El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios Ferreiro, ha archivado la causa abierta para averiguar quién es la “magistrada amiga de la casa” que advirtió supuestamente al presidente de la empresa editora de La Razón, Mauricio Casals, de que los teléfonos de los investigados en la 'Operación Lezo' estaban siendo intervenidos.

En un auto con fecha del 30 de enero de 2018, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor explica que tras las actuaciones practicadas no “existen motivos suficientes para atribuir” la comisión de un delito de revelación de secretos a “persona alguna determinada” y que por ello procede a acordar el sobreseimiento provisional de la causa.

“Al momento presente no ha sido posible averiguar la identidad de la 'magistrada amiga de la casa' que reveló que el investigado Ignacio González González (expresidente de la Comunidad de Madrid) estaba siendo objeto de escuchas telefónicas dentro de un proceso penal seguido en la Audiencia Nacional”, precisa el auto.

Asimismo, constata que del careo celebrado el pasado 29 de enero en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid entre González y Casals -ambos testigos- no se ha conseguido conocer el nombre de esa magistrada. Explica que en este 'cara a cara' Casals “no ha querido revelar a la autoridad judicial la identidad” de la juez en cuestión, ya que Ignacio González se ratificó en las declaraciones prestadas en dos ocasiones anteriores en ese mismo juzgado.

González reconoció la conversación con Zaplana

El juez señala que González reconoció el contenido de la grabación telefónica intervenida por la Guardia Civil durante la investigación sobre el presunto desfalco del Canal Isabel II, en la que le cuenta al expresidente valenciano Eduardo Zaplana que el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino le había advertido de los pinchazos telefónicos.

Según informaron fuentes jurídicas presentes en el careo, Casals no le dijo al juez el nombre de la “magistrada amiga” porque, según indicó, él nunca había utilizado esa expresión. Es más, precisó que la conversación con Rodríguez Sobrino fue una “fabulación” para intentar tranquilizarle, ya que se encontraba nervioso por las informaciones que publicaron algunos medios de comunicación sobre las supuestas irregularidades de Inassa.

Con respecto a González, las mismas fuentes apuntaron que aclaró que a él le pareció entender que el aviso venía de una “magistrada amiga de la casa”, pero no pudo confirmar su procedencia.

El pasado mes de mayo, el juez de Plaza Castilla admitió la denuncia presentada por el partido Contrapoder para investigar quién es la jueza que podría haber incurrido en un presunto delito de revelación de secretos. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción se mostró favorable que se inhibiera a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Lezo, cuyo principal investigado es Ignacio González.

Conflicto de competencia

El juez García de Dios rechazó abandonar la causa, mientras que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidió elevar al Tribunal Supremo una exposición razonada para que decida quién es el competente para investigar este caso.

Según han explicado fuentes jurídicas a Europa Press, el conflicto de competencia sigue vigente aunque la causa haya sido archivada. Una vez que el Supremo otorgue la competencia a un juzgado, ese podrá decidir si mantiene la causa cerrada o la reabre tras recabar nuevos indicios.

El juez que instruye la causa sobre el presunto chivatazo del caso Lezo no ha logrado avanzar en la investigación con el careo que ha celebrado hoy entre Mauicio Casals, presidente de la empresa editora de La Razón, e Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. El primero ha negado haberse referido nunca a una filtración procedente de una “magistrada amiga”, mientras que el segundo ha explicado que fue eso lo que le pareció entender en una conversación.

Casals y González estaban citados este lunes por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios. Este juez abrió una causa -tras la denuncia del abogado José Luis Mazón- para investigar el supuesto chivatazo que habría puesto a los cabecillas de Lezo sobre aviso de una investigación. Además les advirtió de que sus llamadas telefónicas estaban siendo grabadas.

La investigación se desprende de una conversación grabada a González. En ella, el expresidente madrileño le cuenta al exministro del Ejecutivo de José María Aznar, Eduardo Zaplana, un encuentro con el presidente de La Razón en la comida de colaboradores del periódico.

Según González, Casals le habría asegurado en aquella reunión cinco meses antes del estallido del caso Lezo que una “magistrada amiga de la casa” (por el periódicoLa Razón) le alertó a él y a Edmundo Rodríguez Sobrino -por entonces consejero del periódico y presidente de la filial sudamericana del Canal de Isabel II (Inassa)- de que la UCO tenía intervenidos sus teléfonos y los del propio González.

El expresidente de la madrileño asegura  en la conversación que Casals le contó que la “amiga de la casa” llamó a Rodríguez para advertirle de que habían grabado “una conversación muy extraña”. “Edmundo está 'acojonao', me ha dicho que le están grabando o no sé qué. Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha 'llamao' para decir 'oye, cuidao que han grabao una conversación de Edmundo muy extraña'”, le cuenta González a Zaplana sobre su encuentro con Casals.

Durante el careo celebrado esta mañana, Casals ha negado que en ningún momento se refiriese a una magistrada ni que hablase de un chivatazo. Fuentes jurídicas afirman que el presidente de La Razón ha apuntado a que tan solo pudo “fabular” con Rodríguez Sobrino para tratar de tranquilizarle ante las informaciones sobre el Canal de Isabel II que iban apareciendo en prensa.

Ante la insistencia del juez en saber el nombre de esa magistrada, Casals ha insistido en que nunca hizo referencia a un chivatazo procedente de una jueza. Ha añadido que nunca habló de eso con Rodríguez Sobrino ni con González.

El juez ha repetido la misma pregunta al expresidente madrileño. Fuentes jurídicas apuntan que su versión ha sido que él creyó entender que Casals se refería a una magistrada, pero que no sabe más. No conoce su nombre, ha insistido.

En careo ha durado poco más de 20 minutos y la Fiscalía ha decidido no formular pregunta alguna. El juez García de Dios ha decidido celebrarlo pese a que el Tribunal Supremo no ha decidido aún si la competencia es de los juzgados de Plaza Castilla o del juez que investiga el caso Lezo, Manuel García Castellón.

Casals estuvo imputado, junto al director del periódico, Francisco Marhuenda, en el caso Lezo por supuesto delitos de coacción contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El juez Eloy Velasco, que por entonces instruía el caso, decidió archivar esa investigación contra Casals y Marhuenda por unas supuestas presionas a la presidenta madrileña para proteger a Edmundo Rodríguez, el enlace de Ignacio González para los negocios del Canal en latinoamérica.

El juez del caso Lezo ha ordenado un careo entre el presidente de La Razón, Mauricio Casals, y el expresidente madrileño, Ignacio González, según ha adelantado este martes la Cadena SER. 

