Un estudi encarregat pel propi Parlament Europeu (PE 776.001, gener de 2026) alerta que els mecanismes actuals de la política de cohesió presenten fallades estructurals greus que posen en risc que els fons destinats a la reconstrucció post-DANA generen una resiliència real. L'informe identifica un conjunt de disfuncions que afecten directament a com s'està gestionant, i es podria malgestionar, els diners europeus en territoris com la Comunitat Valenciana.

Entre les deficiències que documenta l'informe destaca que els projectes finançats no se seleccionen sobre la base del risc climàtic, sinó a criteris administratius que no prioritzen la resiliència futura, que les eines d'avaluació territorial del risc estan obsoletes, cosa que significa que es prenen decisions d'inversió sense un coneixement actualitzat de l'exposició real dels territoris, que els sistemes de seguiment no mesuren resultats de resiliència a llarg termini, per la qual cosa és impossible saber si els diners invertits realment redueix la vulnerabilitat o simplement restaura el que hi havia, o que la coordinació entre els principals agents institucionals és insuficient, amb solapaments entre instruments que generen incoherències i buits.

El text de la eurocàmera reconeix també que els procediments són lents i administrativament complexos, la qual cosa alenteix la resposta precisament quan més urgència hi ha, i que les comunitats afectades tenen una participació mínima o nul·la en les decisions sobre la seua pròpia reconstrucció. L'informe conclou que el principi de «reconstruir per a millorar» (aprofitar la reconstrucció no per a tornar al punt de partida, sinó per a reduir les vulnerabilitats futures) continua sent en la pràctica una declaració d'intencions sense mecanismes que la facen efectiva ni obligatòria.

Davant aquesta situació, l'eurodiputat de Compromís en el grup Verds/ALE, Vicent Marzà, ha presentat una pregunta parlamentària formal a la Comissió Europea. “El propi Parlament Europeu documenta les fallades del sistema i la Comissió segueix sense actuar. No podem consentir que centenars de milions d'euros reconstruïsquen exactament la mateixa vulnerabilitat que la DANA va posar al descobert. Això no és reconstrucció: és tirar els diners públics europeus”, ha afirmat Marzà.

L'eurodiputat ha recordat que va ser una esmena de Compromís i del grup Verds/ALE la que introduïa l'enfocament de “build back better” en l'ús dels fons. Marzà ha exigit a la Comissió tres compromisos concrets: que definisca i exigisca indicadors específics de resiliència climàtica en el seguiment dels fons assignats, que incorpore el principi de «reconstruir per a millorar» com a requisit vinculant en els nous reglaments de cohesió per al període 2028-2034 i que adopte mesures urgents perquè siguen les pròpies comunitats afectades els qui tinguen veu real en les decisions sobre la seua reconstrucció.

“Si la Comissió no actua ara, quan el Parlament Europeu ja li ha posat els deures sobre la taula, estarem construint la pròxima catàstrofe amb diners europeus”, ha conclòs Marzà.

El síndic de los socialistas en las Corts, José Muñoz, ha afirmado este jueves que “los datos oficiales de la Conselleria de Hacienda certifican lo que era un clamor: el Consell ha fracasado estrepitosamente en la reconstrucción y recuperación de la Dana en la Comunitat Valenciana”.

Como ha informado elDiario.es, el Gobierno valenciano que dirige Juan Francisco Pérez Llorca ha cerrado el ejercicio 2025 con una ejecución del 64% del crédito de 2.364 millones de euros concedido por el Gobierno de España mediante una línea extraordinaria del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Según la documentación recabada por esta redacción, finalmente se han licitado actuaciones por valor de 1.520 millones de euros de los que ya se han abonado 1.116 y se han quedado 829 millones sin comprometer.

Según Muñoz, se trata de “un Consell que se ha pasado todo un año ocupado en salvarse ellos, salvarse Mazón y salvarse el resto de su Gobierno, en el que todos actuaron con incompetencia e irresponsabilidad manifiesta el día de la Dana, en lugar de centrarse en levantar la Comunitat Valenciana de la mayor tragedia de nuestra historia”.

El portavoz socialista ha explicado que “de todos los recursos que puso el Gobierno de España a su disposición, el Consell se ha dejado sin invertir 829 millones, que se han perdido para 2025. Igual que, en 2024, no supieron gestionar 400 millones de los 700 millones que puso a su disposición el Gobierno de España. En total, más de 1.200 millones entre 2024 y 2024 desaprovechados y que se han perdido por la incapacidad de esta Consell”.

Para el diputado valenciano del PSPV, “este Consell que se pasa todo el día quejándose no es capaz de gestionar todos los recursos para la dana que pone a su disposición el Gobierno, y hay datos que son dramáticos: la bajísima ejecución de las conselleries sociales es inadmisible, con niños todavía en barracones y sin que se les dé una solución”.

Y gravísimo es, según Muñoz, que “los dos programas de Vivienda con dotación dana para atender a los problemas generados por la barrancada y asegurar una vivienda a los afectados solo han ejecutado un miserable 15,2% del dinero que tenían presupuestado en 2025, únicamente 11,24 millones de los 74 millones presupuestados. Es de una incompetencia increíble e inaceptable”.

La Conselleria de Hacienda han explicado a elDiario.es que en ningún caso se pierde el dinero que no se ha ejecutado puesto que al tratarse de un préstamo la cuantía no gastada se puede destinar a las actuaciones previstas a lo largo de 2026, aunque será mediante otra línea de crédito. Precisamente el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles un acuerdo del Gobierno por el que se autoriza a la Comunitat Valenciana a recibir asignaciones del FLA para garantizar la financiación por el impacto de la dana.

El Gobierno de España ha designado a la comisionada para la reconstrucción por la dana, Zulima Pérez, como su interlocutora con el vicepresidente tercero del Consell, Vicente Martínez Mus, para cerrar las cuestiones relativas a la comisión mixta entre ambas Administraciones que se va a poner en marcha.

De hecho, Pérez ha contactado ya con Martínez Mus y han acordado reunirse el próximo 9 de enero para buscar una fecha de constitución de esa comisión mixta, que se propone que se constituya a lo largo del mes de enero, y ver su sistema de funcionamiento, según han confirmado a EFE fuentes de ambas Administraciones.

La creación de esta comisión mixta fue una de las peticiones que le trasladó el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron el pasado 17 de diciembre de Moncloa, de la que salió con el compromiso de constituirla.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha remitido este martes una carta a Martínez Mus en la que le reitera la “plena disposición” del Gobierno a trabajar “de manera coordinada” con la Generalitat, “manteniendo su apoyo y su mano tendida, como ha hecho desde el primer momento, para avanzar conjuntamente” en la reconstrucción posdana.

Torres reivindica en su carta, a la que ha tenido acceso EFE, que, desde el inicio de esta “situación excepcional, se ha articulado un modelo de coordinación permanente y singular con la Generalitat” y las administraciones implicadas, que se ha materializado en “un diálogo continuo y en reuniones de trabajo bilaterales y multilaterales” a todos los niveles.

Sobre “esta base de cooperación institucional”, expone el ministro, el Gobierno de España “agradece la disposición de la Generalitat para añadir un mecanismo adicional de cooperación a los ya existentes”, mediante la creación de una comisión mixta, concebida como “espacio de trabajo compartido fundamentado en los principios de lealtad institucional y de rendición de cuentas”.

En este nuevo órgano estarán representados el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, la Diputación de València y todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana afectados, señala Torres, quien expone que se propone que pueda constituirse en enero, en la fecha “que resulte más adecuada de mutuo acuerdo”.

Torres expone que Zulima Pérez actuará como representante del Ejecutivo en los trabajos de coordinación, seguimiento y adopción de acuerdos de esta comisión mixta, y se despide “reiterando la voluntad de colaboración institucional y el firme compromiso del Gobierno de España con una reconstrucción eficaz, justa y plenamente coordinada”.

Por su parte, desde la vicepresidencia tercera del Gobierno valenciano han señalado a EFE que la carta del ministro constituye “un paso mínimo” y que “lo importante es que se refleje en acciones y que la comisión realmente desbloquee los proyectos pendientes” de los14 meses transcurridos desde la dana del 29 de octubre de 2024.

El 'Plan Endavant' para reconstruir y transformar la Comunitat Valenciana tras la DANA del pasado 29 de octubre, que ha dejado 228 víctimas mortales, cuenta con un total de 339 iniciativas iniciales presupuestadas en 29.000 millones. De ellos, 14.500 millones son para actuaciones competencia Generalitat, 12.600 millones del Estado, y el resto, correspondientes a otros actores, unos 1.450 millones.

El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, ha presentado este lunes el documento acompañado del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols. El plan lo ha elaborado la consultora PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios (PwC) por medio de un contrato de emergencia adjudicado por Pampols, con un coste de 2,2 millones de euros, de los que ya se ha abonado un 50%. Un contrato que ha generado una inspección de trabajo por supuesta cesión ilegal de trabajadores.

Al acto han asistido un nutrido número de autoridades políticas y de personalidades de la sociedad económica, social y académica de la Comunitat Valenciana, así como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por parte de la Administración General del Estado, ha asistido el comisionado del Gobierno para la reconstrucción, José María Ángel.

Por su parte, los síndics de PSPV y de Compromís en Les Corts, José Muñoz y Joan Baldoví, habían sido invitados, pero han declinado asistir por la gestión de Mazón de la DANA y para no “blanquear” su imagen, según fuentes de ambos grupos.

Sin embargo, las asociaciones de víctimas de la DANA no han recibido invitación, según han confirmado a elDiario.es. De hecho, a la hora del acto las tres asociaciones principales estaban en la Delegación del gobierno con la Comisionada de Salud Mental, Belén González: “Ni estábamos invitados ni informados”, ha afirmado la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O, Rosa Álvarez.

El acto ha tenido una duración de más de una hora en el que tanto Mazón como Pampols han explicado las líneas básicas de actuación, pero no ha habido turnos de preguntas para los medios de comunicación.

En su intervención, Mazón se ha justificado en varias ocasiones asegurando que ninguna administración estaba preparada para una catástrofe así: “La pesadilla del 29 de octubre fue fruto de un evento natural excepcional, fuera de lo normal”, ha asegurado.

Propuestas y medidas

El plan incluye 339 actuaciones, 266 serían competencia exclusiva de la Generalitat, 21 de la Administración General del Estado, 11 de Ayuntamientos y ocho del sector privado, mientras que las 33 restantes serían de competencia compartida.

Mazón ha matizado que este plan se trata de “un borrador” ya que se someterá a consulta pública y se propondrá como propuesta de acuerdo al Consell para su aprobación a lo largo del mes de julio, por lo que prevé que estas 339 iniciativas crecerán cuando “se incorporen las que procedan del trámite de comunicación pública”.

Así, ha concretado que dispone de cuatro ejes: “Revolución en las infraestructuras, en la prevención, en la protección y en la gestión de emergencias”. En el primer caso se trata de “intervenciones integrales en el barranco del Poyo y en el cauce del río Magro; solicitamos que se identifiquen y jerarquicen tramos según su conflictividad, que se limpien y se mejore la capacidad de desagüe; también instalación de tanques de tormentas para grandes volúmenes de agua o un estudio integral con el Gobierno sobre los motivos por los que algunas carreteras y puentes no soportaron la presión para tenerlo en cuenta a la hora de la reconstrucción”.

Sobre el segundo eje ha explicado que se trata de actualizar las infraestructuras de monitoreo y respuesta temprana ante situaciones de emergencia. Realizar un “test de estrés para identificar zonas de riesgo elevado y definir programa de medidas”. Una guía “individualizada de cada barranco con sistema de alerta temprana”.

El tercer eje pretende modificar la normativa de seguridad de edificios públicos y privados con “obligación de instalación de bombas de achique y rutas de evacuación vertical, de salida a zonas seguras, así como dar formación en protección a los escolares al igual que se hace con incendios”, ha explicado Mazón.

Por último, en cuanto a la gestión de emergencias, “no puede ser suficiente con aportar un dato, sino qué riesgo implica para las personas” por eso “además de información de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), los ayuntamientos tendrán que reportar cada 60 minutos la situación de sus barrancos cuando hay una alerta naranja o roja”.

Mazón ha propuesto la creación de “una empresa pública mixta entre la Generalitat y el Estado para ejecutar infraestructuras hidráulicas así como la creación de una Agencia Estatal del Agua con sede en Comunitat Valenciana”. También fomentar el desarrollo suelo para construcción viviendas con una sociedad mixta y la creación de una comisión permanente en las Corts para seguimiento y control de plan recuperación.

El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, ha presentado este lunes el plan de Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana tras la DANA que dejó 228 muertos en la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.

El plan lo ha elaborado la consultora PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios (PwC) por medio de un contrato de emergencia adjudicado por el vicepresidente y conseller para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, con un coste de 2,2 millones de euros, de los que ya se ha abonado un 50%. Un contrato que ha generado una inspección de trabajo por supuesta cesión ilegal de trabajadores.

Mazón ha puesto en valor que han trabajado “sin descanso para dotar de recursos económicos a vecinos y empresas; reconstruir infraestructuras básicas como el metro o los colegios; ofrecer recursos para la protección de la salud mental de todos los afectados” y ha destacado que “esta primera fase ha sido posible gracias al trabajo ingente” del personal de la Generalitat.

“Hoy empieza una nueva fase después de que todos los municipios hayan abandonado la fase de emergencia. Vamos a adentrarnos de forma detallada en el Plan Endavant” ha dicho el jefe del Consell, quien ha detallado que en estos 244 días desde la DANA se han movilizado 1.466 millones de euros de ayudas directas, 924 millones de euros en contratos de emergencia, se han limpiado más de 900 garajes, se han gestionado 9.300 palés de ayuda humanitaria y se han dedicado 330.000 horas de trabajo.

Según Mazón, con este plan “se abordan las reformas estructurales para consolidar la recuperación y evitar que vuelva a suceder algo así”. Además, se ha preguntado si hay infraestructuras que podrían haber minimizado el impacto de la riada, si disponemos de planes que permitan reaccionar de forma inmediata, si los barrancos están en las mejores condiciones y por qué no ha sido posible una mejor coordinación entre administraciones.

