La defensa del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', estudia pedir cambios por la reforma de la malversación en el escrito de acusación formulado por la Fiscalía en relación al juicio por los presuntos 'zombies' en Imelsa y Ciegsa que arranca este mismo mes de enero.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que la reforma de la malversación impulsada por PSOE y ERC podría afectar a la acusación formulada por el Ministerio Público contra Benavent, que se sentará en el banquillo de los acusados por utilizar presuntamente a Imelsa “en beneficio propio” y contratar a trabajadores “para responder a favores solicitados por terceras personas”.

Las mismas fuentes señalan que los cambios legislativos, que entran en vigor a finales de esta semana, también podrían afecta a la inminente sentencia por otra rama del caso Imelsa: la relativa a la pieza Thematica.

Anticorrupción mantuvo a finales del pasado mes de junio, en una de las últimas sesiones del juicio, su petición de ocho años y tres meses de prisión para Benavent por las supuestas irregularidades en adjudicaciones a la empresa Thematica Events.

Primer juicio por Imelsa

Se trata de la primera pieza de Imelsa que llegó a juicio y en la misma se dictó auto de procesamiento por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y en oficial realizado por funcionarios, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.

Anticorrupción enmarca estos hechos dentro de la “operativa criminal” diseñada para el presunto desvío de fondos públicos utilizando la empresa pública Imelsa --actual Divalterra--, por parte de sus dirigentes, entre ellos Marcos Benavent, gerente de dicha empresa por decisión del expresidente 'popular' de la Diputación de Valncia, Alfonso Rus.

Las citadas fuentes explican que la defensa de Benavent espera a la sentencia que ha de dictar la Audiencia Provincial de Valencia para solicitar una eventual revisión de condena en lo relativo al delito de malversación.

Cabe recordar que la reforma de la malversación dibuja tres supuestos distintos: cuando haya ánimo de lucro, manteniendo las penas anteriores (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación); y dos tipos nuevos: uno sin ánimo de lucro para “usos privados” (de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años) y otro para cuando lo malversado va a un fin distinto al previsto (de 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación).

El juzgado de Instrucción número 18 de València, que investiga el caso Imelsa, ha rechazado las peticiones de archivo de la causa presentadas por cinco imputados en la pieza de blanqueo en el grupo municipal del PP de València, tres de ellos exconcejales y otros dos exasesores.

En esta pieza se investiga la donación organizada por parte de 50 personas de 1.000 euros para el Partido Popular durante las elecciones municipales, que presuntamente les fue devuelto posteriormente en dos billetes de 500.

El juez considera que existen indicios de la comisión del delito y recuerda que en esta fase de la investigación el trabajo del instructor es el de establecer “si el resultado de lo investigado abre una posibilidad razonable de que el delito se haya podido cometer por las personas investigadas; si lo ve así, no debe sobreseer”.

Además, el juez explica que el principio “in dubio pro reo”, por el que una persona no debe ser condenada si existen dudas sobre su autoría y culpabilidad rige en el juicio pero no se aplica durante la instrucción.

En la resolución, el titular de Instrucción 18 considera que sería “engañoso” basar la no participación de los investigados con el único argumento que no se ha acreditado la devolución de los mil euros por parte del partido.

Las peticiones de archivo se han ido presentando por parte de los investigados en esta pieza separada a partir del sobreseimiento provisional respecto del exconcejal y diputado en las Corts Valencianes Miguel Domínguez, dictado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Instrucción 18 ya desestimó la petición de archivo respecto de otros nueve investigados el pasado 17 de febrero, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha archivado la causa abierta al exconcejal del Ayuntamiento de Valencia y diputado autonómico del PP Miguel Domínguez por un presunto delito de blanqueo de capitales que se investiga en el 'caso Imelsa'.

La magistrada instructora estima así la petición del parlamentario autonómico, investigado por la entrega de 1.000 euros al grupo municipal del PP de Valencia para la campaña de las elecciones de 2015, y acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias “ante la insuficiencia de los indicios para acreditar la participación” de Domínguez en un operativo diseñado para blanquear dinero mediante la entrega de los 1.000 euros y su devolución en dos billetes de 500 de supuesta procedencia ilícita.

En un auto notificado hoy a las partes, la magistrada recuerda que la Sala sólo se declaró competente para investigar al exconcejal y diputado por el delito de blanqueo de capitales y no por delito electoral.

Tras valorar las declaraciones y la documentación remitida por Instrucción 18, que según recoge la resolución, no guarda relación con Domínguez ni con los hechos por los que se le investiga, la magistrada concluye que procede el sobreseimiento provisional porque “de lo actuado hasta la fecha no resulta una imputación de delito con suficiente respaldo probatorio” como para concluir la instrucción, procesarle y dejar la causa preparada para juicio.

Sobreseimiento provisional y reapertura

El sobreseimiento provisional permite la reapertura del caso si se encuentran indicios que “con consistencia o solidez, sirvan de base para determinar la implicación penalmente relevante del aforado en los hechos descritos como constitutivos de delito de blanqueo”

Para ello, el juez instructor, señala el TSJCV, deberá “haber practicado todas las diligencias de investigación necesarias en orden a permitir una más fundada decisión, no ya sobre la racionalidad de los indicios de existencia de infracción penal, sino de los que pueda haber de participación en ella del aforado”.

El pasado mes de octubre la Sala lo Civil y Penal se declaró competente para investigar al parlamentario regional por los hechos descritos por el juez del 'Caso Imelsa'. En la misma, el magistrado relacionaba los indicios existentes contra Domínguez en la pieza separada en la que se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cometido mediante las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

Aquella decisión del TSJCV se produjo después de que el Tribunal Supremo asumiera la competencia para investigar a la exalcaldesa y senadora Rita Barberá por los mismos hechos. El fallecimiento de Barberá provocó el archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal.

El TSJCV se declaró entonces competente para investigar al exconcejal y diputado sólo por los hechos relatados en la exposición razonada, es decir, por el delito de blanqueo de capitales, pese a que el instructor del Caso Imelsa, con posterioridad a la remisión al TSJ de la parte de la causa que afectada a Domínguez, envió al Alto Tribunal el auto por el que amplió a delito electoral los hechos investigados en esa pieza separada.

Las puertas abiertas para volver al PP

El diputado, actualmente en el grupo de no adscritos, ha asegurado sentirse “en paz y tranquilo” tras el sobreseimiento. Preguntado por si se plantea solicitar su vuelta al grupo parlamentario popular en les Corts, ha indicado que “ya veremos”. “He hablado con la presidenta -Isabel Bonig- hace un rato y hemos quedado en que ya hablaremos, ella me ha dicho que tengo las puertas abiertas”, ha aseverado el 'popular'. “Veremos como va el Congreso”, ha indicado respecto al cónclave que se celebra este fin de semana.

Los indicios contra Domínguez

La causa contra Domínguez tiene su origen en la exposición razonada que el juez del Caso Imelsa elevó al TSJ el pasado mes de mayo. El titular de Instrucción 18 de Valencia entendió que habiendo reconocido el exconcejal que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados y han sido interrogados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería “incoherente” no elevar exposición al TSJCV, por ser el único tribunal competente para investigar y, en su caso, juzgar al parlamentario autonómico.

