El Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida ha aplicado uno de los principales mandamientos que el alcalde ha solicitado a la ciudad ante la llegada del papa León XIV. Los empleados públicos del Consistorio teletrabajan desde el pasado miércoles 3 de junio y hasta el martes 9.

Solo quedan eximidos de ello los puestos que por sus condiciones no pueden acogerse a la norma, como seguridad, emergencias, mantenimiento o limpieza. También oficinas de atención ciudadana o al contribuyente, donde en algunos casos la actividad telemática sí se ejecutará el lunes 8 (previsiblemente la jornada más intensa y la más complicada a nivel logístico) y el martes 9 de junio.

Ya en mayo, el regidor pidió a las empresas adoptar esta medida durante al menos cuatro días laborables ante un “acontecimiento histórico” de una magnitud “prácticamente sin precedentes”. Como finalmente ha ocurrido, avisaba Almeida que ya en los días previos a una visita que tendrá lugar del 6 al 9 de junio habría “afecciones importantes” al tráfico en zonas clave, como el entorno de Cibeles o la plaza de Lima.

“Solicito que por parte de las empresas y de los centros de trabajo se faciliten las condiciones de teletrabajo. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido que del 3 al 9 de junio habrá teletrabajo para los empleados del Ayuntamiento”, avanzó desde el Palacio de Cibeles. Incluso pidió a la ciudadanía que “evite desplazamientos que no sean estrictamente necesarios a lo largo de todos esos días”. Su llamamiento parece haber tenido calado, ya que este jueves el tráfico se redujo un 32% con respecto a un día normal en el interior de la M-30, comunicó en X el delegado de Movilidad, Borja Carabante.

El Gobierno de Almeida ha puesto a disposición de los peregrinos hasta 33 edificios públicos (principalmente polideportivos) en los que podrán pasar la noche de forma gratuita. El Consistorio también pone autobuses gratis de la EMT o vehículos de Bicimad entre el 3 y el 9 de junio. Asimismo se han autorizado más licencias de taxi , incluyendo a las que tenían libranza.

El sábado 23 de mayo quedó ocupado de forma permanente el carril derecho del paseo de Recoletos sentido norte. El 25 se ocuparon las dársenas de autobuses nocturnos de la plaza, además de tres carriles del paseo de la Castellana para instalar una plataforma, reservada al coro del domingo. Ese mismo día de mayo comenzó el montaje del altar, aunque estos trabajos no suponen una ocupación de calzada. El 3 de junio se procedió al corte prácticamente total del tráfico en los carriles centrales de la Castellana. Y, a partir del 4 de junio, a todo el tráfico rodado en torno a la plaza de Cibeles.

El Gobierno central también muestra su fe en que el teletrabajo reduzca el colapso

El Ejecutivo municipal no es el único que aplica medidas en este sentido. Por parte del Gobierno central, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que lidera Óscar Lóprez ha aprobado el teletrabajo los días 5, 8 y 9 de junio, según fuentes consultadas por Somos Madrid.

La responsable de la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz, ya emplazó a las empresas a favorecer el trabajo a distancia para “reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo” de los servicios. Para la plantilla de este Ministerio está en vigor desde el 4 de junio y hasta el 9, ambos incluidos. La Delegación del Gobierno en Madrid se ha sumado al requerimiento, respaldado igualmente por los sindicatos.

Este periódico ha contactado a la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación (de la que depende la Dirección autonómica de Función Pública) para conocer el alcance de la implantación del teletrabajo en los funcionarios de la Comunidad de Madrid ante el multitudinario evento, sin que lo concreten en su contestación: “Desde 2020 la Administración de la Comunidad ya cuenta con una regulación del teletrabajo en situaciones ordinarias como en situaciones de especial relevancia y corta duración, como es el caso”.

Euskadi ha registrado el pasado mes de mayo 103.733 parados en las oficinas del servicio público de empleo, lo que supone 72 menos que en abril (-0,07%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno vasco. En comparación con el mes de mayo de 2025, la cifra de desempleados en Euskadi se ha reducido en 926 personas, lo que supone un 0,88% menos. Euskadi ha registrado el pasado mes de mayo 1.042.680 afiliados a la Seguridad Social, 6.813 más que el mes anterior (+0,66%).

En relación al mes anterior, en Álava, se contabilizan en mayo 170 parados menos (-0,96%), mientras que en Bizkaia hay 50 desempleados más (+0,09%) y Gipuzkoa registra 48 desempleados más (-3,52%). La evolución interanual, por su parte, deja descensos en los tres territorios. En Álava se registran 607 parados menos (-3,34%), en Bizkaia hay 34 desempleados menos (-0,06%) y en Gipuzkoa se contabilizan 285 parados menos (-1,03%). De este modo, el territorio alavés ha cerrado mayo con 17.561 personas en desempleo, el vizcaíno con 58.709 parados y el guipuzcoano con 27.463 desempleados, según recoge Europa Press.

De las 103.733 personas en paro en Euskadi en mayo, 60.190 son mujeres, 256 menos que en abril y 232 menos que un año antes, y 45.543 son hombres, 184 más que el mes anterior y 694 menos que en mayo de 2025. Por franjas de edad, el colectivo de mayores de 45 años concentra a 58.588 de los parados, 146 menos que en abril y 427 más que el año pasado. Un total de 28.355 desempleados tiene entre 30 y 44 años, 84 menos en términos mensuales y 852 menos en la variación interanual. Entre los menores de 30 años, hay 16.790 desempleados, 158 más que en abril y 501 menos que un año antes.

Del total de cotizantes en Euskadi, 525.051 corresponden a Bizkaia, territorio en el que la afiliación se ha incrementado en 3.215 personas respecto al mes anterior (+0,62%) y ha aumentado en 6.974 en comparación con mayo de 2025 (+1,35%). Gipuzkoa, con 344.396 cotizantes, ha registrado una subida mensual de 1.507 personas afiliadas a la Seguridad Social (+0,44%) y un crecimiento interanual de 2.756 afiliados (+0,81%). Finalmente, Álava, con 173.233 trabajadores afiliados, ha experimentado en mayo un incremento mensual de 2.091 afiliados (+1,22%) y respecto a hace un año ha aumentado en 3.800 cotizantes (+2,24%).

En el conjunto de Euskadi, el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 871.932 cotizantes, de los cuales 27.747 están registrados como trabajadores del hogar y 2.769 como trabajadores agrarios. Además, hay 166.830 personas inscritas en el régimen de autónomos y 3.918 en el de trabajadores del mar. Por otro lado, al cierre del mes de mayo había en Euskadi 565 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 66 menos que al concluir abril. De ellos, 384 son hombres y 181 mujeres.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha enviado este martes a las Delegaciones de Gobierno una recomendación para la utilización del trabajo a distancia ante las restricciones de la movilidad que puedan afectar a las personas trabajadoras con motivo de la visita del Papa León XIV en distintas localidades de las comunidades autónomas de Madrid, Catalunya y Canarias, ha informado el departamento de Yolanda Díaz.

El Ministerio se une a varias administraciones públicas que ya han recomendado la medida, como el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de Canarias, entre otros.

Estas restricciones fruto de las tareas de preparación de la visita oficial ya se están notando desde la semana pasada en la capital, por ejemplo, con retrasos en la circulación para acceder al propio Ministerio de Trabajo, como ha reconocido esta mañana el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa de los datos de paro y afiliación de mayo.

Evitar los “desplazamientos innecesarios”

La recomendación del Ministerio “busca favorecer la protección de la seguridad de las personas trabajadoras, reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo de los servicios y actividades económicas durante la celebración de los actos previstos”, indica el departamento en una nota.

Ante la previsible adopción por parte de las autoridades competentes de recomendaciones, limitaciones o restricciones a la movilidad de personas y vehículos en determinadas zonas, el Ministerio Trabajo recuerda el marco normativo aplicable y emite las siguientes recomendaciones:

– Cuando las autoridades competentes recomienden evitar desplazamientos o establezcan medidas que dificulten o limiten el acceso a los centros de trabajo, se recomienda a los empleadores valorar prioritariamente la utilización del trabajo a distancia en aquellos puestos y actividades cuya naturaleza sea compatible con esta modalidad de prestación de servicios y siempre que existan las condiciones técnicas necesarias para su desarrollo.

– Con carácter preventivo y en la medida de lo posible, se emplaza a empleadores y personas trabajadoras de los ámbitos territoriales que puedan estar afectados por estas recomendaciones, planifiquen con antelación las medidas organizativas necesarias, incluida la posibilidad de acordar voluntariamente el recurso al trabajo a distancia, durante los periodos en que puedan producirse afecciones relevantes a la movilidad derivadas de las recomendaciones o medidas adoptadas por las autoridades competentes.

Además, el Ministerio de Trabajo recuerda que la Ley del Estatuto de los Trabajadores (artículo 37.3 g ) prevé “dicha modalidad de prestación de servicios ante este tipo de situaciones”, en las que se deben garantizar las obligaciones formales y materiales de la Ley de trabajo a distancia, como por ejemplo la necesidad de que las empresas faciliten los medios de trabajo a los empleados.

Castilla-La Mancha ha recibido más de 123 millones de euros para continuar desarrollando políticas activas de empleo y acciones de formación y cualificación para personas ocupadas y desempleadas en la región, 

Así se ha acordado en la LXXXVII Conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales presidida por la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, y celebrada este miércoles. En la sesión se acordaba el reparto territorial de los 2.571.961.030 euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para la gestión de las comunidades autónomas con competencias en esta materia.

Estos fondos se destinarán para financiar programas y servicios de política activa de empleo incluidos en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED).

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha señalado la importancia de este reparto de fondos, para reforzar el mercado de trabajo de Castilla-La Mancha, “que atraviesa las cifras de desempleo más bajas de los últimos 18 años y los niveles más altos de empleo de toda la serie histórica, habiendo superado por primera vez las 800.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en nuestra región en un mes de abril”.

Otros 600.000 euros para prevención de riesgos laborales

Al reparto de 123,13 millones de euros en el marco de las políticas activas de empleo se suman cerca de 600.000 euros dirigidos a acciones destinadas a mejorar la seguridad en los entornos de trabajo de la región, en este caso procedentes de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, dentro de un reparto global de 11 millones de euros en el conjunto del Estado.

