no llegue a buen puerto”. El diputado de la CUP ha valorado que el primero que se tendría que hacer es superar “el bloqueo de la soberanía catalana” mediante “la fórmula más democrática posible”, es decir, un referéndum o una declaración unilateral, “y luego haced todos los tripartitos que queráis”.

Por su parte, Miquel Iceta ha destacado que la construcción de la hegemonía es un proceso “dinámico y contradictorio” y no acumulativo. El primer secretario del PSC ha defendido el proyecto federalista ante opciones que piensan sólo “en la soberanía de una parte” y no se adiuen a un “mundo de interdependencias creciente”. Además, ha expresado que “todos nos movemos con determinados límites” y que hay que reconocer que “no todo es posible” .

Frente a tres diputados con ciertos reproches en el tintero debido a las dinámicas parlamentarias, un Xavier Domènech historiador diagnosticaba una “crisis de soberanías” y se preguntaba por la fórmula para caminar “hacia nuevos modelos económicos”, citando en varios momentos el “cambio” en la capital catalana y la importancia de la cultura municipalista. El cabeza de lista de En Comú Podem ha pronosticado que en dos años volverá a haber elecciones tanto en Cataluña como en España, predicción que no se ha discutido mucho por parte de los otros participantes.

Y es que un nuevo llamamiento a las urnas, sea en forma de referéndum o de elecciones, ha sido uno de los temas más presentes al debate. Rovira ha hablado del huevo de la tortilla socialdemócrata como un ingrediente subordinado, con un límite institucional que impide evolucionar hacia un cambio real. “Me gustaría ser socialdemócrata”, ha dicho una secretaria general de ERC que critica la carencia de instrumentos de los que disponen las instituciones catalanas. Así, Rovira se ha referido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) cómo de un “techo que asfixia” la ciudadanía catalana. La secretaria general de ERC ve necesario “votar tantas veces como haga falta” y, ante una media sonrisa de Domènech ha anunciado: “¿Acaso nos asustan a nosotros, las urnas?”.

Mientras Iceta ha emplazado a los invitados a “mirar que estamos construyendo antes de continuar” con un papel a la mesa sobre el cual ha escrito, durante la intervención de Rovira: “RUI - DUI - TURULL”, Salellas le ha recriminado que él todavía no había entendido cuál era la propuesta de los socialistas, a los cuales acusa de votar siempre “no” en el Parlamento catalán. El diputado de la CUP ha concluido que “para hacer una tortilla, hay que romper huevos”, una frase que recuerda a uno de los puntos de inflexión a partir de los cuales la izquierda catalana adoptó posiciones radicalmente diferentes.

“Tot està per fer i tot és possible”, diu un dels versos més afalagats de Miquel Martí i Pol. L'esquerra parlamentària catalana, amb l'ombra dels resultats de les darreres eleccions generals i l'horitzó –tan possible per uns com qüestionat per d'altres– d'un procés sobiranista que viatja per camins incerts, segueix lluny d'esdevenir un tot cohesionat capaç de fer front, com a mínim conjuntament, a les grans preguntes que desperta el futur polític català i estatal. Sobre el debat plana el dubte de què és exactament el què “està per fer” però, sobretot, què “és possible” fer en un context com l'actual.

La necessitat de canvi com a tal ha estat un enunciat poc discutit en el marc de la taula organitzada avui per la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC). Al debat Somiem truites hi han assistit el primer secretari del PSC, Miquel Iceta; la secretària general d'ERC, Marta Rovira; el diputat electe d'En Comú Podem, Xavier Domènech; i el diputat de la CUP, Benet Salellas. Les maneres d'assolir aquest canvi i els objectius que l'haurien de motivar són ítems que fan sortir a la llum tota una gamma de matisos que diferencien, amb escreix, la posició de les diferents formacions polítiques.

Tanmateix, s'han reduït distàncies entre ERC i la CUP pel que fa a la proposta formal d'introduir en el full de ruta un referèndum unilateral d'independència (RUI) que va realitzar aquest dijous el partit anticapitalista. I és que Marta Rovira ha considerat que la proposta podria ser “un punt de trobada” amb totes les forces partidàries del dret a decidir.

