La sentencia sobre los contratos de la Generalitat con una empresa de la trama Gürtel para el expositor valenciano en Fitur, que ha dado a conocer este viernes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, llega a los ocho años de iniciarse el caso Gürtel y casi un año después de acabado el juicio.

La conocida como la número tres de las seis piezas separadas de la conocida como rama valenciana del caso Gürtel es la única que se ha visto en Valencia, además de la denominada “causa de los trajes”, ya que las otras cinco han pasado a la Audiencia Nacional tras no quedar aforados entre los imputados.

El origen de toda esta causa es la investigación que hace ocho años, en febrero de 2009, inició el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre una supuesta trama de corrupción ligada presuntamente a cargos del PP que operaba principalmente en Madrid y Valencia.

El denominado caso “Gürtel”, por la traducción al alemán del apellido de uno de los supuestos cabecillas de la trama, Francisco Correa, llegó al TSJCV en mayo de 2011, tras la inhibición del TSJ madrileño, al que la Audiencia Nacional había remitido la causa por haber aforados en su Asamblea.

El TSJCV dividió la causa en tres piezas: sobre supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007; sobre presunto delito continuado de falsedad documental relacionada con los actos de este partido durante los comicios generales de 2008, y sobre los contratos para Fitur de 2005 a 2009.

Tres nuevas piezas

En febrero de 2013, el TSJCV abrió tres piezas más, referidas a las contrataciones de RTVV para la visita del papa en 2006, a las contrataciones de la Generalitat con la trama (a excepción de las de Fitur), y a supuestos delitos contra la Hacienda Pública de Orange Market derivadas de las piezas una y dos.

La instrucción de la pieza sobre los contratos de Fitur fue la primera en acabar, en diciembre de 2012, si bien el juicio no comenzó hasta el 31 de marzo de 2015, a pesar de que la vista oral se había fijado para un año antes.

La dimisión como diputadas autonómicas de las dos exconselleras de Turismo procesadas en la causa -Milagrosa Martínez y Angélica Such- a pocos días del inicio de la vista oral originó un conflicto de competencias en el que se tuvo que pronunciar el Tribunal Supremo, que finamente estableció que debía juzgarse en el TSJCV.

De esta forma, el juicio comenzó finalmente el 31 de marzo de 2015, aunque se suspendió al día siguiente a petición de las defensas para que pudieran examinar nueva documentación, y se retomó el 19 de junio.

Trece procesados

En el banquillo se sentaron trece procesados: siete por sus responsabilidades en la Administración autonómica (dos exconselleras de Turismo y cinco empleados públicos), y seis de empresas de la trama Gürtel, entre ellos Francisco Correa, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Álvaro Pérez “El Bigotes”.

Después de 65 sesiones, el juicio quedó visto para sentencia el 14 de abril de 2016, hace 303 días, si bien la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, ya había alertado de que la redacción del fallo judicial era “un trabajo muy complicado”, dada la cantidad de testigos, acusados y documentación y la duración del juicio.

El responsable de la redacción de la sentencia de los contratos de Fitur es el magistrado Antonio Climent, el mismo que presidió el juicio en el TSJCV “de los trajes”, en el que quedaron absueltos en 2012 Francisco Camps y Ricardo Costa, y fueron condenados el exvicepresidente Víctor Campos y Rafael Betoret.

La exconsellera de Bienestar Social Angélica Such ha afirmado este lunes que durante su etapa al frente de la Conselleria se mantuvo el número las plazas concertadas y no se amplió al 100 % como reclamaban las empresas, y ha negado que hubiera presiones o trato de favor hacia las mismas.

Such, quien fue titular de Bienestar Social desde agosto de 2009 hasta mediados de 2011, ha comparecido en la comisión de investigación de las Corts sobre el proceso de adjudicación de las plazas de residencias para dependientes a los centros del grupo Savia.

Ha afirmado que no recibió ninguna “instrucción o invitación” para ampliar el número de plazas concertadas, y ha asegurado que las plazas que había cuando llegó son las mismas que cuando se marchó y se mantuvieron porque, según ha dicho, estaban ocupadas por usuarios y eran necesarias.

Sin embargo, no se consideró que fuera necesario ampliarlas más allá del segundo tercio acordado en 2008, ya que no existía por aquel entonces “una problemática con las listas de espera”, y no se entendía que hubiera obligación legal de hacerlo.

Such ha indicado que cuando llegó a la Conselleria se había ampliado el concierto de plazas a un segundo tercio (unas 1.800 más) y ha justificado que este contrato se hiciera de forma negociada sin publicidad porque en ese momento estaba avalado por una cláusula de exclusividad que regía para el primer tercio.

Ha explicado que el protocolo firmado en 2008 para ampliar ese segundo tercio establecía también la posibilidad de ir ampliado las plazas concertadas hasta el cien por cien, pero ha afirmado que se decidió no hacerlo, al considerar que se trataban de una posibilidad pero “no de una facultad legal”.

Las empresas, “descontentas” con el Consell

La exconsellera ha indicado que las empresas del sector recurrieron la decisión porque estaban “descontentas con la actuación del Consell” y consideraban que tenían derecho a esa ampliación de plazas, pero la justicia finalmente ha dado razón a la Administración.

“No hubo presión ni trato de favor”, ha asegurado Such, quien ha negado haberse reunido con su antecesor en el cargo, Juan Cotino, para hablar de las plazas de las residencias, y ha asegurado que ella tenía “la responsabilidad absoluta” sobre la Conselleria, pese a que Cotino mantenía la Vicepresidencia social del Consell.

Ha indicado que se reunió con Cotino cuando le traspasó la cartera para tratar sobre todos los temas de la Conselleria, pero ha afirmado que éste ni intervino ni controló su gestión.