“Nuestro mercado de trabajo atraviesa por un momento histórico y confiamos en que el mes de mayo consolide ese buen momento la próxima semana y que siga bajando el desempleo y creciendo la afiliación en nuestra región”, ha indicado Patricia Franco.

La ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media era la bandera del Ministerio de Trabajo para esta legislatura. Tumbada en el Congreso por PP, Vox y Junts, Yolanda Díaz afirmó que no se rendiría y volvería a llevarla al Parlamento. Sin embargo, el Gobierno no planea que sea este año, según el Plan Normativo previsto para 2026. La hoja de ruta solo contempla el real decreto para endurecer el registro horario, que aún enfrenta a Trabajo con Economía. Otra de las grandes normas en el aire en materia económica, los Presupuestos Generales del Estado, sí se han incluido, aunque sin especificar si serán para 2026 o irán directamente a las cuentas de 2027.

La ley para reducir la jornada laboral es la ausencia más llamativa de las normas que pretende sacar adelante el Ministerio de Trabajo este año, de acuerdo con el Plan Anual Normativo que el Gobierno ha aprobado este martes, y al que ha tenido acceso elDiario.es. Prioridad absoluta durante la primera mitad de la legislatura, el fracaso para su tramitación en el Congreso el pasado septiembre supuso un duro golpe para la bandera electoral de Sumar y la vicepresidenta segunda.

Desde entonces, Díaz ha insistido en que “no renuncia” a sacar adelante la reducción de la jornada laboral, pero optó por un ‘plan B’ en el corto plazo: endurecer el registro horario en las empresas a través de un real decreto, que no tiene que pasar por el Parlamento. Esta medida sí figura en la hoja de ruta del legislador para 2026, no así la reducción de la jornada. 

Preguntados por esta ausencia, fuentes de Trabajo apuntan que “no significa que lo que queda fuera del plan no vaya a hacerse”, y ponen de ejemplo otros proyectos, como la Ley de condiciones laborales transparentes y previsibles o el reglamento que regula los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, que salieron adelante sin estar incluidos en esta hoja de ruta.

El refuerzo de la jornada laboral enfrenta no obstante sus propios problemas. Tras el varapalo del informe del Consejo de Estado se ha complicado su camino para salir adelante. El Ministerio de Economía, que dirige el ahora vicepresidente Carlos Cuerpo, mantiene varias diferencias con el actual texto, por ejemplo, sobre el periodo de aplicación para las pymes. Yolanda Díaz ha anunciado que la medida se aprobará antes de verano, y solo con ligeros cambios que no desvirtúen el texto pactado con los sindicatos, pero el vicepresidente económico ha recordado que el Consejo de Estado ha puesto objeciones no solo al contenido, sino también “al instrumento legal”. Así, Cuerpo ha afirmado que el Gobierno aún está analizando este dictamen para “ser capaces de llevarlo lo antes posible”, sin una fecha cerrada. 

De la reforma del despido a la democracia en las empresas

El resto de leyes laborales previstas en el plan normativo para este año no lo tienen más fácil para ser aprobadas, como ocurre con todas las regulaciones que tienen que lograr una mayoría parlamentaria. Entre otras, destacan la ley para modernizar la prevención de riesgos laborales, pactada con los sindicatos; la reforma del despido improcedente –que también ha contado con resistencias internas en la parte socialista–, y la ley de democracia en la empresa, para “impulsar una participación más eficaz de las personas trabajadoras en el ámbito de sus respectivas empresas, en consonancia con el artículo 129 de la Constitución Española”. Todas ellas con el rechazo de la patronal. 

Dada la dificultad del Gobierno para sumar mayorías parlamentarias, el Ejecutivo ha apostado por tramitar sus proyectos como real decreto, que no tienen que pasar por el Congreso. En temas laborales, es la vía por la que el departamento de Yolanda Díaz pretende aprobar varios cambios relevantes, como evitar la absorción de pluses salariales para amortiguar la subida del salario mínimo (que todo indica que la patronal llevará a los tribunales en caso de salir adelante), así como para transponer la Directiva Europea sobre condiciones laborales transparentes, por la que España ya se enfrenta a posibles sanciones de Bruselas debido al retraso en su implantación.

Aunque incluye algunos decretos en materia de salud laboral, en el Plan Normativo no figuran dos de los comprometidos con los sindicatos mayoritarios, para hacer frente al cambio climático y los riesgos psicosociales, que hace poco enfrentaron a CCOO con la vicepresidenta segunda. Desde el departamento de Díaz insisten en que el desarrollo de la norma se hará una vez se haya aprobado la ley en la cual se sustentan.

En Seguridad Social destacan que solo se prevén reales decretos, ninguna ley, aunque el Ministerio de Elma Saiz ultima al menos un real decreto ley para desbloquear la jubilación parcial de los empleados públicos. También se prevé que incluya más medidas, como una mejora del acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas. 

Tampoco hay rastro de normas sobre la incapacidad temporal, aunque el departamento de Saiz tiene una mesa de negociación abierta sobre este tema. Entre los reales decretos previstos destaca uno para reformar la jubilación flexible y otro para que cuenten como cotizados los años de actividad de deportistas profesionales (antes de que se integraran en la Seguridad Social).

Presupuesto sí, pero sin fecha

El Ejecutivo ha incluido en el plan normativo la aprobación de una Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero, por segundo año consecutivo, ha renunciado a concretar para qué año serán estas cuentas públicas, como sí se ha hecho en los programas de años anteriores, hasta el de 2025. O como se recoge en decretos específicos en el plan de este año, como el que elevará el salario mínimo para 2027.

Según detalla el documento, el objetivo de esta norma será “presentar la previsión cifrada y sistemática de los ingresos y gastos del ejercicio y fijar los créditos y normas que regulan la actuación administrativa en la distribución y gestión del gasto público”.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Presidencia, Félix Bolaños, insistió en que el Gobierno tiene la “voluntad” de aprobar unos Presupuestos, pero que “ahora no es el momento”. 

Es un discurso que llevan repitiendo en el Ejecutivo desde que estalló el conflicto en Oriente Próximo. “Vamos a presentar los Presupuestos, pero en este momento el Gobierno de España está centrado en la misma preocupación que tienen todos los españoles y españolas: cómo amortiguar las consecuencias de la guerra”, respondió el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en una entrevista con elDiario.es.

Sin marcarse plazos, el Gobierno ya ha dado por hecho que la elaboración de unas cuentas públicas se retrasará “semanas” o “meses”, toda vez que la guerra en Irán ha desbaratado las previsiones económicas del proyecto que dejó preparado la exvicepresidenta María Jesús Montero antes de salir del Ejecutivo para concurrir como candidata del PSOE en las elecciones andaluzas.

“Cuando tengamos un escenario macroeconómico actualizado y aterrizado en función de lo que prevemos que va a ser el resto del año, en base a este escenario presentaremos los Presupuestos”, dijo el vicepresidente Carlos Cuerpo la pasada semana. La actualización del cuadro económico es el primer paso para la elaboración de unas cuentas. Y si las previsiones se retrasan, también se retrasa el Presupuesto. 

Lo que sí contempla Hacienda aprobar este año son los cambios en el sistema de financiación autonómica. Lo hará mediante dos normas: una ley orgánica “con el objetivo de acometer una actualización y reforma del sistema de financiación autonómica para hacerlo más eficiente y equitativo”, de acuerdo al modelo que Montero acordó con ERC. Y otra ley que “regula” el modelo de reparto.

Mayor control a las inversiones extranjeras

En el plan normativo, el vicepresidente Cuerpo ha incluido la aprobación de una ley para reforzar el control de las inversiones extranjeras e incluir en la normativa española los cambios aprobados a escala europea. Entre otros, una supervisión férrea en ámbitos como las tecnologías de doble uso (civil y militar), las materias primas fundamentales o aquellas entidades críticas en sectores como la energía, el transporte, las infraestructuras digitales o algunas entidades financieras.

El Gobierno apunta en el plan normativo que reformará otros aspectos de la actual ley para “llevar a cabo un control más focalizado y efectivo, acorde a la coyuntura geopolítica actual”. En este sentido, también recoge el desarrollo, mediante real decreto, de un Comité de Inversiones Estratégicas, una promesa del presidente Pedro Sánchez del año pasado, para “facilitar y priorizar proyectos estratégicos” con capital nacional o foráneo y “agilizar” su puesta en marcha.

El programa incluye otras normativas que ya han comenzado su tramitación en el seno del Gobierno, como la de contratos de crédito al consumo, que ya pasó en primera vuelta por el Consejo de Ministros, o la transposición de numerosas directivas pendientes de incorporar. Según los datos del Ejecutivo, de las 179 normas (entre leyes orgánicas, leyes y reales decretos) que prevén aprobar este año, 61 (el 34%) derivan de regulaciones comunitarias.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que estaría dispuesto a realizar una revisión del salario mínimo interprofesional (SMI) para “hacer frente a las consecuencias” de la guerra de Irán sobre la inflación, ya que la ley permite hacer una revisión semestral de esta renta mínima.

“El Gobierno estaría dispuesto a tenerlo en cuenta”, ha expuesto este jueves durante la Comisión de Trabajo y Economía Social en el Senado, informa Europa Press, en la que ha trasladado el compromiso del Gobierno de seguir subiendo y adaptando el SMI a la realidad de cada momento.

De acuerdo con el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que regula el SMI, esta menor retribución posible se fijará tras una consulta con los agentes sociales –en el Gobierno han apostado desde 2020 por negociar con empresas y sindicatos, aunque los últimos solo los han firmado con los representantes de los trabajadores– y tendrá en cuenta la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), la productividad, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económmica.

Pero el mismo apartado señala la posibilidad de revisar la cuantía a los seis meses “para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado”.

El Gobierno aprobó una subida del SMI del 3,1% este año, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas, a través de un Real Decreto que se aprobó en febrero en Consejo de Ministros y que tenía carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.

“Es importante avanzar con un salario mayor”

El 'número dos' de Trabajo ha reivindicado en el Senado la necesidad de que los salarios se incrementen. En este sentido, ha recordado que España mantiene una brecha salarial con el resto de Europa “de un 20%”, pese a que el Gobierno ha hecho “todo lo que está en su mano” para incrementar el SMI, que ha subido un 64% desde 2018, dejando atrás los “indecentes” 700 euros en los que lo dejó el Partido Popular.

