El PP mantiene todavía oculto si apoyará o no el decreto aprobado el viernes por el Gobierno para intentar paliar las consecuencias económicas de la guerra de Irán. La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha evitado revelar este lunes qué votarán sus diputados el próximo jueves, cuando se someta al Congreso. Para evitar pronunciarse, la dirección del PP ha anunciado que enviará esta tarde una carta al Ejecutivo para reclamar nuevas medidas, aunque el decreto ya ha sido publicado en el BOE, lo que impide cualquier modificación.

Gamarra ha asegurado que el decreto “llega tarde”, porque “ya hay países donde hay ciudadanos que llevan semanas beneficiándose de este tipo de ayudas”, sin citar ninguno. “Pero además que se queda corto”, ha afirmado, porque “no se han incorporado medidas tan importantes como es deflactar el IRPF”.

La deflactación del IRPF es una medida comodín a la que el PP recurre habitualmente desde la invasión rusa de Ucrania, en 2022. “Hoy los españoles no pueden llegar a fin de mes”, ha dicho Gamarra para reclamar que se acepte esta propuesta.

El PP va a reclamar al Gobierno esta medida en una carta que, según ha anunciado Gamarra, será enviada esta tarde por la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ejerce también las competencias de Relaciones con las Cortes.

Gamarra no ha querido revelar si el jueves el PP votará a favor de la convalidación del decreto. Preguntada varias veces al respecto, la dirigente del PP ha reiterado “la necesidad de deflactar el IRPF de manera inmediata” y “la necesidad de abandonar una línea de como la que plantea e insiste el Gobierno en plantear de cierre de centrales nucleares”. Una referencia a un artículo del decreto que permite “declarar nudos de transición justa adicionales” a los “nudos de la red de transporte o distribución donde evacúen centrales térmicas o nucleares que, o bien hayan cerrado o cuyo cierre se vaya a producir en un corto plazo de tiempo”.

Gamarra ha evitado una y otra vez responder qué hará el PP el jueves, ya que decreto que se someterá a votación no se puede modificar. “Seguimos analizando el resto de las medidas, porque son muchas y van mucho más allá de lo que es la ayuda directa a las familias y también a los sectores económicos”, ha dicho. “Para nosotros es importante que el Gobierno analice estas cuestiones que le planteamos, que recapacite y que actualice la respuesta a esta crisis”, ha concluido.

Querella contra Tezanos

La vicesecretaria de Regeneración Institucional ha anunciado además una querella contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, “por un posible delito electoral”.

Gamarra ha asegurado que Tezanos intenta “manipular y dirigir a la opinión pública” con encuestas que, ha dicho, sobredimensionan a la izquierda en detrimento a la derecha. Unas “manipulaciones” que “afectan a la libre formación del voto”. “Se le hace fallar [al CIS] para manipular la voluntad a los electores. Trasciende el ámbito político”, ha concluido.

La dirigente del PP ha citado el artículo 145 de la ley del régimen electoral, que apunta: “Quienes infrinjan la normativa vigente en materia de encuestas electorales serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de uno a tres años”.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este viernes que su partido tiene “la misma posición que tienen todos los países europeos” sobre los bombardeos de EE UU e Israel sobre Irán. Una posición que Gamarra ha reducido a “contundencia e intransigencia en relación al régimen iraní”, obviando su petición previa de permitir el uso de las bases aéreas compartidas de Rota y Morón.

La dirigente del PP ha acusado a Sánchez de no ser “un aliado solvente” justo cuando Francia e Italia se han alineado con España en su rechazo a la guerra, y ha alineado a su partido con los socios justo cuando dos de los principales países europeos se han desmarcado de los bombardeos sobre Irán.

“Francia no forma parte de la guerra contra Irán. No estamos en combate y no vamos a involucrarnos en ella”, ha dicho este mismo viernes el presidente francés, Emmanuel Macron. Unas palabras casi calcadas a las que pronunció ayer la primera ministra italiana, Giorgia Meloni: “No estamos en guerra ni queremos entrar en ella”.

Meloni también ha negado que EE UU esté usando las bases aéreas compartidas en sus ataques a Irán más allá de “operaciones no cinéticas ni de bombardeo”. Su ministro de Defensa ha declarado que la guerra es “ilegal”.

Gamarra ha pedido al Gobierno español “ser fiables cumpliendo los compromisos adquiridos en el marco de la OTAN y la UE”. Y es precisamente en cumplimiento del Tratado de la Unión que España ha enviado la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre como parte de un contingente más amplio con navíos franceses e italianos, entre ellos el portaaviones de propulsión nuclear 'Charles de Gaulle'.

Una decisión que el PP ha criticado. “Tenemos un Gobierno que miente. A los españoles, a los aliados y a sus socios” parlamentarios, ha dicho. Gamarra ha reiterado en declaraciones a los medios en Soria algunos de los principales bulos promovidos en las últimas horas tanto por su partido como por algunos medios de comunicación, como el hecho de que EE UU sigue usando las bases de Rota y Morón para los ataques sobre Irán.

La realidad es que todos los aviones que han partido de las instalaciones gaditanas se han dirigido a otros países europeos o a África.

“Desempolva el 'no a la guerra' cuando nos enteramos por los medios de que España participa en una nueva misión con nuestra mejor fragata que lidera Francia”, ha apuntado sobre la activación de la 'Cristóbal Colón'. Gamarra ha reclamado “que se cumpla la ley” y “que la misión cuente con autorización o ratificación del Congreso”.

La vicesecretaria no ha querido revelar si su partido respalda o no el envío de la fragata a Chipre. Solo lo hará, ha dicho, “después de tener información y transparencia”.

La ley permite movilizar a las Fuerzas Armadas en cumplimiento de los tratados internacionales, como es el de la UE. De hecho, Gamarra ha reconocido que esa misión se produce “en el marco europeo”. Para el PP, Sánchez no recurre al Congreso porque “no cuenta con el respaldo de sus socios”. De momento, solo Podemos se ha desmarcado del envío de la fragata.

“Acompañamiento” de Exteriores

Gamarra también ha exigido al Gobierno “que dé cobertura a las decenas de miles de españoles que están en zona de conflicto”. “Les tiene que dar una solución”, ha dicho, para reclamar que “Exteriores se oponga en contacto” con ellos “y que se sientan acompañados”.

La dirigente del PP ha pedido también que el Gobierno “reconduzca el mensaje”. “Que deje de buscar enemigos y confrontación para ser un aliado solvente con los socios europeos”, ha planteado.

Preguntada expresamente por la posición del PP ante la guerra en Irán, ha reiterado que la suya es “denunciar la tiranía del régimen iraní”, así como “llamar a la contención y a la desescalada”.

Vuelven los ochenta. Y lo hacen con las mismas frases de entonces en boca de políticos que en esa época eran unos niños. Todo es posible con tal de subirse a la ola populista y punitiva que suele encabezar la extrema derecha. Ocurrió en el Congreso con la votación de la reforma legal contra la multirreincidencia de los delincuentes presentada por Junts. La iniciativa salió adelante con el apoyo de toda la derecha y del partido cuyo líder, que se llama Pedro Sánchez, no deja de repetir que hay que frenar a Vox cueste lo que cueste. Parece que el jueves tocaba tomarse el día libre en ese empeño.

La frase en cuestión tiene que ver con las puertas de comisarías o juzgados. Cuca Gamarra lamentó en el debate que sea habitual desde hace años ver a delincuentes “entrar por una puerta y salir por otra”. Pilar Vallugera, de Esquerra, que optó por la abstención, se centró en la lentitud de la justicia que permite que los delincuentes “entren por una puerta y salgan por otra”. Para la versión más entusiasta estaba Míriam Nogueras, de Junts: “Los ladrones que campan por Catalunya, roban y asustan día sí y día también a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros mayores, a los campesinos, y que entran por una puerta y salen por otra, con esta ley entrarán por una puerta, pero ya no saldrán”.

Pasan los años y hasta las décadas y las mismas frases aparecen en la boca de los políticos. Es llamativo, porque la situación no puede ser más diferente a la que existía cuando se empezaron a utilizar esas palabras.

Nogueras estaba acompañada en el patio del Congreso por un grupo de alcaldes de Junts que han presionado durante meses para que se adoptara la medida. Afirmaban que la delincuencia estaba aumentando en sus ciudades y que sus expectativas electorales se estaban viniendo abajo por la pujanza de Aliança Catalana, el partido de la ultraderecha independentista. Incluso viajaron a Waterloo para ver a Carles Puigdemont y dar la voz de alarma.

Sílvia Orriols, líder de Aliança, ha confirmado que su partido no se presentará a las próximas elecciones generales. Tampoco lo necesita si Junts se ocupa de hacer su trabajo en el Congreso.