Con este careo el titular del juzgado número 6 de Madrid tratará de averiguar quién es la “magistrada amiga de la casa” que, según González, advirtió a Casals de que sus conversaciones estaban siendo intervenidos por la UCO.

En una de las conversaciones intervenidas por la UCO, que adelantó el diario El Español en abril de 2017, el expresidente madrileño le cuenta al exministro del Ejecutivo de José María Aznar, Eduardo Zaplana, un encuentro con el presidente de La Razón en la comida de colaboradores del periódico.

Según González, Casals le habría asegurado en aquella reunión cinco meses antes del estallido del caso Lezo que una “magistrada amiga de la casa” (por el periódico La Razón) le alertó a él y a Edmundo Rodríguez Sobrino -por entonces consejero del periódico y presidente de la filial sudamericana del Canal de Isabel II (Inassa)- de que la UCO tenía intervenidos sus teléfonos y los del propio González.

El expresidente de la madrileño asegura que Casals le contó que la “amiga de la casa” llamó a Rodríguez para advertirle de que habían grabado “una conversación muy extraña”. “Edmundo está 'acojonao', me ha dicho que le están grabando o no sé qué. Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha 'llamao' para decir 'oye, cuidao que han grabao una conversación de Edmundo muy extraña'”, le cuenta González a Zaplana sobre su encuentro con Casals.

Casals estuvo imputado, junto al director del periódico, Francisco Marhuenda, en el caso Lezo por supuesto delitos de coacción contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El juez Eloy Velasco, que por entonces instruía el caso, decidió archivar esa investigación contra Casals y Marhuenda por unas supuestas presionas a la presidenta madrileña para proteger a Edmundo Rodríguez, el enlace de Ignacio González para los negocios del Canal en latinoamérica.

El juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción han dado un nuevo impulso a la Operación Hanta con la citación de 49 personas entre el 12 y el 18 de diciembre próximos. Más de la mitad, un total de 26, son investigados en la Audiencia Nacional por su participación en una presunta trama de fraude de subvenciones públicas a Zed, una existosa empresa tecnológica creada por Javier Pérez Dolset en los noventa que empezó a escribir su último capítulo cuando se alió en 2008 con un magnate ruso de dudosos métodos.

Entre los citados como investigados figura el presidente de La Razón y directivo de Atresmedia, Mauricio Casals Aldama, al que en un principio Pérez Dolset acusó de haberle ofrecido su influencia en los medios de comunicación para conseguir subvenciones públicas, principalmente del Ministerio de Industria, según consta en la querella de Anticorrupción que dio origen al caso. La Policía se personó el 29 de junio en el despacho que Casals tiene en el periódico madrileño, cuya editora es investigada por haber recibido presuntamente fondos camuflados en contratos de publicidad a cambio de las gestiones del presidente del rotativo.

El juez García Castellón envió a Pérez Dolset a prisión incondicional al día siguiente por varios delitos relacionados con los 70 millones de euros en ayudas públicas que recibió la tecnológica creadora del exitoso videojuego Commandos. El empresario declaró de nuevo trece días después para desdecirse de lo que había dicho a la Policía antes de que estallara el caso. El 13 de julio negó que Mauricio Casals hubiera mediado para la consecución de las ayudas y rechazó que éstas fueran irregulares.

Esa denuncia contra los rusos de Pérez Dolset impulsó de forma paradójica la investigación contra él, en la que ha colaborado el FBI. Anticorrupción resume el relato del empresario sobre sus antiguos socios como “una serie de actuaciones personales, societarias y empresariales” identificadas como reiderstvo, una práctica del “entorno criminal ruso” consistente en “actuaciones de distinta intensidad, ejecutadas en diversas líneas y que culmina con una situación de bloqueo institucional y económico de la compañía”. El objetivo final es “incautarse” de la sociedad, adquirirla casi a coste cero, señala Anticorrupción.

La denuncia inicial llevó a los fiscales José Grinda y Carlos Yáñez a descubrir el ataque de los rusos para hundir la compañía, pero también les permitió conocer cómo los dueños de Zed estaban desviando supuestamente dinero y ocultando su capital ante la previsible quiebra, un total de 100 millones de euros en Panamá que Pérez Dolset niega.

Una supuesta prueba de ese desvío fue aportada por un directivo de Planeta, grupo dueño de un 20% de Zed, y ha sido denunciada como un documento falso por la defensa de Pérez Dolset. El abogado José Antonio Choclán, que defiende al antiguo dueño de la tecnológica, ha presentado una querella en el mismo juzgado que investiga a su defendido por la presunta falsificación del documento.

Pérez Dolset contactó con los rusos en 2008. Vipelcom, la compañía del magnate Mijaíl Fridman, que pronto se convirtió en su principal fuente de ingresos, con el 43% de la facturación. Los empresarios españoles descubrieron en 2013 que sus socios estaban desviando dinero a la empresa de Vladimirovich Kolokoltsev, hijo del ministro del Interior ruso.

Pérez Dolset quiso cerrar el grifo y la respuesta de Fridman y Vage Engibaryan-fue incrementar los pagos sin justificación, que sumaron 30 millones de euros. Según Anticorrupción, los rusos diseñaron una estrategia para “asfixiar” Zed con la ayuda del abogado holandés Peter Wakkie. A Países Bajos habían acudido los hermanos Pérez Dolset para instalar la sede de su holding internacional.

Al igual que Engybarian, está citado el 18 de diciembre en la Audiencia Nacional el abogado Peter Wakkie, así como los colaboradores del primero Sergey Gobuntsov y Vladimir Naumovich Turovetskyi. También declararán como imputados Patricia Pérez Dolset, hermana del principal acusado, y otros empresarios relacionados con la tecnológica.

El consejero delegado de Planeta, citado como testigo

Entre los investigados también hay personas jurídicas. Es el caso de Audiovisual 2000, empresa editora de La Razón, que tendrá que enviar a un representante legal a la Audiencia Nacional el día 13 de diciembre. ZED Worldwide pagó a La Razón 2.125.000 euros en labores de “asesoramiento y relaciones institucionales” para la obtención de ayudas públicas, según aparece en la querella de Anticorrupción.

“En cualquier caso, fueran ciertas o no las influencias denunciadas por Javier Pérez, así como las presiones mediáticas intimidatorias que igualmente se denunciaron, de las actuaciones resulta indicios objetivos de que Audiovisual Española 2000 SL (editora de La Razón) cobró estas cantidades por la intervención de Mauricio Casals Aldama y sin una relación mercantil o prestación de servicios que justifique el pago de las mismas”, dice la querella de los fiscales.

