El Gobierno ha decidido proponer a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como candidata a directora general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo clave de Naciones Unidas para los derechos laborales. La elección está prevista para el próximo noviembre y el mandato, en cualquier caso, no comenzaría hasta octubre de 2027.

El presidente Pedro Sánchez ha anunciado la candidatura de Yolanda Díaz a través de un mensaje en la red social X, calificando de “honor” la promoción de su vicepresidenta segunda. De ser elegida como directora general, sería la primera vez que una mujer y España estarían al frente de “esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social”, ha destacado el jefe del Ejecutivo.

La OIT es el único organismo de Naciones Unidas en el que están representados no solo los países, sino también los agentes sociales, como sindicatos y patronales. “Su estructura tripartita la convierte en una institución única dentro del sistema internacional y en el principal foro para la elaboración de normas laborales, la promoción del empleo, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social”, subrayan desde La Moncloa.

El anuncio llega después de una intensa gira internacional en la que Yolanda Díaz, en las últimas semanas, ha visitado países como Estados Unidos, Senegal o China, y ha mantenido numerosas reuniones con responsables públicos de los 187 países miembros del organismo.

“La OIT es la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas. Es un orgullo y una responsabilidad enorme poder representar con esta candidatura a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional”, ha dicho la Díaz en un mensaje a través de su cuenta en Bluesky, que ha replicado en inglés y en francés, los idiomas oficiales del organismo. “Vamos a hacerlo juntas y juntos”, ha concluido.

Una candidata para una OIT “en crisis”

La vicepresidenta Díaz ya participó en la sesión plenaria de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, en el Palacio de las Naciones de Ginebra (Suiza), donde tiene su sede la organización. “No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”, dijo con solemnidad. Antes de entrar, ya había apuntado directamente como causante a la Casa Blanca, ahora en manos de Donald Trump, quien lleva tiempo retrasando el pago de los fondos comprometidos al organismo. “Se pretende, sobre todo por la Administración norteamericana, desregular completamente el mundo del trabajo de la mano de la IA. Esto es la barbarie”, aseveró ante los medios de comunicación.

Yolanda Díaz ya había anunciado hace tiempo que no solo no sería la líder de Sumar en las elecciones generales que tendrán lugar el año que viene, sino que tampoco concurriría como candidata a un escaño en el Congreso de los Diputados, dando por hecho su salida de la primera línea de la política nacional.

Si bien el Ministerio de Trabajo desmintió los primeros rumores, el anuncio de hoy confirma que Díaz es la apuesta española para tratar de dar un revulsivo a este organismo. “Con esta candidatura, España aspira a reforzar una institución clave para afrontar los desafíos del mercado de trabajo en un contexto de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y medioambientales, reforzando el papel de la OIT como referente mundial en la defensa del trabajo decente y la justicia social”, destaca el comunicado del Ejecutivo.

El Gobierno tenía de plazo hasta el 31 de agosto para postular sus candidaturas al liderazgo de la organización, mientras que las elecciones están previstas para el 16 de noviembre. En caso de resultar elegida, el mandato no arrancaría hasta octubre de 2027, con la legislatura ya finiquitada tiempo atrás.

“Como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz ha impulsado algunas de las principales reformas laborales y sociales de los últimos años, todas ellas en el seno del diálogo social con 30 acuerdos. Durante estos años, se impulsó la reforma laboral acordada con sindicatos y empresarios, que ha contribuido a reducir la temporalidad a mínimos históricos a la vez que ha conseguido el récord de empleo de la historia de España, la ley de plataformas o la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la democracia”, glosan desde La Moncloa.

La propuesta de Díaz choca con la candidatura de otro compañero de gabinete que también aspira a un alto cargo en el sistema de Naciones Unidas: el ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien el Gobierno ha postulado a la presidencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). La elección, en este caso, no está prevista hasta junio del año próximo, por lo que queda todavía recorrido en el caso de que las aspiraciones a la OIT no prosperen.

El esperado Estatuto del Artista ha dado este martes un importante paso adelante tras la aprobación en el Consejo de Ministros del Real Decreto por el que se regula la relación laboral especial de las personas artistas. Una norma que la ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz ha definido como la “reforma laboral de la gente de la cultura en nuestro país”. Afecta a 771.000 personas que suponen el 3,6% del empleo en España.

El Estatuto del Artista es una de las grandes demandas del sector cultural –en especial desde que en 2018 fuera aprobado por unanimidad en el Congreso–, que pretende dotar a sus empleados de un marco jurídico adaptado a sus necesidades. Y que, en definitiva, tengan los mismos derechos a nivel colectivo que el resto de trabajadores.

El texto, pese a lo anunciado el pasado mes de enero, no contemplará finalmente la prohibición de que la IA sustituya a los trabajadores del sector. El motivo es que el Consejo de Estado emitió un “informe desfavorable” sobre este punto, aunque avanzan que ya se está trabajando para poder recuperarlo.

Estaba previsto que establecería que la IA Generativa no podría sustituir ni eliminar la participación de la persona artista; y que tendría que incluirse dentro del contrato de trabajo artístico y solo podría usarse en el estricto ámbito de la obra para la que fue realizado el contrato.

Regulación del trabajo infantil

Uno de los grandes logros de este Real Decreto es la incorporación a la jornada laboral de actividades como los ensayos, la preproducción, la postproducción y la promoción para no limitar la actividad solo a la actuación final.

Además, por primera vez se regula la participación de los menores en actividades artísticas, estableciendo reglas claras y únicas para todo el territorio. “Si les dijera que un menor trabaja sin concreto ni salario regulado, lo rechazarían porque dirían que es explotación infantil. Se acabó en el mundo de la cultura”, ha argumentado Yolanda Díaz, haciendo referencia a casos que afectan a obras como series o películas en las que los protagonistas son bebés o menores.

A partir de ahora saldrán del ámbito familiar para convertirse en trabajo por cuenta ajena, se garantiza la compatibilidad con la vida social y educativa, limitando para ello la jornada y horarios de trabajo. Al obligar a que sea siempre en el marco de una relación laboral, prácticas como el auge de los niños youtubers, se verán limitadas.

Otra de las aportaciones es que será obligatorio garantizar la información clara y transparente de los distintos conceptos retributivos, tanto salariales como no salariales, especificados de manera individualizada. En concreto, las retribuciones por derechos de autor deberán reflejarse específicamente en la nómina y de manera diferenciada de otras remuneraciones en este concepto.

Obligatoriedad de la figura de coordinación de intimidad

Entre los pilares del texto está la incorporación de manera obligatoria de la figura de coordinación de intimidad, cuya función es garantizar que las escenas sexuales e íntimas se realicen conforme a lo convenido y vigilar que no se puedan producir situaciones de abuso o acoso.

Del mismo modo, será obligatoria la adaptación de planes y protocolos frente al acoso incorporando los principios de celeridad y efectividad en los procedimientos de protección de las víctimas. Si un trabajo, como el rodaje de una película, dura diez semanas, los protocolos tendrán que responder a su intermitencia y duración breve. De tal forma que si una mujer denuncia que ha sido objeto de acoso, no se le pueda responder que la otra parte tiene seis meses para contestar. Si en ese plazo se ha terminado la grabación, no tendría efectividad.

Fuentes ministeriales avanzaron en enero que el Real Decreto contaría con tres disposiciones adicionales, a través de las cuales se crearían tres comisiones específicas. Una de ellas era la relativa a la IA que, al haberse quedado fuera de texto, tampoco contará con su correspondiente comisión.

Sí que se mantienen la que regulará la representatividad en el mundo de la Cultura y la relativa al desarrollo de las transiciones artísticas. Su objetivo es actualizar el servicio público de empleo e incorporar nuevas profesiones, de tal forma que empleados como tramoyistas, bailarines o artistas de circo, no se queden en el paro cuando acabe su actividad laboral, sino ofrecerles una pasarela de formación.

El Ministerio de Trabajo ha suspendido la tramitación del convenio colectivo de ARTE, el primero a nivel nacional de grandes cadenas del comercio textil y que afecta a cerca de 120.000 trabajadores, y requiere a la comisión negociadora la subsanación de numerosos aspectos del texto presentado para su registro por no ajustarse a la legislación vigente, según informa UGT en un comunicado.

En concreto, la Asociación Retail Textil España (ARTE), que cuenta entre sus asociados con Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras enseñas de moda, y los sindicatos CC.OO. y Fetico firmaron a principios de junio el texto definitivo de este convenio, ante el rechazo de UGT, que no rubricó el acuerdo, informa Europa Press.

Tras la decisión de Trabajo, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT), a través de su Sector de Comercio y Grandes Almacenes, ha valorado “muy positivamente” la resolución dictada por la que se suspende su tramitación.

El sindicato ha señalado que esta resolución supone un “respaldo” a sus advertencias desde que CCOO, Fetico y la patronal decidieron firmar un convenio que, lejos de mejorar las condiciones laborales del sector, incorpora numerosos preceptos que ahora Trabajo considera “incompatibles” con la legislación vigente y que deben ser corregidos antes de que el procedimiento pueda continuar.

Defectos sobre la prioridad de convenios o las contrataciones

UGT ha explicado que presentó un escrito ante la Dirección General de Trabajo solicitando que el convenio no fuera registrado y promoviendo su impugnación judicial. Así, la resolución de Trabajo incorpora expresamente ese escrito, junto con los presentados por otras organizaciones sindicales, dentro del expediente administrativo.

Entre las deficiencias detectadas por la Dirección General de Trabajo figuran cuestiones de “enorme trascendencia” para los trabajadores del sector como la regulación de la prioridad aplicativa respecto de los convenios colectivos existentes, la contratación temporal, los contratos de sustitución, las excedencias, las reducciones de jornada o la jubilación forzosa, que deberán ser modificados antes de que el procedimiento pueda continuar.

UGT ha señalado que durante toda la negociación ya había advertido que el convenio de ARTE suponía un “grave retroceso” para miles de trabajadores y que, además, presentaba “importantes dudas de legalidad”.

Desde FeSMC-UGT reiteran que seguirán “utilizando todas las vías legales y judiciales necesarias para impedir que entre en vigor un convenio que, además de perjudicar a miles de trabajadores del comercio, debilita la negociación colectiva territorial y consolida un modelo que incrementa la flexibilidad empresarial en detrimento de los derechos laborales”.

La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente a la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), copropiedad del Gobierno de Juanma Moreno y principal proveedor de Canal Sur, por irregularidades en la elaboración de su Plan de Igualdad, aprobado un mes antes de la denuncia contra su CEO, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual a una reportera, confirman a elDiario.es fuentes del Ministerio que dirige Yolanda Díaz.

La Inspección investiga “la legitimidad para negociar el Plan de Igualdad del delegado sindical” de la productora que firmó y avaló el documento ante el Ministerio de Trabajo, en diciembre de 2025, a pesar de llevar más de cuatro años en excedencia, como adelantó este periódico. Los inspectores notifican a la compañía el motivo que justifica el acta de infracción y dan un plazo para corregirlo o presentar alegaciones.

Desde 2022, todas las empresas con más de 50 trabajadores [ADM tiene 258] están obligadas a elaborar un Plan de Igualdad que preserve la equidad laboral y salarial entre hombres y mujeres de la plantilla, la promoción femenina en puestos directivos y la prevención del acoso sexual en el trabajo. También están obligadas a registrar dicho Plan en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo (REGCON).

Las irregularidades en el diseño y desarrollo del Plan de Igualdad, al tratarse de un imperativo legal para las empresas, conllevan sanciones de hasta 225.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo, además de la pérdida de bonificaciones y ayudas públicas y la prohibición absoluta para contratar o licitar con las Administraciones Públicas. Sin los contratos de Canal Sur, “la facturación de ADM se vería muy resentida y la viabilidad de la empresa estaría seriamente comprometida”, admitieron a este periódico fuentes próximas al Consejo de Administración de ADM.