En aquest sentit, Rovira ha afirmat que del que es tracta, en definitiva, és d'assolir una “ruptura democràtica” que, a parer seu, passa de forma necessària per un “procés constituent”. Una postura que difereix de la que fonts del Govern van expressar aquest dijous, quan van criticar que la CUP “no està en condicions de demanar res” després del veto als pressupostos i van rebutjar, de moment, la petició.

Cada actor s'ha preocupat per subratllar en quin moment se situava el punt d'inflexió en la història recent a partir del qual s'explicava l'anhel de canvi de la societat. Els exemples escollits pels ponents tenien un fil comú: la necessitat de sumar forces i arribar a consensos per assolir objectius més o menys concrets, però també la ferma creença que l'esperit de canvi i les demandes de la societat catalana eren un binomi indissociable del seu programa de partit.

Xavier Domènech ha parlat d'un cicle “que esclata al 2008 i que encara no hem tancat”, un moment en què, segons Domènech, “el pacte social entra en qüestió” i una majoria surt al carrer per enfrontar-se als “grans interessos econòmics” per denunciar que “el sistema polític, com un tot, no està funcionant” perquè la sobirania ja “no resideix en les urnes”.

Rovira anava més enrere en el temps per concloure que “el canvi a Catalunya comença molt abans”, en el moment en què propostes com l'Estatut d'Autonomia de 2006, provaven de donar resposta a “les necessitats socials que té la ciutadania”. En la cursa per retrocedir en el temps, Iceta ha tornat en reiterades ocasions al tripartit i ha fet una primera menció a la truita socialdemòcrata “ara que tots ho som”, en referència als darrers discursos d'Unidos Podemos.

Seriós a l'inici, Benet Salellas ha rememorat el moment en què la PAH, juntament amb diputats d'ICV-EUiA, ERC i la CUP, van fer una cadena humana per aturar el desallotjament del bloc de Salt, a Girona. Acte que, per a Salellas, demostra com “quan ens ajuntem aconseguim coses que són inimaginables”.

El subjecte del canvi

El subjecte del canvi Marta Rovira ha parlat d'un “únic espai possible” a través del qual podran arribar a conviure “ciutadans empoderats en termes d'igualtat”: un procés constituent “no subordinat a l'Estat” perquè “els ciutadans espanyols no tenen ganes” d'iniciar un canvi. Rovira ha considerat que el procés català podria donar embranzida a l'estatal, però es nega a esperar canvis a Espanya. Iceta ha apuntat, tot referint-se a la voluntat de dur a terme un procés constituent, que “entre les moltes grans paraules que tots utilitzem” s'haurien de posar d'acord amb qüestions més concretes i ha destacat aspectes com ara la renda bàsica o la gratuïtat de l'educació dels 0 als 3 anys.

Davant d'un Xavier Domènech que concloïa, entre aplaudiments, que “al final, sempre governa Convergència”, Rovira i Salellas han insistit a subratllar un canvi cap a l'esquerra en el procés independentista. A parer de Salellas, “les dues forces del règim (a Catalunya, és a dir, PSC i CiU) han quedat esmicolades pel procés nacional” i aquest podria assolir canvis “inesperats” en tots els sentits en cas que “no arribi a bon port”. El diputat de la CUP ha valorat que el primer que s'hauria de fer és superar “el bloqueig de la sobirania catalana” mitjançant “la fórmula més democràtica possible”, és a dir, un referèndum o una declaració unilateral, “i després feu trots els tripartits que vulgueu”.

Per la seva banda, Miquel Iceta ha destacat que la construcció de l'hegemonia és un procés “dinàmic i contradictori” i no pas acumulatiu. El primer secretari del PSC ha defensat el projecte federalista davant opcions que només pensen “en la sobirania d'una part” i no s'adiuen a un “món d'interdependències creixent”.

Enfront tres diputats amb certs retrets al tinter per les dinàmiques parlamentàries, un Xavier Domènech historiador diagnosticava una “crisi de sobiranies” i es preguntava per la fórmula per a caminar “cap a nous models econòmics”, tot citant en diversos moments el “canvi” a la capital catalana i la importància de la cultura municipalista. El cap de llista d'En Comú Podem ha pronosticat que en dos anys hi tornarà a haver eleccions tant a Catalunya com a Espanya, predicció que no s'ha discutit gaire per part dels altres participants.