La reforma impone que el delincuente sea condenado con pena de prisión si acumula “tres delitos de la misma naturaleza”, aunque uno de ellos sea leve y el valor de lo sustraído sea inferior a 400 euros. Los hurtos continuados serán castigados con penas de uno a tres años a partir de tres condenas. El actual Código Penal ya aumentaba las penas por multirreincidencia si la cuantía de varios robos superaba los 400 euros.

¿Qué quiere decir que esos delincuentes “ya no saldrán”, como decía Nogueras? Todos los que apoyan los cambios aspiran a que esos presuntos ladrones entren en prisión preventiva y desaparezcan de las calles por mucho tiempo, no a causa de la duración de la pena, sino del retraso tradicional de la justicia.

En los años ochenta, el primer Gobierno de Felipe González recibió la herencia de unas prisiones abarrotadas y en condiciones materiales deplorables que estaban a punto de estallar. Existía el convencimiento generalizado de que no se trataba a los presos como seres humanos. Se calculaba que más del 90% de ellos eran preventivos a la espera de juicio. Lo que se llamó la reforma Ledesma, por el ministro de Justicia, intentaba resolver una situación explosiva poniendo en libertad a muchos de esos internos, lo que supuso un aumento de la pequeña delincuencia. El factor esencial fue la ola de robos cometidos en las grandes ciudades relacionados con el consumo de droga.

“La desigualdad y la marginación, en combinación con el paro y la crisis económica, desemboca, con la droga como hilo trágico, en unos índices de delincuencia como no se habían conocido en España”, escribe Arturo Lezcano en el libro 'Madrid, 1983'.

Frente a las falsedades que se leen en las redes sociales sobre la nostalgia de esos años ochenta en España, básicamente porque casi no había extranjeros, la realidad fue muy diferente. Y fue entonces cuando se popularizó la frase que empieza por “entra por una puerta...”.

Pasada esa época –la cárcel, las sobredosis y el sida acabaron con una generación de personas que violaban la ley por decisión propia o adicción–, la sociedad se instaló en un panorama que no ha cambiado demasiado. España es un país con un bajo nivel de criminalidad grave y con un alto porcentaje de población carcelaria, lo que es una cierta paradoja. Es uno de los países de Europa Occidental con más presos por habitante (117 por 100.000 en 2024) por detrás de Gran Bretaña (170).

Teniendo en cuenta que Feijóo ha dado pista libre a relacionar inmigración con delincuencia, no es extraño que Gamarra sacara un tema que no tenía que ver directamente con la reforma. “¿A cuántos multirreincidentes se les va a dar la residencia con la regularización? Si tienen antecedentes, de premio la residencia. Están convirtiendo la regularización en un coladero para delincuentes”, dijo. Es un mensaje idéntico al de Vox.

El partido de Santiago Abascal votó a favor, aunque cree que la reforma es “necesaria, pero no suficiente”, dijo Juan José Aizcorbe. “Mientras no se haga un control efectivo de las fronteras, la multirreincidencia seguirá existiendo”. El PP y Vox están en plena competición para ver quién llama criminal con más intensidad a los inmigrantes sin papeles, sobre todo si son africanos.

A pesar de los comentarios de la derecha y la extrema derecha, el diputado socialista Francisco Aranda dijo que la norma se hace desde la óptica “progresista”, lo que es una forma bastante imaginativa de describir los cambios.

Los socios del Gobierno no vieron progresismo por ningún lado, sino todo lo contrario. “¿Por qué el acceso a la vivienda no genera un consenso como esta ley para meter en la cárcel a robagallinas?”, se preguntó Enrique Santiago, aunque en este caso habría que hablar sobre todo de robamóviles. El portavoz de Sumar acusó al PSOE de utilizar los argumentos de la “ultraderecha más reaccionaria”.

Jon Iñarritu, de EH Bildu, planteó que el mayor problema sigue estando en los tribunales: “Tenemos uno de los códigos penales más severos de la Unión Europea y hoy se intenta endurecer un poco más”. Igual el problema no está ahí. Da igual que aumenten las penas si los juicios tardan mucho tiempo en celebrarse. Ningún juez mantendrá en prisión preventiva a una persona durante dos años si le piden uno de prisión. Ese pronóstico de Nogueras de que “ya no saldrán” es algo más que discutible.

Sobre la frase de entrar por una puerta y salir por otra, José María Mena, que fue fiscal jefe del TSJ de Catalunya durante diez años, tenía una respuesta inteligente: “No tenemos tantas puertas. Entran y salen por la misma”. La clave no es “endurecer las leyes”, decía, “basta con aplicarlas”.

Para los políticos, aplicar leyes puede ser una tarea ardua, por ejemplo por problemas presupuestarios. La solución más fácil es reformar el Código Penal al que se puede estirar como un chicle hasta dejarlo irreconocible. Tendrán el titular, se abrazarán alborozados y se harán fotos, y el problema que exista en la calle seguirá siendo el mismo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este jueves la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por promover una “operación política contra el PP” que ha supuesto que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, haya sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación.

“Parece que el que el fiscal general del Estado no cometió un delito por su cuenta y deseo, sino que se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo y participó con ciega obediencia en una operación política contra el Partido Popular, concretamente contra unapresidenta de una comunidad autónoma”, ha asegurado en una declaración sin preguntas de los periodistas.

Feijóo no ha mencionado por su nombre a esa “presidenta”, que no es otra que Isabel Díaz Ayuso. La filtración que ha terminado con García Ortiz condenado implicaba a la pareja de la dirigente madrileña. En concreto, era una cadena de correos electrónicos donde el abogado de Alberto González Amador reconocía la comisión de varios delitos por parte de su defendido, por lo que buscaba un sentencia de conformidad con la fiscalía.

Varios años después, el fiscal general ha sido condenado, mientras la pareja de Ayuso sigue pendiente de juicio.

“El fallo de la Sala Segunda del Supremo marca un antes y un después”, ha dicho Feijóo. Una sala que el PP quiso “controlar desde detrás” cuando pactó con Pedro Sánchez que Manuela Marchena fuera el elegido para presidir el propio Tribunal y el CGPJ. La filtración de un sms interno del PP echó al traste con la operación.

Marchena ha formado parte del tribunal que ha juzgado a García Ortiz. De los siete magistrados, cinco han votado a favor de la condena y dos en contra. Un reparto que, en opinión de Feijóo, consituye una “amplia mayoría” de condena.“El fallo condena al fiscal general por una conducta rigurosamente incompatible con la dignidad de su cargo”, ha dicho. “Es elprincipal funcionario del Estado encargado de la defensa de la legalidad, y la ha quebrantado”, ha añadido.

Para Feijóo, la sentencia (firme, pero recurrible ante el Tribunal Constitucional o instancias europeas) debe tener “consecuencias políticas” al más alto nivel: la Presidencia del Gobierno. “Quien quiera hacer una lectura justa debe ver que la sentencia también implica a quien lideró este bochorno institucional de principio a fin”, ha asegurado. Sánchez es culpable de “haberlo nombrado”, de “haberlo mantenido” y de opinar que “era inocente”. “Algo que supone una injerencia inédita del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial”, ha dicho.

“Todo esto tiene un nombre abuso de poder y ataque a la independencia judicial”, ha afirmado Feijóo, quien ha acusado a Sánchez de convertir “España en un lugar donde los ciudadanos deben protegerse de los abusos del poder”.

El que fuera ministro del Interior con Mariano Rajoy, su secretario de Estado y otros altos funcionarios policiales de aquel Gobierno del PP están a la espera de juicio por haber inventado y difundido pruebas falsas contra rivales políticos.

La declaración de Feijóo se ha producido a las 17.30 de este jueves, tres horas después de ser comunicado el fallo del Supremo. Hasta entonces, Feijóo había reclamado a Sánchez que pida “perdón” y muestre “su respeto al Supremo”.

Ayuso y su tuit en inglés

Feijóo reaccionó previamente a la sentencia con un mensaje en redes sociales. En el tuit, el líder del PP dice que “por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo” y añade: “Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo”.

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha usado Twitter para ofrecer su opinión sobre la sentencia. A diferencia de Feijóo, Tellado pide la dimisión de Pedro Sánchez. “Debe seguir el camino de SU fiscal general. La inhabilitación de Álvaro García Ortiz inhabilita al presidente del Gobierno”, ha escrito.

“Hoy el fiscal general del Estado ha sido condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. '¿Quién va a pedir perdón al Fiscal?' Nadie, señor Sánchez. Quien tiene que pedir perdón es usted a los españoles por perturbar la normalidad democrática de este país”, ha asegurado el número dos del PP.