El argumento expuesto por el instructor era idéntico al que utilizó para elevar al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la ex alcaldesa.

En esta pieza separada se investigaban entonces las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. Posteriormente la investigación se amplió a delito electoral.

La investigación por delito electoral y blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia es una pieza separada del 'caso Imelsa', en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias, delito electoral y blanqueo.

La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá ha declarado este lunes durante algo más de una hora en el Tribunal Supremo imputada por un delito de blanqueo de capitales. Barberá ha contestado a las preguntas del juez instructor, Cándido Conde-Pumpido; del fiscal Juan Ignacio Campo y de su abogado, José Antonio Choclán, y se ha negado a hacerlo a la acusación popular, ejercida por el PSOE, informaron fuentes jurídicas. 

En su declaración ha negado conocer sistema alguno de financiación irregular en el seno de su partido. Para hacer esa afirmación se ha escudado en que ella no pertenece al comité electoral, añadieron las mismas fuentes. 

A su salida, un pequeño grupo de ciudadanos, que se confundía con los periodistas acreditados, han gritado “choriza”, “corrupta”, “borracha” y “sinvergüenza” a Rita Barberá, que ha abandonado el lugar en un taxi, junto a su abogado. 

Barberá es sospechosa de haber participado en el sistema de blanqueo conocido como 'pitufeo' en el seno del PP de Valencia capital. Un total de 49 de miembros del Ayuntamiento están imputados por pertenecer presuntamente a la trama. Algunos concejales han admitido que entre marzo y abril de 2015 transfirieron 1.000 euros al partido por vía bancaria que luego recuperaron en metálico. Se trataría de dinero negro procedente de comisiones entregadas por empresarios a cambio de adjudicaciones. 

Ante el juez Conde-Pumpido, la exalcaldesa ha admitido este lunes que sí entregó 1.000 euros al partido, como aportación personal, pero que nunca le fueron devueltos en 2 billetes de 500.

Fuentes de la acusación ejercida por el PSOE, a la que Barberá no ha contestado, han señalado que en su declaración ha repetido los argumentos que incluyó en su escrito de alegaciones, en el que aseguró que su única tarea era recabar votos, y que las cuestiones organizativas recaían sobre los portavoces municipales, Alfonso Grau y Alfonso Novo. Ha contestado a las preguntas de la Fiscalía diciendo que no sabía nada, señalan las mismas fuentes.

La operación Taula investiga contratos desde el año 2003. La exconcejal señalada por estar en el epicentro de la trama, María José Alcón, señala a Barberá en varias conversaciones, aunque no hace ninguna imputación concreta. Su mujer de confianza en el ayuntamiento, la exsecretaria del grupo popular, Carmen García Fuster, no ha podido acreditar ante el juez el origen de 200.000 euros que tenía el partido

Barberá había reconocido ya públicamente que hizo la transferencia pero negó haber recuperado por ninguna otra vía los 1.000 euros. El juez del Supremo, el exfiscal general del estado Cándido Gómez-Pumpido, sin embargo, ha creído necesaria su imputación, “imprescindible para continuar la investigación” contra ella por supuesto blanqueo de capitales. Los motivos: aportó dinero, era la superior de Carmen García Fuster  y tenía una “estrecha confianza” con ella.

“No se ha amañado ningún contrato, ni ha habido mordidas, ni desviación para financiar nada”. Así de tajante era Rita Barberá en declaraciones a Carlos Herrera, en la COPE, el pasado mes de enero. Según la exalcaldesa de Valencia, en sus 24 años al frente del Ayuntamiento no hubo corrupción alguna.

Barberá reiteró esa negativa varias veces, entre ellas en la primera de las multitudinarias ruedas de prensa que ofreció cuando el escándalo del denominado 'caso Taula' la involucraba progresisvamente (hasta el punto de que ahora mismo está pendiente la decisión de levantar su aforamiento para que pueda ser investigada, lo que la convertiría en imputada como todos sus concejales del PP en Valencia excepto uno). En la segunda rueda de prensa, el pasado marzo. ya matizó más: ella no sabía nada. De las grabaciones que se fueron conociendo emergía una realidad escandalosa.

Con el levantamiento del secreto de sumario de otra de las piezas de esa 'caso Taula', que se derivó de la compleja investigación iniciada con el 'caso Imelsa' (un asunto que afectaba al exdirigente provincial del PP Alfonso Rus y otros cargos públicos del partido), el juez Víctor Gómez ha puesto ya una cifra a lo que Barberá negaba con énfasis hace solo unos meses. Aunque “es difícil evaluar en este momento el perjuicio económico”, señala el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, la cantidad detraída por los imputados se sitúa entre los 10 y los 20 millones de euros.

Precisamente esa consideración avala los movimientos del juez al embargar bienes de los imputados, con los que eventualmente deberán responder a sus responsabilidades. El juez considera que la exconcejal de Cultura de Barberá, María José Alcón; su entonces pareja, Vicente Burgos, que dirigía la fundación Jaume II el Just; el gran corruptor desde la Diputación de Valencia, Marcos Benavent, y el asesor municipal Pedro Aracil recaudaron sobornos de varios contratos del Ayuntamiento de Valencia. En esta pieza de la causa están imputados también varios empresarios que habrían pagado las mordidas.

La pieza se instruye por separado de la que afecta a casi todo el grupo municipal del PP, por la que se ha pedido que sea desaforada Barberá y que se centra en el supuesto blanqueo de dinero de la caja B del partido en Valencia. Pero la investigación avanza sobre la previsible vinculación de ese dinero negro con el cobro de comisiones ilegales.

El titular del Jutjat d’Instrucció número 18 de València, que investiga el falsejament de contractes a canvi de comissions il·legals en diverses administracions de la Comunitat Valenciana, ha obert tres noves peces separades i ha acordat prorrogar el secret de sumari sobre dues d’aquestes i sobre la peça principal atés que encara no s’ha conclòs l’abocament del material informàtic intervingut per la Guàrdia Civil en els distints escorcolls.

En concret, el magistrat ha resolt separar de la part central de les diligències els fets relacionats amb el servei d’atenció multicanal als contribuents, el call center, que l’empresa pública Imelsa, dependent de la Diputació, va adjudicar a Servimun.

L’empresari Mariano López, exgendre de Marcos Benavent, el ionqui dels diners, estava al capdavant de l’empresa Servimun, que gestionava del call center provincial –servei d’atenció de telefonades dels ciutadans–, empresa que es va emportar l’adjudicació el 2012 valorada en 2,26 milions, malgrat que no hi tenia experiència prèvia, i també investigada pel presumpte pagament de comissions il·legals, per la qual cosa López va quedar imputat durant l’Operació Taula. Va eixir amb llibertat sota fiança de 500.000 euros.

Del que s’ha investigat fins ara, l’instructor conclou que hi ha indicis que aquesta adjudicació “va poder ser decidida” pel llavors president de la Diputació de València, Alfonso Rus, amb la intenció d’afavorir el responsable de l’empresa esmentada. En aquest procés, assenyala la interlocutòria, va actuar com a “intermediari connivent” el sogre del llavors gerent d’Imelsa, Marcos Benavent.