I és que una nova crida a les urnes, sigui en forma de referèndum o d'eleccions, ha sigut un dels temes més presents al debat. Rovira ha parlat de l'ou de la truita socialdemòcrata com un ingredient subordinat, amb un límit institucional que l'impedeix evolucionar cap a un canvi real. “M'agradaria ser socialdemòcrata”, ha dit una secretària general d'ERC que critica la manca d'instruments dels quals disposen les institucions catalanes. Així, Rovira s'ha referit al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) com d'un “sostre que asfixia” la ciutadania catalana. La secretària general d'ERC veu necessari “votar tantes vegades com faci falta” i, davant un mig somriure de Domènech ha anunciat: “Què ens espanten a nosaltres, les urnes?”.

Mentre Iceta ha emplaçat als convidats a “mirar que estem construint abans de continuar” amb un paper a la taula sobre el qual ha escrit, durant la intervenció de Rovira: “RUI - DUI - TURULL”, Salellas li ha recriminat que ell encara no havia entès quina era la proposta dels socialistes, als quals acusa de votar sempre “no” al Parlament català. El diputat de la CUP ha conclòs que “per fer una truita, cal trencar ous”, una frase que recorda a un dels punts d'inflexió a partir dels quals l'esquerra catalana va adoptar posicions radicalment diferents.

La política catalana se ha abonado a los desenlaces de última hora y los presupuestos de 2016 no serán una excepción. La CUP debatirá este martes si se echa atrás y retira la enmienda a la totalidad que presentó a las primeras cuentas del Govern de Junts pel Sí. La reunión de los cupaires llegará sin que el Govern se saque un as de la manga. El vicepresident de la Generalitat y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha explicado que no puede ofrecer a la CUP “ninguna propuesta añadida” de cara a los presupuestos para que retiren la enmienda a la totalidad, más allá de las que ya presentó el pasado jueves.

Este miércoles por la tarde se votarán en el Parlament las enmiendas a la totalidad de las cuentas. La CUP, igual que el resto de la oposición, presentó la suya al valorar que los presupuestos del Govern son “insuficientes” para sus demandas. Sin llegar a la profunda división interna que afloró durante las negociaciones para la investidura, las asambleas CUP no mantienen una posición unánime sobre la enmienda a las cuentas.

Si hace dos semanas la Asamblea Nacional de la CUP de hace aprobó “librarse” del pacto con Junts pel Sí y el órgano del Consejo Político + Grupo de Acción Parlamentaria de la formación proclamó por amplia mayoría el 'no' a las cuentas el pasado 28 de mayo, este domingo tres de las asambleas territoriales de la CUP más favorables al acuerdo con Junts pel Sí forzaron la convocatoria de una nueva reunión del Consejo Político para mañana martes. Su fin será valorar la posibilidad de una retirada de la enmienda a la totalidad si hay avances suficientes en la negociación que tiene lugar con el Govern de Junts pel Sí (JxSí).

El mecanismo asambleario de toma de decisiones cupaire se activará a lo largo de este lunes, cuando se reunirán las diversas asambleas territoriales para posicionarse sobre la enmienda. De ellas saldrán mandatos concretos en forma de votos ponderados en función de la cifra de militantes de cada lugar, que servirán de base para que este martes el Consejo Político se pronuncie de forma definitiva sobre la enmienda a la totalidad.

Desavenencias JxSí-CUP

Tal y como señaló su número dos en la conselleria de Economía, Pere Aragonès, en una entrevista con Catalunya Plural este sábado, Junqueras ha explicado que no habrá una nueva oferta más allá de documento del Govern del pasado jueves que la CUP. El texto contenía algunos avances (como el compromiso para desprivatizar ATLL), aunque las distancias entre el ejecutivo y sus socios parlamentarios se mantenían en lo referente a los criterios de austeridad, el gasto social o el modelo tributario.

El vicepresident también ha considerado que las diferencias sobre las cuentas no son tanto una cuestión de números sino de “confianza política”. Por su lado, el diputado de la CUP Benet Salellas ha explicado que desde que el jueves el ejecutivo entregó a la CUP sus nuevas propuestas y hasta hoy mismo, “hemos tenido movimientos explícitos” y ha habido “encuentros”.

No obstante, Salellas ha advertido que “aún está todo muy abierto y, en función de lo que pase hasta el último momento, se decidirá si se mantiene la enmienda a la totalidad o bien se retira”. En otras palabras, otro desenlace en tiempo de descuento para las cuentas de 2016 que, si se aprueban, lo harán con un notable retraso.