Sin embargo, ha recordado que la negociación colectiva es la que debe ahora actuar para subir el resto de los salarios, ya que el Gobierno no puede incidir sobre los salarios de las empresas privadas.

“Es muy importante que avancemos todos de la mano en un salario mayor que rompa nuestra brecha con Europa y que de alguna manera nos permita seguir avanzando en mejores condiciones de trabajo y empleo”, ha reivindicado.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.081 personas en marzo en Castilla-La Mancha con relación al mes anterior (-0,9%) hasta los 119.512 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en marzo la mayoría de veces en Castilla-La Mancha (17 veces) mientras que ha subido en 9 ocasiones.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 11.237 parados, lo que supone un 8,6% menos.

Datos por sectores, sexo y provincias

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 1106 menos (-1.26%); Construcción, 250 menos (-3.26%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 188 más (+1.83%); Agricultura, 69 más (+1.4%); Industria, 18 más (+0.17%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (86.340), Sin empleo anterior (10.442), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (4.994), Construcción (7.409), Industria (10.327).

En cuanto a sexos, de los 119.512 desempleados registrados en marzo, 78.110 fueron mujeres, 714 menos (-0,9%) y 41.402, hombres, lo que supone un descenso de 367 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,9%).

En marzo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 30 parados menos que a cierre del pasado mes (-0,3%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 1.051 desempleados (-0,95%).

El paro bajó en todas las provincias, siendo la mayor caída en Ciudad Real (-399), Albacete (-346), Cuenca (-124), Guadalajara (-118), Toledo (-94).

Contratación: el 58% son contratos temporales

En marzo se registraron 45.595 contratos en Castilla-La Mancha, un 14,2% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 19.936 fueron contratos indefinidos, cifra un 19% superior a la de marzo del año anterior y 25.659, contratos temporales (un 10,7% más).

Del número de contratos registrados en marzo, el 56,28% fue temporal (frente a un 58,42% del mes anterior) y un 43,72%, indefinidos (el mes precedente fue un 41,58%).

El Gobierno de Castilla-La Mancha lo valora positivamente

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, ha valorado que “además de bajar en términos mensuales, el descenso del paro en los últimos 12 meses en Castilla-La Mancha sitúa a la Comunidad Autónoma como la tercera región en la que más ha bajado el paro en términos interanuales, con una caída de 11.237 personas y del 8,59 por ciento que es además el descenso más pronunciado en la comunidad autónoma desde septiembre de 2023, consolidando la cifra más baja de desempleo en Castilla-La Mancha en marzo de los últimos 18 años”.

Esa caída interanual hace que hoy haya en Castilla-La Mancha menos paro que hace un año en todos los sectores económicos, con caídas muy importantes en agricultura (-12,65 por ciento) o en el sector de la construcción (-11,57 por ciento), así como en el sector servicios, donde el paro ha bajado en el último año en más de 8.000 personas.

CCOO: “La precariedad sigue teniendo rostro de mujer”

La central sindical CCOO de Castilla-La Mancha ha celebrado los datos de paro publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, destacando el descenso en todas las provincias.

Según el secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto“, marzo es un mes de recuperación típico en el que el empleo estacional reactiva el mercado laboral”.

Sin embargo, ha subrayado que lo que distingue este mes es que el descenso del paro es transversal a todas las provincias y que la contratación indefinida crece a doble dígito, lo que demuestra que la reforma laboral sigue dejando una huella estructural positiva en el mercado de trabajo regional, según ha trasladado CCOO.

Por otra parte, Del Puerto ha insistido en que “la precariedad sigue teniendo rostro de mujer en Castilla-La Mancha”.

“El empleo que se crea es mayoritariamente masculino en términos de jornada completa e indefinido, mientras que las mujeres siguen acumulando contratos a tiempo parcial y mayor temporalidad. La aprobación definitiva de la Ley de Igualdad Retributiva y el desarrollo de la Ley de Brecha salarial en la región son medidas urgentes que no pueden seguir esperando”, ha declarado en este sentido.

UGT reivindica más medidas para los parados de larga duración

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha destacado como dato muy positivo el descenso del paro entre los jóvenes y las mujeres, aunque ha recordado que, “de las 119.512 personas desempleadas registradas en marzo, 78.110 siguen siendo mujeres”.

“El mercado laboral continúa mostrando fortaleza, sin embargo, esta evolución positiva convive con fragilidades estructurales persistentes, que se reflejan claramente en las dificultades de acceso y estabilidad laboral que siguen afectando a la juventud y a las mujeres. Tenemos que reforzar las políticas activas de empleo”, ha planteado.

Carrascosa, también se ha mostrado cautelosa por las consecuencias que la guerra de Irán puede acarrear en los próximos meses en el empleo.

“A todo esto, se suma un factor externo de gran relevancia: la invasión de Irán, que puede impactar en el empleo en los próximos meses a través del encarecimiento del petróleo, y las presiones inflacionistas”, ha señalado en este sentido.

“Por todo ello, se deben redoblar esfuerzos para defender el poder adquisitivo en la negociación colectiva, reforzar la formación y la inserción laboral juvenil y reclamar medidas que protejan a las personas trabajadoras y a los sectores más vulnerables”, ha añadido.

La responsable de empleo del sindicato, considera “imprescindible” acometer algunas reformas que aprovechen el contexto de creación de empleo que atraviesa la economía española para reformar las políticas activas de empleo, seguir con la reducción del desempleo y fomentar la creación de puestos de trabajo en sectores de alto valor añadido.

“Todavía hay un margen importante para reducir el desempleo de larga duración, que afecta a las personas que llevan un año o más en desempleo y que dificulta su reinserción al mercado laboral. Esta problemática se extiende a casi 4 de cada 10 personas desempleadas. Por eso, se deben fortalecer las políticas activas de empleo mediante servicios públicos con orientación personalizada, programas mejor diseñados y un sistema de evaluación claro. Dotar de recursos adecuados a los servicios públicos de empleo es clave para lograrlo”, ha declarado la responsable sindical.

CSIF celebra el descenso de parados pero incide en la desigualdad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado el descenso de 1.081 parados en el mes de marzo en la comunidad autónoma.

El sindicato ha destacado que el sector Servicios ha liderado el incremento de puestos de trabajo (1.106) en un mes donde el paro ha descendido en todas las provincias “gracias a la celebración de la Semana Santa y el aumento de empleo que genera en ámbitos como la hostelería y el turismo”, mientras que el desempleo se incrementaba ligeramente en Industria y Agricultura.

Sin embargo, CSIF ha puesto el foco en las desigualdades de la contratación. Así, apuntan que “el aumento en 5.343 contratos en el Régimen General no ha estado acompañado de estabilidad: solo uno de cada cuatro contratos firmados (25,7%) fueron indefinidos a tiempo completo, y entre ellos el 72,3% lo ocuparon hombres, mientras que los fijos discontinuos supusieron el 30,3%”.

Señalan, que las jornadas parciales continúan siendo ocupadas mayoritariamente por mujeres, tanto en la contratación indefinida (73%) como en la temporal (64%), “mostrando un mes más las diferencias del mercado laboral de la región: las mujeres, que representan el 65,3% del paro registrado, se ven empujadas a aceptar empleos temporales o reducir sus horas de trabajo ante la necesidad de atender a hijos y familiares, lo que supone un obstáculo para la igualdad real, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral y personal”.

Andalucía encabeza la bajada del paro en marzo al registrar 8.836 desempleados menos que en febrero, lo que supone un descenso del 1,5% y sitúa el total en 579.638 parados, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con esta caída, la comunidad se posiciona como la que más contribuye al descenso del desempleo a nivel nacional.

Por provincias, el paro descendió en siete de las ocho provincias andaluzas, con Cádiz liderando la bajada (-2.352), seguida de Sevilla (-1.939), Málaga (-1.863), Granada (-1.187), Huelva (-1.021), Córdoba (-499) y Almería (-33). El desempleo solo aumentó en Jaén (+58).

En términos interanuales, el paro acumula una bajada de 63.584 personas, un 9,89% menos, consolidando la tendencia positiva del mercado laboral andaluz.

Por sectores, el desempleo descendió principalmente en Servicios, con 7.351 parados menos, seguido de la Construcción (-2.167) y la Industria (-527). En cambio, aumentó en Agricultura (+522) y en el colectivo Sin Empleo Anterior (+687). El sector servicios continúa concentrando la mayor parte del paro, con 402.338 desempleados.

El descenso del paro se dejó sentir en ambos sexos, aunque fue mayor entre las mujeres. Del total de desempleados, 356.643 son mujeres, tras una bajada de 5.746 (-1,58%), mientras que los hombres en paro se sitúan en 222.995, con 3.090 menos (-1,36%).

Por edades, el desempleo juvenil también registró una caída, con 442 parados menos entre los menores de 25 años, mientras que entre los mayores de esa edad el descenso fue de 8.394 personas.

A nivel nacional, el paro también bajó en marzo en 22.934 personas (-0,9%), hasta un total de 2,4 millones de desempleados, su nivel más bajo en este mes en los últimos 18 años. Andalucía, junto a Cataluña (-3.777) y la Comunidad Valenciana (-2.467), concentró buena parte de este descenso.

En cuanto a la contratación, en Andalucía se firmaron 292.542 contratos durante marzo, un 25,2% menos que hace un año. De ellos, el 42,7% fueron indefinidos (124.823), mientras que el 57,3% fueron temporales (167.719).

El refuerzo del registro de la jornada laboral propuesto por el Ministerio de Trabajo, pactado con los sindicatos mayoritarios, ha recibido dos importantes golpes. Los dos órganos consultivos que tenían que analizar el texto han resuelto desfavorablemente a la norma, tanto la Agencia de Protección de Datos como el Consejo de Estado. Este último con un dictamen muy duro y unánime en contra, que complica el futuro del reglamento.

La decisión del Consejo de Estado, presidido por la exministra socialista Carmen Calvo, se cerró el pasado jueves en su Comisión Permanente, como adelantó este medio. El órgano tuvo en cuenta el texto del real decreto, así como su memoria económica, y multitud de informes de distintos actores, tanto de los agentes sociales, como de distintas patronales y otros miembros del Gobierno.

Entre ellos, destacan los informes desfavorables del Ministerio de Economía, de Carlos Cuerpo, que llegó a emitir dos documentos contrarios a la norma. El primero, ponía en duda la validez legal del propio decreto, algo que después eliminó en su segundo informe. El Consejo de Estado concluye precisamente en este sentido.

