El hombre con el que empezó todo el caso del 1-O, el exsenador de ERC Santiago Vidal, ha declarado este martes como imputado ante el juez de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. Y lo ha negado todo. Fuentes judiciales han informado que Vidal ha alegado que en sus conferencias sobre una Catalunya independiente él hablaba de “futuribles”, lo que implica que los contenidos eran “políticos” y no tenían por qué ser “reales”. En otras palabras, que los políticos tienen derecho a mentir cuando se dirigen a sus seguidores.

Las confidencias de Santiago Vidal en distintas conferencias públicas de la ANC, en las que aseguró que el Govern había obtenido ilegalmente los datos fiscales de los catalanes, que había una partida oculta de 400 millones para el referéndum o que la Generalitat había confeccionado una lista de jueces afines al secesionismo, dieron pie a las querellas del abogado Miguel Durán y de VOX que abrieron al caso hace ya un año.

Un año después de abrirse la causa, han declarado como investigados -antiguos imputados- los primeros querellados. Vidal, que sólo ha contestado a su defensa, ha insistido en que sus palabras eran “hipótesis de futuro atrevidas”, aunque ha admitido que tendría que haber usado tiempos verbales de futuro y no de presente.

No obstante, ha remarcado que sus confidencias “no se correspondían con la realidad” ni los planes del Govern, según las mismas fuentes, y que sus palabras se dieron en un contexto de “interpelación dialéctica” y ante un auditorio de partidarios de la independencia. El exsenador, que dejó su escaño tras el estallido del caso, ha recordado además que el propio Oriol Junqueras desmintió todas sus afirmaciones.

Más allá de confirmar si las palabras de Vidal eran ciertas o no, las querellas llevaron a que el juez Ramírez Sunyer capitaneara las pesquisas para impedir el 1-O, cuyo máximo exponente fue la operación del pasado 20 de septiembre. A día de hoy hay una treintena de imputados, entre ellos empresarios y exaltos cargos. El sumario de la causa también ha alimentado la investigación por rebelión del Tribunal Supremo: el documento 'Enfocats', un power-point sin sello oficial de la Generalitat incautado en el domicilio del exnúmero dos de Junqueras, es una de las bases de la acusación contra los líderes independentistas.

En la ronda de declaraciones de este martes ante el juez Ramírez Sunyer también ha comparecido como imputado el exasesor del Govern y exvicepresidente del Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer. Y se ha repetido lo sucedido este domingo, cuando declararon funcionarios de la Generalitat: las defensas han preguntado al juez qué hechos supuestamente delictivos se imputaba a sus clientes.

El magistrado, según las mismas fuentes, ha contestado que en el caso de Vidal se le investiga por los hechos incluidos en la querella de VOX que abrió el caso, esto es, el contenido de sus conferencias, aunque según el partido de ultraderecha las palabras de Vidal demuestran que el exsenador tenía pleno conocimiento de la hoja de ruta independentista hacia el 1-O. En conjunto, la causa está abierta por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos.

Viver Pi-Sunyer ha contestado a las preguntas de todas las partes salvo VOX. Ha explicado que asesoró desde el punto de vista técnico al Govern desde el puesto que ocupaba al frente del Institut d'Estudis d'Autogovern en todo lo que le pedían las conselleries sobre una hipotética Catalunya independiente. Y ha añadido que siempre recomendó no publicar los informes que se hacían en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), ya que de hacerlo, se tendrían que ejecutar, y por lo tanto se corría el riesgo de incurrir en un delito de desobediencia.

Vidal pide volver a ser magistrado

La de este martes ha sido una declaración ante el juez de un juez suspendido. Vidal está apartado de la carrera judicial desde hace tres años por escribir un borrador de una constitución catalana. Vidal ha pedido volver a la carrera al acabarse su suspensión. No obstante, la decisión final es del Consejo General del Poder Judicial, que podría esperar al desenlace de la instrucción del caso 1-O para responder a Vidal.

Casi un año después de admitir la primera querella contra el exsenador Santiago Vidal, el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha citado a declarar como imputado al exjuez para el próximo 14 de febrero. El magistrado también ha citado para la misma fecha al jurista, exvicepresidente del Constitucional y exasesor de Puigdemont, Carles Viver Pi–Sunyer.

Ramírez Sunyer pilota las pesquisas contra una treintena de personas por los delitos de revelación de secreto, malversación, desobediencia y prevaricación. Los imputados son altos cargos, como los excolaboradores de Oriol Junqueras en Economía, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, pero también funcionarios y empresarios, a los que se investiga por los preparativos del 1-O.

De hecho, para este próximo domingo están citados a declarar como investigados el exjefe de gabinete de la conselleria de Gobernación Jordi Cabrafiga; el director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI), Valentín Arroyo; el director del área de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Generalitat; Luis Domingo; y los trabajadores del CTTI J.M.R y A.J.V.

Ramírez Sunyer ordenó la operación del pasado 20 de septiembre por la que la Guardia Civil detuvo a una decena de investigados y practicó una veintena de entradas y registros. Algunos de los documentos incautados, como el power-point 'Enfocats', se han trasladado a la investigación por rebelión en el Tribunal Supremo. Este documento es uno de los pilares de la tesis de acusación contra el expresidente Carles Puigdemont, los exconsellers, los 'Jordis' y los miembros de la Mesa.

De los documentos y correos electrónicos incautados en la causa también se desprende que los planes del Govern para la secesión incluyeron informes sobre el euro o el sistema de defensa de una eventual Catalunya independiente. Asimismo, tanto la libreta 'Moleskine' de Jové como los pinchazos telefónicos revelan una competición acérrima entre Convergència y ERC para lograr la hegemonía independentista, pese a compartir Govern y grupo parlamentario de JxSí.

Pese a las críticas de algunas defensas, que consideran que el Supremo debería asumir la causa de Barcelona, el magistrado Llarena y el juez Ramírez Sunyer siguen instruyendo en paralelo la investigación del 1-O. Muestra de ello es que el mismo día que Ramírez Sunyer ha citado a Vidal y a Viver Pi-Sunyer, las exdiputadas de la CUP Mireia Boya y Anna Gabriel deberán comparecer ante Llarena en la causa por rebelión.

En este sentido, varias defensas ya han avanzado que pedirán que se aplace la declaración de Vidal y Viver, prevista para el 14 de febrero, porque coincide con las declaraciones de las exdiputadas de la CUP en el Supremo y en la comparecencia como testigo en la Audiencia Nacional del coronel Diego Pérez de los Cobos, en la causa por sedición contra el exmayor Trapero.

ERC ha confirmado este lunes que el exjuez Santiago Vidal trabajó y cobró de su fundación tras dejar su escaño en el Senado por alardear de que la Generalitat había obtenido los datos fiscales de los catalanes ilegalmente. El portavoz del partido, Sergi Sabrià, lo ha justificado porque la Fundació Irla “intenta aprovechar todo el talento de analistas y pensadores comprometidos con la izquierda nacional”, entre los que ha incluido a Vidal.

Sabrià ha añadido que la contratación de Vidal también se justifica por la “persecución del Estado” al exsenador, en referencia a que fue suspendido de la carrera judicial tres años por colaborar en un borrador de constitución catalana.

Con todo, Sabrià ha desmentido que Vidal cobrase 3.000 euros fijos mensuales, tal y como el propio exjuez sostenía en uno de los correos electrónicos interceptados en el procedimiento en el que el juzgado de instrucción 13 de Barcelona investiga a Vidal y a una veintena de asesores y altos cargos de la Generalitat por los preparativos del referéndum.

En este texto, Santiago Vidal afirmaba que, cuando a finales de enero habló con “Marta” y con “Jordi” le hicieron pedir la dimisión como portavoz de ERC en el Senado y la aceptó sin oposición aunque “no tenía la obligación legal de hacerlo”. El texto proseguía: “Pactamos una compensación mensual de 3.000 euros con el compromiso de colaborar con la Fundación Irla, asumiendo yo los gastos inevitables, hasta que el próximo febrero de 2018 me pueda reincorporar a la carrera judicial”.

Vidal relata cuáles son los gastos con los que tiene que correr: 210 euros de retención de IRPF; la cuota de autónomos de la Seguridad Social (75 euros); la cuota del Colegio de abogado en ejercicio (120 euros) y los honorarios del gestor que hace el pago del IVA trimestral (154 euros). Todo ello supone que los ingresos netos sean de 2.441 euros, señala.

No podía imaginar el senador de Esquerra Santiago Vidal, cuando estaba de gira a finales del año pasado para alentar el procés, que aquellas confesiones que se permitía ante auditorios amigos fueran a desencadenar semejante operación policial, el “golpe definitivo” al referéndum, según lo ha calificado el Gobierno español.

Vidal ya sabía de sobra entonces, cuando predicaba las bondades de la independencia en auditorios de las provincias de Barcelona y Girona, lo que era estar en el disparadero. Su contribución a una futura (e hipotética) constitución catalana lo había apartado de la carrera judicial. El Tribunal Supremo acababa de rechazar su recurso contra el castigo que le había impuesto el Consejo General del Poder Judicial: tres años fuera de la judicatura por prestarse a redactar el borrador del texto legal. Eso había sucedido en noviembre de 2016. Durante los meses siguientes, despojado ya de la toga, inició un ciclo de conferencias titulado Endavant República Catalana.

La mayor parte del público que asistía a esos actos en localidades como Matadepera, Garcia y Granollers, también en Barcelona ciudad, llegaban convencidos de casa. Hasta las botellas de agua sobre el estrado estaban revestidas con la estelada. El escenario se prestaba a las confidencias y en una de estas el senador Vidal decidió soltarse. Confesó, con una media sonrisa, que el Govern tenía en su poder los datos fiscales de los catalanes.