Otros dirigentes del PP también han reaccionado a la noticia a través de Twitter. De momento, nadie ha hecho una declaración pública. El partido ha informado de que Feijóo “hará una declaración institucional en la sede esta tarde”.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha elegido la red social de Elon Musk para dar su primera impresión de la sentencia. En un mensaje publicado en español y en inglés, la pareja del acusador principal del fiscal señala al presidente del Gobierno, y asegura que “el mundo sabe lo que está pasando en España”.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, se ha sumado a las peticiones del presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, y ha reivindicado unas infraestructuras que “estén a la altura” de la comunidad. Ha sido preguntada, en una comparecencia de prensa en la sede del PP en Logroño, por la decisión del Ministerio de Fomento de descartar el trazado ferroviario por Pancorbo. Ha apuntado que este departamento “es un Ministerio que se dedica a tuitear, pero no a gobernar”.

Y mientras ello ocurre, ha indicado que la situación de las infraestructuras están en una situación “cada día peor”. En el caso de La Rioja ha lamentado su situación, que ha calificado de “vergonzosa”, mientras ha afirmado que “los riojanos lo único que estamos haciendo es reivindicar y exigir aquello a lo que tenemos derecho; y evidentemente la situación en la que se encuentran nuestras infraestructuras son absolutamente vergonzosas”.

Por ello, ha criticado este hecho y se ha sumado a las reclamaciones que hace constantemente el presidente del Gobierno riojano de que “La Rioja merece unas infraestructuras a la altura de esta comunidad autónoma”. “Nuestro futuro, nuestro desarrollo económico, depende de nuestras comunicaciones y basta ya de estar abandonados por parte de Óscar Puente”, ha concluido Gamarra.

Vivienda y Seguridad. Son los dos grandes temas que copan las preocupaciones sociales, según las encuestas. Son también los asuntos que han copado el tira y afloja con la oposición en la sesión de control al Gobierno celebrada este viernes en el Parlamento Vasco. Así, el lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado que el proyecto de presupuestos de 2026, que será presentado este próximo martes, dará la mayor subida porcentual a la cartera de Vivienda, dirigida por el socialista Denis Itxaso. Y también ha ratificado su plena confianza en el consejero de Seguridad, el nacionalista Bingen Zupiria, ante las polémicas de las últimas semanas.

El asunto de la vivienda lo ha puesto sobre la mesa EH Bildu. El líder de la coalición y jefe de la oposición, Pello Otxandiano, ha planteado datos acuciantes sobre el retraso en la edad de emancipación juvenil y sobre salarios. Y ha pedido ambición al Gobierno vasco en la materia. Otxandiano, que no ha querido usar su turno de réplica, ha ironizado en su exposición que le resulta cada vez más difícil hacer la labor de oposición por las diferencias sobre vivienda del partido que dirige la cartera, el PSE-EE, y el socio principal del Ejecutivo, el PNV. Ha citado, por ejemplo, las críticas 'jeltzales' a la normativa estatal o incluso a las políticas de alquiler, previstas como prioritarias en la ley vasca, de 2015. “Manifiestan posiciones políticas antagónicas con respecto a la vivienda”, ha subrayado.

Pradales ha detectado que EH Bildu quiere, nuevamente, buscar una “cuña” entre su bipartito y ha preferido cerrar filas, poner en valor las políticas en marcha y, sobre todo, confirmar que el área que más recursos relativos ganará en 2026 será la de Vivienda. Fuentes del PSE-EE han confirmado este hecho, aunque de momento se guardan los números concretos bajo siete llaves. El titular de Hacienda, Noël d'Anjou, dará los datos concretos en apenas cuatro días, se insiste. Además, el lehendakari ha criticado que la formación abertzale no haya presentado propuestas concretas en los contactos presupuestarios de julio y de las últimas semanas y que solamente anuncie planes “en Twitter”, en referencia a la red social ahora llamada X. Desde el escaño, Otxandiano negaba con la cabeza estas acusaciones.

De su lado, el consejero de Vivienda ha querido anunciar los avances en una de sus medidas estrella de la legislatura, la autorización de constuir nuevas plantas en bloques sociales. Esos levantes permitirán “triplicar” el actual parque de alojamientos dotacionales, un tipo de viviendas rotatorias para jóvenes. “Sin consumir suelo”, 65 edificios serán reformados y ello generará 2.000 nuevas casas de esa tipología. “Los seis proyectos piloto en marcha, de los que aflorarán hasta 250 alojamientos, están repartidos equitativamente en los tres territorios: dos en Álava, en Zabalgana (Vitoria), dos en Bizkaia, en Miribilla (Bilbao) y Leioa, y dos en Gipuzkoa, Mutriku y Arrasate-Mondragón”, ha explicado el área de Vivienda.

PP y Sumar, por su parte, han puesto sobre la mesa el debate sobre la seguridad, aunque con enfoques diferenciados. Javier de Andrés, vigilado desde el palco por la dirigente Cuca Gamarra, de visita para una rueda de prensa precisamente sobre ese tema, no ha llegado a pedir la dimisión del consejero Zupiria -como ya hizo hace dos semanas por el caso de los campamentos de Bernedo, que acumulan 21 denuncias por presunta violencia social-, pero sí ha insistido en querer conocer si Pradales mantiene su confianza en él, algo que el lehendakari ha confirmado con rotundidad ante la atenta mirada del propio aludido.

Para los 'populares', se suceden escándalos en la Ertzaintza, desde las “irregularidades” en la compra de las patrullas BMW hasta las dimisiones en Arkaute pasando por la gestión de los disturbios causados por contramanifestantes en Vitoria tras la visita de Falange Española y de las JONS el 12 de octubre. “Somos el único lugar del mundo en que la Policía corre delante de los manifestantes”, ha ironizado sobre ese operativo De Andrés. Cree Pradales que De Andrés ofrece una oposición de “apocalipsis”. Ha recordado sus negras previsiones sobre industria o demografía y cree que el “apocalipsis now” del PP en este momento es la seguridad.

El representante de la coalición de izquierdas, Jon Hernández, ha insistido en que el problema de origen fue la propia visita del que fuera partido único de la dictadura. Ha remarcado que exhibieron simbología no democrática y que la normativa autonómica de memoria histórica, de 2023, prevé ese tipo de actos como ilegales. También ha criticado que Zupiria haya asociado a Sumar con quienes legitiman los altercados callejeros. Ha recordado la trayectoria democrática de su partido. De hecho, Hernández es de IU y del PCE, un partido coaligado con el PNV en 1936 cuando se conformó en plena Guerra Civil el primer Gobierno autonómico.

En sus respuestas, Pradales ha aludido a la “creciente falta de respeto a la autoridad” hacia los ertzainas. Ha citado como ejemplo recentísimo el caso de dos agentes que estudian Criminología y a los que esta misma semana se les ha impedido realizar una ponencia en la EHU. Después, ha indicado que “ver a miembros de la Falange en un sitio tan simbólico” de Vitoria le genera “repugna”. El PNV y él mismo son “antifascistas” desde 1936 pero igualmente le surge “vergüenza, pena y rabia” que “jóvenes vascos”, “chavales de 20 años”, “se despierten un domingo, se vistan de negro y se encapuchen con un pasamontañas” para ir a enfrentarse a falangistas y, “especialmente”, contra la Ertzaintza. Eso es “inaceptable” y “darle alas” desde la política -no ha dicho quién lo ha hecho desde el 12 de octubre- lo es más. “Porque incluso contra los fascistas y totalitarios no todo vale”, ha zanjado el lehendakari.

“¿Puede salir Sánchez a desmentir de inmediato que en el PSOE no hay una contabilidad paralela? No hay cortina de humo que pueda tapar toda la corrupción del 'sanchismo”. Así ha reclamado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que el secretario general socialista y presidente del Gobierno desmienta en persona una supuesta financiación ilegal que ella misma no ha dado por confirmada.

En un videocomunicado remitido este viernes por la tarde a los medios, Gamarra asegura que el informe de la UCO sobre el patrimonio del exministro y ex secretario de Organización José Luis Ábalos es “un 'game over' para el Gobierno”. “El juego se ha terminado. Elecciones ya”, concluye.

“Ayer nos enterábamos de que la mujer de Sánchez tenía que volver el lunes a presentarse ante el juez. Esta mañana conocíamos la fecha en la que su fiscal general del Estado se sentará en el banquillo de los acusados. Y ahora salta la noticia de que el PSOE daba sobres llenos de billetes a Ábalos y Koldo”, sostiene Gamarra.

La dirigente del PP afirma: “La imagen del sanchismo es un sobre con el logo del PSOE en el que asoman los billetes que cobraban su número dos, imputado, cuyo sucesor está en prisión. La escapada se ha acabado”.

Desde el PSOE han explicado que ese sobre, en el que hay escrita la cantidad de 826,73 euros, se corresponde con dietas que el partido abonó a su exdirigente. La Guardia Civil asegura que el PSOE informó que ese pago era de 321,29 euros, lo que implica unos 500 euros de desfase.

