La asociación Élite Taxi ha contratado al exjuez Elpidio Silva para que les represente en la batalla legal abierta por los taxistas contra plataformas como Uber o Cabify.

Silva fue apartado de la carrera judicial acusado de prevaricación por enviar al difunto ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa a prisión.

El portavoz de esta asociación en Barcelona, Alberto Álvarez, ha asegurado a Efe que pretenden que el exjuez tenga un papel destacado tanto como portavoz del colectivo de taxistas como en materia legal.

Este miércoles está convocada una gran movilización de taxistas de toda España en Madrid para protestar por el crecimiento de las licencias de coches de alquiler con conductor, las llamadas VTC.

Álvarez ha explicado a Efe que desde el área metropolitana de Barcelona partirán hacia Madrid unos 14 autocares y otros 400 taxistas viajarán con sus vehículos hacia la capital de España.

Sonó la voz de Elpidio Silva al otro lado de mi teléfono y compartimos la noticia de la muerte de Miguel Blesa de un disparo. No sentí rencor en esa llamada. Con el juez apartado de su carrera tras meter al banquero en la cárcel comentamos que era el momento de respetar a la familia. Ellos deben tener su momento de duelo. Aunque sea el que no tuvieron los familiares de muchos preferentistas que murieron sin recuperar sus ahorros.

Elpidio recordó conmigo a ese Blesa muerto de miedo. Al acusado que se agarraba fuertemente al asiento cuando temía que el juez lo enviara a prisión. Fue entonces cuando Silva vio ante él a alguien que se había creído el más grande, pero quedaba reducido prácticamente a la nada. Tanto para esto. El estirado cazador se encogía, porque deseaba escapar y no haber estado nunca allí.

Hoy, ni Elpidio ejerce como juez, ni Blesa de la Parra tiene el poder de librarse de la cárcel en cuestión de días. Uno ha muerto y otro sufre la muerte de su carrera judicial en vida. El pánico de Blesa lo ha fulminado un disparo y evita definitivamente la cárcel. Silva comparte como abogado el sentimiento de los que no quieren morir sin ver que se hace justicia.

Una caja quebrada, un rescate bancario, preferentes, sobresueldos, saqueo, derroche, vicios pagados por todos... La carrera iniciada porque Blesa era amigo de Aznar termina con la muerte violenta de un banquero en España. Otro sobresalto. Uno más. Hace unas horas daba la vuelta al mundo la detención del presidente de la Federación Española de Fútbol y ahora queda ensombrecida por la trágica muerte de uno de los principales banqueros españoles. Se comenta fuera de nuestras fronteras y se recuerda su vínculo con la corrupción en España.

El disparo que termina con Blesa es, en definitiva, otro triste episodio en lo más negro de la historia reciente de nuestro país. El protagonista, condenado y a la espera de más penas, desaparece trágicamente marcado por la corrupción. Esa que a muchos nos avergüenza como españoles y otros aún aparentan vivir como si fueran casos aislados.

La corrupción es la alteración más grave y contagiosa que pueden padecer las instituciones. Supone que una persona o varias, de común acuerdo, instrumenten y manejen el sector público a su antojo, en beneficio propio o ajeno. La misma patología arrasa a las corporaciones privadas si los gestores las administran imponiendo intereses particulares defraudatorios, frente a los de la sociedad o sus socios. También existen situaciones mixtas, donde lo público y lo privado se entrecruzan constantemente. Es el caso de las fundaciones como, por ejemplo, las Cajas de Ahorros, prácticamente inexistentes en la actualidad.

Hasta esta definición se suscita un cierto acuerdo general. Pero, cuando llega el momento de precisar si determinados hechos constituyen prácticas corruptas, donde el común de las personas advierte podredumbre institucional, la interpretación judicial, sin embargo, suele ser invidente. Por ejemplo, cualquier ciudadano medio se alarmaría si en un proceso penal quien ejerce la defensa es un letrado amigo del juez. No obstante, gran parte de la judicatura española no advierte la menor irregularidad en este proceder, salvo que se pruebe la amistad “íntima” entre el abogado y el sentenciador; algo, por cierto, medio imposible de probar. En definitiva, la noción de corrupción impuesta, en muchas ocasiones, no asume lo que la sociedad percibe claramente como indignante.

La corrupción y su repercusión no suelen preocupar en el día a día del lento quehacer judicial. Nuestros juzgados son adictos al trámite y al volcado mecánico de resoluciones, bajo tiempos y formas precisas para adaptarse a los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial. Esta fuerte impronta burocrática posterga, e incluso menosprecia, la sana preocupación por innovar la interpretación de las normas. La mentalidad jurídica cerrada a la evolución se ajusta a la ley como la dura cáscara de una tradición más impuesta que razonable. Sólo así puede entenderse la colosal falta de adaptación a la realidad social de nuestros tribunales, por ejemplo, en el caso de las cláusulas suelo o respecto del vencimiento anticipado de deudas hipotecarias. Ningún jerarca ha reconocido la menor responsabilidad en diversos errores judiciales notables. Esta ausencia de autocrítica por parte de un poder del Estado es incomprensible en democracia, sobre todo cuando millones de personas han tenido que depositar su esperanza en los tribunales internacionales.

Este déficit cognitivo de nuestra judicatura al fijar el criterio justo se incrementa cuando se trata de definir los límites de la corrupción. Hasta tal punto que para gran parte de la ciudadanía el problema ya no es de conocimiento, sino saber quién manda. A nuestra judicatura le falta poder, es decir, independencia, en la batalla jurídica contra los máximos responsables de la actual crisis.

La perversión institucional que está saliendo a flote en nuestro país es terrible e indignante. Una de las claves del desastre reside en la ausencia de respuesta judicial apropiada durante más de 30 años. A partir de algunas causas penales (casos Blesa o Gürtel), la ciudadanía palpó que ciertas tramas delictivas, presentes en Cajas de Ahorros y partidos políticos, resumían el origen, naturaleza y alcance de nuestra crisis económica. En el año 2011 (15M) la sociedad española inició un duro despertar a la realidad. Al abrir los ojos no supo si escandalizarse más ante la corrupción evidente o ante un poder judicial que apenas se inmutaba.

Se han movilizado variados alegatos falsos para frenar y desprestigiar el trabajo judicial contra esta plaga que vampiriza al sector público. Los corruptos se han alzado argumentando que se les investiga “inquisitivamente”; o que se están montando “causas generales” donde se persigue a la persona sin definir el objeto de la investigación. Aunque son argumentos infundados, los casos abiertos más relevantes se han triturado y archivado, o se han fragmentado impidiendo que se visualice la índole de nuestra degeneración sistémica.

En realidad, no ha sido difícil detener o ralentizar a una judicatura temerosa, o poco habituada a investigar las tramas criminales complejas del Derecho Penal Económico. Los escándalos de hoy han nacido del inmovilismo del pasado, y es poco creíble que pueda iniciarse la regeneración extrayendo a última hora cientos de imputaciones penales de la chistera. Una gran mayoría social lo piensa: no sólo es corrupto quien ha expoliado, sino también quien lo ha permitido mirando hacia otro lado. Sin esta parálisis institucional el nivel de podredumbre no hubiera alcanzado cotas tan alarmantes, ni nos veríamos como el reino de la impunidad. El Derecho llega tarde para ser el principal definidor de la corrupción, máxime en un Estado que carece de justicia independiente.

La corrupción es una noción social previa al Derecho. La sociedad española ha ido aceptando, no sin espanto, que comprende el problema mejor que muchos jueces y fiscales. Ya no soportamos los comentarios de altos cargos defendiendo su independencia de criterio, cuando en realidad son títeres de los intereses políticos que les han colocado en el cargo. La corrupción pervierte hasta la médula la finalidad de las Administraciones Públicas. Sus modalidades delictivas (prevaricación, cohecho, malversación o apropiación indebida, entre otras) hacen peligrar los cimientos de las Instituciones. El Estado moderno nació precisamente para superar esta patrimonialización del poder, vertebradora del vasallaje feudal. En esta sismología se crispa una sociedad que rechaza la forma con la que el poder establecido define, dócilmente, el alcance y naturaleza de la criminalidad que nos ha arruinado.

Nuestro actual régimen político, muy escasamente democrático, nació subordinado a las familias que hoy siguen manejándolo a su antojo, con irrelevantes variaciones desde hace casi 80 años. De este modo, la democracia cede frente a los intereses de aquellos para quienes lo público es un fértil territorio de impunidad y codicia patrimonial. Es difícil en tales circunstancias tender hacia un sistema efectivo de libertades, armonizado por la igualdad de derechos y oportunidades. No existe Estado de Derecho sin poder judicial independiente. Por estas carencias estamos alcanzando en España un nivel de alarma próximo a la ruptura del pacto social originario, fundamento de toda organización política.  

En la etimología del verbo “corromper” yace la referencia a síndromes profundamente dañinos, rectores de una descomposición global. Las Instituciones, sin ese arraigo y coherencia social cuyo prestigio en lo público se llama legitimidad, son pasto de los corruptos como los árboles muertos para las termitas. A lo largo de los años sólo queda la fina película de maquillaje que apenas disimula la profunda descomposición interna.

Por este motivo, precisamente, hay que elaborar estrategias para combatirlos mediante guías contrapuestas. A estas alturas, la reacción penal tiene poco remedio ante hechos criminalizados a nivel general. Será muy difícil resucitar a las Cajas de Ahorros, que la gente recupere la confianza en la clase política, o decomisar el fruto del expolio. Llegamos muy tarde. Hemos ignorado durante decenas de años que la corrupción se erradica principalmente mediante prevención; es decir, anticipándose a sus consecuencias irreparables.

Como contrapeso a un proceder delictivo de manual, deben forjarse protocolos de alertas en manos de supervisión antifraude bien dotada. No existe otro modo de encarar esta epidemia institucional. Pero, sobre todo, de ninguna otra forma la ciudadanía creerá que quienes encabezan las Instituciones tienen la voluntad de regenerarlas. Este acuerdo entre lo social y lo jurídico quizá sea imposible en el ámbito penal hoy en día. Al fin y al cabo, nuestra justicia ni siquiera pasó por la transición política de 1978. Pero, al menos, se podría comenzar el acercamiento en el campo de la prevención. Urge detener la creciente deslegitimación de quienes, estando obligados, no han perseguido con eficacia a esta clase de criminales denominados corruptos.

La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), encabezada por el malagueño Luis Pineda, habría utilizado al partido del exjuez Elpidio José Silva, Movimiento Red, como escaparate político. Según informa El Confidencial, el líder de Ausbanc, en prisión provisional desde pasado lunes por los delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal, habría asumido los gastos de la presentación oficial de la formación en Sevilla con la que Silva se presentó a las elecciones europeas de mayo de 2014.

El evento fue presentado por Jesús Quintero, popularmente conocido por programas como 'El loco de la colina' o 'Ratones coloraos', y se celebró en el teatro del propio periodista en la capital andaluza. No obstante, el líder intelectual de este acto fue el propio Luis Pineda. La conversación que se produjo entre Quintero y Silva en la presentación de Movimiento Red estaba programada como una de las galas de 'Las Noches del Club de la Vida Buena', un programa que trazó y costeó el presidente de Ausbanc para captar socios en Andalucía. Otro de los objetivos de Pineda era hacer publicidad de las grandes compañías y bancos que pagaban su impuesto subversivo.

La presentación de Movimiento Red en la que participaron el Elpidio José Silva y Jesús Quintero fue difundida por los canales de comunicación de Ausbanc. En un vídeo almacenado en el canal de Youtube de la asociación, Ausbanc aseguraba que “cuando fallan la Justicia y la libertad de expresión viene la corrupción”.

De hecho, hasta la participación del propio Jesús Quintero en el acto de promoción de la formación política no fue un hecho casual. Según asegura El Confidencial, el comunicador guarda una relación de amistad muy cercana con Luis Pineda desde que pasó por su programa 'Ratones coloraos' en el año 2008. En la presentación del líder de Ausbanc, Quintero le definió como “una especie de Robin Hood que se enfrenta a los más ricos de entre los ricos”. A partir de entonces, Ausbanc se postuló como uno de los mejores clientes del sevillano Teatro Quintero para organizar diversos eventos, entre los que destacaba el propio programa 'Las Noches del Club de la Vida Buena'.

Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid gracias a la intervención de José María Aznar y que se sentará en el banquillo por el caso de las tarjetas black, ha enviado un escrito al juez Elpidio Silva en el que le reclama 500.000 euros de indemnización por su paso por la cárcel. El exbanquero considera que la nulidad del auto emitido por el entonces juez Elpidio Silva, que fue inhabilitado precisamente por este caso, le convierte en víctima y, por lo tanto, tiene derecho a reclamar una compensación económica.

Blesa ingresó dos veces y pasó un total de 15 días en la prisión, del 16 al 17 de mayo, día que salió tras abonar 2,5 millones de euros de fianza, y del 6 al 20 de junio de 2013. Por lo tanto, reclama 33.333 euros por cada noche que pasó entre rejas. Lo habitual es que una persona que permanezca en prisión por error reciba una indemnización de 50 euros diarios.

Miguel Blesa, que ganó 20 millones de euros durante sus últimos ocho años en Caja Madrid, tuvo una vida de lujo -con safaris y vinos de lujo- pero muchos de esos gastos los abonó con las tarjetas black, según se desprende la exclusiva de los correos de Blesa que publicó eldiario.es.