“Las futuras generaciones nos juzgarán por nuestra capacidad de haber comprendido y de haber aprendido de lo sucedido. Aunque los valencianos somos un pueblo acostumbrado a estas catástrofes y en los últimos años hemos tenido una treintena de alertas rojas, ninguna fue comparable con lo que pasó hace 244 días, no hay nada que nos preparara para algo así”, ha dicho el presidente tratando de justificarse ante su tardía respuesta el día de la DANA: “Es evidente que no era previsible, pero no hay que contemplarlo como una rareza estadística porque puede volver a pasar”, ha insistido.

Sobre el plan ha explicado que “una parte pretende acelerar lo que queda de reparación del 29 de octubre incentivando medidas fiscales o cambios legales para que los ayuntamientos tengan más herramientas”.

Así, ha concretado que dispone de cuatro ejes: “Revolución en las infraestructuras, en la prevención, en la protección y en la gestión de emergencias”. En el primer caso se trata de “intervenciones integrales en el barranco del Poyo y en el cauce del río Magro; solicitamos que se identifiquen y jerarquicen tramos según su conflictividad, que se limpien y se mejore la capacidad de desagüe; también instalación de tanques de tormentas para grandes volúmenes de agua o un estudio integral con el Gobierno sobre los motivos por los que algunas carreteras y puentes no soportaron la presión para tenerlo en cuenta a la hora de la reconstrucción”.

Sobre el segundo eje ha explicado que se trata de actualizar las infraestructuras de monitoreo y respuesta temprana ante situaciones de emergencia. Realizar un “test de estrés para identificar zonas de riesgo elevado y definir programa de medidas”. Una guía “individualizada de cada barranco con sistema de alerta temprana”.

El tercer eje pretende modificar la normativa de seguridad de edificios públicos y privados con “obligación de instalación de bombas de achique y rutas de evacuación vertical, de salida a zonas seguras, así como dar formación en protección a los escolares al igual que se hace con incendios”, ha explicado Mazón.

Por último, en cuanto a la gestión de emergencias, “no puede ser suficiente con aportar un dato, sino qué riesgo implica para las personas” por eso “además de información de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), los ayuntamientos tendrán que reportar cada 60 minutos la situación de sus barrancos cuando hay una alerta naranja o roja”.

Además, Mazón ha propuesto la creación de “una empresa pública mixta entre la Generalitat y el Estado para ejecutar infraestructuras hidráulicas así como la creación de una Agencia Estatal del Agua con sede en Comunitat Valenciana”. También fomentar el desarrollo suelo para construcción viviendas con una sociedad mixta y la creación de una comisión permanente en las Corts para seguimiento y control de plan recuperación.

El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, presenta este lunes el Plan de Recuperación Económico y Social de la Comunitat Valenciana, junto al vicepresidente y conseller para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols.

Como informó elDiario.es, Pampols adjudicó a PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios (PwC) por 2,2 millones de euros (IVA incluido) el contrato para el “asesoramiento, asistencia técnica y consultoría para la elaboración de un Plan de Recuperación Económico y Social de la Comunitat Valenciana, que incluya el diagnóstico, planificación, implementación, seguimiento y evaluación”. La adjudicación se hizo por tramitación de Emergencia, por lo que la consultora ha sido elegida a dedo sin concurrencia pública.

Según se desprende del calendario de pagos incluido en el contrato, al que ha tenido acceso esta redacción, si no ha habido retrasos en los abonos a la consultora por parte de la Generalitat a estas alturas ya se debe haber satisfecho un total de 1,25 millones de euros.

El documento establece a un primer pago de 250.000 euros “asociado al Análisis de Causa y Efecto y Fundamentos del Plan, previsto para la semana 10 del proyecto”, es decir, para la semana del 14 al 21 de abril, y un segundo abono de 275.000 euros “asociado al Plan de Recuperación Social y Económico a medio y largo plazo, previsto para la semana 18 del proyecto”, es decir, para la semana del 9 al 16 de junio.

Además, se comprometen varios pagos mensuales. En concreto, “una factura de 110.000 euros por los servicios prestados en febrero de 2025; cinco facturas de 160.000 euros por los servicios prestados de marzo a julio de 2025; tres facturas de 110.000 euros por los servicios prestados de septiembre a noviembre; y una factura de 50.000 euros por los servicios prestados en diciembre”. Por lo tanto, hasta ahora se deben haber abonado un total de 750.000 euros por las facturas mensuales más los 525.000 euros por las dos extraordinarias de abril y junio.

En cuanto al plazo de ejecución, “el contrato tendrá una duración de 10 meses desde el 10 de febrero de 2025 hasta el 9 de diciembre de 2025” y tendrá los siguientes hitos: “Primera semana de junio, presentación de la propuesta marco del Plan de Recuperación Económico Social para su consideración”. En junio y septiembre se ejecutarán “ajustes finos a la propuesta marco” y en diciembre del presente año se culminará el “traspaso de la oficina de proyecto” y finalizarán los servicios de la consultora que, contactada por esta redacción, ha preferido no hacer comentarios.

El contrato incluye la pertinente declaración de emergencia y la justificación de su celebración. En este sentido, el documento establece que “la recién creada vicepresidencia segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social, carece de una estructura organizativa y administrativa básica a día de hoy y no cuenta con los medios personales y materiales necesarios para acometer de inmediato y con carácter de urgencia el cumplimiento de los objetivos previstos en el Decreto 3/2025, de 8 de enero, del Consell, que le han sido encomendados, por lo que resulta necesario la celebración de un contrato de servicios que comprenda el asesoramiento, la asistencia técnica y consultoría para la elaboración del Plan de Recuperación Económico-Social de la Comunitat Valenciana”.

Un equipo de 15 personas dispuesto por la consultora PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios (PwC) se encarga desde el pasado mes de febrero de redactar el Plan de Reconstrucción Económico y Social de la Comunitat Valenciana, incluyendo el diagnóstico, planificación, implementación, seguimiento y evaluación.

El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, presenta este lunes el documento junto al vicepresidente y conseller para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, que adejudicó a la consultora su elaboración por medio de un contrato de emergencia valorado en 2,2 millones de euros (IVA incluido).

Para redactar el proyecto, el personal de la consultora se instaló en las dependencias de la Conselleria ubicada en el paseo de la Alameda 16. Una situación que, sin embargo, podría considerarse irregular a tenor de la investigación que ha puesto en marcha la Inspección de Trabajo como consecuencia de una denuncia por cesión ilegal de trabajadores, esto es, estar contratado para una empresa determinada, que es la que paga, y sin embargo trabajar para otra diferente, que es la que organiza el trabajo.

En este caso habría que determinar qué tipo de contratos tiene el personal de PwC, puesto que de estar en nómina con la consultora y al mismo tiempo prestar un servicio a la Conselleria en sus dependencias, se podría dar el caso de la presunta cesión irregular que atentaría contra el Estatuto de los Trabajadores.

Según el artículo 43 de la mencionada legislación, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: “Que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funcionas inherentes a su condición de empresario”.

Como informó este diario, la carta de encargo vinculada al contrato que adjudicó el vicepresidente de la Generalitat y conseller para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, recoge que “los servicios de definición del Plan de recuperación económico-social estarán liderados por un socio de PwC, una directora de PwC como directora del proyecto y responsable principal”, y el equipo completo de trabajo estará formado por un responsable del contrato y un director del proyecto. El diseño del plan contará con un manager y tres consultores; la implementación y seguimiento del plan contará con un manager y dos consultores; y el plan de comunicación estará dotado de un manager y un consultor.

Según la información recabada por esta redacción, la investigación estaría aún en marcha en fase de análisis por lo que aún no hay resolución en ningún sentido. Fuentes de la Conselleria y de PwC consultadas por elDiario.es no se pronunciaron al respecto.

La portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Isaura Navarro, ha comentado que “en lugar de arreglar los ascensores o que las ayudas urgentes llegaran a los afectados de la DANA se decidió privatizar la gestión en manos del teniente general Gan Pampols de la Vicepresidencia Segunda y Consellería para la Recuperación Económica y Social de la Comunidad Valenciana, desviando el dinero a una consultora”.

Navarro ha añadido que “en lugar de tener a empleados públicos haciendo la labor, gestionando información sensible, se ha metido al personal de la consultora dentro de la propia Conselleria, a nuestro entender vulnerando la normativa laboral” y se ha preguntado: “¿Quién garantiza que no filtren a las empresas constructoras información? ¿Cómo se garantiza el interés general en sus decisiones? Toda la reconstrucción en manos de una empresa privada, que no sabemos ni a quién ha puesto allí a trabajar ni con quién se han reunido, dando la espalda a toda la comunidad científica de las universidades valencianas que conocen el territorio. Todas esas preguntas las hemos hecho por escrito sin que la Conselleria se haya dignado a concretarlas en ninguna respuesta. Poner en manos privadas el futuro del territorio afectado por la DANA es un despropósito”.

La vida nunca se lo puso fácil a Carmen Pérez Aranguren, de 87 años. Natural de La Hinojosa (Cuenca), se instaló en Paiporta en 1965 ya con cuatro hijos, a los que se sumaron cuatro más. En total ocho hijos que han sido los que finalmente, junto a vecinos y amigos, le salvaron la vida el pasado 29 de octubre. Su marido, en un momento dado, abandonó a la familia y poco más volvieron a saber de él.

Según cuenta Pablo, uno de sus hijos, su madre tuvo hasta tres trabajos para sacarles adelante: “Trabajaba limpiando los cines Rex de València. Luego se iba a limpiar un piso y a las 14.00 horas fichaba para entrar en el hospital de Sanjurjo (actual Doctor Peset) donde también limpiaba hasta las 21.00 horas. Llegaba a casa a las 22.00 horas cuando los cuatro pequeños ya estábamos en la cama durmiendo. Mi hermana algo mayor se enfadaba porque nos levantábamos para poder verla. Carmen, una gran madre que sola y solo ella nos sacó adelante y sin ayuda de nadie”.

Pablo relata que el pasado 29 de octubre su madre estaba en casa, ubicada en un bajo de Paiporta, cuando empezó a desbordarse el barrando del Poyo. Según cuenta, “a las 19.00 horas estaba en su casa de Paiporta cuando empezó a entrar agua y barro por la puerta y baños de la casa; mi hermano Miguel que también vive el Paiporta la llamó para decirle que estaba desbordándose el barranco y que por favor subiera a los pisos de arriba, pero ella es muy cabezota dijo que no”.

Así, Carmen se quedó sacando el agua como podía, pero la insistencia de su hijo hizo que por fin subiera al piso de arriba, quedándose hasta altas horas en el rellano, hasta que un vecino la vio y le dijo que pasase a su casa donde permaneció dos días. La casa de Carmen, con metro y medio de agua y barro, quedó completamente destrozada

“El tercer día la trasladamos a casa de mi hermano Miguel, que vive en un piso más alto, pero a la semana tuvimos que llevarla a Canet d'en Berenguer donde vive mi hermana Chari porque en Paiporta los olores y el polvo eran muy incómodos para mi madre”, dice Pablo, quien añade que “en estos tres meses desde que tuvimos la DANA, mi objetivo no ha sido otro que reconstruir y amueblar y acondicionar la casa de mi madre como ella merece y porque ella es lo que nos ha pedido a diario”.

Dicho y hecho, una vez realizada la reforma con la ayuda de sus familiares y con una inversión de 116.000 euros que ha costeado su hijo Pablo, Carmen ha regresado a su casa sin saber que había sido completamente restaurada. Al llegar al inmueble y comprobar que está completamente renovado, no ha podido contener las lágrimas, si bien es cierto que como ha comentado, algo se imaginaba: “Algo me figuraba porque escuchaba cosas de mis hijos y ya pensaba que algo tramaban. La DANA me destrozó la casa por completo pero aún así yo siempre tuve claro que quería volver, aunque fuera con el barro, no puedo ir a otro sitio”.

Nada más lejos de la realidad. Como ella misma ha comprobado, “está mucho mejor que antes, no tengo palabras para agradecer a mis hijos todo lo que hacen por mí”, ha dicho emocionada, al tiempo que ha añadido haciendo gala de su sentido del humor: “¡Ahora ya no la vendo!”.

Apenas vi las primeras declaraciones del teniente general Gan Pampols tras ser designado vicepresidente del Gobierno de la Comunitat Valenciana, me vino a la cabeza la figura del gentilhombre de Molière, quien, como es sabido, descubrió que llevaba toda su vida hablando en prosa sin saberlo.

Cualquiera que haya visto, aunque sea de pasada, el currículum del teniente general, habrá advertido de manera inmediata que este señor lleva haciendo política a lo largo de toda su vida profesional. Política militar, es decir, política en el área en que ha desarrollado su actividad profesional. Pero política.

La política es la síntesis de todas las contradicciones que se producen en la convivencia. Y esta síntesis se expresa no solamente a través del ejercicio del derecho de sufragio estatal, autonómico o municipal, aunque es obvio, que es a través del ejercicio del derecho de sufragio, como la política se expresa a su máximo nivel. A la política expresada en ese nivel es la que se refiere el derecho fundamental de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución.

Pero la política no se agota en este terreno. Política se hace en la elección de los directores de departamento, de los decanos de las facultades o del Rector de la Universidad. Política se hace en la elección de los decanos de los colegios profesionales, en la elección de los miembros de las Reales Academias y especialmente en la del Director de la RAE. Política se hace en la designación de los presidentes de las distintas federaciones deportivas y de manera singular en la del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. O en la elección del Hermano Mayor del Gran Poder o de la Macarena. O del presidente del Real Madrid. 

La política no deja de estar presente en ningún área de la convivencia humana. El ser humano es un animal político en todas las esferas de la vida en sociedad. En cada una lo es a su manera, como ocurre en las familias desgraciadas de Tolstoi. Pero en todas hay política. Mejor dicho, ninguna puede operar sin la presencia de la política.

No cabe duda, que en el ámbito militar la política opera de una manera muy diferenciada de como lo hace en todos las demás. Porque las Fuerzas Armadas y, también en cierta medida, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, son la máxima expresión del “monopolio de la coacción física legítima” (Max Weber) en que el Estado consiste.

Pero ese ejercicio diferenciado es eso, ejercicio diferenciado y no eliminación de la política. Tanto cuando se ejerce en el interior del Estado como cuando se hace en el ámbito internacional, del que el curriculum del teniente general Gan Pampols es un magnífico exponente.