Benet Salellas està cansat. També ho estan els seus companys de la CUP, després de mesos de negociació i exposició pública que han conclòs en l'acord 'in extremis' que permet ja un Govern de Junts pel Sí i evita eleccions a Catalunya. En aquesta pressió veu aquest advocat l'explicació a la “precipitada” decisió d'Antonio Baños d'anunciar una dimissió de la qual sembla haver-se penedit.

Cansats però contents. “Que Mas no sigui president significa una victòria claríssima”, assegura Salellas. La conversa es produeix per via telefònica, pocs minuts després que Carles Puigdemont es convertís en president gràcies al vot de vuit diputats de la CUP, entre ells el del propi Salellas.

Puigdemont és el nou president de Catalunya. Ara què? Com s'inicia la desconnexió? Què passarà aquests 18 mesos?

Això respon sobretot al full de ruta amb què es va presentar a les eleccions la gent de Junts pel Sí i té a veure amb la preparació de les estructures d'Estat que estan centrades en crear una Agència Tributària Catalana i en crear una Agència Catalana de Protecció Social, com a pas necessari per poder crear una desconnexió real.

Dins el termini de 30 dies cal començar ja a debatre les propostes de llei relatives a l'Agència Tributària Catalana, a l'Agència de Protecció Social i a la Llei de Procés Constituent, que és la que regulararà el procés de creació de la nova constitució i tot el règim de transitorietat jurídica, un cop s'hagi proclamat la independència amb les eleccions constituents.

Rajoy ha comparegut per afirmar que “no li faltarà fermesa” per evitar que tot això passi. ¿Espera que Madrid comenci a moure fitxa suspenent de les seves funcions els 21 càrrecs que ja estan advertits pel Constitucional?

Això és un parlament. Això no és qualsevol cosa. És un parlament sobirà i té capacitat legislativa i no hi ha cap tribunal que pugui suspendre la sobirania d'un parlament legislatiu. Aquest parlament, si ho consideren els seus components que han estat elegits en un procés democràtic, les lleis que consideri pertinents. Jo tinc clar que l'acord polític que obre aquesta legislatura diu que existiran aquestes lleis.

Com es fa això quan davant tenen a un Govern de l'Estat que ho vol impedir sigui com sigui?

La voluntat popular sempre triomfa més tard o més d'hora. Si una majoria popular vol crear una república catalana doncs aquesta república existirà. L'òptim seria que fos en un procés negociat. Si no ho és i se'ns aboca a la unilateralitat doncs es fa més complex i serà necessària la mediació de la comunitat internacional.

Que sigui un procés negociat és una cosa que la CUP ja dóna per perdut?

No és que el donem per perdut. Per nosaltres, evidentment, la possibilitat de consensuar, parlar i pactar forma part de la nostra cultura política de forma molt important. El que no volem és pensar que amb el Govern que tenim a l'Estat aquesta possibilitat estigui damunt de la taula, perquè ja hem vist que no hi ha possibilitat de negociar res que tingui a veure amb la creació d'una república catalana. Ho veig difícil però nosaltres no direm “o negociem o ens creuem de braços”. Nosaltres o negociem o via unilateral.

Vostè diu que han enviat a Mas i al 'pujolisme' a la paperera de la història però veient a Mas al Parlament i escoltant Puigdemont, creu que a Convergència ho han entès igual que vostès?

Crec que els moviments socials i la mobilització popular a Catalunya fa anys que ve centrant en la figura de Mas com a símbol de les polítiques de austericidi i antisocials. Que Mas desaparegui com a president del Govern a Catalunya significa una esmena a la totalitat a aquest tipus de polítiques. Per a nosaltres això és manar a la paperera de la història aquest model econòmic.

Tot això té els seus matisos però en la perspectiva simbòlica de la lluita contra les retallades, que Mas no sigui president significa una victòria claríssima.

Hauria d'estranyar-nos molt que Mas reaparegui dins de 18 mesos?

Jo crec que Mas no pot tornar. Crec que la seva etapa política ja ha passat i és un personatge molt tocat per ser el delfí polític de Jordi Pujol. Em sorprendria molt que tingués prou suport popular per tornar a entrar en les eleccions. En un cicle electoral és molt difícil que puguem veure'l de nou, una altra cosa és que pugui tenir un paper institucional com a expresident o que fins i tot pugui tenir un paper com a president d'aquesta futura república.