De paso, el juez que había dejado de serlo unas semanas antes por sentencia del Supremo admitió que esa práctica era ilegal pero que, dada la actitud del Gobierno de Madrid, la Generalitat no había encontrado otra fórmula.

Lo que dijo y después reprodujo El País fue exactamente esto: “Voy a daros una mala noticia porque no todo ha de ser buenas noticias. ¿Y cuál es la mala noticia en el ámbito fiscal y tributario? Pues que en este momento el Gobierno de la Generalitat de Catalunya tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Eso es legal? Pues no. Porque eso está protegido por la ley de bases de datos del Gobierno español. Pero tontos, no somos. Ya sabemos que no se nos facilitarán de manera voluntaria. (...) Y la mala noticia es que estáis todos fichados. Todos”.

Lanzado ante el micro en un tono muy desenfadado, dio a entender además que el Govern tiene una lista de unos 300 jueces que podrían servir a una futura república independiente. Y que en los presupuestos de la Generalitat había 400 millones destinados al referéndum “camuflados” entre distintas partidas, “porque si no, serían impugnadas inmediatamente”.

Dos denuncias de sectores vinculados a la ultraderecha acabaron sobre la mesa del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que preside Juan Antonio Ramírez Sunyer. La primera la presentó Miguel Durán, exdirector general de la ONCE a principios de los 90, quien fue candidato del partido ultra Libertas coaligado con Ciudadanos en las elecciones de 2009, y hoy abogado del número 2 de la red Gürtel, Pablo Crespo (el que tenga dudas sobre sus planteamientos políticos puede escucharlo en las tertulias de Intereconomía). Esa querella de Durán partía de las revelaciones del senador Vidal en aquellas charlas.

La segunda fue de la formación de ultraderecha Vox ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y se dirigía contra contra dos cargos del Govern: el jurista que la Generalitat había situado al frente de la arquitectura jurídica del procés tras crear el Instituto de Estudios del Autogobierno, Carlos Viver Pi-Sunyer –un constitucionalista muy reconocido que había llegado a la vicepresidencia del Constitucional– y el responsable de los dineros, Lluís Salvadó, secretario de Hacienda del gobierno catalán.

Ambas causas, la iniciada por Durán y la de Vox, acabaron en manos del juez Ramírez Sunyer, entre otras cosas porque el senador Vidal acabó presentando su renuncia tras el escándalo que propició la publicación de sus intervenciones en esas conferencias. Si Vidal no hubiera dejado su escaño en el Senado (y su aforamiento), el caso habría llegado al Tribunal Supremo.

Así que mientras el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya investigaba el referéndum con el apoyo de la Fiscalía, el juez Ramírez Sunyer seguía en su despacho con una causa paralela declarada secreta desde finales de marzo y envió a la Guardia Civil para que interrogasen como testigo a altos cargos y funcionarios de la Generalitat. Según El País, fuentes próximas a la investigación sostienen que también ordenó pinchazos telefónicos.

Todo con el máximo sigilo y prescindiendo de los Mossos para su investigación. Eligió como policía judicial a la Guardia Civil con la que trabajó durante meses para perseguir los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

El miércoles 20 de septiembre Ramírez Sunyer dio por hecho que su día había llegado. Ordenó a los agentes del Instituto Armado 41 registros, entre ellos despachos oficiales de las consejerías de Economía, Exteriores, Governación y Trabajo de la Generalitat. El objetivo de la operación, escribió el juez de instrucción en el auto con el que autorizó la operación, era saber si la Generalitat se había gastado 6,2 millones de euros para celebrar la consulta.

A lo largo de la mañana del jueves fue detenido el número dos de Oriol Junqueras en la vicepresidencia del Govern. Hubo otros 13 arrestos más, la mayoría de altos cargos del Ejecutivo de Puigdemont. En la localidad barcelonesa de Biguess i Riells, a cincuenta kilómetros de la capital, dentro de una nave propiedad de un abogado la Guardia Civil se incautó de casi diez millones de papeletas.

El Gobierno de Mariano Rajoy lo celebró como el golpe definitivo al referéndum. El president Carles Puigdemont aludió a “una agresión coordinada por las fuerzas policiales del Ministerio del Interior y sin amparo legal”.

El resultado es conocido: miles de manifestantes se concentraron ante la sede de la Consellería de Economía y la protesta se instaló en las calles de Catalunya y también en diferentes ciudades españolas. Vehículos de la Guardia Civil sufrieron graves destrozos a las puertas del edificio. Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional acabó presentando una denuncia para que se investigue por sedición a los promotores de esos actos reivindicativos en Barcelona.

En la prensa proliferaron los perfiles sobre el juez Ramírez Sunyer. Se destacó su facilidad para encarcelar a miembros de grupos anarquistas que luego recibieron sentencias absolutorias. Y la vez que en 2015 admitió a trámite una querella contra el entonces director de los Mossos por no haber impedido una pitada al himno español en el Camp Nou. Y, cómo no, la condecoración que la Policía catalana le entregó junto a otras 200 personas el año pasado durante el Día de las Esquadres.

En la Generalitat resuenan los ecos de aquellos días en que el Govern amenazó con denunciar al juez por haber montado “una causa general” contra el nacionalismo catalán y que tal vez hubiera cambiado el curso de los acontecimientos. El mostrador del despacho de Ramírez Sunyer, en el juzgado número 13 de Barcelona, amaneció el viernes en la resaca de las detenciones con decenas de claveles rojos. El independentismo y el Gobierno español coinciden en señalarlo como el personaje clave en la operación contra el procés.

Quienes han estado cerca de la investigación evitan ser tan tajantes y sostienen que la información que ha tenido sobre la mesa el juez de instrucción, recabada por estructuras de élite de la Guardia Civil como la Unidad Central Operativa (UCO) o el Servicio de Información, hubiese llegado antes o después al Tribunal Superior de Cataluña y a la Fiscalía que también investigaban el referéndum, visto que el Constitucional ya había declarado su ilegalidad.

“Abuso de poder” y “preludio del estado de excepción”. En estos términos se han referido distintos políticos soberanistas al interrogatorio este jueves del coordinador del Pacto Nacional por el Referéndum, Joan Ignasi Elena, por parte de la Guardia Civil. Pero, ¿qué investiga la Guardia Civil? ¿Y el juez instructor? ¿Por qué una querella sobre el caso Santiago Vidal ha derivado en una investigación sobre el referéndum?

A estas preguntas solo se puede responder en parte ya que la causa en la que se enmarcan los sucesivos interrogatorios de la Guardia Civil a altos cargos y funcionarios de la Generalitat está bajo secreto de sumario. De hecho, este jueves el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha prorrogado el secreto otro mes.

Lo que sí se sabe de momento es que las pesquisas de la Guardia Civil, que actúa como policía judicial, versan sobre la preparación del referéndum. En concreto, la campaña de publicidad en los medios de comunicación que el Ejecutivo promovió para incentivar la inscripción en el registro de catalanes en el extranjero.

También se ha preguntado a los interrogados por dos webs. La primera, garanties.cat, propiedad del grupo parlamentario de Junts pel Sí, informa sobre aspectos del referéndum a cargo del Govern, aunque el portal no cuenta con ningún sello de la Generalitat. Los agentes, por orden del juez, también acudieron al Teatre Nacional de Catalunya para recabar datos sobre el mitin organizado por JxSí en el que presentaron la web.

La segunda web es la del Pacto Nacional por el Referéndum, la plataforma que agrupa a partidos, sindicatos y entidades tanto partidarias como contrarias a la independencia pero que están a favor de un referéndum pactado con el Estado. El portal es propiedad de Òmnium Cultural, el Centro Internacional Escarré para Minorías Étnicas y las Naciones (CIEMEN) y lafede.cat, entidad que agrupa a las ONG catalanas.

La Guardia Civil no ha imputado a ninguno de los interrogados porque solo puede hacerlo el juez. Lo que sí han hecho los agentes, en el caso del director de Comunicación del Govern, Jaume Clotet, y el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, es parar su interrogatorio al detectar que sus respuestas les podían incriminar en la causa. Según fuentes conocedoras del caso, tras esta advertencia el interrogatorio ha concluido. Todos ellos han acudido a declarar a la Guardia Civil, aunque no estaban obligados.

Previsiblemente, añaden las mismas fuentes, la Guardia Civil entregará un informe al juez una vez termine las pesquisas en el que informará al magistrado de los presuntos delitos que se podrían atribuir a los interrogados. En cualquier caso, será el magistrado quien decida su imputación.

Por ahora, el juez se lo está tomando con calma. El magistrado admitió a trámite en febrero y en marzo las querellas de VOX y de Miguel Durán (abogado defensor de Pablo Crespo en la Gürtel) contra el exjuez Santiago Vidal, el secretario de Hacienda, Lluis Salvadó, y el asesor gubernamental Carles Viver i Pi Sunyer. No obstante, todavía no ha citado a ninguno de los tres como imputados.

En un inusual comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado de que los interrogatorios de la Guardia Civil de esta semana no han sido ordenados por el magistrado instructor. Con todo, cabe recordar que la Guardia Civil no va por libre y todas sus actuaciones están avaladas por el juez, aunque no las ordene expresamente.

En este caso, las riendas no las lleva el fiscal del juzgado de instrucción 13 sino la Fiscalía Superior de Catalunya, que ha querido pilotar la investigación desde las primeras querellas, y la Guardia Civil.