Ha negado también conocer al empresario Enrique Ortiz y al exgerente de Imelsa Marcos Benavent, y sobre el exdirigente del PP Alfonso Rus ha afirmado que “claro” que lo conocía, pero que su relación con él era como con cualquier otro de sus compañeros de partido.

Preguntada sobre si era consciente de las deficiencias denunciadas en algunas residencias, ha dicho recordar algunos problemas, como uno en la residencia de Carlet relacionado con los menús, pero ha indicado que la inspección “trabaja de manera autónoma” y estaba servida por “muy buenos profesionales”.

El judici del cas Gürtel pels contractes de la Generalitat Valenciana per al seu expositor a Fitur, que celebrava la primera sessió de conclusions, s’ha suspés per a practicar noves proves, les declaracions de més testimonis a proposta de les defenses de Francisco Correa i de Pablo Crespo.

Aquestes declaracions tindran lloc els dies 7, 8 i 11 d’abril i s’han sol·licitat després d’haver-se anunciat que el fiscal ha imputat un altre delicte, el d’associació il·lícita, als capitostos de la xarxa Gürtel i als treballadors de l’empresa de la trama a València, Orange Market.

En aquesta trama de presumpta corrupció estan acusades les exconselleres de Turisme valencianes, Milagrosa Martínez i Angélica Such, i en què també està involucrat Camps, segons una confessió de Correa.

El juicio del caso Gürtel por los contratos de la Generalitat Valenciana para su expositor en Fitur, que celebraba su primera sesión de conclusiones, se ha suspendido para practicar nuevas pruebas, las declaraciones de nuevos testigos a propuesta de las defensas de Francisco Correa y Pablo Crespo.

Estas declaraciones se producirán los días 7, 8 y 11 de abril y se han solicitado después de que se anunciara que el fiscal ha imputado un nuevo delito, el de asociación ilícita, a los cabecillas de la red Gürtel y a los trabajadores de la empresa de la trama en Valencia, Orange Market.

Em esta trama de presunta corrupción están acusadas las ex conselleras de Turismo Valencianas, Milagrosa Martínez y Angélica Such, además de verse involucrado Camps, según una confesión de Correa.

El exjefe del servicio de Promoción y actual jefe de Asistencia Técnica de la Agencia Valenciana de Turismo Jorge Guarro ha señalado al exjefe de gabinete de la conselleria de Turismo, Rafael Betoret, como la persona que le comunicó la necesidad de hacer cambios en los pliegos para Fitur.

Guarro ha hecho estas declaraciones durante el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por los contratos de la Generalitat con la trama Gürtel para el montaje de su expositor en la feria de turismo Fitur.

A preguntas de la fiscal, este imputado ha afirmado que fue Betoret quien le comunicó varias modificaciones en los criterios de elaboración de los pliegos para la contratación del estand de Fitur, entre ellas la licitación de forma conjunta de su diseño y construcción o los porcentajes de valoración de cada apartado.

“Supongo que la decisión vino de arriba, el intermediario fue Betoret”, ha explicado Guarro, quien pensó que estos cambios respondieron a “una nueva política turística”.

Uno de los motivos por los que se decidió cambiar el criterio para el diseño y construcción del estand de forma conjunta respondió, según ha explicado, a la “mala impresión” que había causado el pabellón de la Comunitat en Fitur 2004.

“Estaba hecho como con unos andamios de obra, había chicas con corsés negros y faldas cortas”, ha agregado Jorge Guarro.

Según su testimonio, fueron las conselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such, y los responsables de los servicios de promoción los órganos impulsores de los expedientes de contratación, aunque ha insistido en que era el subsecretario quien autorizaba cualquier gasto.

En este proceso, Guarro ha explicado que recibía órdenes de Isaac Vidal, jefe del área de Mercados, y también del jefe de gabinete, Rafael Betoret.

La fiscal le ha preguntado por cómo es posible que el diseñador de Orange Market dispusiese de los planos y del borrador del pliego del contrato para Fitur antes incluso de publicarse el concurso, tal y como consta en la documentación intervenida, a lo que Guarro ha respondido que no lo sabe.

“Una vez tienes el borrador, lo imprimes y lo pasas (a los superiores), lo podían tener otras personas además de (Ana) Grau y yo”, ha dicho.

Sobre su papel en la mesa de contratación (2005), ha indicado que “la presidenta de la mesa, funcionaria de carrera, propuso pedir a Orange Market y otra empresa que subsanaran deficiencias de sus propuestas y nos dejamos llevar”.

Una de estas deficiencias era la relativa a experiencia técnica previa, que fue argumentada citando un estand para la Cámara de Comercio de Valencia, entre otros trabajos.

La Fiscalía pide para Jorge Guarro siete años de prisión por considerarlo cómplice de prevaricación y de malversación.

Los hechos enjuiciados se refieren a diversas adjudicaciones realizadas por la Agencia Valenciana de Turismo, entidad pública de la Generalitat, a la mercantil Orange Market y otras sociedades vinculadas, que organizaron, además de la presencia institucional de la Generalitat en Fitur, numerosos actos de campaña del PP valenciano.

Los indicios apuntan a que el grupo mercantil “desplegó” sus influencias para conseguir la adjudicación del pabellón valenciano en las ferias Fitur de Madrid, aprovechándose de las “relaciones personales” de sus gestores (Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Isabel Jordán) con las máximas autoridades del Gobierno valenciano.

En este proceso, una de las seis piezas del caso Gürtel abiertas en la Comunitat Valenciana, se juzgan delitos de falsedad, prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias que supuestamente se produjeron en el proceso de contratación de la Generalitat con Orange Market.

