La presidenta de Andalucía y candidata a secretaria general del PSOE, Susana Díaz, ha hecho un hueco en su apretada agenda antes de las primarias para un único acto político en el País Vasco, una comida con 170 invitados en un hotel de cuatro estrellas de Vitoria, un formato calcado al que empleó hace un par de años el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Díaz, en su fugaz visita, ha dejado dos mensajes de contenido político, que el PSE-EE es un valor dentro del PSOE porque sus cuadros “dieron su vida” por el proyecto a pesar de la amenaza de ETA y que en su proyecto no caben las concesiones al nacionalismo porque para los socialistas únicamente hay dos Estados, “el español y el del bienestar”.

Entre los asistentes al evento se hallaban los leales (Javier Lasarte, su portavoz en Euskadi, controlaba la lista de invitados), desde luego, pero también los cargos del PSE-EE que han acudido “por cortesía” aunque apoyan a Patxi López (Idoia Mendia y su equipo), los curiosos que han asistido a actos de las tres candidaturas para decantarse de cara al domingo e incluso cuadros del partido manifiestamente contrarios a Díaz y que no lo ocultaban en los corrillos que han surgido mientras los invitados esperaban a la protagonista, que ha llegado a la ciudad con unos 20 minutos de retraso, no más que en las últimas visitas de Pedro Sánchez a la capital vasca. Euskadi es el territorio en el que la favorita (a tenor del número de avales) tiene un menor predicamento por la influencia del único lehendakari socialista (el título es vitalicio) y el cierto tirón que conserva Sánchez entre las bases y algunos dirigentes.

Minutos antes de la hora programada, a las 14.00 horas, los camareros ya habían dispuesto varias mesas redondas con rosas socialistas estratégicamente colocadas en el centro de cada una de ellas. En la puerta, el diputado Lasarte y la propia Mendia ejercían de anfitriones mientras veteranos del equipo de Organización de Euskadi como Víctor García Hidalgo o Pepe Caro comprobaban que todo estaba en orden.

No han faltado cuadros como Natalia Rojo, parlamentaria y que no oculta su apoyo a Díaz desde la presentación de su candidatura. Una de las fotografías ha sido la de la llegada de la exconsejera de Patxi López Pilar Unzalu, que se ha fundido en un abrazo con la también exconsejera Mendia. Con Unzalu ha comparecido la expresidenta de las Juntas Generales de Álava María Teresa Rodríguez Barahona.

Algo más tarde ha llegado el exdelegado del Gobierno, Mikel Cabieces, condenado en marzo a un año de prisión por irregularidades en su contratación en Kutxabank después de su salida de la Administración. También han viajado a Vitoria Jesús Eguiguren o el secretario general de UGT, Raúl Arza, así como representantes de las Juventudes Socialistas.

Pero no todos eran, ni mucho menos, afines a la presidenta andaluza. “Yo no soy muy del PSOE del sur”, bromeaba uno de los asistentes en los momentos de espera a la llegada de Díaz. La candidata a liderar el PSOE ha parecido responder a esos comentarios cuando, en su discurso, ha hablado de las “tonterías” que se dicen cuando se alude a que algunos socialistas “no entienden” otras realidades de España. A su juicio, el PSOE “sólo tiene una bandera” en todo el país, “la de la igualdad”, aunque ha apuntado a “una España cohesionada que reconozca las singularidades de los territorios”.

En un mensaje que ya lanzó el lunes en el debate con Sánchez y López, Díaz ha resaltado también que será secretaria general de “todos”, sin prescindir de los que han arropado a otras candidaturas y puedan resultar perdedores. De hecho, ha recordado que el último congreso en Andalucía fue “difícil” pero que tras él el partido salió fortalecido.

Finalmente, ha tenido un guiño para la trayectoria de la federación vasca del PSOE, donde los socialistas “siempre defendieron la libertad” e incluso “dieron su vida”. “Pusieron primero al país, luego al partido y luego a ellos mismos”, ha proclamado Díaz a solamente unos pocos metros del palacio de Ajuria Enea, donde el martes el lehendakari, Iñigo Urkullu, recibió a su compañero Ximo Puig, presidente valenciano.

“Ahora estoy más tranquilo”. Con esa frase se despedía al filo de las tres de la tarde el pasado viernes el exdelegado del Gobierno, Mikel Cabieces, una vez que el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia de Bizkaia, José Ignacio Arévalo, dejara visto para sentencia el caso Kutxabank: los supuestos pagos irregulares por parte de Kutxabank a Cabieces a través del despacho de abogados de Rafa Alcorta con el que la entidad mantiene una iguala (un contrato para la prestación de servicios en materia laboral) desde la época anterior a la fusión de la entidad bancaria.

El juicio más mediático de los celebrados en los últimos años en los juzgados vizcaínos lo es precisamente por el plantel que se sienta en el banquillo de los acusados: Mario Fernández, el expresidente que, tras la fusión de las cajas y la creación del banco en 2012, dejó Kutxabank con los mejores ratios de solvencia de la banca española. Mikel Cabieces, exdelegado del Gobierno en Euskadi, exalcalde de Portugalete y miembro de la Ejecutiva del PSE-EE cuando estalló el escándalo de los supuestos pagos irregulares. Y el conocido abogado laboralista, con una relación estrecha con la entidad desde la etapa en la que trabajaba para la BBK, Rafa Alcorta.

“Si en vez del político Mikel Cabieces hubiera sido una persona sin relevancia, ¿habría terminado el caso en esta vista oral?” Esta cuestión, subrayada por el letrado de Alcorta, Jesús Urraza, en su informe final ha estado planeando desde el comienzo de la causa, a principios de 2015, semanas antes de que la Fiscalía remitiera al juzgado en febrero de 2015 este caso denunciado incialmente por Kutxabank. La letrada de la acusación popular, Jone Goirizelaia, inició su alegato final precisamente recordando que este caso se produce porque “Mario Fernández recibió una llamada de un alto representante del PP para que hiciera algo concreto para Cabieces”, en un claro ejemplo de “puertas giratorias”, según Goirizelaia. La abogada de la acusación quiso también dejar claro que lo que se estaba juzgando aquí no es el éxito en la gestión de Kutxabank de Mario Fernández, “que es evidente que lo ha he hecho muy bien”, ni el trabajo como asesor laboralista de Rafa Alcorta, que para la letrada también está fuera de duda. Lo determinante sigue siendo el pago por parte de Kutxabank de esos 243.598 euros que cobró Cabieces durante los tres años que trabajó para Alcorta por uno servicios que nunca se prestaron. Cobrar por no trabajar, algo que Cabieces ha negado hasta la extenuación desde el inicio de la causa. Porque como dijo el fiscal, Mario Fernández tenía que haberlo puesto “de su bolsillo desde el primer momento. Jugar con su propio dinero, no con el de la entidad que no era suyo”.

¿Por qué Kutxabank tira la piedra (lleva el caso a la Fiscalía), pero esconde la mano (no se persona como parte acusadora)?

Las defensas intentaron parar el juicio, sin éxito, con este argumento. “Hicimos lo que teníamos que hacer. Intentar esconder una cosa como esta era impensable, y menos en el contexto social en el que se producía. Y pese a que entendíamos que dar ese paso iba a dañar la imagen del banco”, argumenta una fuente de la entidad. De hecho, en la reunión del Consejo de Administración del banco de 26 de diciembre de 2014 en la que se da luz verde a exigir a Fernández la devolución del dinero, también se acordó por unanimidad “no ejercitar acciones de carácter judicial”, entre otras cosas para “evitar o minimizar el daño reputacional que pudiera ocasionarse a la entidad de hacer público los hechos”, según recoge el acta de la reunión. ¿Pero alguien pensaba en su sano juicio que si el caso se trasladaba para su conocimiento al regulador en España (Banco de España) y en la Unión Europea (Banco Central Europeo), como así se hizo, era posible enterrar el escándalo ante la opinión pública?

Precisamente por eso, este hecho alimenta una de las teorías que funcionó al inicio de esta causa: que todo obedecía a una 'vendetta' interna de determinados responsables del banco que nunca aceptaron a Mario Fernández y creyeron verse relegados en la entidad. Cobrada la pieza mayor, ¿para qué seguir ligando el nombre de la entidad a este caso? “A veces es más fácil abonar teorías conspirativas que pensar simplemente que las personas hacen bien su trabajo”, contesta la misma fuente.

Independientemente de esto, el tribunal ya ha decidido que la no personación de Kutxabank en la causa tras llevar el tema a la Fiscalía, decisión adoptada también por unanimidad en otro Consejo de Administración celebrado el 29 de enero de 2015, no influye para nada en el caso y no es razón para anular la causa. Aquel escrito fue para el tribunal, según la propia apreciación de la Fiscalía, un “escrito de denuncia”. Y “una vez presentada la denuncia es irrelevante que se haya renunciado por el perjudicado al ejercicio de la acción penal (...) En estos casos, la persecución del delito no queda a expensas del denunciante” ha zanjado el tribunal, recordando que “Kutxabank tenía la condición de perjudicada y por eso denunció”.

Mario Fernández no suele dejar heridos. ¿Si sale absuelto, el expresidente de Kutxabank iniciará acciones legales contra Kutxabank o su presidente, Gregorio Villalabeitia?