Ese mismo día, 13 de diciembre, están citados como testigos el directivo de Planeta, que aportó el documento sobre el supuesto desvío de fondos a Panamá de Pérez Dolset, Luis Elías, así como el actual consejero delegado del grupo, José Manuel Lara García. La Razón es un periódico del Grupo Planeta.

Zed entró en concurso de acreedores a finales de 2016. En esta ronda de declaraciones no aparecen los responsables del Ministerio de Industria en las etapas de PSOE y PP, que fueron señalados durante la instrucción por distintos testigos como responsables de conceder y supervisar las subvenciones a la compañía de Pérez Dolset.

Dos grupos de comunicación llevan su guerra empresarial a las páginas de sus periódicos. ABC y La Razón protagonizan desde este miércoles una batalla de editoriales en los que se hacen reproches, aseguran desmontar la estrategia de su competidor y, a la vez, aseguran que no caerán en las maneras de las que se acusan mutuamente. Y todo, según ambas cabeceras, es por intentar vender más que el otro.

La guerra comenzó este miércoles, día de Todos los Santos, cuando ABC y varios periódicos de su grupo publicaron un editorial titulado “El porqué de los ataques de Atresmedia a Vocento”. En el texto, el periódico aseguraba que los medios de Planeta “divulgan comentarios falaces y ofensivos contra Vocento y sus marcas”, y que este editorial era una respuesta por “la reiteración de los ataques” y porque sus lectores “merecen saber qué hay detrás de la campaña”.

Según la versión de ABC, estos “ataques” de Atresmedia son por las informaciones que han publicado sobre la “operación Anta” (en referencia a la operación Hanta, pero el diario se equivoca de nombre al omitir la H), una trama en la que se acusó al presidente de La Razón, Mauricio Casals, “de influir para desviar ayudas públicas”. También por lo que han contado del caso Lezo, en el que estuvieron imputados Francisco Marhuenda y Casals por presionar supuestamente a Cristina Cifuentes. Ambos fueron absueltos, pero ABC recuerda que Edmundo Sobrino, que era consejero del periódico, sigue en la cárcel; además de que Casals tendrá que volver a comparecer como imputado.

El otro tema de estos comentarios del grupo de Antena 3 y laSexta contra Vocento es la fusión de ambas cadenas en 2012 y que provocó el nacimiento de Atresmedia. Para ABC, este proceso fue “polémico” y facilitado por el Gobierno de Rajoy, que dio “luz verde” a pesar del rechazo de la Comisión Nacional de la Competencia. Además, esto ha supuesto que se diese “carta de naturaleza a una televisión que ha desestabilizado gravemente la vida pública, dándole eco a partidos antisistema”, en referencia a Podemos.

La respuesta de La Razón

El periódico de Planeta ha tardado solo un día en responder al “engaño y la manipulación informativa”, en un editorial titulado “El ocaso de ABC”. Y lo ha hecho, además de publicando una información sobre la situación y los “grandes recortes” de Vocento, con la misma contundencia que su rival. El diagnóstico de La Razón sobre el periódico con el que está enfrentado es claro: “Negando la realidad no se consigue eliminar la verdad de los hechos, solo su ocultación”. Y sigue: “Lo peor que le puede pasar a un medio de comunicación es que sus ventas, es decir, el número de lectores, esté por debajo de lo que cree, dice o difunde”.

Con estas frases, lo que quiere decir La Razón es que el problema de ABC está en que “no quiere aceptar” que su diario les supera en ventas (según datos de OJD en septiembre, La Razón supera en difusión a ABC por unos 7.000 ejemplares, pero en ventas de ejemplares ocurre lo contrario). También señala que Vocento les responsabiliza de sus pérdidas “por la situación del mercado”, que ha llevado al “tijeretazo a la plantilla” que prepara el periódico que dirige Bieito Rubido. Y advierten de que despedir a trabajadores “es realmente alarmante” si la idea es “mantener a salvo a los directivos, que, por cierto, parece que invierten más tiempo en saldar sus diferencias que en buscar soluciones”.

Además, rechaza todas las acusaciones sobre Casals y Marhuenda, recordando que la Audiencia Nacional sobreseyó el caso, y niega que la fusión de Antena 3 y laSexta fuese polémica. Algo que aprovecha para recordar que Vocento alquiló una licencia de televisión “por su desastrosa gestión”. También defiende a laSexta de la acusación de “desestabilizar la vida pública” y de favorecer a Podemos, y asegura que es una cadena que se mueve “por la pluralidad y dar cabida a todas las opciones ideológicos”.

La otra crítica de La Razón contra ABC es por publicar anuncios de prostitución, algo “alarmante e inmoral” de un periódico católico y que publica Alfa y Omega, financiado por el Arzobispado de Madrid. “No se entiende la indiferencia del cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ante esta escandalosa situación”. Por último, acusa a ABC de “falsedad en sus noticias”.

El empresario Javier Pérez Dolset, antiguo dueño de Zed WorldWide, ha vuelto este mediodía a la cárcel después de haber declarado alrededor de una hora ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. El magistrado ha decidido no atender la petición de libertad de la defensa porque ésta ya había presentado un recurso contra su decisión de encarcelar a Pérez Dolset el pasado 30 de junio, pendiente de resolverse.

La empresa tecnológica habría recibido 70 millones de euros en subvenciones de distintos ministerios en época de PP y PSOE que están siendo analizadas. Los investigadores creen que el presidente de La Razón y directivo de Atresmedia, Mauricio Casals, medió con la Administración a cambió de más de 2 millones de euros en contratos con el periódico madrileño.

Fuentes presentes en la declaración aseguran que Pérez Dolset le ha dicho al juez este jueves que nadie, tampoco Casals, medió en la concesión de las subvenciones, al tiempo que rechazó que pudiera haber irregularidades en su concesión y supervisión, como cree la Fiscalía Anticorrupción. El empresario ha añadido que, de haber sido así, hubiera rechazado las subvenciones y hubiera denunciado supuestos amaños.

La querella de Anticorrupción que ha dado origen a la causa dice: “En estas labores de penetración en las administraciones públicas, el propio Javier Pérez Dolset manifestó en el seno de estas diligencias que todas las labores de obtención de financiación pública para sus empresas se realizaron bajo el asesoramiento del Grupo Planeta. Indica expresamente que el querellado Mauricio Casals Aldama tenía la función de mantener las relaciones necesarias con las instituciones públicas para lograr obtener la aprobación de la concesión de ayudas”.