Disculpi. Expliqui'm això que Mas podria ser el president de la república de Catalunya.

Crec que en aquest procés constituent que estem començant caldrà decidir de quines institucions ens dotarem en aquesta república catalana. Jo no descarto que si el parlament així ho considera que ell pugui tenir algun títol a càrrec merament simbòlic.

Tot això és a efectes d'hipòtesis. El que vull dir és que ell ha dit que volia continuar tenint una vida política i, per tant, és possible que les institucions catalanes li donin algun tipus d'institució política. Caldrà discutir-ho i caldrà veure a on va això.

Li parlo ara d'una altra persona més propera a vostè. Diu Antonio Baños que ara està disposat a replantejar la seva dimissió si la CUP li demana que no se'n vagi. ¿L'hi demanaran?

Aquest és un tema que no el podem resoldre avui. L'organització ha de valorar i decidir el que consideri. Jo no sóc més que un altre peó i no sé el que decidirà l'organització.

A què creu que respon el canvi de Banños sobre la seva pròpia persona i sobre la seva dimissió?

Caldria preguntar-li a ell. Jo el que tinc clar és que hem estat tres mesos tots sotmesos a una pressió pública molt important i aquesta pressió a vegades és traïdora. Això potser pot explicar, en alguns moments, algunes decisions precipitades.

En el cas que Junts pel Sí presenti uns pressupostos que avancin en la Hisenda catalana però que contemplin retallades en sanitat o educació, què farà la CUP a l'hora de votar?

El pacte és un pacte d'estabilitat que està vinculat a la materialització d'aquest full de ruta cap a la república catalana. Tot el que vagi en aquest sentit, té el nostre suport. Tot el que siguin decisions de contingut ideològic que representi un plantejament d'idees que nosaltres podem no compartir caldrà valorar-ho en cada moment.

La decisió sobre els pressupostos és una decisió que serà complexa, que no la podem resoldre ara en un sí o en un no basant-se en hipòtesis i caldrà valorar en el seu moment.

Qui pretengui simplificar que la CUP amb la qüestió independentista té prou, s'equivoca. La nostra posició ferma en contra de les polítiques neoliberals continua sent vigent, avui, demà, amb aquest pacte i amb tots els que calguin.

Què s'ha deixat la CUP en el camí amb una decisió tan arriscada com permetre el Govern de Junts pel Sí?

Qualsevol intervenció política que sigui profunda és arriscada sempre. És més còmode quedar-se a 'la cultura del no' i en una posició de comoditat política i crítica del Govern. Nosaltres estem per ser un actor en la construcció de la república. És arriscat. Podem haver-nos equivocat i no passa res.

Si ens hem equivocat caldrà rectificar i corregir-ho. Jo no tinc cap problema en anar decidint a partir de les circumstàncies que es vagin posant sobre la taula.

Benet Salellas (Girona, 1977) es un conocido abogado de los movimientos antirrepresivos catalanes y, desde el 27 de septiembre, diputado de la CUP. Él es el encargado de negociar la parte de la “desconexión legal” con Junts Pel Sí, unas conversaciones que este lunes se han plasmado en la “declaración de inicio del proceso constituyente” que ambas formaciones han registrado en el Parlament y que pasará por el pleno antes del 9 de noviembre, fecha límite para la primera sesión de investidura. Para Salellas, la aprobación de esta declaración “abre un escenario de ruptura” –palabra que no aparece en todo el texto– y viene a preguntar a Junts Pel Sí si van en serio en su apuesta independentista.

En la declaración se indican tres leyes que deberán registrarse el próximo mes: la de Proceso Constituyente, la de Seguridad Social y la de Hacienda. Empezando por la primera, ¿qué es una ley de proceso constituyente?

Es la ley que marca las reglas del juego del proceso de desconexión, de ahora hasta la desconexión efectiva de la legalidad española y de cómo hacemos la Constitución. Hay mucho campo aquí. ¿Modelo irlandés, modelo islandés, modelo latinoamericano? Nosotros tenemos ganas de hacer una cosa muy diferente de las constituciones de Europa Occidental. Se ha de discutir.