Las razones que esgrime Blesa para solicitar 500.000 euros de indemnización, y a las que ha tenido acceso eldiario.es, son los 15 días que estuvo en prisión “en virtud de sendos autos judiciales declarados prevaricadores”, según reza el escrito del abogado de Blesa, Carlos Aguilar. Además, el letrado del expresidente añade que su defendido sufrió perjuicio por “los daños económicos derivados tanto de la obtención como de la constitución de una fianza por importe de 2,5 millones de euros”, “los daños morales y la lesión del honor y la pública consideración” de Miguel Blesa, y añade los “gastos de defensa y representación”.

Lucro cesante por tener que dejar los consejos

A las cuatro razones anteriores, el abogado Carlos Aguilar añade el lucro cesante, el dinero que Blesa dejó hipotéticamente de ganar por su entrada en la cárcel, como motivo para reclamar más de 33.000 euros por cada día que su defendido durmió en prisión. El texto del letrado solicita que Blesa sea compensado por “los daños irrogados y el lucro cesante sufridos por mi representado como consecuencia de la actividad profesional que no pudo continuar desarrollando a causa de su indebida imputación y encarcelamiento, especialmente los ceses en los consejos de Administración de los que era miembro, provocados como consecuencia de las prevaricadoras resoluciones judiciales por Vd. dictadas”.

Cabe recordar que tras la anulación de esta causa, Miguel Blesa está acusado por el caso de las tarjetas black y deberá sentarse en el banquillo junto a Rodrigo Rato.

Pero, además de los 500.000 euros reclamados por Miguel Blesa, su abogado, Carlos Aguilar, también solicita ser indemnizado con 50.000 euros. El argumento, en este caso, es la también imputación del letrado en el caso y, al haberse anulado el auto, los daños y perjuicios causados.

Blesa, en los papeles de Panamá

Miguel Blesa ha sido protagonista esta misma semana ya que se ha desvelado gracias a los papeles de Panamá que tuvo el control de una sociedad creada en un paraíso fiscal por el bufete panameño Mossack Fonseca, según desveló El Confidencial. Los papeles de Panamá vinculan el nombre de Blesa con la empresa se llamaba Danforth Investment que había sido creada en 1989 para tener su sede en las Islas Vírgenes Británicas. En esa época, Blesa trabajaba en Madrid como asesor fiscal y por tanto conocía perfectamente la legislación española en esos asuntos y las repercusiones de contar con una sociedad localizada en un paraíso fiscal.

Gracias a sus poderes sobre Danforth Investment, Blesa creó en 1992 Danforth Ibérica, empresa que tiene en la actualidad un capital social de más de 700.000 euros. Blesa figuró como administrador de esa empresa durante solo un año, ya que fue sustituido por José María Montoto Cañas, que había sido en las elecciones generales de 1986 candidato por Córdoba de Alianza Popular en el número 3 de la lista.

Según desvela El Confidencial, en 1991 las inversiones de la firma opaca de Danforth, registrada en las Islas Vírgenes, compró el 45% del capital social de la sociedad española Construcciones Aeronavales SA (CANSA) por unos 315.000 euros. Los consejeros eran entonces José María Montoto, Pedro Rodríguez Pla y la empresa armamentística EINSA. Esta firma, según se desprende de los correos de Blesa destapados por eldiario.es, utilizó a Blesa como intermediario con Aznar para la venta de armamento a Libia y Argelia con la que el expresidente obtuvo jugosas comisiones.

“Me preguntas, a instancias del Presidente, por las remuneraciones en los órganos de gobierno/administración”. Así arrancaba el correo electrónico que, bajo la leyenda de 'Confidencial', el secretario saliente del Consejo de Administración de Caja Madrid envió al presidente de la entidad, Miguel Blesa, el 1 de septiembre de 2009. Seis años y seis meses después, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha enviado a juicio el caso de las ‘tarjetas black’, la primera cita con el banquillo de los acusados que tendrá el una vez todopoderoso Rodrigo Rato y en la que se enfrenta a peticiones de condena de hasta 10 años de cárcel.

Parece imposible que De la Torre pudiera imaginar aquel día de las postrimerías del verano de 2009 que el mensaje en el que ponía por escrito la dinámica de retribuciones ilegales en la cúpula de Caja Madrid fuera a provocar uno de los mayores escándalos judiciales de la siguiente década. Y no lo hubiera sido si el correo hubiera sido pasado por alto entre los más de 8.000 que llegaron a la redacción de eldiario.es en diciembre de 2013. Fue el día 13 de aquel mes cuando este medio publicó una información con el titular Los consejeros de Caja Madrid tenían una tarjeta de crédito en negro de hasta 50.000 euros al año.

La propia Bankia, con su actual presidente, Ignacio Goirigolzarri, al frente, ha reconocido que tuvieron conocimiento de la práctica llevada a cabo por el anterior equipo gracias a la información de eldiario.es. Eso provocó que ordenaran una auditoría interna cuyos resultados acabaron en la Fiscalía Anticorrupción y de ahí, al Juzgado de la Audiencia Nacional que ya investigaba la salida a bolsa de Bankia. Era octubre de 2014. Nacía el caso de las tarjetas black.

Pero hasta llegar a ese momento conviene rebobinar. Los correos electrónicos de Blesa habían salido de los servidores de Bankia porque el juez Elpidio Silva ordenó su incorporación a la investigación por la compra del Banco de Florida. Hoy, Silva ya no es juez y aquel caso está archivado. El exjuez de la Audiencia de Madrid fue condenado a más de 17 años de inhabilitación por prevaricar durante aquella instrucción, incluida la requisa de los correos y el envío a la cárcel a Blesa en dos ocasiones. La condena fue confirmada por el Tribunal Supremo.

Los correos electrónicos del caso Blesa llegaron a la redacción de eldiario.es a través de una fuente anónima derivada por la comisión anticorrupción del Partido X. Su publicación supuso a los ciudadanos conocer las tripas del capitalismo de amiguetes que las élites políticas y económicas del país no habían dejado de practicar ni en los peores años de la crisis.

Este lunes, el juez Andreu dictó auto de apertura de juicio oral en el caso de las tarjetas 'black', en el que incorpora los argumentos y peticiones de condenas de cada una de las acusaciones. En base a ellas, el magistrado cree que hay motivos para que Rato -que sustituyó a Blesa en Caja Madrid y presidió también Bankia- el propio Blesa y otros 64 directivos y miembros del Consejo de Administración ocupen un gigantesco banquillo de los acusados por gastar más de 15 millones de euros de la entidad, rescatada con más de 23.500 millones de euros de dinero público.

UPyD pide 10 años de cárcel para Rato, Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj por apropiación indebida y administración desleal, éste último delito como responsables de la existencia y funcionamiento de los plásticos opacos. Anticorrupción solicita 4 años y medio para Rato y 6 para Blesa. El FROB y Bankia piden tres años para el que fuera vicepresidente económico del Gobierno por emitir y “mantener ocultas” las tarjetas black.

El tribunal de las tarjetas black será conformado por magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional. El momento de su celebración depende de las vistas ya señaladas por esa Sección, pero fuentes jurídicas apuntan a que debería celebrarse en lo que resta de 2016.

La jueza de Madrid Esperanza Collazos ha archivado la causa contra Miguel Blesa por la adquisición del Banco de Florida por parte de Caja Madrid cuando él era presidente de la entidad. La magistrada entiende que la decisión de adquirir esa entidad no puso en riesgo a Caja Madrid y que, en cualquier caso, Blesa y su equipo realizaron la operación sin actuar fuera de las funciones que tenían atribuidas, ni para su provecho.

Esta es la segunda batalla jurídica que gana Blesa de los frentes que tiene abiertos. El expresidente de Caja Madrid vio cómo la Audiencia de Madrid anulaba toda la instrucción realizada por el juez Elpidio Silva en relación con el crédito de 26 millones concedido al Grupo Marsans cuando la compañía de Gerardo Díaz Ferrán ya estaba en quiebra. Ahora, se libra de la segunda investigación que le abrió Silva, que motivó su ingreso en prisión provisional en dos ocasiones y durante la que fueron obtenidos los correos de Blesa.

Paradójicamente, los correos incautados en la investigación ahora archivada sirvieron para conocer la existencia de las tarjetas 'black', cuando eldiario.es publicó un mensaje que daba cuenta de los plásticos opacos. Blesa sigue imputado en esta causa, en el marco de la cual tiene embargada su fortuna. Además está en situación de querellado en la pieza de las preferentes, separada del caso Bankia y la Fiscalía ha solicitado su citación como imputado por las retribuciones presuntamente irregulares en la cúpula de Caja Madrid.

En el caso del Banco de Florida, la querellante, Manos Limpias, denunciaba que Blesa se había saltado los controles de la Comunidad de Madrid para realizar la operación. Caja Madrid pagó en noviembre de 2008 un total de 1.134 millones de dólares, que abonó en dos partes. Para la acusación se trataba del triple del valor del precio de mercado.

La jueza Collazos ha decretado el archivo provisional a instancias de la Fiscalía. El pasado 5 de octubre, inspectores del Banco de España declararon en el juzgado que la compra de entidades en el extranjero “no solo era acpetable y no arriesgada sino que, era lo aconsejable, lo más positivo para el mercado bancario español”.

Para apuntalar esta tesis, la jueza recuerda que el Bankia ha recibido tres ofertas de compra del Banco de Miami. La semana pasada trascendió que el Banco de Chile ha comprado la entidad estadounidense, con una plusvalía neta para Bankia de 117 millones de euros, según comunicó el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri a la CNMV.

“Cabe decir, categóricamente, que no hay perjuicio económico, ni para los socios, ni depositarios, ni cuentapartícipes o titulares de bienes, valores o capital que administren de Caja Madrid”, concluye la jueza Collazos.

Por los delitos cometidos durante la investigación a Blesa por la compra del Banco de Florida, Elpidio Silva fue condenado a 17 años y medio de inhabilitación.

El 16 de enero de 2014, la redacción de eldiario.es daba los últimos retoques a un monográfico de su revista Cuadernos sobre los correos de Blesa. Los mensajes enviados y recibidos en la dirección corporativa del expresidente de Caja Madrid habían comenzado a ser publicados un mes antes, haciendo emerger las aguas fecales del que por entonces se empezó a denominar capitalismo de amiguetes. Los ciudadanos leían estupefactos los manejos de los responsables de la catástrofe financiera de Caja Madrid, la entidad sin cuyo rescate -23.500 millones de dinero público- no se entiende la crisis que ha arrasado España en los últimos años.

A última hora de aquella tarde llegó a eldiario.es un burofax firmado por el abogado de Miguel Blesa. El expresidente de Caja Madrid exigía que se detuviera la publicación de la revista monográfica. En la redacción sorprendió la maniobra, ya que la revista iba a realizar un análisis en profundidad de los correos de Blesa y su significado, pero no iba a desvelar ninguno nuevo, lo que quedaba reservado para el día a día del medio.

Según se supo después, José María Aznar había acudido dos días antes a la Fiscalía de Madrid para denunciar a distintos medios por los mensajes de Blesa que afectaban a su persona y que estaban siendo publicados, por eldiario.es y otros, “con intención difamatoria”. La bandeja de entrada de su íntimo amigo Miguel dejaba un retrato demoledor del expresidente: presunto comisionista en la venta de armamento a Libia, presiones para que Caja Madrid gastara 54 millones en cuadros de un amigo suyo…

Pero aquel 16 de enero registró otro acontecimiento sobresaliente que aún tardaría muchos meses en trascender. A las 18:59 de la tarde, exactamente 60 minutos antes de que entrara en eldiario.es el burofax de Blesa, una mujer se sentaba por primera vez ante la Fiscalía de Madrid para denunciar la identidad de la persona que según ella había filtrado los correos: Elpidio José Silva. Se trataba del juez que había enviado al banquero dos veces a la cárcel por la ruinosa compra de un banco en Florida en 2008, el mismo que había ordenado a la Guardia Civil incautarse de los mensajes alojados en el servidor de Bankia.

La hora exacta en la que arranca el testimonio de la mujer ante la Fiscalía figura en el sumario de la causa que el pasado miércoles archivó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Sala de lo Civil y Penal evitaba con su decisión que Silva se enfrentara desde el banquillo a una pena de cárcel, al estimar el recurso de la defensa contra el auto de procesamiento dictado por la jueza Susana Polo. Pocas veces la Sala desautoriza así al magistrado que ha instruido la causa y que, una vez finalizado el trabajo, ha decidido enviarla a juicio. De no ser por el auto de la Sala de lo Civil y Penal, Silva hubiera sido juzgado por un delito de revelación de secretos y otro de infidelidad en la custodia de documentos, que pueden ser castigados hasta con cinco años de cárcel.

Entre aquella tarde del 16 de enero 2014 y este 15 de junio 2015, fecha del archivo, transcurre la rocambolesca historia de cómo la Fiscalía de Madrid se fijó como objetivo encarcelar a Elpidio Silva por filtrar los correos de Blesa. Y de cómo lo hizo a pesar de que solo contaba con el testimonio de una examante despechada, que admite en público su rencor, y que ha sazonado su relato con acusaciones a Silva de brujería y sofisticadas tramas de espionaje. A pesar de que la Policía puso por escrito su desconfianza, la Fiscalía solicitó que fuera declarada testigo protegido, y la jueza Polo lo autorizó. Durante cinco meses, Susana García Romera fue TP 1/14, la “prueba de cargo” contra Elpidio Silva.