En aquesta nova peça estan investigats (abans imputats) Rus, Benavent i deu persones més, entre les quals figuren el diputat provincial delegat d’Empreses Públiques, el director de l’Àrea Jurídica d’Imelsa, el cap de secció de l’Oficina de Gestió tributària, el cap de la Unitat de Processos Massius Tributaris, el cap de la Secció d’Avaluació i Planificació, el director financer d’Imelsa i el cap del Servei de Gestió Tributària.

El titular d’Instrucció 18 els imputa delictes de malversació, tràfic d’influències, prevaricació, frau en la contractació pública, suborn i falsedat documental. A huit d’ells se’ls prendrà declaració els dies 12 i 16 de setembre. Rus compareixerà davant del jutge aquest últim dia.

La investigació, segons recull la interlocutòria, apunta que l’expresident de la Diputació hauria comptat amb la “col·laboració” del que fóra cap d’Avaluació i Planificació de la Corporació Provincial per a manipular el procés d’adjudicació “vulnerant el principi d’imparcialitat que ha de regir la contractació pública”.

Les preteses irregularitats afecten no sols la “presumpta adjudicació il·lícita” del call center, sinó l’“eventual incompliment” per l’empresa adjudicatària, Servimun, de les obligacions estipulades en el contracte per si aquest incompliment “haguera suposat un dany o un perjudici patrimonial” a l’erari públic. En aquesta peça separada s’investiguen també factures pagades per Imelsa derivades de contractes accessoris subscrits amb unes quantes empreses.

Les altres peces separades

D’altra banda, el jutge ha acordat investigar també en una peça separada de la resta de la causa les preteses irregularitats en els contractes de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de València per a la restauració del patrimoni històric monumental i les adjudicacions per a la celebració de la XVII Mostra de València el 2006. Sobre aquesta peça s’alçarà el secret pròximament, quan s’incorpore a l’expedient la còpia de tots els documents que ara formen part de la peça principal.

Sobre la tercera peça separada, el magistrat acorda mantenir-ne el secret “atenent la naturalesa dels fets”. En la resolució, notificada hui a les parts, el jutge fa extensiva aquesta mesura (la pròrroga del secret fins al 14 d’agost) a la peça principal per “no comprometre el resultat de la investigació que s’està duent a terme mitjançant l’anàlisi de la informació recollida tant en la documentació escrita com en els dispositius informàtics intervinguts”.

El magistrat explica que la informació acumulada és molt “voluminosa”, que afecta “multiplicitat de fets” en un “període de temps prolongat” i un “gran nombre de persones”, circumstàncies, totes aquestes, que condicionen el ritme en l’anàlisi documental sobre certes parts de la investigació.

En la mateixa resolució, el titular d’Instrucció núm. 18 avança la possibilitat que pròximament forme dues peces separades més per a investigar contractacions de personal tant en Imelsa com en Ciegsa, empresa pública dependent de la Conselleria d’Educació, peces sobre les quals també s’alçaria el secret una vegada constituïdes.

El Cas Imelsa s’estructura en una peça principal en què s’investiga el falsejament de contractes a canvi de comissions il·legals en diverses administracions de la Comunitat Valenciana i cinc peces separades: les tres constituïdes ara, que se sumen a les ja formades amb anterioritat: l’una, sobre blanqueig de capitals en l’Ajuntament de València, fa poc ampliada al delicte electoral, i l’altra, per les contractacions fictícies de treballadors en Imelsa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana, ha abierto tres nuevas piezas separadas y ha acordado prorrogar el secreto de sumario sobre dos de ellas y sobre la pieza principal en tanto que aún no se ha concluido el volcado del material informático intervenido por la Guardia Civil en los distintos registros.

En concreto, el magistrado ha resuelto desgajar de la parte central de las diligencias los hechos relacionados con el servicio de atención multicanal a los contribuyentes, el call center, que la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación, adjudicó a Servimun.

El empresario Mariano López, exyerno de Marcos Benavent, el yonqui del dinero, se encontraba al frente de la empresa Servimun, que gestionaba del 'call center' provincial -servicio de atención de llamadas de los ciudadanos-, empresa que se llevó la adjudicación en 2012 valorada en 2,26 millones pese a no tener experiencia previa, y también investigada por el presunto pago de comisiones ilegales, por lo que López quedó imputado durante la 'Operación Taula'. Salió con libertad bajo fianza de 500.000 euros.

De lo investigado hasta ahora, el instructor concluye que hay indicios de que tal adjudicación “pudo ser decidida” por el entonces presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, con la intención de favorecer al responsable de dicha empresa. En ese proceso, señala el auto, actuó como “intermediario connivente” el suegro del entonces gerente de Imelsa, Marcos Benavent.

En esa nueva pieza están investigados (antes imputados) Rus, Benavent y otras diez personas, entre las que figuran el diputado provincial delegado de Empresas Públicas, el director del área jurídica de Imelsa, el jefe de sección de la oficina de gestión tributaria, el jefe de unidad de procesos masivos tributarios, el jefe de sección de evaluación y planificación, el director financiero de Imelsa y el jefe de servicio de gestión tributaria.

El titular de Instrucción 18 les imputa delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación pública, cohecho y falsedad documental. A ocho de ellos se les tomará declaración los días 12 y 16 de septiembre. Rus comparecerá ante el juez este último día.

La investigación, según recoge el auto, apunta a que el expresidente de la Diputación habría contado con la “colaboración” del que fuera Jefe de Evaluación y Planificación de la Corporación Provincial para manipular el proceso de adjudicación “vulnerando el principio de imparcialidad que debe regir la contratación pública”.

Las supuestas irregularidades afectan no sólo a la “presunta adjudicación ilícita” del call center sino al “eventual incumplimiento” por parte de la empresa adjudicataria, Servimun, de las obligaciones estipuladas en el contrato por si tal incumplimiento “hubiera supuesto un daño o perjuicio patrimonial” al erario público. En esta pieza separada se investigan también facturas pagadas por Imelsa derivadas de contratos accesorios suscritos con varias empresas.

Las otras piezas separadas

Por otro lado, el juez ha acordado investigar también en una pieza separada del resto de la causa las supuestas irregularidades en los contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia para la restauración del patrimonio histórico monumental y las adjudicaciones para la celebración de la XVII Mostra de Valencia en 2006. Sobre esta pieza se alzará el secreto próximamente, cuando se incorpore al expediente copia de todos los documentos que ahora forman parte de la pieza principal.

Sobre la tercera pieza separada, el magistrado acuerda mantener el secreto “atendiendo a la naturaleza de los hechos”. En la resolución, notificada hoy a las partes, el juez hace extensiva esta medida (la prórroga del secreto hasta el 14 de agosto) a la pieza principal para “no comprometer el resultado de la investigación que se está llevando a cabo mediante el análisis de la información recogida tanto en la documentación escrita como en los dispositivos informáticos intervenidos”.

El magistrado explica que la información acumulada es muy “voluminosa”, que afecta a “multiplicidad de hechos” en un “prolongado periodo de tiempo” y a un “gran número de personas”, circunstancias, todas ellas, que condicionan el ritmo en el análisis documental sobre ciertas partes de la investigación.