“Cada vez queda más claro que los billetes llegaban desde la trama Ferraz y de Ferraz a la mesa del ministro en forma de sobres”, ha apuntado Gamarra, sin decir expresamente que sí, que hay contabilidad b y financiación ilegal. “

Sánchez intentará normalizar que por Ferraz circulasen sobres en efectivo. Pero lo que está quedando constatado es que la lujosa vida de su mano derecha y la de sus amigas y sobrinas se pagaba en B“, ha afirmado, para preguntarse: ”¿De dónde salía ese dinero? ¿Cómo consiguió Ábalos el incremento injustificado de su patrimonio? ¿Tiene algo que ver con los contratos que se están señalando en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional?“.

Gamarra mezcla dos puntos diferentes del informe del grupo comandado por el teniente coronel Antonio Balas. Los sobres que, teóricamente, Ábalos recibía en Ferraz y que la Guardia Civil no atribuye a ninguna financiación ilegal, aunque señala que no cuadran las cuentas, y otros 90.000 euros que la UCO ha detectado en los gastos de Ábalos, pero que no cuadran con sus ingresos declarados.

La dirigente del PP apunta una vez más a los socios de Sánchez, quienes de momento no han dejado de apoyar al Gobierno y sin los que Alberto Núñez Feijóo no puede liderar la moción de censura que le exigen muchos de los suyos. “Ahora cabe preguntarse qué es lo que opinan los socios de Sánchez que siguen manteniéndolo en el Gobierno pese a la evidente trama de corrupción que asola Moncloa y Ferraz. Después de este último informe de la UCO ya no vale hacer oídos sordos. La venta se ha caído y si no actúan, son cómplices de los sobres y de la corrupción”.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha respondido este jueves al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que los 'barones' territoriales del PP son “autónomos” y están defendiendo “lo que es justo” al rechazar la quita de la deuda.

Así se ha pronunciado después de que Page vea justa la quita y haya pedido al PP bajar el ruido del debate, recordando que en el pasado el Estado se hizo cargo de la deuda de los bancos, esa que “algunos jalearon”. Además, el presidente de Castilla-La Mancha señaló que los presidentes autonómicos deben ser “autónomos” a la hora de decidir si quieren o no la quita de la deuda, algo que “no han de decidir los partidos nacionales”. Es algo de lo que él suele presumir y que, en ocasiones, choca frontalmente con la opinión del PSOE federal o de la Presidencia del Gobierno central.

En una entrevista en 'Antena 3' Gamarra ha indicado que Page “conoce perfectamente y personalmente a los presidentes autonómicos del PP y sabe que toman decisiones por sí mismos y que defienden el interés general”.

Además, ha subrayado que Page “comparte” con los presidentes del PP “la necesidad de una reforma del sistema de financiación”, con una negociación en la que “tienen que estar todos y no cabe el privilegio de una comunidad autónoma” y que se “lo paguen el resto de los españoles”. “Por lo tanto, los conoce bien y sabe que están defendiendo lo que es justo”, ha apostillado.

Una manifestación convocada por la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA Sare, ha recorrido este viernes las calles de Bilbao, día grande de la Aste Nagusia, para reclamar que se ponga fin a leyes y políticas de excepción para que “presos y exiliados” de ETA “regresen a casa”. La marcha, secundada por miles de personas, ha partido de la plaza Moyua presidida por una pancarta con el lema 'Etxera' (a casa) que era sujetada por representantes de distintas comparsas de Bilboko Konpartsak, y ha discurrido en ambiente festivo, encabezada por una charanga hasta el Ayuntamiento. Durante el recorrido los manifestantes sólo han coreado un lema, 'Euskal presoak etxera' (los presos vascos a casa).

En declaraciones previas al inicio de la manifestación, la portavoz de Sare, Bego Atxa, ha afirmado que “ya es tiempo de tender puentes a la convivencia y a la paz” y para ello, consideran “indispensable que se superen las políticas y las legislaciones de excepcionalidad”, teniendo siempre en cuenta, ha precisado, “a las víctimas de todo tipo de violencias”, informa Europa Press.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) había solicitado a la Audiencia Nacional la suspensión de esta marcha, - que se repite todos los años durante las fiestas- por considerar que se trata de “un claro ejemplo” de “blanqueamiento del terrorismo a través del lenguaje”. Preguntada la portavoz de Sare por esta cuestión, Atxa ha afirmado que entienden que el lema 'Etxera' es “totalmente legítimo”. “Lo único que pretendemos es que se salvaguarden los derechos que les asisten a los presos políticos vascos, que siempre se olvida que son sujetos o agentes con derechos”. “Cualquier otro debate que vaya más allá de esto, que entendemos son efectivamente nuestras competencias, son polémicas que no nos competen”, ha señalado.

Al término de la marcha ha leído un comunicado en el que ha recordado que el próximo año se cumplen 15 años del cese de la actividad de ETA, “son varios los sufrimientos y consecuencias que siguen siendo vigentes”. Ha aludido a las “las consecuencias” del conflicto “que durante tantos años, tanto sufrimiento generó”. “Las víctimas tienen derecho a la verdad, a ser reconocidas por parte de las instituciones y a la reparación, y necesitamos seguir avanzando en ese camino”, ha dicho. Sin embargo, ha llamado a no olvidar que “para dar el salto a los escenarios de convivencia” que tanto se “ansían”, será “imprescindible acabar con todos los sufrimientos y consecuencias”. “Y esto supone también, dar una resolución definitiva a la cuestión de los y las presas, exiliadas y deportadas vascos”, ha puntualizado.

“Las víctimas no tienen que estar suplicando que no se les humille”, dice el PP

Mientras tanto, desde el PP, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado la “humillación a las víctimas” que suponen “homenajes” y manifestaciones como la celebrada por Sare y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no protegerlas. Durante su visita a la txosna del PP en la capital vizcaína, con motivo de la Aste Nagusia, la dirigente popular ha denunciado el “enaltecimiento al terrorismo” con los “homenajes” que, según ha dicho, se celebran en las fiestas de Bilbao y que suponen una “humillación a las víctimas”. “Hay que denunciarlo, porque en una democracia plena, las víctimas no tienen que pedir espacio a la dignidad, tiene que ser la democracia quien les protege”, ha manifestado.

Gamarra ha afirmado que “con Pedro Sánchez esto no ocurre” y, por ello, la democracia “necesita una regeneración democrática e institucional” que “devuelva y garantice la dignidad a todas las víctimas del terrorismo”. “Que no tengan que estar suplicando que no se les humille, que se activen de manera automática todos los resortes del Estado para protegerles”, ha añadido.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha advertido, por otra parte, que “no cabe mirar hacia otro lado” ni “la equidistancia a estas alturas”. “Yo acuso a todos aquellos que se han valido y se siguen valiendo de una política penitenciaria al servicio del gobierno de España para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Eso es lo que ha hecho el Partido Socialista, eso es como se ha sustentado, desde el primer momento, la moción de censura y la investidura”, ha criticado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que designará a Miguel Tellado como nuevo secretario general en el congreso nacional del partido que se celebra este fin de semana. El puesto de Tellado como portavoz del Congreso lo ocupará Ester Muñoz, tal y como ha indicado Feijóo en una entrevista en Antena 3.

“Vamos a poner a Miguel Tellado de secretario general del partido, y un puesto muy importante y trascendente en el grupo parlamentario, a Ester Muñoz, de portavoz del Congreso”, ha dicho Feijóo en Espejo Público. “Son dos cambios importantes”, ha asegurado el líder del PP, quien ha añadido que ambos son “dos personas jóvenes que ya tienen experiencia tanto orgánica como parlamentaria”. Tellado tiene 51 años; Muñoz tiene 40.

Feijóo cumple así con las previsiones y elige a una de las personas de su máxima confianza como 'número dos' del PP, cargo que Tellado ya ocupó en Galicia. Cuando en 2022 Feijóo aterrizó en Madrid lo hizo rodeado del equipo que le había acompañado como presidente de la Xunta y los colocó en puestos de gran relevancia.

Tellado ya se encargó de la vida interna del PP como vicesecretario de Organización hasta que, tras las elecciones del 23 de julio, Feijóo lo designó portavoz parlamentario. “Ha trabajado conmigo durante diez años”, ha recordado. “Y se ha hecho con un grupo parlamentario, que no era fácil”, ha planteado sobre su papel en el Congreso.

En un mensaje en Twitter, Tellado ha agradecido la “confianza” de Feijóo. “Es un inmenso honor asumir la responsabilidad que hoy me encargas. Nada más importante que poder servir a quien sirve y está llamado a ser el primer servidor de España”, ha añadido.

El líder del PP ha aprovechado también para despedir a Cuca Gamarra, su ahora 'número dos', quien este lunes anunció que había pedido a Feijóo que la relevara como secretaria general. Pero la dirigente riojana, una superviviente tras más de 20 años en política, no abandona la primera línea y seguirá en el Comité de Dirección a partir del congreso del fin de semana como responsable de “los asuntos de justicia, de interior y de defensa”.