García Romera es una mujer de mediana edad que se sintió atraída por el perfil público de Elpidio José Silva, en la época en que el magistrado reinaba en los platós de televisión y encarnaba el papel del juez valiente, al que no le importa embestir al poder. Silva mantenía una actividad frenética en las redes sociales y la inmensa mayoría de las cuentas que seguía en Twitter pertenecían a mujeres. Así se conocieron. Una noche hablaron durante horas por teléfono y, según contó ella a la Policía y los fiscales, el 8 de agosto llamó a la puerta de su casa. Cuando abrió, sin mediar palabra, el juez la besó impetuosamente. A una semana de convivencia en Galicia en agosto siguió otro mes y medio en Madrid, en el domicilio de Silva. Y ahí acabó la corta y, al parecer, tormentosa relación.

De aquellos días de convivencia, García Romera describe al juez como un tipo despótico, iracundo, que sufre un trastorno “obsesivo compulsivo relacionado con el orden y la limpieza”. “Es capaz de montar en cólera si han caído dos migas al suelo que recogía inmediatamente con el dedo, mantiene todas las puertas siempre cerradas, tira de la cadena 6 ó 7 veces cada vez que va al aseo…”, contó aquel 16 de enero a la Fiscalía. Sin documentarlo, aunque en principio aseguró tenerlo grabado, la testigo relató que Silva la llegó a acusar de “enviada de Blesa” porque no fue a comprarle una medicina para la tensión. Por otra parte admite que, llevada por los celos, espiaba las cuentas de Twitter y Facebook de su amante.

Después de irse de casa de Silva, García Romera conoció a otras mujeres a través de las redes sociales que “habían pasado por lo mismo que ella”. Una de éstas es Alba Ledo, quien creía haberse hecho un esguince por la “magia negra” de Silva. Ledo presentó a Romera a un tal Alberto, supuesto policía retirado por una lesión. Se trataba de Alberto Henarejos, del que no consta que haya sido policía nacional y del que la Fiscalía aseguró a García Romera que tampoco pertenecía al CNI, como ella sospechaba. Este hombre fue quién convenció a la mujer de que fuera a la Fiscalía a contar lo que sabía de Silva. En la segunda declaración en Fiscalía –al día siguiente de la primera-, Romera declara sentirse engañada porque no le van a pagar el viaje y la manutención y amenaza con no seguir adelante.

“Una pequeña habitación verde”

Sin embargo, lo hace y cuenta que los correos, según decía Silva, estaban “en una pequeña habitación verde” de su casa. El exjuez le contaba que tenía un teléfono secreto para hablar con el Gobierno venezolano y un día le confesó que los “gestos pacíficos” del 15M ya no servían para nada y que mejor dejara de frecuentar sitios como El Corte Inglés, Mc’Donalds o Starbucks. “Él presume de haber matado gente en la guerrilla colombiana, en la que dice haber estado un año cuando tenía 17, y cuando ella le hacía ver que eso le escandalizaba, él le decía que estuviera tranquila que eso ya estaba prescrito”, transcribe la Fiscalía de la declaración de la mujer.

Pero eso carecía de relevancia para la Fiscalía: lo interesante es que ella aseguraba que le había visto dar a Silva un pen drive a un abogado y que dentro estaban los más de 8.000 mensajes recabados durante la instrucción del caso Blesa. La mujer reconoció que nunca vió los correos y que tampoco tenía certeza de que contenía ese pen drive, pero a la Fiscalía ese testimonio le cuadró con las diligencias que había abierto de oficio en cuanto se comenzaron a publicar los mensajes.

A las órdenes de Manuel Moix, la Fiscalía solicitó que la mujer fuera declarada testigo protegido, una figura que suele estar reservada a las personas que denuncian delitos de crimen organizado y terrorismo. De poco sirvieron las conclusiones a las que llegaron los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Madrid, que también tomaron declaración a la mujer. Los policías tuvieron que escuchar el relato de García Romera sobre la supuesta capacidad de Silva para pinchar teléfonos ya sin ser juez. Contenidos, los agentes recomendaron a la jueza Susana Polo que no siguiera adelante porque la mujer pecaba de “cierta credulidad”. Ni la Fiscalía, ni la magistrada hicieron el mínimo caso.

Elpidio Silva tenía ya por entonces complicado volver a ejercer la carrera judicial. El TSJM terminó condenanado a Silva a 17 años y medio de inhabilitación por varios delitos cometidos en la investigación al exbanquero, entre ellos prevaricación. El Tribunal Supremo ratificó después la condena por unanimidad, certificando la expulsión definitiva de la carrera de Elpidio Silva. Pero el caso de la testigo protegida iba más allá. Por los dos delitos, Silva podría ser condenado a 5 años de prisión. Aún sin antecedentes, iría a la cárcel. Detras de ambos procesos, el hasta hace poco fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, el mismo que no apreció delito en la fuga de Esperanza Aguirre de los policías municipales. Moix acaba de ser ascendido al Tribunal Supremo.

Del contenido de los correos que supuestamente había filtrado Silva, la Fiscalía de Madrid no apreciaba delito alguno. Eran una prueba nula, obtenida ilegalmente según la Audiencia de Madrid, y nada había que examinar. Lo que se debía a hacer era perseguir al que había filtrado su contenido a los medios, a pesar de que eso había permitido a los ciudadanos conocer uno de los mayores escándalos de la historia reciente de España, aseguró un portavoz de la Fiscalía de Madrid a los pocos días de las primeras revelaciones.

Meses después, la Audiencia Nacional permitía incorporar al caso Bankia los correos de Blesa que fueran relevantes para la investigación. Los numerosos recursos de la defensa de Blesa apelando a su intimidad no servían para nada. Los correos no eran del exbanquero sino de Bankia. Por fin se investigaba su contenido, no la filtración.

Ante los agentes y fiscales, García Romera reconoció que reclamaba a Silva una deuda de 1.000 euros por la corrección de su libro La justicia desahuciada, motivo por el que se había desplazado a la casa del exjuez en Madrid. Además de indicios de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos, la jueza Polo apreció indicios de violencia psicológica en el trato de Elpidio Silva a García Romera.

De testigo a querellada

El pasado 13 de julio, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Madrid archivó la causa contra Silva. “Las diligencias de instrucción practicadas no ponen de manifiesto que el imputado haya maltratado psicológicamente a Doña Susana García Romera, ni que la haya vejado, insultado, ni amenazado. Ambas partes sostienen versiones contradictorias y la sostenía por Doña Susana no viene corroborada por elemento alguno periférico pues la grabación aportada no viene a refrendar la conduta vejatoria que imputa al denunciado”, afirma el auto de archivo, al que ha tenido acceso eldiario.es.

En la grabación a la que se refiere el auto, como recoge la misma resolución judicial, Silva no desprecia ni insulta a la mujer, pero ella sí le llama “gentuza” y “desgraciado”. La defensa de Silva se ha querellado contra García Romera por denuncia falsa, tanto en referencia a las acusaciones de revelación de secretos y fidelidad en la custodia de documentos, como por la de maltrato psicológico.

Susana García Romera mantuvo durante cinco meses la condición de testigo protegido, cobrando en total 4.000 euros de la Comunidad de Madrid, a razón de 798,76 euros mensuales. Mientras seguía utilizando las redes sociales, desapareció del domicilio del que había informado al Juzgado para que la Guardia Civil la protegiera. No acudió a dos citaciones en el juzgado para declarar, ni a otras tres con el organismo que le iba a conseguir una vivienda. La jueza ordenó a la Policía su localización, pero no fue posible. En octubre de 2014, la jueza Polo no tuvo más remedio que retirarle la condición de testigo protegido. Susana García Romera ya no era TP 1/14.

Meses después, la mujer reapareció y tras declarar finalmente ante la juez, parecía que la causa no daba para más. Pero para sorpresa de los abogados de Silva, la jueza dictó auto de transformación en procedimiento abreviado –el procesamiento para los delitos castigados con menos de nueve años de prisión- y Silva se vió abocado de nuevo al banquillo.

La jueza Polo acusaba a Silva de “vender” los correos, una supuesta intención que el acusado habría comentado a García Romera y de la que ésta no había llegado a saber nada. La magistrada incluso escribía en el auto que García Romera declaró que Silva llegó a comunicarle que los había vendido [los correos] a Ignacio Escolar, creador de eldiario.es“. Este medio desmintió esa afirmación rotundamente, ”dado que los emails llegaron a través de una fuente anónima derivada del Partido X y eldiario.es no ha sobornado a fuentes por esta ni por ninguna otra información“. En la primera declaración de la testigo que aparece en el sumario, Romera se refiere a Escolar como ”periodista de El Mundo“.

Sólo el auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM ha impedido que, con tales argumentos, la causa de la filtración de los correos de Blesa llegara a juicio. “Comprobamos que en la declaración testifical de Susana García Romera (la testigo) concurren importantes móviles de resentimiento y animadversión que afectan a la credibilidad del testimonio, los cuales admite llanamente la testigo, pero que por ello no pueden ignorarse”, dice la Sala en su auto sobre quien fuera TP 1/14. La resolución es acordada por unanimidad por tres jueces, uno de ellos José de la Mata Amaya, sucesor de Pablo Ruz en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha archivado la causa contra el exjuez Elpidio José Silva, al que el Ministerio Público acusaba de haber filtrado los correos de Blesa, informaron a eldiario.es fuentes jurídicas. La Sala de lo Civil y Penal del TSJM corrige así a la instructora del caso, la jueza Susana Polo, quien había dictado auto de transformación en procedimiento abreviado –similar al procesamiento- contra Silva, a pesar de que solo contaba con el testimonio de una examante en su contra, quien también acusa al ahora abogado de practicar “magia negra” contra ella.

Silva escapa así de una posible condena de cárcel hacia la que se dirigía la actuación de la Fiscalía de Madrid, dirigida por Manuel Moix, recientemente premiado con una plaza en el Tribunal Supremo. Silva era acusado de un delito de revelación de secretos e infidelidad de documentos por haber supuestamente filtrado los correos que había obtenido durante la instrucción del denominado caso Blesa. Por decisiones adoptadas durante aquella instrucción, la Fiscalía ya había conseguido la inhabilitación del juez, entre ellas haber enviado en dos ocasiones a la cárcel al expresidente de Caja Madrid. Manuel Moix es el fiscal que informó de que la fuga de Esperanza Aguirre de la Policía Municipal fue una falta y no un delito.

La publicación de los correos de Blesa permitió a los ciudadanos conocer la dinámica de favores e irregularidades de Blesa y su equipo al frente de Caja Madrid, cuyo rescate por 23.500 millones de dinero público está en el epicentro de la crisis financiera española. Y no solo eso: cómo ha reconocido el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, uno de aquellos correos, publicado por eldiario.es en diciembre de 2013, permitió a la actual dirección conocer la existencia de las tarjetas black e iniciar una investigación interna que ha acabado en un proceso judicial en la Audiencia Nacional.

Moix ordenó abrir diligencias contra Silva el 19 de diciembre de 2013, en plena vorágine mediática por la publicación de los correos. El 14 de enero, el expresidente del Gobierno José María Aznar denunció ante la Fiscalía a eldiario.es y otros medios por los correos en los que él aparecía y que consideraba habían sido publicados con “intención difamatoria”. Dos días después de la denuncia de Aznar, la testigo se presentó en la Fiscalía de Madrid para aportar su relato. La declaración en la Fiscalía arrancó a las 18.59 horas del 16 de enero. Exactamente 60 minutos después, la defensa de Miguel Blesa envió un burofax a eldiario.es amenazando con medidas legales si distribuía los ejemplares de la revista 'Cuadernos', dedicada en su número 4 a un especial sobre los correos del expresidente de Caja Madrid.

“Comprobamos que en la declaración testifical de Susana García Romera (la testigo) concurren importantes móviles de resentimiento y animadversión que afectan a la credibilidad del testimonio, los cuales admite llanamente la testigo, pero que por ello no pueden ignorarse”, dice la Sala en su auto sobre la examante de Silva, que también le reclama 1.000 euros por un supuesto trabajo.

El recurso de la defensa

Los abogados del exjuez, Gonzalo Boyé e Isabel Elbal, habían recurrido el auto de transformación en procedimiento abreviado de la jueza Polo en reforma, subsidiario de apelación. La magistrada rechazó el recurso de los letrados, pero finalmente la Sala de lo Civil y Penal del TSJM les ha dado la razón. Los letrados alegaban “inexistencia de suficientes indicios racionales de criminalidad” por el testimonio de la mujer, quien llegó a ser declarada testigo protegido y recibió una asignación mensual por ello. La testigo reconoció en su interrogatorio ante la juez que nunca llegó a ver los supuestos correos de Blesa que guardaba Silva, como destaca el auto del TSJM.

Por otra parte, la defensa de Elpidio Silva denunciaba “incoherencia y falta de lógica en la redacción de los hechos”. En este apartado recogía el contenido de un informe policial que recomendaba a la jueza instructora no seguir adelante con la causa porque el testimonio de la mujer peca de “cierta credulidad”. Ese informe tiene fecha de 22 de mayo de 2014. A pesar de ello y de que la testigo ha estado desaparecida durante meses, sin acudir a las citaciones judiciales, la causa se ha archivado más de un año después.

La testigo perdió la condición de protegido después de las incomparecencias, utilizar al tiempo las redes sociales y revelar a terceros su situación, según argumentó la jueza Polo. Para entonces ya había recibido 4.000 euros por su carácter de testigo protegido a cuenta de la Comunidad de Madrid.

En el auto del TSJM, los jueces destacan que Romera realizó ante la Fiscalía declaraciones de “dudosa credibilidad”: que Silva tenía un teléfono secreto con el que está en contacto con altos dirigentes de varios países, entre ellos Venezuela, que era de la opinión de que no bastaban ya las manifestaciones pacíficas, sino que había que empezar a poner bombas, que estaba en contacto con grupos armados y que, a partir de entonces, no fuera al Corte Inglés, Mc'Donalds', ni Starbucks, y que el imputado presume de haber matado gente en la guerrilla colombiana, en la que dice haber estado un año cuando tenía 17. Afirmaciones que se reiteran en su declaración judicial“.