Por otra parte, Pérez Dolset también ha hablado ante el juez de una grabación que él mismo entregó a la Policía en la que el empresario Pedro Pérez le explica que directivos del grupo Planeta están realizando una campaña contra él, según las fuentes consultadas. Sin detallar quién ejerció las presiones, Pérez Dolset ha insistido en que las hubo.

Pérez Dolset mantiene un contencioso desde hace años con uno de los socios de Zed, el Grupo Planeta. Precisamente, un directivo del grupo, Elías Viñeta, ha aportado a la causa la prueba que decide a Fiscalía pedir que Pérez Dolset siga en prisión, un documento excel sobre una sociedad en Panamá detrás de la que presuntamente está Pérez Dolset, que escondería 101 millones de dólares americanos del empresario encarcelado.

El antiguo dueño de Zed ha reconocido que Panamareal es una sociedad suya, pero ha añadido que nunca ha tenido capital. Su defensa ha aportado una certificación de un despacho panameño de abogados en ese sentido.

Anticorrupción apunta a que hay 14 millones en ayudas ilegales, la mayoría con cargo a programas de I+D que se justificaron con proyectos fantasma y personal sin capacidad de llevarlos a cabo. Algunas de las ayudas que recibió Zed eran incompatibles entre sí.

Una segunda línea de investigación se detiene sobre las maniobras de la familia Pérez Dolset para vaciar las sociedades mientras trataban de repeler los ataques de los accionistas rusos. Se urdió una trama de facturas falsas para desviar fondos a bufetes de abogados que ejercían de testaferros e incluso a una empresa de deportes náuticos radicada en el paseo madrileño de La Castellana.

El juez García-Castellón había citado a Pérez Dolset porque éste se había negado a declarar tras su detención. El magistrado ha concedido la oportunidad al imputado después de que se haya levantado el secreto del sumario y una vez ha tenido oportunidad de conocer con detalles los indicios existentes contra él.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decretado este viernes el ingreso en prisión para el fundador y máximo accionista del Grupo Zed Worldwide, Javier Pérez Dolset, por su presunta implicación en el fraude en la liquidación de la empresa tecnológica.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado prisión sin fianza para Dolset por su implicación en los hechos. El empresario fue detenido este jueves en un operativo conjunto entre el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional junto con otras siete personas.

Todos ellos han pasado a disposición judicial este viernes si bien se han negado a declarar, según fuentes de la investigación. El presunto cabecilla ha aclarado, después de que Anticorrupción haya solicitado prisión incondicional para él, que está arruinado y que todas sus ganancias las invirtió en el grupo investigado, por lo que en estos momentos solo dispone de 110.000 euros en una cuenta bancaria.

Sin embargo los fiscales del caso, Carlos Yáñez y José Grinda, alegan que el presunto cabecilla sí dispone de patrimonio, en concreto de 101 millones de dólares en Panamá. Los otros siete detenidos han quedado en libertad.

El antiguo dueño de Zed Worldwide Javier Pérez Dolset confesó a la Policía que el presidente de La Razón, Mauricio Casals, se encargaba de mantener las “relaciones necesarias” para que su compañía recibiera subvenciones fraudulentas de la Administración. Así consta en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Los proyectos, relatan los fiscales, eran “vestidos tecnológicamente” para encajar en unos concursos de los que Zed conocía con anterioridad a que fueran publicados. Esos contactos con el Ministerio de Industria también servían para las “revisiones a posteriori del estado de ejecución de los proyectos”.

Uno de los querellados, Teófilo Redondo Pastor, directivo de Zed, señaló en su declaración a un director general del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Antonio Alcolea, como la persona “bajo cuyo paraguas se hacían estas revisiones”.

“En estas labores de penetración en las administraciones públicas, el propio Javier Pérez Dolset manifestó en el seno de estas diligencias que todas las labores de obtención de financiación pública para sus empresas se realizaron bajo el asesoramiento del Grupo Planeta. Indica expresamente que el querellado Mauricio Casals Aldama tenía la función de mantener las relaciones necesarias con las instituciones públicas para lograr obtener la aprobación de la concesión de ayudas”, recoge el escrito de Anticorrupción.

El propio Pérez Dolset aportó a las diligencias correos electrónicos y facturas, relata Anticorrupción, de los que se infiere que este cometido se ejecutó esencialmente por Mauricio Casals Aldama, el cual ofrecía su “influencia política y posición social, así como una supuesta gestión de la línea editorial de los informativos de Antena 3 y La Sexta, y la dirección de La Razón y otros medios de prensa escrita”.

Planeta anunció este jueves que se personará en la causa para acusar a Zed de “un perjuicio económico de 120 millones de euros”. Este grupo empresarial, que posee el 20% de Zed Worldwide, aseguró “que viene denunciando las irregularidades” de los Pérez Dolset desde hace años. En un comunicado, añadieron que “ni el diario La Razón ni su presidente han cometido ninguna irregularidad”.

El desencuentro entre Planeta y Pérez Dolset se produce a consecuencia de la creación de la matriz Zed+ en Holanda y en el modo de administrar las sociedades por el segundo. Pérez Dolset denunció en este sentido “una campaña de presión e intimidación” para que no denunciara posibles actos ilícitos de los inversores rusos del grupo, los cuales querrían expulsarle a él y al resto de inversores españoles del control de la empresa.

En el marco de esa denuncia, Pérez Dolset denuncia que ha tenido constancia de que “se ha intentado pagar a periodistas para dirigir una campaña negativa contra ZED”. Esa campaña, dijo a la UDEF, se incrementó después de la detención del Peter Wakkie, un abogado al que los socios rusos ubicaron al frente de la matriz holandesa.

En este sentido, el empresario español dijo que comenzaron a aparecer “publicaciones en La Razón, El Periódico de Cataluña y Voz Pópuli con referencias negativas, difamatorias y falsas contra la persona del dicente y su familia”, según recoge el escrito de la Fiscalía. “La amenaza actual consistiría en trasladar este tipo de informaciones a medios de gran difusión como son los canales Antena 3 y La Sexta sobre los que Mauricio Casals tendría gran control”, añade la querella sobre la declaración de Pérez Dolset.