Son las carteras que ocupaba hasta ahora Esteban González Pons, quien ha sido designado como vicepresidente del Parlamento Europeo, lo que le obliga a dejar los cargos orgánicos en los partidos.

Muñoz no ha reaccionado, de momento, al anuncio de Feijóo. Pero sí ha recibido algunos halagos en redes sociales, como el del presidente valenciano, Carlos Mazón.

“No voy a ir a Waterloo ni a ningún sitio a negociar”

Feijóo ha presumido de que “ninguno” de los miembros de su Comité de Dirección “está en la cárcel”. El líder del PP ha dicho que su partido “ha cometido errores graves, yo diría que gravísimos en algún caso”, en referencia a Luis Bárcenas, el tesorero que desveló el pago de cantidades millonarias en dinero negro a la cúpula de la organización en tiempos de José María Aznar y Mariano Rajoy. Ambos participarán este viernes en la inauguración del XXI Congreso Nacional.

“Eso nos costó una moción de censura que nos desalojó del Gobierno”, ha añadido, para defender que “ahora hay un motivo a la semana para una moción de censura y echar al señor Sánchez solamente en base a la bandera de la decencia política”.

Pero Feijóo no presenta esa moción de censura para la que le faltan cuatro votos. A diferencia de lo ocurrido en 2018, cuando Sánchez se lanzó antes de lograr los apoyos necesarios para lograr la investidura, en el PP tienen claro que, en la situación actual, es imposible recabar los 'síes' que le faltan. Para empezar, entonces hubo una sentencia expresa contra el PP que, de momento, ahora no existe.

El último encargo de Tellado como portavoz del Congreso lo recibió ayer mismo. Feijóo le ordenó vía tuit a las ocho de la mañana que iniciara una ronda de contactos con los demás grupos para sondear los apoyos que mantienen el PSOE y el Gobierno de coalición tras los reveses judiciales para Pedro Sánchez.

Pero el encargo naufragó en minutos. En primer lugar, porque la relación de Tellado con los demás portavoces es pésima. Y la rueda de prensa que ofreció ayer, antes incluso de llamar a los grupos, no ayudó a encarrilar la situación.

Minutos después de su comparecencia, el PNV emitió un comunicado en el que arremetió contra Tellado y tildó la moción de censura de Feijóo de operación “de marketing”. Al final del día, el aún portavoz llamó a su homóloga del PNV, Maribel Vaquero, solo para pedirle que “haya relación de aquí en adelante”. El partido vasco se limitó a hacer “acuse de recibo”.

Pero Feijóo ha sido muy duro con el PNV este miércoles. “En este momento es un cómplice de un Gobierno rodeado de corrupción”, ha dicho. “Y a medida que avance el tiempo, podremos ver el PNV y los demás socios cómplices y encubridores cómo pasan a culpables”, ha zanjado.

La respuesta de Junts fue que el trato que el partido de Carles Puigdemont dará al PP es “el mismo” que el del PSOE, y le reclamaron negociar “en Waterloo” directamente con el expresidente de la Generalitat, huido de la justicia española en Bélgica.

“No voy a ir a Waterloo ni a ningún sitio a negociar con él”, ha dicho. Feijóo ha reconocido que el PP ha “abierto una vía de contacto con la portavoz”, Miriam Nogueras.

“Aquí hay dos salidas”, ha concluido Feijóo: “La salida que ofrece Sánchez, que es comprar a los socios desde una trama corrupta, o la salida que propongo yo, que es darle voz a los ciudadanos para que se pronuncien y puedan votar. Creo que mi salida es más limpia, es más honesta, es más decente, es más correcta”.

Con todo, Feijóo ha insistido en atraerse a Junts con palabras amables hacia Puigdemont. “Yo no le he mentido nunca, el señor Sánchez constantemente”, ha dicho. “Le ha estafado con esa amnistía”, ha añadido. La ley ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional, pero los jueces del Tribunal Supremo se niegan a aplicársela al líder de Junts, como ha recordado el propio líder del PP.

“¿Al señor Puigdemont le va bien con Sánchez?”, se ha preguntado retóricamente Feijóo. “¿Le va bien para su interés electoral? ¿En Catalunya le va bien? Pues que siga”, le ha desafiado. “Quien lo está rentabilizando es el señor [Salvador] Illa”, ha añadido, para plantearle: “Tendrá que decidir si quiere seguir manteniendo a Sánchez e impulsando a Illa como presidente de la Generalitat o lo que quiere es abrir un nuevo periodo, poner el contador a cero con los españoles y por lo tanto los catalanes”.

“Soy una mujer de partido. Y siempre me muevo por dos máximas. Una, que en política hay que estar para servir, no para servirte de ella. Y, en segundo lugar, siempre hay que estar a disposición del partido”. Así anunció este lunes Cuca Gamarra (Logroño, 1974) algo que muchos en el PP daban por seguro: que no seguirá como secretaria general tras el congreso de este fin de semana. Tres años después, dejará de ser la teórica 'número dos', pero no dejará la ejecutiva del partido. Gamarra se mantendrá en el Comité de Dirección de Alberto Núñez Feijóo, quien ha evitado anunciar en primera persona su degradación.

La de Gamarra es una historia de supervivencia, como tantas otras en política. La de quien escala poco a poco en el escalafón, desde la política municipal a la estatal; desde una concejalía de capital de provincia a sentarse a la derecha del jefe de la oposición en el Congreso. Lo suficientemente cerca como para que te dicten sobre la marcha una réplica durante la sesión de control al Gobierno.

Dos décadas le llevó a Gamarra ascender hasta el penúltimo escalón del poder orgánico del PP. Siempre paso a paso, con avances y retrocesos. De concejala de la oposición a teniente de alcalde, de nuevo a la oposición, esta vez como portavoz y, finalmente, alcaldesa durante dos legislaturas. Fue en 2011, cuando arrasó en Logroño con casi el 50% de los votos. Entre medias, Gamarra tuvo derrotas. En 2017 fue la candidata oficialista para liderar el PP de La Rioja. Era la heredera natural del eterno Pedro Sanz.

Con el respaldo de Mariano Rajoy, perdió las primarias internas y puso fin a sus intentos de medrar en la política autonómica. Devolvió el favor cuando, un año después, apoyó públicamente a Soraya Sáenz de Santamaría en su pugna contra Casado y, aunque esto no se supo hasta más tarde, contra buena parte del propio aparato del partido: María Dolores de Cospedal y el propio Feijóo se movieron para evitar el triunfo de la que fuera todopoderosa vicepresidenta del Gobierno.

Casado la rescató. Fue, de hecho, la única ‘sorayista’ que el nuevo líder integró en su equipo. Primero, en un puesto secundario como responsable de Políticas Sociales. Después, ascendió de forma inopinada por la caída en desgracia de Cayetana Álvarez de Toledo, abiertamente enfrentada con Casado y, especialmente, con su 'número dos', Teodoro García Egea. Gamarra asumió el relevo de García Egea. Dijo 'sí' a un cargo que en ese momento estaba envenenado. El dirigente murciano, hoy fuera de la política y dedicado en cuerpo y alma a ganar mucho dinero con la tecnología blockchain, fue señalado como uno de los principales responsables de la deriva de Casado.

La inédita manifestación del 'ayusismo' contra la dirección del PP a las puertas de Génova firmaron el final del periplo de Casado. Porque apenas un par de días antes se aplaudía en los chats internos, Gamarra incluida, la intervención de Casado en la cadena Cope en la que se preguntó: “¿Cuando morían 700 personas al día puedes contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros?”. Una frase que sigue publicada en la cuenta de Twitter del PP.

Eso fue el viernes 18 de febrero. El lunes, el Comité de Dirección de Casado exigió la destitución de Egea. Esta se produjo el martes y, un día después, Feijóo entró en Génova, 13 como presidente de la Xunta de Galicia y salió, de madrugada, como líder del PP designado por sus pares.

Un mes después, recibió una llamada de teléfono que quizá no esperaba. Feijóo la propuso como su secretaria general en el congreso extraordinario de Sevilla que debía dar carpetazo al breve y tumultuoso liderazgo de Pablo Casado, a quien había servido primero como vicesecretaria de Políticas Sociales y, cuando Cayetana Álvarez de Toledo cayó en desgracia, como portavoz parlamentaria. O quizá sí la esperaba porque, para entonces, ya había sido designada coordinadora general de un PP descabezado. En el interregno entre Casado y Feijóo, Gamarra fue la máxima autoridad del partido junto a Esteban González Pons, quien ha dejado escrito este lunes: “Ella es de las que desembarca en Normandía, pero hoy se ha ganado su puesto en el desfile de Paris”.

Su labor como 'número dos' del partido no ha levantado grandes aplausos entre sus compañeros, conscientes de que, en realidad, son Feijóo y su equipo de pretorianos “gallegos” quienes dirigen la organización, estén en el puesto que estén.