Lo que resulta sorprendente y, por qué no decirlo, alarmante desde una perspectiva democrática, es que un teniente general con esa trayectoria haya declarado públicamente, tras su designación como vicepresidente del Gobierno de la Comunitat Valenciana, que él es un soldado y que no viene a hacer política, ni aceptará directrices políticas. 

Sus palabras son un indicador de la formación que han recibido los militares españoles incluso después de la muerte del general Franco. Gan Pampols nació en 1958 e ingresó en la Academia General Militar en 1975, el año en que murió Franco. Toda su trayectoria profesional se ha producido prácticamente bajo la Constitución. Pero sigue hablando como si Franco no hubiera muerto: “Haga como yo: no se meta en política”. La demonización de la política frente a la nobleza de la vida militar. La peor de las maneras de hacer política.

Tengo dudas de que el recién designado vicepresidente del Govern no se vea condicionado en el ejercicio de su nueva tarea por los “prejuicios” que sus declaraciones han puesto de manifiesto. La magnitud de la catástrofe que ha vivido la comunidad valenciana ha afectado a la inmensa mayoría de la sociedad y, como consecuencia de ello, la tarea de reconstrucción no va a ser una tarea “técnica”, sino una tarea de “naturaleza política”, en la que tendrá que ser tomada en consideración la opinión de todos los sectores de la sociedad. No es el teniente general el que va a decidir cómo se lleva a cabo la reconstrucción. Será la sociedad valenciana con sus representantes y con la colaboración del Estado quienes decidirán como se hará. El vicepresidente Gan Pampols estará al frente de esa tarea, pero no decidirá unilateralmente ni en qué va a consistir, ni cómo se va a articular. Si mientras ha estado en el ámbito militar no ha sido consciente de que estaba haciendo política, ahora no le va a quedar más remedio que aprenderlo. Ahora va a ser consciente de manera insoslayable de lo que supone hacer política y en un ámbito en el que no está acostumbrado y, a tenor de sus declaraciones, preparado para hacerlo. Esperemos que los “prejuicios” de su formación militar no acaben frustrando la ejecución de la tarea que se le ha encomendado. 

El Congreso ha dejado un sabor agridulce en la votación de las propuestas para la reconstrucción económica y social ante la crisis que ha dejado la pandemia de la COVID-19 y que Moncloa planteó como un intento por forjar grandes consensos en torno a las soluciones que necesita España. El resultado de la comisión de reconstrucción en la que se han planteado las recetas económicas, sociales, sanitarias y de posición ante la UE –que no tienen ningún efecto legislativo ni jurídico vinculante– no ha reflejado ni mucho menos unanimidad. El Parlamento ha rechazado las propuestas de política social, mientras que el documento europeo y el de sistema sanitario han contado con una holgada mayoría y han sido los únicos que ha secundado el PP. El referente a la economía tendrá que volver al Pleno. Un error de una diputada de Unidas Podemos, que pidió votar de forma telemática y finalmente lo hizo desde el escaño, además del voto contrario de dos diputados socialistas, han deparado un empate, por lo que se tendrá que repetir la votación.

El planteamiento de Pedro Sánchez es impulsar las iniciativas aprobadas a través de los Presupuestos, aunque sus aliados de la investidura han vuelto a lanzarle avisos sobre su intención de entenderse con Ciudadanos. El presidente del Gobierno planteó en abril la idea de reeditar unos Pactos de la Moncloa, cuando España atravesaba los momentos más duros de la pandemia en cifras de fallecidos y contagiados y de confinamiento total. Las consecuencias económicas empezaban a notarse y las previsiones de los organismos internacionales eran muy desalentadoras.

Con el PP enfrente y los primeros recados de los aliados parlamentarios, el presidente clamaba por la unidad de las fuerzas políticas frente al virus: “La unidad salva vidas, la unidad salva empresas”. En ese marco, se reunió con todos los líderes parlamentarios -a excepción de Vox que declinó la invitación- y Pablo Casado aceptó negociar unas bases para la reconstrucción, pero en el ámbito parlamentario. De hecho, el líder del PP siempre presume de que la comisión se creó por iniciativa de su partido, aunque en realidad lo único que hizo Casado fue trasladar al Congreso la propuesta lanzada por Sánchez.

El Congreso puso en funcionamiento una comisión a principios de mayo que se dividió en cuatro grupos de trabajo y por el que desfilaron decenas de políticos y expertos para plantear sus recetas. Dos meses después los grupos presentaron unas conclusiones que sirvieron como base para la negociación de las medidas en materia económica, social, sanitaria y europea que se deben poner en marcha para reactivar o mejorar el funcionamiento del país. PSOE y Unidas Podemos plantearon un acuerdo de mínimos, que dejaba fuera algunas de las promesas programáticas de la coalición -como la derogación de la reforma laboral- para atraer a PP y Ciudadanos. 

Pese a ese intento, los de Casado solo han apoyado las propuestas en materia sanitaria y de política europea, aunque ese respaldo supuso un giro en la política del líder del PP después de meses de ataques permanentes al Gobierno por la gestión de la pandemia, acusando a Sánchez de mentir o responsabilizándole directamente de los fallecidos. Al frente de la negociación el presidente de los populares colocó a la exministra Ana Pastor, del sector moderado, y muy alejada en el fondo y las formas de la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo.

Ciudadanos, sin embargo, ha repetido como aliado del Gobierno y ha avalado tres de los cuatro documentos: el sanitario, el europeo y el de la reactivación económica. A pesar de que la bancada socialista enarbola la bandera de la “geometría variable” al haber logrado acuerdos con prácticamente todo el arco parlamentario, la actitud que han mantenido los de Sánchez no ha convencido a sus aliados de la investidura, que llevan meses advirtiéndole de que tiene que cuidarlos si aspira a aprobar unos presupuestos que son vitales para que el Gobierno pueda continuar y para la reconstrucción del país. 

En el último debate sobre los dictámenes de la comisión de reconstrucción, Gabriel Rufián reiteró la incompatibilidad de ERC con Ciudadanos y avisó de que la connivencia con los de Inés Arrimadas para las cuentas públicas hace casi imposible que los republicanos catalanes entren en la ecuación. El mensaje que lanza el Ejecutivo en los últimos días es que pretende priorizar a las fuerzas progresistas, aunque Ciudadanos, que presume de haber “conseguido forzar esos consensos”, se ha ofrecido a negociar. Desde Unidas Podemos el planteamiento es mucho más claro. Este mismo miércoles, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, insistió en que un Gobierno en el que esté la formación que lidera es “incompatible” con un acuerdo con el PP o Ciudadanos en materia presupuestaria. “Creo que es evidente que rearmaremos la mayoría de la investidura”, zanjó.

Pero los socios de la investidura no terminan de fiarse. “El Gobierno se ha centrado en pactar con la derecha y en contentar sus planteamientos. Si esto es un preludio de lo que piensa hacer con los presupuestos, no le auguro ningún camino favorable a la mayoría social. Es muy preocupante el camino que está tomando”, advirtió la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, tras el Pleno de este miércoles.

Tampoco al PNV -por quien inevitablemente pasa cualquier camino que tome el Gobierno para los presupuestos- está conforme con cómo se ha llevado a cabo la comisión de reconstrucción. De hecho, los nacionalistas vascos votaron en contra de tres de los cuatro documentos. “No puede pensar que va a tener Presupuestos Generales mientras a los demás nos deja in albis y no podemos contar con los datos para ir preparar toda la senda presupuestaria -fue el recado que dejó Aitor Esteban a Sánchez en la sesión de control-. No se moleste en llamar a nuestra puerta para conseguir más acuerdos, cumplamos primero lo pactado”.

La negociación parlamentaria en las últimas semanas ha sido muy complicada y el PSOE se ha volcado en intentar un acuerdo transversal que parecía casi imposible desde el primer momento. Desde Unidas Podemos, que ha cedido en sus grandes aspiraciones como la propuesta de un impuesto a las grandes fortunas, también ha lamentado la actuación socialista en las últimas horas, sobre todo por su negativa a aceptar una enmienda de EH Bildu sobre la revalorización de las pensiones que habría supuesto su apoyo al documento social y, por tanto, evitado la derrota en el único dictamen que no ha salido adelante.

La votación de los dictámenes ha deparado, además, una sorpresa advertida por los servicios de la Cámara con posterioridad a que la presidenta, Meritxell Batet, levantara la sesión. Una diputada de UP, Marisa Saavedra, había pedido votar telemáticamente, pero finalmente ejerció su voto de forma presencial. El voto, por tanto, no se ha contabilizado. Dos diputados socialistas, Agustín Zamarrón y Noemí Villagrasa, han rechazo ese documento. Esas dos situaciones han provocado un empate en el dictamen sobre Reactivación Económica.

Desde el grupo confederal apuntan que el error “no es achacable a la diputada”, sino al propio grupo “que se equivocó al solicitar su voto telemático estando ella presente en el Hemiciclo, y a los servicios de la Cámara, que le avisaron de que tenía que votar telemáticamente apenas tres minutos antes de que finalizara el plazo y por tanto no le dio tiempo”. UP asegura que estudiará “la posibilidad de impugnar la anulación del voto” ya que solo ha votado una vez, no dos.

El artículo 88.1 del Reglamento del Congreso establece que, en caso de empate, la Presidencia del Congreso indicará un nuevo día para votar y, si la situación persiste, “se entenderá desechado el dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición de que se trate”. Batet ha señalado que la repetición será en el próximo pleno extraordinario, previsto para el miércoles que viene. Si nada se tuerce, la votación debería ser favorable al dictamen, dado que no se ha duplicado el voto sino que se ha producido de forma inadecuada.

La concertada, el principal escollo

En todo caso, socialistas y grupo confederal sostienen que lograrán sacar adelante ese documento -por la mínima- la próxima semana sin que haya errores por su lado. En lo que no hay vuelta atrás y con lo que ya contaban tanto el PSOE como Unidas Podemos es en el rechazo a la propuesta de política social. El Congreso ha tumbado ese documento ante la falta de acuerdo que ha pivotado en torno a la educación concertada. Ciudadanos y JxCat rechazaron esas conclusiones porque no figuraba en los mismos términos que la pública respecto a la recepción de fondos extraordinarios. Inicialmente los partidos que sustentan al Gobierno plantearon que la “totalidad” de ese dinero fuera a parar a la escuela de gestión directa pública. Finalmente pactaron con ERC un planteamiento más genérico: “La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atiendan a alumnado en situación de vulnerabilidad”. Sin embargo, a juicio de Ciudadanos y JxCat esa redacción margina al alumnado de la concertada. 

A pesar del varapalo en la votación, la derrota no tiene ningún efecto legislativo ni jurídico ya que tampoco lo tienen las recetas que sí se han aprobado. Lo que pretende el Gobierno es que esas medidas tengan su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado y que sirva así como presión al resto de grupos para que los secunden. No obstante, no todos los grupos han avalado los mismos documentos por lo que la traslación directa a los apoyos de las cuentas no es tan sencilla.

¿Y qué es exactamente lo que se ha aprobado en el Congreso?

Los dictámenes aprobados recogen sendos planteamientos genéricos con directrices y declaraciones de intenciones en materia económica, sanitaria y dentro de la UE. En el ámbito económico, que en principio saldrá adelante la semana que viene, el documento contempla mantener en el corto plazo las medidas de apoyo a todos los sectores aprobadas durante la pandemia y adaptar a la desescalada el plan de choque ante los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria, con medidas para proteger el tejido productivo y el empleo, así como las rentas de las familias, tejer una red de seguridad para las personas más vulnerables y apoyar la recuperación de los sectores más afectados. El texto recoge, de manera específica, que se deberá trabajar con los agentes sociales y las instituciones europeas en la preparación de planes para los sectores más relevantes afectados por la crisis. No obstante, no tiene una gran concreción en materia fiscal. 

Además, se acuerda luchar contra la precariedad y temporalidad excesiva en el mercado laboral mediante las reformas pertinentes, siempre en el marco del diálogo social, e impulsar la simplificación de las fórmulas contractuales. Sin embargo, el PSOE rechazó todas las propuestas que tenían que ver con el compromiso de derogar la reforma laboral. Dicha medida, recogida en el acuerdo del Gobierno de coalición, se mantiene plenamente vigente, según han explicado de forma habitual los ministros de Unidas Podemos. Especialmente, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, quien insistía este mismo martes en ello.

Fruto de la negociación en la Comisión para la Reconstrucción, se incluye el impulso de una Ley de Movilidad que recoja los aspectos relativos a la financiación del transporte público, así como la reforma del sistema de financiación autonómica para que todas las comunidades puedan prestar los servicios públicos que son de su competencia de manera equitativa. 

En las últimas negociaciones, se incorporaron a este dictamen otras propuestas como “promover la contratación pública social y medioambientalmente responsable”, que en los planes de reactivación económica se contemplen la transición energética y la lucha contra la corrupción, establecer un mecanismo de evaluación y seguimiento de las políticas activas de empleo actualizando la Estrategia de Empleo Juvenil, facilitar la liquidez de pymes y autónomos, impulsar la construcción de ejes ferroviarios descentralizados como el del corredor mediterráneo o blindar la continuidad de las empresas culturales.

En cuanto a las conclusiones relacionadas con la UE, que son las que han contado con un mayor apoyo parlamentario, se trata de una declaración de intenciones que incluye un amplio abanico de asuntos, como garantizar que la Política Agraria Común (PAC) sigue contando con los fondos suficientes, la lucha contra los paraísos fiscales y el dumping fiscal en el seno de la UE o el avance hacia la Unión Sanitaria para hacer frente a rebrotes o nuevas pandemias así como el fortalecimiento de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC). También queda reflejada la apuesta por negociar unos fondos de reconstrucción europeos, que se aprobaron en Bruselas antes de la votación en el Congreso. El compromiso es encontrar ahora un mecanismo para que las comunidades autónomas sean partícipes en el reparto. 

En materia de Sanidad, el principal acuerdo, alcanzado con el PP y Ciudadanos, consisten en la creación de un Centro Estatal de Salud Pública y Calidad Asistencial. El texto deja abierta la puerta a que la figura jurídica se la de una agencia estatal, es decir, un organismo autónomo que cuente con su propio presupuesto y tenga capacidad de gestión propia. La inclusión de esta medida ha echado para atrás, por ejemplo, al PNV, quien teme una “recentralización” de competencias desde las comunidades al Estado. El documento ha sido apoyado, además de por los partidos del Gobierno y los mencionados, por Más País, Compromís y Nueva Canarias. Por su parte, Vox, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y la CUP han votado en contra.