“Mi honor es lo único que tengo, conseguido a base de estar trabajando más de cuarenta años. Nadie me ha regalado nada, y no estoy dispuesto a dejar que cualquiera ponga en cuestión mi honestidad, y menos con Kutxabank”, señaló el mismo día que declaraba por primera vez como imputado ante la jueza que instruyó la causa, el 5 de febrero de 2017. El expresidente del banco vasco siempre ha denunciado el “engaño” de Villalabeitia -que nunca le advirtió que había una auditoría en marcha y que iban a llevar el caso a la Fiscalía- y ese día anunció que emprendería acciones legales, al tiempo que dejaba un aviso para su sucesor: “no suelo dejar heridos”.

Pero lo que cuenta siempre a nivel judicial no es lo que se dice delante de las cámaras a los periodistas, sino las acciones que finalmente se llevan adelante ante el juzgado de guardia o la Fiscalía. ¿Se puede interpretar como un aviso en ese sentido las palabras con las que concluyó su informe el abogado defensor del expresidente de Kutxabank, Carlos Bueren? El letrado de Fernández se dirigió al tribunal para señalar que en esta causa “no está en juego la libertad de mi defendido y su patrimonio solo. Se está jugando el honor de una persona”. 

Ni en la peor de sus pesadilla Mario Fernández pudo vislumbrar una salida tan accidentada de la presidencia de Kutxabank, su niña bonita, su criatura perfecta. Y eso no se lo perdona a su sucesor, Gregorio Villalabeitia, a quien ha acusado en todo este tiempo de haberle engañado. Pero habrá que esperar a la sentencia para dar respuesta a esta incógnita en el 'caso Kutxabank', otro de los agujeros negros de una causa en la que han confluido argumentos de motivación política y de seguridad, con razones de administración bancaria y supuestas vendettas internas. 

El juicio contra el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alcorta, imputados por los pagos supuestamente irregulares, por importe de 243.592 euros, del banco vasco a Cabieces, arranca este lunes en la Audiencia Provincial de Bizkaia con el análisis de las cuestiones previas. Los días 14, 15 y 17 de febrero se celebrarán las sesiones de la vista oral del 'caso Kutxabank'.

La Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión y 6.000 euros de multa para cada uno de los tres acusados por un delito de administración desleal en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares o, alternativamente, tres años de cárcel para cada uno de ellos por un delito continuado de apropiación indebida con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares. Aunque Kutxabank fue la que inició el caso al mandar el expediente a Fiscalía, finalmente decidió no presentarse como acusación.

La Audiencia vizcaína confirmó en mayo de 2016 la apertura de juicio oral contra Cabieces, Fernández y Alcorta, acusados de los delitos de administración desleal en concurso con apropiación indebida y falsedad documental, tras la denuncia interpuesta por el ministerio público por los citados pagos y entendió que había “indicios racionales” de que los hechos sean veraces y Mario Fernández se extralimitó en sus funciones “comprometiendo indebidamente fondos de la entidad” al propiciar la contratación indirecta de Mikel Cabieces como letrado, mediante un procedimiento “ajeno a los cauces establecidos”.

La Audiencia desestimó entonces los recursos de apelación interpuestos por los imputados y, en su auto, apreció “indicios de criminalidad” en la contratación de Cabieces “de modo innecesario y ajeno” a los cauces de Kutxabank y acercó a los tres acusados al banquillo de los acusados.

Este lunes se iniciará la vista oral contra Cabieces, Alcorta y Fernández, y en la primera jornada del juicio se abordarán las cuestiones previas. El juicio dará comienzo a las diez de la mañana.

Posteriormente, el 14 de febrero se reanudará la vista con la declaración de los tres acusados y de los tres primeros testigos citados por la Fiscalía. Al día siguiente, declararán el resto de testigos y peritos y se plantearán el resto de las pruebas, además de las conclusiones finales de las partes.

El último día del juicio será finalmente el 17 de febrero, ya que se ha cambiado una de las fechas porque el día 16, previsto inicialmente, no podía asistir la abogada de la acusación particular Jone Goirizelaia. Ese día está previsto que la partes presentes sus informe, eleven a definitivas las peticiones y concluya la vista oral.

La Fiscalía remitió al Juzgado en febrero de 2015 este caso denunciado por Kutxabank cuando ya estaba en la presidencia Gregoria Villalabeitia, al considerar que había indicios de la comisión de delitos en los pagos, por importe de 243.592 euros, realizados al exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces por el banco vasco durante el mandato de Mario Fernández. El propio Fernández, posteriormente, abonó al banco la cantidad que percibió Cabieces.

En su decreto, que acompañaba con la denuncia presentada por Kutxabank tras el traspaso de poderes en la entidad de Fernández a Gregorio Villalabeitia- , la Fiscal Provincial de Bizkaia, Carmen Adán, reclamaba la imputación de Cabieces, Fernández y del abogado Rafael Alcorta, a través de cuyo bufete cobraba el exdelegado del Gobierno, al estimar que podían haber incurrido en delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil. En su escrito de acusación, Adán consideraba que los tres actuaron “de común acuerdo” y guiados por el “ánimo de causar un quebranto económico a Kutxabank”.

El ministerio público solicita una pena de dos años de prisión y 6.000 euros de multa para cada uno de los tres acusados por un delito de administración desleal con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares o, alternativamente, tres años de cárcel para cada uno de ellos por un delito continuado de apropiación indebida con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares.

Inhabilitación especial

Además, reclama la inhabilitación especial durante el tiempo de condena para el desempeño del cargo de administrador o miembro del consejo de administración de sociedades mercantiles en el caso de Mario Fernández y para el ejercicio de la abogacía en el de los otros dos acusados. En el caso de los delitos de administración desleal considera a Fernández autor y a Cabieces y Alcorta cooperadores necesarios, mientras que, en el resto, considera a todos autores.

Por su parte, la acusación popular del 'caso Kutxabank', que representa a LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, EKA y la plataforma de pensionistas de Euskal Herria, ha pedido tres años y medio de cárcel para el exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alcorta, y dos años y tres meses de prisión para el expresidente de la entidad financiera, Mario Fernández.

La acusación popular indica que los hechos que se enjuiciarán son constitutivos de un delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal, un delito continuado de apropiación indebida de los artículos 250.1 y 5; 252 y 74 del Código Penal y un delito de falsedad documental de los artículos 27 y 28 del Código Penal.

Por ello, piden para Mario Fernández la pena de dos años y tres meses de prisión, inhabilitación en ese tiempo para ser elegido cargo político especial y para cargos de administrador o miembro del consejo de administración de sociedades mercantiles, además de una multa de 27.000 euros.

Tanto para Cabieces como para Alcorta solicitan, para cada uno de ellos, la pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación en este periodo para ser elegido cargo político y para el ejercicio de la abogacía. Además, a cada uno de ellos, se le piden 36.000 euros. Las organizaciones que ejercen la acción popular solicitan como prueba la declaración de los acusados.

La Fiscalía de Bizkaia estima probado que el expresidente de BBK y luego de Kutxabank, Mario Fernández, acordó con el abogado Rafael Alcorta la recolocación fraudulenta del exdelegado del Gobierno en Euskadi, el socialista Mikel Cabieces, mediante el pago mensual de una iguala por una supuesta asesoría laboralista. Cifra el quebranto económico que la operación supuso para el banco vasco en 243.592,02 euros y pide para los tres protagonistas penas de cárcel, dos años si el tribunal califica los hechos como “administración desleal” o alternativamente tres si se aprecia “apropiación indebida”, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso eldiarionorte.es.

El ministerio público estima que los tres imputados actuaron “guiados por el ánimo de causar un quebranto económico” a Kutxabank, que integra a las antiguas BBK, Caja Vital, Kutxa y Cajasur. La Fiscalía ve probado que Fernández “ordenó” internamente buscar un acomodo a Cabieces –era una práctica habitual procurar una salida laboral a los delegados del Gobierno amenazados por ETA- y que lo hizo además saltándose los procedimientos habituales de contratación de servicios de la entidad financiera. Además, sostiene que el servicio que aparentemente prestaba Cabieces como abogado laboralista era redundante con otros contratos de asesoría que ya tenía Kutxabank y que el político no ejercía como letrado “desde 1990”.

La iguala mensual que se pactó para Cabieces era de 5.783 euros y la percibió entre marzo de 2012 –salió del Gobierno en enero- y octubre de 2014, aunque luego se abonó otra factura de cuatro meses conjuntos por la misma cantidad pactada coincidiendo con la finalización del mandato de Fernández (noviembre de 2014). Según la Fiscalía, la fórmula para legalizar ese pago era incrementando en esa cantidad el pago mensual al despacho laboralista de Alcorta, que luego a su vez transfería ese dinero contra factura al exdelegado del Gobierno, que al conocerse esta investigación tuvo que dimitir de su cargo en la Ejecutiva del PSE-EE.

El ministerio fiscal subraya que, en paralelo, Cabieces rubricó en las mismas fechas un contrato similar con Iberdrola. La eléctrica le procuraba también 5.000 euros mensuales (lo hizo durante tres años) por un asesoramiento laboral.