Se sientan en el banquillo dos ex conselleras durante el gobierno de Camps: Milagrosa Martínez y Angélica Such; Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo, condenado por la causa de los trajes, y varios cargos intermedios: Jorge Guarro y Juan Bover, jefes del servicio de Promoción; Isaac Vidal, jefe del área de Mercados, y Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT.

También los cabecillas de la trama Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Cándido Herrero, junto a las empleadas de Orange Market Isabel Jordán y Mónica Magariños.

El juicio por los contratos del Consell con Gürtel por el expositor valenciano en Fitur se retoma hoy en el Tribunal Superior de Justicia valenciano con nuevas peticiones de suspensión por parte de las defensas, que alegan no haber tenido tiempo de analizar nueva información disponible.

El juicio oral, que arrancó el pasado 31 de marzo con un año de retraso debido al conflicto de competencias que generó la dimisión como diputadas de dos exconselleras de Turismo, se suspendió al día siguiente a petición de las defensas, por la incorporación de nueva documentación a la causa, suspensión que se aplazaba hasta este jueves 11 de junio por lo que generó la polémica de evitar la imagen del proceso a dos ex responsables del PP durante la campaña electoral.

Los letrados de los imputados que solo lo están en la rama valenciana del caso, es decir, los de las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such y del resto de técnicos de la Conselleria de Turismo, tuvieron conocimiento por sus colegas de que parte de la documentación que obra en la Audiencia Nacional como parte central del caso Gürtel podría estar relacionada con la pieza de Fitur.

Por este motivo solicitaron la primera suspensión, que fue acordada por la presidencia de la sala, y también por esta causa pedirán previsiblemente hoy un nuevo aplazamiento, dado que alegan que el acceso a la documentación ha sido limitado (sólo en tres ordenadores del TSJCV) e incompleto.

Esta parte de la causa, según han explicado a EFE fuentes del caso, está relacionada con los registros practicados en 2009 en los domicilios de Pablo Crespo, Isabel Jordán y la sede de Orange Market y podría contener hasta 8 millones de documentos.

En el banquillo de los acusados se sentarán dos exconselleras de Turismo de Francisco Camps: Milagrosa Martínez y Angélica Such, así como cinco empleados públicos, entre ellos el jefe de gabinete de Martínez, Rafael Betoret.

Martínez llega hoy al juicio todavía como alcaldesa de Novelda (Alicante) en funciones, pues hasta la constitución de los Ayuntamientos, el próximo sábado, se mantiene en el cargo, a pesar de que el PP acordó su expulsión, una decisión que la mayoría del grupo popular municipal rechazó aplicar.

También estarán seis responsables y empleados de la trama Gürtel, entre ellos los supuestos cabecillas, como Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez “El Bigotes”, Cándido Herrero e Isabel Jordán.

Las jornadas de hoy y mañana se han reservado para cuestiones previas, tras lo cual comenzarán las declaraciones de los procesados, que serán entre el 19 de junio -cuando declararán Cándido Herrero y Felisa Jordán- y el 17 de julio, día en que será el turno de las exconselleras Martínez y Such.

En octubre declararán como testigos el expresident de la Generalitat Francisco Camps y el exconseller Rafael Blasco, condenado por el caso Cooperación a seis años y medio de prisión según el fallo del Tribunal Supremo conocido ayer.

La Fiscalía pide penas que van desde los siete años de inhabilitación hasta los once años de prisión, como es el caso de Milagrosa Martínez, Pablo Crespo o Rafael Betoret, quien ya fue condenado en la “causa de los trajes”.

La vista llega seis años después del inicio de la operación Gürtel por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Según la investigación, hay indicios de que Orange Market, encargada de “la mayor parte” de actos del PPCV, se aprovechó de relaciones personales para lograr adjudicaciones, pese a que sus ofertas eran las más caras y no reunían las condiciones necesarias.

La Fiscalía sostiene que el importe total facturado a la Generalitat por la trama Gürtel supera los 5 millones de euros, mientras que los responsables de la trama obtuvieron “ilícitos beneficios” por duplicidades de pago o sobrecostes de, al menos, 298.380 euros.

Este es el segundo juicio que acoge el TSJCV sobre la rama valenciana del caso Gürtel, después de la “causa de los trajes”, que concluyó en enero de 2012 con la absolución de Francisco Camps y Ricardo Costa y la condena para el exvicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete Rafael Betoret.

Esta es una de las seis piezas separadas sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), que ha investigado el TSJCV desde que en mayo de 2011 asumiera la causa, y la primera sobre la que concluyó la instrucción.

Las otras cinco piezas podrían ser juzgadas en la Audiencia Nacional, ya que el TSJCV ha considerado que no es competente para hacerlo al no quedar aforados en ellas.

El juicio por las supuestas irregularidades en la contratación de la Generalitat con la trama Gürtel para el montaje del expositor valenciano en Fitur ha quedado suspendido hasta el próximo 11 de junio.

Así lo ha informado la presidenta de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, quien ha dicho que la decisión se adopta para “garantizar al máximo el derecho de defensa de los acusados”.

La sala estima así las peticiones de las defensas de los acusados que habían pedido la suspensión del juicio por la reciente incorporación a la causa de documentación que no estaba a disposición de las partes en el momento de formular los escritos de acusación y defensa.

Tras un receso de unos 45 minutos en el que la Sala ha analizado la cuestión, la presidenta ha comunicado la decisión de suspender el juicio, que se retomará el 11 de junio a las 9.30 horas, una vez pasadas las elecciones autonómicas y municipales.

Según el TSJCV, la ley procesal “arbitra los mecanismos necesarios para poder introducir en este momento procesal aquellos pormenores que interesan a la defensa de las partes”, como la aportación de cuanta documentación estimen oportuna o la obtención de los correspondientes testimonios.