Pérez Dolset: “Era una práctica habitual de Casals”

El empresario aseguró a los agentes que temía las “advertencias” recibidas porque sabía de la trayectoria de Casals. “Según el denunciante, se trata de una práctica habitual extendida a lo largo de los años, por parte de Mauricio Casals, el utilizar sus influencias y posición en los principales medios de comunicación controlados por el Grupo Planeta para solicitar compensaciones económicas, camufladas a través de contrataciones de grandes campañas de publicidad a grandes grupos empresariales, a cambio de influencia política y tratamiento benévolo en los medios de comunicación controlados por ellos”, recoge el escrito de la Fiscalía. Y añade: “El denunciante se refiere a múltiples supuesos en los que Casals habría realizado este tipo de acciones frente a otras empresas”.

De acuerdo con esto, ZED Worldwide pagó a La Razón 2.125.000 euros en labores de “asesoramiento y relaciones institucionales” para la obtención de ayudas públicas. “En cualquier caso, fueran ciertas o no las influencias denunciadas por Javier Pérez, así como las presiones mediáticas intimidatorias que igualmente se denunciaron, de las actuaciones resulta indicios objetivos de que Audiovisual Española 2000 SL (editora de La Razón) cobró estas cantidades por la intervención de Mauricio Casals Aldama y sin una relación mercantil o prestación de servicios que justifique el pago de las mismas”, dice la querella.

Los investigadores han encontrado “una importante discrepancia” entre los pagos declarados por Zed a Hacienda y los imputados a Audiovisual Española 2000, de 177.000 euros a 717.280,35 euros solo en el año 2012. La editora del periódico tiene facturas a Zed por 1.661.000 euros. “Las facturas no se emiten por servicios de publicidad supuestamente prestados por el periódico La Razón, sino por conceptos amplios o indeterminados”, añaden los fiscales.

Los investigadores de la Operación Hanta han detectado fraude en las subvenciones concedidas al grupo Zed en el tramo de la solicitud, de la ejecución y de la supervisión. Tanto es así que la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF han acreditado que Javier Pérez Dolset justificó gastos de proyectos de I+D haciendo pasar a vigilantes de seguridad y personas sin formación residentes en India por profesionales tecnológicos, han informado a eldiario.es fuentes de la investigación.

Zed Worldwide, que se promocionaba en la última época como una empresa de marketing digital y transacciones monetarias con el teléfono móvil, consiguió más de 42 millones de euros del Ministerio de Industria en las subvenciones investigadas.

El presidente de La Razón y directivo de Atresmedia, Mauricio Casals, está acusado de utilizar su influencia en los ámbitos de poder para la concesión de esas subvenciones a la compañía de Pérez Dolset, que después pagaba el favor con contratos que supusieron al periódico madrileño más de dos millones de euros.

La investigación recela de todos los implicados en el proceso de las subvenciones, ya que no solo estaban amañadas desde el mismo momento de la solicitud sino que, una vez concedida, la supervisión también estaba adulterada, motivando que algunos de los fraudes hayan pasado impunes durante siete años. En lo que corresponde al Ministerio de Industria se investigan dos grandes partidas, una de 28,4 millones de euros y otra de 14,2 millones. El juez autorizó este jueves ocho arrestos, pero la cifra de imputados crece hasta los 19.

La Policía y Anticorrupción han detectado una cuarta fase del fraude consistente en desviar el dinero de las subvenciones a Zed hacia otras empresas vinculadas a los Pérez Dolset en perjuicio del resto de accionistas. Zed Worldwide está participada al 20% por Planeta y al 10% por Juan Abelló. Estos dos últimos accionistas han protagonizado un enfrentamiento abierto con los Pérez Dolset y en enero lograron desalojarlos de la dirección de la compañía. El nuevo equipo, sin embargo, no salvó a de la liquidación a la empresa que cosechó su primer gran éxito con el videojuego Commandos.

Entre los delitos atribuidos a Pérez Dolset figuran los de insolvencia punible y fraude en las subvenciones. El primero investiga todo el proceso de descomposición de la compañía y el posible ocultamiento de capital para escapar a la justicia y al resto de accionistas por parte de la familia creadora del proyecto. La Policía calcula que una parte de las subvenciones fue devuelta al Estado, pero el resto no aparece. Unos seis millones de euros fue desviado por Pérez Dolset a Pure Action Sports Europe, empresa de su propiedad, con la que patrocinó varios campeonatos de kitesurf. 

Pérez Dolset intentó en 2013 llevarse el negocio a Holanda para asociarse con el magnate ruso Mijaíl Fridman, que entró en la compañía con su empresa VimpelCom. A finales del pasado año, agentes del FBI interrogaron a Pérez Dolset y a la cúpula de la compañía en una operación en la que colaboró la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Los agentes del FBI llevaban meses investigando las irregularidades cometidas a través del Grupo Tema, filial de Zed y participada por Fridman.

Los investigadores tratan de aclarar si desde las cuentas de Tema se desviaron 30 millones de euros hacia una compañía propiedad del hijo del ministro del Interior de Rusia. La colaboración de Pérez Dolset con los investigadores provocó que VimpelCom anulase sus contratos con Zed y abrió una batalla judicial a través de Holanda, donde el empresario español había creado un holding. Las autoridades holandesas destituyeron a Pérez Dolset y pusieron en su lugar a Peter Wakkie, un abogado vinculado a las empresas de Fridman que figura entre los imputados. Los Pérez Dolset pasaron de denunciantes a investigados.

La Policía ha lanzado esta mañana una operación en la que están previstas ocho detenciones vinculadas al grupo tecnológico Zed, dedicado a la creación de videojuegos y material audiovisual, entre otros, hasta el pasado 30 de mayo, fecha de su disolución. La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigan subvenciones presuntamente fraudulentas concedidas por el Ministerio de Industria y Tecnología a la compañía por más de 42 millones de euros, informaron a eldiario.es fuentes de las pesquisas.

En la operación está investigado el presidente de La Razón, Mauricio Casals, quien habría intermediado en las ayudas concedidas al grupo. A cambio, el diario que dirige Francisco Marhuenda habría ingresado más de dos millones de euros en contratos de publicidad. Las subvenciones investigadas afectan a la época del Gobierno socialista y también a la del Ejecutivo del PP.

Agentes de la UDEF se han desplazado esta mañana hasta las oficinas de La Razón con un requerimiento judicial. Han llegado sobre las 8 de la mañana y han permanecido durante horas aguardando la documentación solicitada por la Audiencia Nacional.

En un comunicado, el periódico niega que Casals haya participado “en ningún tipo de tráfico de influencias o fraude de subvenciones, ni directa ni indirectamente” y muestra su disposición a colaborar con la justicia.