En la misma resolución, el titular de Instrucción 18 avanza la posibilidad de que próximamente forme dos nuevas piezas separadas para investigar contrataciones de personal tanto en Imelsa como en Ciegsa, empresa pública dependiente de la Conselleria de Educación, piezas sobre las que también se alzaría el secreto una vez constituidas.

El Caso Imelsa se estructura en una pieza principal en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana y cinco piezas separadas: las tres constituidas ahora, que se suman a las ya formadas con anterioridad: una, sobre blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, recientemente ampliada al delito electoral, y otra, por las contrataciones ficticias de trabajadores en Imelsa.

El ex presidente provincial del PP de Valencia y de la Diputación, Alfonso Rus, quiere que el juez anule los audios que lo incriminan en la macrocausa de corrupción del ‘caso Imelsa’. Para ello pretende que Marcos Benavent , el ex gerente de la empresa pública (también conocido como el 'yonqui del dinero'), declare ante el juzgado y que diga que la diputada provincial de EU, Rosa Pérez Garijo, que llevó el caso ante Fiscalía, obtuvo de forma ilícita las grabaciones, y por lo tanto que sean anuladas como pruebas, según informa el diario El Mundo.

Rus interpuso una querella contra Pérez Garijo, después de conocderse públicamente estas conversaciones que acabaron con la carrera política del también exalcalde de Xàtiva durante la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de 2015. Rus se querelló contra la diputada por presuntos delitos de revelación de secretos y coacciones, pero el juzgado ha rechazado la petición y ha acordado el sobreseimiento libre de la causa. Pero la Audiencia ha matizado la decisión del juzgado y ha acordado un archivo provisional a la espera que el sumario deje de ser secreto y valorar en este momento si procede o no la declaración de Benavent.

Las conversaciones que durante años grabó Marcos Benavent fueron ratificadas por él mismo cuando se mostró arrepentido de los hechos; además, el exregidor del PP de Xàtiva añadió que “voy a provocar mucho daño, pero la gente tiene que saber la verdad (…) Me he llevado de todo, dinero y comisiones. Era un yonqui del dinero”, rematando con un “aquí va a salir mierda a punta pala”.

En las grabaciones en cuestión aparece el propio Alfonso Rus en diversas de ellas. La más conocida es una en la que presuntamente estaría contando miles de euros fruto de comisiones, pero que Rus ha negado en todo momento. En otras se hablaba del negocio que había con el nuevo sistema de privatización, implantado por Juan Cotino, de las plazas de residencias para mayores, o de las comisiones que se cobraban a promotores por presunto tráfico de influencias en la construcción de viviendas de protección oficial. En otros audios, Rus no aparece directamente, pero sí Marcos Benavent, explicando lo que serían órdenes suyas para arreglar concursos y sacar comisiones tanto para la financiación del PP cómo para los políticos del partido.

De los audios que grabó el delator del 'caso Taula', Marcos Benavent, se desprende que Enrique Sospedra Barberá, sobrino de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se llevó adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia. “Oye, de aquí sacamos alguna cosilla, ¿no?, de todos estos, algo para el verano”, le dice la exconcejal de Cultura María José Alcón a Benavent, a lo que este responde: “De aquí, de Quique y del otro”. De esos dos Enriques, uno sería el sobrino de Barberá. El otro, Enrique Aleixandre, fue hasta hace poco gerente de Universo Selección. De ahí parten las sospechas de la relación que tendría dicha mercantil con Sospedra Barberá.

Según la fuentes consultados por eldiario.es, Universo Selección facturó 440.000 euros al Ayuntamiento de Valencia durante los años de mandato de Barberá. Parte de ellos provienen de la gestión de la atención al público de la Cripta Arqueológica de San Vicente Mártir de Valencia. Esta empresa tuvo en su poder la adjudicación entre los años 2002 y 2008. Facturó por esos servicios cerca de 4.446 euros al mes.

A escasos metros de esta cripta, se encontraba la sede de la Mostra de Valencia. Según las grabaciones que ahora están incluidas en el sumario del 'caso Taula', Alcón reconoce al 'pentito' Benavent que el Ayuntamiento contrató servicios de azafatas en eventos o ferias municipales a mercantiles vinculadas laboralmente con el sobrino de la exalcaldesa de Valencia. Y uno de esos eventos sería la Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani.

Benavent, en otro audio, le dice a Alcón: “Ahí puedes venderle a la jefa [en referencia a Barberá]: Mira, le he dado todo a tu sobrino”. En la conversación, al parecer, planean cómo manipular el sistema de puntuación de la adjudicación de la Mostra de 2006. La empresa favorecida sería Universo Selección. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró el archivo municipal en busca de expedientes sobre las ediciones del 2005 y 2006.

Según fuentes municipales, se desconoce lo que Universo Selección facturó por este evento porque las cuentas no están informatizadas y la fundación a través de la que se hacían todas las gestiones no está activa. Un evento que está bajo sospecha judicial por las conversaciones registradas por el exgerente de Imelsa y hombre fuerte del expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus.

La UCO rastrea, además, empresas cercanas a Sospedra Barberá para esclarecer si actuaban de tapaderas para evitar sospechas. Y, así, que la exalcaldesa no cometiera ninguna incompatibilidad, ya que el Ayuntamiento no puede contratar con empresas de familiares de ediles de hasta cuarto grado. De hecho, y según datos del Registro Mercantil, Quique Sospedra no tiene a fecha de hoy ninguna empresa a su nombre. Solo en 2003 constituyó una sociedad denominada Enespa Telecom 03.

Relación con la agencia de comunicación de Barberá

Según publicó El Mundo, el sobrino de Barberá es muy conocido en el sector audiovisual y en las agencias de comunicación de Valencia. Tanto que, según este rotativo, participó en la organización de la Japan Week. El evento estuvo bajo lupa judicial debido a un supuesto fraccionamiento de contratos en favor del grupo Trasgos, una agencia de comunicación que realizó las campañas del PP de Valencia, según los balances que presenta Génova ante el Tribunal de Cuentas. Presente en el sumario de la 'Gürtel', Trasgos es la empresa que más aparece en los papeles de Mari Carmen García-Fuster, la encargada de controlar las cuentas del grupo municipal del PP.

Otra agencia de comunicación que aparece vinculada con el 'caso Taula' es Engloba. Sin contar lo que facturó por la adjudicación de La Rambleta, la mercantil ha cobrado 175.000 por trabajos al Ayuntamiento de Valencia, según ha podido saber eldiario.es. Su propietario, Adolfo Vedri, participó de la aventura empresarial de Universo Selección. Posteriormente, se desvinculó de la empresa relacionado con el sobrino de Barberá.

La ex alcaldesa y senadora del PP Rita Barberá no ve “motivo alguno” para dimitir después de que el juez del caso Imelsa, que instruye el posible delito de blanqueo de capitales de su partido en València, haya pedido al Tribunal Supremo que la impute, único tribunal competente por su condición de aforada. En declaraciones al periódico La Razón, Barberá niega la mayor y afirma que el magistrado no pide su imputación, ni siquiera el suplicatorio, que obligaría al Senado a autorizar que se investigue a Barberá. Además, también encuentra normal que la investiguen cuando se hace lo mismo con otros 49 concejales, ex concejales y asesores del partido.