Esto, destaca el tribunal, lo pueden hacer “no solo las partes personadas” en Tribunal Central de Instrucción número 5 de Madrid, que instruye la causa global del caso Gürtel, sino también “las restantes partes ante su evidente condición de interesados legítimos”.

No obstante, la sala decide suspender el juicio para “garantizar al máximo el derecho de defensa de las partes y reconociendo la complejidad de la causa” con el fin de “permitir a las partes un más profundo estudio del material probatorio que pueda haber en otros órganos judiciales”.

Respecto a la recusación de uno de los magistrados de la Sala, Juan Climent, planteada por la defensa de Pablo Crespo, considerado uno de los cabecillas de la trama Gürtel, la presidenta ha señalado que se resolverá por escrito.

El considerado como uno de los cabecillas de la trama Gürtel y exdirigente del PP gallego, Pablo Crespo, ha considerado que los que acabarán en el juzgado serán los empresarios como él y algunos políticos “se irán de rositas, que es lo que suele suceder casi siempre”.

Crespo ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de entrar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que este miércoles celebra la segunda sesión del juicio por los contratos de la Generalitat con la red Gürtel para la promoción turística en la feria Fitur.

Ha reiterado hoy su acusación sobre dos de los hombres fuertes del Ministerio del Interior durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho, a quienes culpa de haber “orquestado todo, desde su inicio, con el objetivo de perjudicar al PP”.

Gürtel “acababa en el despacho de Camacho”

Según ha dicho, “todo lo de Gürtel acababa en el despacho de Camacho, que entonces era jefe de seguridad”, y allí acudió José Luis Peñas, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda y denunciante de Francisco Correa “con las famosas cintas y algunas cosas más”.

“Otra cosa es que el PP ahora se ponga de perfil porque este tipo de cosas no le conviene. Es un partido y así responde”, ha comentado Pablo Crespo, y ha añadido que “seremos los empresarios” los que finalmente acabarán en el juzgado y algunos políticos “se irán de rositas, que es lo que suele suceder casi siempre”.

“Vamos a demostrar que no solo cobramos lo que teníamos que cobrar, sino que en algunos casos cobramos menos de lo que teníamos que cobrar”, ha subrayado Crespo, que ha asegurado que “jamás” ha tenido relación con el expresident de la Generalitat Francisco Camps “ni con nadie del Consell” ya que dirigía el conglomerado de empresas desde Madrid y en Valencia “estaba Álvaro Pérez”, que imagina que “tendría relación con Camps y con mucha gente, lo cual no implica que esas relaciones fueran impropias, los contratos se han hecho”.

“Cuestión distinta es cómo haya elaborado los informes la Udef y bajo instrucciones de quién y de qué, de lo que tendrán que responder cada uno de los que hayan elaborado un informe falso cuando nosotros aquí, en sede judicial, demostremos que lo son”, ha aseverado el empresario, quien insistía en que los informes policiales son “estrambóticos y falsos”. Además, ha señalado que se ocultó información que ahora “ha aparecido en el Juzgado Central de Instrucción número 5” relacionada con Fitur y que no está en el TSJCV.

“Venimos a hablar de temas jurídicos”

La alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, procesada en la pieza del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur dentro del caso Gürtel, ha eludido hablar de cuestiones políticas y ha remitido a su abogado para todas las cuestiones jurídicas.

Al acceder al Tribunal Superior de Justicia, Martínez, exconsellera de Turismo y actual alcaldesa de Novelda a pesar de estar procesada y de haber sido expulsada del PP, ha insistido en que “políticamente no voy a hacer ningún tipo de declaración”, para añadir, “venimos a hablar de temas jurídicos y los mejor preparados son mis abogados”.

José María López Coll, abogado de Milagrosa Martínez, ha destacado que en la primera sesión hubo “diez horas de debate jurídico. La sala se está comportando muy bien”, al tiempo que añadía que “fondo político” hay en todas las cosas, pero aquí, en la vista oral de la pieza de Fitur del caso Gürtel, “se están tratando temas jurídicos”.

Pruebas que “no están en el proceso”

Sobre la petición de suspensión del juicio, el letrado ha indicado que “hay pruebas que no están en este proceso y eso no es de recibo. Pedimos que se suspenda el juicio hasta que tener acceso a todas las pruebas”, mientras puntualizaba que la pretensión no es anular el juicio, porque supondría una “agonía para los procesados”, pero ha recalcado que en Madrid hay varios miles de documentos que “pertenecen a esta causa y no están aquí. Pedimos que los traigan para examinarlos y para eso se necesita tiempo”.

Such no sabe “qué hizo”

La defensa de la exconsellera Angélica Such ha pedido hoy que se “levante la acusación” contra su cliente, al no saberse “qué hizo” ni en “qué consintió”, así como también ha calificado de “arbitraria e injusta” la acusación contra la exconsellera durante el Gobierno de Francisco Camps.

Ha destacado que entre 2007 y 2008, durante los que Such ejerció como responsable de Turismo, firmó “distintas y variadas” resoluciones, y ha indicado que ni en el escrito del fiscal, ni en el de la acusación ni en el auto de apertura de juicio se dice “qué hizo, qué firmó o qué consintió para estar procesada en esta causa”.

“Nadie sabe por qué está aquí Such”, ha planteado su abogado, quien ha considerado que esta situación sería “suficiente” para que, por causas de justicia, no continuara el juicio respecto a su representante y se levantara la acusación contra ella.

En este proceso, una de las seis piezas abiertas por financiación ilegal del PP valenciano, se juzgan delitos de falsedad, prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias que supuestamente se produjeron en el proceso de contratación de la Generalitat con Orange Market

Acusados exaltos cargos del Consell de Camps

Se sientan en el banquillo dos exconselleras durante el gobierno de Camps -Milagrosa Martínez y Angélica Such-, así como Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo, condenado por la causa de los trajes, y varios cargos intermedios: Jorge Guarro y Juan Bover, jefes del servicio de Promoción; Isaac Vidal, jefe del área de Mercados, y Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT.