El origen: las conferencias de Santi Vidal

El juez, en el auto en que rechazó la personación de la CUP en la causa, aseguró: “Esta causa no tiene por objeto la organización política ni la convocatoria de un referéndum”. No obstante, la conexión entre la investigación del referéndum y la querella inicial por las presuntas ilegalidades cometidas por el Govern en relación a los datos fiscales de los catalanes reveladas por Santi Vidal está, precisamente, en las indiscretas conferencias que dio el exjuez y exsenador de ERC.

En concreto, fue la partida “camuflada” de 400 millones que Vidal aseguró que tenía el Govern para el referéndum y las estructuras de Estado la que abrió la puerta para que el juez investigara el 1-O, ha informado en primer lugar la agencia EFE y ha podido confirmar este diario.

“Oculta en los presupuestos hay una partida de 400 millones destinados al referéndum y a las estructuras de Estado. No os diré en qué epígrafes, porque están debidamente camuflados y si no nos los impugnarían inmediatamente”, aseguró Vidal en sus conferencias, palabras que los investigadores consideran que permiten indagar si la Generalitat ha incurrido en una malversación de caudales públicos.

El vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras, incluyó en las cuentas una partida de 5,8 millones destinada al referéndum, que el Constitucional anuló a principios de este mes. En la presentación de los presupuestos en noviembre del año pasado, cuando se preguntó a Junqueras si existía una partida oculta para asegurar el referéndum en caso de que el TC tumbara los 5,8 millones, el vicepresident consideró que estas partidas no eran “impugnables”, y añadió: “¿Alguien en esta sala cree que no haré todo lo necesario para cumplir el mandato de los catalanes? Haré todo lo que pueda y más”.

Lo más parecido en el mundo real a la cantidad “oculta” que reveló Vidal son los 330 millones de euros del fondo de contingencia incluido en los presupuestos de la Generalitat, dinero que el Constitucional ya ha advertido que no se puede destinar al referéndum.

Con todo, lo más probable es que tras las vacaciones, cuando la Generalitat, si cumple lo que ha prometido, empiece a dar pasos sin marcha atrás hacia el referéndum, parte o toda la causa del juzgado de instrucción 13 pase al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que ya investiga el referéndum a raíz del fallido concurso de urnas.

Tormenta política

Los interrogatorios han provocado una tormenta política que ha recalentado más si cabe el ambiente de cara al 1-O. La Generalitat ultima su denuncia por los interrogatorios a altos cargos y la podría presentar ante el juzgado de guardia el sábado o este mismo viernes, jornada en la que continuarán los interrogatorios en la comandancia de la Travessera de Gràcia de Barcelona. Se ha citado al menos a un cargo de la conselleria de Asuntos Exteriores y a otro de Presidencia.

Solo el PP y Ciutadans han defendido los interrogatorios. El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha acusado a los independentistas de “haber perdido el norte y el 'seny' (cordura)” por confundir a la opinión pública sobre las actuaciones de la Guardia Civil. Por contra, soberanismo en bloque ha salido a criticar la investigación policial. “Cuando se investiga el hecho de promover un referéndum acordado, el problema de fondo es la democracia”, ha dicho el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

“Un abuso de poder que puede ser delito de prevaricación. Una imputación policial en un caso judicializado es, sencillamente, un abuso de poder”, ha sostenido el teniente de alcaldía de Barcelona y abogado, Jaume Asens (BComú). Desde la CUP, Quim Arrufat ha advertido de que los interrogatorios “sean el preludio de un estado de excepción”, por lo que ha pedido “estar preparados” para responder “a la represión”.

Las palabras más contundentes las ha dicho al salir de la comandancia Joan Ignasi Elena, un ex del PSC que nunca se ha declarado partidario de la independencia y ha promovido tan solo el referéndum pactado con el Estado: “Hay poderes que utilizan los instrumentos del Estado para perseguir y destruir la disidencia política. Hay que decir basta. Esto no va de independencia, de opinar de una forma o de otra, va de democracia y de respeto a la diferencia”.

Escena sense precedents la viscuda a la tarda d'aquest dimarts al Parlament. La majoria independentista formada per Junts pel Sí i la CUP ha vetat totes les compareixences a la comissió per investigar les paraules de l'exsenador per ERC, Santiago Vidal, que va assegurar que la Generalitat havia obtingut les dades fiscals dels catalans il·legalment. D'aquesta manera, la comissió ha arribat a la seva fi després de la primera sessió. L'oposició s'ha referit a la maniobra en termes com “estafa”, “frau” o “mordassa”.

La primera sessió de qualsevol comissió d'investigació està dedicada a aprovar el seu pla de treball i les seves compareixences. En aquest cas, la CUP no havia proposat cap, i JxSí ha anunciat que retirava el seu abans d'iniciar la sessió. Després, la CUP s'ha unit a JxSí per rebutjar totes les propostes realitzades per Ciutadans, PSC, PP i Catalunya Sí Que és Pot (CSQP). Resultat: la comissió no pot continuar perquè no s'ha aprovat cap compareixença.

Entre les compareixences que havia sol·licitat l'oposició, a més de la del propi Vidal, destacaven les de vuit consellers del Govern, entre ells el vicepresident, Oriol Junqueras, i la portaveu, Neus Munté. Així mateix, haurien d'haver desfilat pel Parlament el director general de la Policia, Albert Batlle, o el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

Els partits independentistes han argumentat que el cas està judicialitzat –l'investiga el jutjat d'instrucció 13 de Barcelona– i que la comissió només hagués servit per fer la “feina bruta” a la Fiscalia, en paraules del diputat de JxSí, Bernat Solé. “No és una comissió per aclarir res, sinó per perseguir les mocions aprovades pel Parlament”, ha dit Gabriela Serra (CUP).

L'oposició ha acabat la sessió enfurismada. El diputat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha titllat la maniobra de JxSí i la CUP de “deslleialtat” i de “frau democràtic”. Des del PSC, Alícia Romero ha anunciat que el seu grup deixa de participar en la comissió sobre l''Operació Catalunya'. “Vostès governen només per a uns”, ha dit als independentistes. I Alejandro Fernàndez, del PP, ha definit la maniobra independentista com “l'aplicació de la llei del silenci i la omertà entre el clan de la Mare superiora i els rebels de la CUP”.

Més conciliador amb les seves crítiques s'ha mostrat Joan Coscubiela, de CSQP, que ha considerat que JxSí i la CUP han donat aquest dimarts “armes als que volen impedir que el referèndum se celebri”. “No això, companys”, ha afegit.

Amb tot, el cas Vidal seguirà actiu. El jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona investiga les paraules de l'exsenador en una causa de moment secreta. El jutge ha encarregat diligències a la Guàrdia Civil per esbrinar si les dades fiscals robades, les llistes de jutges per la seva ideologia o els préstecs de fons internacionals als quals es va referir Vidal són veraces o una fantasia.

Escena sin precedentes la vivida en la tarde de este martes en el Parlament. La mayoría independentista formada por Junts pel Sí y la CUP ha vetado todas las comparecencias en la comisión para investigar las palabras del exsenador por ERC, Santiago Vidal, quee aseguró que la Generalitat había obtenido los datos fiscales de los catalanes ilegalmente. De esta forma, la comisión ha llegado a su fin tras la primera sesión. La oposición se ha referido a la maniobra en términos como “estafa”, “fraude” o“mordaza”.

La primera sesión de cualquier comisión de investigación está dedicada a aprobar su plan de trabajo y sus comparecencias. En este caso, la CUP no había propuesto ninguno, y JxSí ha anunciado que retiraba el suyo antes de iniciar la sesión. Después, la CUP se ha unido a JxSí para rechazar todas las propuestas realizadas por Ciutadans, PSC, PP i Catalunya Sí Que es Pot (CSQP). Resultado: la comisión no puede continuar porque no se ha aprobado ninguna comparecencia.

Entre las comparecencias que había solicitado la oposición, además de la del propio Vidal, destacaban las de ocho consellers del Govern, entre ellos el vicepresident, Oriol Junqueras, y la portavoz, Neus Munté. Asimismo, tendrían que haber desfilado por el Parlament el director general de la Policia, Albert Batlle, o el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

Los partidos independentistas han argumentado que el caso está judicializado –lo investiga el juzgado de instrucción 13 de Barcelona– y que la comisión solo hubiera servido para hacer el “trabajo sucio” a la Fiscalía, en palabras del diputado de JxSí, Bernat Solé. “No es una comisión para esclarecer nada, sino para perseguir las mociones aprobadas por el Parlament”, ha dicho Gabriela Serra (CUP).

La oposición ha terminado la sesión enfurecida. El diputado de C's, Carlos Carrizosa, ha tildado la maniobra de JxSí y la CUP de “deslealtad” y de “fraude democrático”. Desde el PSC, Alícia Romero ha anunciado que su grupo deja de participar en la comisión sobre la 'Operación Cataluña'. “Ustedes gobiernan para unos solos”, ha dicho a los independentistas. Y Alejandro Fernàndez, del PP, ha definido la maniobra independentista como “la aplicación de la ley del silencio y la omertá entre el clan de la Madre superiora y los rebeldes de la CUP”.

Más conciliador con sus críticas se ha mostrado Joan Coscubiela, de CSQP, que ha considerado que JxSí y la CUP han dado este martes “armas a los que quieren impedir que el referéndum se celebre”. “No esto, compañeros”, ha añadido.

Con todo, el caso Vidal seguirá activo. El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona investiga las palabras del exsenador en una causa por el momento secreta. El juez ha encargado diligencias a la Guardia Civil para averiguar si los datos fiscales robados, las listas de jueces por su ideología o los préstamos de fondos internacionales a los que se refirió Vidal son veraces o una fantasía.