“El tema de la declaración de Naseiro es estremecedor”. El ex juez Elpidio Silva entiende que el “miedo” del antiguo tesorero del PP, Rosendo Naseiro, ofrece la “tremenda realidad” de “un partido político que se ha financiado durante muchos años de manera ilegal”. Y que José María Aznar, como máximo responsable, “lo sabía todo, que era una caja B”.

Silva añade que los papeles de Naseiro desvelados en exclusiva por eldiario.es “como mínimo” deben derivar en “una responsabilidad política tremenda” y después, continúa, en una investigación “a todos los niveles, por supuesto a nivel judicial”. Existen “indicios, alertas y evidencias que sirven y justifican una investigación muy a fondo de lo que ha sucedido en ese partido”, manifiesta en declaraciones a eldiario.es Andalucía.

El magistrado, al que el Tribunal Supremo apartó de la carrera judicial por la investigación del caso Blesa, destaca las circunstancias que motivaron a Naseiro a acudir “a un notario, por lo que pueda pasar”. “¿Pero qué es lo que puede pasar?”, se pregunta, “¿qué miedo tenía ese señor? ¿Temía por su vida, por su integridad física?”. Una situación que evidencia “que todo lo concerniente a la caja B era de pleno conocimiento de José María Aznar, que tenía la presidencia del Gobierno y el máximo cargo de responsabilidad en el PP antes que Mariano Rajoy”.

Sobre su inhabilitación, Elpidio Silva dice que seguirá “adelante” para demostrar con un “recurso de amparo al Constitucional” que su condena por prevaricación “es una farsa” que busca impedir “que se luche contra la corrupción”. Por esto, apura, “se mata al mensajero” en una “historia” que califica como “macabra, tenebrosa, aberrante”.

El ex juez del caso Blesa y fundador del partido Movimiento RED ha hecho estas declaraciones en un acto de apoyo a la candidatura municipal de EQUO al Ayuntamiento de Sevilla, encabezada por el alcaldable Esteban de Manuel. Silva entiende esta participación en aras de la necesaria convergencia de “todas las fuerzas de progreso y que estamos contra la corrupción”. Un “frente amplio” que debe impedir el regreso “al ciclo del ladrillo, comisión y vuelta a empezar”.

En el artículo se analiza, desde el punto de vista de la Justicia igualitaria, la decisión de imputar formalmente a Elpidio José Silva por la filtración de los correos electrónicos de Miguel Blesa a los medios de comunicación.

Este procedimiento no se está tramitando como de hecho se tramitan otros sustentados en un testigo único: el filtro de credibilidad no se ha realizado y la juez Susana Polo impulsa un procedimiento basado en un testimonio de una persona con resentimiento contra Elpidio José Silva; persona que además, según la Policía, “peca de exceso de credibilidad”.

La decisión judicial incluye, gratuitamente, la participación de Ignacio Escolar como “comprador de los correos electrónicos para eldiario.es”, sin que nunca se haya realizado una mínima comprobación objetiva ni subjetiva al respecto.

Lo deseable en un Estado social y democrático de Derecho es que la Justicia sea igualitaria. Estrictamente igualitaria: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley es un principio de obligada aplicación dirigido, fundamentalmente, a los jueces. Supone este principio que situaciones iguales merecen un trato igual. Es un principio que permanece casi invariado desde los primeros tiempos del constitucionalismo clásico, donde respondía a la necesidad de suprimir los arcaicos privilegios propios de los regímenes monárquicos.

De ahí que, con independencia del ciudadano investigado o imputado, de su profesión, del delito investigado, de la persona presuntamente afectada o víctima, de la razón de Estado, del denunciante, del órgano judicial, etc., el procedimiento judicial haya de sujetarse a las mismas normas en todos los casos. Se trata pues de un procedimiento igualitario que aspira a que todas las investigaciones judiciales sean tratadas de una forma corriente, según lo habitual y normal; esa sería, sin duda, la máxima aspiración.

Un reciente ejemplo de incumplimiento de dicha máxima igualitaria se produce en el auto que la juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Susana Polo, dictó contra el exjuez Elpidio José Silva por un delito de revelación de secretos. Tras analizar la denuncia de quien dice ser su “antigua amante” -también extestigo protegida-, esta juez ha decidido que el procedimiento debe seguir y que, por tanto, la Fiscalía puede acusar, hasta sentarle en el banquillo de los acusados.

En este auto, las afirmaciones de la denunciante se han elevado a la categoría de indicios o elementos razonables de criminalidad contra el imputado Elpidio José Silva. Afortunadamente, la juez tiene una posibilidad de rectificar con ocasión de la resolución del recurso de la defensa, quien no ha tenido más remedio que revelarle una serie de nociones básicas que impedirían que el procedimiento continuara; aspectos que la juez debió de haber tenido en cuenta a la hora de valorar todo lo actuado y que se aplican normalmente en casos como éste, sustentados en un único testigo.

Comencemos, primero, por las extrañas circunstancias que rodean este singular procedimiento. En noviembre de 2013 comenzaron a aparecer en los medios de comunicación -principalmente en eldiario.es- exclusivas con el contenido de correos electrónicos que Miguel Blesa enviaba a sus subordinados, amigos y otros allegados desde la cuenta corporativa de Caja Madrid. Recordemos que Elpidio José Silva fue condenado por haber intervenido judicialmente dichos correos y por haber ingresado en prisión a Miguel Blesa.

El contenido de estos correos tenía gran interés judicial, hasta el punto de que meses más tarde Miguel Blesa y otros exdirectivos fueron imputados por la utilización de las denominadas “tarjetas black”; dato también publicado por eldiario.es.

En diciembre de 2013, casi de forma simultánea, el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix (¿recuerdan? El que acusó a Elpidio José por haber ingresado en prisión a Blesa) denunció la filtración de los correos. En este marco, José Mª Aznar denunció ante la Fiscalía General del Estado una publicación de la periodista Alicia Gutiérrez incluyendo unos correos en los que se le atribuía un papel de mediador altamente retribuido para una empresa de armamento.

Así las cosas y con la investigación en la Fiscalía sin posibilidad de avanzar, al menos sin ningún dato contra Elpidio José Silva, aparece como por ensalmo esta persona que se presenta como “antigua amante” de éste ante -ni más ni menos- la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid. ¡Qué casualidad! Comparece ante el fiscal superior Manuel Moix. Esta sí que es una gran sorpresa: no se dirige a una comisaría ni a un juzgado, tampoco a la Fiscalía General del Estado, sino que va directamente al lugar donde residía la investigación contra Elpidio José Silva.

Acude acompañada por un agente de policía -reciente amigo suyo- quien, según ella misma manifestó, “le había engañado”, puesto que le había ofrecido ser incluida en el programa de protección de testigos y ayudas económicas para alojamiento y manutención, pero tuvo que sufragarse ella los gastos de desplazamiento desde Galicia hasta Madrid y nadie le había pagado nada por ello hasta la fecha. Finalmente, acabó siendo testigo protegida (lo que implica custodia policial y una retribución de 4.000 euros durante unos meses), como si un sicario la tuviera amenazada de muerte, que fue lo que ella alegó. En todo caso, duró poco tiempo la protección, pues comenzó a no estar localizada judicialmente, pese a que aparecía en Facebook. La juez Susana Polo ya no se creyó que estuviera amenazada, pero sorprendentemente sí se creyó otros disparatados chismes.

Parece, por motivos que se desconocen, que la juez Susana Polo no realizó el preceptivo control de credibilidad de la testigo. Es evidente que el testimonio de la denunciante no resiste un mínimo juicio de racionalidad, pues no sólo atribuye al denunciado hechizos, magia negra y vudú, sino que también dice de él que militó en la guerrilla colombiana. Pero añade que todos estos hechos “habrían prescrito”. No en vano la Policía Judicial entendió que la denunciante “pecaba de exceso de credulidad” y terminó rechazando que hubiera ningún motivo para “emplear recursos” en esta investigación con tan “corto recorrido”.

Esta “antigua amante” del magistrado manifestó también que él le era infiel y que ni siquiera por recato se abstenía de comunicarse con otras personas delante de ella (digamos que si no había tal recato, pudiera entenderse que entre ellos no existía ninguna relación de pareja). Asimismo, afirmó sentirse muy despechada, por lo que llegó a reconocer ante la juez que en su denuncia “había una parte de resentimiento contra él”.

Y lo peor de todo: aparte de divagar y de mencionar a muchas personas que conoció de vista y que ella presume que estaban al corriente de este propósito criminal del exjuez (incluido a Enrique López, antiguo magistrado del Tribunal Constitucional), lo que está claro es que nunca vio ninguno de los correos electrónicos, ni en poder del juez ni en manos de otras personas. Sólo declara acerca de extremos que Elpidio José le dijo, según ella, pero ya sabemos que esta testigo “peca de excesiva credulidad”.

Si cabe, lo más pasmoso del auto dictado por la juez Susana Polo es la inclusión como hecho incriminatorio del dato de que el imputado Elpidio José “vendió los correos a Ignacio Escolar, creador de eldiario.es”. Sorprendente y extraño a Derecho es afirmar la participación criminal de una persona, sobornando a un juez para que le revele secretos de una causa que ha instruido, sin ni siquiera interrogar a nadie sobre ello durante todos estos meses y, menos aun, sin citar ni escuchar al directamente afectado por esta grave afirmación.

Este dato tan singularmente traído a una resolución judicial contra Elpidio José Silva podría mostrar el doble filo de esta tan extravagante causa judicial, por cuanto de paso se cuestiona gratuitamente la honorabilidad de eldiario.es y su director, quien por cierto ya ha anunciado acciones legales por esto.

Lo que sí podemos concluir -sin que se requiera gran sagacidad- es que podrían matarse varios de pájaros de un solo tiro en caso de que Elpidio José Silva fuera condenado en este absurdo procedimiento. Para empezar, sin duda entraría en prisión, castigo ejemplar donde lo haya; después, los correos quedarían afectados de nulidad y no podrían ser utilizados en procedimientos contra Miguel Blesa; asimismo, José Mª Aznar -otro denunciante- tendría la posibilidad de reclamar civilmente una indemnización millonaria contra otros periodistas, etc.

En resumidas cuentas, lo que parece muy claro en este delirante procedimiento es que si algo brilla por su ausencia es precisamente el Derecho, es decir, la antesala de una Justicia igualitaria cuya búsqueda se torna entonces en una gran utopía.

Elpidio José Silva no volverá a ejercer como juez. El Tribunal Supremo ha confirmado íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le condenaba a 17 años y medio de inhabilitación por varios delitos, entre ellos el de prevaricación, cometidos durante la instrucción del caso Blesa.

El TSJM condenó a Silva el pasado 6 de octubre por un delito continuado de prevaricación y dos contra la libertad individual, en relación con las dos ocasiones en las que dictó prisión provisional contra Miguel Blesa por la adquisición de un banco de Florida por parte de Caja Madrid cuando presidía la entidad.

Los magistrados del Supremo consideran que Silva utilizó una simple providencia –resolución sin razonar– para abrir “una causa general en la que se investigaba todo el proceso de gestión al frente de la caja de ahorros antes de su intervención por el Estado”. La sentencia del TSJM contaba con un voto particular del presidente, que no ha sido respaldado por los magistrados del Supremo, que han dictado un fallo por unanimidad.

Los jueces del Supremo advierten de que su cometido no es evaluar las “conductas típicas en las que se pudieron incurrir por la gestión de una entidad financiera sino la actuación judicial del imputado dictando resoluciones que han sido calificadas de prevaricadoras”.

Respecto a la incautación de los correos electrónicos de Blesa, la Sala de lo Penal asegura que se trata de “una medida desproporcionada y adoptada sin acotación del objeto procesal y del ámbito de la instrucción en la que se ordena y sin expresión de indicios de la comisión de un hecho delictivo que se investiga”. “En definitiva –añaden–, una resolución judicial que afecta a derechos fundamentales sin una argumentación mínima que la justifique como injerencia”.

Acerca de la decisión de enviar en dos ocasiones a Blesa a prisión, el Supremo recuerda que la “prisión preventiva es una medida de aseguramiento personal, la más grave que pueda adoptarse en el proceso penal, pues se trata de la privación de libertad de quien se presume inocente, por lo que solo puede ser acordada cuando resulta imprescindible y cuando no existan alternativas menos radicales para conseguir sus finalidades”.

Consideran que esas circunstancias no se daban cuando Silva envió a Blesa a prisión por primera vez y, menos aún, 20 días después. En la primera ocasión, el exbanquero reunió la fianza de 2,5 millones de euros impuesta. En el plazo indicado, Silva volvió a dictar cárcel para Blesa, pero en esta ocasión sin que fuera eludible con el pago de una cantidad. Diez de las 20 páginas del segundo auto fueron calcadas del primero, destacan los jueces, que consideran que en ninguno de los dos casos el juez argumentó adecuadamente una medida cautelar tan grave.

Asimismo, consideran que las audiciones de los interrogatorios a Blesa “son reveladoras de un trato ajeno a las exigencias de imparcialidad que son exigibles en un juez de instrucción”.