Este caso fue destapado por Gregorio Villalabeitia a su llegada a la presidencia de Kutxabank tras la salida de Fernández. La Fiscalía se apoya en que los servicios de auditoría interna confirmaron las irregularidades. Eso sí, se reconoce también que Fernández restituyó de su bolsillo los algo más de 240.000 euros en los que se estima el quebranto económico. Pese a ello, las peticiones de cárcel (como también la multa de 6.000 euros) son idénticas para el banquero, para el expolítico y para el intermediario Alcorta.

La Audiencia de Bizkaia ha dado un paso más para sentar a Mario Fernéndez, expresidente de BBK y Kutxabank, en el banquillo. El Tribunal ha desestimado los recursos presentados por la defensa del banquero ya que considera que existen indicios suficientes como para seguir la instrucción. La cuestión llevaría a Mario Fernández a sentarse ante la justicia por la supuesta contratación irregular de Mikel Cabieces, ex delegado del Gobierno, como asesor de la entidad. Este hecho podría suponer la comisión de los delitos de administración desleal y de falsedad en documento mercantil.

Un vez que se conocieron los hechos, que saltaron a la luz durante el agitado cambio de presidente en la entidad controlada por el PNV, tanto Fernández como Cabieces recurrieron a la Audiencia de Bizkaia. Sin embargo, según ha publicado El Correo en su edición en papel, la Audiencia ha emitido un auto que respaldala acusación y acerca a los investigados a un juicio oral. Según la Audiencia, “hay indicios racionales” de los hechos sean veraces -fue la propia entidad quien presentó la denuncia tras el traspaso de poderes- y Mario Fernández se extralimitó en sus funciones “comprometiendo indebidamente fondos de la entidad” al propiciar la contratación indirecta de Mikel Cabieces como letrado, mediante un procedimiento “ajeno a los cauces establecidos”.

La respuesta de Fernández

Tras conocer la decisión de la Audiencia, Mario Fernández ha señlado que “aunque sea desde la disconformidad más absoluta, quiero manifestar el respeto que me merece una resolución judicial”. No obstante, el banquero ha señalado que “las pruebas practicadas durante toda la instrucción, no han sido tenidas en cuenta, ya que únicamente se ha basado en la denuncia de Kutxabank y el escrito del fiscal” y por lo tanto “se demuestra la indefensión de los afectados, ya que la resolución se fundamenta en algo que no ha sido objeto de prueba alguna en dichas diligencias, como es la referencia a una retribución supuestamente excesiva por los servicios prestados por el señor Cabieces”. Para Fernández, “una vez demostrados por las declaraciones del responsable del servicio y otros testigos que sí se prestaron (los servicios facturados por Mikel Cabieces), ahora se modifica el origen dirigiéndolo hacia la existencia de una retribución desproporcionada”. A pesar de todo, el que fuera presidente del banco vasco apunta a que ahora “comienza una nueva fase, un juicio oral, abierto, transparente, donde todos y cada uno de los actores y guionistas de este esperpento, tendrán que defender públicamente sus decisiones e intereses”.

El exdelegado del Gobierno señala que solicitó la prestación por desempleo al abandonar el cargo pero que se dio de alta en el régimen de autónomos un mes y medio después.

Mikel Cabieces señala en una nota que se reserva el derecho a tomar acciones legales.

El caso Kutxabank sigue escribiendo episodios confusos. El último, de momento, es la acusación de varias agrupaciones -entre ellas los sindicatos abertzales personados en la acusación particular- de que Mikel Cabieces cobró la prestación de desempleo mientras realizaba labores para la entidad financiera nacida de la fusión de las cajas vascas y controlada por el PNV. A esta acusación no ha tardado en responder quien fuera delegado del Gobierno en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, Mikel Cabieces. El exdirigente socialista, apartado del partido hasta que no se aclare su situación, ha señalado que las acusaciones son falsas. Según su versión, estuvo oficialmente en situación de desempleo tan solo un mes y medio después de dejar el cargo ya que para esa fecha se dio de lata en el régimen de autónomos.

Para Cabieces “las manifestaciones realizadas por representantes de la acusación popular son rotundamente falsas y calumniosas y se encuadran dentro de un periodo electoral en el que utilizan la mentira como herramienta electoral”, según ha señalado en una nota enviada a los medios de comunicación. En ese texto señala que “tras dejar el cargo de Delegado del Gobierno en enero de 2012 solicité la prestación por desempleo, único derecho que me asistía tras abandonar el cargo, y percibí la prestación por desempleo hasta el 1 de marzo de 2012”. Pero, mes y medio después de esto, el 1 de marzo del mismo año, “me di de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para ejercer mi profesión de abogado”, apunta Cabieces.

Lo que sí percibió el exdelegado del Gobierno, según consta en la nota remitida por él, es el abono mensual de las cotizaciones de la Seguridad Social del régimen de autónomos con cargo al desempleo pendiente. Esta práctica, común en mucho autónomos que comienzan su actividad, fue aprobada el 23 de marzo de 2012.

Tras esta explicación, Cabieces ha aegurado que se reserva “todas las acciones legales oportunas frente a quienes han realizado esas falsas y tendenciosas acusaciones calumniosas”.

El abogado Mario Fernández está en guerra contra su sucesor al frente de la presidencia de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, la persona que puso a rodar en los juzgados el 'caso Kutxabank', el pago a través de bufete del también imputado, Rafa Alcorta, de un sueldo al exdelegado del Gobierno, Mikel Cabieces. Y en las guerras no se suelen hacer prisioneros. Fernández ya advirtió en febrero, la primera vez que declaró ante la fiscal -antes de que el caso llegara a manos de la jueza que ahora investiga los posibles delitos de falsedad documental y administración desleal o apropiación indebida-, que cuando terminara este asunto emprendería acciones legales contra Villalabeitia. Sobre todo porque está en juego su honorabilidad.

“Mi honor es lo único que tengo, conseguido a base de estar trabajando más de cuarenta años. Nadie me ha regalado nada, y no estoy dispuesto a dejar que cualquiera ponga en cuestión mi honestidad, y menos con Kutxabank”, ha apuntado tras declarar este jueves como imputado ante la jueza que instruye la causa. El expresidente del banco vasco ha denunciado el “engaño” de Villalabeitia y ha reiterado que emprenderá acciones legales, al tiempo que dejaba un aviso para su sucesor: “no suelo dejar heridos”.

Pero al margen de esas declaraciones ante los medios de comunicación fuera del juzgado realizadas tras declarar ante la instructora, la titular del juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, Ana Isabel Álvarez Fernández, lo fundamental del testimonio de Mario Fernández en las diligencias abiertas es que ha vuelto a negar cualquier irregularidad en su actuación. Y ha señalado al que en la auditoría se apunta como origen de la causa, el bufete que trabajaba para Kutxabank cuando se contrató al exdelegado del Gobierno y exdirigente socialista, Mikel Cabieces. “Kutxabank no pagó un euro a Cabieces, quien era un colaborador externo del despacho de Rafael Alcorta, que es con el que Kutxabank tenía relación”, ha precisado, al tiempo que apuntaba al letrado que contrató al exdirigente socialista. “El señor Alcorta ha cobrado las minutas correspondientes a Kutxabank y, en consecuencia, la afirmación de la que se parte de que se han pagado cantidades por servicios no prestados es absolutamente falsa”, ha añadido.

“He visto el informe de auditoría interna de Kutxabank en el que se dice que se han pagado cantidades [a Mikel Cabieces] que no corresponden a servicios prestados”, la base de la acusación de administración desleal que ahora investiga la jueza. “Me han llamado a mí. El que emitía las facturas era el señor Alcorta, ¿le han llamado al señor Alcorta?, ni la fiscal llamó al señor Alcorta, que era el que emitía las facturas sobre las que puede existir la duda. Ahora le ha llamado la jueza. En definitiva, los hechos son ésos y yo no quiero nada más que poner de manifiesto esos hechos y que se saquen las consecuencias correspondientes”, ha subrayado.

Enfado de Alcorta

En su declaración, Rafa Alcorta ha explicado ante la jueza parte de los trabajos que encargó a Mikel Cabieces en el tiempo que duró su relación laboral, según fuentes conocedoras de su declaración. “Ha explicado casos concretos”, señalan las mismas fuentes, siempre reservando el secreto profesional que como abogado debe guardar, pero con la intención clara de explicitar que había una relación laboral real con Cabieces.

Alcorta también ha explicado que básicamente la relación con Kutxabank la tenía con el responsable de Recursos Humanos, Fernando López de Eguilaz y no con Mario Fernández. Ha relatado que muy al principio en un encuentro que tuvo con Fernández este “me preguntó qué tal me iba con el nuevo colaborador”, según la declaración. En todo caso, López de Eguilaz siempre le comentaba que de todos los asuntos estaba al tanto el entonces presidente de Kutxabank, según el testimonio de Alcorta, que no ha realizado declaraciones ante los medios de comunicación. Cabieces también ha detallado los trabajos que desempeñó para el bufete de Alcorta mientras duró la relación laboral con el bufete de Alcorta, según fuentes conocedoras de la declaración.