También hay algunas reticencias de otros Ministerios, como el de Función Pública, que advierte de que el decreto afecta a su personal laboral y que requeriría de cambios en sus sistemas de control horario, para lo que pide un plazo “mínimo de un año” y denuncia que “existe un impacto presupuestario que no se ha valorado ni considerado en la memoria”.

El Consejo de Estado rechaza la legalidad del decreto

Entre las principales conclusiones del Consejo de Estado, se opone a la legalidad del real decreto. “Lo que puede la ley no lo puede el reglamento”, resume el órgano consultivo, que considera que el reglamento desarrollado por el Ministerio de Trabajo excede las competencias del real decreto y desarrolla elementos que exigirían de una ley, que no existe.

El Consejo de Estado recuerda que el Ministerio intentó tramitar los cambios en la ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media a la semana, pero esta fracasó en el Congreso por el no de PP, Junts y Vox.

El órgano considera, por un lado, que el reglamento no puede imponer un registro digital si no tiene una ley previa que explicite esta característica del control horario, algo en lo que discrepa un consejero, el exmagistrado y ministro de Justicia Fernando Ledesma Bartret (que no obstante, comparte el resto de reticencias y se posiciona en contra de la norma).

Pero no es el único elemento en el Consejo de Estado considera que se excede el decreto. “No se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”, recoge el dictamen.

La consecuencia sería “la nulidad por infracción del principio de legalidad” de gran parte del decreto, según el Consejo de Estado: “Afectaría a los artículos 1 a 7, al artículo 9 y a las disposiciones finales cuarta a sexta”.

Tampoco respeta la protección de datos

Entre el resto de reticencias del Consejo, destaca el rechazo de cumplimiento del nuevo registro horario de la legislación sobre protección de datos. El dictamen cita para ello la resolución desfavorable del otro órgano consultivo que tenía que examinar el decreto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

“El informe de la Agencia Española de Protección de Datos es desfavorable en relación con el cumplimiento del principio de reserva de ley al que se sujeta el tratamiento de datos personales”, indica. El informe negativo es del pasado mes de diciembre.

La Agencia advirtió de que el tratamiento de datos que se plantea precisa de un informe de los riesgos en materia de protección de datos, que no se había hecho, aunque fue incluido a posteriori por el Ministerio de Trabajo. Además, la AEPD expresó sus dudas “acerca de que la protección de los datos esté garantizada en relación con el acceso de terceros” al registro, “ya que no se justifica suficientemente que la representación de los trabajadores pueda acceder a todos esos datos”.

Aunque Trabajo insistió en la proporcionalidad de los datos exigidos y en su acceso por la representación de la plantilla, el Consejo de Estado estima que “los datos que ofrece la memoria no son suficientes como para justificar debidamente la iniciativa normativa adoptada, que incide en un derecho constitucionalmente garantizado a la intimidad de todos los trabajadores asalariados de España”.

Los sindicatos CCOO y UGT han lanzado un comunicado conjunto de rechazo al dictamen del Consejo de Estado, en el que entre otras cosas, carga contra su “llamativo” celo respecto a la protección de datos.

“La preocupación por la privacidad parece, en este caso, invertida: no se protege a las personas trabajadoras, sino que se corre el riesgo de proteger la identidad de las empresas incumplidoras, dificultando el acceso efectivo de la Inspección de Trabajo a los registros de jornada”, sostienen las organizaciones mayoritarias de trabajadores.

Se complica el futuro de la norma

Aunque el Consejo de Estado sea un órgano consultivo, su negativa es muy relevante y complica la viabilidad del decreto. De primeras, de cara a la propia aprobación del actual texto por el Consejo de Ministros, que todo apunta a que encontrará reticencias, por ejemplo, del Ministerio de Economía.

“Es normal, dentro de los procesos habituales, que los textos legislativos se vayan adaptando”, indican fuentes del departamento de Carlos Cuerpo, que indican que Economía está “a favor del objetivo perseguido por esta medida”, pero indica “la necesidad de facilitar a las empresas su adopción”, sobre todo a las pymes, con “periodos de adaptación suficientes que permitan que el control del registro horario sea sostenible y pueda ser un pilar para reforzar la reducción efectiva de la jornada laboral”.

En el Ministerio de Trabajo sostienen que tendrán “en cuenta los informes aunque solo sean consultivos”, pero matizan: “Siempre que no desnaturalicen la norma que el Ministerio quiere llevar a cabo, que es que se cumpla la jornada en España, que se garantice el cumplimiento estricto de las compensaciones por horas extras y obviamente que pueda ser revisada por la Inspección y en formato digital”.

El cualquier caso, la negociación con sindicatos “no se va a volver a abrir porque hubo una mesa de dialogo social que duró 11 meses y en la que se llegó a un acuerdo”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz.

Los sindicatos CCOO y UGT han insistido por su parte al Ejecutivo de coalición para que apruebe la medida pactada. “El Gobierno no puede ampararse en un informe no vinculante para incumplir los compromisos adquiridos en el marco del diálogo social ni para renunciar a su obligación de garantizar un sistema de registro que sea verdaderamente objetivo, fiable, accesible y no manipulable. Está en juego el respeto a los derechos de 16,6 millones de personas trabajadoras y la propia equidad del sistema económico”, sostienen.

Sin embargo, aunque saliera adelante el real decreto como está en el Consejo de Ministros, y se llegara a aplicar en la práctica, su futuro se complica ya que estos dictámenes contrarios allanan el camino a los recursos judiciales que pretende presentar la patronal contra esta medida.

Presión hasta el último minuto. El Consejo de Ministros extraordinario para abordar el decreto anticrisis por la guerra de Irán se ha retrasado dos horas ante la negativa de los miembros de Sumar a que diese comienzo si se deja fuera la prórroga de los contratos de alquiler y medidas de control a los márgenes empresariales. El Consejo de Ministros debía haber comenzado sobre las 9.30 horas y finalmente lo ha hecho pasadas las 11.30, pero todavía no hay acuerdo definitivo y seguirán negociando dentro, según fuentes del socio minoritario. Está previsto que a su conclusión comparezca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

[ACTUALIZACIÓN: El Gobierno acuerda congelar los alquileres y aprueba dos reales decretos-ley en respuesta a la crisis de Irán]

Los ministros de Sumar han defendido en los últimos días la prórroga de los alquileres. Es una medida que llevan reclamando desde octubre, vinculada a los 600.000 contratos que, según las estimaciones del Ministerio de Consumo, finalizan este año, encarando importantes subidas de precios. Desde el ala socialista han argumentado que el paquete de este viernes tiene que ser de consenso por la debilidad parlamentaria del Gobierno y temen que la inclusión de estas medidas pueda provocar que sea tumbado en el Congreso.

El plan anticrisis será un paquete similar al que ya se hiciera para otros conflictos como el de Ucrania y que incluirá distintas rebajas fiscales y medidas de estímulo para evitar una escalada de la inflación. Entre las medidas que se aprobarán está la rebaja del IVA de los combustibles al 10%, según ha adelantado la SER y ha confirmado elDiario.es en fuentes parlamentarias.

El Ministerio de Trabajo ha incluido asimismo la prohibición de despedir por causas objetivas derivadas de esta crisis a las empresas que reciban ayudas públicas para mitigarla, confirman fuentes del departamento de Yolanda Díaz, a falta de que se confirme cuando se celebre el Consejo de Ministros de este viernes.

A estas dos medidas se sumarán descuentos en los impuestos de la luz, así como una garantía de suministros, según fuentes parlamentarias. En concreto, el IVA de la luz y el gas será rebajado al 10%. Además se incluirá un refuerzo en el bono eléctrico y térmico.

El pasado verano, en medio del enorme ruido alrededor de las negociaciones por la reducción de jornada y la ampliación de los permisos por nacimiento, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, estaba contenta por otro asunto. Después de mucho tiempo de negociaciones con el Partido Socialista, el Estatuto del Becario por fin avanzaba en el seno del Gobierno. Esta semana el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley, que ya viaja al Congreso, donde espera otra intensa negociación. Será la última batalla legislativa de la ministra de Trabajo, que hace apenas unos días renunció a ser la candidata de la izquierda en las elecciones y que cerrará una etapa cuando termine la legislatura.

El Estatuto del Becario es una larga ambición para Yolanda Díaz, que ya intentó sacar adelante esta medida en la legislatura pasada. Se trata de una norma que busca regular nuevos derechos para los estudiantes, como la compensación de los gastos derivados de las prácticas, como el transporte. Es, como lo ha definido la propia ministra, un texto “que erradica y expulsa la precariedad de la vida de la gente trabajadora joven en España”.

Además de un conjunto de nuevos derechos para los estudiantes en prácticas, como a la compensación de gastos, a vacaciones y a una “tutorización adecuada”, la norma regula más límites para evitar los abusos y el fraude de los falsos becarios. Tanto del número de becarios que pueden tener las empresas, como de las horas que pueden realizar de prácticas. Además, aumentan las sanciones por abusos sobre esta figura, con multas de hasta 225.000 euros para situaciones de discriminación que les afecten. 

El fin último de la regulación es diferenciar a un estudiante en prácticas de lo que es un trabajador joven en formación, para lo que hay contratos laborales que “no se usan” apenas, denunció de nuevo esta semana la vicepresidenta Díaz, ya que muchas compañías prefieren acudir a esta figura de “gratis y sin derechos”.

Muy difícil que salga adelante en el Parlamento

El camino para llegar hasta la aprobación de esta ley en el Consejo de Ministros ha sido tortuoso y se prevé aún más difícil todavía su tramitación parlamentaria. Los primeros pasos de la negociación se empezaron a dar en 2022, con fuertes resistencias de la patronal. Y fue hacia finales de la pasada legislatura cuando la ministra de Trabajo pactó por primera vez con los sindicatos un texto definitivo, que generó muchas tensiones en el seno del Gobierno. De hecho, el acuerdo no llegó a fructificar con la convocatoria electoral anticipada de 2023. 

Tras una negociación de algo más de un año, la patronal se descolgó del acuerdo en la recta final. En la oposición a la norma han destacado los rectores de Universidades (CRUE), centros privados de formación y algunos sectores empresariales con un uso intensivo de becarios. Además, varios socios parlamentarios del Gobierno también rechazaron el texto pactado con los sindicatos, como el PNV.