La principal productora de Canal Sur, referente en el sector audiovisual andaluz, registró este documento el 18 de diciembre de 2025, pocos días antes de que su director general fuera denunciado (y posteriormente imputado) por un Tribunal de Violencia de Género acusado de delitos sexuales contra una trabajadora.

La imputación de Gustavo Fuentes, revelada por este periódico, derivó en su cese como CEO de la compañía y como presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía, un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

Gustavo Fuentes es quien redactó el “compromiso expreso de impulsar la redacción e implementación” del II Plan de Igualdad de ADM, “junto a la Comisión Negociadora que cuenta con la representación legal de los trabajadores”. La Inspección de Trabajo investiga ahora la validez legal de ese documento, después de que este periódico revelara que el delegado sindical que firmó el Plan, en diciembre de 2025, no había negociado ni participado en la elaboración del mismo, porque llevaba más de cuatro años en excedencia y trabajando para la Universidad de Cádiz (UCA).

“Habrán dicho: que lo firme Paco y nos quitamos el marrón de que tenga la firma de un delegado sindical, pero yo dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga algún valor. Ya han pasado, ¿cuántos años? ¿Seis?”, confesó el antiguo delegado sindical de ADM, Francisco de Asís Miguélez, a un excompañero de la empresa, en una conversación grabada, difundida por elDiario.es.

Entre la documentación que pueden requerir los inspectores del Ministerio a la productora estarían las actas de esa Comisión Negociadora para corroborar si el Plan de Igualdad se sometió a una “negociación colectiva previa”, como exige la ley.

Miguélez también aventuró que si la productora amagaba con despedir a alguien por acoso sexual, haciendo uso del II Plan de Igualdad (con el Plan Antiacoso) que le hicieron firmar, cualquier juez podría tumbar ese despido puesto que el documento carecía de “validez legal”, al no haber sido fruto de la negociación colectiva. “Cualquiera que tenga un caso de estos y le quieran meter algo de [Plan de] Igualdad para despedirlo, con que diga que yo no he estado en la empresa estos años... Y a mí el juez me va a preguntar: ¿tú estabas ahí? Y yo le digo: No, yo estoy en la UCA, aquí está mi contrato con la UCA”, explicó.

Ese supuesto que planteó entonces el delegado sindical no tardaría en producirse. Un mes después de la firma y del registro del II Plan de Igualdad de ADM, quien fue denunciado por acoso sexual en los tribunales -y no a través de los mecanismos internos de la empresa- fue el propio director general de la compañía, que había impulsado la renovación del Plan de Igualdad, dejando en manos de su número dos, Óscar González-Barba, la “recepción de las denuncias” por acoso.

Gustavo Fuentes explicó a este periódico que fue él mismo quien activó el Protocolo Antiacoso para que abriera una investigación interna, después de recibir la citación judicial como imputado por delitos de agresión y acoso sexual a una reportera. Esa investigación interna recayó en manos del Compliance [director legal] de la productora, una figura nueva que también introdujo el II Plan de Igualdad. Un puesto para el que fue nombrado José Antonio Jiménez de León.

Jiménez de León elaboró “un informe independiente recabando testigos para comprobar la veracidad” de la denuncia contra él, pero sólo tomó declaración al denunciado, ni a la víctima -“porque ya había elegido la vía judicial ajena a la empresa”- ni a ninguno de los compañeros de trabajo que fueron testigos de los hechos denunciados, según el relato del exCEO. Tras el despido de Fuentes, la dirección “provisional” de la compañía reunió a la plantilla y anunció la reapertura de dicha investigación, admitiendo que se había “cerrado en falso”.

“Claramente irregular”

El Plan de Igualdad de una empresa es un requisito obligatorio para poder contratar con las administraciones públicas. La Inspección de Trabajo debe determinar ahora si el documento que les presentó la productora de Canal Sur fue fruto de “un proceso de diálogo social entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, a través de la constitución de una Comisión Negociadora”, como establece el Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad. “Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras”, reza la ley.

Las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que “una persona sin relación laboral con una empresa no puede ejercer la representación legal de los trabajadores”, salvo que un sindicato le haya designado expresamente (que no es el caso). Miguélez se había presentado como delegado sindical por parte de UGT en las últimas elecciones internas de la productora, celebradas hace 11 años (2015). Tanto UGT como CCOO sostienen que su firma en el Plan de Igualdad de ADM, “estando en excedencia voluntaria, sin empleo ni sueldo, era claramente irregular”.

Tras la publicación de elDiario.es, la semana pasada, el antiguo delegado sindical remitió un escrito a la dirección de ADM notificando su “renuncia a la excedencia voluntaria” que disfrutaba desde hacía casi un lustro, y pidiéndoles que informasen oficialmente a la Seguridad Social de la “extinción de manera definitiva de cualquier vínculo laboral” con la productora.

El II Plan de Igualdad de ADM, con un periodo de vigencia desde el 2 de diciembre de 2025 al 1 de diciembre de 2029, cita a los dos responsables de la Comisión Negociadora mixta -empresa y plantilla- en cumplimiento de lo dispuesto en la ley: “Por parte de la empresa, María Elena Anguita, actual número dos del director de Recursos Humanos, Óscar González-Barba (muy próximo a Gustavo Fuentes); y por parte de la representación legal de los trabajadores, Francisco de Asís Miguélez Martínez, operador de cámara”, que en ese momento ya llevaba más de cuatro años fuera de la compañía.

El directivo de la productora que contactó con Miguélez para que firmar el II Plan de Igualdad fue José Ramón García-Japón, subdirector general de ADM, según confirmó él mismo a este periódico. García-Japón admite que el antiguo delegado sindical estaba “en excedencia, con un acuerdo con la empresa sin empleo ni sueldo, pero sigue cubriendo la representación de los trabajadores”. “Nuestros asesores legales dieron el visto bueno, nos han dicho que sí se puede hacer”, aseguró.

elDiario.es ha preguntado a la nueva dirección de la compañía, pilotada ahora por el número dos de Gustavo Fuentes, Óscar González-Barba, si maneja algún informe jurídico que avale la firma en el Plan de Igualdad de un delegado sindical que lleva casi cinco años de excedencia, pero no ha obtenido respuesta.

La dirección de la productora mantiene que “los firmantes” del II Plan de Igualdad fueron “los representantes legales de los trabajadores ante la autoridad laboral”, y que el Ministerio de Trabajo “autorizó la inscripción” en su plataforma, “por lo que reconoció que es totalmente legal”. El Ministerio que gestiona Yolanda Díaz alberga la plataforma de registro, es decir, da el soporte pero es cada autoridad laboral, en este caso la de la Junta de Andalucía por el ámbito de actividad de la empresa, la encargada de resolver si el registro es procedente o no.

La Consejería de Empleo del Gobierno andaluz es la autoridad laboral competente para investigar y sancionar las posibles irregularidades en el II Plan de Igualdad de la productora de Canal Sur. Fuentes de este departamento aseguran que sus técnicos “no tenían manera de saber si ADM nos ha colado un Plan de Igualdad falsificado en el registro”.

“Nuestros técnicos verifican que el nombre del representante de los trabajadores que firma el Plan es el mismo que salió elegido en las últimas elecciones sindicales, que en ADM fueron hace 11 años, y ese dato coincidía. Luego, si esa persona está en excedencia o ya no trabaja allí, nosotros no podemos saberlo porque no tenemos acceso a sus datos de la Seguridad Social”, explican desde la consejería.

Diversos sindicatos se están poniendo en contacto estos días con los trabajadores de la productora para impulsar nuevas elecciones sindicales. ADM, con 258 empleados y dos centros de trabajo (uno en Sevilla y otro en Málaga), carece de comité de empresa ni de secciones sindicales. El único delegado de personal que queda, tras la renuncia de Miguélez, es David Pérez, que se presentó a unas elecciones internas en la sede de Málaga en 2017, pero también es directivo de la compañía. Sus compañeros le identifican como “un hombre de la dirección”.

La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía y principal cliente de Canal Sur, falseó presuntamente su Plan de Igualdad en diciembre de 2025, un mes antes de que una reportera denunciara al CEO de la compañía, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual, y de que un juez de Violencia de Género le imputase por estos delitos.

Desde 2022, las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas por ley a disponer de un Plan de Igualdad, cuyo objeto es promover la equidad salarial entre hombres y mujeres, la promoción femenina en puestos directivos y la prevención del acoso sexual en la empresa. También están obligadas a registrar ese documento en la plataforma del Ministerio de Trabajo (REGCON).

La productora de Canal Sur renovó su Plan de Igualdad y se dotó de un nuevo protocolo antiacoso pocos días antes de que su director general fuera denunciado por una reportera por delitos sexuales, precipitando su imputación judicial, el cese fulminante de todos sus cargos y un sonoro escándalo que salpicó al Gobierno de Juanma Moreno, propietario del 47,8% de la empresa, y a la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), con la que está asociada.

El II Plan de Igualdad (2025-2029) de la productora ADM está inscrito en el REGCON el 18 de diciembre de 2025, con un periodo de vigencia desde el 2 de diciembre de ese año al 1 de diciembre de 2029. En ese momento, ADM contabilizaba “258 empleados en plantilla (42,8% mujeres; 56,2% hombres), un centro de trabajo en Sevilla y otro en Málaga”.

La validez legal de un Plan de Igualdad depende de que haya sido fruto de “un proceso de diálogo social entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, a través de la constitución de una Comisión Negociadora”, según establece el Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad. “Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras”, reza la ley.

El II Plan de Igualdad de ADM, al que ha tenido acceso este periódico, cita a los dos responsables de esa Comisión Negociadora: “Por parte de la empresa, María Elena Anguita, actual número dos del director de Recursos Humanos, Óscar González-Barba (muy próximo a Gustavo Fuentes); y por parte de la representación legal de los trabajadores, Francisco de Asís Miguélez Martínez, operador de cámara”, que fue elegido delegado sindical hace 11 años (2015), en las últimas elecciones que celebró la productora.

El problema es que en el momento de negociar y elaborar el II Plan de Igualdad, de firmarlo y de registrarlo en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo, Miguélez llevaba más de cuatro años fuera de la empresa, en situación de excedencia voluntaria pactada con la compañía, sin empleo ni sueldo.

Según todas las fuentes jurídicas consultadas, “una persona sin relación laboral con la empresa no puede ejercer la representación legal de los trabajadores”, salvo que un sindicato haya designado expresamente a esa persona (que no es el caso). “Esta situación es claramente irregular”, coinciden desde CCOO y UGT.

Miguélez había sido elegido representante de los trabajadores en nombre de UGT, pero en diciembre de 2025 llevaba varios años de excedencia (actualmente trabaja como personal técnico especialista de la Universidad de Cádiz; UCA). UGT Andalucía asegura que también se salió del sindicato. La excedencia es una suspensión temporal del contrato, está regulada en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, y “sin contrato no se puede representar legalmente a los empleados de esa empresa”, insisten.

Cuando la productora le contactó y le envió una copia del II Plan de Igualdad para que la rubricara, él mismo cuestionó la validez de su firma. “Habrán dicho: que lo firme Paco y nos quitamos el marrón de que tenga la firma de un delegado sindical, pero yo dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga algún valor. Ya han pasado, ¿cuántos años? ¿Seis?”, le confesó a un excompañero de la empresa.