El texto también alude al cacareado Pacto Cajal, propuesto por Pablo Casado y que el PP ha convertido desde hace meses en su planteamiento estrella en la lucha contra el coronavirus. El dictamen asegura que el Sistema Nacional de Salud precisa de “reformas estructurales además de dotarlo con los recursos necesarios” que deberían articular las medidas recogidas en el propio documento a través de un pacto de estado que lleve el nombre del premio nobel español.

Pero el documento refleja a otras cuestiones, como la necesidad de revertir el desmantelamiento de la sanidad universal que llevó a cabo precisamente un Gobierno del PP. Además, apremia a eliminar los copagos farmacéuticos, que se generalizaron bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

También se menciona un “pacto social en pro de la sanidad pública” que refuerce la “apuesta decidida por la sanidad pública”, así como la necesidad de “eliminar la tasa de reposición de efectivos para así terminar con la precariedad laboral” y “desarrollar una política retributiva que mejore los niveles actuales” y “garantizar el acceso a la información clínica de lo pacientes en todo el Estado”.

Al fracasar el apartado de políticas sociales, no formarán parte de las conclusiones para la reconstrucción propuestas encaminadas a la lucha contra la pobreza infantil, la desaparición de la brecha salarial, el fortalecimiento del sistema de cuidados, el combate contra la violencia machista o planes en materia de vivienda, como que al menos el 1% de los contratos de obras públicas se destinaran a trabajos de accesibilidad en edificios de viviendas. En cualquier caso, las propuestas de reconstrucción pretendían ser una guía básica para la elaboración de los presupuestos, que tendrán que contener los acuerdos programáticos suscritos por Sánchez y Pablo Iglesias en los que se encontraban ya muchas de esas iniciativas.

El Congreso ha tumbado la propuesta social y de sistema de cuidados en el marco de la reconstrucción de España que se ha negociado en las últimas semanas en la búsqueda de soluciones tras la pandemia de la COVID-19. La falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios, sobre todo por la exigencia de Ciudadanos de que la educación concertada figurara como receptora de los fondos extraordinarios en los mismos términos que la pública, ha hecho fracasar la votación de ese dictamen. Los otros tres -UE, reactivación económica y sistema sanitario- han salido adelante con distintos apoyos. “Ha sido un ejercicio de geometría variable”, expresan desde la bancada socialista. No obstante, la participación de Vox, que había abandonado la comisión de reconstrucción, ha complicado la aritmética.

El Pleno del Congreso ha votado este miércoles las conclusiones de la reconstrucción, que se han articulado en torno a cuatro ejes: UE, sanidad, economía y política social. Los dos primeros han salido adelante con amplio margen dado que se alcanzó un acuerdo con PP y Ciudadanos y los han secundado también otros grupos. La propuesta en materia sanitaria se ha aprobado con 255 votos favorables, 88 en contra y tres abstenciones. En el caso de la posición de la UE, el dictamen ha recibido el respaldo de 275 diputados y el rechazo de 59 -otros trece se han abstenido-.

El resultado en la propuesta económica había sido mucho más ajustado. Inicialmente, se contabilizaron 169 votos a favor, 168 en contra y once abstenciones. No obstante, a última hora de la tarde, desde la Presidencia del Congreso informaban que se había comprobado “que un miembro de la cámara que había pedido votación telemática ha votado presencialmente”. “Los servicios de la Cámara consideran que este voto no puede contabilizarse y deben corregirse los resultados”, explicaban esas fuentes. “Como consecuencia de esta corrección se ha producido un empate en la votación del dictamen de Recuperación Económica –168 síes y 168 noes–, debiendo repetirse la votación de esa parte del dictamen por aplicación del Reglamento. La repetición de la votación se llevará a cabo en el próximo pleno extraordinario”, apuntaban. Además de ese fallo, dos diputados socialistas han votado en contra.

En todo caso, en el caso del documento social, el Pleno lo ha tumbado con 175 frente a los 171 apoyos y una abstención. Tras el naufragio, se han producido leves aplausos desde la bancada de la derecha. Los principales escollos han estado en la negociación de las recetas económicas de la reconstrucción y del plan social. Ciudadanos, que ha apoyado tres de los dictámenes, se ha opuesto finalmente al apartado social por el empeño en que la educación concertada tenía que aparecer como receptora de fondos mientras que PSOE y Unidas Podemos apostaban por que la “totalidad” de la inversión fuera a parar a la escuela pública. Finalmente, firmaron una transaccional con ERC que hablaba en términos más genéricos. “La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atiendan a alumnado en situación de vulnerabilidad”. Para Ciudadanos no fue suficiente. Tampoco JxCat ha apoyado ese documento porque “no hay igualdad en el tema de las concertadas”.

Una enmienda sobre pensiones habría salvado la votación

No obstante, no ha sido el único escollo. Desde Unidas Podemos lamentan que los socialistas no aceptaran una enmienda negociada con EH Bildu sobre pensiones que la formación de la izquierda abertzale ponía como condición para secundar la propuesta social. “Habíamos llegado a un acuerdo con Bildu, ya que acordamos una enmienda para mejorar las pensiones (mediante la revalorización con el coste de la vida, el aumento de las pensiones mínimas y la derogación del factor de sostenibilidad), pero el PSOE en el último momento no quiso que esa enmienda saliera adelante, lo que ha provocado el voto negativo de Bildu y la consiguiente caída del documento”, señalan desde el grupo confederal. El apoyo de los cinco diputados de la izquierda abertzale habría inclinado la balanza hacia la aprobación. EH Bildu ha votado en contra de todos los documentos.

Vox ha participado en la votación final de los dictámenes a pesar de que abandonó la comisión de reconstrucción y no participó en la mayoría de sesiones parlamentarias ni en la negociación. Los 52 parlamentarios de Santiago Abascal han votado en contra de los cuatro documentos complicando la aritmética para os grupos que sustentan al Ejecutivo, que necesitaba mayoría simple para sacar adelante sus propuestas. En las filas del PSOE están indignados con esa decisión de la formación de extrema derecha que consideran “incoherente”. También ha molestado que Ciudadanos y JxCat se hayan opuesto a algunas de las conclusiones pese a los intentos por acercar posturas.

La negociación por parte de los partidos que sustentan al Gobierno se ha producido a varias bandas y se prolongó hasta el último momento. Finalmente, el PP ha apoyado las conclusiones en materia europea y de sanidad. “Hemos llegado a acuerdos con todos”, expresaban desde la bancada socialista. Sin embargo, los apoyos no han sido monolíticos sino que han variado en función de la temática.

Los aliados parlamentarios del Gobierno en la investidura han sido incluso los más críticos durante este proceso. PNV y ERC han acusado al Ejecutivo de “recentralización” al aceptar, por ejemplo, la agencia estatal sanitaria que exigían PP y Ciudadanos. Los nacionalistas vascos han rechazo todos los documentos a excepción del de la UE. Los republicanos catalanes han secundado las conclusiones en materia de políticas sociales -aunque su respaldo ha sido insuficiente-, en contra de las conclusiones en materia económica y sanitaria y se han abstenido en el europeo. Por su parte, JxCat ha avalado el europeo, se ha abstenido en el económico porque se han aceptado algunas de sus enmiendas, como la creación de un régimen sancionador contra la morosidad, y ha rechazado el sanitario por el “deje recentralizador” y el social.

Los dos diputados de Más País-Equo han apoyado tres de los documentos y se han abstenido en el sanitario. Compromís ha secundado todos los dictámenes “tras el compromiso del Gobierno de incorporar la financiación autonómica y las condiciones a las empresas para recibir ayudas públicas”.

Mientras aún celebraba el acuerdo alcanzado de madrugada por el Consejo Europeo, que garantiza a España unos fondos que ascienden a 140.000 millones de euros, este martes el Gobierno consiguió también el apoyo de Ciudadanos y del principal partido de la oposición, el PP, a parte de las medidas para la reconstrucción que este miércoles se someten a votación en el Pleno del Congreso de los Diputados. Los populares acercaron finalmente posturas con PSOE y Unidas Podemos en una negociación que se prolongó hasta el último minuto del plazo fijado, las 16.00 horas del martes, para presentar enmiendas transaccionales –las correcciones suscritas por diferentes partidos– a los cuatro dictámenes de la Comisión para la Reconstrucción.

Aunque durante todo el día el PP evitó aclarar cuál será su voto, este miércoles a primera hora el líder del PP, Pablo Casado, confirmaba que su partido apoyará el dictamen sobre la UE y también el de Sanidad, tras lograr que en los dictámenes finales se incluyeran algunas de sus principales exigencias, como la creación de una agencia nacional de salud pública –aspecto que también fue pactado entre el Gobierno y Ciudadanos–, un registro de vacunas, una reserva estratégica de medicamentos o un calendario de reformas legislativas. No apoyarán, en ningún caso, el dictamen económico ni el de políticas sociales a pesar de que uno de los escollos esgrimidos hasta ahora por el PP para justificar su rechazo, que no se incluyeran ayudas para la educación concertada, ha sido rectificada por el Ejecutivo en otra enmienda transaccional lograda con ERC.

El compromiso de crear esa agencia estatal sanitaria y otras medidas recogidas en el dictamen fueron sin embargo vistas por PNV o por la propia ERC, socios de investidura del Ejecutivo progresista, como un ejercicio de “recentralización” del Gobierno. Con la vista puesta en la aprobación de los Presupuestos, en cuya votación podría ser decisiva la postura de ambas formaciones, los dos volvieron a advertir de los riesgos de negociar con la bancada de la derecha, “descuidando” la mayoría que permitió a Pedro Sánchez llegar a la Moncloa.

A primera hora del martes y forzado por el resultado del Consejo Europeo –en el que el Gobierno logró gran parte de los fondos que solicitaba a sus socios comunitarios–, el líder del PP, Pablo Casado, quiso despojarse de la imagen bronca y rupturista que ha mantenido en los últimos meses de ataque permanente al Ejecutivo, al que acusa de “mentir” con los datos de la pandemia y al que llegó a pedir reformas en medio de las complejas negociaciones de Sánchez en Bruselas, que se prolongaron durante cuatro días y cuatro noches.

El PP defiende que “ha dialogado y negociado”

Aunque Casado no pudo evitar la crítica al Gobierno –aseguró que el PP “ha hecho más por España incluso que los socios del PSOE” o que el acuerdo de Bruselas es “una enmienda a la política del Gobierno en cuanto a su pactos con Podemos y Bildu–, durante un acto en El Escorial (Madrid) el líder de los populares dio la orden a su equipo negociador, encabezado por Ana Pastor, de alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo para la reconstrucción costara lo que costara.

“He dado instrucciones a nuestros diputados en la Comisión de Reconstrucción para que intenten llegar a un acuerdo en el día de hoy en el dictamen para la política europea y la política sanitaria, con la esperanza de que finalmente el Gobierno acepte nuestra propuesta de un pacto de Estado por la sanidad, por la industria sanitaria, por la investigación y por la atención a los mayores”, señalaba.

El equipo encabezado por Pastor asumió esa responsabilidad y negoció con los representantes del PSOE y del Gobierno hasta apenas unos minutos antes de que comenzara el debate sobre la reconstrucción en el Pleno del Congreso. Según explicaron a elDiario.es fuentes conocedoras de las conversaciones, en esas últimas reuniones se cerró el apoyo del PP a los dictámenes sobre Unión Europea y Sanidad, aunque oficialmente el PP optó por dejar en el aire su voto hasta este miércoles.

“Hemos presentado enmiendas transaccionales, y hemos conseguido la creación de la Agencia Nacional de Salud. Una propuesta que viene recogida en el Plan Cajal por la Sanidad que presentó hace ya semanas el presidente Casado. Además, también hemos conseguido que salga adelante el plan de renovación tecnológica de los centros sanitarios”, señalaban fuentes oficiales del PP. “Tal y como nos comprometimos, el equipo dirigido por Ana Pastor ha dialogado y negociado a fin de llegar a acuerdos con el Gobierno y el PSOE”. 

Pastor: “Las dificultades son muchas, las superaremos”

A lo largo de la tarde, distintas fuentes populares confirmaron que el acuerdo para votar sí en esas dos materias estaba “prácticamente hecho”, lo que explica el tono conciliador con el que la propia Pastor se subió a la tribuna del Congreso para defender su negociación en la Comisión de la Reconstrucción. La también vicepresidenta del Congreso reconoció que por parte del Gobierno se habían aceptado “propuestas relevantes” de los populares, “que dan respuesta a los problemas generados” por la pandemia. Insistía, además, en la voluntad de diálogo y negociación más allá de la reconstrucción: “Las dificultades son muchas, las superaremos”.

También el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, puso en valor durante el Pleno del martes “el acuerdo y el consenso” logrados por su grupo con los partidos que sostienen el Gobierno en materia de reconstrucción. Su grupo apoyará los dictámenes sobre la UE, Sanidad y Economía pero rechazará el de políticas sociales por no incluir ayudas a la educación concertada. “Espero que no sea flor de un día”, sostuvo, defendiendo que “los moderados” y “los pragmáticos”, entre los que incluyó, “vayan de la mano”, frente a “los populistas y extremistas”. 

Los más críticos con el Gobierno fueron, en cambio, los representantes de las fuerzas nacionalistas que en votaciones anteriores apuntalaron al Ejecutivo progresista. Especialmente dura fue la intervención del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que solo apoyará el dictamen sobre la UE: “Lo lógico habría sido gestionar [la Comisión para la Reconstrucción] de una manera cuidada, buscando un texto escueto, buscando el complicado mínimo común y concentrando los esfuerzos en el ámbito de la economía. No se ha querido hacer así”.

“El resultado ha sido entrar en la típica dinámica parlamentaria con el objetivo sacar adelante un texto más allá del alcance real”, criticaba, en lo que calificó como una “aproximación legislativa a hurtadillas, que además se hacía en la víspera de las votaciones”. Al Ejecutivo le acusó de pretender “convertir estos acuerdos en el refrendo del Gobierno” y de llevar las medidas “al terreno ideológico”. Y también denunció que las medidas se refieren a “ámbitos que no son competencias del Estado” y señalan“ una modificación del marco estatutario”. “No vamos a dar cobertura a algo así”, zanjó, al considerar que “el debate se ha convertido en un gran paripé”.