A pesar de aquel acuerdo con los sindicatos, el texto no salió rápido al comienzo de la legislatura. Las tensiones con el PSOE impedían que la norma avanzara, mientras la vicepresidenta segunda centraba sus principales esfuerzos en impulsar la reducción de la jornada laboral. Hasta que el verano pasado las piezas comenzaron a encajar y los socialistas aceptaron tramitar el texto en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE), el paso previo para su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros. La vicepresidenta Yolanda Díaz celebró esta semana haber logrado poner fin a este “largo debate”. 

Tras resolver esas tensiones internas, el Gobierno envía ahora el texto al Congreso, donde el camino no será nada fácil. La norma de hecho no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante, como ya ocurrió con la reducción de jornada. Junts ya advirtió a finales del año pasado que no apoyaría nada que viniera del Ejecutivo, pero esta medida en concreto rechina todavía más a los siete diputados sin los cuales no hay mayoría para aprobar leyes en la Cámara Baja. 

Las reticencias en este caso no parten solo de Junts. Fuentes del diálogo social sostienen que la regulación encuentra grandes resistencias también entre otras fuerzas como el PNV, Esquerra Republicana o EH Bildu. El primer paso a partir de ahora será el debate de totalidad, aunque como suele ocurrir con el resto de leyes, la mayoría progresista de la mesa no forzará ese paso hasta que no avancen los apoyos. 

Ya ocurrió con la reducción de jornada, el gran proyecto de Yolanda Díaz para la legislatura, que quedó en vía muerta por el rechazo de Junts. La vicepresidenta segunda no impulsó el debate de totalidad, el primer trámite parlamentario, hasta que no tuvo atados todos los apoyos menos los de los independentistas catalanes. Finalmente forzó el debate para obligarles a retratarse y votar en contra de una norma que, según sus cálculos, tenía una gran aceptación también entre el electorado de derecha. 

Las últimas batallas de Trabajo

Tras la derrota parlamentaria de aquella medida, Díaz decidió impulsar el registro horario de forma separada, de modo que no tenga que pasar por el Congreso. El proceso ya está en marcha, aunque se ha demorado varios meses, a la espera de que concluya el estudio de la norma por parte del Consejo de Estado. En paralelo a aquella negociación, la vicepresidenta sí consiguió sacar adelante la ampliación de permisos por nacimiento y cuidado, una medida que también se había estirado durante años, también bloqueada por los socialistas. Será esta medida seguramente el gran legado de la vicepresidenta durante esta legislatura, junto a las nuevas subidas del salario mínimo. Ya que, si todo va como parece, el Estatuto del Becario morirá de nuevo en el Congreso a la espera de una mayoría más favorable, improbable según el escenario que dibujan todas las encuestas. 

Además, la vicepresidenta segunda pretende ampliar los permisos por fallecimiento a 10 días y crear un nuevo permiso por cuidados paliativos, una medida que no cuenta con el respaldo de la patronal y que también tiene que pasar por el Parlamento, por lo que su futuro también es incierto.

La ministra impulsa la negociación del Estatuto del Becario apenas unos días después de haber anunciado que ya no aspirará a ser la candidata de la izquierda en las próximas elecciones. Tras varios meses de reflexión, Yolanda Díaz anunció la decisión en un comunicado en el que no explicó demasiado las razones, aunque los motivos personales han pesado sustancialmente a la hora de poner fin a una etapa que se cerrará definitivamente con el fin de la legislatura. 

No tiene previsto volver a repetir como ministra aunque diesen los números para reeditar el Gobierno de coalición, por lo que este proyecto de ley que ya empieza a tramitarse será seguramente su última gran batalla en el legislativo. Díaz culminará así una larga etapa al frente del Ministerio que deja un extenso legado, con la reforma laboral, la aplicación de los ERTE en la pandemia, la Ley Rider o, en esta legislatura, la ampliación de los permisos de nacimiento y cuidado.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley conocido como ‘Estatuto del Becario’. Pactado hace más de dos años por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, sin el apoyo de los empresarios, el Gobierno manda así la legislación al Congreso de los Diputados para su tramitación, que se prevé muy complicada debido a las fuertes resistencias que enfrenta la norma en ciertas empresas y en los rectores de las universidades. Se trata de nuevos derechos para los estudiantes en prácticas, como a la compensación de gastos y a vacaciones, así como más límites para evitar los abusos y el fraude de los falsos becarios.

El Gobierno ha dado este martes su segunda luz verde a la regulación, tras la primera en el mes de noviembre, lo que dirige el proyecto de ley al Parlamento. Ayer, lunes, el Ministerio de Juventud liderado por Sira Rego presentó además un nuevo buzón de denuncia para que los becarios y becarias puedan denunciar irregularidades de manera anónima, que se comunicarán a la Inspección de Trabajo.

El Ministerio de Trabajo cifra el colectivo de becarios y becarias en casi dos millones de jóvenes –algo más de “1,7 millones”– en referencia a los estudiantes en prácticas sin remunerar dados de alta en los dos últimos años desde que es obligatoria la cotización. “Un sector marcado por la precariedad y la falta de derechos. Eso es lo que vamos a solucionar hoy”, apuntan desde el departamento de Díaz.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha recordado que esta ley es un compromiso previsto dentro de la reforma laboral de 2021, “una norma que erradica y expulsa la precariedad de la vida de la gente trabajadora jóven en España”. Díaz ha enfatizado que las prácticas deben ceñirse a una formación “de excelencia”, pero no un trabajo, para lo que ya existen los contratos formativos, que apenas se utilizan en nuestro país. “Y no se usan sencillamente porque el campo está abonado para el abuso” en la figura de los becarios, ha resumido la responsable de Trabajo.

Nuevos derechos para los estudiantes

El Estatuto del Becario (en realidad denominado Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en empresas, instituciones u organismos públicos o privados) regula nuevos derechos para los estudiantes, entre los que destacan la compensación de todos los gastos derivados de las prácticas, como por ejemplo en el transporte y la manutención.

Ahora, las empresas no tienen obligación en este sentido y solo hay una minoría de estudiantes que recibe alguna compensación económica por sus prácticas. Según los primeros datos disponibles, de 2024, en España había casi un millón de becarios que no cobran nada, el 80% del total. El texto también prohíbe explícitamente que los estudiantes tengan que pagar por hacer prácticas, una situación que ocurre en ocasiones, como denuncian los sindicatos.

Además, se regulan entre otros los derechos de los becarios a vacaciones y festivos como el resto de la plantilla, a la protección de su salud, y a todos los servicios con los que cuenten las personas trabajadoras en el centro de trabajo, como la restauración, zonas de descanso y aparcamientos.

También, el derecho a una “adecuada tutorización” de los estudiantes, con el objetivo de garantizar que las prácticas sean parte de la formación y aprendizaje de los jóvenes, y no un empleo sin los derechos de los trabajadores. Los tutores podrían tener un máximo de cinco estudiantes a cargo, o tres en el caso de las pequeñas empresas. En este sentido, la ley incluye la obligación de informar por escrito a la representación legal de la plantilla del número de becarios y de sus condiciones.

Yolanda Díaz ha sostenido que la norma es “controvertida” porque “se lucha contra la precariedad” y hay “fuelles que se resisten”, que hoy se aprovechan del recurso a unos “dos millones de personas trabajadoras gratis, sin derechos”.

Más límites y sanciones ante abusos

Por otro lado, el proyecto de ley tiene entre sus principales objetivos “impedir el fraude” y los abusos en las prácticas, destacan en el Ministerio de Trabajo. “No pueden ser un refugio para evitar contratos laborales o tener trabajadores con contratos low cost”, insisten en el departamento de Díaz.

La norma regula nuevas restricciones en la utilización de estudiantes en prácticas por parte de las empresas y otras instituciones. Los becarios solo podrían suponer un 20% del total de trabajadores, aunque se permitiría en todo caso que haya dos, con la mirada puesta en que las pequeñas empresas también puedan ofrecer prácticas.

También se estipula un máximo de horas de prácticas que podrían realizar los estudiantes. Para las prácticas curriculares, no podrían superar el 25% de las horas que componen los créditos de la titulación. En el caso de los másteres y doctorados, el máximo se amplía al 33%.

Respecto a las prácticas no curriculares, aquellas que no forman parte del currículo educativo de los títulos formativos y que los sindicatos querían eliminar por considerarlas un foco generalizado del fraude de falsos becarios, el límite previsto es “del 15% de las horas” de la titulación, con un máximo en todo caso de “480 horas”.

El proyecto de ley precisa que “se presumirá que existe relación laboral”, es decir, que se trata de un trabajador y no de una persona becaria, “cuando la actividad desarrollada sustituya las funciones de una persona trabajadora por cuenta ajena o cuando no exista una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa y el programa, currículo o competencias incluidas en el itinerario formativo al que está asociada la práctica”.

El texto incluye también nuevas sanciones que podrá imponer la Inspección de Trabajo, como multas de hasta 7.500 euros por incumplir los nuevos derechos de los becarios y de hasta 225.000 euros para situaciones de discriminación que les afecten.

“Es la reforma laboral de la gente joven, lo están esperando”, ha destacado la vicepresidenta Yolanda Díaz. “El Gobierno de España hace lo que tiene que hacer”, ha sostenido la líder de Sumar en el Gobierno y ha emplazado ahora a pronunciarse al resto de las formaciones políticas en el Parlamento. En concreto, ha señalado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha preguntado si “está del lado de la juventud” o si “va a volver a golpearles en la cara”, como hizo el PP al intentar tumbar la reforma laboral.

El paro subió en febrero en Cantabria un 1,23%, con 372 desempleados más que en enero, mientras que en el conjunto del país aumentó un 0,5%, 3.584 parados más, según los datos que publica el Ministerio de Trabajo.

Cantabria cerró febrero con 29.384 desempleados, que suponen un 1,99% menos que los del mismo mes de 2025.

La afiliación a la Seguridad Social en febrero se incrementó respecto a enero levemente, en un 0,34%, hasta llegar a los 232.747 afiliados, que suponen un 1,23% más que el mismo mes del año anterior.

Del total de afiliados, 41.014 son autónomos, según los datos de la Seguridad Social.

El paro subió en once comunidades respecto a enero y Cantabria fue la tercera en la que más se incrementó después de Aragón, con un 1,57% y la Comunidad de Madrid, con un 1,33%.