Este periódico ha contactado numerosas veces con Miguélez, que ha colgado el teléfono y ha eludido responder a las preguntas de elDiario.es. Desde la dirección de ADM replican que “los firmantes” del II Plan de Igualdad fueron “los representantes legales de los trabajadores ante la autoridad laboral”, y que el Ministerio de Trabajo “autorizó la inscripción” en su plataforma, “por lo que reconoció que es totalmente legal”.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social alberga la plataforma de registro, es decir, da el soporte pero es cada autoridad laboral, en este caso la de la Junta de Andalucía por el ámbito de actividad de la empresa, la encargada de resolver si el registro es procedente o no.

En riesgo los contratos con Canal Sur

El artículo 5 del Real Decreto 901/2020 obligaba a ADM -más aún siendo el Gobierno andaluz propietario del 47,8% de la productora- a negociar el diseño del Plan de Igualdad con el representante legal de sus trabajadores, participando de un diagnóstico previo que analizase el ambiente de trabajo y las posibles situaciones de acoso sexual y laboral, como las que afloraron tras revelar elDiario.es la imputación del CEO.

ADM es una de las grandes productoras del sector audiovisual andaluz por volumen de facturación, es una empresa público privada ligada a la RTVA, y responsable de programas emblemáticos de Canal Sur, como Andalucía Directo (26 años en antena), y de otras televisiones autonómicas, como Callejeando, de Telemadrid. Fuentes del sector calculan que factura más de cinco millones de euros al año a Canal Sur, aunque el ente público no ofrece datos desglosados de sus gastos en producción externa.

Las irregularidades en el diseño y desarrollo del Plan de Igualdad, al tratarse de un imperativo legal, exponen a las empresas a ser sancionadas con hasta 225.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo, a la pérdida de bonificaciones y ayudas públicas y a la prohibición absoluta para contratar o licitar con las Administraciones Públicas. Sin los contratos de Canal Sur, “la facturación de ADM se vería muy resentida y la viabilidad de la empresa estaría seriamente comprometida”, admiten fuentes próximas al Consejo de Administración.

Según el registro de REGCON, el primer Plan de Igualdad de ADM tuvo un periodo de vigencia desde el 29 de diciembre de 2020 hasta el 14 de enero de 2022. Entre 2022 y 2025, “no hay nada depositado” en el registro.

Aquel primer documento, ya con Gustavo Fuentes como CEO de la compañía, revela el “desconocimiento” de la plantilla sobre los mecanismos legales para prevenir situaciones de abuso sexual y laboral. “El diagnóstico no lanza mucha información acerca de la salud laboral”, dice el documento, “la empresa ya disponía de un protocolo de acoso cuando se comenzó el diagnóstico, pero se ha detectado un desconocimiento generalizado de estos procesos por parte de la plantilla”.

Dos de las tres agresiones sexuales que la reportera describe en su denuncia contra Fuentes se sitúan en esa época, una en 2021 y otra en 2023. El juez también ha validado como prueba las 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono del CEO a la víctima entre 2018 y la actualidad, además de las declaraciones juradas de siete extrabajadores (algunos con cargos directivos) con testimonios explícitos de situaciones de acoso sexual y laboral dentro de la empresa.

En diciembre de 2025, a la productora de Canal Sur le “urgía” renovar su Plan de Igualdad para cumplir con la ley. El documento parte de un “diagnóstico de situación” del ambiente laboral en ADM que se realizó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, aunque los datos recabados en ese periodo se analizaron entre octubre y noviembre de 2025.

Según el Plan, Miguélez formó parte de la Comisión Negociadora, participó en la elaboración de ese diagnóstico y en el desarrollo posterior de las propuestas para mejorar, pero durante esas fases de análisis y elaboración del Plan él ya estaba trabajando para la Universidad de Cádiz. “Cualquiera que tenga un caso y [ADM] le quiera meter algo de Igualdad para despedirlo, con que diga que no he estado en la empresa estos años... Y a mí el juez me va a preguntar: ¿tú estabas ahí? Y yo diré: no. Estoy en la UCA [Universidad de Cádiz], aquí está mi contrato”, le explicó él mismo a un excompañero, al que la productora había despedido años antes apoyándose precisamente en el protocolo antiacoso.

Entre las personas que intervinieron en la elaboración del II Plan de Igualdad de ADM también consta el “asesoramiento externo” de Andrea Laura Martínez Díaz, de la “consultora especializada en igualdad BoxTalent”. Martínez Díaz no recuerda haber hablado nunca con el representante de los trabajadores ni conserva contacto alguno con Miguélez en su teléfono móvil. “Yo trabajé con Elena [Anguita], que era de Recursos Humanos, pero de esa otra persona no me acuerdo”.

Esta consultora externa cuenta que su trabajo, “con voz pero sin voto”, consistió en “supervisar” informes y documentación “a distancia” -“nunca estuve físicamente en la sede de ADM”-, y que habló con “otros responsables de la empresa, porque tenía que acceder a muchos datos para hacer mi evaluación”.

El “compromiso expreso” por la igualdad de Gustavo Fuentes

En el II Plan de Igualdad del Grupo ADM aparece una suerte de memorándum, un “compromiso expreso” del CEO, Gustavo Fuentes, de “impulsar la redacción e implementación” del documento, “junto a la Comisión Negociadora que cuenta con la representación legal de los trabajadores”: “En todos los ámbitos de actividad de esta empresa (...) asumimos el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, dice la carta, firmada por él mismo el 28 de octubre de 2025.

La Comisión Negociadora nombró a las personas integrantes de la Comisión Permanente de Igualdad de la compañía, y firmó el reglamento de funcionamiento del Plan de Igualdad. Esa comisión era el órgano de “seguimiento, evaluación y cumplimiento” de las medidas recogidas en el Plan, que recayó en otras dos personas próximas a la dirección: de nuevo, Elena Anguita, que ya estaba de la Comisión Negociadora en representación de la empresa, y David Pérez, que tiene el rol más atípico de esta compañía, porque es “directivo técnico” y, a la vez, representante de los trabajadores en el centro de trabajo de Málaga.

Ninguno de los más de 20 profesionales de la productora con los que ha hablado este periódico le ha consultado jamás un problema laboral y todos le consideran “un miembro más de la dirección”. Pérez no pertenece a ningún sindicato. Cuando se convocaron elecciones internas en 2017, con un candidato de UGT, él decidió postularse como independiente, en nombre de una “agrupación de trabajadores”, y terminó ganando.

A preguntas de elDiario.es, David Pérez admite que su “mandato caducó hace tiempo”, que “no ha dimitido por elegancia”, pero que “hace cuatro meses le dio un ultimátum al resto de trabajadores y que si nadie convoca elecciones, en verano dimito”. “No es normal que lleve como representante legal de los trabajadores diez años, yo no tendría que estar aquí”, dice.

Pérez también se desmarca del II Plan de Igualdad de ADM, aunque no hace ni seis meses que lo firmó y figura como miembro de la Comisión Permanente que debe garantizar su cumplimiento. “Estoy en el Plan de Igualdad, pero no quiero estar. Esto lo voy a dejar también, ya había manifestado hacía tiempo que yo no quería estar ahí”.

Varios trabajadores de ADM, en Sevilla y en Málaga, identifican a Pérez como “el hombre que la dirección de la empresa ha puesto para que figure como representante legal de la plantilla”. El exCEO de la compañía, de hecho, ha presentado al juez que le investiga por delitos sexuales un certificado firmado por él, en calidad de director técnico, que le sirve para defenderse de sus acusaciones.

El II Plan de Igualdad de ADM recoge un conjunto de medidas a implementar -algunas del plan anterior- con un cronograma preciso: “primer trimestre de 2026”. Ni parecen haberse cumplido entonces ni ahora, a tenor de la primera charla que dieron los directivos que sustituyeron a Gustavo Fuentes tras su cese: Óscar González-Barba y José Ramón García-Japón. En esa reunión, el representante legal de la empresa (Compliance) admitió que la investigación interna contra el exCEO por abusos se cerró en falso, y animó a la plantilla a usar el protocolo antiacoso.

El documento dice que era obligatoria la difusión del II Plan de Igualdad para que la plantilla conociera las medidas para mejorar, los procedimientos y los protocolos de prevención contra el acoso sexual, que el objetivo es “garantizar un entorno laboral seguro, prevenir conductas inadecuadas y proporcionar procedimientos de actuación claros”; realizar acciones formativas, “al menos una vez al año, para asegurar que todos conocen los canales de denuncia y las garantías de confidencialidad y protección”.

Ese Plan lleva en vigor seis meses dentro de ADM, cuando se ha destapado el proceso judicial contra su CEO por delitos sexuales, del que el Consejo de Administración asegura haber sido informado el 8 de mayo, aunque Gustavo Fuentes informó de su imputación a la plantilla y al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, el pasado abril, tras la Semana Santa. Su citación judicial en calidad de investigado es del 25 de marzo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el cese de Gerardo Gutiérrez, director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde hace ocho años, y el nombramiento en su lugar de Ricardo Cuesta, hasta ahora subdirector general de Estadística e Información en el organismo Público.

En el Ministerio de Trabajo apuntan sobre el cese de Gutiérrez que estaba “al frente del organismo desde el 7 de julio de 2018”. “El relevo se produce en el marco de la normalidad institucional”, añaden.

Gutiérrez estaba en su puesto desde 2018, antes de la entrada de Yolanda Díaz al Ministerio de Trabajo, nombrado por la exministra socialista Magdalena Valerio.

Su sustitución, en lo que muchos consideran el final de la legislatura y sin que el Ministerio haya señalado ningún cambio de políticas o de prioridades en el organismo público, ha sorprendido en muchos ámbitos.

Gutiérrez ha seguido todos estos años al frente del organismo público, superando incluso muchos momentos complicados, como la avalancha de los ERTE por la pandemia, las críticas sindicales por la falta de personal y la enorme dificultad para conseguir citas por parte de los ciudadanos, que ha llevado incluso a que proliferen negocios ilegales de venta de turnos.

Cuesta, nuevo director del SEPE

Por su parte, Ricardo Cuesta desempeñaba hasta ahora el cargo de subdirector general de Estadística e Información del SEPE, donde ejercía funciones de coordinación del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (Sispe), evaluación y estadística del Sistema Nacional de Empleo, impulso del Observatorio de las Ocupaciones y coordinación con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.

Funcionario de carrera, inició su trayectoria en 1994 en el ámbito de las políticas públicas de empleo, relaciones laborales, gestión pública, desarrollo local y asesoramiento jurídico en dichas materias.

Desde marzo del año 2020, ocupó el puesto de director provincial del SEPE en Madrid y previamente trabajó como técnico en el ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (1998-2019), donde ha desempeñado la mayoría de su carrera, y en el ayuntamiento de Madrid (1994-1997).

Durante una década ha impartido la docencia en la Universidad Carlos III de Madrid en el área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y ha participado como formador de empleados públicos en políticas de empleo y formación durante más de 20 años.

El Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida ha aplicado uno de los principales mandamientos que el alcalde ha solicitado a la ciudad ante la llegada del papa León XIV. Los empleados públicos del Consistorio teletrabajan desde el pasado miércoles 3 de junio y hasta el martes 9.

Solo quedan eximidos de ello los puestos que por sus condiciones no pueden acogerse a la norma, como seguridad, emergencias, mantenimiento o limpieza. También oficinas de atención ciudadana o al contribuyente, donde en algunos casos la actividad telemática sí se ejecutará el lunes 8 (previsiblemente la jornada más intensa y la más complicada a nivel logístico) y el martes 9 de junio.

Ya en mayo, el regidor pidió a las empresas adoptar esta medida durante al menos cuatro días laborables ante un “acontecimiento histórico” de una magnitud “prácticamente sin precedentes”. Como finalmente ha ocurrido, avisaba Almeida que ya en los días previos a una visita que tendrá lugar del 6 al 9 de junio habría “afecciones importantes” al tráfico en zonas clave, como el entorno de Cibeles o la plaza de Lima.