Alcorta ha podido finalmente explicar su relación con este caso, dado que ni Kutxabank primero, ni la Fiscalía después le llamaron para preguntarle por su relación laboral con Mikel Cabieces, ni sobre la iguala (el acuerdo) que tenía con el banco vasco y que se vio modificada con la inclusión del exdelegado del Gobierno en su equipo de abogados. Y durante estos meses ha visto, con gran enfado por su parte, cómo su nombre aparecía vinculado a unas supuestas irregularidades denunciadas inicialmente por Kutxabank y ahora a tres posibles delitos en la causa por la que esta imputado.

“Me siento engañado” por Villalabeitia

Las supuestas irregularidades en ese acuerdo entre el bufete de Rafa Alcorta, que también está imputado y ha declarado en la causa por primera vez este jueves, habrían supuesto un coste de 243.592,02 euros para el banco, justo la cantidad que presuntamente se habría pagado a Mikel Cabieces a través del bufete de Rafael Alcorta, con el que el banco ya tenía un acuerdo de iguala. Ni Cabieces, ni Alcorta han realizado declaraciones tras pasar por el juzgado en calidad de imputados.

El engaño del que habla Fernández tiene relación con la reunión que mantiene con su sucesor, Gregorio Villalabeitia, tras su relevo al frente del banco en la que le indica que han detectado irregularidades por valor de 243.592 euros. Inmediatamente, Fernández devolvió de su bolsillo a Kutxabank el dinero para que no hubiera dudas sobre posibles quebranto económico al banco.

“En esa cita no se me dijo que se había encargado ya un informe de auditoría interna, que había pasado por el comité de auditoría y que había pasado por el consejo. Me siento sencillamente engañado, y el que me engañó es el que, hablando conmigo, me lo ocultó, el presidente actual de Kutxabank”, se ha dolido Fernández.

Gregorio Villalabeitia, presidente del banco vasco Kutxabank, quiere poner distancia sobre el 'caso Kutxabank' porque está afectando seriamente a la imagen de la entidad, como admiten internamente en el banco. Su presidente ha hablado por primera vez del 'caso Kutxabank', los supuestos pagos irregulares al exdelegado del Gobierno, Mikel Cabieces, por valor de 243.592 euros, a los que dio luz verde el anterior presidente del banco, Mario Fernández. Ambos están imputados en la investigación abierta por la jueza tras la decision de la fiscal de presentar una denuncia el pasado dia 9 por delito de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil.

Y el objetivo de las acciones tomadas por el banco es poner distancia cuanto antes sobre un caso que afecta a la imagen de la entidad, como admiten internamente en el banco. Villalabeitia ha explicado las razones que le han llevado al Consejo de Administración de Kutxabank, el mismo que puso en marcha la bola judicial al llevar las irregularidades detectadas a la Fiscalía, a dar ahora un paso atrás y no personarse en la causa. Las razones son dos: el quebranto que hubiera podido existir fue compensado cuando Mario Fernández reitegró la cantidad pagada al bufete de Rafa Alcorta para que el prestaba sus servicios el exdirigente socialista. Pero sobre todo, el problema es la imagen, que ha quedado dañada por el escándalo político que siguió a la decisión de Villalabeitia de denunciar el caso ante la Fiscalía.

“Se nos dijo, se nos instó a que comunicásemos la operativa detectada a la Fiscalía. No se nos dijo más. Nosotros cumplimos con nuestro deber, nosotros comunicamos la operativa detectada a la Fiscalía, nosotros no nos personamos en ningún procedimiento, nosotros no denunciamos nada, ha sido la Fiscalía la que ha denunciado al juez los hechos con lo cual en el momento en el que se nos ha ofrecido la posibilidad de personarnos o no, hemos decidido no personarnos: primero porque el quebranto estaba compensado y en segundo lugar pues porque nos conviene, ya como institución, el intentar distanciarnos de esta situación que para nada nos ayuda”, ha explicado en su esperada primera comparecencia ante los medios de comunicación desde que accedió al cargo en sustitución de Fernández y desde que estallara el 'caso Kutxabank'.

Más beneficios

Kutxabank ha cerrado 2014 con un beneficio de 150,3 millones de euros, un 38,8% más que en 2013. De esos 150,3 millones, existe una aportación positiva de Cajasur de 11,9 millones, según ha informado este jueves el presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia.

El presidente de Kutxabank, al presentar los resultados de 2014, ha señalado que esta evolución positiva se ha logrado en un contexto marcado todavía por el desempalancamiento crediticio del sistema, “y especialmente, por los bajísimos niveles de los tipos de interés en el mercado”. A su juicio, dado el entorno “muy complicado” en el que se ha producido, supone su “mérito” por parte del banco vasco.

Además, ha apuntado que es una de las pocas entidades del Estado español que ha obtenido resultados positivos en los tres últimos años, lo que le permite incrementar su aportación a las obras sociales. También ha precisado que el volumen de negocio de Kutxabank ha alcanzado los 109.300 millones, mientras que ha reducido su tasa de mora individual al 7,9%. Además, ha asegurado que mantiene una “sólida posición de solvencia que se sitúa en el 13,1%”.

El lehendakari no se ha salido del guión dibujado por su partido en el 'caso Kutxabank': ni él sabía nada ni intervino en la salida laboral que se le dio al exdelegado socialista del Gobierno Mikel Cabices vía el banco vasco que entonces presidía Mario Fernández, ni tampoco le parece bien la fórmula utilizada para asegurarle un salario mensual de 5.783 euros (más IVA).

El presidente vasco, de hecho, ha tildado de “error” la fórmula empleada: usar una entidad privada -que pactó un acuerdo con el bufete de abogados de Rafa Alcorta que incluía la contratación de los servicios de Cabieces- para dar salida laboral al exdelegado del Gobierno en virtud de unas “normas no escritas”. Ese concepto, precisamente, ha planeado en el debate que ha tenido lugar en la Cámara esta mañana propiciada por las iniciativas del EH Bildu, UPyD y el PP. Cada uno, con argumentos a veces diferentes, aunque todos coincidiendo en denunciar esas normas no escritas que supuestamente habrían pactado el PNV, PSE y el PP. Algo que han negado estos partidos.

Urkullu acusó a EH Bildu de mezclar el 'caso Kutxabank' con sus críticas al “proceso de privatización” que viene denunciando desde hace meses la coalición soberanista. Al portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, le aseguró que él desconocía completamente el acuerdo sobre Cabieces. Maneiro mostró su extrañeza, dado que “el PNV lo sabe todo. ¿Nadie sabía nada, nadie se responsabiliza de nada?, preguntó.

Extrañezas y certezas

“Convierta sus extrañezas en certezas”, le respondió Urkullu en el segundo turno de palabra. Pero Maneiro ha vuelto a la carga para asegurar que lo que ha pasado en este caso -que ahora investiga la jueza Ana Isabel Álvarez, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao- es una muestra más de la “política de enchufismo y amiguismo de toda la vida”, de “las puertas giratorias de toda la vida”.

El PP, por boca de su portavoz económico, Antón Damborenea, también ha denunciado esas “normas no escritas” que lo que han llevado, según los populares, es a “incumplir las normas escritas”. El PP ha exigido al lehendakari que promueva “cierto control público” del banco vasco en la Ley de Cajas que todavía no ha remitido a la Cámara. Y Urkullu le ha afeado su “incoherencia” por pedir algo en Euskadi que su partido en el Gobierno central no hizo cuando aprobó la Ley de Cajas.

Cada vez que se escucha la voz de Gorka Maneiro (San Sebastián, 1974) en el Parlamento vasco, casi siempre suena por detrás el golpe seco de un látigo castigando las espaldas del Gobierno vasco y del lehendakari Urkullu. Temas no le faltan al único representante del partido que dirige Rosa Díez en la Cámara autonómica: el “enroque de la directora general de EiTB, Maite Iturbe”, los “acuerdos oscuros entre PNV, PSE-EE y PP que se han producido en Kutxabank” o el “rescate con dinero público” del Grupo Noticias.

La entrevista se produce horas después de que la Fiscalía haya pedido la imputación de Mario Fernández, Mikel Cabieces y del abogado Rafa Alcorta por tres delitos por el 'caso Kutxabank', en concreto un delito de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil. Maneiro espera que el caso siga adelante en los tribunales. “No entendería un archivo, hay razones para que no sea así. Veremos en qué queda la solicitud de imputación de estas tres personas”, apunta.

Acabamos de conocer la decisión de la Fiscalía de remitir el caso Kutxabank al juzgado al ver indicios de delito de carácter societario en la actuación de estas tres personas.

Estamos ante un hecho grave porque evidencia como se han hecho las cosas en Euskadi durante muchos años, a base de pactos oscuros entre lo grandes partidos, principalmente el PNV, PSE y el PP. Y deber ser aclarado. Por eso le vamos a preguntar al lehendakari este viernes por la opinión que le merece este asunto. Estos partidos, en lugar de respetar la ley, han llegado a acuerdos oscuros para beneficiar a los suyos. Y ha sido así en la colocación de sus amigos en las distintas empresas públicas o en este caso de Mikel Cabieces.