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras no serán investigados por el caso Vidal. De momento. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), tal y como había pedido la Fiscalía, ha rechazado la querella de VOX contra el president y el vicepresident de la Generalitat –aforados ante el TSJC por ser diputados en el Parlament. Los magistrados no ven que las palabras del exjuez Santiago Vidal, que aseguró que la Generalitat ha obtenido ilegalmente los datos fiscales de los catalanes, se correspondan con los ocho delitos que VOX atribuía a los dos líderes del Govern.

“No se aprecian indicios suficientes de la comisión de delitos por personas aforadas”, señala el auto dictado por el magistrado de la sala civil y penal, Carlos Ramos, y que cuenta con la unanimidad de los otros dos miembros del tribunal, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y el magistrado Enric Anglada.

Con todo, los magistrados han acordado trasladar al juzgado de instrucción que corresponda según las normas de reparto la decisión de admitir la querella contra los denunciados que no son aforados: el exjuez y exsenador Vidal; el secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó; y el asesor gubernamental y expresidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), Carles Viver Pi i Sunyer.

A la espera de lo que decida un juzgado sobre los no aforados, el caso Vidal queda en manos de la investigación preliminar que mantiene abierta la Fiscalía y también del titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que acordó admitir a trámite la denuncia que el abogado Miguel Durán –letrado de uno de los cabecillas de la trama Gürtel, Pablo Crespo– presentó contra el exsenador por un presunto delito informático y otro de revelación de secretos. Si los hechos investigados por la Fiscalía y el juzgado sobre las palabras de Vidal coinciden, el ministerio público deberá inhibirse. Además, el Parlament creará una comisión de investigación sobre las palabras de Vidal en las próximas semanas.

En este sentido, en el auto los magistrados del TSJC consideran “preciso” comprobar la autenticidad de las palabras de Vidal para “despejar la duda” sobre si son “meras soflamas e invectivas pronunciadas con el propósito de enardecer a oyentes crédulos” o no.

Ciutadans, el PSC i el PP ultimen un acord per forçar la creació d'una comissió d'investigació al Parlament sobre el cas Santiago Vidal. Els tres partits han quedat descontents i desconcertats amb les explicacions que el vicepresident Oriol Junqueras i el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, han donat respectivament a la comissió d'Afers Institucionals i d'Economia del Parlament aquest dimecres. Per contra, JxSí i la CUP han donat per tancat l'assumpte.

Junqueras ha negat punt per punt les manifestacions de l'exsenador, que va dimitir per l'escàndol que van provocar les seves paraules. Ni base de dades fiscals il·legal, ni partida amagada pel referèndum, ni llista de jutges partidaris de l'independentisme, ni unitat especial de contraespionatge dels Mossos, ni acord amb un fons d'inversió internacional perquè presti al Govern 200.000 milions d'euros. Tot el que va dir Santi Vidal en les seves conferències és mentida, segons ha explicat Junqueras.

“El Govern no ha fet res il·legal”, ha afirmat el número dos de la Generalitat, en una intervenció de més de tres hores en què només s'ha pronunciat el cognom de l'exjutge per admetre que les paraules de Vidal “han fet mal” al Govern. Posteriorment, a la comissió d'Economia, el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, ha afirmat que “no fem res fora de les nostres competències actuals” i que mai ha parlat de dades fiscals amb Vidal.

Conscients que les paraules de l'exjutge són un gol en pròpia porta en la credibilitat de l'independentisme, JxSí i la CUP volen tancar l'assumpte el més ràpid possible. Els dos grups han donat per liquidada la carpeta Vidal amb les explicacions de Junqueras. “Per nosaltres, cas tancat”, ha conclòs el diputat de la CUP, Carles Riera, que ha titllat les paraules de Vidal d'“excèntriques” i “totalment equivocades”. Riera no ha obtingut resposta de Junqueras quan li ha preguntat què farà el Govern “des de la unilateralitat quan l'Estat intensifiqui la via repressora” sobre el procés sobiranista.

També està per veure què faran els independentistes si finalment toca votar les compareixences a la comissió d'investigació, que s'ha de constituir obligatòriament si tres grups parlamentaris ho demanen (en aquest cas serien Ciutadans, PSC i PP). De moment, aquest dimecres han unit els seus vots per tombar la compareixença a la comissió d'Afers Institucionals de cinc consellers a més del propi Vidal.

Els portaveus dels grups de l'oposició han retret a Junqueras que no hi hagi portat als tribunals a Vidal si de veritat creu que va mentir. “Si no demanden al senyor Vidal l'oposició no es creurà que és un mentider”, ha assenyalat Fernando de Páramo, de Ciutadans. Des del PSC, Alícia Romero ha demanat a Junqueras “una mica més d'humilitat” i li ha reclamat “que no enganyi a la gent”.

El diputat de Catalunya Sí Que és Pot, Joan Coscubiela, ha agraït el desmentit de Junqueras assenyalant el catolicisme practicant del vicepresident. “En la seva cultura mentir en un parlament és com mentir en una església i sé que no ho faria mai”, ha afirmat. Per la seva banda, el popular Alejandro Fernández ha pronosticat que el cas Vidal “serà el Watergate” de Junqueras, i el vicepresident ha respost: “El seu partit gestiona dotzenes de watergates: la Gürtel, el Bigotes ...”.

El desmentit de Junqueras ha arribat en el torn de resposta als grups. En la seva intervenció inicial, el vicepresident ha explicat al detall com la Generalitat compleix la legalitat en l'obtenció de les dades fiscals dels impostos autonòmics sobre els quals té competències.

A l'espera que la comissió d'investigació al Parlament es formalitzi, les paraules de Vidal ja han arribat a dues instàncies judicials. D'una banda, un jutge de Barcelona ha admès a tràmit una denúncia contra Vidal presentada per l'advocat Miguel Durán. I la Fiscalia va obrir diligències preliminars per pilotar en solitari la investigació del cas.

Ciutadans, el PSC y el PP ultiman un acuerdo para forzar la creación de una comisión de investigación en el Parlament sobre el caso Santiago Vidal. Los tres partidos han quedado descontentos y desconcertados con las explicaciones que el vicepresident Oriol Junqueras y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, han dado respectivamente en la comisión de Asuntos Institucionales y de Economía del Parlament este miércoles. Por contra, JxSí y la CUP han dado por zanjado el asunto.

Junqueras ha negado punto por punto las manifestaciones del exsenador, que dimitió por el escándalo que provocaron sus palabras. Ni base de datos fiscales ilegal, ni partida escondida para el referéndum, ni lista de jueces partidarios del independentismo, ni unidad especial de contraespionaje de los Mossos, ni acuerdo con un fondo de inversión internacional para que preste al Govern 200.000 millones de euros. Todo lo que dijo Santi Vidal en sus conferencias es mentira, según ha explicado Junqueras.

“El Govern no ha hecho nada ilegal”, ha afirmado el número dos de la Generalitat, en una intervención de más de tres horas en que solo ha pronunciado el apellido del exjuez para admitir que las palabras de Vidal “han hecho daño” al Govern. Posteriormente, en la comisión de Economía, el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, ha afirmado que “no hacemos nada fuera de nuestras competencias actuales” y que nunca ha hablado de datos fiscales con Vidal.

Conscientes de que las palabras del exjuez son un gol en propia puerta en la credibilidad del independentismo, JxSí y la CUP quieren correr un tupido velo sobre el asunto lo más rápido posible. Ambos grupos han dado por finiquitada la carpeta Vidal con las explicaciones de Junqueras. “Para nosotros, caso cerrado”, ha zanjado el diputado de la CUP, Carles Riera, que ha tildado las palabras de Vidal de “excéntricas” y “totalmente equivocadas”. Riera no ha obtenido respuesta de Junqueras cuando le ha preguntado qué hará el Govern “desde la unilateralidad cuando el Estado intensifique la vía represora” sobre el proceso soberanista.

También está por ver qué harán los independentistas si finalmente toca votar las comparecencias en la comisión de investigación, que se tiene que constituir obligatoriamente si tres grupos parlamentarios lo piden (en este caso serían C's, PSC y PP). De momento, este miércoles han unido sus votos para tumbar la comparecencia en la comisión de Asuntos Institucionales de cinco consellers además del propio Vidal.

Los portavoces de los grupos de la oposición han afeado a Junqueras que no haya llevado a los tribunales a Vidal si de verdad cree que mintió. “Si no demandan al señor Vidal la oposición no se creerá que es un mentiroso”, ha señalado Fernando de Páramo, de Ciutadans. Desde el PSC, Alícia Romero ha pedido a Junqueras “un poco más de humildad” y le ha reclamado “que no engañe a la gente”.

El diputado de Catalunya Sí Que es Pot, Joan Coscubiela, ha agradecido el desmentido de Junqueras señalando el catolicismo practicante del vicepresident. “En su cultura mentir en un parlamento es como mentir en una iglesia y sé que no lo haría nunca”, ha afirmado. Por su lado, el popular Alejandro Fernández ha pronosticado que el caso Vidal “será el Watergate” de Junqueras, a lo que el vicepresident ha respondido: “Su partido gestiona docenas de watergates: la Gürtel, el Bigotes...”.

El desmentido de Junqueras ha llegado en el turno de respuesta a los grupos. En su intervención inicial, el vicepresident ha explicado al detalle cómo la Generalitat cumple la legalidad en la obtención de los datos fiscales de los impuestos autonómicos sobre los que tiene competencias.

A la espera de que la comisión de investigación en el Parlament se formalice, las palabras de Vidal ya han llegado a dos instancias judiciales. Por un lado, un juez de Barcelona ha admitido a trámite una denuncia contra Vidal presentada por el abogado Miguel Durán. Y la Fiscalía abrió diligencias preliminares para pilotar en solitario la investigación del caso.