En el otro extremo, con los mayores descensos, se situaron Islas Baleares (-2,52%) y Asturias (-1,14%).

El paro creció en el sector servicios, en 281 desempleados, y entre el colectivo sin empleo anterior, en 125, pero cayó ligeramente en la construcción (13 menos), la industria (9 menos) y la agricultura (13 menos).

De las 29.384 personas inscritas como desempleadas en las oficinas de empleo de Cantabria, 12.042 son hombres y 17.342 mujeres.

De ese total 2.319 son menores de 25 años, en este caso más hombres (1.287) que mujeres (1.032).

Entre los extranjeros, el desempleo creció en 40 personas, un 1,21%, y descendió más en términos anuales, un 3,51% (122 parados menos), hasta los 3.356.

Crece la contratación indefinida

En Cantabria se firmaron en febrero 1.586 contratos menos que en enero, lo que representa un descenso del 12,98% frente a la caída nacional del 3,83%.

Comparados con el año anterior aumentaron un 5,62% hasta los 10.634 contratos en Cantabria, más que la media (1,87%).

Del total se contratos suscritos el mes pasado en la comunidad autónoma, 7.295 fueron temporales frente a 3.339.

Sin embargo, el número de contratos indefinidos creció tanto mensualmente (4,84%) como en la comparativa anual (9,01%). También se incrementaron en el conjunto de España pero menos que en Cantabria (2% mensual y 2,56% anual).

Prestaciones

De acuerdo con los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, que corresponde a enero, en Cantabria tenían cobertura por desempleo ese mes 15.822 desempleados.

De ese total, 11.446 percibían una prestación contributiva. 4.351 un subsidio y 25, una renta activa de inserción.

El gasto en prestaciones fue de 25,4 millones de euros, de los que 18,3 millones corresponden a las prestaciones contributivas.

El compromiso del Gobierno de España con la economía social “se ha reforzado de manera clara y sostenida” en los últimos años, situando este modelo productivo como uno de los ejes estratégicos de la política pública, con la igualdad de género como principio transversal. Así lo defiende Aicha Belassir, directora general de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES).

Uno de los hitos más relevantes de este recorrido ha sido la incorporación expresa de la economía social en la denominación del propio Ministerio, a lo que se suma la reciente aprobación en el Congreso del Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social. A ello se añade un compromiso presupuestario “sin precedentes”, articulado a través de convocatorias anuales de subvenciones y de instrumentos como el Plan Integral de Impulso a la Economía Social, financiado con fondos Next Generation en el marco del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados.

“El apoyo público debe entenderse como una palanca que contribuye a poner en marcha y fortalecer proyectos con impacto, siempre desde una lógica de autonomía y sostenibilidad a medio y largo plazo”, subraya Belassir, quien destaca iniciativas como WeCoop Mujeres ESS, fruto de la colaboración público-privada. “Proyectos como WeCoop no solo dan visibilidad al liderazgo femenino, sino que generan herramientas, redes y oportunidades tangibles”, señala Belassir, como ejemplo de respaldo institucional a un modelo económico más inclusivo.

En ese sentido, la directora general de la Economía Social subraya que “sostener este tipo de proyectos es coherente con nuestro compromiso con una economía más democrática, más inclusiva y arraigada en el territorio”. Este tipo de proyectos, añade Belassir, “contribuyen a corregir desigualdades estructurales que históricamente han limitado la presencia de las mujeres en los espacios de decisión económica”.

Liderazgo femenino con impacto en el territorio

Al hilo, la directora general recuerda que la actualización de la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027 refuerza de manera explícita el papel activo de las mujeres en este ámbito, con medidas orientadas a la reducción de las brechas de género, el acceso equitativo a la financiación y la promoción de su presencia en los órganos de decisión de las entidades.

Desde el MITES insisten en que la economía social y solidaria solo puede avanzar “si incorpora de forma real y visible la participación activa de las mujeres”. Según explica Belassir, el apoyo del Ministerio a través del Plan Integral de Impulso a la Economía Social está teniendo efectos claramente visibles en proyectos impulsados por mujeres. “Estamos viendo el nacimiento y la consolidación de iniciativas que amplían su impacto y que inciden directamente en la mejora de las condiciones de vida de otras mujeres, especialmente en ámbitos como el empleo, el emprendimiento colectivo o el acceso a redes”, señala.

WeCoop es uno de los ejemplos que, a su juicio, se enmarcan en esta visión, al haber permitido “fortalecer liderazgos femeninos y generar dinámicas de cooperación con impacto real en los territorios”.

Más allá de la financiación

El respaldo institucional a este tipo de proyectos se articula no solo a través de recursos económicos, sino también mediante un acompañamiento continuado. Desde el Ministerio se trabaja para reforzar la autonomía de las entidades, aumentar su visibilidad, fomentar redes entre proyectos y facilitar su consolidación y replicabilidad.

Este enfoque se apoya en la colaboración público-privada como elemento clave del ecosistema de la economía social. Para Belassir, estas alianzas aportan un valor añadido fundamental a cooperativas, pymes y proyectos de inclusión social, al permitir sumar capacidades, recursos y miradas diversas. “No se trata únicamente de financiar iniciativas, sino de acompañarlas y fortalecerlas como parte de una estrategia de país”, afirma.

El impulso a proyectos liderados por mujeres en la economía social también está teniendo efectos en ámbitos estratégicos como la innovación, la transformación digital y el desarrollo rural. Desde el Ministerio destacan que estas iniciativas demuestran que “la innovación no es solo tecnológica, sino también social y organizativa, al introducir nuevas formas de producir, cooperar y tomar decisiones desde una lógica orientada al bienestar colectivo”.

La directora general de la Economía Social remarca que muchas de ellas están liderando procesos de digitalización inclusiva, transición ecológica y nuevos modelos de cuidados desde una perspectiva de proximidad y arraigo territorial. “En el medio rural, además, contribuyen a fijar población y a generar empleo estable, especialmente femenino”, reforzando la cohesión social y territorial.

Retos pendientes y mirada a futuro

Desde su responsabilidad al frente de la Dirección General de la Economía Social y de la RSE, Belassir destaca el trabajo realizado en los últimos años para mejorar los procedimientos, reforzar la transparencia y garantizar la eficacia de las políticas públicas. Entre los avances, señala la actualización normativa, el refuerzo de la inversión pública, la recuperación de estadísticas y el desarrollo de herramientas de análisis y evaluación del impacto de la Estrategia Española de Economía Social.

Pese a los avances logrados, Belassir reconoce que persisten retos relevantes en el ámbito de la economía social. De todos ellos, destaca “el acceso estable a la financiación, la escalabilidad de los proyectos o la superación de barreras estructurales que afectan especialmente a las mujeres”. En este escenario, añade la directora general, la colaboración con la administración pública resulta clave, sobre todo en las fases iniciales, cuando “el apoyo institucional puede marcar la diferencia entre una buena idea y una iniciativa viable”.

El objetivo, en definitiva, es “acompañar en la génesis y las primeras etapas de desarrollo, creando así las condiciones necesarias para que, una vez consolidados estos proyectos, avancen hacia una mayor autonomía y una mayor sostenibilidad”. El modelo por el que apuesta el Ministerio busca ser “más dinámico y circular”, fomentando que los proyectos consolidados actúen como referentes y apoyo para nuevas iniciativas, fortaleciendo así el conjunto del ecosistema de la economía social.

Un mensaje a las mujeres emprendedoras

De cara al futuro inmediato, las prioridades pasan por consolidar estos avances, dotar a la economía social de mayor visibilidad, seguridad jurídica y reconocimiento institucional, así como reforzar su proyección como pilar estratégico del desarrollo económico y social, “posicionando a España como un referente europeo e internacional” en este ámbito.

Como integrante del grupo MujerES LíderES de la Economía Social y reconocida entre las 100 mujeres más influyentes en empresas sociales en Europa, Belassir lanza un mensaje de confianza y ambición colectiva: “Animo a las mujeres a creer en sus proyectos, apostar por la profesionalización, tejer redes y asumir espacios de responsabilidad”, concluye la directora general, subrayando que su participación activa es imprescindible para construir un modelo económico más inclusivo y orientado al interés general.

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han firmado este martes un acuerdo para reforzar y modernizar la prevención de riesgos laborales, con el objetivo de reducir los accidentes y las muertes laborales, que alcanzan a más de 700 personas cada año. Aunque el pacto se compromete a reformar la Ley en esta materia, de 1995, de difícil recorrido parlamentario por la falta de consenso con los empresarios, también prevé varios reglamentos, que solo dependen del Gobierno, en asuntos clave como la salud mental y el cambio climático.

“Hoy el trabajo sigue siendo un lugar que desgasta y enferma”, ha sostenido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un acto en el que ha subrayado que “una democracia no se puede permitir” las actuales cifras de siniestralidad laboral.

La ministra de Trabajo ha suscrito el pacto con los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), sin los empresarios, que se han descolgado del acuerdo al final de la negociación de más de 15 meses. “Lamento hoy que la patronal no esté en esta firma. Esta no es una política de partido, sino de Estado”, ha sostenido Yolanda Díaz, que ha criticado que la patronal “no está haciendo lo correcto”. “Es imperdonable”, ha sentenciado por su parte Pepe Álvarez.

Según fuentes del Ministerio de Trabajo, la idea es aprobar primero un Anteproyecto de ley que modernice la actual Ley de Prevención de Riesgos laborales, que debe contar con el respaldo del Parlamento para salir adelante, y después desarrollar los reglamentos pactados con los sindicatos.

En caso de bloqueo parlamentario, que en Trabajo insisten en que confían en que no se produzca aunque es la tónica habitual en el Congreso, los reglamentos permitirían al Ministerio aprobar al menos algunos cambios legales. En esta última posibilidad han insistido en CCOO y UGT, que han arrancado el compromiso de varios reglamentos. Los sindicatos exigen al departamento de Yolanda Díaz que las modificaciones acordadas no queden en papel mojado.

Más prevención en salud mental: “No podemos normalizar la ansiedad”

Los cambios normativos pactados van dirigidos a actualizar la regulación de prevención de riesgos laborales en varias direcciones. Desde que se tenga en cuenta la perspectiva de género y la edad de las plantillas, ahora muy pensada para un trabajador prototipo hombre (generalmente joven), hasta que se mejore la coordinación de las medidas preventivas cuando hay varias empresas involucradas a través de la subcontratación, así como las exigencias a los servicios de prevención ajenos.