¿Esa ley también marca cuando empezará el Proceso Constituyente?

No, creemos que hay que hacer unas elecciones, unas constituyentes, para comenzar el proceso constituyente. Esta ley debe servir para hacerlas. En esta legislatura regularemos cómo hacemos el proceso constituyente, porque tenemos claro que hay que superar la LOREG, superar también leyes de extranjería que generan apartheid jurídico. También una ley electoral nueva.

Respecto a las leyes de Seguridad Social y Hacienda, hablamos de una desobediencia que iría más allá de lo institucional, porque por ejemplo se necesitarían funcionarios. ¿Cómo piensan hacerlo?

La idea es que se pongan a funcionar tras la proclamación de la República catalana. El punto de ruptura no se produce hasta el final de esta legislatura. Desde el plano jurídico, todo esto tiene mucho que ver con la teorización de la propia desobediencia. La declaración que hemos hecho pone el acento sobre la desobediencia institucional, pero tenemos claro que la sociedad civil tendrá que empujar en algunos momentos con desobediencia civil.

Hablan de “desconexión democrática” en vez de ruptura. ¿No es comprarle el marco a Junts pel Sí?

Sí, hay parte del programa de Junts pel Sí aquí. Hay un debate terminológico que tiene que ver con tradiciones políticas diferentes. Como estamos en un momento de mucha voluntad de entendiemiento, vamos intercalando la terminología. Pero nosotros hablamos de ruptura. Sobre todo por el debate de la Transición del 78 entre reforma y ruptura, en el que nosotros queremos decir hoy que no queremos reforma sino ruptura. ¿Qué significa? Crear una legalidad nueva y que no se derive de una legalidad anterior, puesto que para nosotros carece de legitimidad. También crear nuevas instituciones. Pero en el texto también hemos introducido un redactado donde se interpela directamente a la gente de Catalunya Si que es Pot para que se sume a este proceso. Pensamos que, como estamos hablando de apertura de proceso constituyente y de República catalana, ellos deben formar parte, sin ellos esto no tendría todo el recorrido potencial que podría tener.

¿Para comenzar a elaborar estas leyes hacía falta una declaración solemne?

Con esta declaración, que se materializará antes del 9 de noviembre, estamos proponiendo ya un escenario de ruptura, le estamos preguntando a Junts pel Sí, ¿vais en serio o no vais en serio? Si no va en serio, para hacer “processisme” nosotros no participaremos. Nos parece que el redactado va bastante en la dirección que nos satisface a nosotros. Tiene dos partes, la apertura de un escenario de ruptura, clarísimo, y el mandato al Govern para llevar a cabo microrupturas en diferentes ámbitos.

¿Qué es eso de las “microrrupturas”, de las que también hablaron en la conferencia política?

Bueno, le llamamos “micro” pero eso no quiere decir que sean pequeñas. Para nosotros es una manera de generar legitimidad a la vez que haces el proceso que queremos hacer. Estas rupturas tienen sentido sobre todo respecto a derechos fundamentales. Estamos diciendo que donde los derechos fundamentales sean atacados por las instituciones del Estado, nosotros rompamos la legalidad para generar una nueva que proteja esos derechos. Nosotros lo construimos así, pero Junts pel Sí tiene otro discurso, que es el de obedecer solo el mandato legal del Parlament de Catalunya.

Yendo a lo concreto: decreto de pobreza energética. La CUP ha dicho que se ha de desobedecer al Constitucional y se ha de aplicar. Pero las eléctricas no reconocerán otra legalidad que la española, ¿qué herramientas coercitivas tiene la Generalitat para garantizar su cumplimiento?

Si nosotros queremos aplicar todo esto, que es tan transformador, usando los instrumentos de la autonomía, los números no salen. Por esta razón hemos de construir un sistema social y un sistema recaudatorio, hemos de regular cuáles serán los mecanismos para aquellos que no la cumplen. Por ejemplo, ahora la Generalitat no tiene capacidad para ejecutar sus propias sanciones, ha de acudir a la Agencia Tributaria española para poderlas ejecutar. Pues hay que cambiarla. Hay que dotar a la Generalitat de herramientas para poder llevar a cabo sus propios embargos y la ejecución de sus decisiones. Esto es un gesto de superación de la propia legalidad autonómica.