La testigo protegida que acusa a Elpidio Silva de filtrar los correos de Blesa asegura que eldiario.es compró esa información. Es falso

El juez Elpidio Silva acaba de ser imputado, acusado de filtrar los correos de Miguel Blesa. No es un asunto menor: podría acabar en prisión. Se enfrenta a penas de entre dos y cuatro años de cárcel por los presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. Todo el caso se sujeta sobre un testimonio peculiar: el de una mujer, Susana García Romera, que se presenta como su examante. En su primera declaración ante la Policía y la Fiscalía, esta testigo aseguró que Silva practicaba “magia negra” contra ella y le había pinchado su teléfono. La mujer incluso aseguró que temía que le mandara “un sicario”.

La Policía no se tomó demasiado en serio aquella caótica acusación. En su informe, los agentes aseguraron que esta mujer pecaba de “cierta credulidad” y que los indicios que aportaba eran “de escaso valor probatorio”. Pese al informe policial, la jueza que lleva el caso, Susana Polo, decidió abrir una causa contra Elpidio Silva con el testimonio de esta mujer como principal y casi única prueba. Además, dio a la mujer el estatus de testigo protegida.

Casualmente, la declaración de esta mujer ocurrió apenas una hora antes de que Miguel Blesa nos enviara un burofax, amenazando a eldiario.es para que no siguiese publicando sus correos.

El vodevil de la testigo protegida de la magia negra no acabó aquí. Durante meses, Susana García Romera estuvo cobrando por su colaboración con la justicia –en total, 4.000 euros–, pero la testigo desapareció. Durante meses, la causa contra Elpidio Silva ha estado parada y ahora acaba de resurgir.

En su auto de hace unas horas, la jueza Susana Polo revela que la testigo García Romera también acusa a eldiario.es de participar en esta filtración, pagando por la información. Este es el párrafo en cuestión:

Ante una acusación así de grave –pagar un soborno a un juez para que incumpla la ley y nos filtre una información–, como director de eldiario.es tengo seis cosas que decir:

1. Es completamente falso que eldiario.es haya comprado esta información ni ninguna otra. Pagamos a los periodistas, nunca a las fuentes. Otros medios lo hacen. No eldiario.es, por una razón: porque prefiero perder una exclusiva que fomentar que alguien pueda fabricar una noticia falsa para ganar dinero vendiéndola.

2. Es completamente falso que el juez Elpidio Silva fuese la persona que nos entregó los correos, ni gratis ni pagando. La Constitución ampara el derecho de los periodistas al secreto profesional y a no revelar sus fuentes. No desvelaré quién nos pasó esa información, una fuente anónima que fue derivada por el Partido X. Pero si la jueza tiene a bien llevarme a declarar como testigo antes de mencionarme en algún otro auto –cosa que hasta ahora no ha hecho–, sí testificaré que Elpidio Silva no fue.

3. Tampoco es exacto que la testigo García Romera asegurase que Elpidio le hubiese dicho que iba a vender los correos “a Ignacio Escolar, creador de eldiario.es”, como afirma el auto. En realidad, dijo esto otro, según aparece en el propio sumario judicial, en la declaración de la propia testigo ante el fiscal:

Supongo que si la jueza Susana Polo explicase en su auto que la testigo se refería a “Ignacio Escolar de El Mundo”, y que García Romera sabe que pagué al juez por los correos porque lo he confesado yo mismo en la intimidad de Twitter (delante de mis mejores 470.000 amigos), lo mismo la acusación tenía algo menos de credibilidad.

4. He dado instrucciones a nuestros abogados para que estudien acciones legales contra la testigo Susana García Romera, que nos acusa falsamente de sobornar a un juez para comprar información.

5. Gracias a aquella investigación periodística de eldiario.es con los correos de Blesa, se destapó el caso de las tarjetas 'black'. Cuando publicamos aquella exclusiva, en diciembre de 2013, la Fiscalía no movió un dedo, salvo para defender el derecho a la intimidad de Miguel Blesa y advertir a los medios de que “la mera difusión” de esos correos podría ser un delito. Es lamentable que la prioridad de la justicia fuese esa, y que hoy el juez Elpidio Silva se enfrente a penas de cárcel más severas que las de muchos de los dirigentes de esa caja quebrada a los que intentó procesar.

6. Moleste a quien moleste, eldiario.es no se va a callar.

La jueza Susana Polo pretende enviar al banquillo a Elpidio Silva, acusado de haber filtrado supuestamente los correos de Miguel Blesa. La magistrada basa su decisión únicamente en el testimonio de una testigo, que le acusa de haber hecho “magia negra” contra ella. Susana García Romera llegó a decir que como resultado de esa práctica se cayó y se produjo un esguince. El auto por el que la jueza procesa al instructor que envió al expresidente de Caja Madrid a prisión en dos ocasiones se fundamenta en las afirmaciones de la testigo. García Romera afirma ser la expareja de Silva y declaró que “el imputado le manifestó que iba a filtrar los correos”.

Silva se enfrenta a cuatro años de prisión, acusado de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos por haber filtrado supuestamente la correspondencia de Blesa. El exmagistrado tuvo acceso a ella como parte del proceso que instruía contra él por la compra del City Bank of Florida cuando dirigía la caja de ahorros que tuvo que ser rescatada con dinero público.

La Fiscalía solicitó que se investigara la filtración. Se da la circunstancia de que esa orden la dio el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, que también impulsó la denuncia contra Silva por su instrucción del caso Blesa y que terminó con la inhabilitación del juez. A raíz de su escrito, Susana Polo inició diligencias que han acabado con la apertura de un procedimiento abreviado contra el exmagistrado por revelación de secretos.

La argumentación de la jueza Polo se sustenta básicamente en el testimonio de García Romera, que fue testigo protegida y terminó perdiendo esa condición por no responder los requerimientos del juzgado. Gracias a esta condición, obtuvo 4.000 euros de la Administración. Ella acusa al exjuez de deberle 1.000 euros como pago por la corrección de su libro.

La Policía concluyó que los indicios en la causa no podían sustentar una investigación y que la testigo pecaba de “cierta credulidad” en sus acusaciones sobre la filtración de los correos. A pesar del informe de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Madrid siguió adelante con la causa.

La que dice ser examante de Silva aseguró que el juez le habló “reiteradamente” del contenido de los correos y que había “terceros” que le ayudaban a custodiarlos. Otro de los argumentos en los que se basa la jueza es que Susana García Romera afirma que el imputado “le manifestó que iba a filtrar los correos”. Da por bueno igualmente el testimonio de que Silva entregó esa correspondencia al abogado del Partido X “que estaba ayudando al señor Silva a filtrar los correos”. Ese testimonio lo apoya otra de las amantes del exjuez, que asegura que así se lo dijo él.

Tras resumir las afirmaciones de la testigo y aludir a “documentales obrantes en la causa”, la jueza da por sentado que el exjuez pudo cometer “un delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos”. Esa conducta está penada con hasta cuatro años de cárcel.

Acusación a eldiario.es sin contrastar

El auto recoge que García Romera declaró que Silva llegó a comunicarle que los había vendido [los correos] a Ignacio Escolar, creador de eldiario.es“. Este extremo es absolutamente falso, dado que los emails llegaron a esta redacción a través de una fuente anónima derivada del Partido X y eldiario.es no ha sobornado a fuentes por esta ni por ninguna otra información. Además, en el sumario figura que en la primera declaración de la testigo se refirió a Escolar como ”periodista de El Mundo“.

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, ha puesto esta acusación en manos de sus abogados y estudia emprender acciones legales.

El juez en excedencia Elpidio José Silva se jugará el 14 de abril su separación definitiva de la carrera. El Tribunal Supremo examinará ese día el recurso de casación interpuesto por la defensa de Silva contra la condena a 17 años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por prevaricar durante la instrucción del denominado 'caso Blesa'.

El tribunal que examinará el recurso de Silva estará formado por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y los magistrados Francisco Monterde, Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo y Carlos Granados. Tres de ellos -Marchena, Martínez Arrieta y Monterde- integraron el tribunal de siete magistrados que condenó por unanimidad a Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por las escuchas ilegales del 'caso Gürtel', lo que supuso la expulsión de la carrera del juez de la Audiencia Nacional.

De confirmarse la condena que le impuso el TSJM, Silva quedaría apartado definitivamente de la carrera judicial. La sentencia del TSJM considera probado que Silva dictó resoluciones “injustas” y que lo hizo “a sabiendas”. Entre ellas figuran las dos ocasiones en que envió a prisión provisional a Blesa por las presuntas irregularidades en la adquisición de un banco de Florida por parte de Bankia cuando él estaba al frente de la entidad. El TSJM consideró que Silva había actuado contra Blesa “dentro de un plan preconcebido” y con el objetivo de “favorecer a los denunciantes (Manos Limpias), en perjuicio del denunciado”.

Aquel fallo contó, sin embargo, con un voto particular, el del presidente del tribunal, Arturo Beltrán. Según Beltrán, sus compañeros condenaban a Silva por un delito que no existe, la “instrucción prevaricadora”. El magistrado coincidía con los otros dos jueces en que Silva utilizó “de forma indebida el enorme poder sobre la libertad, la intimidad y la seguridad de los ciudadanos que la ley concede al juez de instrucción”. Sin embargo, unir una con otra decisión equivocada o prevaricadora no sirve para concluir que había un plan preconcebido por el juez.

Esta afirmación del magistrado Beltrán es recogida por la defensa de Silva en su recurso ante el Supremo. “Este sentir discrepante en el corazón de la Sala de enjuiciamiento, por sí solo muestra algo importantísimo: algunas resoluciones dictadas por el Juez acusado eran debatibles, otras sencillamente irregulares, sin entrar en el contundente ámbito delictivo de la prevaricación”, escribe el abogado Gonzalo Boye.

En este voto particular se centran las esperanzas de Elpidio José Silva. De hecho, Beltrán ya daba por supuesto en su voto particular el recurso de Silva ante el Supremo y lo ofrecía como una visión distinta para que tuvieran en cuenta sus compañeros del Alto Tribunal. Los tres magistrados que condenaron a Garzón componen la mayoría conservadora del tribunal al que se enfrenta Silva. El ponente que redactará el fallo es el magistrado progresista Andrés Martínez Arrieta.

Vista pública

El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, ha decidido que el recurso se vea en vista pública, una potestad que le concede el artículo 893 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo indica que la vista será pública atendiendo a “la trascendencia del asunto”. El Supremo suele adoptar esta decisión cuando se trata de casos de relevancia pública, ya sea terrorismo, corrupción o tenga impacto mediático, como es el caso de Elpidio Silva. La mañana de la vista, el tribunal escuchará al abogado de Silva, al fiscal y al resto de partes personadas.

El proceso a Silva parte de una iniciativa de la Fiscalía, que investigó a Silva a su espalda, sin tomarle declaración, lo que su defensa considera una clara vulneración de sus derechos que vicia todo el proceso posterior. Entre sus motivos, la defensa del juez expone que el tribunal no permitió incorporar a la causa los denominados 'correos de Blesa', cuyo contenido demostraría que no había un interés personal de Silva en investigar al banquero sino un “impulso honesto y responsable de tratar de esclarecer hechos gravemente delictivos”.

Elpidio José Silva es el primer juez de España que metió a un banquero (Miguel Blesa) en la cárcel. Esa instrucción ha conllevado su suspensión cautelar como magistrado tras la condena del TSJM a 17 años y medio por un delito de prevariación. En su curriculum también se presenta como presidente del partido político 'Renovación Democrática Ciudadana? (RED).

Silva responde a las preguntas planteadas por los lectores a través de Pregúntame, la plataforma impulsada por este medio y Menéame y por la que ya ha pasado el el socialista Antonio Miguel Carmona, candidato del PSM a la alcaldía de Madrid, o el periodista Pedro J. Ramirez, fundador del diario digital 'El Español'. La versión entera puede verse en Pregúntame.

jm22381 Visto lo visto, ¿considera un error haber mandado a prisión a Blesa en el momento en que lo hizo en vez de acumular pruebas contra él hasta acorralarle como está ahora?jm22381

No creo que fuese un error. La mayoría de las pruebas que le acorralan ahora provienen de lo que yo hice en seis meses. Como es sabido, una justicia lenta no es justicia. Aquí los procedimientos no van a ningún sitio y Blesa está acorralado, no por la agenda jurídica, sino por la agenda mediática. Jurídicamente, todo podría terminar en nada, tal como vamos.

JavierB ¿Qué opina de la independencia judicial en España?JavierB

Creo que no existe independencia judicial a la hora de trabajar contra la corrupción política y financiera que constituye el signo fundamental del Régimen constitucional del 78.

hijolagranputa ¿Cree Vd. que se debería de cambiar la legislación para poder juzgar delitos que ya hayan prescrito relacionados con la corrupción política? hijolagranputa

Los plazos de prescripción, cuando se trata de delitos constitutivos de corrupción, deberían contar solo y exclusivamente desde que verdaderamente se conozcan las actividades y prejuicios cometidos por el corrupto.

zoezoe Actualmente, y dado que en España los miembros del órgano supremo de Justicia son nombrados por el rey y elegidos por las Cortes Generales, existe la sensación entre la ciudadanía de que el poder judicial, o parte de la cúpula del mismo, pueda actuar en “ciertos casos” en connivencia con el poder ejecutivo. ¿Cuál es su opinión al respecto y quién debería elegir a los miembros del CJPJ?zoezoe

El poder judicial carece de independencia en España para trabajar en el ámbito de los delitos económicos contra la corrupción de determinados grupos de Poder. Estos grupos de Poder siempre están relacionados con jefes que mantuvieron la presidencia del Gobierno antes o después de perfilado el grupo, y desde estos centros de Poder, la judicatura queda paralizada, limitada en su velocidad o suprimida, si es lo que interesa.