“Solicito que por parte de las empresas y de los centros de trabajo se faciliten las condiciones de teletrabajo. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido que del 3 al 9 de junio habrá teletrabajo para los empleados del Ayuntamiento”, avanzó desde el Palacio de Cibeles. Incluso pidió a la ciudadanía que “evite desplazamientos que no sean estrictamente necesarios a lo largo de todos esos días”. Su llamamiento parece haber tenido calado, ya que este jueves el tráfico se redujo un 32% con respecto a un día normal en el interior de la M-30, comunicó en X el delegado de Movilidad, Borja Carabante.

El Gobierno de Almeida ha puesto a disposición de los peregrinos hasta 33 edificios públicos (principalmente polideportivos) en los que podrán pasar la noche de forma gratuita. El Consistorio también pone autobuses gratis de la EMT o vehículos de Bicimad entre el 3 y el 9 de junio. Asimismo se han autorizado más licencias de taxi , incluyendo a las que tenían libranza.

El sábado 23 de mayo quedó ocupado de forma permanente el carril derecho del paseo de Recoletos sentido norte. El 25 se ocuparon las dársenas de autobuses nocturnos de la plaza, además de tres carriles del paseo de la Castellana para instalar una plataforma, reservada al coro del domingo. Ese mismo día de mayo comenzó el montaje del altar, aunque estos trabajos no suponen una ocupación de calzada. El 3 de junio se procedió al corte prácticamente total del tráfico en los carriles centrales de la Castellana. Y, a partir del 4 de junio, a todo el tráfico rodado en torno a la plaza de Cibeles.

El Gobierno central también muestra su fe en que el teletrabajo reduzca el colapso

El Ejecutivo municipal no es el único que aplica medidas en este sentido. Por parte del Gobierno central, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que lidera Óscar Lóprez ha aprobado el teletrabajo los días 5, 8 y 9 de junio, según fuentes consultadas por Somos Madrid.

La responsable de la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz, ya emplazó a las empresas a favorecer el trabajo a distancia para “reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo” de los servicios. Para la plantilla de este Ministerio está en vigor desde el 4 de junio y hasta el 9, ambos incluidos. La Delegación del Gobierno en Madrid se ha sumado al requerimiento, respaldado igualmente por los sindicatos.

Este periódico ha contactado a la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación (de la que depende la Dirección autonómica de Función Pública) para conocer el alcance de la implantación del teletrabajo en los funcionarios de la Comunidad de Madrid ante el multitudinario evento, sin que lo concreten en su contestación: “Desde 2020 la Administración de la Comunidad ya cuenta con una regulación del teletrabajo en situaciones ordinarias como en situaciones de especial relevancia y corta duración, como es el caso”.

Euskadi ha registrado el pasado mes de mayo 103.733 parados en las oficinas del servicio público de empleo, lo que supone 72 menos que en abril (-0,07%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno vasco. En comparación con el mes de mayo de 2025, la cifra de desempleados en Euskadi se ha reducido en 926 personas, lo que supone un 0,88% menos. Euskadi ha registrado el pasado mes de mayo 1.042.680 afiliados a la Seguridad Social, 6.813 más que el mes anterior (+0,66%).

En relación al mes anterior, en Álava, se contabilizan en mayo 170 parados menos (-0,96%), mientras que en Bizkaia hay 50 desempleados más (+0,09%) y Gipuzkoa registra 48 desempleados más (-3,52%). La evolución interanual, por su parte, deja descensos en los tres territorios. En Álava se registran 607 parados menos (-3,34%), en Bizkaia hay 34 desempleados menos (-0,06%) y en Gipuzkoa se contabilizan 285 parados menos (-1,03%). De este modo, el territorio alavés ha cerrado mayo con 17.561 personas en desempleo, el vizcaíno con 58.709 parados y el guipuzcoano con 27.463 desempleados, según recoge Europa Press.

De las 103.733 personas en paro en Euskadi en mayo, 60.190 son mujeres, 256 menos que en abril y 232 menos que un año antes, y 45.543 son hombres, 184 más que el mes anterior y 694 menos que en mayo de 2025. Por franjas de edad, el colectivo de mayores de 45 años concentra a 58.588 de los parados, 146 menos que en abril y 427 más que el año pasado. Un total de 28.355 desempleados tiene entre 30 y 44 años, 84 menos en términos mensuales y 852 menos en la variación interanual. Entre los menores de 30 años, hay 16.790 desempleados, 158 más que en abril y 501 menos que un año antes.

Del total de cotizantes en Euskadi, 525.051 corresponden a Bizkaia, territorio en el que la afiliación se ha incrementado en 3.215 personas respecto al mes anterior (+0,62%) y ha aumentado en 6.974 en comparación con mayo de 2025 (+1,35%). Gipuzkoa, con 344.396 cotizantes, ha registrado una subida mensual de 1.507 personas afiliadas a la Seguridad Social (+0,44%) y un crecimiento interanual de 2.756 afiliados (+0,81%). Finalmente, Álava, con 173.233 trabajadores afiliados, ha experimentado en mayo un incremento mensual de 2.091 afiliados (+1,22%) y respecto a hace un año ha aumentado en 3.800 cotizantes (+2,24%).

En el conjunto de Euskadi, el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 871.932 cotizantes, de los cuales 27.747 están registrados como trabajadores del hogar y 2.769 como trabajadores agrarios. Además, hay 166.830 personas inscritas en el régimen de autónomos y 3.918 en el de trabajadores del mar. Por otro lado, al cierre del mes de mayo había en Euskadi 565 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 66 menos que al concluir abril. De ellos, 384 son hombres y 181 mujeres.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha enviado este martes a las Delegaciones de Gobierno una recomendación para la utilización del trabajo a distancia ante las restricciones de la movilidad que puedan afectar a las personas trabajadoras con motivo de la visita del Papa León XIV en distintas localidades de las comunidades autónomas de Madrid, Catalunya y Canarias, ha informado el departamento de Yolanda Díaz.

El Ministerio se une a varias administraciones públicas que ya han recomendado la medida, como el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de Canarias, entre otros.

Estas restricciones fruto de las tareas de preparación de la visita oficial ya se están notando desde la semana pasada en la capital, por ejemplo, con retrasos en la circulación para acceder al propio Ministerio de Trabajo, como ha reconocido esta mañana el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa de los datos de paro y afiliación de mayo.

Evitar los “desplazamientos innecesarios”

La recomendación del Ministerio “busca favorecer la protección de la seguridad de las personas trabajadoras, reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo de los servicios y actividades económicas durante la celebración de los actos previstos”, indica el departamento en una nota.

Ante la previsible adopción por parte de las autoridades competentes de recomendaciones, limitaciones o restricciones a la movilidad de personas y vehículos en determinadas zonas, el Ministerio Trabajo recuerda el marco normativo aplicable y emite las siguientes recomendaciones:

– Cuando las autoridades competentes recomienden evitar desplazamientos o establezcan medidas que dificulten o limiten el acceso a los centros de trabajo, se recomienda a los empleadores valorar prioritariamente la utilización del trabajo a distancia en aquellos puestos y actividades cuya naturaleza sea compatible con esta modalidad de prestación de servicios y siempre que existan las condiciones técnicas necesarias para su desarrollo.

– Con carácter preventivo y en la medida de lo posible, se emplaza a empleadores y personas trabajadoras de los ámbitos territoriales que puedan estar afectados por estas recomendaciones, planifiquen con antelación las medidas organizativas necesarias, incluida la posibilidad de acordar voluntariamente el recurso al trabajo a distancia, durante los periodos en que puedan producirse afecciones relevantes a la movilidad derivadas de las recomendaciones o medidas adoptadas por las autoridades competentes.

Además, el Ministerio de Trabajo recuerda que la Ley del Estatuto de los Trabajadores (artículo 37.3 g ) prevé “dicha modalidad de prestación de servicios ante este tipo de situaciones”, en las que se deben garantizar las obligaciones formales y materiales de la Ley de trabajo a distancia, como por ejemplo la necesidad de que las empresas faciliten los medios de trabajo a los empleados.

Castilla-La Mancha ha recibido más de 123 millones de euros para continuar desarrollando políticas activas de empleo y acciones de formación y cualificación para personas ocupadas y desempleadas en la región, 

Así se ha acordado en la LXXXVII Conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales presidida por la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, y celebrada este miércoles. En la sesión se acordaba el reparto territorial de los 2.571.961.030 euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para la gestión de las comunidades autónomas con competencias en esta materia.

Estos fondos se destinarán para financiar programas y servicios de política activa de empleo incluidos en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED).

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha señalado la importancia de este reparto de fondos, para reforzar el mercado de trabajo de Castilla-La Mancha, “que atraviesa las cifras de desempleo más bajas de los últimos 18 años y los niveles más altos de empleo de toda la serie histórica, habiendo superado por primera vez las 800.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en nuestra región en un mes de abril”.

Otros 600.000 euros para prevención de riesgos laborales

Al reparto de 123,13 millones de euros en el marco de las políticas activas de empleo se suman cerca de 600.000 euros dirigidos a acciones destinadas a mejorar la seguridad en los entornos de trabajo de la región, en este caso procedentes de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, dentro de un reparto global de 11 millones de euros en el conjunto del Estado.

“Nuestro mercado de trabajo atraviesa por un momento histórico y confiamos en que el mes de mayo consolide ese buen momento la próxima semana y que siga bajando el desempleo y creciendo la afiliación en nuestra región”, ha indicado Patricia Franco.

La ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media era la bandera del Ministerio de Trabajo para esta legislatura. Tumbada en el Congreso por PP, Vox y Junts, Yolanda Díaz afirmó que no se rendiría y volvería a llevarla al Parlamento. Sin embargo, el Gobierno no planea que sea este año, según el Plan Normativo previsto para 2026. La hoja de ruta solo contempla el real decreto para endurecer el registro horario, que aún enfrenta a Trabajo con Economía. Otra de las grandes normas en el aire en materia económica, los Presupuestos Generales del Estado, sí se han incluido, aunque sin especificar si serán para 2026 o irán directamente a las cuentas de 2027.

La ley para reducir la jornada laboral es la ausencia más llamativa de las normas que pretende sacar adelante el Ministerio de Trabajo este año, de acuerdo con el Plan Anual Normativo que el Gobierno ha aprobado este martes, y al que ha tenido acceso elDiario.es. Prioridad absoluta durante la primera mitad de la legislatura, el fracaso para su tramitación en el Congreso el pasado septiembre supuso un duro golpe para la bandera electoral de Sumar y la vicepresidenta segunda.

Desde entonces, Díaz ha insistido en que “no renuncia” a sacar adelante la reducción de la jornada laboral, pero optó por un ‘plan B’ en el corto plazo: endurecer el registro horario en las empresas a través de un real decreto, que no tiene que pasar por el Parlamento. Esta medida sí figura en la hoja de ruta del legislador para 2026, no así la reducción de la jornada. 

Preguntados por esta ausencia, fuentes de Trabajo apuntan que “no significa que lo que queda fuera del plan no vaya a hacerse”, y ponen de ejemplo otros proyectos, como la Ley de condiciones laborales transparentes y previsibles o el reglamento que regula los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, que salieron adelante sin estar incluidos en esta hoja de ruta.

El refuerzo de la jornada laboral enfrenta no obstante sus propios problemas. Tras el varapalo del informe del Consejo de Estado se ha complicado su camino para salir adelante. El Ministerio de Economía, que dirige el ahora vicepresidente Carlos Cuerpo, mantiene varias diferencias con el actual texto, por ejemplo, sobre el periodo de aplicación para las pymes. Yolanda Díaz ha anunciado que la medida se aprobará antes de verano, y solo con ligeros cambios que no desvirtúen el texto pactado con los sindicatos, pero el vicepresidente económico ha recordado que el Consejo de Estado ha puesto objeciones no solo al contenido, sino también “al instrumento legal”. Así, Cuerpo ha afirmado que el Gobierno aún está analizando este dictamen para “ser capaces de llevarlo lo antes posible”, sin una fecha cerrada. 

