Cuixart convierte su defensa ante el Supremo en una acusación: “El Estado protege la unidad de España suspendiendo derechos civiles”

“No presentaremos un escrito de defensa sino el escrito de acusación de Jordi Cuixart y Òmnium Cultural al Estado”. Así ha enmarcado este lunes el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, el escrito de defensa del presidente de la entidad acusado de rebelión que se registrará ante el Tribunal Supremo este martes. Un documento, al que ha tenido acceso eldiario.es y consultable en esta información, que ahonda en la línea de defensa política por la que el propio Cuixart ha abogado desde hace meses.

El escrito, de 93 páginas, da cuenta de esta estrategia. “Nos encontramos en un grave contexto de excepcionalidad jurídica fruto de la voluntad de los poderes del Estado de proteger a toda costa, incluso suspendiendo los derechos civiles y políticos democráticos, la unidad territorial española”, concluye el escrito que firma el equipo de defensa de Cuixart, liderado por la letrada Marina Roig y también integrado por los abogados Àlex Solà y Benet Salellas.

Asimismo, la defensa avisa de que Cuixart “no va a renunciar nunca a ejercer y proteger los derechos humanos”, y lanza una advertencia de hondo calado político al tribunal: “El compromiso sólido de Cuixart es a toda costa con la cohesión social, los grandes consensos de país los derechos sociales, civiles y políticos, incluso por encima de legalidades que pretendan restringirlos, con la predisposición, si es necesario, a desobedecerlas pacíficamente para conseguir transformarlas”.

En este sentido, la defensa pide la absolución reivindicando que Jordi Cuixart “ejerce, ha ejercido y ejercerá, desde la no–violencia, siempre que sea necesario, la desobediencia civil, un instrumento, por otro lado, perfectamente legítimo en una sociedad democrática”.

Todo ello sin olvidar los elementos jurídicos de la defensa. El escrito replica punto por punto las acusaciones de la Fiscalía y de forma igualmente minuciosa incluye abundantes referencias a la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional así como a la europea –la causa por el 1-O terminará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Acto con la abogacía

En un acto en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, la defensa de Cuixart ha sido arropada por figuras ilustres de la abogacía catalana, como los letrados August Gil Matamala o Magda Oranich, que han leído fragmentos del escrito. Distintos juristas, entre ellos el abogado Olivier Peter, que será el portavoz de Cuixart en el juicio, han mostrado las “acusaciones” que el presidente de Òmnium desarrollará en el juicio y han denunciado las vulneraciones de, a su juicio, seis derechos fundamentales, además del derecho a la autodeterminación: derecho de reunión y manifestación, libertad de expresión, derecho al juez predeterminado por ley y a la doble instancia, a un tribunal imparcial e independiente, a un proceso debido, a la legalidad penal y a la presunción de inocencia.

Una de las patas de la rebelión, a criterio de las acusaciones, son las movilizaciones impulsadas por que Òmnium o la ANC. A criterio de los fiscales, la violencia que comporta el delito de rebelión se encuentra en “la fuerza intimidatoria” que supuso la “actuación tumultuaria” las manifestaciones de la Diada, la protesta del 20 de septiembre en Economía o el 1-O. Por ello el ministerio público pide hasta 17 años de cárcel para Cuixart.

En su escrito, el presidente de Òmnium replica que las acusaciones están basadas en “muchos actos que son considerados meras acciones de libertad de expresión”, como las webs impulsadas por la entidad que, a criterio de los fiscales, “invitaron a la movilización y a poder estar organizados en caso de necesidad”.

Sobre la protesta del 20-S, la defensa ensalza que Cuixart y Jordi Sànchez “decidieron asumir” la responsabilidad de la concentración frente a Economía para que discurriera “por cauces pacíficos”. “Nadie intentó asaltar la conselleria ni impedir la actuación de la comitiva judicial”, abunda el escrito, que enmarca la protesta en “la indignación de la población ante la macrooperación contra las instituciones catalanes”. Destaca además la defensa que los propios Sànchez y Cuixart desconvocaron a medianoche la concentración.

Respecto al 1-O, Cuixart defiende que realizó “llamadas a la población para mantener una actitud de resistencia activa y no respondiera a las agresiones de la policía”, a la que acusa de “actuar con una violencia injustificada en muchas ocasiones sobre una población que solo pretendía depositar una papeleta en una urna en ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión”.

“No pasarán”

El escrito se detiene en una de las expresiones de la acusación de la Fiscalía que más controversia causaron. Los fiscales aseguraron que Cuixart “apeló a la determinación mostrada en la guerra civil empleando la expresión '¡no pasarán!” el 20 de septiembre frente a Economía. “La incriminación de meras conductas de expresión, promoción y difusión de ideas políticas mediante la criminalización de plataformas de expresión como una página web o un grupo de Whatsapp o discursos en actos políticos o entrevistas supone una injerencia manifiesta en el derecho fundamental a la libertad de expresión”, replica la defensa de Cuixart.

El documento acusa también a la Fiscalía de “vulnerar el derecho de reunión”, motivo por el que pide que sean expulsados de los escritos de los fiscales, y por lo tanto del juicio, las referencias a las manifestaciones de la Diada, el 20-S y el 1-O, que son claves para las acusaciones. Entiende la defensa de Cuixart que dichas referencias “erosionan” el derecho de reunión del conjunto de la ciudadanía, ya que buscan no solo el castigo de Cuixart sino “desalentar” la protesta en el conjunto de la sociedad y el “ejercicio” del derecho de autodeterminación.

Es más, la defensa de Òmnium sostiene que la Fiscalía ha contribuido a “encubrir la tortura” y a “generar impunidad” al haber rebajado en su escrito de acusación a cuatro los heridos del 1-O, por tratarse la mayoría de atendidos de cuadros de ansiedad y no de lesiones físicas. “No es una posición compatible con los compromisos internacionales que España ha suscrito para proteger los derechos humanos”, zanja la defensa.

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