No existe el derecho en España para frenar las intenciones de estos corpúsculos o grupos nocivos de Poder. La única forma de escapar a una situación así es la reformulación del sistema en una Constitución muy distinta a la de 1978 y que deje sentado y garantizado un equilibrio de poderes, donde el Poder Ejecutivo, desde tres o cuatro despachos, no pueda controlar por sí solo todo un país. Los tribunales superiores de justicia deberían estar presididos por magistrados elegidos a nivel electoral por la ciudadanía.

zoezoe La figura del aforado se creó durante la transición como garantía para la clase política como medio de protección contra el caciquismo, pero hoy en día, y debido al (ab)uso que se hace de la misma, ¿Cree Vd. que tiene razón de ser...no debería haber una absoluta igualdad entre todos los ciudadanos?zoezoe

Por otro lado, creo que los aforamientos deben ser suprimidos de nuestro sistema jurídico. Absolutamente nadie debe estar aforado.

zoezoe ¿Sabe Vd., liar un porro? zoezoe

Sí que sé

scarecrow ¿Podría definir a estos 10 personajes con una palabra o frase?scarecrow

1. Blesa: Presidió Caja Madrid gracias a su amigo Aznar y está implicado en el hundimiento de esa entidad financiera.

2. Baltasar Garzón: Es un juez español que intervino en un proceso judicial de gran relevancia relacionado con el genocida Pinochet. Como investigo una parte relevante de la financiación Gürtel, fue apartado de la judicatura por motivos posiblemente más políticos que jurídicos.

3. Aznar: Fue un presidente del Gobierno en España, permitió y promovió la crisis de la burbuja y del ladrillo y desaprovechó la oportunidad histórica de controlar y regular adecuadamente a las cajas para que no fueran pasto del saqueo político.

4. Pablo Iglesias: Es un político emergente y forma parte de la nueva generación que habrá de conducir al país hacia una reformulación constitucional.

5. Rajoy: Es un presidente del Gobierno ausente, sin capacidad de generar políticas públicas y ciudadanas de calado, y que está esperando el mejor momento para marcharse.

6. Albert Rivera: Es el posible sucesor en la franja del electorado del Partido Popular.

7. Rato: Llegó a Caja Madrid en las operaciones de salvamento y cuando alguien sabe de economía o de banca, sencillamente porque otros lo dicen, lo más seguro es que fracase estrepitosamente a la hora de encontrarse una situación como la de la Bankia que él entró a presidir.

8. Ruz: Un magistrado español que con carácter accidental, ya que no es titular de la plaza, ha instruido algunas de las causas más relevantes a nivel procesal-penal de este país, hasta el momento justo en que ya no ha venido bien su enfoque instructor.

9. Castro: Un magistrado español que ha trabajado dignamente bajo la independencia que apenas se le ha permitido en causas relacionadas con miembros de la Casa Real española.

10. Alaya: La magistrada que instruye la denominada causa de los EREs en Andalucía, al margen de su indudable dedicación con independencia al desarrollo de la misma, tiene la fortuna de que esta causa propagandísticamente aprovecha al partido en el Gobierno. Si esta no hubiera sido la situación, la instrucción de los EREs hubiera cambiado por completo.

Personalidad-Publica ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién se encarga de controlar al poder judicial de forma legal? ¿Qué defectos le ves al mecanismo? Personalidad-Publica

El Poder Judicial, al ser un Poder independiente, debe contar con mecanismos de control propios siempre y cuando se garantice la inmunidad judicial durante el proceso. de otro modo, un juez siempre podrá ser tumbado o apartado. Dará igual que ello ocurra de manera ilegal, porque el resultado mafioso ya estará consumado, que es quitar de en medio al juez. Aunque este después regresase a la carrera judicial, ya sería demasiado tarde para preservar los procedimientos penales en el ámbito de la corrupción política.

Es preciso crear una policía especializada en materia de corrupción constituida desde un organismo independiente como el Banco de España (o como debería serlo) y que pueda operar e investigar a cualquier corrupto, independientemente de su procedencia política o el Poder del Estado en el que trabaje.

Herumel ¿La tortilla con cebolla o sin cebolla?Herumel

Con cebolla

Herumel ¿Ha pensado en algún momento integrarse en alguna opción política, tal como hizo Garzón en su momento? ¿Y en caso afirmativo, cual sería, o por cual se decantaría en un principio?Herumel

Estoy integrado en una opción política que se llama Movimiento RED, partido que presido actualmente. Nuestro partido político está abierto a cualquier sinergia o plataforma de coalición (Ganemos, por ejemplo) a través de la cual se puedan armonizar suficiente energía política para gestionar un auténtico cambio de gobierno en el Estado español.

ribega Mi pregunta para usted es la siguiente: ¿hasta qué punto, personalmente, cree usted que los motivos de su inhabilitación en la carrera judicial tienen más que ver con motivaciones políticas que no de como gestionó la instrucción de el caso Blesa?ribegael caso Blesa

Después de examinarlo muy detenidamente, es indudable que fui objeto de una nueva forma de represalia política. Los argumentos jurídicos utilizados contra mí nunca han pasado de ser un maquillaje sibilinamente aderezado. La prueba evidente es una sentencia de condena donde el magistrado experto en penal y presidente de la sala dice que no hay nada de nada de nada, mientras los otros dos magistrados replican las acusaciones torticeras y delictivas de Blesa.

profesor_falken ¿Por qué optó por formar un nuevo partido político en vez de afiliarse a Equo?profesor_falken

Porque no se daban las condiciones ni de afiliación ni de un trabajo conjunto. porque el planteamiento político es diverso y porque no provenimos ni del Partido Comunista ni de Izquierda Unida. Hay valor en que aparezcan fuerzas emergentes que respondan a una necesidad ciudadana real y presente, sin mezclar (en lo posible) con los partidos que en el pasado, desgraciadamente, aunque sea de modo esporádico, hay participado en la gobernabilidad del Régimen y de su esquema financiero, como es el caso de Izquierda Unida.

gandalf_el_blanco Según el Instituto Nacional de Estadística, en España solamente hay 456 hombres que se llaman Elpidio www.ine.es/tnombres/formGeneralresult.do?L=0&vista=1&orig=ine& ¿Ha conocido usted personalmente a alguna otra persona con su mismo nombre?gandalf_el_blancowww.ine.es/tnombres/formGeneralresult.do?L=0&vista=1&orig=ine&

A mi padre y a mi abuelo. Pensé que había menos personas con este nombre.

mecmecmecmec Cuáles son las tres medidas que usted introduciría en caso de ser elegido mañana ministro de Justicia para evitar la corrupción política en el futuro?

Reformar el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, preservando a los fiscales con la misma independencia de los jueces.

Establecimiento en la Ley Orgánica de una inmunidad judicial mientras el juez o magistrado desarrolla su trabajo en una causa penal. Constitución de una policía judicial solo y exclusivamente al servicio del juez y derogación de cuantos preceptos de la Ley Orgánica del Poder judicial permiten al consejo fabricar todo tipo de injerencias frente a la independiente actividad del juez. Es imprescindible una ley reguladora del comiso y de la intervención de bienes delos encartados en casos de corrupción.

kikuyo ¿La Justicia es justa?kikuyo

En España no

Personalidad-Publica ¿Cuando estudiaste Derecho tenías la impresión de no estar aprendiendo nada?Personalidad-Publica

En mi caso, tuve excelentes profesores en la facultad de Derecho de Sevilla, a excepción de una o dos asignaturas aisladas.

 ReSeTeanDo Quisiera saber si su partido político se va a presentar a las elecciones Autonómicas o Municipales próximas.ReSeTeanDo

Estamos actualmente en el proceso de presentarnos en tales citas electorales de forma aislada en la plataforma Ganemos o bajo otras sinergías o variantes que valoraríamos detenidamente.

rusadir He oído que en EEUU hay un dicho que reza así: “En Estados Unidos hay justicia, la cuestión es cuánta justicia puede ud. comprar”. ¿Cree que se puede aplicar este refrán a España? ¿Cree que la justicia es dura con el débil y laxa con el fuerte?rusadir

En España a veces hay corrupción y se compra la justicia, pero en la mayoría de los casos al corrupto no le hace falta pagar porque muchos jueces ya saben perfectamente lo que se espera de ellos si quieren comer zanahorias. Recordemos que Lesmes, presidente del tribunal Supremo y del CGPJ, explico con detalle su filosofía de manejo del Poder Judicial: el palo y la zanahoria.

Waskachu ¿Qué impedimentos técnicos, burocráticos o prácticos existen para que la instrucción de un caso haya de llevarse en papel y no de forma informatizada? ¿Es esto quizá producto de poca preparación informática del personal, o quizá falta de infraestructuras informáticas? ¿existen iniciativas para informatizar esto? ¿Ve usted esto necesario?Waskachu

El motivo es denigrar a la justicia, ahogarla en su caducidad para que así, una vez desprestigiada, carezca de músculo para investigar la corrupción. No hay voluntad de modernizar a la justicia. Los demás poderes del Estado quieren verla atrasada.

daniMate ¿Como ve usted la idea de que los altos cargos de la judicatura (Tribunal Superior, Supremo, Constitucional, Consejo , etc ) fueran elegidos cada X años por los propios jueces en votación como lo hacemos los ciudadanos con nuestros representantes?daniMate

De los propios jueces no puede surgir la menor legitimidad. Acceden a la carrera judicial por métodos estrafalarios e ineficaces. Cantar temas o presentar méritos para una valoración poco objetiva no es ningún método seguro para seleccionar a las personas más adecuadas en el ejercicio de la judicatura. No hay selección en legitimidad que no provenga de la gente, por tanto, la única forma de que a cúpula judicial sea lo más independiente que se pueda es que dependa de la ciudadanía y no de partidos políticos u otros poderes del Estado.

Una vez que las cúpulas judiciales tengan carácter democrático deben promoverse sistemas de acceso a la carrera judicial cuyo contraste objetivo no sea en absoluto un mero examen de una horita y poco más. Hay que tomar en consideración todo el expediente académico universitario, deben simultanearse múltiples pruebas de expresión oral libre, escrita y tipo test, debe exigirse una amplia experiencia previa, por ejemplo, como abogado, y sobre todo debe ser un sistema lógico y racional no en manos de unas cuantas docenas de preparadores y de tribunales cuya objetividad o imparcialidad queda claramente en entredicho.  

yemeth Tras los resultados de las elecciones europeas, el “Movimiento RED” sigue en marcha y todo indica que lo veremos en las próximas elecciones. ¿Cree que llegará a algo con su escasa proyección mediática? ¿Qué piensa acerca de las acusaciones de personalismo? ¿No tendría más sentido unir su nombre a otras listas ya constituidas y con mejores resultados electorales, a las que usted podría aportar y sumar? ¿Con cuáles se siente usted en mejor sintonía?yemeth

El momento actual de RED es arraigar en la semilla de compromiso ciudadano que hemos conseguido poner en marcha. No debe haber prisas para un trabajo de esta naturaleza porque la finalidad fundamental de un partido político no es solo obtener el poder, sino ir canalizando de manera adecuada necesidades y expectativas ciudadanas de cambio, en el que desde luego creemos en RED.

Sobre las acusaciones de personalismo, no son ciertas y cualquiera en RED sabe perfectamente que el criterio es masivamente de participación ciudadana y de toma de decisiones desde la base.

Estamos abiertos a generar sinergías, plataformas conjuntas, alianzas o estrategias con cualquier partido político emergente volcado en la necesidad de un cambio político y social en España. En este sentido, grupos como Podemos, Izquierda Unida o incluso el PSOE si pusiera en marcha una regeneración visible y eficaz.

natrix Cree que se debería separar la elección de jueces del poder político? ¿quién y cómo debería elegirlos?natrix

Como he comentado anteriormente, la cúpula judicial debe ser sometida a elección popular.

Orgfff Por qué hay malhechores con decenas de antecedentes que siguen en la calle haciendo de las suyas? ¿Estaría de acuerdo en endurecer las leyes penales para que hacer el mal no salga “gratis”?Orgfff

El tema no es endurecer la ley, porque una ley se endurezca no aprende a caminar sola y se aplica por sí misma. El tema es que las leyes existentes se apliquen de manera optima y este es el problema de España. Muchas leyes, muchos tratados internacionales suscritos y ratificados, mucha normativa, frente a una práctica desoladora de incumplimientos masivos e impunidad judicial.

diedvalar ¿Podría nombrar 3 reformas necesarias en su opinión para la lucha contra la corrupción en este país?diedvalar

Debe crearse una agencia independiente contra la corrupción. Una policía, por tanto, relativamente autónoma del resto de los poderes del Estado sometida a un comité de jueces fiscales y otros altos cargos públicos.

Debe primates la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal con las reformas legislativas necesarias y debe modificarse la ley de enjuiciamiento criminal y el código penal adoptándolos plenamente a la lucha contra la corrupción.

Waskachu Tras el fracaso de su partido político, ¿cree usted que cometió algún error, como por ejemplo la famosa copia palabra a palabra del programa electoral de otro partido? ¿puede hacer usted algún ejercicio de autocrítica?Waskachu

Es la primera vez que en 4 semanas un partido político que no lleva existiendo realmente ni un mes supera los 100.000 votos, teniendo en cuenta que todo el aparato del Régimen se volcó contra RED. A nivel mediático y a nivel judicial. Conseguir este resultado en condiciones tan difíciles no lo puedo considerar un fracaso. El tema del programa Equo es tan sencillo como que en una plataforma informática abierta para que la ciudadanía aportase sus opciones de programa electoral se coló una propuesta que también era de Equo. ¿Ha examinado lo que se copió? Decía, más o menos, que si el aire es más respirable en una ciudad, se vivirá mejor. No creo que esto sea un gran hallazgo descubierto por ningún partido político.

oliver7 ¿Algún partido político se ha puesto en contacto con usted para pedirle algún consejo en cuanto a legislación u otro tema?oliver7

Sí

FranJ91 ¿Cuál es su opinión sobre el clientelismo? ¿Cree que existe en nuestras universidades, y cómo afecta a ellas en caso de que exista?FranJ91

El clientelismo sigue instalado, desgraciadamente, en la universidad española. Precisamente es uno de los grandes problemas para que avance su equiparación con el resto de universidades europeas. el acceso a la docencia e investigación universitaria debe ser profundamente alterado y mucho más abierto a la renovación y al acceso de toda la sociedad a la universidad.