La Fiscalia podria deixar de pilotar la investigació del cas Vidal. Un jutge de Barcelona investiga una denúncia per revelació de secrets i delicte informàtic que un particular va presentar contra l'exsenador d'ERC, Santiago Vidal, per les conferències en que va mantenir que la Generalitat havia obtingut il·legalment dades fiscals dels catalans.

El titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona ha acordat admetre a tràmit la denúncia contra Vidal que un particular va presentar el divendres 27 de gener als jutjats de guàrdia de la capital catalana. La denúncia acusa Vidal, que va dimitir del seu càrrec de senador arran de la polèmica pel contingut de les seves conferències, d'un delicte informàtic i d'un altre de revelació de secrets.

La Fiscalia va apuntar que si les declaracions de Vidal eren certes podrien ser constitutives de diversos fets delictius, entre els quals assenyala el de descobriment i revelació de secrets, pel suposat apoderament il·lícit de dades reservades. Si l'objecte de les dues investigacions acaba sent el mateix, el ministeri públic s'hauria d'inhibir i deixar les diligències en mans del jutjat d'instrucció, a l'estar l'assumpte ja sota tutela judicial.

Les diligències del ministeri públic se centren a descobrir si la Generalitat va elaborar informes relatius a la ideologia dels jutges que exerceixen a Catalunya, com va apuntar en les seves conferències l'exsenador d'ERC. El jutjat ha demanat al Senat que certifiqui que Vidal ja no ocupa un escó a la Cambra Alta per assegurar-se que ja no és aforat davant el Suprem.

En una de les seves conferències, Vidal va presumir: “El Govern té totes les vostres dades fiscals. Això és legal? Doncs no. Està protegit per la Llei de Protecció de bases de dades del Govern espanyol. Però tontos no som”.

D'altra banda, el TSJC també està pendent de resoldre si admet a tràmit una querella que el partit VOX va presentar contra el president de la Generalitat Carles Puigdemont i els consellers Oriol Junqueras i Carles Mundó, arran de les manifestacions de l'exsenador. La Fiscalia va demanar que es desestimés per mantenir les regnes de la investigació.

La Fiscalía ha dejado claro este viernes que quiere pilotar la investigación del caso Vidal, que estalló a raíz de las declaraciones del exjuez y ahora exsenador en las que aseguraba, entre otras cosas, que la Generalitat ha obtenido ilegalmente los datos fiscales de los catalanes. El ministerio público ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que desestime la querella que el partido de ultraderecha VOX presentó contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, y otros miembros de su gobierno a raíz de las manifestaciones de Santiago Vidal.

La Fiscalía sostiene que no es “razonable” abrir una investigación penal a partir de las declaraciones “más o menos verosímiles” de Vidal, sin haber analizado antes la “concreción” de las mismas. En su escrito, argumenta que hasta que no ultime las diligencias que ya ha abierto no cabe plantearse acciones penales. En otras palabras, que debe ser la Fiscalía quien marque el ritmo del caso Vidal.

“No se advierte, por el momento, el principio de prueba que avale razonablemente la realidad de la imputación”, señala la Fiscalía en su escrito. Pero esto no quiero decir que dé carpetazo al asunto, y en el mismo documento la Fiscalía manda un aviso a navegantes.

Advierte el ministerio público de la “trascendencia”, la “gravedad” y la “indiscutible relevancia penal” que comportarían, de confirmarse, las conductas descritas por Vidal en sus discursos. Y añade: “Debe iniciarse una profunda investigación dirigida a corroborar, o en su caso descartar, la verosimilitud de los asertos pronunciados” por el exjuez.

Si finalmente el TSJC descarta admitir la querella de VOX, la Fiscalía podrá seguir adelante con las diligencias que abrió para investigar las afirmaciones de Vidal, que sostuvo en varias conferencias que la Generalitat había obtenido datos fiscales de los catalanes de forma ilegal.

Fabulación o indiscreción, las palabras del exjuez y ahora exsenador Santiago Vidal han mostrado uno de los mayores retos a los que se enfrenta el Govern en su apuesta independentista: la recaudación de impuestos. Y es que a día de hoy es la Agencia Tributaria estatal la encargada de recaudar, gestionar y velar para que los contribuyentes paguen la triada de impuestos más importantes –IRPF, IVA y sociedades.

Sólo los anticipos de IRPF y IVA suponen el 60% de los ingresos previstos por la Generalitat en 2017. Por contra, los tributos cedidos y los creados por la Generalitat –Sucesiones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales, medioambientales, centros comerciales, pisos vacíos, pernoctaciones turísticas, ADSL y bebidas azucaradas– suponen un 16% de los ingresos al tener menos contribuyentes.

El fiscalista Josep Guiu recuerda que el tipo de impuestos en manos de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) no proporcionan “datos fiscales de forma masiva”, a diferencia del IRPF, en relación a las personas físicas, o el impuesto de sociedades, en relación a las jurídicas –ambos gestionados por la hacienda estatal. Por ejemplo, la información fiscal más usual que se consigue a través del impuesto de Sucesiones se limita a los datos del piso o la cuenta bancaria heredada, mientras que con el IRPF la administración tiene acceso a un número importante de datos personales y familiares, como el número de hijos.

Guiu añade que la Generalitat podría disponer de más datos fiscales si se cambiara la ley 22/2009, que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas y el sistema de cesión de tributos a éstas. Y es que a día de hoy las competencias en la gestión, la recaudación y la inspección del IRPF y el IVA siguen en manos de la Agencia Tributaria estatal.

Por otro lado, tener la competencia en un impuesto no implica siempre gestionarlo: hasta que ERC entró en la conselleria de Economía, la Generalitat tenía externalizada en favor de los registradores de la propiedad la recaudación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el de sucesiones y donaciones. Además, dejaba en manos de la Agencia Tributaria el cobro obligado de los impuestos cedidos a los contribuyentes una vez finalizaba el plazo de pago voluntario, la llamada “recaudación por vía ejecutiva”.

Oriol Junqueras dio la vuelta a esta situación y la Agència Tributària de Catalunya (ATC) asumirá ambas funciones. El propio Junqueras admitió el año pasado que “la Hacienda murciana está mucho más desarrollada que la catalana”. El objetivo gubernamental es que la ATC gestione todos los impuestos propios y cedidos, es decir, agotar el autonómico antes de dar el salto a la gestión de impuestos como estado independiente.

En este marco hay que situar el anuncio de la Generalitat de este miércoles. En declaraciones a RAC-1, el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, ha anunciado la puesta en marcha del nuevo programa informático E-Spriu para gestionar los impuestos de los catalanes. El programa empezará a funcionar el 1 de julio con el impuesto de bebidas azucaradas, y le seguirán la tasa turística, el impuesto a los bienes de lujo y el de los vehículos más contaminantes. Todo impuestos sobre las que la Generalitat tiene plenas competencias.

Salvadó no ha escondido el objetivo independentista del nuevo programa “Es un sistema informático diseñado para cualquier tipo de impuesto”, ha asegurado. Los planes del Govern pasan por obtener la información fiscal a partir de los datos de las empresas, como por ejemplo las retenciones que aplican en las nóminas de sus trabajadores. “Las empresas son las que en definitiva proceden al pago de los grandes impuestos que en este momento recauda el Estado. No necesitaremos una base de datos específica”, ha sostenido Salvadó.

Sin embargo, Salvadó no ha indicado cómo obligará a las empresas a proporcionar a la Hacienda catalana la información que ahora dispone la Agencia Tributaria. Este mutismo del Govern sobre un cambio tan fundamental en el día a día de empresas y ciudadanos ha motivado las críticas de la oposición, que ha exigido a Junqueras que comparezca ante el Parlament. “Esperamos que se explique y diga a quién engañan: si a las personas que trasladan esta propaganda o a nosotros cuando dicen que lo que hacen está dentro de la normativa vigente”, ha afirmado Eva Granados, del PSC.

El senador de ERC y juez suspendido, Santiago Vidal, ha anunciado este viernes que deja su escaño en la Cámara Alta. La dimisión de Vidal se produce el día después de que El País publicara sus declaraciones en diferentes charlas, en las que aseguraba que la Generalitat había obtenido datos fiscales de forma ilegal. En el comunicado con el que anuncia la dimisión, Vidal asegura que ha hecho “declaraciones en un tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el proceso, pero es evidente que tomadas en su literalidad, no se ajustan a la realidad”.

La publicación de las declaraciones ha ocasionado un torrente de reacciones, comenzando por el Govern, que ha salido a desmentir “categóricamente” a Vidal, asegurando que no están cometiendo ninguna ilegalidad. Todos los partidos de la oposición menos la CUP han reclamado comparecencias de miembros del Ejecutivo para explicar el caso. Ciutadans, PSC y PP han exigido la comparecencia en el Parlament del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y de otros cuatro consellers. CSQEP, por su parte, se las ha pedido al vicepresident, Oriol Junqueras.

La jefa de la oposición y líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha pedido que el Govern asuma responsabilidades, más allá de la dimisión. Por motivos diferentes, la CUP también ha afeado la actitud de Vidal. “Hacer declaraciones de este tipo es incompatible con la seriedad con la que debe afrontarse el conflicto democrático con el Estado”, han explicado.

Tras la dimisión del senador, el secretario de Hacienda, Lluís Salvador, ha anunciado que el Govern someterá sus datos fiscales a una auditoria por la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Con ello quieren demostrar que es “absolutamente falso” que el Govern tenga “todos los datos fiscales”. “El ejecutivo catalán sólo dispone de los datos fiscales relacionadas con los tributos que gestiona y que ha obtenido en el marco de la más estricta legalidad”, aseguran en un comunicado. Salvador se pone además a disposición del Parlament para dar explicaciones.