La elección de Gamarra fue más el producto de una necesidad que una decisión meditada por un Feijóo que en apenas un mes tuvo que levantar una organización que parecía al borde del colapso. Los estatutos internos ordenan que la Secretaría General la ocupe un miembro electo del Comité Ejecutivo Nacional saliente del congreso. Y el dirigente gallego, según se han quejado sus más cercanos todo este tiempo, tuvo más bien pocas opciones para elegir.

Feijóo le puso al lado primero al andaluz Elías Bendodo, quien perdió los galones todavía más rápido que la riojana. Una vez designada no era sencillo justificar su relevo. Por eso Feijóo la propuso como presidenta del Congreso tras el 23J: si accedía a un cargo institucional tenía que dimitir de sus responsabilidades orgánicas. Algo similar a lo que pasó como Pedro Rollán cuando el líder del partido lo mandó desde su dirección al Senado. Gamarra perdió la votación. Después su nombre sonó como candidata en las elecciones europeas de junio de 2024, pero el puesto lo ocupó Dolors Montserrat acompañada de Pons.

Precisamente el hueco que deja libre Pons (definitivamente volcado en la política europea tras protagonizar varios despropósitos en su intento de regreso a la política nacional) puede permitir un tercer renacimiento de Gamarra.

Porque su cese como 'número dos' este mismo fin de semana no implicará su salida de la ejecutiva del PP. La semana que viene se sentará, como cada lunes, en el Comité de Dirección, según apuntaron este lunes fuentes de la dirección del PP, y confirmó después el propio Feijóo en un mensaje en Twitter. No como secretaria general, sino como vicesecretaria, probablemente con alguna cartera relacionada con las que deja libre Pons: justicia, interior y la representación institucional del PP.

Después de tres años como teórica 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo, será sustituida en el inminente XXI congreso nacional que se celebrará el próximo fin de semana. Un congreso del que la secretaria general se enteró, como casi todo el PP, por los medios de comunicación. Ante la noticia, preguntó si era cierto. Le dijeron que no, como a tantos otros, pero era que sí.

El nombre de su sucesor, o sucesora, sigue sin desvelarse. Ella, superviviente, seguirá en puestos de dirección. Todo por el partido. Y por sí misma.

Primeros relevos en la cúpula del PP ante el XXI congreso nacional que se celebrará en Madrid del 4 al 6 de julio. La actual secretaria general, Cuca Gamarra, dejará el cargo que asumió en 2022 por decisión de Alberto Núñez Feijóo, según ha anunciado ella misma este lunes en la habitual rueda de prensa posterio a la reunión del Comité de Dirección. “Dijimos que lo haríamos bien y lo hemos hecho bien”, ha dicho.

Gamarra ha anunciado una “nueva etapa” orgánica en el PP, pero no ha desvelado más cambios: “Le corresponderá al presidente trasladar cuál es la organización que tiene pensada para afrontar la nueva etapa que tenemos por delante, una etapa decisiva para España”.

La todavía secretaria general ha asegurado que ha sido ella misma quien ha “planteado al presidente un relevo” después de tres años como 'número dos' orgánica. “Toca relevo y pido relevo”, ha asegurado Gamarra este lunes. “Yo soy una mujer de partido, una mujer de equipos. Y siempre me muevo por dos máximas. Una, en política hay que estar para servir y no para servirte. Y en segundo lugar, siempre hay que estar a disposición del partido y a lo que los tiempos políticos requieren en cada momento”, ha apuntado.

Gamarra ha dicho que ha compartido con Feijóo “la necesidad de que la estructura del partido se vaya adecuando a los retos” que se presentan “por delante”. La persona que sustituirá a Gamarra todavía no se ha anunciado, pero fuentes de la dirección han señalado que la dirigente riojana se mantendrá en el futuro Comité de Dirección del PP, aunque con responsabilidades menores.

Las mismas fuentes apuntan a que podría asumir las tareas que deja Esteban González Pons, nuevo portavoz del PP en el Parlamento Europeo. El valenciano llevaba las carteras Justicia e Interior, además de las relaciones institucionales.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha vuelto a pedir este sábado la dimisión de Pedro Sánchez y de la presidenta de Navarra, María Chivite, y ha rechazado que la investigación sobre el sistema de amaño de contratos públicos y cobro de mordidas afecte solo a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García: “No eran tres personas aisladas, no eran tres manzanas podridas, es la corrupción sistémica del sanchismo”, ha insistido este sábado.

Prácticamente todos los partidos han salido a hablar hoy sobre el caso y la imagen de los agentes de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz para clonar el correo de Santos Cerdán. Poco después que Gamarra, el ministro Óscar López ha dicho que no permitirán que “la mancha de unos pocos” lleve a la caída del Gobierno, mientras que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reivindicado “la limpieza” de Sumar ante la corrupción en el PSOE. Desde Podemos, Ione Belarra ha dicho que el Gobierno “ha muerto”, y el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha pedido que Sánchez comparezca “cuanto antes y no el 9 de julio” para que “delimite los detalles del caso” y “certifique que no hubo financiación irregular” en el PSOE.

“Esto acaba de empezar. Ya nos deja la imagen que representa el sanchismo, la imagen de la Guardia Civil entrando en Ferraz, pero entrando también en el Gobierno de España porque entró en Adif y Carreteras”, ha dicho Gamarra desde Navarra. La secretaria general del PP ha insistido en que “no eran tres personas aisladas, no eran tres manzanas podridas, es la corrupción sistémica del sanchismo”.

“Que no se preocupen por las auditorías Sánchez y Chivite porque se las están haciendo ya la UCO y la Justicia. El único camino que le queda es el de la dimisión y las elecciones”, ha acabado Gamarra.

López: “No consentiremos que se manche una tarea colectiva”

El ministro Óscar López ha asegurado que no van a “consentir” que “la mancha de unos pocos manche una tarea colectiva tan grande” ni que la vaya “a interrumpir”. “Siete años después, vamos a seguir combatiendo la corrupción y subiendo el salario mínimo”, ha afirmado. Por parte del PSOE también ha hablado la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que ha afirmado que a la militancia socialista le “asusta” lo que “pueda pasarle a un partido” que “representa la decencia de tantas personas” por “la actitud de tres sinvergüenzas”.

“Estamos preocupados y asustados, no por lo que les pueda pasar a estas personas que, desde luego, caiga sobre ellos con dureza toda la ley y la justicia, sino por lo que le pueda pasar a un partido que representa la decencia de tantas personas que trabajan por sus vecinos”, ha dicho. Ha añadido que, “como mujer”, también le “da asco” esa “actitud machista que se ha podido escuchar y leer y que no representa al PSOE”.

A la vez, el presidente asturiano, Adrián Barbón, se ha mostrado este sábado partidario de penas más duras para los corruptos y de que exista una mayor persecución a los corruptores. En declaraciones a los medios este sábado, Barbón ha dicho que la corrupción es “una lacra” y ha reconocido que su estado de ánimo es bajo tras los casos que salpicarían a exmiembros del partido. “Es una traición al propio proyecto político que representamos”, ha lamentado. Para hacer frente a la corrupción, el dirigente asturiano ha insistido en que hace falta “transparencia total” y “contundencia”.

De esta forma, Barbón ha planteado al Comité Autonómico un endurecimiento de las penas, incluidas las de cárcel, para todo cargo público que se haya enriquecido con prácticas corruptas. También que se garantice la devolución de todo lo robado.

Otra medida que impusa Barbón es que se persiga más a los corruptores. “También en el Código Penal hay que reforzar las sanciones a los que corrompen, a los que pagan”, ha explicado, indicando que hay que analizar las formas de actuar cuando quien corrompe es una persona jurídica, es decir, una empresa, un empresario, o cuando es una persona física o un directivo de una empresa en un caso concreto dentro del marco de la actuación empresarial.

Una tercera propuesta que ha trasladado Barbón al Comité es el reforzamiento de la Comisión de Ética y Garantías del partido para que se revise todo comportamiento no solo corrupto, sino también esos que atentan contra la ética. “Me refiero a esas conversaciones asquerosamente machistas que hemos escuchado en esos audios”, ha dicho.

Belarra dice que el Ejecutivo “ha muerto”

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez “ya ha muerto” y la duda es saber “cuándo se concretará el final” y considera que la corrupción socialista “es una forma de gobierno del bipartidismo y no son casos de manzanas podridas”.

“Lo conocido en España en los últimos días no deja ya lugar a dudas. El ciclo de Pedro Sánchez ha terminado. La única duda es ya meramente temporal. ¿Cuándo se concretará el final? El Gobierno ya ha muerto. Y no sólo el Gobierno, es todo un ciclo político el que llega a su fin. La etapa en la que el PSOE ha podido presentarse con la ayuda de la progresía mediática como una alternativa a la corrupción del Partido Popular y como una fuerza de progreso, todo ese proceso ha terminado”, ha asegurado Belarra este sábado en el Consejo Ciudadano estatal de Podemos.