De la reforma del despido a la democracia en las empresas

El resto de leyes laborales previstas en el plan normativo para este año no lo tienen más fácil para ser aprobadas, como ocurre con todas las regulaciones que tienen que lograr una mayoría parlamentaria. Entre otras, destacan la ley para modernizar la prevención de riesgos laborales, pactada con los sindicatos; la reforma del despido improcedente –que también ha contado con resistencias internas en la parte socialista–, y la ley de democracia en la empresa, para “impulsar una participación más eficaz de las personas trabajadoras en el ámbito de sus respectivas empresas, en consonancia con el artículo 129 de la Constitución Española”. Todas ellas con el rechazo de la patronal. 

Dada la dificultad del Gobierno para sumar mayorías parlamentarias, el Ejecutivo ha apostado por tramitar sus proyectos como real decreto, que no tienen que pasar por el Congreso. En temas laborales, es la vía por la que el departamento de Yolanda Díaz pretende aprobar varios cambios relevantes, como evitar la absorción de pluses salariales para amortiguar la subida del salario mínimo (que todo indica que la patronal llevará a los tribunales en caso de salir adelante), así como para transponer la Directiva Europea sobre condiciones laborales transparentes, por la que España ya se enfrenta a posibles sanciones de Bruselas debido al retraso en su implantación.

Aunque incluye algunos decretos en materia de salud laboral, en el Plan Normativo no figuran dos de los comprometidos con los sindicatos mayoritarios, para hacer frente al cambio climático y los riesgos psicosociales, que hace poco enfrentaron a CCOO con la vicepresidenta segunda. Desde el departamento de Díaz insisten en que el desarrollo de la norma se hará una vez se haya aprobado la ley en la cual se sustentan.

En Seguridad Social destacan que solo se prevén reales decretos, ninguna ley, aunque el Ministerio de Elma Saiz ultima al menos un real decreto ley para desbloquear la jubilación parcial de los empleados públicos. También se prevé que incluya más medidas, como una mejora del acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas. 

Tampoco hay rastro de normas sobre la incapacidad temporal, aunque el departamento de Saiz tiene una mesa de negociación abierta sobre este tema. Entre los reales decretos previstos destaca uno para reformar la jubilación flexible y otro para que cuenten como cotizados los años de actividad de deportistas profesionales (antes de que se integraran en la Seguridad Social).

Presupuesto sí, pero sin fecha

El Ejecutivo ha incluido en el plan normativo la aprobación de una Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero, por segundo año consecutivo, ha renunciado a concretar para qué año serán estas cuentas públicas, como sí se ha hecho en los programas de años anteriores, hasta el de 2025. O como se recoge en decretos específicos en el plan de este año, como el que elevará el salario mínimo para 2027.

Según detalla el documento, el objetivo de esta norma será “presentar la previsión cifrada y sistemática de los ingresos y gastos del ejercicio y fijar los créditos y normas que regulan la actuación administrativa en la distribución y gestión del gasto público”.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Presidencia, Félix Bolaños, insistió en que el Gobierno tiene la “voluntad” de aprobar unos Presupuestos, pero que “ahora no es el momento”. 

Es un discurso que llevan repitiendo en el Ejecutivo desde que estalló el conflicto en Oriente Próximo. “Vamos a presentar los Presupuestos, pero en este momento el Gobierno de España está centrado en la misma preocupación que tienen todos los españoles y españolas: cómo amortiguar las consecuencias de la guerra”, respondió el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en una entrevista con elDiario.es.

Sin marcarse plazos, el Gobierno ya ha dado por hecho que la elaboración de unas cuentas públicas se retrasará “semanas” o “meses”, toda vez que la guerra en Irán ha desbaratado las previsiones económicas del proyecto que dejó preparado la exvicepresidenta María Jesús Montero antes de salir del Ejecutivo para concurrir como candidata del PSOE en las elecciones andaluzas.

“Cuando tengamos un escenario macroeconómico actualizado y aterrizado en función de lo que prevemos que va a ser el resto del año, en base a este escenario presentaremos los Presupuestos”, dijo el vicepresidente Carlos Cuerpo la pasada semana. La actualización del cuadro económico es el primer paso para la elaboración de unas cuentas. Y si las previsiones se retrasan, también se retrasa el Presupuesto. 

Lo que sí contempla Hacienda aprobar este año son los cambios en el sistema de financiación autonómica. Lo hará mediante dos normas: una ley orgánica “con el objetivo de acometer una actualización y reforma del sistema de financiación autonómica para hacerlo más eficiente y equitativo”, de acuerdo al modelo que Montero acordó con ERC. Y otra ley que “regula” el modelo de reparto.

Mayor control a las inversiones extranjeras

En el plan normativo, el vicepresidente Cuerpo ha incluido la aprobación de una ley para reforzar el control de las inversiones extranjeras e incluir en la normativa española los cambios aprobados a escala europea. Entre otros, una supervisión férrea en ámbitos como las tecnologías de doble uso (civil y militar), las materias primas fundamentales o aquellas entidades críticas en sectores como la energía, el transporte, las infraestructuras digitales o algunas entidades financieras.

El Gobierno apunta en el plan normativo que reformará otros aspectos de la actual ley para “llevar a cabo un control más focalizado y efectivo, acorde a la coyuntura geopolítica actual”. En este sentido, también recoge el desarrollo, mediante real decreto, de un Comité de Inversiones Estratégicas, una promesa del presidente Pedro Sánchez del año pasado, para “facilitar y priorizar proyectos estratégicos” con capital nacional o foráneo y “agilizar” su puesta en marcha.

El programa incluye otras normativas que ya han comenzado su tramitación en el seno del Gobierno, como la de contratos de crédito al consumo, que ya pasó en primera vuelta por el Consejo de Ministros, o la transposición de numerosas directivas pendientes de incorporar. Según los datos del Ejecutivo, de las 179 normas (entre leyes orgánicas, leyes y reales decretos) que prevén aprobar este año, 61 (el 34%) derivan de regulaciones comunitarias.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que estaría dispuesto a realizar una revisión del salario mínimo interprofesional (SMI) para “hacer frente a las consecuencias” de la guerra de Irán sobre la inflación, ya que la ley permite hacer una revisión semestral de esta renta mínima.

“El Gobierno estaría dispuesto a tenerlo en cuenta”, ha expuesto este jueves durante la Comisión de Trabajo y Economía Social en el Senado, informa Europa Press, en la que ha trasladado el compromiso del Gobierno de seguir subiendo y adaptando el SMI a la realidad de cada momento.

De acuerdo con el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que regula el SMI, esta menor retribución posible se fijará tras una consulta con los agentes sociales –en el Gobierno han apostado desde 2020 por negociar con empresas y sindicatos, aunque los últimos solo los han firmado con los representantes de los trabajadores– y tendrá en cuenta la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), la productividad, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económmica.

Pero el mismo apartado señala la posibilidad de revisar la cuantía a los seis meses “para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado”.

El Gobierno aprobó una subida del SMI del 3,1% este año, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas, a través de un Real Decreto que se aprobó en febrero en Consejo de Ministros y que tenía carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.

“Es importante avanzar con un salario mayor”

El 'número dos' de Trabajo ha reivindicado en el Senado la necesidad de que los salarios se incrementen. En este sentido, ha recordado que España mantiene una brecha salarial con el resto de Europa “de un 20%”, pese a que el Gobierno ha hecho “todo lo que está en su mano” para incrementar el SMI, que ha subido un 64% desde 2018, dejando atrás los “indecentes” 700 euros en los que lo dejó el Partido Popular.

Sin embargo, ha recordado que la negociación colectiva es la que debe ahora actuar para subir el resto de los salarios, ya que el Gobierno no puede incidir sobre los salarios de las empresas privadas.

“Es muy importante que avancemos todos de la mano en un salario mayor que rompa nuestra brecha con Europa y que de alguna manera nos permita seguir avanzando en mejores condiciones de trabajo y empleo”, ha reivindicado.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.081 personas en marzo en Castilla-La Mancha con relación al mes anterior (-0,9%) hasta los 119.512 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en marzo la mayoría de veces en Castilla-La Mancha (17 veces) mientras que ha subido en 9 ocasiones.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 11.237 parados, lo que supone un 8,6% menos.

Datos por sectores, sexo y provincias

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 1106 menos (-1.26%); Construcción, 250 menos (-3.26%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 188 más (+1.83%); Agricultura, 69 más (+1.4%); Industria, 18 más (+0.17%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (86.340), Sin empleo anterior (10.442), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (4.994), Construcción (7.409), Industria (10.327).

En cuanto a sexos, de los 119.512 desempleados registrados en marzo, 78.110 fueron mujeres, 714 menos (-0,9%) y 41.402, hombres, lo que supone un descenso de 367 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,9%).

En marzo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 30 parados menos que a cierre del pasado mes (-0,3%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 1.051 desempleados (-0,95%).

El paro bajó en todas las provincias, siendo la mayor caída en Ciudad Real (-399), Albacete (-346), Cuenca (-124), Guadalajara (-118), Toledo (-94).

Contratación: el 58% son contratos temporales

En marzo se registraron 45.595 contratos en Castilla-La Mancha, un 14,2% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 19.936 fueron contratos indefinidos, cifra un 19% superior a la de marzo del año anterior y 25.659, contratos temporales (un 10,7% más).

Del número de contratos registrados en marzo, el 56,28% fue temporal (frente a un 58,42% del mes anterior) y un 43,72%, indefinidos (el mes precedente fue un 41,58%).

El Gobierno de Castilla-La Mancha lo valora positivamente

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, ha valorado que “además de bajar en términos mensuales, el descenso del paro en los últimos 12 meses en Castilla-La Mancha sitúa a la Comunidad Autónoma como la tercera región en la que más ha bajado el paro en términos interanuales, con una caída de 11.237 personas y del 8,59 por ciento que es además el descenso más pronunciado en la comunidad autónoma desde septiembre de 2023, consolidando la cifra más baja de desempleo en Castilla-La Mancha en marzo de los últimos 18 años”.

Esa caída interanual hace que hoy haya en Castilla-La Mancha menos paro que hace un año en todos los sectores económicos, con caídas muy importantes en agricultura (-12,65 por ciento) o en el sector de la construcción (-11,57 por ciento), así como en el sector servicios, donde el paro ha bajado en el último año en más de 8.000 personas.

CCOO: “La precariedad sigue teniendo rostro de mujer”

La central sindical CCOO de Castilla-La Mancha ha celebrado los datos de paro publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, destacando el descenso en todas las provincias.

Según el secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto“, marzo es un mes de recuperación típico en el que el empleo estacional reactiva el mercado laboral”.

Sin embargo, ha subrayado que lo que distingue este mes es que el descenso del paro es transversal a todas las provincias y que la contratación indefinida crece a doble dígito, lo que demuestra que la reforma laboral sigue dejando una huella estructural positiva en el mercado de trabajo regional, según ha trasladado CCOO.

Por otra parte, Del Puerto ha insistido en que “la precariedad sigue teniendo rostro de mujer en Castilla-La Mancha”.

“El empleo que se crea es mayoritariamente masculino en términos de jornada completa e indefinido, mientras que las mujeres siguen acumulando contratos a tiempo parcial y mayor temporalidad. La aprobación definitiva de la Ley de Igualdad Retributiva y el desarrollo de la Ley de Brecha salarial en la región son medidas urgentes que no pueden seguir esperando”, ha declarado en este sentido.