La investigación arrancó hace aproximadamente un año por parte de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público presentó una querella en la Audiencia Nacional la semana pasada y el caso está ahora dirigido por el juez Manuel García Castellón, quien acaba de incorporarse al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional después de la salida de Eloy Velasco.

El grupo Zed es una creación de la familia Pérez Dolset, que cuenta con el 40% del accionariado. Su segundo accionista es el Grupo Planeta, en poder del 20% de las acciones, y en menor medida Juan Abelló y el Banco de Santander, con un 3% éste último. Los Pérez Dolset están detrás de éxitos del sector audiovisual como la saga de videojuegos Commandos, de 1998, emblema de la creación española en el sector que con el tiempo se terminó convirtiendo en un clásico. El crecimiento de la compañía incluyó la producción cinematográfica con Planet51, película de animación y la cinta más taquillera en España en el año 2009.

El impulsor del grupo es Javier Pérez Dolset, hijo de un empresario que comenzó comercializando videojuegos americanos en el mercado español de los primeros ochenta. El pasado enero, los accionistas consiguieron la destitución de Javier Pérez Dolset como presidente y consejero delegado de la compañía. Fue sustituido por un equipo que no ha podido evitar la quiebra de la compañía. Las fuentes consultadas precisan que la investigación se centra en el periodo de Pérez Dolset al frente del grupo. Todos los arrestados están vinculados con la compañía, entre ellos Javier Pérez Dolset y uno de sus hermanos, a los que se acusa de insolvencia punible y fraude de subvenciones.

Además, Zed está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía española, así como por otros organismos extranjeros, como el FBI estadounidense, por el desvío de fondos desde la matriz de la compañía, denominada Zed+ y radicada en Países Bajos, a familiares de miembros de los Gobiernos rusos y uzbeko.

Planeta, que mantiene un enfrentamiento desde hace años con los hermanos Pérez Dolset, ha informado este jueves de que se personará como acusación particular en el caso y acusará a Zed de un perjuicio económico de 120 millones de euros. El grupo empresarial asegura en un comunicado que “ni el diario La Razón ni su presidente han cometido ninguna irregularidad”, y añaden que colaborarán con la justicia.

Hubo un tiempo en que nadie se atrevía a toser a Ignacio González. Fueron lustros de poder omnímodo del PP de Madrid. De mayorías absolutísimas que alcanzaron su cénit tras las municipales de 2011 cuando la expresidenta de la región, del partido y de casi todo, Esperanza Aguirre, decretó el fin del “cinturón rojo” al sur de la Comunidad tras ver a sus candidatos sentados en alcaldías históricas del PSOE como Parla, Móstoles o Alcorcón.

Desde el Gobierno regional el PP manejaba presupuestos anuales de 20.000 millones de euros. Controlaba la televisión pública y la mayor parte de la prensa privada comía de su mano amamantada por sus generosos convenios publicitarios. La patronal, con su presidente Arturo Fernández a la cabeza, estaba a partir un piñón con el Gobierno haciendo donaciones a través de Fundescam y el futuro contemplaba faraónicas muestras de poderío como la Ciudad de la Justicia, con sus 15 edificios de autor encargados a eminencias de la arquitectura como Zaha Hadid o Norman Foster.

Ese era el ambiente en 2012 cuando Aguirre decidió legar su ingente capital político al delfín preferido, Ignacio González, a quien ya había entregado las llaves del partido con la secretaría general. La crisis azotaba todavía con fuerza pero había un Gobierno amigo en La Moncloa. En la primera de las tres despedidas de la presidenta y tras años de luchas intestinas, González era el elegido. Su oponente de siempre, Francisco Granados había dado un paso atrás resignado a comentar la actualidad política desde las tertulias. Alberto Ruiz Gallardón había dejado de ser un rival mucho antes cuando permitió a Aguirre hacerse con todo el control territorial del partido y en ese momento ejercía de ministro de Justicia a las órdenes de Mariano Rajoy.

De aquellas fotos en sepia que retrataron la felicidad total del PP madrileño hace solo cinco años no queda nada y hoy el legado de Aguirre y González está hecho añicos. La presidenta, tuvo que despedirse en tres actos, sacudida por la corrupción, y su sucesor mata ahora los días en una celda de Soto del Real.

El entierro del aguirrismo

El futuro del aguirrismo ya empezaba a pintar mal con las primeras informaciones del lujoso ático de Estepona y cuando el dedo de Mariano Rajoy eligió para el cartel de la Comunidad a Cristina Cifuentes. Para colmo, ella ganó mientras que Esperanza Aguirre salió derrotada en las urnas por lo que ella misma calificaba como un grupo de populistas y elementos antistema, Ahora Madrid, que desde el verano de 2015 gobierna el Ayuntamiento de la capital.

Pero todo se tiñó de negro carbón la mañana del pasado 19 de abril: agentes de la Guardia Civil detuvieron a González a las puertas de su chalé de Aravaca, en las afueras de la capital. La Operación Lezo, que llevaba año y medio fraguándose bajo el sigilo del secreto de sumario, veía la luz para derrocar lo que quedaba en pie del régimen aguirrista. Cayó Ignacio González, cayó su hombre de confianza en el Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez, cayó el hermano del expresidente, Pablo, por sus manejos en la empresa pública Mercasa, y también el hombre que movía los hilos de otro ente paralelo la Comunidad José Martínez Nicolás, por su gestión como consejero de la Agencia Informática de Madrid.

Los arrestos coincidieron con la semana en la que Aguirre estaba citada a declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel. En la sala, ante el juez repitió ya con poca convicción el estribillo de que ella fue quien destapó la trama. A la salida, rodeada de micrófonos y cámaras hizo una firme defensa de su inocencia pero ya no puso la mano en el fuego por González, que pasaba sus primeras horas en el calabozo a la espera de declarar ante el juez Eloy Velasco. La teoría del par de cargos que le habían salido rana estaba hecha trizas. La cuenta atrás para su abandono de la política había comenzado y Aguirre no pudo contener las lágrimas.

Con el auto del juez que enviaba a prisión a González un viernes de madrugada acusado de malversar millones de euros a través del Canal y de otros negocios como alto cargo de Madrid, Aguirre tomó la decisión de marcharse por última vez y dejar el acta de concejal en el consistorio. El comunicado que firmó el PP de Cifuentes para despedirla parecía escrito sobre un bloque de hielo. Ni un solo adjetivo cariñoso, como si su sucesora quisiera cerciorarse de que esta vez la carrera de Aguirre no volvería a resucitar.