También los cabecillas de la trama Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Cándido Herrero, junto a las empleadas de Orange Market Isabel Jordán y Mónica Magariños.

El considerado número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha afirmado este martes que es un “empresario normal y corriente” y ha subrayado que no conoce a nadie del Gobierno del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, así como que viene al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a “buscar justicia”, al tiempo que insistía en que lleva seis años a la espera de que les juzguen “de una vez”.

Crespo ha respondido a los medio antes de declarar por la pieza 3 del caso Gürtel por las supuestas irregularidades en contrataciones de Fitur entre 2005 y 2009, una causa en la que se juzga a 13 personas, entre las que se encuentran las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such.

El empresario, para quien el juicio es “un momento muy importante”, se ha referido a las penas de prisión a las que se enfrentan, “contra el vicio de pedir, la virtud de no dar”, además de apuntar que es la primera vez que se enfrenta a un proceso judicial de este tipo, ya que es un empresario “normal y corriente”.

El número dos de Gürtel -quien ha críticado a la Udef de la Policía Nacional por hacer “informes falsos”- ha aseverado que no tenía ninguna relación con Francisco Camps, así como que “no he visto en mi vida a nadie del Consell de Camps ni conozco a Milagrosa Martínez”.

Después de que este miércoles el TSJCV fijara para el próximo 31 de marzo el inicio del juicio a las exconselleras de Turismo de Francisco Camps, Milagrosa Martínez y Angélica Such, imputadas dentro de la rama Fitur del caso 'Gürtel', su partido, el PP de la Comunitat Valenciana, ha transformado su expediente informativo en disciplinario.ç

Así lo han informado los populares en un comunicado en el que han informado que este cambio en el tipo de expediente se realiza “de conformidad con los Estatutos del Partido Popular”. Así añaden que la resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte sentencia o en su caso auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial.

El juicio por esta rama del Gürtel empezará el próximo 31 de marzo y se prolongará en 37 sesiones hasta el 8 de octubre. La vista se abre por los delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos en la contratación de la Generalitat con Orange Market por el expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur entre 2005 y 2009, y cuenta con trece procesados.

Se sentarán en el banquillo la cúpula de Gürtel y Orange Market (Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños); las referidas exconselleras de Turismo de la Generalitat (Milagrosa Martínez y Angélica Such), así como el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret y otros cuatro empleados públicos.

Martínez sigue de alcaldesa

Cabe recordar que la imputada Milagrosa Martínez, exconsellera de Turismo y expresidenta de las Corts, se mantiene como alcaldesa de Novelda por el PP. Esta situación ha sido calificada por la diputada de Esquerra Unida, Esther López Barceló, como “inconcebible y escandalosa” porque la Fiscalía le pide por sus cargos 11 años de prisión.

“Es una auténtica vergüenza y demuestra que el señor Fabra no tiene ningún tipo de credibilidad ni de peso dentro de su propio partido”, lamenta López Barceló, quien en nombre de Esquerra Unida ha exigido la dimisión de Martínez como alcaldesa de Novelda, y que “no permita que la más alta representación de esta ciudad se siente en el banquillo de los acusados cuando comience el juicio de Fitur”.

El juicio por la pieza del caso Gürtel relativa a las contrataciones de la Generalitat para la organización del expositor valenciano en Fitur empezará el próximo 31 de marzo y se prolongará en 37 sesiones hasta el 8 de octubre, según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).

La tercera de las seis piezas separadas sobre la supuesta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana investiga la posible prevaricación y cohecho en la contratación de la Generalitat con Orange Market, empresa de la red Gürtel, para el montaje del pabellón valenciano en la feria Fitur de Madrid entre 2005 y 2009, en la etapa de gobierno de Francisco Camps.

Hay trece personas procesadas en el caso, siete por sus responsabilidades en la Administración autonómica (dos exconselleras de Turismo y cinco empleados públicos) y seis de empresas de la trama Gürtel, entre los que figuran los presuntos cabecillas.

Ésta es la primera pieza sobre la que se dictó apertura de juicio oral, que iba a comenzar el 31 de marzo de 2014 en el TSJCV, si bien la dimisión pocos días antes como diputadas autonómicas de las dos exconselleras de Turismo procesadas, Milagrosa Martínez (que no obstante sigue de alcaldesa de Novelda) y Angélica Such, llevó al alto tribunal a considerar que no era competente y que debía juzgarlo la Audiencia de Valencia.

El Tribunal Supremo señala en la sentencia en la que acuerda que debe ser el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) el encargado de juzgar la rama Fitur del caso Gürtel que las dos diputadas autonómicas del PP -Angélica Such y Milagrosa Martínez- que renunciaron a sus escaños días antes de la fecha fijada para la vista trataron de usar una “táctica dilatoria que en modo alguno puede tener acogida en el ordenamiento jurídico”. Pide que se fije el inicio del juicio “sin demora”.

La sentencia dada a conocer este viernes aplica por primera vez la doctrina establecida el pasado 2 de diciembre por el Pleno de Sala de lo Penal del alto tribunal para que sea el auto de apertura de juicio oral el que determine la imposibilidad de una renuncia del aforamiento con efectos procesales.

Con este criterio ha sido resuelto ahora el recurso planteado por la Fiscalía Anticorrupción tras la renuncia a sus escaños de las diputadas autonómicas Angélica Such y Milagrosa Martínez, procesadas en el caso Fitur.

En la actualidad, los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo se ocupan de conocer las causas contra las personas aforadas, como diputados, magistrados o miembros del Gobierno. A partir de ahora los aforados ante el propio Supremo o los TSJ no tendrán opción a renunciar a su fuero una vez que se haya dictado auto de apertura de juicio oral contra ellos, según ha informado el alto tribunal.