Las reacciones no solo han llegado por la parte política, sino también de la judicial. El Fiscal General del Estado ha anunciado este viernes que ha ordenado investigar las declaraciones del senador Santiago Vidal. A su entender, de ser ciertas las palabras de Vidal, “supondrían una grave vulneración de los derechos de los ciudadanos”, por lo que ordena abrir diligencias.

En un comunicado difundido por ERC, Vidal ha asegurado que deja el escaño para no perjudicar al proceso independentista. “Quiero dejar claro que en ningún momento he querido poner en duda que el actual Govern actúa con absoluto respeto a la legalidad vigente”, explica Vidal en el comunicado. “Las decisiones que se tomen en cada momento disfrutarán de la cobertura legal del Parlament de Catalunya y la Ley de Transitoriedad Jurídica”, añade.

El escándalo político y judicial se centra en las declaraciones de Vidal sobre la supuesta posesión de datos fiscales de la Generalitat de forma ilegal, pero no son estas las únicas afirmaciones polémicas realizadas. El ya ex senador aseguró que se habían hecho listas de jueces respecto a su adscripción ideológica favorable o no a la independencia. También que en el proyecto presupuestario hay 400 millones escondidos entre partidas para preparar la independencia. Por último, Vidal hace ciertas afirmaciones sobre los Mossos, como que el Govern investiga a agentes que serían miembros del CNI infiltrados o que hay unidades que se están entrenando en el extranjero.

Santiago Vidal es juez y profesor de derecho, y fue magistrado de la Audiencia de Barcelona hasta 2015, cuando fue sancionado por el Consejo General del Poder Judicial con la expulsión de la magistratura durante tres años por haber redactado un borrador de la Constitución catalana por su cuenta. Fue en las listas de ERC para el senado en las elecciones generales de 2015 y en las de 2016, en las que obtuvo su escaño de senador.

“Triste” por la resolución pero “feliz” por las muestras de apoyo. Es la sensación agridulce que acompaña estos días al juez Santiago Vidal (Sant Sadurní d'Anoia, 1956) después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo haya suspendido durante tres años por participar en la redacción de una Constitución Catalana [unanovaconstitucio.cat]. Una sanción temporal, y no indefinida como se temía, que abre las puertas de la política al magistrado, dispuesto a invertir todo su caudal personal y mediático en la creación de una República Catalana. A dos semanas para que abandone la Audiencia Provincial de Barcelona –“el trabajo que más quiero”–, todas las quinielas le sitúan en las filas de ERC. Aun así, el juez explica abiertamente que tiene cinco ofertas y que todas le merecen un gran respeto.

Al final, la suspensión ha salido adelante con los votos a favor de los doce vocales conservadores y la oposición de los otros nueve progresistas...

Estoy muy decepcionado al comprobar que, por desgracia, una de las sospechas que teníamos sobre el Estado español se ha confirmado: Han entrado en una deriva que cada vez difumina más la separación de poderes. Se constata que el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial están en manos de las mismas personas. Esto es muy preocupante, no sólo por el proceso del derecho a decidir de Catalunya, sino por la defensa de los derechos y las libertades de todos los españoles. En estos momentos no sabemos quién tiene otorgada la función de la tutela o protección de los ciudadanos. La última reforma del Código Penal del ministro Gallardón es un retroceso muy preocupante en las libertades del pueblo.

¿Cuál es el principal problema del Poder Judicial?

Algunos los arrastra desde la Transición. Ya entonces no se hicieron las reformas necesarias y muchas personas de la carrera judicial, sobre todo los altos mandos, vienen de aquella época ideológica completamente superada, como lo es el franquismo. No han sabido adaptarse, tal y como sería necesario, a los nuevos tiempos y a los cambios sociales. No aceptan ni la diversidad de opiniones, ni la pluralidad, ni en definitiva la figura del juez o del fiscal como ciudadanos que también piensan, opinan y que, además de hacer su función judicial, son capaces de posicionarse. Sin que ello afecte su imparcialidad o independencia.

¿Esta visión conservadora que describe es mayoritaria?

Sí, y las estadísticas lo demuestran. Jueces para la Democracia somos un 10% de la carrera judicial y, en cambio, la asociación conservadora representa el 90% restante. Esto sucede por un sistema de selección propio del siglo XIX, completamente decimonónico. Es decir, se entiende el juez como un funcionario al que se le exige mucha memoria para aprobar unas oposiciones. Cuando hoy en día no es necesaria en absoluto porque está todo digitalizado. Y hay otro elemento: la propia endogamia de la carrera. Seguimos siendo una profesión en la que la gran mayoría tiene el padre, la madre o el tío que ya eran de la carrera judicial. Hay que abrir las ventanas y que entren personas de diferentes procedencias y mentalidades.

Si sabía que Poder Judicial era así, era previsible que lo sancionarían por haber redactado una Constitución Catalana. Hay quien dice que ha sido demasiado ingenuo, otros creen que más bien pretencioso. ¿Dónde se ubica usted?

Entiendo muchas de las cosas que se han dicho sobre mí. Pero la verdad es que me considero una persona bastante humilde. Siempre he criticado mucho aquellos jueces que buscan la repercusión mediática a cualquier precio, como Baltasar Garzón o Elpidio Silva. No me gustaba su manera de hacer. En mi caso, intento hacer algo diferente y muy sencillo: estar en contacto con la ciudadanía. Los jueces debemos estar a disposición de la ciudadanía y los medios son el canal adecuado para hacerlo. ¿Soy ingenuo? Seguro que sí. Ingenuo y optimista. Quizás deberíamos preguntarnos si esto es bueno o malo.

¿E imparcial? ¿Se puede ser un juez imparcial y al mismo tiempo defender la independencia de Catalunya?

Yo creo que sí. Es perfectamente compatible. Como lo es ser juez, imparcial, y defender la unidad de España. Siempre he dicho que los jueces no podemos ser neutros. Neutro es aquella persona que le da lo mismo blanco que negro, que no tiene ideología. Los jueces, como ciudadanos con un cierto nivel cultural, es inevitable que tengamos posicionamientos. Lo que sí tenemos que ser es imparciales e independientes, lo que permite que en las resoluciones judiciales no influyan los pensamientos políticos, morales o sociales. En 26 años de carrera judicial he dictado más de diez mil sentencias. Me gustaría que en buscaran una, sólo una, en la que se vea reflejada mi ideología política. No encontrarán ninguna.

¿Después de la sanción, se arrepiente de algunas de sus manifestaciones en público?

No, claro que no. Insisto en que los jueces no somos bichos raros. Somos personas, y tenemos preferencias y prioridades. No somos un cuerpo extraño de la sociedad. No podemos vivir en una burbuja de cristal. Las propia Ley nos dice la debemos interpretar de acuerdo con la realidad social. Esta es clave: debemos interpretar la Ley y no ejecutarla a ciegas. Si introducimos en un ordenador, con un buen sistema informático, los datos de un caso concreto seguro que saldrá una resolución perfectamente legal. ¿Pero justa? Quizás no. La complejidad humana es muy variada y por eso hay que interpretar siempre la Ley.

¿En su caso se ha interpretado suficiente?

En mi caso ha habido una evidente doble vara de medir. Otros magistrales, y en tribunales mucho más importantes que la Audiencia de Barcelona, como el Tribunal Supremo o el Constitucional, no sólo tienen ideología, básicamente conservadora, sino que además se refleja en sus resoluciones.

También ha recibido el apoyo de compañeros de dentro y fuera de Catalunya...

A pesar de la sensación amarga de derrota, tengo la satisfacción de los cientos de llamadas y muestras de solidaridad. Muchos jueces españoles me han llamado para decirme, escucha Santi, dentro de las legítimas discrepancias, estamos a favor de que las puedas expresar. Así debería ser, siempre que se haga de manera pacífica y democrática, como lo he hecho yo con la creación intelectual y jurídica de una Constitución.

Ha anunciado que recurrirá la sentencia. ¿Hasta dónde tiene pensado llegar?

Estoy esperando que se me notifique formalmente la sanción completa. De momento me han comunidad el fallo. Entienden que he cometido una falta de infidelidad a la Constitución por haber planteado por escrito la hipótesis de que pueda haber otra. Esto lo consideran una falta muy grave y por eso me interponen una suspensión de tres años de inhabilitación. Ahora me ha de llegar la resolución íntegra, donde están los argumentos tanto del voto mayoritario, como el de los nueve vocales que votaron en contra. Cuando se me notifique tendré un plazo de 60 días para interponer un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo, que desgraciadamente, tardará dos años en resolverlo. La lentitud es otra las lacras de la Justicia. Pero si es necesario iré hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Y mientras tanto?

Estaré suspendido. Como mucho me quedan una o dos semanas en la Audiencia de Barcelona.

Primero parecía que la suspensión sería indefinida, finalmente serán tres años. ¿Esto hace que su paso por la política tenga fecha de caducidad?

Si me hubieran expulsado me tendría que plantear qué hago con los diez años que me quedan de ejercicio profesional como jurista. Lo que era de vox populi es que tenía determinadas ofertas políticas que estaba considerando seriamente. Ahora bien, como usted dice al ser sólo una suspensión temporal, volveré a la carrera judicial. Esto quiero que quede claro: Bien sea cuando dicte sentencia el Supremo, dentro de unos dos años; bien sea si no estiman el recurso; o bien cuando hayan transcurrido los tres años; volveré al trabajo que amo: ser juez. Y esto es compatible con trabajar de otra cosa estos dos o tres años. Primero, para ganarme la vida, no tengo patrimonio de ningún tipo; y segundo, porque pienso que puedo aportar cosas en la construcción del nuevo país.