UGT reivindica más medidas para los parados de larga duración

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha destacado como dato muy positivo el descenso del paro entre los jóvenes y las mujeres, aunque ha recordado que, “de las 119.512 personas desempleadas registradas en marzo, 78.110 siguen siendo mujeres”.

“El mercado laboral continúa mostrando fortaleza, sin embargo, esta evolución positiva convive con fragilidades estructurales persistentes, que se reflejan claramente en las dificultades de acceso y estabilidad laboral que siguen afectando a la juventud y a las mujeres. Tenemos que reforzar las políticas activas de empleo”, ha planteado.

Carrascosa, también se ha mostrado cautelosa por las consecuencias que la guerra de Irán puede acarrear en los próximos meses en el empleo.

“A todo esto, se suma un factor externo de gran relevancia: la invasión de Irán, que puede impactar en el empleo en los próximos meses a través del encarecimiento del petróleo, y las presiones inflacionistas”, ha señalado en este sentido.

“Por todo ello, se deben redoblar esfuerzos para defender el poder adquisitivo en la negociación colectiva, reforzar la formación y la inserción laboral juvenil y reclamar medidas que protejan a las personas trabajadoras y a los sectores más vulnerables”, ha añadido.

La responsable de empleo del sindicato, considera “imprescindible” acometer algunas reformas que aprovechen el contexto de creación de empleo que atraviesa la economía española para reformar las políticas activas de empleo, seguir con la reducción del desempleo y fomentar la creación de puestos de trabajo en sectores de alto valor añadido.

“Todavía hay un margen importante para reducir el desempleo de larga duración, que afecta a las personas que llevan un año o más en desempleo y que dificulta su reinserción al mercado laboral. Esta problemática se extiende a casi 4 de cada 10 personas desempleadas. Por eso, se deben fortalecer las políticas activas de empleo mediante servicios públicos con orientación personalizada, programas mejor diseñados y un sistema de evaluación claro. Dotar de recursos adecuados a los servicios públicos de empleo es clave para lograrlo”, ha declarado la responsable sindical.

CSIF celebra el descenso de parados pero incide en la desigualdad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado el descenso de 1.081 parados en el mes de marzo en la comunidad autónoma.

El sindicato ha destacado que el sector Servicios ha liderado el incremento de puestos de trabajo (1.106) en un mes donde el paro ha descendido en todas las provincias “gracias a la celebración de la Semana Santa y el aumento de empleo que genera en ámbitos como la hostelería y el turismo”, mientras que el desempleo se incrementaba ligeramente en Industria y Agricultura.

Sin embargo, CSIF ha puesto el foco en las desigualdades de la contratación. Así, apuntan que “el aumento en 5.343 contratos en el Régimen General no ha estado acompañado de estabilidad: solo uno de cada cuatro contratos firmados (25,7%) fueron indefinidos a tiempo completo, y entre ellos el 72,3% lo ocuparon hombres, mientras que los fijos discontinuos supusieron el 30,3%”.

Señalan, que las jornadas parciales continúan siendo ocupadas mayoritariamente por mujeres, tanto en la contratación indefinida (73%) como en la temporal (64%), “mostrando un mes más las diferencias del mercado laboral de la región: las mujeres, que representan el 65,3% del paro registrado, se ven empujadas a aceptar empleos temporales o reducir sus horas de trabajo ante la necesidad de atender a hijos y familiares, lo que supone un obstáculo para la igualdad real, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral y personal”.

Andalucía encabeza la bajada del paro en marzo al registrar 8.836 desempleados menos que en febrero, lo que supone un descenso del 1,5% y sitúa el total en 579.638 parados, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con esta caída, la comunidad se posiciona como la que más contribuye al descenso del desempleo a nivel nacional.

Por provincias, el paro descendió en siete de las ocho provincias andaluzas, con Cádiz liderando la bajada (-2.352), seguida de Sevilla (-1.939), Málaga (-1.863), Granada (-1.187), Huelva (-1.021), Córdoba (-499) y Almería (-33). El desempleo solo aumentó en Jaén (+58).

En términos interanuales, el paro acumula una bajada de 63.584 personas, un 9,89% menos, consolidando la tendencia positiva del mercado laboral andaluz.

Por sectores, el desempleo descendió principalmente en Servicios, con 7.351 parados menos, seguido de la Construcción (-2.167) y la Industria (-527). En cambio, aumentó en Agricultura (+522) y en el colectivo Sin Empleo Anterior (+687). El sector servicios continúa concentrando la mayor parte del paro, con 402.338 desempleados.

El descenso del paro se dejó sentir en ambos sexos, aunque fue mayor entre las mujeres. Del total de desempleados, 356.643 son mujeres, tras una bajada de 5.746 (-1,58%), mientras que los hombres en paro se sitúan en 222.995, con 3.090 menos (-1,36%).

Por edades, el desempleo juvenil también registró una caída, con 442 parados menos entre los menores de 25 años, mientras que entre los mayores de esa edad el descenso fue de 8.394 personas.

A nivel nacional, el paro también bajó en marzo en 22.934 personas (-0,9%), hasta un total de 2,4 millones de desempleados, su nivel más bajo en este mes en los últimos 18 años. Andalucía, junto a Cataluña (-3.777) y la Comunidad Valenciana (-2.467), concentró buena parte de este descenso.

En cuanto a la contratación, en Andalucía se firmaron 292.542 contratos durante marzo, un 25,2% menos que hace un año. De ellos, el 42,7% fueron indefinidos (124.823), mientras que el 57,3% fueron temporales (167.719).

El refuerzo del registro de la jornada laboral propuesto por el Ministerio de Trabajo, pactado con los sindicatos mayoritarios, ha recibido dos importantes golpes. Los dos órganos consultivos que tenían que analizar el texto han resuelto desfavorablemente a la norma, tanto la Agencia de Protección de Datos como el Consejo de Estado. Este último con un dictamen muy duro y unánime en contra, que complica el futuro del reglamento.

La decisión del Consejo de Estado, presidido por la exministra socialista Carmen Calvo, se cerró el pasado jueves en su Comisión Permanente, como adelantó este medio. El órgano tuvo en cuenta el texto del real decreto, así como su memoria económica, y multitud de informes de distintos actores, tanto de los agentes sociales, como de distintas patronales y otros miembros del Gobierno.

Entre ellos, destacan los informes desfavorables del Ministerio de Economía, de Carlos Cuerpo, que llegó a emitir dos documentos contrarios a la norma. El primero, ponía en duda la validez legal del propio decreto, algo que después eliminó en su segundo informe. El Consejo de Estado concluye precisamente en este sentido.

También hay algunas reticencias de otros Ministerios, como el de Función Pública, que advierte de que el decreto afecta a su personal laboral y que requeriría de cambios en sus sistemas de control horario, para lo que pide un plazo “mínimo de un año” y denuncia que “existe un impacto presupuestario que no se ha valorado ni considerado en la memoria”.

El Consejo de Estado rechaza la legalidad del decreto

Entre las principales conclusiones del Consejo de Estado, se opone a la legalidad del real decreto. “Lo que puede la ley no lo puede el reglamento”, resume el órgano consultivo, que considera que el reglamento desarrollado por el Ministerio de Trabajo excede las competencias del real decreto y desarrolla elementos que exigirían de una ley, que no existe.

El Consejo de Estado recuerda que el Ministerio intentó tramitar los cambios en la ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media a la semana, pero esta fracasó en el Congreso por el no de PP, Junts y Vox.

El órgano considera, por un lado, que el reglamento no puede imponer un registro digital si no tiene una ley previa que explicite esta característica del control horario, algo en lo que discrepa un consejero, el exmagistrado y ministro de Justicia Fernando Ledesma Bartret (que no obstante, comparte el resto de reticencias y se posiciona en contra de la norma).

Pero no es el único elemento en el Consejo de Estado considera que se excede el decreto. “No se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”, recoge el dictamen.

La consecuencia sería “la nulidad por infracción del principio de legalidad” de gran parte del decreto, según el Consejo de Estado: “Afectaría a los artículos 1 a 7, al artículo 9 y a las disposiciones finales cuarta a sexta”.

Tampoco respeta la protección de datos

Entre el resto de reticencias del Consejo, destaca el rechazo de cumplimiento del nuevo registro horario de la legislación sobre protección de datos. El dictamen cita para ello la resolución desfavorable del otro órgano consultivo que tenía que examinar el decreto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

“El informe de la Agencia Española de Protección de Datos es desfavorable en relación con el cumplimiento del principio de reserva de ley al que se sujeta el tratamiento de datos personales”, indica. El informe negativo es del pasado mes de diciembre.

La Agencia advirtió de que el tratamiento de datos que se plantea precisa de un informe de los riesgos en materia de protección de datos, que no se había hecho, aunque fue incluido a posteriori por el Ministerio de Trabajo. Además, la AEPD expresó sus dudas “acerca de que la protección de los datos esté garantizada en relación con el acceso de terceros” al registro, “ya que no se justifica suficientemente que la representación de los trabajadores pueda acceder a todos esos datos”.

Aunque Trabajo insistió en la proporcionalidad de los datos exigidos y en su acceso por la representación de la plantilla, el Consejo de Estado estima que “los datos que ofrece la memoria no son suficientes como para justificar debidamente la iniciativa normativa adoptada, que incide en un derecho constitucionalmente garantizado a la intimidad de todos los trabajadores asalariados de España”.

Los sindicatos CCOO y UGT han lanzado un comunicado conjunto de rechazo al dictamen del Consejo de Estado, en el que entre otras cosas, carga contra su “llamativo” celo respecto a la protección de datos.

“La preocupación por la privacidad parece, en este caso, invertida: no se protege a las personas trabajadoras, sino que se corre el riesgo de proteger la identidad de las empresas incumplidoras, dificultando el acceso efectivo de la Inspección de Trabajo a los registros de jornada”, sostienen las organizaciones mayoritarias de trabajadores.

Se complica el futuro de la norma

Aunque el Consejo de Estado sea un órgano consultivo, su negativa es muy relevante y complica la viabilidad del decreto. De primeras, de cara a la propia aprobación del actual texto por el Consejo de Ministros, que todo apunta a que encontrará reticencias, por ejemplo, del Ministerio de Economía.

“Es normal, dentro de los procesos habituales, que los textos legislativos se vayan adaptando”, indican fuentes del departamento de Carlos Cuerpo, que indican que Economía está “a favor del objetivo perseguido por esta medida”, pero indica “la necesidad de facilitar a las empresas su adopción”, sobre todo a las pymes, con “periodos de adaptación suficientes que permitan que el control del registro horario sea sostenible y pueda ser un pilar para reforzar la reducción efectiva de la jornada laboral”.

En el Ministerio de Trabajo sostienen que tendrán “en cuenta los informes aunque solo sean consultivos”, pero matizan: “Siempre que no desnaturalicen la norma que el Ministerio quiere llevar a cabo, que es que se cumpla la jornada en España, que se garantice el cumplimiento estricto de las compensaciones por horas extras y obviamente que pueda ser revisada por la Inspección y en formato digital”.

El cualquier caso, la negociación con sindicatos “no se va a volver a abrir porque hubo una mesa de dialogo social que duró 11 meses y en la que se llegó a un acuerdo”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz.

Los sindicatos CCOO y UGT han insistido por su parte al Ejecutivo de coalición para que apruebe la medida pactada. “El Gobierno no puede ampararse en un informe no vinculante para incumplir los compromisos adquiridos en el marco del diálogo social ni para renunciar a su obligación de garantizar un sistema de registro que sea verdaderamente objetivo, fiable, accesible y no manipulable. Está en juego el respeto a los derechos de 16,6 millones de personas trabajadoras y la propia equidad del sistema económico”, sostienen.