Rufián alerta del “fantasma del jacobinismo”

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, mantuvo esa misma línea al considerar que sobre la reconstrucción ha sobrevolado “el fantasma del jacobinismo, el de la recentralización”. Rufián consideró “insuficiente que la respuesta a todo esto se cierre en una especie de Juan Palomo entre PP y PSOE: yo me lo guiso, yo me lo como”, porque a su juicio en los textos “faltan grandes medidas” como “poder disponer de superávit del remanente municipal, un impuesto a las grandes fortunas o la regularización exprés de todo el personal migrado que está trabajando en condiciones denigrantes”. Críticas similares se escucharon en boca de los portavoces de EH Bildu, Junts, BNG o la CUP.

PSOE y Unidas Podemos trataron de calmar a sus socios, insistiendo en que el objetivo de los pactos con la derecha era poder sacar adelante unos acuerdos transversales. “Si el dictamen lo hubiera redactado solo Unidas Podemos recogería la derogación de la reforma laboral o el impuesto a la riqueza, pero es un acuerdo entre diferentes”, destacó el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique. “No es un acuerdo de partido ni de Gobierno, es un acuerdo de país”, zanjó, por su parte, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra.

De lo que hay pocas dudas es de que Pedro Sánchez y el Gobierno se lo están currando. Cada día llegan noticias de nuevas iniciativas en uno u otro frente que no se comentan mucho porque hace ya mucho tiempo que los medios no se ocupan de esas cosas. Y también porque no está claro que vayan a tener mucho impacto para cambiar el signo de las cosas. Que, como sabe todo el mundo pero se dice poco, es malo. U horroroso, de acuerdo con las hipótesis más pesimistas que, hoy por hoy, no se pueden descartar. Porque nos encontramos en el peor momento que ninguno de nosotros haya vivido desde la Guerra Civil. Y es imposible saber a dónde nos conduce.

Todos los pronósticos que hacen las instituciones teóricamente creíbles son muy malos. Unos y otros auguran para España una caída del PIB de entre 9 y 12 puntos. Son datos espantosos. Basta recordar que el peor año de la crisis anterior, 2010, ese agregado se redujo en algo menos del 3%. Y si aquello fue un desastre, ¿qué nos espera con un dato tres veces mayor?

Pero, además, esas previsiones no están sólidamente asentadas en un conocimiento exacto de la realidad. Porque ésta puede cambiar de un día para otro. Bastaría, como esas mismas instituciones advierten unánimemente en sus informes, con que se produjera un nuevo brote de la pandemia de dimensiones similares al anterior. Algo que los expertos creen perfectamente posible mientras no haya una vacuna o remedios eficaces en las cantidades requeridas.

En una situación tan excepcionalmente negra como esa, y que, más o menos, la gente informada conoce desde hace ya semanas, ¿qué sentido tiene el carnaval político con el que nuestra derecha nos ha obsequiado y sigue haciéndolo, aunque ahora guardando un poco más las formas? Aparte de ridículos, esos comportamientos son antinaturales, por no hablar de su falta de moralidad en incluso del mínimo patriotismo.

Tanto, que la suerte de esa derecha está echada y esperemos que lo antes posible termine desapareciendo del panorama. Aunque seguirán haciendo ruido, Casado y Abascal ya no cuentan para el futuro. Ni para este inquietante presente. Mejor dejar de hablar de ellos y si algún sector del PP reacciona, rectifica y se apresta a trabajar con los que quieren hacer algo positivo, bienvenido sea. Si eso no ocurre, tampoco habrá que perder mucho tiempo en lamentarlo.

Los problemas son otros. El más inmediato y decisorio, el de evitar un rebrote serio de la pandemia. Lo que está ocurriendo en estas últimas semanas, la prontitud con que el sistema sanitario español está reaccionando para controlar la aparición de infecciones puntuales en distintos puntos de España, abre la puerta a un cierto optimismo. El que lleva a pensar que después del drama de marzo y abril ese sistema se ha puesto en cierta medida al día. Que los nuevos fondos que le está llegando y la experiencia de cómo no se deben de hacer las cosas lo ha fortalecido y aguantaría mejor un nuevo envite, incluso evitando que llegara a mayores. Es una hipótesis que sólo será confirmada o desmentida por los hechos. Pero es bastante más que nada.

La incertidumbre en el terreno económico y social tiene menos agarres. La situación no puede sino empeorar. Al menos en los próximos meses. En varios sectores importantes. Pero, sobre todo, en el del turismo. Que no va a levantar cabeza y que por muchas imágenes de playas y terrazas más o menos llenas que aparezcan en las teles, este verano no conseguirá facturar ni la mitad de lo que lo hizo el año pasado.

Esa catástrofe, particularmente intensa en algunas regiones, arrasará el sector. Por muchas ayudas que dispense el Gobierno, cientos de miles de empresas, pequeñas en su mayoría, pero también alguna grande, cerrarán para siempre. Porque este verano los extranjeros van a venir con cuentagotas. Por miedo a contagiarse, sobre todo en los aviones, pero también porque la crisis ha golpeado fuertemente en los países emisores y hay millones que no tienen dinero para pagarse un viaje a España. Y que seguramente no lo tendrán en los años que vienen.

Pensar que la crisis turística es algo pasajero es un error. España no va a dejar de ser un país turístico, pero la oferta del sector se va a reducir significativamente para siempre. De los gobiernos, mucho más que de la iniciativa privada, dependerá que ese hueco enorme, que afecta a casi todo el sector de servicios, se pueda llenar con el crecimiento de actividades alternativas. Y en eso se está en pañales. En muchos extremos será como un volver a empezar.

No tiene sentido hacer previsiones en ese capítulo. Ni en otros de los que se habla tanto en los últimos días. Por ejemplo, es la inevitable reforma fiscal destinada a aumentar los ingresos del Estado, que están cayendo un 9% hasta mayo, y no cubren ni de lejos los gastos. En estos momentos, debatir esa cuestión es perder el tiempo o simplemente alimentar la demagogia. Porque no habrá subida de impuestos mientras la economía siga cayendo como lo está haciendo. Alguna reformilla a lo sumo. Esa cuestión quedará para más adelante.

Y por ahora el único recurso del que el Gobierno puede tirar es el de los fondos que la Unión Europea acuerde destinar a la recuperación económica. Si se cumplen las hipótesis más optimistas, será mucho dinero. Pero desde luego no el suficiente para impulsar la actividad económica y para que el drama acabe cuando menos en dos años. Y sobre todo para hacer frente a las necesidades de millones de españoles que están a la intemperie y cuyo número no deja de crecer cada día.

Para eso haría falta algo que ni se atisba en el horizonte y que es un gran acuerdo para sacar al país del agujero entre todos los que pueden aportar algo a ese fin: dinero, iniciativas políticas, medios operativos, experiencia de gestión de crisis, ideas innovadoras, tecnología. Un plan de salvación nacional que se imponga a cualquier particularismo o interés de parte. Al menos durante un periodo. Parece imposible, pero puede que las cosas empeoren hasta tal punto que deje de serlo. Trabajar por eso, pensar que se puede hacer, es mucho más interesante que debatir pronósticos.

La doble cita electoral en Galicia y Euskadi ha propiciado un clima de entendimiento que ha empujado al Gobierno a buscar los equilibrios necesarios para atraer al PP y a Ciudadanos al pacto por la reconstrucción social y económica, mientras trata de mantener los apoyos de la investidura.

El PSOE y Unidas Podemos apurarán las negociaciones en el Congreso para sumar el mayor número posible de grupos al pacto, que debe quedar cerrado este viernes. Por ahora los documentos presentados por los socios de coalición han salido adelante con distintas mayorías, siguiendo la “geometría variable” que procuran desde Moncloa, vista la delicada mayoría parlamentaria de la coalición. Por partes: el documento sobre la posición de España en la UE solo ha contado con el voto en contra del PNV mientras que Ciudadanos lo ha respaldado y PP, ERC, Junts y EH Bildu se han abstenido. El de política social, el partido de Inés Arrimadas y los conservadores lo rechazan en buena medida por la negativa a destinar fondos de reconstrucción a la escuela concertada que figura en el documento pactado por socialistas y grupo confederal.

Los socios de Gobierno marcaron unos plazos para los trabajos de la comisión parlamentaria con el objetivo de que no se extendieran más allá del periodo electoral en Galicia y Euskadi. Esa era, a juicio de los socialistas, la única opción de que el PP se desmarcara de la posición beligerante que ha mantenido hasta ahora, visto lo que se juega sobre todo en Galicia, donde Alberto Núñez Feijóo, ha adoptado en campaña un perfil pactista para atraer al votante moderado.

El presagio de los miembros del Gobierno se cumplía a principios de semana, la primera de las campañas vasca y gallega. Tras meses lanzando durísimas críticas al Ejecutivo por su gestión de la pandemia, acusándole de “mentir” y reprochándole el número de fallecidos, el líder del PP decidió el fin de semana cambiar de estrategia y rebajar el tono contra Sánchez. Casado ya no recurre a las víctimas del coronavirus en sus discursos para atacar al Gobierno, a pesar de que la semana pasada constituyeron el principal eje de sus mensajes , lo que llevó al propio Sánchez y a la vicepresidenta Carmen Calvo a acusar al PP durante el Pleno del Congreso del miércoles de “utilizar a los muertos” para desgastar al Gabinete.

La dirección del PP llevaba más de un mes pidiendo por escrito a sus cargos que reprocharan al Ejecutivo esa cifra de fallecidos, según los argumentarios a los que tuvo acceso a eldiario.es. También se les pidió que los utilizaran cuando ya había dado el pistoletazo de salida la precampaña, a pesar de que el pasado jueves hubo un primer cambio por parte de la dirección del PP, que unas horas después de lanzar duras acusaciones contra Sánchez en el Congreso apoyó el decreto de nueva normalidad tras negociar con PSOE y Unidas Podemos.

Desde el domingo, el viraje de los discursos de Casado, que ha participado en cinco actos de campaña, es evidente. Al líder del PP no le interesa llegar a las urnas en el papel de agitador de la crispación que había representado en las últimas semanas.

Esa actitud del líder del PP había permitido hasta ahora al presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, erigirse en la principal cabeza visible del sector moderado del partido, más proclive a los acuerdos con el Gobierno y con un discurso menos bronco, al menos en las formas durante las últimas semanas, que el defendido por Casado y por dirigentes de su entorno, como la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. Feijóo siempre ha tratado de mantener una voz propia, al margen de la de Casado, precisamente con la vista puesta en las elecciones del 12 de julio –en cuya campaña el logo del PP está prácticamente escondido–. Para seguir gobernando trata de ensanchar su electorado más allá de los votantes conservadores. Las encuestas apuntan a que el dirigente gallego acaricia su cuarta mayoría absoluta consecutiva, si bien todo depende de la participación, incierta en un contexto como el actual.

Desde el domingo el líder nacional del PP ha centrado sus discursos en la economía, una de las tradicionales bazas electorales de la derecha, y ha recalcado su voluntad de acuerdo con el mismo Gobierno al que hasta hace apenas unos días acusaba de haber provocado miles de muertos. Al frente del equipo negociador de su partido situó, además, a la expresidenta del Congreso y exministra Ana Pastor, de un perfil moderado, y persona de la máxima confianza de Mariano Rajoy. Y este martes era Casado el que anunciaba que su partido y el Ejecutivo estaban ultimando un pacto en materia sanitaria dentro de la Comisión para la Reconstrucción que debe presentar sus conclusiones antes del próximo viernes.

El PSOE siempre ha dado por hecho que los populares no podían quedarse al margen de las conclusiones de la comisión de reconstrucción, cuyo formato impusieron ellos antes de que echase a andar, y que tendrían que marcar distancias con Vox si querían parecer una alternativa de gobierno.

En un acto en Vitoria, el líder del PP reconocía que “la línea de trabajo más avanzada” dentro de las negociaciones que mantiene su grupo con el Gobierno “es la de Sanidad” y confiaba por ello en que el diálogo –que se ha trasladado a prácticamente reuniones diarias entre los equipos negociadores del PP y el Gobierno– “vaya por buen camino”.

Casado también se mostraba dispuesto a intentar “remar a favor” junto al Gobierno en materia europea, otra de las patas de la Comisión de la Reconstrucción, apenas unos días después de que el PP llevara a las instituciones europeas su plan de ataque al Ejecutivo. En el marco de esa estrategia que ahora Génova pretende reconducir, la portavoz de los populares españoles en la UE, Dolors Montserrat, llegó a enviar un documento al comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, en el que cuestionaba el Estado de derecho en España y acusaba al Gobierno de querer “encubrir cifras que colocan a España entre los países con el mayor número de muertes en términos relativos”.

Los socialistas ven factible alcanzar un acuerdo también en el apartado de posición en la UE. A pesar de que el PP ha sido muy crítico en Bruselas con la coalición de Sánchez, ha apoyado a Nadia Calviño como candidata a presidir el Eurogrupo. Por ahora sigue la negociación. “Esta es una primera aproximación”, señalaba el número dos del grupo socialista, Rafael Simancas. El PSOE confía en poder llegar a más acuerdos en las próximas horas, antes de que se vote el dictamen final de las conclusiones de la reconstrucción en la comisión, a pesar de que la aprobación está garantizada tras el abandono de Vox, que contará como una abstención.

Las advertencias de los socios de la investidura

Con todo, el Gobierno espera que el nuevo tono de Casado no responda exclusivamente a la táctica electoral, tal y como señaló la portavoz, María Jesús Montero, la semana pasada.

Desde hace semanas, los partidos del Gobierno de coalición hacen equilibrios en el Congreso para intentar atraer a PP y Ciudadanos al acuerdo entre advertencias de los aliados de la investidura, que piden al Ejecutivo “elegir” entre dos bandos que plantean conclusiones a veces opuestas. El reto de la coalición es alcanzar un consenso mínimo que no eche por tierra el gran proyecto de unos nuevos 'pactos de la Moncloa' que planteó Pedro Sánchez en los momentos más críticos de la pandemia.