¿Qué opciones tiene sobre la mesa?

Ahora mismo cinco. Y no todas vienen del mundo estrictamente político, otras sí. Algunas pasan por ir a las municipales del 24 de mayo, en concreto en Barcelona, y no sólo de un partido. Otras propuestas aluden a las elecciones del 27-S, donde también tengo ofertas para ir en las listas de más de un partido. Y luego hay dos opciones más, de contenido técnico. En este último supuesto seguiría trabajando en el ámbito público de la Justicia, pero fuera de los tribunales. Lo que sí le puedo asegurar es que está descartada cualquier opción que venga del ámbito privado, de despacho o del ámbito bancario.

Vayamos a Barcelona, primero. ¿Sería posible verlo en opciones que asuman el derecho a decidir, pero que no sean estrictamente independentistas? Por ejemplo en Barcelona en Común, la plataforma de Ada Colau…

Por supuesto, tengo muy buenos amigos. Empezando por Ada Colau, pero también con Jaume Asens o Arcadi Oliveres. Son muy buenas amistades y hablamos, como es lógico, de todas estas cuestiones. También he tenido algunos contactos con representantes de ICV e incluso con algún buen amigo del PSC. No son independentistas, pero son partidos que defienden por encima de todo las libertades, incluyendo el derecho a decidir.

De momento, es consciente que todo el mundo lo ubica en ERC...

Sí, he visto que se ha publicado esto. Como Alfred Bosch aún no ha escogido su número 2 por ERC en Barcelona... Supongo que los medios hacen sus cálculos. Pero insisto, no tengo ninguna decisión tomada. Está todo abierto y sólo quiero expresar gratitud a todos los partidos políticos, entidades y a la administración pública que me han pedido que considere sus propuestas.

De quien parece que está más lejos es de CiU. El último en hablar de usted ha sido el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida... Dice que, en un país serio, una Constitución deben redactar los parlamentos electos.

Nosotros sólo hemos hecho un borrador que ponemos a disposición de los parlamentarios. Un ejercicio de participación ciudadana. El señor Duran y yo no hemos tenido nunca una relación excesivamente cordial. Quizás porque en su día fui uno de los jueces que dictó sentencias en el Caso Turismo, Caso Trabajo o el Caso Pallerols. Es decir, de la presunta financiación irregular de su partido. Puedo entender que a nivel subjetivo no me tenga excesivo afecto. Respeto su opinión, pero no la comparto.

¿Descarta ir a la lista del Presidente Mas?

Le insisto en que he tenido conversaciones con todos los partidos políticos, menos PP y C 's, por razones obvias. Con el resto he tenido contactos con algunos más que otros, pero por supuesto que he hablado con la cúpula de CDC y altos cargos de la Generalitat. Conversaciones que no significan nada más que un intercambio de opiniones.

Cuando lo decidirá definitivamente?

Dentro de dos semanas, entre el 16 y el 23 de marzo. A lo sumo a finales de marzo.

¿Cómo se imagina la futura relación de Catalunña con el Estado?

Ojalá con España nos pase lo mismo que le pasó a Escocia con el Reino Unido, o al Quebec con Canadá. Que encontramos fórmulas de entendimiento que nos permitan satisfacer las expectativas de todos. Esto abre un amplio abanico: un estado independiente, pero también un estado libre asociado, dos estados federados, una confederación de estados... Hay muchas vertientes en el ámbito internacional que permiten que Catalunya y España encuentren su encaje. Lo que veo imposible, hoy por hoy, es encontrar ese encaje de Catalunya dentro de España. A no ser que se produzca un cambio en España, lo que deseo sinceramente.

Sectores del independentismo se desentienden de lo que pueda pasar en España. Usted dice que desea un cambio.

En todas mis conferencias procuro decir siempre que nuestros adversarios –no me gusta hablar de enemigos– no son los ciudadanos españoles. Son las élites que dominan el aparato del Estado, las elites mesetarias, básicamente porque están radicadas en la capital. Pero debemos tener claro que los ciudadanos españoles son iguales que nosotros y sufren los mismos recortes de derechos sociales. Por eso digo que deseo un cambio y que en las elecciones estatales de noviembre de 2015 se produzca una subida significativa de los partidos alternativos al bipartidismo. Para mí, sería fantástico vivir en una Catalunya libre asociada con la España de Podemos, por ejemplo. Dos estados libres que podrían encontrar muchas fórmulas de colaboración comunes. Sería genial.

El proyecto de nueva constitución aborda aspectos sobre una hipotética Catalunya independiente, como la lengua. ¿El castellano debería ser oficial?

Ha sido uno de los puntos más difíciles para los 13 jueces que hemos trabajado en el redactado, nos llevó muchas horas ese artículo. Pienso que el castellano deberíamos tratarlo con el máximo respeto. En mi caso, siento un amor enorme por el catalán, pero dada la pluralidad de la sociedad catalana, con muchos familiares que nacieron fuera de Catalunya, me inclino por la cooficialidad. La propuesta que hacemos es: El catalán debería ser el único idioma oficial, y de uso preferente en las administraciones públicas; pero el castellano segundo idioma oficial, en régimen de cooficialidad, de uso libre y protegido para todos los ciudadanos.

También postulan una Catalunya sin Ejército...

Así como en la lengua sabíamos que habría debate, debo confesar que estoy sorprendido con el capítulo del Ejército. Pensaba que el 90% de los ciudadanos que entraran en la web, por goleada, no querrían Ejército. ¡No nos podemos gastar diez mil millones de euros en un Ejército! Me he quedado de piedra.

Quizás la gente cree que se debe proteger...

¿Pero protegernos de quién?

Hombre, supongo que se referirán a los mismos que le han suspendido...

¿Del Estado español? ¡No hombre, no! Con España tenemos que tener muy buenas relaciones: de amistad y de vecindad. No podemos pelearnos. ¡Si somos muchos menos! Perderíamos seguro, la historia nos lo recuerda.

Usted ha afirmado que en una Catalunya independiente no habría tanta corrupción. Puede parecer una afirmación un tanto gratuita viendo los precedentes.

Lo del oasis catalán es una patraña. Aquí han puesto la mano donde no tocaba tanto como en España. Lo que quiero decir es que en un Estado pequeño como sería Catalunya todo sería más controlable. Somos unos siete millones y medio de habitantes, similar en términos de población y de riqueza a países nórdicos como Dinamarca, Noruega o Suecia. La eficacia en estos países de los mecanismos de control son muy elevados. Y, al mismo tiempo, nuestros representantes se pensarían dos veces poner la mano en la caja, a veces por enriquecimiento personal, y otros para desviarlo a sus paridos. Una de las causas que más ha provocado la situación actual es la sensación de impunidad. Uno ya no se plantea si hace bien o mal, sino que ve que las posibilidades de que la pillen son remotas.

En una entrevista, el ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, José María Mena, afirma que la condición humana hace que los que tienen acceso al poder terminen abusando...

Tiene toda la razón. Y aprovecho para decir que hay dos personas que para mí han sido un referente. Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. Y no son independentistas. Son dos fiscales que antepusieron su búsqueda de la verdad, y por tanto de desmantelar las redes clientelares y de corrupción de la administración pública, a sus intereses personales. Y ambos fueron sancionados en su día. Pero volviendo a la pregunta, en unanovaconstitucio.cat, como partimos de la afirmación de que el acceso al poder abre la puerta a conductas irregulares, proponemos la limitación de mandatos. Y de todos los cargos electos, no sólo del Parlamento. Estoy convencido de que cuando la gente entra en política lo hace con honestidad. Pero la dinámica que se crea, hoy por ti mañana por mí, acaba generando unas corruptelas que a la larga se convierten en corrupción.

Cita dos nombres, Villarejo y Mena, que persiguieron el Caso Banca Catalana en la época en la que enmendar el pujolismo era ir en contra de Catalunya. ¿Se esperaba lo que ha acabado pasando?pujolismo

Nunca he sido militante de Convergencia, ni pujolista, pero siempre había sentido un gran respeto hacia el Presidente Pujol. Es más, todavía lo siento, aunque reconozco que las últimas informaciones demuestran que aquellos valores éticos que siempre había defendido no los aplicaba a su propia familia. No sé cómo acabará la investigación judicial y la comisión parlamentaria, pero mi impresión personal es que Pujol ha pecado por mirar demasiado hacia otro lugar. Desgraciadamente su esposa y algunos de sus hijos no han estado a la altura. El entorno familiar del presidente del país debería comportarse con ejemplaridad.

El juez Vidal acaba de comprobar cuaán larga es la sombra del palo. Señor,sí,señor. Lesmes, como buen cristiano, ni miente ni defrauda. A los jueces se les controla con el palo y la zanahoria. Para la expedición de las últimas zanahorias les remito al informe sobre la política de nombramientos del CGPJ realizado por la Plataforma para la Independencia Judicial. Hoy vamos con lo del palo porque a Vidal se lo han dado y le han dejado tieso. Y a la vez han enviado un mensaje preventivo: ¡atención  señores con lo que expresan, atención señores con lo que escriben, si no se mueven dentro del más estricto guión! Jueces dóciles del palo y la zanahoria. Objetivo cumplido.