¿Y cómo interpreta que el PP, que medió para la colocación del exdirigente socialista, ahora se quiere quitar de en medio? Arantza Quiroga ha cargado contra el expresidente del banco vasco y el PNV también asegura que no sabía nada.

Es un intento baldío de no asumir las responsabilidades que tienen ambos partidos, especialmente el PNV. Por lo que se ha dicho fue el propio Antonio Basagoiti el que pidió a Mario Fernández para que se le buscara una salida a Cabieces, y el PP parece ser que ha tomado la decisión de intentar desmarcarse de este asunto. No sé si la gente les creerá en última instancia y que estos partidos no sabían nada y que lo que ocurrió aquí fue un asunto privado entre Mario Fernández y Cabieces. Nosotros no lo creemos. Ha habido un pacto político para colocar a una determinada persona. El PP, viendo el hartazgo de la ciudadanía con muchos asuntos, igual prefiere empezar a actuar de otro modo, quiza sea eso. Pero ha sido el amiguismo lo que ha primado en la política vasca durante muchos años.

Se ha apelado por parte de Mario Fernández a una política de Estado para explicar esta decisión. El expresidente de Kutxabank hacía una pregunta muy clara que yo le traslado: ¿Qué harían cada uno de ustedes si se les pidiese ayuda para una persona que ha estado en la primera línea de la lucha antiterrorista?

Pues en todo caso respetar la ley y en ningún caso hacer lo que ellos han hecho. Se dice que se trata de premiar a una persona que estuvo involucrada en la lucha contra ETA. Pienso que la mejor forma de poner en valor el servicio que determinadas personas hicieron durante muchos años en contra de ETA es acabar definitivamente con ETA e impedir que haya ningún tipo de impunidad para los presos de ETA y defender a las víctimas del terrorismo. Esa es la mejor forma de homenajear a todas esas personas que lucharon contra ETA. Saltarse la legalidad vigente, utilizar Kutxabank para beneficiar a una determinada persona es algo absolutamente inaceptable en un Estado de derecho. Es lo que yo le respondería a Mario Fernández.

¿Y si se hubiese seguido la estela utilizada para otros casos como los exdelegados Paulino Luesma (PSE) o Enrique Villar (PP) o el exgobernador de Juan Mari Jáuregui (PSE), de darles una salida desde la administración del Estado?

Habría sido más limpio. En todo lo que se haga debe prevalecer la absoluta transparencia y respeto a la legalidad. Si determinadas personas van a trabajar en determinadas embajadas hay que asegurarse de que van a cubirir los requerimientos técnicos exigidos y van a trabajar en esos puestos. Esos son los límites que hay que respetar, nada de pactos oscuros.

¿Entendería que esta caso se archivara finalmente?

No lo entendería, hay razones para que no sea así. Veremos en qué queda la solicitud de imputación de estas tres personas por parte de la fiscal.

Este viernes UPyD lleva otro asunto a la sesión de control del Gobierno: la situación de debilidad d la directora general de EiTB tras la votación en la que toda la oposición ha exigido su dimisión por el ERE en Eusko Irratia. ¿qué espera del lehendakari?

Quiero saber por qué sigue apoyando, si todavía sigue apoyando, a la directora general de EiTB cuando hay una mayoría amplia de este parlamento que la rechaza y ha pedido incluso su dimisión. Maite Iturbe fue elegida en virtud de un pacto entre PNV y PSE, ese pacto ya no existe y tampoco esa mayoría. El PSE debería explicarnos por qué la apoyó y a cambio de qué. Nosotros hemos venido exigiendo la dimisión de la directora de EiTB básicamente porque la actual EiTB está al servicio del nacionalismo vasco, al servicio del PNV y del Gobierno. Llevamos meses pidiéndolo.

¿Cree que Iturbe va a seguir en el enroque actual?

Lleva varios meses enrocada, y una buena imagen de ese enrocamiento fue su comparecencia en una de las últimas comisiones de control de EiTB, donde en lugar de defender su gestión, lo que vino fue a atacar a diferentes grupos de la comisión y hacer consideraciones y comentarios políticos sobre cuestiones que no venían a cuento. Yo le vi muy enrocada en sus posiciones. No sé lo que le pasará ahora por la cabeza, pero espero que se haya dado cuenta de que no tiene apoyos y que debe irse. Quiero pensar que finalmente va a optar por presentar la dimisión. Nosotros presionaremos todo lo que podamos para que finalmente dimita.

Si no dimite y la situación se mantiene y el consejo de Administración no logra la mayoría cualificada para parar el ERE y que dimita y el Gobierno la mantiene, ¿qué hará UPyD?

Hemos pensado en esa posibilidad, nosotros volveríamos a llevar el asunto al Parlamento para volver a pedir su dimisión y si mantiene su enroque, dirigirnos de manera más contundente al lehendakari para que le retire su apoyo. Seguir presionando desde el ámbito parlamentario. Iturbe tiene que darse cuenta de que solo le apoyo el PNV en esa votación. Está absolutamente sola debe dimitir cuanto antes.

Su partido lleva meses con la campaña “Desenchufa al corrupto”. La situación parece insostenible, cada día tenemos un nuevo caso o segundas o terceras partes de los ya conocidos. Y ahora vuelve la 'lista Falciani'.

Uno de nuestros máximos propósitos en el 2007 cuando surge UPyD es la lucha contra la corrupción. Rosa Díez le preguntó al presidente del Gobierno hace cuatro años por la corrupción y éste le respondió que eso era algo minoritario en España. Los hechos han puesto en evidencia que la corrupción política es uno de los más grandes problemas que tiene el país, no solo por lo que significa de vileza ética y moral, sino por lo que supone en relación a la pobreza del país y a las cifras de paro. La gente está absolutamente harta e indignadísima por la corrupción. La ciudadanía se sube por las paredes. Y lo que pensamos es que los que nos han traído hasta esta situación no pueden sacarnos de ella, hace falta una regeneración política my profunda. UPyD está ahí como una formación limpia, transparente, decente, frente a los que han fomentado o permitido la corrupción política. Tenemos propuestas serias en todos los ámbitos políticos.

Pues, perdóneme, pero parece que otras fuerzas emergentes como Podemos o también incluso Ciudadanos les están comiendo la tostada...

España se merece un futuro mejor y UPyD es la mejor opción. Tenemos propuestas serias en todos los ámbitos políticos.

¿Diría que no son serias las propuestas de estos partidos que le acabo de citar?

No nos parecen que sean serias las propuestas de Podemos o de Ciudadanos. Nos parece bien que surjan nuevos partidos para que de ese modo la ciudadanía tenga un abanico más amplio donde elegir, pero nosotros presentamos el trabajo realizado en todos estos años en las instituciones, extraordinario en el Congreso con propuestas de reforma del modelo del Estado, de lucha contra la corrupción, de medidas por la regeneración democrática, de defensa del Estado del bienestar, de medidas económicas como el contrato único indefinido, propuestas muy trabajadas y solventes. Aunque tenemos que mejorar en que nuestras propuestas lleguen a la gente y las conozcan. Otros partidos son más mediáticos, pero detrás de ellos no hay fondo, son más palabras que hechos.

¿Cree que en Euskadi también se va a achicar el espacio político de su partido con la irrupción de Podemos?

Vamos a seguir creciendo, aunque sin duda la irrupción de nuevos partidos afecta, pero me da la sensación de que el fenómeno Podemos no va a afectar demasiado a UPyD. Tenemos nuestro espacio y nuestro programa político perfectamente asentado y en muchos temas nos seguimos quedando solos, como en la foralidad o el Concierto Económico. Una de las candidaturas de Podemos defiende con uñas y dientes la foralidad.

¿Dónde creen que pueden crecer en las elecciones municipales y forales?

Todo está muy abierto y cambiante. La ciudadanía parece que va a votar de la manera más libre que nunca y puede pasar cualquier cosa. Tenemos la esperanza de entrar en todas las instituciones donde nos presentamos: con más seguridad en Álava, pero también en otros lugares como Irún, Getxo o incluso Bilbao, donde estamos creciendo mucho.

Uno de esos hechos que mencionaba ha sido llevar a los tribunales las informaciones pagadas por parte del Gobierno al Grupo Noticias. La jueza intentó quitarse de encima la causa. ¿Hay alguna novedad?

No. Cuando se confirme quién lo va a instruir realizaremos la ampliación de la denuncia. Me parece una expresión muy acertada referirse a este caso como un rescate en toda regla con dinero público. No fue un intento por parte del Gobierno vasco de condicionar a un determinado medio de comunicación para loar las labores del Ejecutivo, eso ya lo venía haciendo y lo hacía probablemente gratis. Fue una forma de financiar ilegalmente o de rescatar un determinado medio de comunicación.

¿Para qué vale el Código Ético si luego no se puede utilizar por ejemplo en el caso de responsabilidades políticas en los casos Epsilon o Hiriko o en este caso del Grupo Noticias?

Algún partido se ha referido a ese código incluso para pedir la dimisión de la directora de EiTB. Creo que lo que hace el Gobierno con el Código Ético es básicamente propaganda. No está sirviendo para nada, salvo para intentar vender la idea a la sociedad de que son más transparentes que nadie, cuando no es así.