De este modo, la senadora se ciñe al pie de la letra de los estatutos del PP que marcan el límite para dimitir en la apertura del juicio oral, táctica con la que coincide con la estrategia de los concejales del grupo popular de Valencia (hoy suspendidos de militancia), a quienes habría presionado para que resistieran las amenazas de expulsión y así “hacer piña”.

Cabe recordar que los concejales están manteniendo un pulso con la dirección del PPCV, ya que mientras la presidenta regional Isabel Bonig continúa reclamando su dimisión, estos se escudan en el expediente informativo que tiene en marcha Génova para aferrarse al cargo.

El mismo periódico informa de que la posición oficial de la dirección nacional del PP es que cuando Rita Barberá sea imputada la suspenderán de militancia. Imputación que dan por hecha, pero que prevén que no se producirá hasta pasadas las posibles elecciones generales el 26 de junio. Desde Génova lamentan que la situación de Barberá está provocando un desgaste en la imagen del PP y también de Mariano Rajoy, por lo que reclaman a la senadora un “gesto” de cara al partido, como podría ser la renuncia a su acta en la cámara alta.

“Cuidado con lo que haces”, “te has pasado mucho” o “eso se paga”. Mensajes amenazantes de este calibre ha mandado la senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a compañeros del PP críticos con su actitud de aferrarse al cargo pese a las sospechas de corrupción que se ciernen sobre ella. Según avanza la Cadena Ser, Barberá habría enviado una “avalancha” de mensajes a los teléfonos móviles de dirigentes disconformes con su táctica de seguir en el cargo y a la letra de los estatutos del PP que marcan la dimisión en la apertura del juicio oral. Mensajes que describen entre “amenazantes”, “de extorsión”, “de presión” o “desagradables”, llegando a hacerles sentir “molestos” y “agobiados”.

Barberá, que ya envió mensajes al vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, para intentar evitar sin éxito que el partido le abriera un expediente informativo, muestra así su reacción contra aquellos mensajes de dirigentes como Javier Maroto o Pablo Casado que han mantenido una actitud más dura con la senadora, mientras que otros dirigentes de Génova como María Dolores de Cospedal o el propio Mariano Rajoy se mostraban con actitudes más tibias.

Los mismos dirigentes han manifestado a la emisora que el propio “carácter fuerte” de Rita Barberá plantea una situación de “o conmigo o contra mi”, y que su lucha se puede girar contra el partido. Afirman así que la senadora ha amenazado con llevar a los tribunales al PP si se la expulsa del partido sin esperar a la apertura del juicio oral.

Por otro lado, la exalcaldesa también habría presionado a los concejales del PP imputados y amenazados de ser expulsados por el partido para reclamarles que no cedan y así hacer “piña” juntos.

Las conversaciones “no son agradables”

Ante esta situación, el mismo Martínez Maíllo, también en la Ser, ha declarado que la decisión de dejar el escaño corresponde sólo a Barberá. Pero que se puede pedir la dimisión “en función de los hechos”, no necesitando que se cumpla estrictamente lo estipulado en los estatutos, como ya pasó con la expulsión de Alfonso Rus.

Fernando Martínez Maíllo ha insistido en el fuerte carácter de Barberá y que las conversaciones con ella ahora “no son agradables” por su situación. El vicesecretario de Organización añade que la senadora mentiene “su verdad”, que afirma no discutir porque “no hay que juzgar a nadie”.

Con los concejales del PP de Valencia que sí están imputados sí se muestra más duro, advirtiendo que tienen derecho a no declarar ante el juez, pero que este derecho no lo tienen ante el partido. Maíllo ha recordado que todo tiene sus consecuencias políticas, aunque se muestra cauto sobre su posible expulsión puesto que si se aferran al acta su salida al grupo mixto supondría que el PP se quedaría con un único concejal que no está imputado.

Maíllo ha señalado también que los concejales no admiten la financiación ilegal del PP de la que se les acusa, y que los únicos que lo advierten son los asesores. Respecto de la conversación de la exconcejal María José Alcón, donde sí reconocía esta financiación ilegal, Maíllo recuerda que ha sido expulsada del partido.

El juez del caso Taula o Imelsa ha levantado el secreto de sumario de la pieza en la que se investiga la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia por la que se imputa un delito de blanqueo de capitales al partido y el futuro político de Rita Barberá está más que discutido. La mayor parte de la investigación, sin embargo, permanece secreta hasta el 14 de abril. Ese día se sabrá más sobre la trama criminal que puede haber robado millones de euros en estas instituciones o empresas públicas:

Ciegsa es la empresa de la Generalitat creada para construir colegios cuya gestión está en entredicho por sus sobrecostes, de más de mil millones de euros. Máximo Caturla, exconsejero delegado de la compañía y exvicepresidente de la Diputación, es uno de los 24 detenidos. Fue puesto en libertad bajo fianza civil -su impago significa el embargo de bienes y no el ingreso en prisión- de dos millones de euros. A partir de la declaración de Marcos Benavent, el yonqui del dinero, los investigadores creen que la cúpula del PP se repartía comisiones de 3% sobre la mayoría de obras adjudicadas. Las mordidas podrían sumar decenas de millones de euros.

Imelsa (Impulso Económico Local) es la gran empresa de la Diputación de Valencia. Durante años, como ha certificado una auditoría, la compañía ha adjudicado trabajos (piscinas, campos de fútbol, estudios medioambientales....) o contratado personal con precios fuera de mercado y sin respetar las normas -competencia, transparencia, publicidad- que deben regir en los contratos públicos. Convertida en el cortijo de Alfonso Rus, expresidente de la Diputación en libertad con fianza civil de dos millones de euros, y Benavent, se utilizó, supuestamente, para desviar millones de euros a un entramado de sociedades sin actividad. Se supone que en Imelsa empezó todo.

Ayuntamiento de Valencia, concretamente la concejalía de Cultura. La exedil María José Alcón, una de las detenidas por el asunto, protagoniza varias conversaciones con Benavent donde se habla abiertamente de mordidas. La adjudicación y gestión de La Rambleta, un centro cultural, la rehabilitación de las Torres de Quart y puentes de Serrano y Trinidad, varias ediciones de La Mostra de Cine de Valencia, un festival ya cancelado, los contratos con el grupo publicitario Trasgos, la construcción del retén de bomberos del barrio de El Carmen y la contrata de la grúa con Servicleop, cuyo presidente también fue detenido, están bajo sospecha.

La Fundación Jaume II El Just fue llevada hasta la quiebra técnica por un compañero de estudios de los Camps (además de Francisco, Gerardo, diputado en el congreso) y Esteban González Pons (ahora en el parlamento europeo), Vicente Burgos, exmarido de Alcón, dejó nueve millones de euros de deuda tras una gestión calificada de megalómana. Años después ha sido detenido. La Fiscalía Anticorrupción cree que la gestión de Burgos no solo fue un desabarajuste, sino que también se caracterizó por prácticas corruptas.