Este miércoles se reunieron los cuatro grupos de trabajo en los que se dividió la comisión parlamentaria de reconstrucción para debatir las enmiendas presentadas al documento base propuesto por el PSOE y Unidas Podemos. El primer aviso llegó en la primera de las reuniones. El diputado de ERC-Sobiranistes Joan Josep Nuet advertía al Gobierno sobre sus intenciones de acordar con el PP una posición para Europa sobre la base del pacto de estabilidad que encorseta el aumento del gasto público que, según ha dicho, han publicado algunos medios.

“Si este pacto anunciado se cumple, los Presupuestos sociales que aborden la reconstrucción no serán posibles. O los tendrá que pactar con el PP”, sentenciaba. Los republicanos catalanes también han señalado en los últimos días que el acercamiento del Gobierno a Ciudadanos pone en riesgo su apoyo. “El autoconsiderado Gobierno más progresista de la historia quizás pronto tendremos que decirle el Gobierno más decepcionante”, advertía este miércoles la portavoz de ERC, Marta Vilalta.

La respuesta por parte del PP llegaba en la misma comisión, donde el portavoz del partido de Casado negaba, por un lado, que se hubiera alcanzado ya ningún acuerdo con el Gobierno, mientras defendía que el pacto de estabilidad es una norma europea que no se puede modificar en el marco de una comisión parlamentaria del Congreso en España.

Minutos más tarde se sumaba al debate Pablo Echenique. El portavoz de Unidas Podemos defendía el posible acuerdo con los conservadores para lograr una posición común en Bruselas que facilitara un acuerdo comunitario en la negociación de los fondos que tienen que llegar, precisamente, para financiar la reconstrucción. “Si hay acuerdo amplio en el grupo de la UE facilitará que lleguen los fondos finalistas, y eso nos permitirá unos Presupuestos progresistas, que fortalezcan la sanidad pública, la educación pública, el sistema de cuidados, y que permitan poner en marcha una transición energética o una política industrial valiente”, decía Echenique, quien insistía: “Cuanto más amplio sea el consenso en el grupo de la UE, más opciones tendrá el Gobierno de presentar unos Presupuestos progresistas y que defiendan los servicios públicos en España”.

Tras ERC, que con 13 diputados puede ser decisivo en la negociación presupuestaria, también el PNV ha lanzado una advertencia en forma de sendos votos en contra a las conclusiones de los cuatro grupos de trabajo. Los nacionalistas vascos lamentan la “vaguedad” de las propuestas y el espíritu “recentralizador” que aprecia en ellas, informa Europa Press, aunque dejan la puerta abierta a cambiar el sentido del voto este viernes, cuando se valorará el conjunto de los documentos.

El PNV es otro de los aliados habituales del Gobierno de coalición y, aunque menos beligerante a la hora de poner en duda sus apoyos asimétricos, también ha mostrado sus reticencias a los posibles apoyos que Pedro Sánchez puede buscar en el arco derecho del Parlamento. Con todo, en 2018 el PNV apoyó los Presupuestos que el PP pactó con el partido que dirigía por entonces Albert Rivera y que siguen aún vigentes.

La sorpresa se produjo a última hora, cuando los socialistas votaban a favor de una enmienda de EH Bildu que planteaba derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy tal y como figura en los acuerdos de gobierno suscritos por Sánchez. La formación de la izquierda abertzale celebraba que así se cumpliera con el pacto suscrito en el marco de la negociación de la quinta prórroga del estado de alarma. Sin embargo, una hora más tarde el PSOE ha pedido repetir la votación, para lo que ha contado con el apoyo del PP. En esa segunda ocasión ha rechazado esa iniciativa.

El documento marco que pactaron PSOE y Unidas Podemos a dejaba fuera la derogación de la reforma laboral. El argumento de los socialistas es que la la comisión no está negociando ni los presupuestos ni un acuerdo de gobierno sino la reconstrucción tras la pandemia. “Estamos hablando de las bases de reconstrucción de este país. Tienen que ser necesariamente muy amplias, genéricas y transversales, susceptibles de amplios consensos”, explicó el dirigente socialista Rafael Simancas este miércoles por la mañana. Tampoco salieron adelante otras enmiendas presentadas por los aliados de la investidura, como la referida al impuesto de las grandes fortunas, que también quedó fuera de la propuesta de los miembros de la coalición para tratar de ampliar los apoyos de las conclusiones. En este caso, Unidas Podemos se ha desmarcado de su socio y ha votado a favor.

“Después de que PSOE, UP y PNV no hayan apoyado garantizar pensiones mínimas de 1.080 euros, aplicar una moratoria a las grandes infraestructuras ni crear un impuesto a la banca, esperamos que rectifiquen su postura antes de la votación definitiva del viernes”, señalaban desde la formación independentista.

En el PSOE no esconden su pretensión de ampliar el apoyo parlamentario al Gobierno. Pero tampoco apuestan por un cambio radical de socios en el Congreso. No solo porque su socio de Gobierno, Unidas Podemos, ha mostrado en muchas ocasiones sus reticencias a negociar con Ciudadanos ante el temor de que las políticas sociales y fiscales se vean limitadas. Tanto Pablo Iglesias como el resto de dirigentes de Unidas Podemos han planteado que se puede abrir la negociación, pero siempre con el acuerdo de Gobierno firmado con los socialistas como punto de partida.

A pesar de que el Gobierno ha dejado de señalar a los aliados de la investidura como socios preferentes para la aprobación de los presupuestos, los socialistas modulan los mensajes. En las filas del PSOE preocupa que el escenario preelectoral en Catalunya frustre sus planes iniciales, pero también temen que el viraje de Ciudadanos sea circunstancial. Simancas intentaba desligar los acuerdos de reconstrucción de la negociación presupuestaria y de la estabilidad de la legislatura. “No estamos hablando del acuerdo de Gobierno ni de los Presupuestos, que tienen otro recorrido. Estamos hablando de las bases de reconstrucción de este país”, apuntaba. Por eso, concluía, las conclusiones “tienen que ser necesariamente muy amplias, genéricas y transversales. Susceptibles de amplios consensos”.

Preguntado expresamente sobre si Ciudadanos es socio de Gobierno, Simancas negaba la idea: “No, ellos mismos han negado esa posibilidad”.

Unidas Podemos aprieta para ampliar el escudo social

El partido de Inés Arrimadas ha anunciado que, de momento, apoyará tres de los cuatro documentos planteados. El portavoz adjunto, Edmundo Bal, ha señalado que no votarán a favor del de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados ya que en materia de Educación, apunta a que el aumento en la inversión destinado a Educación vaya íntegro a “la educación pública de gestión directa”. Desde Ciudadanos han reclamado que la concertada también reciba fondos de la reconstrucción.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos rechazan el argumento. Simancas sostuvo que el Congreso está debatiendo una reforma educativa amplia en la que se tratará a fondo el sistema español. Echenique, por su parte, aseguraba que “fortalecer la educación pública como eje vertebral” de la recuperación.

En el grupo confederal no están muy dispuestos a aceptar más rebajas en la ponencia que el viernes se aprobará en la comisión y, después, en el Pleno del Congreso. Unidas Podemos ya tuvo que tragar con que una de sus medidas estrella, el impuesto a las grandes fortunas, saltara del documento.

Los de Pablo Iglesias ya han advertido de que intentarán recuperar el nuevo tributo en la negociación de los Presupuestos. Pero, mientras tanto, la izquierda parlamentaria ha visto una brecha abierta en el socio minoritario del Gobierno. Tanto ERC como EH Bildu y Más País han mantenido esta figura entre sus conclusiones, mientras acusaban al Gobierno de perder la oportunidad de hacer un sistema fiscal más redistributivo.

La reacción en Unidas Podemos llegará en los próximos días en forma de ofensiva en el Gobierno para extender hasta 2021 los principales elementos del llamado “escudo social”, las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para paliar la crisis económica y sus consecuencias entre la población.

Algunas de estas medidas caducan a finales de julio y, como ha sucedido con los ERTE, la idea de Unidas Podemos es negociar su prórroga. La Vicepresidencia segunda que dirige Pablo Iglesias, apoyada evidentemente por el resto de los ministerios que gestiona Unidas Podemos, va a proponer en el seno del Gobierno una ampliación de las prórrogas obligatorias de los contratos de alquiler, de la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y de los cortes de suministros (luz, gas, etcétera). Unas medidas que costó poner en marcha y que deberán volver a negociar.

PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo de mínimos en la propuesta conjunta de conclusiones de la comisión de reconstrucción del Congreso para intentar atraer al PP o al menos poner su no más complicado. Los socios de Gobierno dejan fuera de la propuesta el impuesto a las grandes fortunas y no hacen una mención expresa a la derogación de la reforma laboral. No ha sido una negociación fácil entre los socios de coalición, que han tenido incluso que ampliar el plazo para registrar los cuatro documentos -uno por cada grupo de trabajo- hasta las 21 horas de este miércoles. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias mantuvieron un encuentro en Moncloa el día anterior en el que abordaron algunas de las discrepancias, que se han producido sobre todo en materia económica y social.

Las recetas sanitarias y de posición en la UE se acordaron antes. Precisamente en esas dos áreas es en las que el Gobierno cree que tiene más posibilidades de conseguir el respaldo de Pablo Casado, a pesar de que hasta ahora ha llevado su guerra de desgaste a Bruselas. El PP ha acusado al Ejecutivo de coalición de los fallecidos por la COVID-19 y ha asegurado que está intentando engañar a los españoles con el número de muertos que se han producido por la pandemia. Durante los trabajos en la comisión, el PP ha insistido en sus recetas habituales: bajadas de impuestos y mantener la reforma laboral.

Este martes a última hora se produjo una reunión de la portavoz del PP en la Comisión de la Reconstrucción, Ana Pastor, y el secretario general del Grupo Popular, Guillermo Mariscal, Adriana Lastra, Rafael Simancas, el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños y el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla. Según han explicado fuentes populares, en el encuentro “se han intercambiado las conclusiones de los respectivos grupos en la comisión de reconstrucción y se han emplazado a seguir hablando en los próximos días”. El PP insiste en plantear “un pacto de Estado Cajal por la Sanidad” y reitera su “voluntad a llegar acuerdos en este ámbito con el Gobierno”.

Sin concreciones en materia fiscal

Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos que han pilotado fundamentalmente los portavoces parlamentarios, Adriana Lastra y Pablo Echenique, encallaron en las propuestas económicas y sociales para hacer frente a la crisis de la COVID-19. Unidas Podemos ha renunciado finalmente al impuesto a las grandes fortunas que aseguró que plantearía en el seno de la comisión de reconstrucción ante el bloqueo de los socialistas. Las ministras del área económica, Nadia Calviño y María Jesús Montero, no son partidarias de crear nuevos impuestos. En el caso de la titular de Hacienda, sostiene que la progresión de la fiscalidad para ampliar la recaudación puede lograrse con retoques en las actuales figuras impositivas, como sociedades o los tramos más altos del IRPF. Calviño, además, opta a presidir el Eurogrupo en una votación que se antoja muy difícil en Bruselas.

Aunque desde Unidas Podemos sostienen que el nuevo tributo bebe del acuerdo de coalición suscrito con el PSOE, han optado por evitar un choque que podría haber llevado a presentar conclusiones por separado y a dar, por tanto, una visión de falta de unidad de acción en el Gobierno.

Fuentes de Unidas Podemos aseguran que la renuncia a incluir el impuesto a las grandes fortunas entre las conclusiones de la comisión de reconstrucción no significa que descarten la implantación de este tributo, sino que intentarán que se apruebe en el Consejo de Ministros o a través de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Las propuestas han quedado finalmente limitadas a un acuerdo de mínimos para que otros grupos, especialmente el PP y Ciudadanos, puedan aceptarlo sin hacer grandes cambios sobre el texto inicial, que es fundamentalmente una declaración de intenciones basada en las directrices de los diferentes Consejos europeos, el acuerdo programático así como, con el resto de acuerdos de investidura, y de la mesa del diálogo social, según fuentes de ambos partidos.

En materia impositiva el documento no es muy concreto. “Reducir la brecha fiscal con Europa” es uno de los principales objetivos, así como desarrollar de manera efectiva una fiscalidad verde para “acercarla” a la europea. También se abre la puerta a que las entidades locales “más saneadas” utilicen su superávit para la aplicación de medidas concretas.

Por otro lado, el documento social apunta a “evaluar el impacto social de las subvenciones asignadas a las entidades del Tercer Sector procedentes del 0,7% del IRPF y, desde este año, del Impuesto de Sociedades, para conocer el desarrollo de los proyectos, su impacto social y su avance en la consecución de los objetivos de las políticas sociales, así como la necesidad de mejoras en el diseño de los programas”.

También aluden al teletrabajo, que se ha demostrado esencial durante el confinamiento. Así, apuntan al desarrollo de “una propuesta legal” sobre el teletrabajo que incluya un nuevo derecho a la desconexión del empleado. “Ahondaremos en la protección de los puestos de trabajo ya iniciada con los acuerdos con los agentes sociales sobre los ERTE para paliar los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria de la COVID-19”, destacan el PSOE y Unidas Podemos en su documento conjunto, que apelan al diálogo social.

El plano industrial, otro de los elementos en el que más hincapié han hecho los dos partidos del Gobierno durante la pandemia, destacan un “Plan de Inversiones y Reformas para reorientar nuestro modelo productivo hacia un crecimiento sostenible e inclusivo” que cuente con “inversión pública y privada” y un “Pacto de Industria” del que salga una ley de industria que aumente “la autonomía estratégica” del país, para no depender de terceros para la fabricación de determinados productos como los respiradores.

El documento tampoco menciona expresamente la derogación de la reforma laboral, pero sí la necesidad de “luchar contra la precariedad y la temporalidad excesiva del mercado laboral que sufre nuestro país, mediante las reformas pertinentes, en el marco del diálogo social”. El documento de coalición sí hablaba de dicha derogación, aunque el Gobierno luego ha planteado que el nuevo mercado laboral debería articularse en negociación con sindicatos y patronal y no ir a una simple derogación.

Otras propuestas en materia económica pasan por un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, una “ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, que permite reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados” o estudiar “las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de suministros y el apoyo al pago de deudas relacionadas con la vivienda”.