Además, el tribunal afirma que el aforamiento se encuentra en un confuso marco normativo y que, como el legislador hasta ahora “ha desatendido las llamadas para una regulación clara que al respecto le ha efectuado el Tribunal Constitucional”,*por lo que ha ofrecido una solución a las vacilaciones jurisprudenciales hasta que esta cuestión se resuelva en clave legislativa.

Doctrina para imputados

La resolución de la que ha sido ponente Joaquín Giménez García, explica las razones que han llevado al Pleno a adoptar por unanimidad su acuerdo, que establece que es en el momento de apertura de de juicio oral, cuando quedan delimitados los hechos objeto de enjuiciamiento y las personas concernidas en relación a él.

Añade que que en la medida que el juicio oral está abierto ante un tribunal, el proceso sólo puede terminar por sentencia u otra resolución similar que ponga fin a la causa; a lo que se suma que la decisión del juez de instrucción de abrir juicio no es susceptible de cuestionamiento.

Recurso de la Fiscalía

El Ministerio Público presentó el pasado abril un recurso después de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia dejara el caso en manos de la Audiencia Provincial al considerar que la renuncia a sus escaños en las diputadas autonómicas Angélica Such y Milagrosa Martínez conllevaba necesariamente su falta de competencia por carecer todos los acusados de la condición de aforados.

La Fiscalía recurrió al entender que dicha resolución no era ajustada a derecho y anunció un recurso por infracción de precepto legal y constitucional. La Sala de lo Civil y Penal del TSJ se declaró incompetente para enjuiciar la pieza de Gürtel relativa a las contrataciones por la Feria de Turismo Fitur.

En la pieza 3 del 'caso Gürtel' están procesadas 13 personas: Milagrosa Martínez; la también exconsellera de Turisme Angélica Such; Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa -considerados presuntos cabecillas de la trama-; Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la trama; y Mónica Magariños, exempleada de las mismas entidades.

Para Milagrosa Martínez, la Fiscalía solicita una pena de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, mientras que para Such --quien dejó su acta de diputada 'popular' hace aproximadamente un mes-- requiere otros nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.

El PSPV, que ejerce de acusación popular en el 'caso Gürtel', varía las penas con respecto al ministerio público y solicita entre seis y 11 años de prisión para Martínez, y entre 27 y 37 años de inhabilitación, así como el pago de una multa de casi ocho millones de euros; Para Such requiere cuatro años de cárcel, 26 de inhabilitación y 3,5 millones de euros de multa.

A los procesados en esta pieza se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market -y otras sociedades vinculadas-, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV. Las adjudicaciones fueron contratos relativos a Fitur entre 2005 y 2009, y otros contratos menores.

Asimismo, están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.

La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado este martes que presentará un recurso de casación ante el Supremo contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el que declina su competencia para enjuiciar la pieza 3 de Gürtel, relativa a las contrataciones de la Generalitat para Fitur.

Según ha informado el Ministerio Público, se considera que la decisión del alto tribunal valenciano no es ajustada a derecho por “infracción de precepto legal y constitucional”.

El pasado 16 de abril, el TSJCV resolvió declararse incompetente para juzgar la pieza del caso Gürtel sobre las contrataciones de la Generalitat con empresas de Gürtel para montar el pabellón valenciano en la feria de turismo Fitur de Madrid.

El TSJCV estimó que la citada pieza debía pasar a la Audiencia de Valencia al haber renunciado a su escaño de diputadas autonómicas dos de las imputadas, que por tanto habían perdido su condición de aforadas.

El juicio sobre esa pieza iba a comenzar el pasado 31 de marzo en el TSJCV, pero se suspendió tras la pérdida del fuero de las exconselleras de Turismo Angélica Such y Milagrosa Martínez, quienes renunciaron al acta de diputadas autonómicas días antes del comienzo de la vista oral.

El alto tribunal valenciano consideró entonces que la Audiencia de Valencia debía ser el órgano competente para ese juicio -el primero que se iba a celebrar de las seis piezas separadas sobre la supuesta financiación irregular del PP valenciano-, en tanto que había dejado de haber aforados entre los trece procesados en la causa.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se ha declarado “no competente” para juzgar la pieza 3 del caso 'Gürtel', sobre las contrataciones de la Generalitat con Orange Market -dirigida por Álvaro Pérez 'El Bigotes'- para la feria de Fitur. Esta pérdida de competencia se produce después de la renuncia a sus escaños en las Corts de las exconselleras imputadas Angélica Such i Milagrosa Martínez, con lo que dejaban de ser aforadas.

El TSJCV ha señalado de este modo a la Audienca de Valencia como el órgano al que le corresponde juzgar esta pieza. Añadía además el tribunal que la resolución sobre la pieza de Fitur se ejecutaría cuando sea firme, y que esta puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV decidió suspender el comienzo del juicio por la pieza 'Fitur' del caso 'Gürtel' hasta que se dictaminara la competencia o no del alto tribunal autonómico, resolución que al final ha derivado el caso al tribunal provincial.

Esta resolución de no competente contrasta con la posición mantenida por la Fiscalía Anticorrupción que sí consideraba competente al TSJCV. El Ministerio Fiscal considera que el Supremo ya resolvió que era competencia del TSJ valenciano todos los hechos justiciables cometidos en Valencia y vinculados a Orange Market, empresa de la trama Gürtel, tanto la contratación pública como la privada del PP por parte de aforados o no aforados.

La Fiscalía también alertaba que podría haber “fraude de ley” en la renuncia al fuero de las exconselleras por haberse producido un año después de conocer los escritos de acusación y ocho meses después de haberse dictado auto de apertura de juicio oral.