Es cierto que Movimiento RED estáis vetados y que poderes superiores del estado y poderes económico-mediáticos, impiden que incluso se pronuncien las siguientes palabras: Elpidio Silva es el Presidente de Movimiento RED? ¿Es cierto que se ha grabado un programa de Salvados sobre usted o sobre su partido?

Es cierto que se nos quiere suprimir mediática e institucionalmente. Para el Régimen no somos bienvenidos.

Con respecto a la segunda pregunta, en el momento no me consta.

Hasta aquí puedo contestar a vuestras preguntas. Muchas gracias por todas ellas y por vuestras interacciones. Saludos y hasta la próxima.

La insistencia de la Fiscalía de Madrid por imputar a Elpidio José Silva un delito castigado con cárcel, por la supuesta filtración de los correos de Blesa, puede complicar el futuro judicial del autor o receptor de esos mensajes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido la petición del juez en excedencia para que declare como testigo en la causa el expresidente de Caja Madrid.

El abogado de Elpidio José Silva considera necesario que Blesa confirme la veracidad de los correos electrónicos antes de seguir acusando a su defendido de haberlos puesto en manos de los medios de comunicación. El exbanquero está citado para el viernes 27 de febrero a las 10 de la mañana.

Los correos electrónicos, que Silva ordenó incautar en el transcurso del conocido como ‘caso Blesa’, han sido reclamados por la Audiencia Nacional –con muchos filtros– en la pieza separada del ‘caso Bankia’ que investiga las preferentes, un producto financiero que arruinó a miles de clientes y que fue comercializado cuando Miguel Blesa presidía Caja Madrid. Pero donde los correos se convierten en un instrumento más peligroso para el exbanquero es en otra pieza separada del 'caso Bankia', la de las tarjetas ‘black’. Solo en esta investigación, Blesa está imputado por apropiación indebida y administración desleal y le ha sido impuesta una fianza civil de 16 millones de euros.

De hecho, fue un correo publicado en diciembre de 2013 por el diario.es el que permitió conocer a la actual dirección de Bankia la existencia de las tarjetas 'black' y ordenar una auditoría interna. En el mensaje, el secretario del Consejo de Administración de Caja Madrid Enrique de la Torre se refiere a los plásticos para consejeros y directivos como tarjetas “black a efectos fiscales”.

La Audiencia de Madrid anuló la incautación de ese correo y los más de 8.000 restantes del 'caso Blesa', así como el resto de la instrucción. Una querella de la Fiscalía derivó en un proceso contra Silva, que acabó condenado a 17 años y medio de inhabilitación por varios delitos, entre elllos prevaricación. Pero para entonces, los correos electrónicos ya habían salido a la luz, poniendo de manifiesto las prácticas clientelares y el desfalco de la entidad que, ya convertida en Bankia, tuvo que ser rescatada con 23.500 millones de euros de dinero público.

La obligación de decir la verdad

La declaración como testigo de Blesa fue rechazada en un primer momento por la jueza que investiga el caso de la filtración de los correos, Susana Polo. Pero los argumentos de la defensa de Silva en su recurso terminaron por convencerla: el exbanquero tiene derecho a declarar en una causa que le afecta, pero además tiene que acreditar que lo divulgado se corresponde con los originales.

Blesa, por tanto, deberá reconocer como auténticos los correos que le señalan en la causa de las preferentes y las tarjetas 'black', ya que al comparecer como testigo tiene obligación de decir la verdad. Hasta ahora, la defensa de Blesa ha perseguido por todos los medios que los correos no sean utilizados en las investigaciones que se siguen contra él, alegando que se trata una prueba anulada por la Audiencia de Madrid y que son propiedad de su defendido, y no de Bankia.

Esos correos electrónicos no sólo describían prácticas de dudosa ética por parte de políticos y banqueros, también evidenciaban la comisión de distintos delitos que aún son investigados por la Justicia. El pasado septiembre, el juez Fernando Andreu admitió la incorporación de una parte muy pequeña de esos correos a la investigación de las preferentes. Por otra parte, varios mensajes de los correos incautados en su momento por Silva y otros que ha aportado recientemente Bankia figuran ya en el sumario.

El 1 de septiembre de 2009, el secretario saliente del Consejo de Administración, Enrique de la Torre, escribió un correo electrónico al entrante, Jesús Rodrigo, poniendo en copia a Miguel Blesa. En un párrafo de ese mensaje describe la dinámica de los plásticos opacos: “Los miembros de la Comisión de Control, conforme a la normativa de Caja Madrid, no pueden pertenecer a Consejos de filiales o participadas. Por tanto solo cobran dietas por las reuniones de la Comisión (1350 € brutos). Además, tiene cada uno una tarjeta visa de gastos de representación, black a efectos fiscales hasta ahora (no está nada claro que la nueva jefa de inspección mantenga este criterio sobre todo teniendo en cuenta que Cipriano no conocía los nuevos importes), de 25000 € anuales excepto su Presidente que tiene una cobertura de 50000 €”.

Blesa defendió en su declaración ante el juez el 16 de octubre pasado que las tarjetas ‘black’ eran un complemento retributivo de “libre disposición”. Según fuentes presentes en el interrogatorio, el expresidente de Caja Madrid no acertó a dar una respuesta coherente al juez Fernando Andreu cuando éste le preguntó por el artículo 24 de la Ley de Cajas, que prohíbe a los consejeros cobrar por gastos no relacionados con la asistencia a reuniones. Tampoco convencieron al juez las respuestas de Rato y Blesa que Andreu impuso a ambos fianzas civiles de 3 y 16 millones, respectivamente, para asegurar las responsabilidades pecuniarias de una posible condena.

La testigo de la “magia negra”

Pero la citación de Blesa se produce en el marco de otra causa muy distinta, donde el imputado es Elpidio Silva. Como en el juicio que le ha valido la inhabilitación, el motor del proceso es la Fiscalía de Madrid, que abrió diligencias previas a raíz de la declaración de una examante de Silva, según se presenta ella misma, quien acusa al juez en excedencia de haber filtrado los correos. La mujer se presentó en la Fiscalía dos días después de que José María Aznar denunciara en ese mismo órgano a eldiario.es y otros medios por el supuesto “contenido difamatorio” de los mensajes que aludían a su persona. La declaración está fechada 60 minutos antes de que el abogado de Blesa remitiera un burofax a esta redacción amenazando con una querella.

La jueza Susana Polo continuó con la instrucción incluso después de que la Policía se lo desaconsejara por escrito dada la debilidad de los indicios presentados por la mujer. Susana García Romera, que así se llama, acusó a Silva de practicar contra ella “exorcismos” y “magia negra” en sus declaraciones ante la Fiscalía y los agentes. Se convirtió en la testigo protegido TP/14 y llegó a cobrar 4.000 euros de fondos públicos en ese concepto.

Pero después se esfumó. Dejó de acudir a los requerimientos del proceso, se le retiró la condición de testigo protegido y el tribunal ordenó a las Fuerzas de Seguridad su localización. El pasado miércoles, por fin, se presentó en el TSJM para ratificar que Silva filtró los correos a pesar de que reconoce que ella nunca los vio. En su declaración alegó que no había sido localizada porque va de casa en casa de amigos por temor al juez.

El tribunal que condenó a Elpidio José Silva ha rechazado la pretensión de Gerardo Díaz Ferrán de que el exjuez abonara los honorarios de su abogado mientras instruyó el denominado caso Blesa. Silva fue condenado a 17 años y medio de inhabilitación y a pagar 10.000 euros a Díaz Ferrán en concepto de daños morales, pero el que fuera presidente de la CEOE aspiraba igualmente a que le costeara el abogado durante la investigación por el crédito que Miguel Blesa concedió al Grupo Marsans cuando era presidente de Caja Madrid.

El abogado de Díaz Ferrán alegaba que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) “omite pronunciamiento alguno” en cuanto a la petición de su defendido y pedía que se reparase esa ausencia. Para el empresario encarcelado, la “injusta reapertura” del caso Blesa le obligó a pagarse un abogado y este perjuicio es distinto “al daño moral sufrido” que recoge el fallo del TSJM.

El tribunal no lo cree así y rectifica a la defensa de Díaz Ferrán. “Se ha examinado la petición que aquí se reproduce y el tribunal no la ha acogido”, señala en un auto al que ha tenido acceso eldiario.es. Y añade que, además de no estar probado el supuesto perjuicio que la investigación habría causado a Díaz Ferrán, su abogado debió haber presentado esta aspiración durante el proceso. Ahora, continúa, “se pretende que sean determinados (los daños) en ejecución de sentencia, pretensión totalmente inadmisible”.

Es el argumento que en su recurso presentó la defensa de Silva, que aprovechó el escrito para dejar caer que quizá el abogado de Díaz Ferrán se pagó con cargo a la tarjeta 'black' de la que disfrutó el también exconsejero de Caja Madrid. Lo que buscaba Díaz Ferrán, se quejaba el letrado Gonzalo Boye, además del pago, es provocar un retraso en la tramitación del recurso contra la sentencia condenatoria que presentará su defendido ante el Tribunal Supremo.

Díaz Ferrán se presenta desde hace meses como alguien en la más absoluta miseria. Un año después de ingresar en prisión, el expresidente de la patronal solicitó al Juzgado de lo Mercantil que desbloqueara su pensión para pagar “productos alimenticios y de higiene personal” que no suministra la prisión y que deben ser adquiridos en su economato. Su esposa, Raquel Santamaría, depende de él, añadía, y está en riesgo su propia “subsistencia”. El juzgado rechazó tal solicitud alegando que lo que solicitaba el matrimonio ya estaba “garantizado” por la administración concursal de sus empresas.

Dinero en el extranjero

A principios de este año, Ángel de Cabo, el liquidador de las empresas de Díaz Ferrán, dijo a la Policía, durante una declaración en la prisión de Picassent, que Díaz Ferrán tiene dinero escondido en Hong Kong y que mantiene el control sobre sociedades radicadas en Argentina a través de firmas interpuestas.

Díaz Ferrán se encuentra en prisión desde diciembre de 2012 por varios delitos relacionados con el vaciamiento del Grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores. El juez Eloy Velasco impuso entonces una fianza de 30 millones de euros a Díaz Ferrán para evitar la cárcel. En junio de 2013, la Audiencia Nacional rebajó la fianza a 5 millones.

Hace una semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó al juez Elpidio José Silva (Granada, 1959) a 17 años y medio de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y dos contra la libertad individual. Habían pasado siete días exactos desde que trascendiera que la Audiencia Nacional investiga a Rodrigo Rato y Miguel Blesa, entre otros, por la utilización de una tarjeta a cuenta de Caja Madrid con la que gastaban sin rendir cuentas y por lo que no declaraban a Hacienda. Bankia comenzó a investigar esta práctica porque eldiario.es publicó un correo de Blesa en el que se detallaba su funcionamiento. Ese correo había salido previamente de los servidores de Bankia al reclamarlos el juez Silva en el marco de la investigación al expresidente de Caja Madrid, la misma que le ha terminado costando una pena de inhabilitación.

¿Se debe atribuir a usted que haya estallado finalmente el escándalo de las tarjetas 'black'?

A mí no me cabe la menor duda de que la intervención de los correos corporativos de Blesa y de que el 'caso Blesa' han sido la clave de todo esto. Si yo no hubiera iniciado esas diligencias, todo esto estaría tapado. No es que lo diga yo, el fiscal Moix ha hecho todo lo posible y mucho más para que estos correos corporativos no aparezcan en la causa contra mí ni se utilicen en ningún momento. La Fiscalía se negó sistemáticamente a ello y llegó a decir que los correos eran nulos, lo cual es una barbaridad en la boca de un jurista. Es algo tremendamente reprochable en alguien que se supone que tendría que tener alguna idea de derecho.

No cabe duda de que también ha habido un impulso importante de 15MpaRato, del Partido X y de la propia UPyD. Ha habido grupos políticos que han empujado, pero sin el 'caso Blesa' no tendríamos nada. Eso es seguro. Como no tenemos nada a día de hoy. Ningún juez está pidiendo los correos corporativos, lo que considero una barbaridad, una aberración, es engañar a los ciudadanos. ¿Cómo es posible que ningún juez esté pidiendo los correos corporativos de la cúpula de Caja Madrid, que nadie esté recuperando toda la información de la BlackBerry que utilizaban por aquellos tiempos? Si el delito ha prescrito, eso recaería directamente en Fiscalía, que no ha impulsado las diligencias. Han tardado dos años en poner en marcha lo que ya se descubrió en el 'caso Blesa'. Esto es tremendamente lamentable.

Sin embargo, la sentencia que le condena dice que obtuvo los correos de Blesa de forma “absolutamente irregular”.