El jutge del cas Taula o Imelsa ha alçat el secret de sumari de la peça en què s’investiga el pretés finançament il·legal del PP de València per la qual s’imputa un delicte de blanqueig de capitals al partit i el futur polític de Rita Barberá està més que discutit. La major part de la investigació, no obstant això, roman secreta fins al 14 d’abril. Aqueix dia se sabrà més sobre la trama criminal que pot haver robat milions d’euros en aquestes institucions o empreses públiques:

Ciegsa és l’empresa de la Generalitat creada per a construir col·legis la gestió de la qual està en dubte pels sobrecostos de més de mil milions d’euros. Máximo Caturla, exconseller delegat de la companyia i exvicepresident de la Diputació, és un dels 24 detinguts. Va ser poar en llibertat sot fiança civil –l’impagament significa l’embargament de béns i no l’ingrés a la presó–- de dos milions d’euros. A partir de la declaració de Marcos Benavent, el ionqui dels diners, els investigadors creuen que la cúpula del PP es repartia comissions de 3% sobre la majoria de les obres adjudicades. Les mossegades podrien sumar desenes de milions d’euros.

Imelsa (Impuls Econòmic Local) és la gran empresa de la Diputació de València. Durant anys, com ha certificat una auditoria, la companyia ha adjudicat faenes (piscines, camps de futbol, estudis mediambientals…) o ha contractat personal amb preus fora de mercat i sense respectar les normes –competència, transparència, publicitat– que han de regir en els contractes públics. Convertida en el cortijo d’Alfonso Rus, expresident de la Diputació en llibertat amb fiança civil de dos milions d’euros, i Benavent, es va utilitzar, pretesament, per a desviar milions d’euros a un entramat de societats sense activitat. Se suposa que tot va començar en Imelsa.

Ajuntament de València, concretament la regidoria de Cultura. L’exedil María José Alcón, una de les detingudes per l’assumpte, protagonitza unes quantes converses amb Benavent on es parla obertament de mossegades. L’adjudicació i la gestió de la Rambleta, un centre cultural, la rehabilitació de les torres de Quart i dels ponts dels Serrans i de la Trinitat, unes quantes edicions de la Mostra de Cine de València, un festival ja cancel·lat, els contractes amb el grup publicitari Trasgos, la construcció de les dependències de bombers del barri del Carme i la contracta de la grua amb Servicleop, el president de la qual també va ser detingut, estan sota sospita.

La Fundació Jaume II el Just va ser portada fins a la fallida tècnica per un company d’estudis dels Camps (a més de Francisco, Gerardo, diputat en el congrés) i Esteban González Pons (ara en el parlament europeu), Vicente Burgos, exmarit d’Alcón, hi va deixar nou milions d’euros de deute després d’una gestió qualificada de megalòmana. Anys després se l’ha detingut. La Fiscalia Anticorrupció creua que la gestió de Burgos no sols va ser un desgavell, sinó que també es va caracteritzar per pràctiques corruptes.

Al menos 15 asesores de PP, PSPV, Compromís y Esquerra Unida en la Diputación de Valencia han sido citados en calidad de investigados ante la posibilidad de que cobraran sus sueldos a través de la empresa pública Imelsa, epicentro de la trama de cobro de comisiones del 3%. Así lo adelanta la Cadena Ser, que explica que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil les ha citado a declarar acusados de tráfico de influencias.

La irregularidad consistiría en que el hecho de que cobrasen el sueldo de Imelsa esquivaría la obligación de cobrar de los partidos para los que trabajaban. Así, las formaciones se ahorraban los salarios. Esto pasaba también con la mayor parte del gabinete de prensa y protocolo del anterior gobierno de Alfonso Rus, que acabó con la 'limpieza' de 41 cargos del actual equipo del socialista Jorge Rodríguez.

La salpicadura a todos los partidos de la Diputación de Valencia de la pasada legislatura llega después de que los portavoces de las formaciones de la oposición, José Manuel Orengo (PSPV), Emili Altur (Compromís), y Rosa Pérez Garijo (EU) tuvieran que declarar ante la Guardia Civil por Taula, así como el exdiputado socialista Raúl Pardos y el ex dirigente de Compromís Emili Mira.

El PP valenciano está fracasando en su intento de mitigar el daño causado por la corrupción en el partido. Los concejales de la formación en Valencia imputados por blanqueo de capitales en el marco de la Operación Taula -nueve de 10- se niegan a acatar las órdenes de la dirección y dejar su acta. Y todo, pese a que había acordado con la dirección autonómica entregarla si al levantarse el secreto de sumario de la pieza sobre el supuesto lavado de dinero de la caja B continuaban estando imputados. 

Todos los concejales investigados, de uno en uno, han sido citados este miércoles por la tarde por la líder del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig. Por las dependencias del grupo popular en las Cortes Valencianas han pasado -por este orden- Vicente Igual, Beatriz Simón, Lourdes Bernal, Cristóbal Grau y Mari Àngels Ramón-Llin. De ellos, solo se ha pronunciado Simón, ratificándose en la postura que defendió todo el grupo municipal popular en la comparecencia del martes. “Nos vamos a mantener en el acta hasta que marquen en los estatutos, como ya dijimos”.

En principio, esa será la postura de los nueve ediles investigados por blanquear dinero procedente de mordidas para financiar con fondos ilegales la campaña electoral del partido. Aunque está por ver si con estas citas individualizadas hay grietas en el grupo municipal del PP. Simón, como el PP, que no ha informado sobre el lugar de las reuniones y ha mantenido una opacidad total sobre el asunto, tampoco ha querido dar más detalles de su conversación con Bonig: “Es una reunión privada”. Grau y Bernal han declinado hacer declaraciones alegando que se trata de “una reunión de partido” y han justificado el apagón informativo del PP: “Ya se comunicará lo acordado”. 

Pese a la postura de los concejales, la dirección autonómica no difumina su línea roja. Aunque la aplaza hasta que pasen las festividades de Fallas y pascua. En sustitución de Bonig, la coordinadora general de los 'populares' valencianos, Eva Ortiz, ha comparecido acompañada del presidente de la gestora en Valencia, Luis Santamaría, para remarcar que “el partido, tal y como se acordó cuando se levantara el secreto de sumario, va a pedir el acta de los concejales”.

La solicitud se formalizará el próximo lunes cuando se reúna el Comité de Derechos y Garantías. “Daremos unos días hábiles, hay que entender que están de por medio Fallas y pascua, para que cada concejal medite su decisión”, ha afirmado, para sentenciar: “Si incumplen las directrices del partido tomaremos las medidas establecidas en los estatutos”. Ortiz ha mantenido el mismo criterio que los concejales de no decir nada sobre los encuentros. “Son reuniones privados”, se ha limitado a decir. 

A los encuentros realizados este miércoles y al que se produjo entre Bonig y Alfonso Novo, presidente del PP en Valencia, el martes, se le sumará el de los concejales imputados que aún no han hablado con la líder del PP valenciano: Félix Crespo, Alberto Mendoza y María Jesús Puchalt. Está previsto que Crespo comparezca este jueves. Puchalt, que está fuera de Valencia, y Mendoza por cuestiones familiares no tienen fijada la fecha de su encuentro con Bonig.  