Sin embargo, aunque saliera adelante el real decreto como está en el Consejo de Ministros, y se llegara a aplicar en la práctica, su futuro se complica ya que estos dictámenes contrarios allanan el camino a los recursos judiciales que pretende presentar la patronal contra esta medida.

Presión hasta el último minuto. El Consejo de Ministros extraordinario para abordar el decreto anticrisis por la guerra de Irán se ha retrasado dos horas ante la negativa de los miembros de Sumar a que diese comienzo si se deja fuera la prórroga de los contratos de alquiler y medidas de control a los márgenes empresariales. El Consejo de Ministros debía haber comenzado sobre las 9.30 horas y finalmente lo ha hecho pasadas las 11.30, pero todavía no hay acuerdo definitivo y seguirán negociando dentro, según fuentes del socio minoritario. Está previsto que a su conclusión comparezca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

[ACTUALIZACIÓN: El Gobierno acuerda congelar los alquileres y aprueba dos reales decretos-ley en respuesta a la crisis de Irán]

Los ministros de Sumar han defendido en los últimos días la prórroga de los alquileres. Es una medida que llevan reclamando desde octubre, vinculada a los 600.000 contratos que, según las estimaciones del Ministerio de Consumo, finalizan este año, encarando importantes subidas de precios. Desde el ala socialista han argumentado que el paquete de este viernes tiene que ser de consenso por la debilidad parlamentaria del Gobierno y temen que la inclusión de estas medidas pueda provocar que sea tumbado en el Congreso.

El plan anticrisis será un paquete similar al que ya se hiciera para otros conflictos como el de Ucrania y que incluirá distintas rebajas fiscales y medidas de estímulo para evitar una escalada de la inflación. Entre las medidas que se aprobarán está la rebaja del IVA de los combustibles al 10%, según ha adelantado la SER y ha confirmado elDiario.es en fuentes parlamentarias.

El Ministerio de Trabajo ha incluido asimismo la prohibición de despedir por causas objetivas derivadas de esta crisis a las empresas que reciban ayudas públicas para mitigarla, confirman fuentes del departamento de Yolanda Díaz, a falta de que se confirme cuando se celebre el Consejo de Ministros de este viernes.

A estas dos medidas se sumarán descuentos en los impuestos de la luz, así como una garantía de suministros, según fuentes parlamentarias. En concreto, el IVA de la luz y el gas será rebajado al 10%. Además se incluirá un refuerzo en el bono eléctrico y térmico.

El pasado verano, en medio del enorme ruido alrededor de las negociaciones por la reducción de jornada y la ampliación de los permisos por nacimiento, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, estaba contenta por otro asunto. Después de mucho tiempo de negociaciones con el Partido Socialista, el Estatuto del Becario por fin avanzaba en el seno del Gobierno. Esta semana el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley, que ya viaja al Congreso, donde espera otra intensa negociación. Será la última batalla legislativa de la ministra de Trabajo, que hace apenas unos días renunció a ser la candidata de la izquierda en las elecciones y que cerrará una etapa cuando termine la legislatura.

El Estatuto del Becario es una larga ambición para Yolanda Díaz, que ya intentó sacar adelante esta medida en la legislatura pasada. Se trata de una norma que busca regular nuevos derechos para los estudiantes, como la compensación de los gastos derivados de las prácticas, como el transporte. Es, como lo ha definido la propia ministra, un texto “que erradica y expulsa la precariedad de la vida de la gente trabajadora joven en España”.

Además de un conjunto de nuevos derechos para los estudiantes en prácticas, como a la compensación de gastos, a vacaciones y a una “tutorización adecuada”, la norma regula más límites para evitar los abusos y el fraude de los falsos becarios. Tanto del número de becarios que pueden tener las empresas, como de las horas que pueden realizar de prácticas. Además, aumentan las sanciones por abusos sobre esta figura, con multas de hasta 225.000 euros para situaciones de discriminación que les afecten. 

El fin último de la regulación es diferenciar a un estudiante en prácticas de lo que es un trabajador joven en formación, para lo que hay contratos laborales que “no se usan” apenas, denunció de nuevo esta semana la vicepresidenta Díaz, ya que muchas compañías prefieren acudir a esta figura de “gratis y sin derechos”.

Muy difícil que salga adelante en el Parlamento

El camino para llegar hasta la aprobación de esta ley en el Consejo de Ministros ha sido tortuoso y se prevé aún más difícil todavía su tramitación parlamentaria. Los primeros pasos de la negociación se empezaron a dar en 2022, con fuertes resistencias de la patronal. Y fue hacia finales de la pasada legislatura cuando la ministra de Trabajo pactó por primera vez con los sindicatos un texto definitivo, que generó muchas tensiones en el seno del Gobierno. De hecho, el acuerdo no llegó a fructificar con la convocatoria electoral anticipada de 2023. 

Tras una negociación de algo más de un año, la patronal se descolgó del acuerdo en la recta final. En la oposición a la norma han destacado los rectores de Universidades (CRUE), centros privados de formación y algunos sectores empresariales con un uso intensivo de becarios. Además, varios socios parlamentarios del Gobierno también rechazaron el texto pactado con los sindicatos, como el PNV.

A pesar de aquel acuerdo con los sindicatos, el texto no salió rápido al comienzo de la legislatura. Las tensiones con el PSOE impedían que la norma avanzara, mientras la vicepresidenta segunda centraba sus principales esfuerzos en impulsar la reducción de la jornada laboral. Hasta que el verano pasado las piezas comenzaron a encajar y los socialistas aceptaron tramitar el texto en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE), el paso previo para su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros. La vicepresidenta Yolanda Díaz celebró esta semana haber logrado poner fin a este “largo debate”. 

Tras resolver esas tensiones internas, el Gobierno envía ahora el texto al Congreso, donde el camino no será nada fácil. La norma de hecho no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante, como ya ocurrió con la reducción de jornada. Junts ya advirtió a finales del año pasado que no apoyaría nada que viniera del Ejecutivo, pero esta medida en concreto rechina todavía más a los siete diputados sin los cuales no hay mayoría para aprobar leyes en la Cámara Baja. 

Las reticencias en este caso no parten solo de Junts. Fuentes del diálogo social sostienen que la regulación encuentra grandes resistencias también entre otras fuerzas como el PNV, Esquerra Republicana o EH Bildu. El primer paso a partir de ahora será el debate de totalidad, aunque como suele ocurrir con el resto de leyes, la mayoría progresista de la mesa no forzará ese paso hasta que no avancen los apoyos. 

Ya ocurrió con la reducción de jornada, el gran proyecto de Yolanda Díaz para la legislatura, que quedó en vía muerta por el rechazo de Junts. La vicepresidenta segunda no impulsó el debate de totalidad, el primer trámite parlamentario, hasta que no tuvo atados todos los apoyos menos los de los independentistas catalanes. Finalmente forzó el debate para obligarles a retratarse y votar en contra de una norma que, según sus cálculos, tenía una gran aceptación también entre el electorado de derecha. 

Las últimas batallas de Trabajo

Tras la derrota parlamentaria de aquella medida, Díaz decidió impulsar el registro horario de forma separada, de modo que no tenga que pasar por el Congreso. El proceso ya está en marcha, aunque se ha demorado varios meses, a la espera de que concluya el estudio de la norma por parte del Consejo de Estado. En paralelo a aquella negociación, la vicepresidenta sí consiguió sacar adelante la ampliación de permisos por nacimiento y cuidado, una medida que también se había estirado durante años, también bloqueada por los socialistas. Será esta medida seguramente el gran legado de la vicepresidenta durante esta legislatura, junto a las nuevas subidas del salario mínimo. Ya que, si todo va como parece, el Estatuto del Becario morirá de nuevo en el Congreso a la espera de una mayoría más favorable, improbable según el escenario que dibujan todas las encuestas. 

Además, la vicepresidenta segunda pretende ampliar los permisos por fallecimiento a 10 días y crear un nuevo permiso por cuidados paliativos, una medida que no cuenta con el respaldo de la patronal y que también tiene que pasar por el Parlamento, por lo que su futuro también es incierto.

La ministra impulsa la negociación del Estatuto del Becario apenas unos días después de haber anunciado que ya no aspirará a ser la candidata de la izquierda en las próximas elecciones. Tras varios meses de reflexión, Yolanda Díaz anunció la decisión en un comunicado en el que no explicó demasiado las razones, aunque los motivos personales han pesado sustancialmente a la hora de poner fin a una etapa que se cerrará definitivamente con el fin de la legislatura. 

No tiene previsto volver a repetir como ministra aunque diesen los números para reeditar el Gobierno de coalición, por lo que este proyecto de ley que ya empieza a tramitarse será seguramente su última gran batalla en el legislativo. Díaz culminará así una larga etapa al frente del Ministerio que deja un extenso legado, con la reforma laboral, la aplicación de los ERTE en la pandemia, la Ley Rider o, en esta legislatura, la ampliación de los permisos de nacimiento y cuidado.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley conocido como ‘Estatuto del Becario’. Pactado hace más de dos años por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, sin el apoyo de los empresarios, el Gobierno manda así la legislación al Congreso de los Diputados para su tramitación, que se prevé muy complicada debido a las fuertes resistencias que enfrenta la norma en ciertas empresas y en los rectores de las universidades. Se trata de nuevos derechos para los estudiantes en prácticas, como a la compensación de gastos y a vacaciones, así como más límites para evitar los abusos y el fraude de los falsos becarios.

El Gobierno ha dado este martes su segunda luz verde a la regulación, tras la primera en el mes de noviembre, lo que dirige el proyecto de ley al Parlamento. Ayer, lunes, el Ministerio de Juventud liderado por Sira Rego presentó además un nuevo buzón de denuncia para que los becarios y becarias puedan denunciar irregularidades de manera anónima, que se comunicarán a la Inspección de Trabajo.

El Ministerio de Trabajo cifra el colectivo de becarios y becarias en casi dos millones de jóvenes –algo más de “1,7 millones”– en referencia a los estudiantes en prácticas sin remunerar dados de alta en los dos últimos años desde que es obligatoria la cotización. “Un sector marcado por la precariedad y la falta de derechos. Eso es lo que vamos a solucionar hoy”, apuntan desde el departamento de Díaz.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha recordado que esta ley es un compromiso previsto dentro de la reforma laboral de 2021, “una norma que erradica y expulsa la precariedad de la vida de la gente trabajadora jóven en España”. Díaz ha enfatizado que las prácticas deben ceñirse a una formación “de excelencia”, pero no un trabajo, para lo que ya existen los contratos formativos, que apenas se utilizan en nuestro país. “Y no se usan sencillamente porque el campo está abonado para el abuso” en la figura de los becarios, ha resumido la responsable de Trabajo.

Nuevos derechos para los estudiantes

El Estatuto del Becario (en realidad denominado Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en empresas, instituciones u organismos públicos o privados) regula nuevos derechos para los estudiantes, entre los que destacan la compensación de todos los gastos derivados de las prácticas, como por ejemplo en el transporte y la manutención.

Ahora, las empresas no tienen obligación en este sentido y solo hay una minoría de estudiantes que recibe alguna compensación económica por sus prácticas. Según los primeros datos disponibles, de 2024, en España había casi un millón de becarios que no cobran nada, el 80% del total. El texto también prohíbe explícitamente que los estudiantes tengan que pagar por hacer prácticas, una situación que ocurre en ocasiones, como denuncian los sindicatos.

Además, se regulan entre otros los derechos de los becarios a vacaciones y festivos como el resto de la plantilla, a la protección de su salud, y a todos los servicios con los que cuenten las personas trabajadoras en el centro de trabajo, como la restauración, zonas de descanso y aparcamientos.