También, de manera muy destacada, para actualizar la prevención de los trabajadores ante nuevos riesgos laborales que han ido surgiendo en las últimas tres décadas. Entre ellos, los riesgos psicosociales acentuados por la digitalización, que están detrás de muchas dolencias y bajas por salud mental, disparadas en los últimos años.

“No podemos seguir normalizando el agotamiento y la ansiedad”, ha afirmado Yolanda Díaz, que ha subrayado que no son un problema “individual”, sino en muchos casos un riesgo laboral y un problema colectivo del conjunto de la sociedad.

Unai Sordo ha destacado la necesidad de prevenir ante riesgos ligados a la digitalización, como el control y gestión a través de algoritmos y la Inteligencia Artificial, que cada vez alcanzan a más población trabajadora. Entre los reglamentos previstos en el acuerdo sindical, hay uno expresamente sobre riesgos psicosociales.

Sordo además ha emplazado al Ministerio a acometer “medidas valientes” para aflorar uno de los principales focos de siniestralidad, hoy invisible: las enfermedades profesionales. En concreto, ha exigido que se tomen medidas para identificar los cánceres de origen profesional, la principal causa de muerte en el trabajo en Europa, y que en España adolece de un “nivel de subregistro gigantesco”. Para ello, ha reclamado que se ponga en marcha un registro de trabajadores expuestos a agentes cancerígenos.

Protección ante catástrofes como la DANA

El pacto también busca enfatizar la prevención de los trabajadores ante los riesgos vinculados al cambio climático, como las temperaturas extremas y catástrofes como la DANA que asoló Valencia hace algo más de un año. En este punto, el acuerdo con CCOO y UGT incluye otro desarrollo reglamentario con medidas preventivas frente al cambio climático.

Las partes también han pactado reforzar la formación en prevención, el papel de las personas trabajadoras con funciones preventivas dentro de las empresas, incluso cuando hay externalización del servicio de prevención, y la eficacia de los propios servicios de prevención ajenos, para mejorar su calidad y que no sirvan solo para “cubrir el expediente y evitar la multa”, como denuncian fuentes sindicales.

“El objetivo es que nadie más muera en su puesto de trabajo”, ha afirmado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha subrayado que esta será la “ley más importante”, por afectar a la salud y la vida de las personas trabajadoras, y que llega seis años después del inicio de su mandato.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que ya ha dictado un criterio para blindar el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025, tras haber tumbado la derecha parlamentaria su prórroga en el macrodecreto de pensiones. Repite así la operación del año pasado, cuando se produjo la misma situación.

“No se preocupen, tranquilidad. Ya hemos dictado un criterio para que esto [el SMI] se preserve”, ha afirmado Yolanda Díaz en los pasillos del Congreso.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que el criterio va en el mismo sentido que el del año pasado. En el inicio de 2025 ocurrió lo mismo. La derecha tumbó el llamado decreto ómnibus de final de 2024, en el que iba la prórroga del SMI y la subida de pensiones, entre muchas otras medidas sociales.

Ante las interpretaciones de que esta situación dejaba a España sin salario mínimo legal, Trabajo lanzó la mencionada instrucción.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es tenían interpretaciones distintas sobre qué repercusión puede tener la derogación de la prórroga del SMI. Mientras alguna considera que sí puede dejar a España en un vacío legal temporal, sin un salario mínimo durante algunos días, otras entienden que el derecho constitucional a una remuneración suficiente impide que España se quede sin este suelo salarial.

Qué dice el criterio de Trabajo

En primer lugar, el criterio recuerda a las empresas que no pueden rebajar los salarios de los contratos ya vigentes aunque haya decaído la prórroga del SMI, indican fuentes del Ministerio de Yolanda Díaz.

Además, el documento advierte de que el Gobierno va a aprobar el nuevo salario mínimo interprofesional de 2026 (que subirá a un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos al mes) con efectos retroactivos, con fecha de 1 de enero de 2026. Trabajo indica que esto eliminaría los efectos de este periodo de pérdida de vigencia del SMI.

Por último, el Ministerio de Trabajo advierte de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigila el cumplimiento de las normas laborales para preservar los derechos de las personas trabajadoras. Entre ellos, el derecho “de percibir puntualmente la remuneración pactada”, que el departamento de Yolanda Díaz recuerda que no puede “verse mermado” por la anulación de este real decreto ley.

Díaz: El PP ha “golpeado a los trabajadores y trabajadoras”

Yolanda Díaz ha sido muy crítica con el 'no' del Partido Popular al macrodecreto de pensiones y del escudo social, dentro de “las derechas” que han tumbado el real decreto ley.

“Estamos ante 137 diputados y diputadas que golpean a los trabajadores y las trabajadoras”, ha criticado Díaz en los pasillos del Congreso, así como a “diez millones de pensionistas”.

“No podían ni aplaudir, porque saben que lo que aprueban es una vergüenza”, ha respondido Díaz, que no ha respondido sobre cuándo aprobará el Gobierno un nuevo decreto ley para aprobar de nuevo la subida de las pensiones y el resto de las medidas sociales del decreto.

España cerró 2025 con un hito que llevaba casi 18 años sin verse en el mercado laboral: la tasa de paro se situó por primera vez desde 2008 por debajo del 10%, en el 9,93%, y creó más de 600.000 empleos en todo el ejercicio, dejando el número de ocupados en 22.463.300 personas, un nuevo récord histórico de empleo.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes muestran que España comienza a restañar las heridas que la crisis de 2008 dejó en el mercado laboral del país. La menor tasa de paro registrada en lo que va de siglo fue el 7,93% del segundo trimestre de 2007. A partir de entonces la referencia se disparó hasta rozar el 27% en el primer trimestre de 2013.

El gráfico sobre estas líneas muestra la importancia del hito. En cuarenta años, España solo ha conseguido estar por debajo de esta barrera en dos periodos distintos. Uno fue durante el franquismo, donde se explica por la reducida población activa. Y otro durante la burbuja inmobiliaria, un momento excepcional que, luego se demostró, tenía los pies de barro.

El año 2025 fue un grandísimo año para el empleo, con la creación de 605.400 puestos de trabajo, de los 306.200 fueron de mujeres y 299.200, de hombres. Fue el mejor año desde 2023, cuando el mercado laboral sumó casi 750.000 trabajadores. Y son cifras equiparables a las de 2006, cuando España añadió 686.200 empleados.

Las cifras de paro fueron más modestas, con una reducción de algo menos de 120.000 personas en todo el año. Pero esto se debe, fundamentalmente, al gran salto que ha dado la población activa (es decir, aquella en edad y con disposición de trabajar), que rozó los 25 millones. El mercado laboral español nunca había sido tan grande y 2025 fue el segundo año desde la burbuja con un mayor aumento del número de efectivos en la economía.

Los buenos datos implican que el número de hogares con todos sus miembros en paro se redujeron en 61.200, hasta los 772.300; mientras que los hogares con todos sus miembros ocupados aumentaron en 262.900, hasta superar los 12 millones (12.166.300).

El cuarto trimestre del año sumó 76.200 ocupados y restó 136.100 personas en desempleo, dejando la cifra en un total de 2.477.100 personas desempleadas. En términos de creación de empleo, el cuarto trimestre de 2025 fue el mejor desde 2019, exceptuando 2020 y 2021, todavía muy influidos por los efectos de la pandemia. En lo que respecta a la reducción del paro fue ligeramente peor que el cierre de 2024, pero muy por encima de los datos a los que acostumbraba el mercado laboral antes del COVID-19.

Mejora la calidad del empleo

En el cuarto trimestre de 2025 el empleo tuvo nombre femenino, ya que se crearon más puestos de trabajo entre las mujeres (55.800) que entre los hombres (20.400). También fue más fuerte entre la población extranjera (52.500) que entre las personas nacidas en España (23.700).

Por sectores, la fuerza de la campaña navideña y de hitos vinculados al comercio como el Black Friday disparó el empleo en el sector de los Servicios (78.300 ocupados más), pero también hubo más trabajadores tanto en la Agricultura (33.400) como en la Construcción (2.300). Solo se redujo en el ámbito de la Industria, con una caída de 37.800 puestos de trabajo.

El empleo a tiempo completo disminuyó en 115.600, mientras que aumentaron las jornadas a tiempo parcial en 191.800. El número de asalariados sumó 51.300 personas, pero la composición arrojó una mayor calidad: los contratos indefinidos sumaron 127.900 más, en tanto que los temporales cayeron en 76.500. El número de trabajadores por cuenta propia creció en 22.300. La tasa de temporalidad del sector privado se situó en el 12,4%. Asciende al 15,1% al incorporarse los trabajadores de las Administraciones Públicas.

En cuanto al paro, en el cuarto trimestre el de mujeres cayó en 109.000, mientras que el de hombres se redujo en 27.100. Más entre los españoles, incluidas dobles nacionalidades, (107.700) que entre los extranjeros (28.300). Fundamentalmente, uno de cada dos parados salieron del sector Servicios (65.400 menos).

Por comunidades, la mayor de creación de empleo en el trimestre se dio en la Comunidad de Madrid (59.300 más), mientras que la temporada baja en las Islas Baleares supuso una caída de 57.900 ocupados.

La mayor bajada del paro se registró en la Comunitat Valenciana (39.000 desempleados menos), mientras que el mayor aumento se dio, también, en las Islas Baleares, por el impacto de la estacionalidad (10.800 más).

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado que el mercado laboral es el que está tirando del crecimiento económico. “La reforma laboral, subir el salario mínimo, proteger a la gente trabajadora claro que es eficiente. (...) No es solo que tengamos más empleos, sino empleos de mayor calidad. Es la característica que creo que está permitiendo que España vaya hoy mejor económicamente”, ha dicho en una entrevista en RNE tras conocerse las cifras del INE.

Por su parte, en una valoración remitida a los medios de comunicación, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha celebrado los buenos datos de empleo. “Es un mercado laboral más fuerte, más estable, con un empleo de mayor calidad y que sienta una base sólida para seguir ampliando el bienestar de todos los ciudadanos”, ha asegurado.