El PP ya disolvió el partido en Valencia y nombró una gestora para dirigirlo tras la imputación de toda su cúpula en la ciudad por blanqueo de capitales. Rita Barberá, alcaldesa durante 24 años, fue expedientada el martes junto con todos los concejales imputados por limpiar supuestamente dinero negro procedente de mordidas para financiar las campañas electorales del PP de la ciudad. El instructor del expediente será el diputado nacional Francisco Molinero. 

Unas horas después de que el PP haya decidido abrir un expediente informativo contra Rita Barberá y los concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Javier Maroto ha dicho haberse “alegrado muchísimo”. El vicesecretario del partido rebajaba la importancia de la rueda de prensa de Barberá y calificaba de “insuficientes” sus explicaciones, en claro contraste con la postura de su jefe, que poco antes decía sentirse “tranquilo”.

El exalcalde de Vitoria pasó por una rueda de prensa difícil el lunes, cuando tuvo que morderse la lengua para rebajar la dureza de sus críticas a Barberá. Las explicaciones de la valenciana le parecieron “insuficientes”, dijo, y no habían “solucionado nada”. De ahí que los más jóvenes en la dirección del PP hayan decidido ir algo más por libre en cuanto a la crítica por la corrupción interna de su partido en comparación con el máximo responsable de Génova.

En una convención que el PP ha organizado este miércoles sobre el empleo y que clausuran Rajoy y Cristina Cifuentes, la dirección cree contenida la crisis gracias a la apertura del expediente, que se anunció de forma precipitada a última hora del martes. Pese a que Génova aduce que la decisión estaba tomada desde la mañana, lo cierto es que el anuncio se hizo por boca de Fernando Martínez Maíllo en el Congreso, mientras la senadora asistía al Pleno del Senado al mismo tiempo.

Entre los dirigentes del PP que se pronunciaron están Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. La primera, muy optimista sobre que “todo se va a aclarar” cuando Barberá declare ante el juez. La presidenta de la Comunidad de Madrid, en cambio, sigue calificando de “muy grave” la situación y avisa de que Barberá “tiene que seguir dando explicaciones”.

Com ja va passar amb Gürtel o amb Brugal, les gravacions són clau en el cas de pretés blanqueig que afecta l’exalcaldessa de València Rita Barberá i tot el seu equip de regidors. Dutes a terme pel ‘penedit’ i exgerent de l’empresa pública Imelsa, Marcos Benevent, constitueixen la prova fonamental que ha permés destapar una xarxa corrupta que esguita de ple el PP valencià. Reflecteixen la manera de funcionar, en aquest cas, de la part de la trama que operava en l’Ajuntament de València. I com una part d’aqueixes comissions va servir per a nodrir pretesament de diners negres el PP a la ciutat amb què finançar les campanyes electorals. Aquests són huit dels àudios enregistrats majoritàriament pel ’ionqui dels diners’, com es qualifica a si mateix Benavent, o per la Guàrdia Civil en la investigació del cas:

“La Rambleta està al punt de caramel”. És el que va dir l’exregidora de Cultura i dona de l’exvicealcalde Alfonso Grau, María José Alcón, a Benavent sobre l’adjudicació del centre cultural La Rambleta, a València. S’investiga si la pretesa trama va adjudicar un contracte milionari de 20 milions anuals a una UTE participada pel grup Ortiz, Secopsa i Cyes en perjudici d’una altra que va presentar un projecte millor.

“La bicoca de la vida”. Així s’expressava de nou l’exedil al ‘ionqui dels diners’ en referència al contracte de la Rambleta en què l’Ajuntament de València havia de pagar a l’empresa durant un període de 20 anys un cànon de 3 milions d’euros anuals, a més del cost de l’obra –uns 14 milions d’euros–. Finalment, el pagament és de 2 milions d’euros l’any.

“Les torres, mira, pam-pam”. La frase fa referència a la pretesa martingala del contracte per a la rehabilitació de les Torres de Quart adjudicat a la constructora Cleop. Pronunciada per Benavent en una conversa amb Alcón, l’exgerent d’Imelsa afig: “Ací tens el teu. El que passa és que han fet el que han pogut (?) d’un milió dos-cents cal llevar-los l’IVA i queda un milió i en fer un 20% només ens poden donar 20.000 euros. Jo te n’he deixat ací 10.000. N’he deixat 5.000 per al partit perquè Alfonso ve així i jo me n’he quedat 5.000. 10.000 en tens ací”.

“Només hi ha un 2%: 9.000 euros (...) Per a dos regalets i quatre festes”. La frase de Benavent en una conversa amb l’exedil de Cultura reflecteix el possible cobrament d’una comissió il·legal d’una quantitat que ambdós no consideren bastant elevada.

“Dóna-li [a Rita Barberá] bitllets i veuràs què ràpid que t’ho canvia”. Es tracta d’una conversa telefònica que manté Alcón amb el seu fill. Interceptada per la Guàrdia Civil i inclosa en el sumari de la peça separada que investiga el pretés blanqueig de la caixa B del PP de València, en la conversa el fill de l’exedil proposa solucionar un negoci urbanístic de la família donant diners a l’exalcaldessa de València perquè resolga el tema a favor seu.

“En aquest país, l’única cosa que funciona és la corrupció”. Pronunciada pel fill d’Alcón en una xarrada telefònica amb sa mare, forma part de les frases que se senten en una de les punxades telefòniques que posen negre sobre blanc la mecànica utilitzada pretesament pel grup municipal del PP per a llavar uns diners negres que, segons es desprén d’aqueixa mateixa conversa, “en són molts”.

“Que veu que se li crema el cul; doncs, que se li creme”. Es tracta d’una de les afirmacions que pronuncia Grau amb Alcón en una xarrada telefònica interceptada per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil on els dos parlen sobre la pressió de Barberá per a forçar l’exregidor que abandone la llista arran de la revelació de les gravacions que apunten als contractes de la Rambleta o al fet que s’han donat contractes de la Mostra “al nebot de la ‘jefa’ [En una pretesa referència a Barberá]”.

“Està l’alcaldessa cagada”. Això és el que diu Alcón a la seua filla després de contar-li la telefonada que ha fet Grau a Barberá, on li hauria recordat que “va assumir totes les responsabilitats en Nóos” quan era cosa seua, en referència a l’actual senadora.

Como ya ocurrió con 'Gürtel' o con 'Brugal', las grabaciones son claves en el caso de supuesto blanqueo que afecta a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y a todo su equipo de concejales. Realizadas por el 'arrepentido' y exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benevent, constituyen la prueba fundamental que ha permitido destapar una red corrupta que salpica de lleno al PP valenciano. Reflejan el modo de funcionar, en este caso, de la parte de la trama que operaba en el Ayuntamiento de Valencia. Y cómo parte de esas mordidas sirvió para nutrir supuestamente de dinero negro al PP en la ciudad con el que financiar las campañas electorales. Estos son ocho de los audios registrados en su mayoría por el 'yonki del dinero', como se califica a sí mismo Benavent, o por la Guardia Civil en la investigación del caso:

“La Rambleta está a punto de caramelo”. Es lo que dijo la exconcejal de Cultura y esposa del exvicealcalde Alfonso Grau, María José Alcón, a Benavent sobre la adjudicación del centro cultural La Rambleta, en Valencia. Se investiga si la supuesta trama adjudicó un millonario contrato de 20 millones anuales a una UTE participada por el grupo Ortiz, Secopsa y Cyes en perjuicio de otra que presentó mejor proyecto.