El juez Vidal es independentista. Ya ven. Usó su técnica jurídica en un trabajo teórico de redacción de una constitución. Ya ven. Y ahora se lo pulen por considerar que “esta actuación, junto su apoyo explícito a la consulta soberanista, no queda amparada bajo el derecho fundamental a la libertad de expresión porque choca con la dignidad integridad e independencia del Poder Judicial”. Y lo hacen con los votos exclusivos de la mayoría conservadora del Pleno del Consejo que se fracturó en dos a la hora de adoptar una decisión que en la práctica, si no lo expulsa, si le hace perder su carrera judicial. Esto vicia la decisión. No le concedo ya, ni por el beneficio de la duda, un resquicio de inocencia a esta situación. No puede ser que si una postura jurídica es discutible, la discusión se abra en bloques como una breva y purgue a un miembro del Poder Judicial con la sospecha de haber sufrido el rodillo de una mayoría ideológica que sirve de correa de transmisión de una postura política que no asume que un ciudadano libre puede pensar que la constitución actual es la mejor posible o que es insostenible o que preferiría vivir bajo el manto de otra. Y que un juez es un ciudadano libre que ha jurado acatar la existente. Nadie ha hablado de que Vidal, como juez, no lo haya hecho.

¡Como si ser independentista no estuviera amparado por la Constitución! Como ser republicano. Supongo que con estas premisas un juez no puede ser republicano, o no puede decirlo, y mucho menos jugar jurídicamente a redactar un borrador de constitución republicana y laica.

Porque la sombra del palo nos muestra que un juez se expresa libremente cuando lo hace en la ortodoxia del poder. Así el propio Lesmes pudo afirmar sin problemas, y sin que se moviera un dedo, que el derecho a decidir no tiene cabida en la Constitución –estableciendo su criterio jurídico y personal– pero 33 magistrados firmaron un manifiesto afirmando que –en su propio criterio jurídico y personal– el derecho a decidir sí tiene encaje constitucional y se les incoaron diligencias disciplinarias que permanecieron abiertas más de un año como espada de Damocles. La sombra del palo es alargada.

La reforma de la acción disciplinaria recogida en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la que el PP se cargó definitivamente cualquier viso de independencia del CGPJ es un instrumento metódico e inquisitorial al servicio de esa idea de Tercer Poder amarrado como un burro al premio o al castigo. La figura del “promotor de la acción disciplinaria” –esa denominación que de por sí estremece– se ha encarnado en Fonseca-Herrero que ha demostrado dotes de inquisidor apropiadas para el puesto. Tantas que sus propios valedores, los vocales del Pleno, le han enmendado ya la plana varias veces al considerar desproporcionados los palos que proponía.

Ahora crucemos apuestas respecto al futuro de la investigación abierta por ese mismo Fonseca-Herrero a los jueces de Madrid que cobraban sin haber consultado por el CGPJ de una empresa privada de forma periódica, incluido el presidente que se metió en el grupo de agraciados.

Y recuerden, Señorías Ilustrísimas, sean obedientes si no les cobija el bando adecuado.

El Consejo General del Poder Judicial ha suspendido durante 3 años al juez de la Audiencia Provincial de Barcelona Santiago Vidal por, entre otros motivos, participar en la redacción de una futura Constitución para Cataluña. La suspensión ha salido adelante con los votos a favor de los 12 vocales conservadores y la oposición de los otros nueve, informaron a eldiario.es fuentes del órgano de gobierno de los jueces. 

El juez de la Audiencia Provincial de Barcelona Santiago Vidal se ha convertido este jueves en el primer miembro que es suspendido  por declaraciones relacionadas con su militancia política. Vidal se enfrentaba a una propuesta de expulsión de la carrera como responsable de dos faltas muy graves recogidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La propuesta de expulsión corrió a cargo del Promotor de la Acción Disciplinaria, una figura creada con la remodelación del CGPJ que actúa como una suerte de policía y fiscal para los jueces. La actuación de su titular, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, contrasata con la adoptada respecto a 33 jueces catalanes, denunciados por Manos Limpias después de que firmaran un manifiesto a favor de la consulta del 9-N. Después de 10 meses de instrucción, Fonseca-Herrero propuso el archivo de la causa.

Contra Vidal, el Promotor recurria al artículo 417.6, que castiga el ejercicio de actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado, y el 417.14, la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales. Finalmente, Vidal ha sido sancionado por una sola falta muy grave, contemplada en este último punto. Fonseca-Herrero destacaba en su informe la participación de Vidal en la redacción de un texto que podría servir de Constitución para una futura Catalunya independiente.

La adopción de la decisión en un pleno de sobrada mayoría conservadora motivó la protesta del bloque progresista. Según su integrantes, debería haber sido la Comisión Disciplinaria, presidida por Roser Bach, la encargada de decidir sobre Vidal. Esta misma comisión fue la que rechazó, con el apoyo del conservador Vicente Guilarte, no suspender cautelarmente a Vidal hasta que no hubiera votación en el Pleno. Antes de votar la sanción a Vidal, los vocales se pronunciaron sobre el órgano que debía pronunciarse. Por 12 votos a 9 se impusieron los partidarios del Pleno.

A eso añadía que Vidal “ha efectuado de forma reiterada declaraciones públicas en defensa de la independencia de Cataluña y, así mismo, ha apoyado y participado activa y públicamente (…) en iniciativas políticas que adoptaban instituciones públicas catalanas y entidades privadas sobre un proceso por y para la independencia de Cataluña”.

Por último, el Promotor recordaba que Vidal “valoró y calificó de legítimo el incumplimiento de las leyes y de la Constitución española, admitiendo y justificando expresamente la procedencia de la desobediencia civil a la Constitución, a la ley y a las decisiones del Tribunal Constitucional sobre el llamado proceso para la independencia de Cataluña”. Vidal aseguró en un acto público que  “es perfectamente legítimo no obedecer una ley”, en referencia a la Constitución española.

El Promotor escribía que el juramento o promesa que los jueces prestan antes de tomar posesión de su primer destino, “si bien no impone un compromiso político y personal en defensa de la Constitución, sí implica la obligación que todo integrante de la carrera judicial tiene de abstenerse de ejecutar cualquier actuación que ponga en peligro valores o principios sobre los que la Constitución se sustenta y la obligación de adecuar a dichos valores y principios su actuación profesional”.

Fonseca-Herrero también consideraba que la actuación de Vidal no puede quedar amparada por el ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión, ya que “la dignidad, integridad e independencia del Poder Judicial es un bien de rango constitucional que habilita limitar la libertad de expresión de los integrantes del Poder Judicial”.

Y concluía: “El señor Vidal se ha involucrado de forma consciente, notoria y permanente en un proceso de tipo político, propugnando activa y públicamente, en un contexto mediático y político -y no meramente académico e investigador- la derogación –fáctica y jurídica- del orden constitucional a que alcanza su juramento o promesa de fidelidad, con reiteradas y significativas intervenciones públicas, fomentando y auspiciando conductas antijurídicas como la desobediencia civil”, añade el escrito.

La propuesta de sanción del Promotor de la Acción Disciplinaria coincide con la formulada por la Fiscalía, que también ha solicitado la separación de la carrera judicial de Vidal al considerar que su participación en la redacción de un proyecto de “Constitución catalana” y su intervención en numerosos actos públicos a favor de la independencia de Cataluña son constitutivas de las dos faltas muy graves que señaló Fonseca-Herrero. 

El magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona Santiago Vidal se negó hoy a facilitar los nombres del resto de jueces que trabajan en el borrador de una futura Constitución catalana, como pretendía el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero. Vidal declaró durante media hora ante el órgano disciplinario del gobierno de los jueces.

El juez Vidal se acogió a su derecho “constitucional” a no declarar en varios momentos de la declaración. Uno de ellos fue cuando fue preguntado por el resto de magistrados que participan en el trabajo, e hizo constar que la pregunta le parecía “ofensiva” porque pretendía provocar una delación.

La Ley Orgánica del Poder Judicial impide a los magistrados facilitar asesoramiento de ningún tipo, incluso no remunerado. Sin embargo, Vidal explicó a Fonseca-Herrero que su trabajo responde a la iniciativa de “un grupo de amigos”, todos expertos en derecho constitucional (no solo hay jueces). El carácter de su colaboración es “estrictamente jurídico”, según Vidal, semejante a los trabajos de estudio sobre constituciones ya redactadas que puedan haber hecho sus colegas en otros momentos. “Hoy por hoy es un borrador y se encuentra en fase muy inicial”, añadió.

Preguntado si habían informado a algún partido del contenido de su trabajo, el juez respondió que eso ocurrirá si el proceso político sigue adelante y siempre que el CGPJ “valide” que los jueces pueden seguir trabajando en el borrador.

“Dedicamos nuestro tiempo libre a pensar”

Vidal defendió su trabajo: “Somos un grupo de amigos que tenemos la virtud, hay quien puede considerar que es un defecto, que dedicamos nuestro tiempo libre a pensar, a debatir entre nosotros, jueces y juristas, y a plasmar por escrito el resultado de este debate”.

“He ratificado y confirmado que formo parte de un grupo de expertos en derecho constitucional que estamos elaborando un borrador sobre una hipotética futura constitución de una hipotética república de Catalunya, en la hipótesis de que se celebre previamente la consulta del día 9 y, como segundo requisito, que el resultado de esa consulta o referéndum -eso lo decidirá quien corresponde, que es el poder político-, suponga el inicio de un proceso de transición nacional hacia un Estado diferente al del Estado español”, afirmó Vidal.

Vidal se quejó de que con los avances técnicos existentes haya tenido que dejar su trabajo y desplazarse a Madrid para declarar, con el consiguiente daño al “erario público”. El juez pidió a Fonseca-Herrero declarar por videoconferencia, pero el promotor de la acción disciplinaria rechazó tal posibilidad.