La fiscal Carmen Adán ha elevado al juzgado la denuncia presentada por Kutxabank contra el expresidente del banco vasco, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno en Euskadi Mikel Cabieces y contra el responsable del bufete para el que trabajaba Cabieces, Rafa Alcorta, al encontrar indicios de actividades irregulares en su actuación, según han confirmado fuentes del ministerio público a eldiarionorte.es. La denuncia se presentó el pasado dia 9 por delito de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil y se piden diligencias a practicar por el juez instructor.

Esas supuestas irregularidades habrían supuesto un coste de 243.592,02 euros para el banco, que es la cantidad que presuntamente se habría pagado desde Kutxabank a Mikel Cabieces a través del bufete de Rafael Alcorta, con el que el banco ya tenía un acuerdo de iguala.

La Fiscalía ha elevado la denuncia al juzgado y en su exposición pide la imputación de ambos y también del letrado. A partir de ahora será el juez el encargado de instruir la causa. La decisión ha sido notificada a las partes esta mañana, según las mismas fuentes.

La fiscal encargada del caso, Carmen Adán, fiscal jefe de Bizkaia, investigaba si en la relación entre Kutxabank y el bufete de abogados para el que trabajaba el exdirigente del PSE Mikel Cabieces se ha producido un delito societario y un quebranto económico para la entidad.

Esto es lo que investigaba la fiscal, que la pasada semana tomó declaración a Cabieces, primero, y posteriormente a Fernández. Con esas diligencias, y con la petición del contrato suscrito entre el banco vasco y el despacho de abogados, la Fiscalía de Bizkaia ha tenido más que suficiente para elevar la causa al juzgado. Y para que el juez determine, a partir de ahora, los posibles delitos -“irregularidades”, según la auditoría encargada por el banco vasco que ha dado pie a la denuncia interpuesta por los actuales gestores de Kutxabank.

Un total de 5.783 euros para Cabieces

El propio Mario Fernández devolvió la cantidad tras conocerse la denuncia que hizo pública Kutxabank tras una auditoría interna. La entidad comunicó los hechos al Banco de España que, a su vez, lo trasladó al Banco Central Europeo, que citó al actual presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, para conocer los detalles del caso.

El expresidente del banco, Mario Fernández, defendió ante la Fiscalía que la citada operación era “legítima” y que no se había causado “daño” a la entidad.

Fernández explicó que fue un líder del PP en Euskadi el que le pidió en 2012 la colaboración de Kutxabank para buscar “un puesto de trabajo” a Mikel Cabieces. Además, añadió que venía siendo “práctica habitual” posibilitar “alguna salida laboral” a las personas vinculadas a Interior y la lucha antiterrorista.

El expresidente de Kutxabank trasladó la solicitud al responsable de Recusos Humanos del banco y, según la declaración de Fernández, le propuso contactar con el despacho de abogados de Rafael Alcorta - con el que el banco ya tenía un contrato por un importe de 7.800 euros (más IVA)- para gestionar este tema y se llegó a un acuerdo en relación a los pagos a Cabieces por valor de 5.783 euros (más IVA).

Fernández también precisó que fue en octubre o noviembre de 2014 cuando le comunicaron que procedía liquidar ese acuerdo y aceptó la propuesta.

Me ha dicho un amigo, a la sazón policía vasco, que cuando ha escuchado esta semana las noticias sobre el 'caso Kutxabank' inmediatamente le han venido a la cabeza las famosas chirigotas de Cádiz, ya saben esas composiciones llenas de ironía y crítica social que preceden a los Carnavales, que por cierto estan a la vuelta de la esquina. La denuncia elevada a la Fiscalía de Bizkaia por el banco vasco contra su anterior presidente Mario Fernández por supuestas “irregularidades” en la contratación de los servicios de un bufete de abogados para el que trabajaba el ex dirigente socialista Mikel Cabieces podría ser motivo de una chirigota de libro. Pero esto no es Cádiz, me recuerda el agente, bregado en la lucha antiterrorista contra ETA. Aquí todo lo vivimos en carne viva, que cantaba otro gran intérprete de la canción española.

Y no es de extrañar cuando lo que inicialmente era una denuncia por “irregularidades” en la contratación de un bufete bilbaíno para el que prestaba sus servicios como abogado Mikel Cabieces -quien cobró supuestamente unos 6.000 euros mensuales- acaba convirtiéndose en una “cuestión de Estado”. No exagero. Esta es la versión, muy verosímil por cierto, que el propio Mario Fernández ha relatado a la “puntillosa” -como recordaba este viernes un destacado magistrado del Tribunal Superior de Justicia vasco- fiscal jefe de Bizkaia, Carmen Adán, que investiga el 'caso Kutxabank'.

“¿Qué harían cada uno de ustedes si se les pidiese ayuda para una persona que ha estado en la primera línea de la lucha antiterrorista? Supongo que lo mismo que hice yo, y que han hecho antes de mi muchas personas y muchas empresas e instituciones en situaciones parecidas a la mía. Y lo hicieron respetando la ley y una ”ley no escrita“ que ha funcionado con todos los gobiernos y todos los partidos durante los últimos 30 años?”. Esta es la pregunta con la que el expresidente que creó Kutxabank, la mimó y la dejó en la cima del ránking de solvencia de las entidades españolas inicia su alegato para explicar las razones que le llevaron a hacer lo que hizo.

No habla desde la excepcionalidad. Antes que Cabieces (PSE), le tocó la lotería de las 'puertas giratorias de Estado' al socialista Paulino Luesma (PSE), también delegado del Gobierno en Euskadi en una época en la que los socialistas gobernaban en España, o al popular Enrique Villar. Ambos marcharon más o menos alegres para un retiro dorado en la Embajada española en Lisboa, aunque seguro que en su fuero interno preferían permanecer en el País Vasco. Pero los terroristas de ETA no daban tregua y mataban a destajo. Bien lo sabe Juan Mari Jáuregui, el gobernador civil de Gipuzkoa que quiso limpiar el estercolero de 'guerra sucia' (¿hay alguna guerra limpia?, me pregunto) en la provincia en el último Ejecutivo de Felipe González con el biministro Juan Alberto Belloch y su equipo, en el que estaba entonces el actual presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, o el propio José Luis Zalbide, Kumbeltz. Aun se recuerda en la Audiencia Nacional su testimonio en el juicio por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala que terminó con la condena, encarcelamiento y meteórico tercer grado del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.

¿Saben por qué estaban en la primera línea de la lucha antiterrorista, como mantiene Fernández en su alegato? Porque los que ordenaban o inspiraban los atentados de ETA, alguno de ellos siempre a cubierto en despachos calentitos a este lado de la muga, tenían buena memoria y sabían dónde golpear para desestabilizar. Y cuanto más, mejor. A Jáuregui le colocaron a su salida del Gobierno Civil en la empresa Aldeasa, vinculada con la sociedad pública Aena. Y ETA lo mató en Legorreta en una de las frecuentes veces -aunque por sorpresa la mayoría de ellas- que volvía a Euskadi para ver a su esposa, Maixabel Lasa.

Y todo esto se sabía y se publicaba en los medios de comunicación. Les dejo una muestra de una conocida periodista guipuzcoana de la época. Escribía Genoveva Gastaminza tras el asesinato de Jáuregui en el aciago verano de 2000 en Euskadi: “Su paso por el gobierno civil de Guipúzcoa obligó a Juan María Jauregui, en 1996, a poner kilómetros de distancia de su país. Le convirtió en un exiliado más del incontable número de señalados por la permanente sombra negra de ETA”.

Conozco, y no soy el único, muchos acuerdos políticos a varias bandas (PSOE, PNV, PP) que han supuesto el acomodo laboral de destacados responsables de Interior, de jefes de prensa, altos cargos y jefes de gabinete. Y también sé de casos en los que esto no ha sido así. Me viene a mi frágil memoria un jefe de gabinete del Ministerio del Interior del que nadie se acordó al acabar su etapa en el ministerio, quedó en el dique seco y echó su curriculum y logró, sin ayuda alguna de su partido, un puesto en la empresa privada, muchos meses después de salir del Ejecutivo.

¿Sabén lo que, a mi juicio, hace diferente el caso de Mikel Cabieces? El momento social en el que se produce. La etapa de desafección más intensa que ha vivido España en torno a los políticos y partidos tradicionales y los episodios de corrupción gravísimos, que incluyen por ejemplo la financiación ilegal durante décadas del partido que sostiene al actual presidente, Mariano Rajoy. Las tragaderas de la sociedad ya no dan más de si, y cosas como lo de las 'tarjetas negras' incrementan la indignación social.

El contexto social vasco actual es este: La gente normal -esa a la que se dirige Pablo Iglesias en sus intervenciones- piensa: ETA no mata desde hace más de tres años. Vale, Cabieces tal vez deba tener un acomodo, pero ¿lo tiene que gestionar una entidad como Kutxabank? ¿en secreto? ¿y se le deben pagar 6.000 euros mensuales? ¿No es esto afianzar la política de puertas giratorias que tanto mal hacen a la política profesional? Son cuestiones -y muchas más- razonables para el común de los mortales, a los que nadie, nunca y en ningún lugar buscará una salida laboral. De hecho, son las políticas del Gobierno Rajoy las que a muchos de ellos les han condenado a la intemperie, la pobreza enérgética y al desempleo juvenil o de larga duración. ¿Y a todos esos quién les va a colocar?