Campañas bajo sospecha

Los informes de Anticorrupción, de la Guardia Civil y los autos del juez Velasco también han buceado en el origen del dinero para pagar los despliegues propagandísticos de las vacas gordas. El magistrado de la Audiencia Nacional sostiene que un millón de euros salió de inflar contratos en el Canal de Isabel II y mantiene la lupa sobre oscuras compraventas en el Canal de Isabel II. La oposición en Madrid se ha apresurado a decir que el PP regional no solo estaba repleto de presuntos sino que acudía dopado a las campañas. Cifuentes que se presentó como denunciante del caso, pese a que este ya estaba siendo investigado en la Audiencia Nacional, proclamó que “el tiempo de los corruptos se ha terminado”. Su credibilidad también está en entredicho después de que la Guardia Civil haya pedido investigarla en otro sumario gemelo, el caso Púnica, por la adjudicación de un contrato en la Asamblea de Madrid a un viejo conocido del partido, el empresario Arturo Fernández. De momento, ni el juez ni los fiscales han pedido su imputación y ella repite que está limpia.

La Guardia Civil hurga también en el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad y ha registrado una cita con quien fue uno de sus enemigos acérrimos en el partido, Ignacio González, en el despacho que este tiene en pleno centro de Madrid. Anticorrupción sospecha de un pacto de silencio y tiene subrayada en rojo una conversación de González con el exministro Eduardo Zaplana en la que el primero se jacta de haber tapado una supuesta corruptela del Gobierno de Gallardón en América, donde según González la Comunidad pagó 100 millones de euror por una filial del Canal “que no valía ni 30”.

Conspiraciones en la Justicia

Los miles de folios y las decenas de horas de grabaciones telefónicas y con micros del sumario Lezo no solo han enterrado lo que quedaba de aguirrismo, también destaparon las maniobras del Partido Popular en la Justicia. Antes incluso de que se levantara el secreto de sumario, afloraron conversaciones en las que Ignacio González, cabecilla de lo que el magistrado Eloy Velasco llama “organización criminal”, conspiraba con compañeros de partido y directivos de comunicación para que se nombrase como jefe de Anticorrupción a Manuel Moix, “un tipo cojonudo”, según sus propias palabras. La Unión Progresista de Fiscales desveló que había trasladado las sospechas de que Moix figuraba en las escuchas al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y que este pese a todo lo puso al frente de Anticorrupción. Moix estaba chamuscado por Lezo y su puntilla fue la noticia de que tenía participaciones en una sociedad familiar constituida en Panamá. Se fue semanas después de que el Congreso de los Diputados lo reprobase. Maza, en idéntica situación, sigue al frente de la Fiscalía General.

Un ministro en el alambre

En el teléfono de Ignacio González los investigadores también hallaron mensajes con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien horas después de ser confirmado en el puesto, deseaba al expresidente madriñeño “que se acaben los líos”. Catalá, quien dijo tener el apoyo y la comprensión del presidente, Mariano Rajoy, que también envío sms parecidos a Bárcenas, sabe desde entonces que la mayoría del Congreso exige su cese. Ha sido reprobado por la Cámara donde reside la soberanía nacional, pero tanto el ministro como el Gobierno y el propio Partido Popular, dan a entender que eso no tiene importancia.

El último cargo público reprobado esta semana ha sido el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por recibir en su despacho a Pablo González, hermano de Ignacio, y según apunta el sumario, cerebro de una trama para sacar dinero público de la firma Mercasa a través de un fraude de facturas falsas y de la compra de funcionarios en terceros países.

Los casi dos años de seguimientos, escuchas y sobre todo los movimientos de dinero a paraísos fiscales apuntan también a las grandes constructoras de este país. La Guardia Civil inspeccionó ACS y mantiene que la empresa de Florentino Pérez pagó mordidas en los expedientes del campo de golf ilegal que el Gobierno de Aguirre levantó sobre terrenos del Canal de Isabel II. Y una de las cabezas visibles del Grupo OHL, Javier López Madrid, el compiyogui al que tuteaban los reyes de España para desearle suerte cuando afloraron sus primeros escándalos en la prensa, el yerno del empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir, ha evitado la cárcel pagando una fianza de 100.000 euros. Está acusado de pagar una mordida a través de un banco suizo a Ignacio González a cambio de adjudicarle la obra del tren a Navalcarnero, un proyecto fallido que no se llegó a realizar. Los tres Porsches deportivos de López Madrid están incautados por el juzgado y crecen las sospechas de que el conglomerado empresarial de su familia era uno de los financiadores del PP.

Junto a él han caído media docena de pequeños empresarios que según desliza la instrucción han jugado un papel clave para camuflar la caja B del PP de Madrid y una serie de trabajos realizados para el partido que acaba pagando la Administración o sus subcontratas.

Periodistas y directivos de medios, en la picota

El collage sobre la corrupción en Madrid que constituyen las distintas patas del caso Lezo deja también mal parados a periodistas y directivos de medios de comunicación. Las grabaciones efectuadas por la Guardia Civil han permitido aflorar conversaciones en las que el director de La Razón, Francisco Marhuenda, y un alto directivo de Atresmedia, Mauricio Casals, hablan con uno de los principales imputados, Edmundo Rodríguez, consejero de ese grupo de comunicación y hombre fuerte del Canal en América, y maniobran para intentar que el Gobierno de Cifuentes deje de colaborar con la Justicia aportando documentación de la empresa pública. Casals y Marhuenda fueron imputados en un primer momento por coacciones -las charlas revelan insultos muy graves a la presidenta madrileña y a parte de su equipo- pero tras tomar declaración a Cifuentes y a su jefa de gabinete, Marisa González, decidió levantar la acusación, después de que ambas quitasen hierro a las llamadas que recibieron.

El sumario que ha levantado la última -al cierre de esta edición- tapa de las alcantarillas de la política madrileña sigue su curso, ahora con un nuevo instructor, el magistrado Manuel García Castellón, después de que Velasco haya sido ascendido a un tribunal de nueva creación y que ejercerá de segunda instancia para las sentecias dictadas por la Audiencia Nacional. Quienes conocen las tripas del caso sostienen que a Lezo le queda mucho recorrido todavía. De momento, todos los implicados son presuntos.

A las 9 de la mañana del 18 de abril tres hombres de mediana edad mantienen una reunión en hotel Palace de Madrid. Dos de ellos serían detenidos al día siguiente y hoy están en prisión. Son Ignacio González y su presunto testaferro en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino. El tercero es el presidente de La Razón, Mauricio Casals, quien estuvo imputado por coacciones a Cristina Cifuentes y cuya causa ha sido archivada provisionalmente. El encuentro fue grabado por la Guardia Civil, pero después de otro enfrentamiento entre los fiscales del caso y el jefe de Anticorrupción, Manuel Moix.