En el ámbito sanitario, los socios de Gobierno plantean reforzar el sistema de salud así como mejorar la coordinación y cooperación con las comunidades autónomas, que tienen las competencias transferidas. En concreto, apuntan la necesidad de “aumentar los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud”. “Con carácter general, aumento del total de la inversión pública en sanidad hasta alcanzar al menos la media europea en porcentaje del PIB estabilizado al final de la legislatura. Todo el incremento se destinará a sanidad pública de gestión directa”, señala una de las propuestas de resolución.

Igualmente, expresan la necesidad de elaborar un “Libro Blanco de las profesiones de referencia de los servicios sociales y las relacionadas con los mismos, y, en general, con los servicios de cuidados” y un catálogo de referencia de prestaciones que englobará desde los criterios básicos de calidad, organización funcional y territorial hasta las competencias en las prestaciones de servicios y económicas“. En cuanto a las condiciones de los trabajadores de esos ámbitos se despachan con una necesidad de mejorías ”acordadas en la mesa de diálogo social, y en el marco de las competencias autonómicas“. Lo que también destaca es que la pandemia revela una ”gran demanda“ de puestos de trabajo en ese sector para lo que apuesta por programas de formación que que den prioridad a los menores de 30 años y a los mayores de 55.

“Derivación a hospital cuando la situación lo requiera”

En el texto, ambas formaciones reconocen que las residencias han sido uno de los principales focos en la pandemia: “El impacto de la pandemia por COVID-19 también ha convertido en urgente la coordinación de los sistemas sanitario y social. La especial virulencia del coronavirus en las personas mayores, así como su gran letalidad en las personas internas en residencias, obliga a revisar el modelo y, en todo caso, señala la necesidad de poner el foco en nuevos riesgos y necesidades”. No obstante, el asunto se aborda de forma general con una propuesta de evaluar la ley de dependencia.

Lo que sí hace es una referencia expresa a la forma de actuar en el marco de la “coordinación de los sistemas sanitario y social” en el caso de las residencias ante las polémicas órdenes de no derivar pacientes enfermos de COVID-19 a los hospitales durante los momentos más crudos de la emergencia sanitaria. “En residencias, el seguimiento de la atención sanitaria se realizará por el centro de salud con derivación a hospital cuando la situación clínica lo requiera. Se establecerán protocolos de atención en situaciones terminales y de cuidados asimilados a los domiciliarios. Los servicios sociales tendrán que establecer acreditaciones de formación del personal de cuidados y un sistema de inspección periódica que permitan comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas a estos centros residenciales a efectos de verificar dicha coordinación”, reza el documento.

1% de la obra pública, a accesibilidad de viviendas

La propuesta de política social incorpora un apartado dedicado a la vivienda con la promesa de un “plan de vivienda en alquiler que vertebre e incremente las medidas puestas en marcha desde las distintas Administraciones Públicas para que, contando con la colaboración del sector privado, posibilite una alternativa habitacional digna a las personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida” así como un incremento no definido de recursos para asimilar a España al resto de países de su entorno.

“El confinamiento ha demostrado la dificultad física y mental que supone vivir encerrados en el domicilio. En España conviven más de 1,8 millones de personas con movilidad reducida que precisan de ayuda para salir de sus casas y en torno a 100.000 no salen nunca al no disponer de esta ayuda. Para corregir esto es necesario: obras y actuaciones de accesibilidad sean obligatorias con independencia de los ingresos de la comunidad”, admiten PSOE y Unidas Podemos en sus conclusiones en las que proponen “destinar en los contratos de obras públicas una partida de al menos el 1% a trabajos de accesibilidad en edificios de viviendas”.

PSOE y Unidas Podemos han priorizado la acción conjunta para los documentos que servirán de base para las conclusiones de la comisión parlamentaria que se impulsó después de que Casado aceptara negociar en marco del Congreso los acuerdos de reconstrucción que Pedro Sánchez había planteado en un primer momento como ‘Pactos de la Moncloa’. El resto de formaciones también presentan sus propias conclusiones -a excepción de algunas como el PNV, que se decanta por enmendar el documento base más adelante-.

Este jueves se elegirán los documentos que servirán de borradores para las conclusiones de la comisión a partir de los que han registrado los grupos y se abrirá un plazo para la presentación de enmiendas. La votación definitiva será el 3 de julio y el dictamen se elevará al Pleno para su aprobación definitiva a mediados de mes.

En esa tramitación los aliados parlamentarios plantearán algunas de las cuestiones que PSOE y Unidas Podemos han obviado en sus conclusiones. ERC, por ejemplo, ha incluido el impuesto a las grandes fortunas en sus documentos, en los que también defiende derogar “inmediatamente y en su totalidad” las últimas dos reformas laborales, o la obligación a las empresas que han recibido financiación o ayudas a raíz de la pandemia a mantener todos sus puestos de trabajo durante los próximos 12 meses. Otra de las propuestas que incluyen los republicanos es establecer un permiso remunerado no transferible para el cuidado de menores y dependientes, una medida en la que el grupo que lidera Gabriel Rufián ha insistido durante la emergencia sanitaria.

La comisión de reconstrucción ha albergado más de 40 comparecencias desde mediados de mayo, cuando se constituyó con un ambiente de cordialidad y consenso inusual en la Cámara. Por el organismo han pasado varios miembros del Gobierno, entre ellos los vicepresidentes, y representantes de organizaciones sanitarias y sociales o economistas, entre otros. Además, se articularon cuatro grupos de trabajo en los que se han abordado las posibles salidas para la crisis del coronavirus en cuatro ámbitos: economía, sanidad, política sanitaria o posición ante la UE.

Los socios del Gobierno de coalición trabajan para alcanzar un acuerdo y presentar unas conclusiones conjuntas ante la comisión parlamentaria de reconstrucción. Los portavoces del PSOE y de Unidas Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique, se han reunido esta mañana en el Congreso para perfilar los cuatro documentos, uno por cada área de trabajo, que deben presentar antes de las 21.00 de este miércoles, tras ampliar la Mesa de la comisión el plazo inicial previsto. Ayer ya se reunieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para abordar las diferencias, tal y como adelantó eldiario.es.

Las negociaciones entre ambos grupos confirman las diferencias que existen en materia económica y social. La comisión se dividió en cuatro grupos de trabajo (UE, Sanidad, Economía y Servicios Sociales). En los dos primeros, los socios ya han cerrado unas conclusiones conjuntas, según confirman a eldiario.es fuentes de las negociaciones. Sobre Europa, el acuerdo pasa por proponer al Congreso unidad de acción a la hora de reclamar a Bruselas un paquete de ayudas que financie la reconstrucción, según explicó el martes en rueda de prensa Echenique. En cuanto a Sanidad, la defensa y reforzamiento de un sistema público eficiente y potente será el eje central del documento.

En materia económica y social el acuerdo tendrá que ser de mínimos, dada las diferencias que se han evidenciado entre el PSOE y Unidas Podemos. Con todo, nadie duda de que se vaya a cerrar el pacto ya que lo prioritario es llevar unas conclusiones conjuntas del Gobierno a una comisión que no tendrá el alcance que se le intentó dar en un principio.

Desde el grupo confederal se ha hecho hincapié en la necesidad de un proceso de reindustrialización de España ya que, en su opinión, la pandemia ha demostrado la poca fortaleza del país para afrontar la fabricación de respiradores y otros materiales necesarios.

Además, Pablo Iglesias ha planteado en diferentes comparecencias la necesidad de establecer un nuevo impuesto a las grandes fortunas de ámbito estatal. En Unidas Podemos contaban con el apoyo socialista para llevar esta medida en las conclusiones conjuntas, pero todo apunta a que el nuevo tributo quedará fuera. El martes, Echenique aseguraba que iban a intentar “convencer” al PSOE.

Efectivamente, hubo una reunión entre Iglesias y Sánchez para abordar este tema, entre otros. Pero la posición socialista parece inamovible. Tanto la vicepresidenta Nadia Calviño como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se han mostrado contrarias a esta figura impositiva. El mismo martes, Montero insistía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en rechazar un nuevo tributo y en reforzar los actuales para aumentar la recaudación del Estado.

En materia social, desde Unidas Podemos se ha defendido afianzar un “sistema estatal de cuidados”, que pasa por una red de residencias de mayores públicas y por mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de estos centros, que se han convertido en uno de los caballos de batalla de la pandemia, especialmente por el enfrentamiento entre el Gobierno de Madrid y el central.

En paralelo a estas negociaciones, la vicepresidenta del Congreso y portavoz del PP en la Comisión de la Reconstrucción, Ana Pastor, y el secretario general del Grupo Popular, Guillermo Mariscal, han mantenido este miércoles a última hora de la tarde una reunión con la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, el diputado socialista Rafael Simancas, el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños y el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla.

Según han explicado fuentes populares, en el encuentro “se han intercambiado las conclusiones de los respectivos grupos en la comisión de reconstrucción y se han emplazado a seguir hablando en los próximos días”. El PP insiste en plantear “un pacto de Estado Cajal por la Sanidad” y reitera su “voluntad a llegar acuerdos en este ámbito con el Gobierno”.

Votación el 3 de julio

Esta noche termina el plazo para que los grupos presenten sus respectivos borradores de conclusiones por cada uno de los cuatro grupos de trabajo creados: Reactivación Económica, Sanidad y Salud Pública, Unión Europea y Políticas Sociales y Sistema de Cuidados.

El jueves, cada grupo de trabajo definirá cuál de las propuestas presentadas se utiliza como “base” para redactar las conclusiones finales. Los diferentes grupos parlamentarios y partidos del Mixto tendrán de plazo hasta las 15.00 del 29 de junio para presentar enmiendas.

El 1 de julio, los grupos deliberarán y votarán las enmiendas que se registren. Las elegidas se añadirán a las conclusiones, que deberán votarse ese mismo día.

Finalmente, el 3 de julio se reunirá la comisión para aprobar las conclusiones finales. No será el final del proceso. Todavía faltará un último debate y votación, esta vez en el Pleno del Congreso, sobre el dictamen completo que apruebe la comisión, que contendrá resoluciones y propuestas sobre el objeto de sus trabajos, según informa el Congreso en una nota de prensa.

El pasado 14 de mayo se constituyó en el Congreso de los Diputados una Comisión para la reconstrucción social y económica de España tras la Pandemia de COVID-19. Contará con cuatro grupos de trabajo: sanidad y salud pública, reactivación económica, políticas sociales y Unión Europea. Desde el pasado martes y a lo largo de las próximas semanas del mes de junio, se desarrollarán las comparecencias en el primero de esos grupos. Acudirán 34 expertos propuestos por los diferentes grupos políticos. Será una buena ocasión para contrastar puntos de vista y proponer medidas que refuercen las capacidades de la sociedad española para hacer frente los retos actuales y futuros en temas esenciales para todos.

Para ser relevante en el proceso de reconstrucción, la Comisión tiene que ser muy ágil, directa y pragmática. No perderse en grandes disquisiciones conceptuales ni en discusiones bizantinas. Su éxito se medirá en función de que logre articular una agenda para la acción que pueda ser acometida en el corto y medio plazo. En ese espíritu y como aporte al debate planteamos a continuación algunas ideas-fuerza en materia de sanidad y salud pública que consideramos deberían ser recogidas en las conclusiones y recomendaciones finales de la Comisión.

La primera idea es que se necesita una apuesta renovada y decidida por la salud pública. En situaciones de crisis colectivas, lo público es lo que nos salva (si funciona adecuadamente) o nos hunde (si no funciona). Esa apuesta debe implicar un reconocimiento expreso de la importancia de los determinantes sociales de la salud (educación, renta, inclusión, vivienda, medio ambiente y otros), de las funciones esenciales de salud pública, así como de la equidad en el acceso y el uso de los servicios de salud. Mejorar las condiciones de vida y la capacidad de las personas para tomar parte en las decisiones que les afectan contribuye a mejorar la salud. Combatir la pobreza, en particular la pobreza infantil es importante. En este sentido el establecimiento del ingreso mínimo vital es un paso decisivo. Practicar un universalismo inclusivo no está reñido, más bien al contrario, con desarrollar actuaciones específicas en favor de los colectivos más vulnerables.

Lo anterior implica fortalecer las capacidades y los dispositivos de salud pública en los niveles territoriales, autonómico y estatal. Esto implica una legislación actualizada, más profesionales, mejor organización, una vigilancia epidemiológica reforzada, tecnologías de detección y rastreo más modernas, mayor y más oportuna capacidad de intervención a nivel comunitario y más coordinación con la atención primaria. En este sentido, consideramos importante recomendar la creación de una potente Agencia Estatal de Salud Pública dependiente del Ministerio de Sanidad, con personalidad jurídica y presupuesto propios que agrupe a diversos organismos hoy dispersos (por ejemplo, el CAES, el Centro Nacional de Epidemiología y los servicios de Sanidad Exterior), que trabaje en red con grupos nacionales e internacionales y que produzca información útil para los tomadores de decisiones y para el conjunto de la sociedad. Sería un instrumento horizontal a disposición del Sistema Nacional de Salud que funcionaría en red como una suerte de inteligencia colectiva capaz de alertar sobre los efectos de riegos identificados y potenciales, de anticiparlos y evaluarlos adecuadamente, y de proponer soluciones basadas en la ciencia y en la mejor evidencia disponible. Todo ello en un mundo cada vez más globalizado donde la seguridad sanitaria es un componente cada vez más importante de la seguridad colectiva de las sociedades.

La segunda idea tiene que ver con el reforzamiento de la atención primaria de salud. En los centros de salud convergen muchas de las labores de salud pública, de promoción de salud y prevención de enfermedades, de tratamiento de enfermedades agudas y crónicas, de trabajo conjunto con los servicios sociales (sobre todo con las residencias de mayores) y con el sistema educativo. Junto con la salud pública ha sido uno de los aspectos de nuestro sistema de salud más afectados por los recortes de la pasada década. Urge revertir esta situación. Detectar pronto los riesgos y los daños para la salud y prevenirlos y tratarlos de forma efectiva y personalizada depende en gran medida de la atención primaria. Se requieren más profesionales de más tipos (sobre todo de enfermería comunitaria), más profesiones, más atención en los hogares, mejor relación con la atención hospitalaria, y una profunda reingeniería de procesos y de medios tecnológicos que garanticen un adecuado flujo de información y de movimientos de los pacientes capaz de asegurar la continuidad de la atención. El Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria 2019, publicado en el BOE del 7 de mayo, contiene propuestas que siguen siendo válidas y que deberían implementarse. Algunas modalidades de teleconsulta, teleformación y de dispensación a domicilio de medicamentos para pacientes crónicos que han sido desarrolladas durante la pandemia deberían evaluarse y, en su caso, perfeccionarse y generalizarse.