El Ministerio de Trabajo ha planteado este lunes a las patronales una nueva ayuda fiscal a las empresas ligada a la subida del salario mínimo interprofesional del 3,1% este año, hasta los 1.221 euros brutos al mes. La medida, que está pactando el departamento de Yolanda Díaz con el de Hacienda, liderado por la vicepresidenta María Jesús Montero, trata de lograr el apoyo de las patronales CEOE y Cepyme a este nuevo alza del SMI, algo solo se ha producido un año, en 2020.

A la espera de que se cierre la negociación con Hacienda, Trabajo ha explicado que la ayuda fiscal consistiría –en principio– en una bonificación o algún tipo de incentivo en el Impuesto de Sociedades a las empresas “más afectadas” por la subida del salario mínimo.

Esa “afectación” de las empresas no se ha clarificado todavía, aunque en Trabajo han señalado que puede orientarse a aquellas con más trabajdores que cobran el salario mínimo y que son intensivas en mano de obra.

El incentivo, que Trabajo tampoco ha cuantificado, estaría condicionado a dos circunstancias: que las empresas mantengan el empleo y que reduzcan a futuro la cantidad de plantilla que cobra el SMI, el sueldo más bajo legal.

Un incentivo fiscal “para subir salarios”

“El mensaje no es sigan pagando el salario mínimo”, ha afirmado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que ha precisado que Trabajo y Hacienda trabajan para afinar la ayuda fiscal de manera que no incentive que las empresas se mantengan en el SMI.

“Nos interesa que remonten el salario mínimo, que tengan un estímulo que pueda compensar la subida de SMI de este año, pero que estimule a avanzar en esa escala salarial” en los años siguientes, ha explicado Pérez Rey.

La representante de la patronal CEOE, Rosa Santos, así como los portavoces de los sindicatos, Javier Pacheco (CCOO) y Patricia Ruiz (UGT), han explicado que la oferta del Ministerio ha sido “verbal”, algo que han criticado por la falta de concreción.

Así, los agentes sociales han pedido a Trabajo “los detalles” de la medida para poder valorarla. Se prevé que la concreción se produzca en los próximos días y que las partes vuelvan a reunirse el próximo jueves para intentar alcanzar un acuerdo tripartito.

La ayuda fiscal está condicionada a que las patronales entren en el acuerdo para subir el SMI. De lo contrario, el incentivo público a las empresas decaería. El 'número dos' de Yolanda Díaz ha argumentado que la iniciativa trata de “convertir la política salarial en un asunto de Estado”, involucrando también a las empresas en esta meta.

Desde los sindicatos CCOO y UGT han subrayado que la medida, que supondría bonificar a las empresas con dinero público las subidas salariales, no es “cómoda” para sus organizaciones. Sin embargo, han afirmado que analizarán la iniciativa y que la considerarán de cara a tratar de alcanzar el consenso en el diálogo social en la subida del SMI, que no se logra desde 2020.

No habrá actualización de los contratos públicos

La oferta del Gobierno sustituye a otra medida que Trabajo y Hacienda estaban negociando en las últimas semanas: la posibilidad de actualizar los contratos públicos ya asignados a las subidas del salario mínimo. Reclamación constante de las patronales de empresarios, así como de los sindicatos, Trabajo ya se había mostrado partidaria de ello, frente a la negativa de Hacienda, y finalmente no ha salido adelante.

Pérez Rey ha sostenido que esta ayuda fiscal es “más ambiciosa” que la indexación de los contratos públicos al SMI, ya que afecta a más sectores y no solo a los que licitan con la Administración Pública.

El secretario de Estado de Trabajo ha mencionado algunos ejemplos de actividades que podrían beneficiarse de la ayuda fiscal, como “empresas de ayuda a domicilio, dependencia, de la limpieza, del campo, de la agricultura.... Sectores que necesitamos estimular para que también en ellos sus salarios sean altos”, ha sostenido. 

Según han precisado esta tarde fuentes de Trabajo, este nuevo incentivo fiscal es la alternativa que ha dado Hacienda a su petición de desindexación de los contratos públicos.

Salario mínimo de 1.221 euros y sin pagar IRPF

Trabajo debate el diálogo social un incremento del salario mínimo interprofesional del 3,1% en 2026. Suponen 37 euros más al mes desde los actuales 1.184 euros brutos al mes, hasta situar el SMI en los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas.

El SMI seguirá sin pagar IRPF, como había pedido Trabajo a Hacienda, para lo que se actualizará la deducción aprobada el año pasado.

El aumento de 2026 se sumará a los incrementos acumulados del 61% desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. El Gobierno de coalición ha pactado hasta ahora todas las subidas con los sindicatos CCOO y UGT, y solo una con las patronales CEOE y Cepyme (a comienzos de 2020). 

La cifra del 3,1% planteada por el departamento de Yolanda Díaz era la más baja recomendada por el comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, para el escenario en el que el SMI siguiera sin pagar IRPF, como finalmente se volvió a acordar para este 2026, contra el criterio de los sindicatos.

Aunque se apruebe más tarde, el Gobierno subirá el SMI con efectos retroactivos desde el 1 de enero, como ha hecho en años anteriores.

Los Ministerios de Cultura y Trabajo dieron la semana pasada un paso importante en la elaboración del esperado Estatuto del Artista, a través del Real Decreto que regulará la relación laboral especial de los trabajadores del sector. Entre las principales novedades del texto está la contemplación del trabajo de los menores, la participación obligatoria de la figura del coordinador intimidad y la Inteligencia Artificial.

Si bien en el primero de sus artículos, que aborda el ámbito de actuación, sí se menciona a los actores de figuración, estos no han sido incluidos en el 13, relativo al uso de la IA Generativa en el contrato para generar contenidos. La Asociación Profesional de Actores de Figuración ha reclamado a través de un comunicado su incorporación en este apartado.

El Real Decreto fue publicado el pasado 22 de enero y el plazo de presentación de aportaciones termina el 2 de febrero. Fuentes ministeriales de Trabajo y Cultura recuerdan a elDiario.es que el documento está “en audiencia pública” y que, una vez concluya el citado periodo, estudiarán “todas” las propuestas.

En lo relativo al uso de la IA Generativa, la nueva norma establecerá que esta no pueda sustituir ni eliminar la participación de la persona artista. Del mismo modo, tendrá que incluirse dentro del contrato de trabajo artístico y solo podrá usarse en el estricto ámbito de la obra para la que fue realizado el contrato. De esta forma, se abre al uso de la IA, pero siempre y cuando sea para generar contenidos que estén reglados en el contrato. Es decir, que la réplica de un actor realizada para la escena de una serie, por citar un ejemplo, solo pueda ser usada para esta y no para futuras temporadas, incluso otras producciones.

El artículo citado, número 13, hace referencia los casos en los que el resultado de la actividad contratada esté relacionada con la imagen y voz de “actores, actrices, músicos y músicas, cantantes, bailarines y bailarinas, artistas de circo, de magia, de variedades, ilusionistas, marionetistas, manipuladores de teatro de objetos, narradores orales”, o relacionada con la “interpretación, ejecución o composición de la obra musical o coreográfica, la creación circense o con la creación de la obra escrita o el guion”. Lo que solicitan desde la APAF es que sea en este listado en el que aparezcan igualmente a los actores de figuración, junto al resto de oficios.

En su comunicado recuerdan que ya han tenido conflictos en “varias ocasiones” por querer escanear a figurantes para rellenar digitalmente grandes espacios, y muchas veces “sin ser comunicados con anterioridad para poder decidir si prestarse o no”, o simplemente siendo “coaccionados con la amenaza de no volver a trabajar con una agencia de selección o productora”. Desde la APAF, opinan que el motivo por el que se ha dejado esta inconcreción tiene que ver con que “pueda ser interpretable”. De ahí a que piden que se especifique “claramente” que el colectivo de actores y actrices de figuración estén incluidos en el artículo donde se especifica el uso de la IA Generativa en el contrato artístico para generar contenidos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tratado de disipar las dudas sobre la continuidad del ministro Óscar Puente tras los accidentes ferroviarios en Adamuz y Barceloan. Lo ha hecho en su primer mitin de la campaña para las autonómicas del 8F en Aragón, en Huesca, donde ha mostrado abiertamente su “reconocimiento” al titular de Transportes: “Está gestionando y dando la cara desde el primer momento de la tragedia”.

Sánchez ha iniciado su intervención, tras los últimos “días desgarradores”, recordando a las “víctimas” de la tragedia. “Para los vecinos de Adamuz y de Barcelona, todo el cariño para las familias de las víctimas de los trágicos accidentes ferroviarios”, ha apuntado, antes de destacar también su “orgullo” por los “servidores públicos” y también por “las instituciones que han trabajado de manera leal para responder a la tragedia”.

A continuación, ha mencionado expresamente a Puente, cuyo papel ha querido diferenciar, sin mencionarlo, al del expresidente valenciano Carlos Mazón con la dana de 2024: “Esa es la diferencia entre unos y otros. Las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde ante ellas, y este Gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro, con empatía, con eficacia, con transparencia y con unidad”, ha manifestado.

Las palabras de Sánchez llegan después de que el secretario general del PP, Miguel Tellado, haya pedido durante una rueda de prensa la “dimisión inmediata” del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, al que acusa de haber “mentido” en sus explicaciones de la última semana. Y lo mismo ha hecho el presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien también ha reclamado el ceso de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque. “Que dimitan no porque sean responsables personales de la crisis, sino por su incapacidad manifiesta para afrontarla y explicarla”, ha afirmado.

“Despotismo transatlántico”

También la política internacional ha tenido cabida en el mitin de Sánchez, después de la nueva polémica vivida con el presidente estadounidense, Donald Trump, esta vez en el foro de Davos. “Nosotros somos una sociedad que va a defender siempre las relaciones constructivas con las administraciones de todos los países”, ha destacado Sánchez, que ha continuado: “No vamos a aceptar el despotismo transatlántico que plantean algunas administraciones, poniendo en cuestión hasta la soberanía territorial de Dinamarca”.

En Davos, Trump volvió a recordar que el Gobierno español ha rechazado alcanzar el 5% de gasto en Defensa. El jefe del Ejecutivo ha destacado el “orgullo” que siente por las Fuerzas Armadas, a las que España destina 34.000 millones de euros al año. Sánchez ha incidido en la importancia de “fortalecer” el presupuesto en Defensa, pero ha resaltado que desde su punto de vista la seguridad “la garantiza también la cohesión social”.