Hace unos meses, el exdiputado Quim Arrufat explicaba que una DUI es poco más que un llamamiento a la comunidad internacional para que se implique. ¿Esta declaración también apela a la comunidad internacional?

Sí, hay un llamamiento a la que comunidad internacional se implique, sin duda. Y que tome parte para enfrentar el embate que vendrá por parte del Estado. La única cosa que se nos propone desde el otro lado es un embate por todas las vías para frenar cualquier propuesta por esta vía, y por tanto sí es una llamada internacional. Ahora, yo siempre había vinculado DUI con proclamación de la independencia, y no estamos en este escenario, el día siguiente de aprobar esta declaración seguiremos funcionando con la legalidad española.

En el esquema de negociación que han propuesto, primero actuaciones, después pacto de Govern…

No, no, no hemos dicho en ningún caso que vayamos a firmar un pacto de gobierno. Somos demasiado diferentes para llegar a un acuerdo de gobierno y no aspiramos a ello. Nosotros hemos hablado de pactar la forma en la que tiramos adelante el proceso independentista, cómo hacemos el proceso constituyente, y el tema del plan de choque. Y después estamos diciendo que nosotros queremos condicionar quién será el president de este Govern, y pasaremos a la oposición, porque tenemos programas políticos totalmente diferentes.

Le preguntaba que, en el esquema de negociación donde priman las acciones, ¿la comparecencia de Mas delante del juez le parece un paso razonable pensando en una próxima desconexión legal?

La CUP tiene diferentes frentes abiertos, por una lado estamos en una lucha con Junts pel Sí, pero no olvidamos que al otro lado está el Estado español, que nos siega la hierba bajo los pies. Además en algunas cosas el Estado español retroalimenta aspectos contra los que luchamos en el otro frente. La declaración judicial de Mas en aquella semana es una retroalimentación de la figura de Mas, seguro. Pero, ¿cuál es el escenario más rupturista? No lo tengo claro. Quizá más rupturista que no acudir ante el juez es acudir y hacer una justificación política del 9 de noviembre. Que de alguna manera lo hizo, pero la estrategia de defensa no es esa. Y hay otro aspecto, que es defender un acto con tan incontestable legitimidad democrática de la mano de los abogados que defienden la corrupción. Rodearse de las togas de oro de Barcelona, que es quien suele defender a Convergència en los casos de la corrupción, es un flaco favor al procés.

Cuando esto llega en medio de los registros a las sedes de Convergència por el caso del 3%, muchos se preguntan si una desconexión de la legalidad significaría también una paralización de los casos en los juzgados.

No tiene sentido. El Código Penal de Catalunya debe ser mucho más restrictivo que el español. Y esto es un concepto básico del Derecho penal, la gente podrá optar entre el Código Penal vigente o el antiguo. Es muy hipócrita que alguien se agarre a la legislación española en materia de corrupción, porque es muy difícil que se adopte una ley penal más blanda con la corrupción que la que tenemos. La ley actual es tan miserable que cualquier profesional del Derecho que hemos intentado tirar adelante casos de corrupción se nos escapan entre las manos, porque no está pensada para castigar a los culpables, solo persigue a los pobres y débiles, y deja salir a los ricos por la puerta de atrás. Este cambio legislativo es una exigencia de la CUP en la nueva República catalana, deberá tenerlo sí o sí.

Dicen voces cercanas a Convergència que para desobedecer una inabilitación del Constitucional contra Mas debería ser president. ¿Qué opina?

[Ríe] Primero yo creo que de una perspectiva jurídica es muy difícil que esto vaya a más, creo que quedará en una absolución. Pero si se llegase a dar esta impugnación, cronológicamente este escenario será como mínimo en 2016. Nosotros no podemos vincular nuestro proceso a un futurible que afecta a una persona. Ahora te citaría a Espriu, “un home i un poble”, pero sobamos tanto las citas que no lo haré. Lo que nosotros no compartimos en este relato es que la figura de Mas tenga que tener el protagonismo que ha tenido hasta ahora. Lo cierto es que Artur Mas ya no suma gente al procés. Pero tampoco vamos a contribuir a la estrategia del Estado de enterrar a Mas. Hemos de buscar soluciones.

¿Por ejemplo?

Que Mas no sea president pero tenga una posición institucional destacada. Que ya veremos cuál es.