La tercera idea es que hay que repensar tanto el modelo de atención como los modelos de gestión de la atención hospitalaria del Sistema Nacional de Salud (SNS). Respecto al modelo de atención, con mucha probabilidad la atención y el cuidado de las patologías crónicas seguirá siendo dominante, pero los hospitales y centros de especialidades, y los servicios de urgencia y emergencias, deberán estar también preparados para situaciones derivadas de la propagación de enfermedades infecciosas y altamente contagiosas. Ello implicará revisar ciertos elementos arquitectónicos, disponer de reservas de insumos críticos, contar con circuitos diferenciados, con protocolos específicos y con entrenamientos y simulacros periódicos. Los servicios de medicina preventiva y de prevención de riesgos laborales deberán de ser reforzados.

Respecto al modelo de gestión, somos partidarios de un Sistema Nacional de Salud con una gestión pública ágil y transparente en la que haya opciones para la autonomía profesional y para el adecuado reconocimiento del desempeño, fomentando la calidad asistencial. La relación con la asistencia sanitaria privada debe reubicarse, tal como estableció la Ley General de Sanidad, como un complemento de la asistencia pública con criterios de calidad y transparencia. Además, los modelos de gestión privada de los hospitales públicos desarrollados durante los últimos años deberían poder reevaluarse con criterios rigurosos de costo, efectividad y equidad.

La cuarta idea es que poco se puede hacer sin contar con más profesionales mejor incentivados. Eso requiere diálogo, diálogo, diálogo. Y, por supuesto, más recursos financieros, técnicos y humanos. Los profesionales sanitarios no son héroes como ellos mismos han repetido durante las semanas pasadas. Son personas, mujeres en su gran mayoría, con una fuerte vocación de servicio. Desearían hacer su trabajo lo mejor posible, vivir dignamente de él, poder compatibilizarlo con sus distintas opciones de vida personal y familiar. A la inmensa mayoría les gusta cuidar a sus semejantes, reducir el dolor y el sufrimiento, curar cuando ello es posible, formarse continuadamente sin tener que depender exclusivamente de la industria farmacéutica e investigar. A una parte le gusta también enseñar. El reconocimiento social y los premios, como el recién concedido Princesa de Asturias de la Concordia, son importantes, pero esto no debe hacernos olvidar que preferirían no verse obligados a trabajar con contratos precarios, o a emigrar, o ser jubiladas o jubilados contra su voluntad. Como a muchas otras y otros les gusta participar en la toma de decisiones sobre sus condiciones de ejercicio profesional. Durante esta pandemia se han batido en condiciones difíciles y han pagado un precio en términos de contagios y de fallecimientos. Seguramente volverían a hacerlo. Y, sin embargo, en muchos casos no se han sentido tratados adecuadamente durante esta pandemia. En primer término, por sus empleadores principales, que son los servicios de salud de las Comunidades Autónomas. Y en segundo lugar por un Ministerio de Sanidad que ha contado poco con sus organizaciones representativas.

La quinta idea es que, además de la Agencia Estatal de Salud Pública, el SNS requiere de algunas modificaciones en su arquitectura para reforzar el carácter federativo de sus actividades, lo cual no está reñido con la distribución competencial existente. En primer lugar, estableciendo un Fondo de Cohesión, de carácter finalista y dotación suficiente, para que el Ministerio, previo conocimiento del Consejo Interterritorial, pudiera intervenir de urgencia en determinadas circunstancias, por ejemplo, para hacer frente a riesgos para la salud de la población que afecten o puedan afectar a dos o más Comunidades Autónomas contratando personal, adquiriendo insumos o realizando determinadas inversiones en tecnología. En segundo lugar, el Ministerio de Sanidad de acuerdo con las Comunidades Autónomas, debería poder establecer mecanismos de evaluación oportunos, fiables y transparentes del funcionamiento del SNS, o para desarrollar la compra conjunta de equipos, medicamentos, vacunas y otros insumos generando más espacios de cooperación. Los intentos realizados en ese sentido hasta el momento se han revelado muy limitados. Peor que eso, en la mayoría de las Comunidades Autónomas, las compras se han descentralizado al nivel de los centros hospitalarios. ¿Tiene sentido, como ha hecho ocurrido durante esta pandemia, salir a mercados internacionales tensionados y competitivos en orden disperso, compitiendo unos contra otros y desaprovechando las economías de escala que proporcionan las compras centralizadas? Las competencias autonómicas no tienen por qué ser sinónimo de atomización.

Y la sexta y última, pero no por ello menos importante, es la necesidad de reforzar la investigación biotecnológica básica y traslacional, la innovación y el desarrollo de nuevos equipos, procesos y aplicaciones. Se trata, como estamos viendo, de un sector de extraordinaria importancia estratégica y económica con un enorme potencial multiplicador. Si algo ha demostrado una vez más esta pandemia es la capacidad de adaptación e innovación de nuestras industrias y también de nuestros profesionales sanitarios. Se requieren más fondos para la investigación, más bancos de proyectos, más viveros de empresas. Y, sobre todo, más incentivos para, y una mayor receptividad ante, la innovación a “pie de obra”: en los hospitales, en los centros de salud, en los servicios de urgencia, en las universidades. Conviene aprovechar el enorme interés que la ciencia y la investigación has suscitado durante estos meses. Hace falta más investigación en salud pública, más investigación clínica, más investigación sobre modelos de organización y tecnologías de comunicación, más investigación sobre la efectividad de las tecnologías de salud y sobre la efectividad comparativa de las diferentes intervenciones. Y sistemas mucho más accesibles y ágiles para comunicar los resultados. Los esquemas de funcionamiento y las prioridades del Instituto de Salud Carlos III y en particular del Fondo de Investigaciones Sanitarias incluido en él deberían ser repensados a fondo. Si gastar en salud no es en realidad gastar sino invertir en seguridad, invertir en investigación biomédica y de salud pública es invertir en un mejor futuro y por partida doble.

Sin duda, lo anterior no agota la lista de actuaciones que se pueden desarrollar para fortalecer y mejorar el Sistema Nacional de Salud (por ejemplo, la gobernanza de los establecimientos de salud, el carácter inequitativo del modelo de MUFACE, el papel de las oficinas de farmacia o la redefinición de la cartera de servicios del SNS). Probablemente durante las comparecencias y los posteriores debates del grupo de salud de la Comisión se abordarán muchas otras.

En cualquier caso, si algo ha dejado claro esta pandemia es que las políticas de recortes del gasto social (incluido el gasto sanitario público), externalizaciones y privatizaciones desarrolladas en España y otros países europeos formando parte de las políticas de ajuste durante la pasada crisis económica no fueron una buena idea. Aumentaron las inequidades y debilitaron nuestra capacidad de respuesta para hacer frente a desafíos como éste y otros que puedan venir.

Con todo, la realidad de los sistemas regionales de salud no es idéntica ni en recursos, ni en gasto ni, por supuesto, en resultados. Las políticas desarrolladas por los distintos gobiernos regionales a lo largo del tiempo han influido en ello, algo que esta pandemia ha puesto también en evidencia.

Es necesario un nuevo marco de financiación que asegure la equidad y la suficiencia financiera que el Sistema Nacional de Salud no tiene ahora y que se nos ofrece como una causa esencial de sus inequidades. Más y mejor financiación, e incluso, recuperar el carácter finalista de los fondos para la sanidad, es seguramente un asunto esencial que debiera surgir de la Comisión de reconstrucción.

Por último, resulta llamativo que muchas de las ideas anteriores se hayan propuesto desde distintos foros durante años con escaso éxito. Pareciera como si, desde hace ya bastante tiempo, las políticas de salud y de atención sanitaria no hubieran tenido una alta prioridad en las agendas públicas al darse por supuesto que el sistema de salud estaba bien y funcionaba por sí solo. Convendría no repetir ese error en lo sucesivo.

Hemos visto estos días a los diputados sacudiéndose fuerte, preferiblemente con golpes bajos, y hasta mentándose a la madre, o al padre. El espectáculo ha continuado en eso que llaman Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, que se acerca peligrosamente a la categoría de fraude. Se podría esperar que en esa comisión comparecieran expertos en sanidad, economía, industria o turismo para dar su punto de vista sobre cómo afrontar una crisis de efectos pavorosos que ya está aquí, como demuestra el cierre de la planta de Nissan en Barcelona. De momento, lo que tenemos son políticos ajustando cuentas con la navaja en la mano y marcando el rumbo a los que vengan después.

Si repiten lo mismo en ese foro que lo que se tiran a la cara todos los días en el hemiciclo, ¿para qué sirve esa comisión?

¿De quién es la culpa? No se lo van a creer, pero parece que los responsables son todos los españoles. Eso al menos dice el número dos del PP. Teodoro García Egea afirma que los ciudadanos están muy enfadados por esta crisis y “es normal que esa crispación y ese enfado de la gente en la calle se traslade al hemiciclo”. Si viviera y pudiera hablar, el caballo de Espartero tendría algo que decir sobre el estilo de Egea de hacer política.

Para investigar las causas de un incendio provocado, más que echarle la culpa a todo el mundo que está mirando las llamas, conviene indagar si alguien tiene una lata vacía de gasolina en la mano. Resulta gracioso que Egea diga esto cuando la persona que ha causado el último fuego fatuo es la misma que no desperdicia ninguna ocasión de atormentarle. Cayetana Álvarez de Toledo no sólo intenta hacer sufrir a sus adversarios, sino también a sus compañeros de bancada. La portavoz del grupo parlamentario se ha caracterizado siempre por no necesitar mucho –le vale con una conversación con periodistas en pasillos– para tapar las comparecencias de Egea y dejarle sin titulares en los medios.

Lo ocurrido el miércoles en el pleno, cuando el PP decidió que debía centrar la jornada en atacar al ministro de Interior, fue otra demostración de que la marquesa de la mirada heladora cuenta con su propia agenda. Otros diputados del partido se batieron el cobre para cumplir las órdenes y fueron a por Marlaska. Ella tenía sus planes bien preparados. En una interpelación sobre el pacto con Bildu sobre la reforma laboral, buscó provocar a Pablo Iglesias con ataques personales para ganarse los titulares, los minutos de la televisión y la portada de ABC (ahí fracasó, no podía ganarle al rey).

Lo malo es que los insultos de Álvarez de Toledo acabaron eclipsando al propio Pablo Casado, que se supone que debería ser la estrella de su partido en las sesiones de control. Y Casado necesita minutos de calidad, porque ver ovejas y visitar empresas textiles no es lo mismo que enfrentarse directamente a Pedro Sánchez en el Congreso. Por eso, según El Confidencial, cunde el desánimo en el grupo parlamentario al creer que la actitud de su portavoz perjudica al partido y a su líder: “Con un escándalo como el que tienen en Interior, es absurdo hacer esto. Y menos aún recurrir a los insultos”.

Álvarez de Toledo llevaba un mes sin dar una rueda de prensa. Había comprobado que su partido no contaba con ella para hacer de portavoz en ese ring de boxeo que va a ser la Comisión de Reconstrucción y reaccionó como una prima donna que no tolera no ser la estrella de la función. Llamar “hijo de un terrorista” a Iglesias le permitió volver al escenario, y no lo va a abandonar fácilmente. El jueves, volvió a repetir el ataque y lo hizo fuera del Parlamento, lo que es un detalle interesante. Legalmente, resulta dudoso que se pueda condenar a un diputado por opiniones expresadas en la tribuna del Congreso, pero no es igual si se hace en otro foro. Nada le satisfaría más que presentarse ante un tribunal disfrazada de Juana de Arco. Intentaría prenderse fuego antes de pasar por el detector de metales.

En Vox no necesitan elegir la ocasión ni tienen problemas con que un diputado hable más alto que el líder. Ahí tienen barra libre para avivar toda clase de hogueras. El jueves, contaron con la colaboración de Pablo Iglesias, que decidió que para hablar de reconstrucción era muy importante especular sobre los deseos secretos de la extrema derecha: “Yo creo que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero no se atreven”. Están los de Vox como para que les digan que no son lo bastante hombres para tirarse al monte. Iván Espinosa de los Monteros abandonó airado la comisión. Ya había hecho el día.

Antes, una portavoz de Vox había acusado al Gobierno de provocar la muerte de miles de ancianos al “encerrarlos” en las residencias. Cada vez que abren la boca dejan en evidencia a Casado y ofrecen una gran oportunidad al PSOE y Podemos para presentar al PP como un partido que sólo puede llegar a La Moncloa si se alía con unos sociópatas. Aunque para que esa estrategia funcione, les conviene no caer en las trampas.

Por eso, cuando el alcalde de Madrid dice que la culpa de que Álvarez de Toledo vaya insultando a la gente es de Podemos, porque desde que ese partido entró en la política española “se ha producido un nivel de encanallamiento muy importante”, queda demostrado que los dirigentes del PP con algo de seso son conscientes de que no podrán presentarse como un partido fiable en el Gobierno si están más ocupados en la batalla de los insultos. Y de ahí el intento de Martínez Almeida de abrir la manguera a ver si cuela.

Por la tarde, la Comisión de Reconstrucción tuvo otro momento para la pelea a cuenta de otra provocación de Vox. La disputa acalorada fue entre dos miembros de la Mesa de la Comisión –su presidente, Patxi López, y Enrique Santiago, de Unidas Podemos–, lo que ya es de nota. Posteriormente, López pidió disculpas por el espectáculo ofrecido.

“Me gustaría que fuéramos capaces de volver a entender por qué y para quién estamos aquí”, dijo Patxi López, “y no es para insultarnos, ni para atacarnos, sino para demostrar que la política sirve para mejorar la vida de la gente, para demostrar que si hemos querido estar aquí es por algo. Y ese algo tiene los nombres y los apellidos de los que han sufrido, sufren y van a sufrir las consecuencias de una pandemia brutal. Compatriotas que sin la política, es decir, sin lo que decidamos nosotros, estarán absolutamente abandonados”.

Veamos qué estilo se impone en futuras sesiones de esa comisión. Si el modelo Cayetana o el modelo Patxi.