Leire Diez ha pasado de ser una persona totalmente desconocida a estar en el centro del debate político en España. En las últimas semanas se han filtrado audios en los que ella aparece, y en esas grabaciones se la oye, por ejemplo, ofreciéndose a mediar con la Fiscalía para llegar a algún acuerdo que rebaje la condena a algún empresario que tire de la manta. Se le ha llegado a llamar la “fontanera del PSOE”. Ella ha asegurado en una rueda de prensa sin preguntas que se ha dado de baja como militante del PSOE y que ella solo es una periodista haciendo una investigación para escribir un libro. También, que nadie le ha hecho ningún encargo, que todo lo ha hecho por su cuenta.

Al final de esa rueda de prensa, aparece Víctor de Aldama un empresario imputado por el caso Hidrocarburos que Leire dice investigar pero implicado también, como presunto corruptor, en la trama del Caso Ábalos. Aldama se encara con Leire Díez, hay remolino de cámaras y micrófonos, y entonces aparece otro personaje fundamental en esta historia, el empresario Javier Perez Dolset, que empuja a Aldama y protege a Leire Diez. ¿Qué está pasando? Intentamos entender esta complicada historia política con el director de elDiario.es Ignacio Escolar.

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que “el sanchismo lo pudre todo”, porque “todas las informaciones que rodean a (Pedro) Sánchez versan sobre la corrupción”. Algo que “diferenciará a mi proyecto político, porque en él no cabe la corrupción” ya que “el que meta la mano en la caja, se va”, ha añadido. “Os garantizo que no habrá impunidad para la decadencia, no habrá amnistía para la corrupción y no habrá futuro para quienes ya solo tienen pasado que superar”, ha resaltado.

Feijóo ha realizado estas manifestaciones en un acto público en Logroño para dar a conocer su candidatura a la reelección como líder del PP. También han intervenido el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Para el presidente del PP, el Partido Socialista “ha cruzado todos los límites de la indecencia política y de la inmoralidad”, para añadir que “será la justicia la que dirá hasta que límites los ha cruzado”, al tiempo que ha señalado que “han comprado gobiernos y apoyos con el dinero y el derecho de los españoles”. “Ningún Tezanos, ningún García Ortiz, ningún Conde Pumpido, ni ninguna Leire, nos va a convencer de que una mentira es verdad, de que un incumplimiento es tener palabra, y de que las cesiones son principios y que los privilegios son justos”, ha apostillado.

Para Feijóo “gobiernan lo que quieren que España fracase” y “legislan para protegerse, no para proteger a los españoles”, así como “usan las instituciones del Estado para servirse”. “Estamos oyendo muchos nombres propios, pero todos convergen en una sola persona, ya que España tenga un gobierno lleno de Koldos, lleno de Ábalos, lleno de Leires o de Jessicas es responsabilidad de Pedro Sánchez”, ha destacado.

Ha insistido en que todo lo que rodea al presidente del Gobierno de España “es corrupción; cuando no es corrupción política, es corrupción familiar; cuando no es corrupción familiar, es corrupción institucional; y cuando no es corrupción institucional, es corrupción moral”.

El presidente del PP ha indicado que “si en su partido -el PSOE- se atrevieron a montar las cloacas de Ferraz; si en su gobierno se atrevieron a amañar contratos; si en su familia se atrevieron a utilizar lo público en su beneficio; si todo esto ha pasado al mismo tiempo, con las mismas consecuencias y con la misma respuesta, es por Sánchez”.

Ante ello, ha manifestado que “aquí no estamos para mirar hacia otro lado”, así como que “no estamos para ocultarle a la gente lo que está pasando en nuestro país”. “Seríamos cómplices necesarios si no levantamos la mano y no le explicamos a los españoles lo que está pasando en nuestra casa, que es España”, porque “la calidad de la democracia en España se ha resentido por Sánchez y, por tanto, quien quiera defender la democracia es a Sánchez quien debe de combatir”.

En este punto, ha asegurado que el PP “lo va a combatir; el PP lo hará”, recordando que “ayer formulamos nuevas citaciones en el Congreso y en el Senado; y esta misma mañana efectivamente hemos denunciado a las cloacas ante el fiscal anticorrupción”.

Finalmente, Feijóo ha avanzado que “al final de semana lo haremos en la calle”, porque “les vamos a plantar cara con todos los instrumentos democráticos a nuestro alcance y por mucho que intenten tapar con mentiras, la verdad se sabrá”.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el “sanchismo” recoge en sus políticas y acciones los “siete pecados capitales”. Por ello, ha reclamado que se “cierre la etapa negra de España” que ha indicado supone el Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez.

Ha resumido los “siete pecados capitales” que representa éste último, en el caso de la ira “porque quiere que los españoles nos llevemos mal, que haya muros, discusiones, que falte la convivencia”, mientras que la gula la “representa en que no hace más que recaudar; hasta 140.000 millones de euros más, que ha sacado de los bolsillos de los españoles”. “Marca de la casa es el pecado de la soberbia que ejercita Sánchez”, ante lo que “hemos descubierto como trata a los suyos, entonces si así trata a los suyos, cómo nos va a tratar al resto”, ha añadido la secretaria general del PP, que ha señalado que la “lujuria, la estamos viendo en quien fuera número dos del PSOE, José Luis Ábalos”.

Ha identificado la pereza “con enchufar a gente que no va a trabajar”, mientras que la “envidia la tiene al Partido Popular porque tiene gobiernos que funcionan”. La avaricia del “sanchismo” viene de “intentar copar todas las administraciones y las instituciones e intentar acabar con la separación de poderes”.

Gamarra ha realizado estas manifestaciones durante su intervención en el acto conmemorativo de los dos años de Gobierno del PP en La Rioja. En el mismo, han tomado la palabra también el presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Antes de iniciar los discursos se ha guardado un minuto de silencio en memoria del fallecido recientemente director general de Tributos, David Mena.

Ha indicado que “este fin de semana se celebran siete años de una moción de censura, que hizo entrar a España en una etapa negra, la más dañina de la democracia”. De ahí que haya reclamado “recuperar la dignidad en la política” que encabeza el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Precisamente ha anunciado la presencia de éste último esta semana en Logroño.

Por otra parte, Gamarra ha asegurado que “la historia de la comunidad autónoma, no se puede entender sin la historia del PP y lo que hemos estado haciendo durante tantos y tantos años”. Ha destacado que, desde el 2023, cuando los 'populares' recuperaron el Gobierno riojano y la gran mayoría de ayuntamientos, entre ellos el de Logroño, “podemos celebrar que los riojanos estamos mucho mejor que hace dos años”.

Algo que para Gamarra “no es fruto de la casualidad, sino que es fruto de las políticas del Partido Popular”, a los que los ciudadanos “nos han depositado la confianza”. Ha indicado que “hemos transformando, desde hace 30 años, con grandes mayorías esta comunidad autónoma, pero haciéndola inconformista, ambiciosa, porque siempre hemos pensado y hemos dicho que todavía no hemos alcanzado nuestras cuotas y cuotas de desarrollo”.

“Estamos en el ecuador de la legislatura y eso significa que hemos llegado a la mitad del camino de lo que empezó en el año 2023 porque las elecciones no fueron la mitad, fueron el inicio, el inicio de la próxima campaña y el inicio del cumplimiento de aquello que dijimos que íbamos a hacer”, ha resaltado.

Para concluir, ha señalado que se trabajar para lograr que Alberto Núñez Feijóo alcance el Gobierno de España para demostrar que “no todos somos iguales”, ante lo que ha insistido en que “hay que recuperar la dignidad de la política, cerrando la etapa negra que es lo que representa el sanchismo, para devolver a la sociedad la regeneración ética y moral que merecen España”.

El PP quiere aprovechar su poder autonómico para incidir no solo en el orden del día de la Conferencia de Presidentes que se celebrará la próxima semana en Barcelona, sino también para modificar la dinámica interna de la reunión y que se pueda producir “un debate” y no “una sucesión de monólogos”. Así lo plantearán esta tarde los consejero de Presidencia de los ejecutivos que lidera el partido de Feijóo en la reunión preparatoria con el Gobierno, según han confirmado fuentes del PP a elDiario.es

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado a los presidentes autonómicos el próximo 6 de junio en Barcelona. Su intención es hablar del acceso a la vivienda y de la formación profesional y universitaria, según informó la Moncloa. Pero en el PP quieren abordar otros temas, como la reforma de la financiación autonómica o la competencia exclusiva del Estado sobre la política migratoria, que exhime de responsabilidad a las comunidades y sirve para atacar los acuerdos del PSOE con Junts.

El PP tiene la capacidad de cambiar el orden del día de la cita ya que cuenta con 13 presidentes autonómicos. Pero los de Feijoo quieren además retocar el formato de la conferencia de presidentes. Así se ha acordado este miércoles en una reunión entre los consejeros de Presidencia de las comunidades lideradas por el PP y la dirección nacional, representada por la secretaria general, Cuca Gamarra.