No tengo duda (y lo sé) que Mario Fernández se ha sentido humillado, vilipendiado y tratado injustamente. Y por eso va a ir contra Kutxabank en los tribunales cuando todo esto termine. La cuestión es que quedan seis meses de investigación en un contexto de alto voltaje político en los que a buen seguro se van a seguir conociendo cosas de ese contrato, de la iguala, de si los miembros del Consejo de Administración de Kutxabank nombrados a instancias del PNV miraron para otro lado y no se enteraron de nada, como afirma Joseba Egibar. El mismo que ahora clama contra lo que considera una “injerencia política inadmisible”. ¡Qué cosas! Como si los partidos políticos no han campado a sus anchas -y lo siguen haciendo- en el nuevo banco y en las tres fundaciones-. Como si PNV y PP no hubieran pactado la Ley de Cajas en el Congreso de los Diputados. Como si Antonio Basagoiti no supiera nada de lo de Cabieces. Como si en el PSE, tampoco. Esto es lo que hay.

Esas tomas de posición, más cercanas a la hipocresía que a otra cosa, son las que encolerizan aun más si cabe a la gente. Y a Mario Fernández, que no acierta a entender cómo le han podido meter una puñalada de estas características al final de su carrera. Y por 243.592 euros. “Será por dinero”, le diría Fernández a Goio Villalabeitia en aquella entrevista en la que el nuevo gestor de Kutxabank le comenta las “irregularidades” que luego elevaría a la Fiscalía. ¿Se imaginan la cara del supervisor europeo (BCE) cuando el presidente de Kutxabank le transmitió el 'pufo' del contrato con el bufete de abogados? ¡Pero si eso es lo que se gastaba Rodrigo Rato o sus secuaces en Caja Madrid y Bankia en un minuto con las tarjetas opacas! Oiga que Estanislao Rodríguez-Ponga, todo un economista e inspector de Hacienda, gastó con su 'black-card' 43.994 euros en supermercados, ultramarinos y economatos. Ande, no me haga perder más el tiempo, pase usted por Fiscalía y olvídeme, que estoy esperando a Yannis Varoufakis. Muchas gracias.

Algo así, valga la caricatura, sí lo reconozco, pero con datos tan reales como sangrantes, le diría el supervisor europeo a Goio Villalabeitia. ¡Váyase con sus chirigotas a Cádiz!

Ahi les dejo una: “Mamá, quiero ser concejal”

Y la bruja local también me dijo

“Pronto una alcaldesa tendreis allí,

con el pelo rubio, trabaja en Cádiz“

¿Teófila Martínez se viene aquí?

pero luego supe que esa no era

pa mi que es la rubia de la casera

que trabaja en Cádiz bien colocá en diputación

porque era una mierda el sueldo aquí en la oposición

pobre Isabelita lo que te espera

cada vez que vengas al carnaval

como el Cabezas aquí a soportar

como el Cabezas aquí a soportar

lo que te digan las chirigotas

o cuando te acosen to los pelotas

por la avenida detrás de ti

“colócame a mi, colócame a mi”

vas a acabar hasta las pelotas

pero pese a todo quiero animarte

pues todo el mundo querrá ayudarte

porque seguro que va a tocarte

el cometido, de enchufar a mas de un inútil

afiliado del partido

si vas a ser alcaldesa

ya sabes bien lo que hay

no sé si es lo que esperabas

yo que tú me lo pensaba

con lo bien que estás en 'Cai'.

El 'caso Kutxabank' -la denuncia elevada a la Fiscalía de Bizkaia por el banco vasco contra su anterior presidente Mario Fernández por supuestas “irregularidades” en la contratación de los servicios de un bufete de abogados para el que trabajaba el ex dirigente socialista Mikel Cabieces- tiene dos vertientes. La judicial y la política. Ambas se entremezclan, pero para la fiscal encargada del caso, Carmen Adán, fiscal jefe de Bizkaia, lo fundamental es investigar si en esa relación se ha producido un delito societario y un quebranto económico para la entidad.

Esto es lo que investiga la fiscal, según fuentes del ministerio público. Y para determinar los posibles delitos -“irregularidades”, según la auditoría encargada por el banco vasco que ha dado pie a la denuncia interpuesta por los actuales gestores de Kutxaban, con Gregorio Villalabeitia a la cabeza- serán fundamentales las dos declaraciones que se van a producir en Palacio de Justicia bilbaíno este viernes. En el marco de las diligencias previas abiertas por la Fiscalía de Bizkaia, Carmen Adán interrogará a Mikel Cabieces y al propio Mario Fernández.

Los delitos societarios está incluidos en el Código Penal. “Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido”. Este es uno de los artículos del Código Penal que tipifica estas conductas.

¿En qué se va a fijar en la declaración la fiscal jefe? En el tipo de relación contractual existente entre el despacho para el que desarrollaba sus servicios Cabieces -Alcorta y Asociados, que dirige Rafa Alcorta- y Kutxabank. La relación entre el banco vasco y este despacho de abogados laboralista es histórica. El expresidente del banco y el exdirigente del PSE deberán probar que la prestación de servicios acordada por la entidad a través del bufete para el que trabajaba Cabieces era real y evitar así que la fiscalía eleve la denuncia a los tribunales por un delito societario.

¿Ha existido quebranto para Kutxabank? Esto es algo que también tendrá que determinar la fiscal jefe. En principio, la relación contractual entre Kutxabank y el despacho sirvió, presuntamente, para que el exdirigente socialista y exdelegado del Gobierno cobrará unos 6.000 euros al mes. Mario Fernández, al ser informado de las “irregularidades” detectadas en la entidad en ese contrato a través de una auditoría interna optó por devolver la cantidad concreta cifrada por Kutxabank en 243.592 euros. 

Quebranto económico para Kutxabank

Con la devolución de ese dinero, Mario Fernández pretende limitar precisamente ese posible quebranto para la entidad que dirigía hasta finales de noviembre pasado. Pero fuentes de la fiscalía vasca consultadas por eldiarionorte.es cuestionan que la mera devolución del dinero borre el quebranto. “En todo caso, si finalmente el caso llega a los tribunales se puede considerar como una atenuante”, sostienen las mismas fuentes, que en ningún caso prejuzgan el resultado de la incipiente investigación, abierta en tiempo récord por la Fiscalía. La denuncia se trasladó el pasado viernes y la Fiscalía incoó diligencias de manera inmediata. La Fiscalía tiene seis meses, prorrogables otros seis más, para determinar si existe causa penal, qué tipos delictivos existen y contra quién hay que dirigir la acusación.

La otra vertiente del caso está relacionada con las implicaciones políticas del caso, que de momento le han costado el puesto de dirigente a Cabieces en el PSE y su baja como militante del partido. La pregunta que también puede incluir en su cuestionario la fiscal es si la decisión de aumentar el costo del contrato que Kutxabank tenía con el bufete obedece a un acuerdo político previo para asegurar unos ingresos mensuales al exdelegado del Gobierno tras su cese. Cabieces abandonó el cargo de delegado del Gobierno después de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, tras la victoria del PP. Cabieces comenzó a prestar sus servicios para el citado bufete en el primer trimestre de 2012. Durante el tiempo que ha durado la prestación de servicios de Cabieces para el citado despacho de abogados, el exdirigente ha trabajado en los juzgados bilbaínos, según diversas fuentes consultadas por este diario. Esta será una de las líneas de defensa que empleará Cabieces ante la Fiscalía.

Junto a estas declaraciones, la fiscal analizará la información que le debe remitir el responsable de Recursos Humanos,  Fernando López de Eguilaz, que ya ha declarado en la causa el pasado miércoles. La fiscal ha solicitado a Kutxabank que le remita el contrato de prestación de servicios con el despacho de Rafa Alcorta y las posibles variaciones que se hayan producido a lo largo del tiempo. El Consejo de Kutxabank ha celebrado este jueves su primera reunión después de que el banco destapara las “irregularidades” y las enviara a la Fiscalía, tal y como le ordenó el Banco Central Europeo a Villalabeitia al informar de los hallado en la auditoría interna. Aunque el tema no figuraba en el orden del día, según han confirmado fuentes de la entidad, el asunto se ha abordado, dada la trascendencia que el tema ha tenido en la política vascas. La preocupación por el impacto que este caso pueda tener en la marca Kutxabank preocupa a los responsables del banco vasco.

La reunión que han mantenido a lo largo de toda la mañana de este sábado en la sede central del PSE-EE en Bilbao los miembros del Consejo Político del partido -dirigido por Rodolfo Ares- ha servido para pasar a limpio y debatir la agenda que desde la Ejecutiva lleva impulsando desde el pasado mes de septiembre la nueva secretaria general, Idoia Mendia. El encuentro, al que han acudido excargos del Gobierno vasco, profesores de la UPV, exsenadores, cargos orgánicos e institucionales del socialismo vasco y la propia Idoia Mendia, ha coincidido con la explosión del denominado 'caso Kutxabank', la denuncia que ha interpuesto ante la Fiscalía la entidad bancaria contra su anterior presidente por supuestas irregularidades en la contratación de los servicios de un bufete de abogados para el que trabaja el exdelegado del Gobierno vasco y hasta el viernes dirigente de los socialistas vascos, Mikel Cabieces.