“El chollo de la vida”. Así se expresaba de nuevo la exedil al 'yonki del dinero' en referencia al contrato de la Rambleta en el que el Ayuntamiento de Valencia debía abonar durante un período de 20 años a la empresa un canon de 3 millones de euros anuales, más el coste de la obra -unos 14 millones de euros-. Finalmente, el pago es de 2 millones de euros al año.

“Las torres mira, pam-pam”. La frase hace referencia al supuesto amaño del contrato para la rehabilitación de las Torres de Quart adjudicado a la constructora Cleop. Pronunciada por Benavent en una conversación con Alcón, el exgerente de Imelsa añade: “Aquí tienes lo tuyo. Lo que pasa es que han hecho lo que han podido (?) de un millón doscientos hay que quitarles el IVA y se queda un millón y al hacer un 20% solo nos pueden dar 20.000 euros. Yo te he dejado ahí 10.000. He dejado 5.000 para el partido porque Alfonso viene así y yo me he quedado 5.000. 10.000 tienes ahí”.

“Sólo hay un 2%: 9.000 euros (...) Para dos regalitos y cuatro fiestas”. La frase de Benavent en una conversación con la exedil de Cultura refleja el posible cobro de una comisión ilegal de una cantidad que ambos no consideran suficientemente elevada.

“Dale [a Rita Barberá] billetes y verás qué rápido te lo cambia”. Se trata de una conversación telefónica que mantiene Alcón con su hijo. Interceptada por la Guardia Civil e incluida en el sumario de la pieza separada que investiga el supuesto blanqueo de la Caja B del PP de Valencia, en ella el hijo de la exedil propone solucionar una negocio urbanístico de la familia dando dinero a la exalcaldesa de Valencia para que resuelva el tema a su favor.

“En este país lo único que funciona es la corrupción”. Pronunciada por el hijo de Alcón en una charla telefónica con su madre, forma parte de las frases que se escuchan en uno de los pinchazos telefónicas que ponen negro sobre blanco la mecánica utilizada supuestamente por el grupo municipal del PP para lavar un dinero negro que, según se desprende de esa misma conversación, “es mucho”.

“Que ve que se le quema el culo, pues que se le queme”. Se trata de una de las afirmaciones que pronuncia Grau con Alcón en una charla telefónica interceptada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil donde los dos hablan sobre la presión de Barberá para forzar a la exconcejal a que abandone la lista frente a la revelación de las grabaciones que apuntan a los contratos de la Rambleta o al hecho de que se han dado contratos de la Mostra “al sobrino de la jefa [En supuesta referencia a Barberá]”.

“Está la alcaldesa cagada”. Eso es lo que le dice Alcón a su hija tras contarle la llamada que ha realizado Grau a Barberá, donde le habría recordado que “asumió todas las responsabilidades en Nóos” cuando era cosa suya, en referencia a la actual senadora.

El juez que investiga el caso Taula ha imputado al PP y a todos los concejales del partido en Valencia durante el pasado mandato por la supuesta financiación ilegal del partido en la ciudad. De momento, únicamente los ediles ahora aforados -Rita Barberá, entonces alcaldesa y ahora senadora- y Miquel Domínguez -concejal de seguridad y ahora diputado autonómico- se han librado de declarar ante el juez como sospechosos de blanqueo de capitales.

Barberá quiere convencer al juez, ante el que tiene la opción de declarar por escrito, para no ser imputada. Y niega, sin evitar criticas feroces a otros partidos, cualquier relación con el rudimentario sistema ideado por el PP de Valencia para limpiar dinero negro procedente de mordidas o comisiones ilegales: se pedían aportaciones de 1.000 euros vía transferencia bancaria que luego eran devueltas en metálico.

El fiscal, sin embargo, opina lo contrario. Anticorrupción cree que “existen indicios suficientes de la participación” de la senadora, protegida de la investigación de un juzgado ordinario por su aforamiento, en los hechos investigados. Estos son algunos de esos indicios según el sumario.

Anticorrupción cree que hay cuatro personas -de 48 imputados- especialmente señalados “por su proximidad al dinero supuestamente ilícito”. Carmen García-Fuster, secretaria del grupo municipal del PP y mano derecha de la exalcaldesa, es una de ellas. El cuñado de la senadora -José Corbín, fugazmente célebre por su comentario machista- es el abogado de García-Fuster. Barberá la ha defendido a capa y espada: “Es una persona muy trabajadora y muy honrada”. En el registro policial de su casa se encontraron sobres con dinero en efectivo por más de 5.000 euros.

Todos los concejales y casi todos los asesores y trabajadores del grupo municipal del PP aportaron los 1.000 euros. La orden, creen los investigadores, venía desde la cúpula del partido, dominado con mano férrea por Barberá, que fue alcaldesa 24 años, entre 1991 y 2015. La senadora, sin embargo, se hace pasar por un militante más: ha recordado varias veces que no tenía cargo alguno ni en el partido ni en el comité de campaña del PP.

Como el resto de concejales, Barberá aportó mediante cheque 1.000 euros para la campaña del PP. Anticorrupción cree que ese dinero le fue devuelto en billetes de 500, como al resto de concejales, asesores o trabajadores del partido que contribuyeron.

Varios exasesores del PP en Valencia han reconocido la devolución en billetes de 500 de los 1.000 euros teóricamente aportados para financiar la campaña electoral. Todos ellos -una especialista en prensa, un asistente- reconocieron el blanqueo de capitales en el asunto y ubicaron a García-Fuster en el centro de la trama.

Otra exasesora, que se negó a participar en el supuesto blanqueo, recogió en su momento un relato del asunto que puso a disposición de los investigadores. “Todo el mundo es consciente de que se está realizando un presunto supuesto blanqueo” del que participaba el PP de Valencia en pleno excepto “cuatro asesores”, escribió. Según su versión, Luis Salom, el asesor de los líos del PP, le dijo “que hay ”fajos de billetes de 500“ en el Grupo municipal Popular” de Valencia y le enseñó en plena calle los dos recibidos a cambio de sus 1.000 euros de procedencia legal.

María José Alcón, exconcejal del PP y esposa del anterior número 2 de Barberá, Alfonso Grau, vincula directamente a la exalcaldesa con el blanqueo en unas grabaciones de la Guardia Civil.

Grau, en otras conversaciones interceptadas, relaciona a Barberá con otra parte de la trama -la de las adjudicaciones irregulares, concretamente a su sobrino- al igual que antes insinuó que la senadora estaba al tanto de la financiación ilegal. El exvicealcalde, ahora juzgado en el caso Nóos, y Alcón, apartada de la candidatura del PP tras la filtración de las primeras grabaciones, están enemistados con Barberá. Grau, que dimitió por la contratación de Iñaki Urdangarín, había abandonado el ayuntamiento y no está imputado en el caso Taula.