La última prórroga de las escuchas finalizaba el día 15 de ese mes. Los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García pretendían una prórroga más amplia porque las detenciones estaban previstas para el 19, cuatro días más tarde. El fiscal jefe, según fuentes del caso, se negó porque consideraba que una medida tan excepcional como la interceptación de las comunicaciones, que afectan a un derecho fundamental, ya se estaba alargando demasiado. Sus subordinados le advirtieron de que era importante tener los teléfonos intervenidos el mismo día de la operación para facilitar la localización de los que iban a ser detenidos.

Moix accedió finalmente a pedir una última prórroga, pero de un mes y no del mes y medio al que aspiraban los fiscales del caso. El juez Eloy Velasco, a quien correspondía la decisión final, optó por que esa última prórroga de la intervención de comunicaciones llegara hasta el mismo día de las detenciones.

Eso posibilitó que los investigadores conocieran una última cita de Ignacio González con otros presuntos implicados. Los teléfonos, según las fuentes consultadas, habían sido utilizados en las últimas semanas para cuestiones familiares y rutinarias. Ya no se hablaba de nada relevante para el caso, lo que extrañó a los investigadores. Sin embargo, a partir de ese día 15, cuando hubiera terminado la prórroga que pretendía Moix, volvieron a tener actividad. En las horas posteriores, González quedó con Casals y Rodríguez Sobrino para la mañana del 18 de abril, para lo que tuvo que anular una cita médica que coincidía. La cita se produjo finalmente a menos de 24 horas de los arrestos.

La Unidad Central Operativa  (UCO) de la Guardia Civil tuvo verdaderas dificultades para registrar el encuentro. Casals, cliente habitual del Palace, no había reservado ningún espacio concreto. Sin embargo, los agentes pudieron colocar micrófonos en el lugar donde se produjo, no sin dificultades. Los expertos intentan 'limpiar' la grabación, de mala calidad, para entregar al juez su contenido. Anticorrupción da una alta relevancia a ese encuentro de urgencia. 

Según el diario Abc, Casals fue preguntado en la declaración ante la Audiencia Nacional sobre el contenido de la conversación que mantuvieron. El presidente de La Razón aseguró al juez Velasco que hablaron de “cosas de hombres”.

El presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals, reunió a Ignacio González y a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de su mismo diario, la mañana del 18 de abril, justo un día antes de la detención de ambos, según informa ABC. Casals estuvo investigado en un primer momento dentro de la operación Lezo, pero su caso fue posteriormente sobreseído privisionalmente y sus actuaciones archivadas.

La cita se produjo en un céntrico y lujoso hotel de Madrid en el que se suele alojar Casals cuando visita la capital, próximo al Congreso de los Diputados. El juez instructor, Eloy Velasco, tras saber que iba a existir el encuentro, autorizó que los investigadores la controlaran y grabaran. De ese modo se descubrió que se llevaría a cabo en un salón de la suite de Casals.

El hecho de que tuviese lugar en un sitio privado dificultó la operación de los especialistas del Instituto Armado, que además tuvieron noticia de ella solo un día antes, siempre según cuenta ABC. Por esos motivos, pudieron instalar dispositivos de grabación, pero sin demasiada preparación y en lugares poco adecuados, por lo que los documentos de audio son de muy mala calidad. Actualmente están siendo tratados en laboratorios de la Guardia Civil para limpiar el sonido.

Tanto Casals como González y Rodríguez Sobrino fueron preguntados en su declaración judicial por esta reunión. Según ABC, el presidente de La Razón comentó con ironía que hablaron “de asuntos de hombres”. El presidente de la Comunidad de Madrid había anulado una cita médica para poder acudir al hotel.

Eloy Velasco imputó a Casals y al director de La Razón, Francisco Marhuenda, por las presiones a Cristina Cifuentes para proteger a Edmundo Rodríguez. El juez acordó días después “desinvestigar, sobreseer provisionalmente y archivar las actuaciones” contra ellos, entre otras razones, porque Cifuentes dijo en su declaraciones por escrito que no se había sentido presionada por los directivos del periódico.

Las conversaciones intervenidas por agentes de la UCO en el marco de la Operación Lezo al director y al presidente de La Razón, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, apuntaban a que ambos directivos habían intentado presionar a Cristina Cifuentes para proteger a Edmundo Rodríguez Sobrino, enlace de Ignacio González en Latinoamérica y consejero del periódico. La causa contra ambos directivos del Grupo Planeta fue archivada el pasado 25 de abril, después de que la presidenta madrileña rebajase en su declaración por escrito las presuntas “coacciones” argumentando que este tipo de advertencias forman parte de la relación entre políticos y medios.

Este viernes, El País ha dado a conocer nuevos extractos de las conversaciones en las que se desvela que Mauricio Casals llegó a asegurar a Edmundo Rodríguez que no debía preocuparse porque “las pasará putas esta señora” y Francisco Marhuenda afirma que “hay que asustar” a Cifuentes.

La primera conversación publicada data del 29 de julio de 2016. Rodríguez llama a Mauricio Casals para explicarle que sufre una “persecución personal”.

Edmundo Rodríguez pide a continuación que Francisco Marhuenda interceda para decirle a Cristina Cifuentes que se deje de investigar y “olvidar el tema”. Varias horas después, Marhuenda llama a Rodríguez para decirle que se pone a sus órdenes.

Semanas después, el 10 de agosto, Francisco Marhuenda informa al consejero de La Razón de que se ha reunido con Cifuentes y, según le ha explicado, no tiene nada contra él.

El 10 de octubre, el consejero de La Razón llama a Mauricio Casals para informarle de otra reunión entre Cifuentes y Marhuenda. En ese diálogo, el presidente del grupo llegaría a asegurar que será todo el grupo mediático el que le defienda, incluida “Antena 3, Onda Cero y La Sexta”. Cinco días después, afirma: “No te preocupes, que las pasará putas esta señora”.

Según señala El País, de las conversaciones intervenidas se deduce que el Consejo de Administración de La Razón rechaza una campaña contra Cifuentes debido a su interés por ser adjudicatario de una nueva universidad planificada por el gobierno autonómico. Entonces, Casals cambia la estrategia y afirma que son “más peligrosos en el boca-oreja que en el periódico” para tranquilizar a Rodríguez.