Las primeras planas de los principales periodicos vascos relacionaban la figura de Cabieces con un posible cobro irregular de un sueldo superior a 243.000 euros vía un contrato de prestación de servicios cerrado en la etapa del expresidente de Kutxabank, Mario Fernánez, con un bufete de Bilbao en el que trabaja el ya exdirigente socialista. Fernández ha clamado hoy contra la “situación de indefensión” creada por una denuncia que asegura desconocer, aunque determinadas fuentes aseguran que él ha devuelto el dinero que Kutxabank considera producto de un contrato irregular. Y esa polémica ha pesado en la reunion, aunque la temática abordada en el encuentro ha sido mucho más amplia, incluidas las políticas sociales y las sanitarias relacionadas con los enfermos crónicos, según han confirmado a eldiarionorte.es varios de los asistentes al encuentro. La reunión estaba convocada antes de que estallara el 'caso Kutxabank'.

La líder del PSE-EE, afectada ante el efecto que este asunto que ahora investiga la Fiscalía de Bizkaia -en manos de Carmen Adán- y consciente de la creciente preocupación entre las bases y los cuadros internos, no ha soslayado el asunto. Mendia ha explicado a los asistentes la meteórica actuación interna del partido una vez que tuvo conocimiento de la denuncia contra Mario Fernández y de que el caso salpicaba a uno de los miembros de su Ejecutiva. De alguna manera, la secretaria general de los socialistas vascos -sin prejuzgar las responsabilidades que pudiera tener Cabieces en este caso- ha pretendido levantar un “cordón sanitario” entre el 'caso Kutxabank' y el PSE.

“Lo que pueda haber pasado, que es algo que ahora investiga la fiscalía, es algo relacionado entre los servicios que ha prestado Cabieces en ese bufete contratado por Kutxabank. Tiene que ver con la relación personal laboral entre este exdirigente y el despacho de abogados que prestaba sus servicios a Kutxabank en la etapa de Mario Fernández”, explican fuentes socialistas. Cabieces, que se mantiene en silencio, ha renunciado a su cargo y ha pedido la baja tempora del partido, expediente que se tramitará en la sede del PSOE en Ferraz.

Lo que no puede evitar el partido es su preocupación por cómo puede afectar un caso del que se desconoce prácticamente todo a la marca PSE, sobre todo en municipios donde los socialistas se juegan revalidar su plaza de liderazgo como Barakaldo y, sobre todo, Portugalete. Cabieces fue alcalde de este último municipio y cedió el bastón de mando a su actual regidor, el actual líder del PSE en Bizkaia, Mikel Torres. La incertidumbre ya se había disparado desde que los círculos de Podemos en Portugalete anunciaron que tienen intención de presentar una agrupación de electores para concurrir en los comicios locales. La cosa se complica ahora mucho más ante el comportamiento electoral de unas bases muy críticas ante cualquier sospecha de posibles prácticas irregularidades por miembros del partido. Y en un contexto en el que se pueden multiplicar las plataformas ciudadanas. El próximo sábado la iniciativa Goazen Bilbao ha realizado un llamamiento a la ciudadanía de la capital vizcaína para crear una plataforma para concurrir a los comicios de mayo. “El momento es ahora y lo tenemos que hacer en unidad”, señalan su impulsores.

“Estamos preocupados”

“Estamos preocupados, y no sabemos cómo va a influir este caso en nuestro electorado o en la política que estamos desarrollando centrándonos en los temas sociales y de recuperación del empleo para volver a atraer a la gente que ha votado socialista, pero que se ha ido a la abstención desde las elecciones generales de noviembre de 2011”, admiten fuentes socialistas. Uno de los asistentes al Consejo ha señalado a este periódico que “es fundamental determinar hasta dónde llega el asunto, y si se trata de un posible caso ilegal, una irregularidad o tiene exclusivamente un reproche ético”, dando a entender que no se puede poner en el disparadero a la gente hasta conocer de qué se trata exactamente. “De momento es una denuncia de Kutxabank contra Mario Fernández; vamos a esperar a cómo va la investigación”, apunta otro participante del Consejo y exmiembro del Ejecutivo socialista.

El otro tema que también se ha analizado en la reunión es el efecto que pueda tener el 'vendaval Podemos' también en Euskadi. Algunos miembros del consejo, aun apreciando que el efecto Podemos ha llegado también a Euskadi, señalan que habrá que ver si todas las intenciones. “La situación después de las elecciones de mayo y las autonómicas se puede volver ingobernable si el efecto Podemos que ahora revelan las encuestas se trasnforma en voto real”, apuntaba uno de los asistentes el mismo día que el partido de Pablo Iglesias reventaba el centro de Madrid con una manifestación multitudinaria.

Rodolfo Ares, que se ha mantenido en un discreto segundo plano, desde que salió de la Ejecutiva en septiembre para hacerse cargo del Consejo Político, presente también en la reunión en la sede socialista, lleva trabajando en la sombra para articular este órgano como un auténtico 'think tank' dinamizador de grupos de trabajo sectoriales. No en vano, buena parte de los asistentes al cónclave de este sábado formaron parte del Ejecutivo del lehendakari Patxi López en Departamentos como Industria, Medio Ambiente, Sanidad o la propia Lehendakaritza.

Pese a admitir las dificultades que se le presentan al PSE, salió contento de la reunión. Participa completamente del impulso que desde la Ejecutiva ha dado Mendia al objetivo central de los socialistas para las próximas elecciones: colocar en la agenda vasca las políticas sociales y de empleo. Y los grupos de trabajo formados en el seno del Consejo Político quieren poner su trabajo al servicio de esa estrategia.

Los nuevos responsables de Kutxabank, con Gregorio Villalabeitia a la cabeza, han presentado una denuncia en los tribunales contra el anterior presidente de la entidad, Mario Fernández, han detectar supuestas irregularidades en un contrato que mantenía la entidad con un bufete de abogados de Bilbao para el que prestaba sus servicios el hasta ahora dirigente del PSE-EE, Mikel Cabieces.

Al parecer, según la denuncia, en la relación establecida con el bufete de abogados se produce un significativo incremento de la cantidad que se paga al mismo sin que los nuevos gestores se expliquen la razón de esa subida, según fuentes conocedoras de la investigación interna realizada por la entidad bancaria.

Kutxabank ha remitido a la Fiscalía una actuación “irregular” en la entidad bancaria durante la anterior presidencia de Mario Fernández, que ha ascendido a 243.592,02 euros, cantidad que ya ha sido íntegramente devuelta, por lo que el “quebranto económico para la institución ha sido totalmente compensado”.

En un comunicado, Kutxabank ha informado de que, tras haber sido conocedores de determinada actuación “irregular” en la entidad durante la anterior Presidencia y, una vez verificada la misma por la Auditoría Interna, el Consejo de Administración de Kutxabank ha acordado, en cumplimiento de la legalidad vigente y de las indicaciones de los Órganos de Supervisión, comunicar dicha actuación al Ministerio Fiscal.

Dicha medida ha sido adoptada con la “máxima diligencia” en el marco de las normas del buen Gobierno Corporativo. El importe de dicha actuación, que ha ascendido a 243.592,02 euros, ha sido íntegramente devuelto, por lo que el “quebranto económico para la institución ha sido totalmente compensado”.

Mikel Cabieces, que era consejero de la BBK en representación de los socialistas vascos y abandonó el cargo antes de acceder a la nueva Comisón Ejecutiva de los socialistas vascos, mantenía una relación profesional con el citado bufete. La Fiscalía deberá investigar si se ha producido algún tipo de sobresueldo al ya exdirigente socialista en este caso por parte del anterior presidente de Kutxabank.

Reunión entre Mendia y Cabieces

Al tener conocimiento el PSE de la “denuncia por presuntas irregularidades detectadas por los servicios de la entidad en un contrato de prestación de servicios jurídicos que Kutxabank mantenía con un bufete de abogados de Bilbao”, la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendía, ha exigido aclaraciones al miembro de su dirección. Cabieces y  Mendia han mantenido una reunión en la que, tras las explicaciones ofrecidas por el dirigente socialista y exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Cabieces ha presentado su renuncia al cargo en la Ejecutiva -que ha sido aceptada inmediatamente- y ha solicitado la baja temporal del partido. Cabieces accedió a la dirección del partido el pasado mes de septiembre con el cargo de secretario de Reformas Institucionales

Con todo, los socialistas no prejuzgan la “estricta relación personal de Mikel Cabieces con dicho despacho”, ni “las responsabilidades” en las que haya podido incurrir en el ejercicio de sus funciones en el mismo, señalan los socialistas en una nota oficial.

El expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, se ha incorporado esta misma semana a la comisión de auditoría y control de Repsol como consejero independiente. Fernández, que forma parte del consejo de la petrolera desde 2011 por su dilatada experiencia como abogado mercantil y financiero, ha reforzado así su puesto en la compañía.