La Fiscalía Anticorrupción considera competente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para juzgar la pieza 3 del caso Gürtel, sobre las contrataciones de la Generalitat con la trama para la feria Fitur, pese a la pérdida de fuero de dos de las principales imputadas, las exconselleras de Turismo en la etapa de Francisco Camps, Milagrosa Martínez y Angélica Such.

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV decidió el pasado martes suspender el comienzo del juicio por el caso de las contrataciones de la Generalitat con la red Gürtel para montar el pabellón valenciano en la feria de turismo Fitur de Madrid, previsto para el próximo 31 de marzo, y dio de plazo hasta hoy a las partes para que se pronunciasen sobre la competencia para enjuiciar esta causa.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso Efe, considera que el Supremo ya resolvió que era competencia del TSJ valenciano todos los hechos justiciables cometidos en Valencia y vinculados a Orange Market, empresa de la trama Gürtel, tanto la contratación pública como la privada del PP por parte de aforados o no aforados.

Asimismo, el ministerio público observa “fraude de ley” en la renuncia al fuero de las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, por haberse producido un año después de conocer los escritos de acusación y ocho meses después de haberse dictado auto de apertura de juicio oral.

Cabe recordar que Such renunció a su acta de diputada en cuanto el Presidente del PPCV y de la Generalitat, Alberto Fabra, pidió su acta, mientras que Martínez se resistió a salir del parlamento, hasta que claudicó tras muchas presiones dentro del PP y amenazas de ser expulsada.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha suspendido el juicio por la concesión de varios departamentos de la Generalitat a la trama Gürtel de varios trabajos en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

El alto tribunal, el único que puede juzgar a aforados (diputados de las Corts Valencianes, por ejemplo) cree que puede no ser competente para ver el caso tras las renuncias de dos de las encausadas, Angélica Such, exconsellera de Turismo, y Milagrosa Martínez, exconsellera de Turismo y expresidenta del parlamento autonómico. Ambas han dejado sus escaños recientemente, presionadas por la dirección del PP.

La Fiscalía cree que el TSJ debería juzgar el caso. Si su petición no fuera atendida, éste sería visto en la Audiencia de Valencia. Para la acusación pública, la renuncia a pocos días del juicio de Martínez “reviste fraude de ley”. Al menos, “más de un año después de conocer el escrito de acusación formulado contra ella, ocho meses después dictarse auto de apertura de juicio oral y a sólo nueve días del comienzo del juicio, en ningún modo supone la pérdida de competencia de este Tribunal Superior y reviste carácter de fraude de ley”.

El TSJ escuchará ahora a las partes antes de decidir donde se debe celebrar el juicio. Such, Martínez y otros 11 procesados serán juzgados por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos en la contratación de la Generalitat con Orange Market, empresa de la trama Gürtel, del pabellón de la Comunitat Valenciana en Fitur entre 2005 y 2009.

Las supuestas irregularidades se cometieron durante la etapa de gobierno de Francisco Camps.

La Fiscalía cree que la renuncia de Milagrosa Martínez, expresidenta de las Corts Valencianes, a su escaño en el parlamento autonómico, “reviste carácter de fraude de ley”. Así lo ha dicho la acusación pública, la representación estatal encargada de perseguir delitos, después de que la aún alcaldesa de Novelda (Alicante) haya presentado se renuncia ante las presiones de Alberto Fabra.

Según la Fiscalía, la renuncia de La Perla, su sobrenombre en política, no puede suspender el juicio por una de las ramificaciones valencianas del caso Gürtel. Al menos, “más de un año después de conocer el escrito de acusación formulado contra ella, ocho meses después dictarse auto de apertura de juicio oral y a sólo nueve días del comienzo del juicio, en ningún modo supone la pérdida de competencia de este Tribunal Superior y reviste carácter de fraude de ley”.

La Fiscalía pretende que el caso no se desvíe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) a la Audiencia de Valencia, donde, según fuentes jurídicas, debería recaer después de las dimisiones de la ya exconsellera Angélica Such y, ahora, de Martínez. Ambas eran aforadas y, tras sus renuncias, deberían ser juzgadas por un tribunal ordinario. El juicio iba a comenzar el 31 de marzo.

Según Europa Press, el alto tribunal valenciano ha solicitado a la cámara autonómica que acredite la situación de Martínez, y, tras escuchar a las partes, dictará un auto en el que se reconocerá sin competencias para juzgar la pieza relativa a Fitur dentro del 'caso Gürtel', al no haber ya ningún aforado procesado.

Para la Fiscalía, sin embargo, la situación es diferente. El TSJ tiene la competencia “única para conocer de la totalidad de los hechos presuntamente cometidos por la denominada 'rama valenciana del Grupo Correa' tal como ya acordó el Tribunal Supremo, al tratarse de un único procedimiento con numerosos aforados”.

Martínez está procesada por los contratos para el pabellón de la Generalitat en Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, adjudicados a la trama Gürtel. La Fiscalía solicita para ella once años de prisión y 34 de inhabilitación.

¿Y la alcaldía de Novelda?

Las presiones del PP han logrado apartar a Martínez de las Corts Valencianes, no así de la alcaldía de Novelda. “¿Acaso los ciudadanos de Novelda son menos que el resto?”, se ha preguntado Ximo Puig, líder del PSPV-PSOE.

“La decisión de dejar el escaño de Milagrosa Martínez debe ser seguida por el resto de los diputados del grupo del PP imputados o afectados por casos de corrupción. No se puede compatibilizar el escaño y el banquillo por salud democrática de las Cortes Valencianas”, ha dicho Marga Sanz, portavoz de EU en las Corts.

El PP aún tiene 6 imputados en el parlamento valenciano. Hace pocos meses, en mayo de 2013, casi un 20% del grupo estaba bajo sospecha de haber delinquido.