También, el derecho a una “adecuada tutorización” de los estudiantes, con el objetivo de garantizar que las prácticas sean parte de la formación y aprendizaje de los jóvenes, y no un empleo sin los derechos de los trabajadores. Los tutores podrían tener un máximo de cinco estudiantes a cargo, o tres en el caso de las pequeñas empresas. En este sentido, la ley incluye la obligación de informar por escrito a la representación legal de la plantilla del número de becarios y de sus condiciones.

Yolanda Díaz ha sostenido que la norma es “controvertida” porque “se lucha contra la precariedad” y hay “fuelles que se resisten”, que hoy se aprovechan del recurso a unos “dos millones de personas trabajadoras gratis, sin derechos”.

Más límites y sanciones ante abusos

Por otro lado, el proyecto de ley tiene entre sus principales objetivos “impedir el fraude” y los abusos en las prácticas, destacan en el Ministerio de Trabajo. “No pueden ser un refugio para evitar contratos laborales o tener trabajadores con contratos low cost”, insisten en el departamento de Díaz.

La norma regula nuevas restricciones en la utilización de estudiantes en prácticas por parte de las empresas y otras instituciones. Los becarios solo podrían suponer un 20% del total de trabajadores, aunque se permitiría en todo caso que haya dos, con la mirada puesta en que las pequeñas empresas también puedan ofrecer prácticas.

También se estipula un máximo de horas de prácticas que podrían realizar los estudiantes. Para las prácticas curriculares, no podrían superar el 25% de las horas que componen los créditos de la titulación. En el caso de los másteres y doctorados, el máximo se amplía al 33%.

Respecto a las prácticas no curriculares, aquellas que no forman parte del currículo educativo de los títulos formativos y que los sindicatos querían eliminar por considerarlas un foco generalizado del fraude de falsos becarios, el límite previsto es “del 15% de las horas” de la titulación, con un máximo en todo caso de “480 horas”.

El proyecto de ley precisa que “se presumirá que existe relación laboral”, es decir, que se trata de un trabajador y no de una persona becaria, “cuando la actividad desarrollada sustituya las funciones de una persona trabajadora por cuenta ajena o cuando no exista una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa y el programa, currículo o competencias incluidas en el itinerario formativo al que está asociada la práctica”.

El texto incluye también nuevas sanciones que podrá imponer la Inspección de Trabajo, como multas de hasta 7.500 euros por incumplir los nuevos derechos de los becarios y de hasta 225.000 euros para situaciones de discriminación que les afecten.

“Es la reforma laboral de la gente joven, lo están esperando”, ha destacado la vicepresidenta Yolanda Díaz. “El Gobierno de España hace lo que tiene que hacer”, ha sostenido la líder de Sumar en el Gobierno y ha emplazado ahora a pronunciarse al resto de las formaciones políticas en el Parlamento. En concreto, ha señalado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha preguntado si “está del lado de la juventud” o si “va a volver a golpearles en la cara”, como hizo el PP al intentar tumbar la reforma laboral.

El paro subió en febrero en Cantabria un 1,23%, con 372 desempleados más que en enero, mientras que en el conjunto del país aumentó un 0,5%, 3.584 parados más, según los datos que publica el Ministerio de Trabajo.

Cantabria cerró febrero con 29.384 desempleados, que suponen un 1,99% menos que los del mismo mes de 2025.

La afiliación a la Seguridad Social en febrero se incrementó respecto a enero levemente, en un 0,34%, hasta llegar a los 232.747 afiliados, que suponen un 1,23% más que el mismo mes del año anterior.

Del total de afiliados, 41.014 son autónomos, según los datos de la Seguridad Social.

El paro subió en once comunidades respecto a enero y Cantabria fue la tercera en la que más se incrementó después de Aragón, con un 1,57% y la Comunidad de Madrid, con un 1,33%.

En el otro extremo, con los mayores descensos, se situaron Islas Baleares (-2,52%) y Asturias (-1,14%).

El paro creció en el sector servicios, en 281 desempleados, y entre el colectivo sin empleo anterior, en 125, pero cayó ligeramente en la construcción (13 menos), la industria (9 menos) y la agricultura (13 menos).

De las 29.384 personas inscritas como desempleadas en las oficinas de empleo de Cantabria, 12.042 son hombres y 17.342 mujeres.

De ese total 2.319 son menores de 25 años, en este caso más hombres (1.287) que mujeres (1.032).

Entre los extranjeros, el desempleo creció en 40 personas, un 1,21%, y descendió más en términos anuales, un 3,51% (122 parados menos), hasta los 3.356.

Crece la contratación indefinida

En Cantabria se firmaron en febrero 1.586 contratos menos que en enero, lo que representa un descenso del 12,98% frente a la caída nacional del 3,83%.

Comparados con el año anterior aumentaron un 5,62% hasta los 10.634 contratos en Cantabria, más que la media (1,87%).

Del total se contratos suscritos el mes pasado en la comunidad autónoma, 7.295 fueron temporales frente a 3.339.

Sin embargo, el número de contratos indefinidos creció tanto mensualmente (4,84%) como en la comparativa anual (9,01%). También se incrementaron en el conjunto de España pero menos que en Cantabria (2% mensual y 2,56% anual).

Prestaciones

De acuerdo con los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, que corresponde a enero, en Cantabria tenían cobertura por desempleo ese mes 15.822 desempleados.

De ese total, 11.446 percibían una prestación contributiva. 4.351 un subsidio y 25, una renta activa de inserción.

El gasto en prestaciones fue de 25,4 millones de euros, de los que 18,3 millones corresponden a las prestaciones contributivas.

El compromiso del Gobierno de España con la economía social “se ha reforzado de manera clara y sostenida” en los últimos años, situando este modelo productivo como uno de los ejes estratégicos de la política pública, con la igualdad de género como principio transversal. Así lo defiende Aicha Belassir, directora general de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES).

Uno de los hitos más relevantes de este recorrido ha sido la incorporación expresa de la economía social en la denominación del propio Ministerio, a lo que se suma la reciente aprobación en el Congreso del Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social. A ello se añade un compromiso presupuestario “sin precedentes”, articulado a través de convocatorias anuales de subvenciones y de instrumentos como el Plan Integral de Impulso a la Economía Social, financiado con fondos Next Generation en el marco del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados.

“El apoyo público debe entenderse como una palanca que contribuye a poner en marcha y fortalecer proyectos con impacto, siempre desde una lógica de autonomía y sostenibilidad a medio y largo plazo”, subraya Belassir, quien destaca iniciativas como WeCoop Mujeres ESS, fruto de la colaboración público-privada. “Proyectos como WeCoop no solo dan visibilidad al liderazgo femenino, sino que generan herramientas, redes y oportunidades tangibles”, señala Belassir, como ejemplo de respaldo institucional a un modelo económico más inclusivo.

En ese sentido, la directora general de la Economía Social subraya que “sostener este tipo de proyectos es coherente con nuestro compromiso con una economía más democrática, más inclusiva y arraigada en el territorio”. Este tipo de proyectos, añade Belassir, “contribuyen a corregir desigualdades estructurales que históricamente han limitado la presencia de las mujeres en los espacios de decisión económica”.

Liderazgo femenino con impacto en el territorio

Al hilo, la directora general recuerda que la actualización de la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027 refuerza de manera explícita el papel activo de las mujeres en este ámbito, con medidas orientadas a la reducción de las brechas de género, el acceso equitativo a la financiación y la promoción de su presencia en los órganos de decisión de las entidades.

Desde el MITES insisten en que la economía social y solidaria solo puede avanzar “si incorpora de forma real y visible la participación activa de las mujeres”. Según explica Belassir, el apoyo del Ministerio a través del Plan Integral de Impulso a la Economía Social está teniendo efectos claramente visibles en proyectos impulsados por mujeres. “Estamos viendo el nacimiento y la consolidación de iniciativas que amplían su impacto y que inciden directamente en la mejora de las condiciones de vida de otras mujeres, especialmente en ámbitos como el empleo, el emprendimiento colectivo o el acceso a redes”, señala.

WeCoop es uno de los ejemplos que, a su juicio, se enmarcan en esta visión, al haber permitido “fortalecer liderazgos femeninos y generar dinámicas de cooperación con impacto real en los territorios”.

Más allá de la financiación

El respaldo institucional a este tipo de proyectos se articula no solo a través de recursos económicos, sino también mediante un acompañamiento continuado. Desde el Ministerio se trabaja para reforzar la autonomía de las entidades, aumentar su visibilidad, fomentar redes entre proyectos y facilitar su consolidación y replicabilidad.

Este enfoque se apoya en la colaboración público-privada como elemento clave del ecosistema de la economía social. Para Belassir, estas alianzas aportan un valor añadido fundamental a cooperativas, pymes y proyectos de inclusión social, al permitir sumar capacidades, recursos y miradas diversas. “No se trata únicamente de financiar iniciativas, sino de acompañarlas y fortalecerlas como parte de una estrategia de país”, afirma.

El impulso a proyectos liderados por mujeres en la economía social también está teniendo efectos en ámbitos estratégicos como la innovación, la transformación digital y el desarrollo rural. Desde el Ministerio destacan que estas iniciativas demuestran que “la innovación no es solo tecnológica, sino también social y organizativa, al introducir nuevas formas de producir, cooperar y tomar decisiones desde una lógica orientada al bienestar colectivo”.

La directora general de la Economía Social remarca que muchas de ellas están liderando procesos de digitalización inclusiva, transición ecológica y nuevos modelos de cuidados desde una perspectiva de proximidad y arraigo territorial. “En el medio rural, además, contribuyen a fijar población y a generar empleo estable, especialmente femenino”, reforzando la cohesión social y territorial.

Retos pendientes y mirada a futuro

Desde su responsabilidad al frente de la Dirección General de la Economía Social y de la RSE, Belassir destaca el trabajo realizado en los últimos años para mejorar los procedimientos, reforzar la transparencia y garantizar la eficacia de las políticas públicas. Entre los avances, señala la actualización normativa, el refuerzo de la inversión pública, la recuperación de estadísticas y el desarrollo de herramientas de análisis y evaluación del impacto de la Estrategia Española de Economía Social.

Pese a los avances logrados, Belassir reconoce que persisten retos relevantes en el ámbito de la economía social. De todos ellos, destaca “el acceso estable a la financiación, la escalabilidad de los proyectos o la superación de barreras estructurales que afectan especialmente a las mujeres”. En este escenario, añade la directora general, la colaboración con la administración pública resulta clave, sobre todo en las fases iniciales, cuando “el apoyo institucional puede marcar la diferencia entre una buena idea y una iniciativa viable”.

El objetivo, en definitiva, es “acompañar en la génesis y las primeras etapas de desarrollo, creando así las condiciones necesarias para que, una vez consolidados estos proyectos, avancen hacia una mayor autonomía y una mayor sostenibilidad”. El modelo por el que apuesta el Ministerio busca ser “más dinámico y circular”, fomentando que los proyectos consolidados actúen como referentes y apoyo para nuevas iniciativas, fortaleciendo así el conjunto del ecosistema de la economía social.

Un mensaje a las mujeres emprendedoras

De cara al futuro inmediato, las prioridades pasan por consolidar estos avances, dotar a la economía social de mayor visibilidad, seguridad jurídica y reconocimiento institucional, así como reforzar su proyección como pilar estratégico del desarrollo económico y social, “posicionando a España como un referente europeo e internacional” en este ámbito.

Como integrante del grupo MujerES LíderES de la Economía Social y reconocida entre las 100 mujeres más influyentes en empresas sociales en Europa, Belassir lanza un mensaje de confianza y ambición colectiva: “Animo a las mujeres a creer en sus proyectos, apostar por la profesionalización, tejer redes y asumir espacios de responsabilidad”, concluye la directora general, subrayando que su participación activa es imprescindible para construir un modelo económico más inclusivo y orientado al interés general.