Demuestra que los magistrados del Tribunal Superior no tienen la menor idea de derecho penal; de hecho, no son penalistas. El único penalista es el magistrado que me absuelve. Los otros dos no tienen experiencia en penal y lo que están diciendo ahí es una barbaridad. Estos magistrados no saben de qué hablan porque esto no es una intervención de comunicaciones. Los correos corporativos son documentos que están en el servidor de Bankia. Ahí no se está interviniendo ninguna comunicación porque esos correos ya estaban en el servidor y pertenecen a Bankia, y además Bankia los entregó voluntariamente. No se sabe muy bien a qué criterios responden los dos magistrados que me condenan, por supuesto que a criterios jurídicos, no.

¿Qué delitos han cometido los usuarios de las tarjetas 'black'?

Hay que diferenciar entre usuarios. Los que tenían control de mando en Caja Madrid tienen varios delitos. Primero, uno contra la Hacienda Pública en los casos donde se excedió la cantidad de 120.000 euros al año declarados a Hacienda y no se hizo. Como consecuencia de éste, también puede confluir un delito de blanqueo de capitales, puesto que con la cantidad de dinero que se ha defraudado ha habido un uso indebido, lo que constituye blanqueo: a través del menudeo y del gasto encubrían el origen ilícito de los bienes.

También hay un delito contable porque no hay el más mínimo dato de que esas tarjetas hayan sido declaradas a nivel contable en cuanto al cargo contra la entidad. Incorpora igualmente un delito de falsedad documental porque, con total seguridad, tampoco se manifestó la existencia de las tarjetas frente a las entidades supervisoras. Se ha cometido un delito de administración desleal en la gestión bancaria y, finalmente, un delito de apropiación indebida porque se han quedado con el dinero.

Las personas que no tenían un poder de mando, nos ceñiríamos a delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo. Finalmente, los que no han gastado nada han incurrido en un delito de encubrimiento, porque tenían constancia de que esto existía y no han denunciado nada. Los que han devuelto el dinero, ya no lo deben, pero han cometido igualmente todos estos delitos.

¿Qué cree que ocurrirá el jueves cuando declaren ante el juez Rato, Blesa y Sánchez Barcoj?

Creo que van a alegar la prescripción, pero yo creo que no existe esa prescripción, puesto que el uso de las tarjetas debe englobarse dentro del delito continuado de gestión desleal. En ese sentido, hay que seguir adelante con la causa. Yo entiendo que no cabe la menor duda de que debieran ingresar en prisión. Esto es un ingreso en prisión cantado. Los daños que se han producido, el espectro de perjuicios... es tremendo. Yo no sé si estos señores se pueden fugar, pero lo que sí sé es que pueden afectar a importantes pruebas relacionadas con los hechos, con otras tarjetas... No sabemos qué otras tarjetas tenían o qué otras personas pueden estar afectadas. Y volvemos otra vez a la gestión global de la entidad. Yo creo que el ingreso en prisión aquí sería imprescindible y, desde luego, la toma de medidas debería ser muy intensa en cuanto a embargo, prospección de bienes y prospección de los frutos del delito.

¿Cree que se llegará hasta el fondo en el 'caso Bankia'?

Tal como vamos, en absoluto. Aquí no se va a llegar a nada. La verdad tiene, para abajo, 50 plantas. No creo que se llegue ni a la primera. Se va a quedar todo en la superficie porque se está viendo que la manera de investigar es funesta, que la celeridad es inexistente, que el Ministerio Fiscal no impulsa y que el juez se limita a citar a tres imputados cuando tenía que haber citado a 80 y haber ordenado un conjunto de medidas tremendas. Pero con jueces como los dos que me han condenado, con este tipo de gente estableciendo este tipo de criterios fuera del derecho y la investigación criminal, pues va todo el mundo con miedo, por no decir con pánico.

Pero ¿es posible actuar contra los poderosos con el actual marco legal?

Perfectamente posible. Sin la menor duda. El actual marco legal permite trabajar y llegar de las 50 plantas, a lo mejor no a la 50, pero sí a la 40. Sin duda alguna hay marco legal para investigar y trabajar. Otra cosa es que se hayan dedicado a cargárselo, a amedrentar y a formar un monstruo que no lo hay. Hay una Ley de Enjuiciamiento Criminal que responde a muchos tratados internacionales que ha firmado España. Toda la ciudadanía sabe que aquí se puede trabajar y luchar contra la corrupción, pero que hay una serie de corruptos que lo quieren impedir.

Si pudiera volver a la primavera de 2013, ¿volvería a encarcelar a Blesa?

Sin la menor duda. Lo volvería a hacer las veces que correspondiera. Posiblemente, a la vista de los hechos, puedo considerar que debería haber dictado una prisión incomunicada. Me lo comentó una compañera de instrucción francesa: la prisión debería haber sido en régimen de incomunicación.

En cambio, hasta el magistrado que le absuelve coincide en que usted “utilizó de forma indebida el enorme poder sobre la libertad, la intimidad y la seguridad de los ciudadanos que le otorga la ley”.

El propio magistrado Beltrán dice una cosa y después dice otra. Dice eso y después que “por qué no iba a ir Blesa a prisión”, que nadie sabía si se iba a fugar o no y pone el ejemplo de Luis Roldán. Es un voto particular en el que se ve claramente que el magistrado quiere decir una cosa pero no quiere decirla de una manera que pueda afectar demasiado a sus compañeros, porque es una vergüenza que en una sentencia por prevaricación alguien se encuentre un fallo de absolución. Esto es una cosa que no se puede entender. La prevaricación es un delito de resolución manifiestamente injusto y nada es manifiesto si hay un magistrado que no lo ve, precisamente el magistrado especialista en penal. Por una parte se han querido cargar la instrucción y hay un pacto para eso. Por otra parte está la desproporción y meterle prevaricación a un magistrado porque les ha dado la gana. A esto no se ha querido sumar Arturo Beltrán, que ha dicho: mire, hasta ahí no voy a llegar.

La sentencia dice que usted envió a Blesa sin motivación, a instancias de una parte que no estaba personada y con indicios obtenidos en “prevaricaciones previas”.

No tiene fundamentación, Manos Limpias estaba personada como acusación popular. Así consta en el proceso y así me ha dado la razón sistemáticamente la Audiencia Provincial, pero cuando alguien no quiere ver algo, o es miope u otra cosa peor.

Hay una tesis según la cual Blesa tendría un futuro judicial mucho más complicado que el que tiene de haberle tocado otro juez que no fuera usted.

Yo he recibido felicitaciones de personas de muy alto nivel en la esfera del derecho, incluidos vocales del Consejo General del Poder Judicial y magistrados del Supremo. Hay personas a las que no les ha gustado mi instrucción. El derecho es discutible. Lo que pasa es que en España vivimos en la prehistoria judicial. Hay intereses económicos, de despachos de abogados muy grandes que se dedican únicamente a defender a corruptos, y todo esto va creando opinión.

¿Cómo ha influido en su condena la presunta enemistad que mantiene con el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix?

No es presunta. Este señor no es mi amigo, ni mi enemigo, es un profesional de derecho que para mí deja mucho que desear. Ha dicho auténticas barbaridades, ha tenido una actuación absolutamente reprobable, ha vertido injurias y calumnias contra mí. Esta sentencia le viene bien porque le ampara de un posible delito de acusación falsa. Aunque yo ganara en el Supremo, lo que ocurrirá con toda seguridad según coincide la doctrina jurídica española, y hay una nulidad cantada por todas las pruebas que no se han admitido, ya es muy difícil actuar por acusación falsa.

Aún tiene pendiente otra causa impulsada por la Fiscalía de Madrid, acusado de filtrar los correos de Blesa.

Se puede ver que aquí no se está usando el derecho sino la cloaca del régimen, en el peor sentido, para generar una situación esperpéntica en todos los sentidos del término. Esta testigo en la que se basan no se sabe si rige bien, qué es lo que dice, de dónde lo saca. Está claro que está siendo utilizada y parece que pagada y remunerada.

Ya no hay testigo protegido en el caso abierto contra Elpidio Silva por filtrar supuestamente los correos de Blesa. La jueza del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Susana Polo ha decidido retirar dicha condición a Susana Romera después de que ésta no haya comparecido en las dos ocasiones que la ha requerido, tampoco se presentase en las tres citas con el organismo público que le iba a gestionar una vivienda y la Policía no logre dar con su paradero. Según ha podido saber eldiario.es, la mujer ha recibido 798,76 euros mensuales de fondos públicos desde mayo para gastos de manutención mientras mantenía su condición de testigo protegido en la causa que podría dar con Silva en la cárcel.

La decisión de la jueza Polo podría tener una influencia determinante en el caso, ya que todo él se basa en el testimonio de Romera. Examante de Silva, según su propia declaración, se presentó en la Fiscalía en pleno escándalo por la publicación de los correos de Blesa. Su testimonio voluntario ante la Fiscalía de Madrid se produjo 60 minutos antes de que la redacción de eldiario.es recibiera un burofax de los abogados del expresidente de Caja Madrid amenazando con medidas legales si continuaba publicando el contenido de los correos.

Uno de esos mensajes publicados por eldiario.es, gracias a una fuente anónima derivada por el Partido X, permitió a los actuales responsables de Bankia conocer la existencia de las tarjetas ‘black’ y encargar una auditoría interna. Sus resultados llegaron a la Fiscalía Anticorrupción y, de ahí, al juez Fernando Andreu, quien ha imputado a Blesa, Rodrigo Rato e Ildefonso Sánchez Barcoj. Los tres declararán el próximo jueves ante Andreu en condición de imputados. Además, Andreu, que instruye el 'caso Bankia', ha accedido recientemente a incorporar algunos de aquellos correos a la investigación sobre las preferentes.

Romera declaró en Fiscalía y luego en sede policial que Elpidio Silva era el responsable de que los correos llegaran a los medios de comunicación. También dijo que temía por su vida porque, entre otras cosas, el exjuez hace “magia negra”. La Policía concluyó que el testimonio de Romera no podía sustentar una investigación y así se lo comunicó a la jueza Polo. Pero la Fiscalía y la juez hicieron caso omiso a los investigadores y siguieron adelante con las pesquisas. Así, Polo ratificó a Romera la condición de testigo protegido que le había concedido una jueza de Madrid y le fue asignada una cantidad económica mensual que sólo se ha interrumpido con la retirada de la condición de testigo protegido el pasado 2 de octubre. Romera habría percibido ya unos 4.000 euros a cuenta de la Comunidad de Madrid.

En un auto del pasado viernes, la jueza Polo defiende aquella decisión por “la importancia de las revelaciones llevadas a cabo en la causa y el temor del testigo hacia el imputado”. Sin embargo, la condición de testigo protegido se suele reservar a aquellos que colaboran en graves delitos de terrorismo y crimen organizado, y no en una causa por revelación de secretos, cuya condena no supera los cuatro años.

Respecto al temor que decía sentir Romera hacia Silva, ya se pronunció la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) en un informe entregado a la jueza: “Se puede afirmar objetivamente que la TP (testigo protegida) podría pecar de cierta credulidad en cuanto al peligro que sufre, en cuanto a las posibilidades técnicas de intervenir y evitar la intervención de sus comunicaciones y el contenido de sus teléfonos y ordenadores, así como en cuanto a calidad de información que tuvieron realmente del caso Blesa las personas que menciona que le habían estado ayudando y apoyado para que denunciase”. Además de la práctica de “exorcismos”, la mujer decía que colaboradores de Silva le habían pinchado el teléfono y que tenía miedo de que le enviara “un sicario”.

La instructora del caso Silva atiende ahora la petición de la Fiscalía de retirar la condición de testigo protegido a Romera. Precisamente, fue la Fiscalía de Madrid, con Manuel Moix al frente –al igual que en la condena por prevaricación–, quien impulsó el caso de la filtración de los correos a pesar del dudoso carácter del único testimonio incriminatorio. Y ha mantenido la condición de testigo protegido después de que todos los citados en el juzgado, acusados por Romera de participar en la filtración, negaran los hechos.

“La situación ha cambiado”

La Fiscalía alega ahora –y ratifica la jueza– que “la situación ha cambiado”. “El imputado conoce la denuncia formulada contra el mismo, y de la declaración del testigo se desprende con total claridad su identificación personal, por sus relaciones con el imputado”, afirma Polo. Esto es, que Silva ya sabe quién le acusa, según la jueza. Como si no lo hubiera adivinado cuando se le dio traslado, sin citar el nombre, de todas las declaraciones realizadas ante la Policía y la Fiscalía por ella, ofreciendo detalles de la relación personal que ambos mantuvieron, o al comprobar el contenido de los mensajes que intercambió con Romera y que se han sumado a la causa.

Para apoyar su decisión, la jueza incluye las informaciones que le ha facilitado la Policía recientemente: Romera “ha viajado libremente, ha hecho uso de las redes sociales, ha comunicado a terceros su condición de testigo protegido, y no es posible su localización, pese a las gestiones policiales llevadas a cabo”. Pero mientras tanto, ha cobrado los 798,76 euros mensuales. Ella misma confesó a la Fiscalía y la Policía que su declaración está motivada por el hecho de que Elpidio Silva le prometió 1.000 euros por las correcciones hechas a su libro que, según su versión, nunca le pagó.

Además, la jueza designó a la Dirección General de la Vivienda de la Comunidad de Madrid para que le buscara una vivienda de renta baja donde residir mientras fuera testigo protegido. Todas las comunicaciones judiciales le llegarían directamente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), para así preservar su lugar de residencia. Pero Romera no se presentó en ninguna de las tres ocasiones que Vivienda de Madrid la convocó alegando que “la ayuda concedida era para sufragar su manutención, no para financiar los gastos derivados del cambio de vivienda, pese a haberle informado de lo contrario”, según la jueza Polo.