Tras la renuncia de la exconsellera de Turismo Angélica Such a su acta de diputada, que se producía en la tarde del pasado jueves después de que el President de la Generalitat, Alberto Fabra, se refiriera a que quienes sean procesados en casos vinculados a temas de corrupción deben quedar fuera de la política, este viernes se ha referido a la situación de Milagrosa Martínez, también parlamentaria autonómica

Tanto Such como Martínez están imputadas por diversas irregularidades cometidas durante su etapa como máximas responsables de la conselleria de Turismo por contrataciones con empresas de la trama Gürtel para las ferias de Fitur, y el vicepresidente del Consell, José Císcar, se ha referido este viernes a la situación en la que queda Martínez tras la renuncia de Such, “se está trabajando en este tema y su situación se resolverá en pocos días”.

Císcar ha explicado que si la exconsellera no deja su escaño de forma voluntaria, “obviamente” el presidente de los populares valencianos y el grupo parlamentario popular “tendrá que tomar medidas”, y ha recordado las palabras de Fabra, quien aseguró que los procesados por supuestos casos de corrupción “tienen que dejar su escaño”, reafirmando la 'línea roja' contra la corrupción anunciada hace unos meses.

Así, el vicepresidente del Consell se ha referido a la “sensibilidad” del President hacia la opinión y las preocupaciones de los ciudadanos, y ha puesto como ejemplo las encuestas del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), “en julio de 2011, la corrupción era el quinto problema para los ciudadanos, mientras que en diciembre de 2013 se había convertido en el segundo motivo de preocupación”.

En este sentido, Císcar ha reiterado que los implicados en presuntos delitos relacionados con la corrupción “no puede estar al mismo tiempo sentado en un escaño y en el banquillo”, y ha sentenciado que esta norma “es de aplicación general”.

Císcar también se ha mostrado de forma clara sobre si expulsar a los encausados en casos de corrupción de Les Corts implica quedarse en minoría en el parlamento autonómico, “el President busca recuperar la confianza de los ciudadanos, y si con ello se tiene que producir esa minoría en Les Corts, se producirá”.

Reacción de la oposición

Tras la renuncia de Such, no se han hecho esperar las reacciones de la oposición. Así,desde el PSPV, Antonio Torres instaba a Fabra a “dejar de hablar de corrupción y actuar”, y ha insistido en que ésta es “una buena oportunidad de sacar a dos imputadas por casos de corrupción de Les Corts”, y le ha instado a que no espere a que los encausados dejen su escaño y los expulse él “de forma inmediata”.

Desde Esquerra Unida, su portavoz, Marga Sanz, ha insistido en que Martínez está “obligada” a dejar el escaño, tal y como hizo Such, y ha instado a Fabra a que “mueva ficha” si lo que pretende es tener “una mínima credibilidad sobre sus líneas rojas”, emplazando a los siete diputados imputados por corrupción a que abandonen su escaño en Les Corts.

El portavoz de Compromís, Enric Morera, por su parte, ha asegurado que la renuncia de Such “llega tarde”, y ha insistido en que los implicados en el caso Gürtel “están ensuciando el buen nombre de las instituciones valencianas desde hace muchos años”, así como que lo que se “resisten” en dimitir demuestran que “están en política por un cargo, un sueldo y una gran impunidad. No son servidores de lo público, no respetan a su presidente ni las instituciones en las que está ni a los ciudadanos”.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Cámara valenciana, Such ha presentado esta misma tarde su renuncia en el registro del Parlamento autonómico.

Angélica Such, licenciada en Derecho, fue elegida diputada del PP por la circunscripción de Alicante. En la Generalitat Valenciana, ha sido titular de las carteras de Turismo (2007) y Bienestar Social (2009), tras haber sido concejala en el Ayuntamiento de Benidorm (Alicante).

La renuncia se produce horas después de que el presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, haya reiterado que todas aquellas personas que estén procesadas en casos vinculados a la corrupción “tienen que quedar fuera de lo que es la vida política”.

“Estamos trabajando en eso y en pocos días les podremos avanzar un poquito más”, ha asegurado tras la inauguración de una jornada empresarial al ser cuestionado por los medios sobre su opinión ante el próximo inicio del juicio por la pieza 3 del 'caso Gürtel', que investiga supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre 2005 y 2009, en el que están procesadas las exconsejeras de Turismo de los Gobiernos de Camps Milagrosa Martínez y Angélica Such.

El President de la Generalitat, Alberto Fabra, ha señalado este jueves que los diputados de su partido que están imputados que pasan a ser procesados por temas de corrupción “tendrán que dejar el escaño o abandonar el Grupo Parlamentario Popular”, insistiendo en su intención de que “ningún imputado formará parte de ninguna lista” del PPCV.

En una entrevista en la cadena Cope Fabra ha señalado así a las exconselleras de Camps y diputadas del PP, Milagrosa Martínez (también expresidenta de las Corts) y Angélica Such, que serán procesadas a partir del 31 de marzo por la rama Fitur de la trama corrupta Gürtel. Ambas exconselleras serán juzgadas junto a otros 11 imputados acusadas por delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos en la contratación de la Generalitat con Orange Market, empresa de la trama Gürtel, por el pabellón de la Comunitat Valenciana Fitur entre 2005 y 2009, durante la etapa de gobierno de Francisco Camps.

Fabra, en una entrevista a la cadena Cope, ha señalado que “una de las grandes batallas de la clase política debe ser erradicar la corrupción” y por ello ha destacado que mantiene “la línea” de que hay que “preservar la presunción de inocencia”, pero que “los que estén inmersos en procesos judiciales no pueden tener representatividad” ni en el Gobierno ni en el partido.