“No queremos que sea una sucesión de monólogos”, apuntan fuentes de la dirección del PP. Desde Génova recuerdan que así ocurrió el pasado mes de diciembre en Santander. Creen que ese formato impide el debate y la toma de decisiones ya que da igual el planteamiento que hagan los presidentes ya que no obtendrán respuesta.

El problema para el PP, como reconocen las fuentes citadas, es que el reglamento de la Conferencia de Presidentes no permite a los dirigentes autonómicos modificar el formato, como sí lo hace con el orden del día. Así que tendrá que ser la Moncloa quien acepte o no el planteamiento.

En la anterio conferencia, la de Santander, no hubo conclusiones claras ni un programa de acción. De hecho, cada presidente soltó su discurso y después comparecieron en sendas ruedas de prensa. Así, solo quedan para el recuerdo las cuestiones más escandalosas. Por ejemplo, que Isabel Díaz Ayuso dijera que “el salario mínimo no debería ser igual para un agricultor extremeño que para un empresario de Madrid”.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha pronunciado este martes sobre el trasvase Tajo-Segura después de que su homólogo en la Región de Murcia, Fernando López Miras, compareciese en el Congreso de los Diputados. Allí ha pedido “consenso” para aprobar una Proposición de Ley que blinde el trasvase que no ha salido adelante, solo ha contado con el respaldo de PP, Vox y UPN, y Podemos se ha abstenido.

“Nosotros tenemos clara cuál es nuestra postura en Castilla-La Mancha”, ha dicho el líder del PP castellanomanchego en un comunicado. “Creemos en el Pacto Regional por el Agua y en un Pacto Nacional por el Agua”, ha aseverado. En esta cuestión, añade, su posición al respecto “siempre será nítida”.

Es lo mismo que el propio Núñez y la secretaria general del PP Cuca Gamarra repetían ante el Comité Ejecutivo de los 'populares' castellanomanchegos este lunes. No lo decía la nota oficial del PP castellanomanchego, pero sí lo recogieron algunos medios como ABC Toledo. Tanto Cuca Gamarra como Paco Núñez reclamaron ayer a Emiliano García-Page que cumpla el Pacto Regional del Agua y a la vez reivindicaron un Pacto Nacional.

Hoy durante la toma en consideración de la Proposición de Ley murciana para mantener el trasvase Tajo-Segura, el diputado de Podemos por la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, se mostraba irónico con la posición contradictoria de los 'populares'. Tampoco se libraba el PSOE de las críticas. “PP y PSOE tienen un problema”, aseguró, porque “llevan años diciendo una cosa y la contraria. En la Región de Murcia dicen que hay que blindar el trasvase mientras que en Castilla-La Mancha y en Catalunya dicen que hay que cerrarlo”.

Después, continuaba analizando la posición del PP. “La señora Gamarra fue a Castilla-La Mancha a decir que Page tenía que cumplir el Pacto Regional del Agua. Fue a decir que se cumpla el pacto entre PP y PSOE que acota el trasvase y es todo lo contrario a lo que ha pedido el señor López Miras. Tienen montado un circo que es alucinante”.

La señora Gamarra fue a Castilla-La Mancha a decir que Page tenía que cumplir el Pacto Regional del Agua. Fue a decir que se cumpla el pacto entre PP y PSOE que acota el trasvase y es todo lo contrario a lo que ha pedido el señor López Miras. Tienen montado un circo que es alucinante

Javier Sánchez Serna — Diputado de Podemos por la Región de Murcia

“¿A quién van a hacer caso? ¿A López Miras o al señor Núñez?”, se preguntaba el diputado murciano por Podemos en su intervención en el Congreso este martes.

Lo cierto es que la limitación del trasvase, aunque no el cierre de forma expresa, es algo que recoge el Pacto Regional por el Agua que Cuca Gamarra o Paco Núñez piden cumplir.

“Los trasvases y en especial el del Tajo-Segura, no pueden seguir respondiendo a las demandas ilimitadas de otras regiones sin tener en cuenta las necesidades de la nuestra”, dice de forma literal el documento que lleva la rúbrica del presidente del PP castellanomanchego.

De hecho es uno de los puntos clave del Pacto Regional por el Agua suscrito en diciembre de 2020 por una amplia representación socioeconómica y política en Castilla-La Mancha.

Núñez envió una carta a Pedro Sánchez con el Pacto del Agua que pide limitar el trasvase

Tras la comparecencia del presidente murciano y de la toma en consideración de la Proposición de Ley para mantener el trasvase Tajo-Segura, el presidente del PP castellanomanchego insistía en el mensaje contradictorio que le recordaba el diputado de Podemos en el Congreso.

Hace unos días anunciaba que había enviado una carta el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, con el documento del Pacto Regional por el Agua de Castilla-La Mancha que reclama limitar el trasvase, contradiciendo los deseos de su compañero de filas en Murcia. Instaba al presidente regional Emiliano García-Page a hacer lo mismo.

Hoy insiste en esta cuestión y también se suma a la tesis de que hace falta un pacto nacional, como pide su homólogo en Murcia, que mantenga el acueducto. “Soplar y sorber”, decía el diputado de Podemos por Murcia.

Algunos quieren hacernos creer que las normas de explotación del trasvase son lo más importante, y no lo son

Paco Núñez — Presidente del PP de Castilla-La Mancha

Paco Núñez se decanta también por que la “base para la negociación de un gran acuerdo nacional por el agua”, tenga en cuenta que los castellanomanchegos puedan regar “de forma prioritaria con el agua de Castilla-La Mancha”.

Según Paco Núñez, “algunos quieren hacernos creer que las normas de explotación del trasvase son lo más importante, y no lo son” y tampoco entiende “por qué ahora el agua del río Tajo sigue bajando camino de Portugal” y por qué “son los portugueses quienes riegan con el agua de Castilla-La Mancha gracias a la gestión socialista”.

Un agua, la del río Tajo que discurre por Castilla-La Mancha, pero también por la Comunidad de Madrid y por Extremadura. Además, parte de ella se distribuye, vía trasvase, en Alicante, Murcia y Almería. En breve también lo hará a través de la tubería manchega, hasta la provincia de Ciudad Real, para el abastecimiento humano.

El Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha aprobado una resolución en la que se traslada “el apoyo de todo el partido” al Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha para la votación favorable a la propuesta de un nuevo Estatuto de Autonomía para la región.

Como ya hiciera el portavoz en el Congreso Miguel Tellado la semana pasada en una visita a Cuenca, hoy ha sido la secretaria general del PP Cuca Gamarra la que ha estado en este encuentro celebrado en Toledo donde ha trasladado “el apoyo de la dirección nacional al PP de Castilla-La Mancha ante la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía para la región”.

El documento legislativo pasará por el Pleno del Parlamento autonómico en los próximos días “en los mismos términos aprobados en la Comisión de Asuntos Generales celebrada la pasada semana”, recuerdan los 'populares', antes de iniciar su viaje al Congreso de los Diputados, paso previo y definitivo antes de que pueda ser ratificado y entrar en vigor.

El principal escollo - el número de diputados y diputadas que debe tener el Parlamento- se zanjó con la propuesta que incluye una horquilla de 25 diputados como mínimo y 55 como máximo. En todo caso, no entraría en vigor hasta la siguiente legislatura, una vez se defina y se traslade a la que deberá ser la nueva Ley Electoral de Castilla-La Mancha.

“Era una necesidad”, dice Paco Núñez, tras siete meses de bloqueo

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha presidido el Comité Ejecutivo Autonómico, junto a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Hoy ha dicho que la reforma del Estatuto “era ya una necesidad” y el PP, un partido “con vocación de Gobierno, no podía permanecer al margen”. Lo ha dicho a pesar de que fue precisamente este partido hace ya siete meses el que terminó bloqueando el proceso al presentar, por sorpresa, una enmienda en la que plantearon que el techo para el número escaños no podía ser superior a 35. El PSOE afeó entonces, y lo ha venido haciendo hasta la pasada semana, que el PP rompiese unilateralmente el acuerdo para que la horquilla llegase hasta un máximo de 59 diputados.

Este lunes Paco Núñez se arroga la virtud de apoyar un texto legislativo “que se adapta y moderniza, tras más de 40 años, a la realidad social e institucional actual”, y además asegura que lo hace “desde la defensa de la unidad de España, la solidaridad interterritorial y la lealtad institucional”. 

El presidente regional del PP ha “celebrado” además que su partido haya conseguido que se mantenga la actual composición de las Cortes de Castilla-La Mancha. Se felicita por que no se lleve a cabo un aumento del número de diputados autonómicos a la cifra de 59, como inicialmente propuso el PSOE. 

Habrá que esperar, como mínimo, hasta la siguiente legislatura para saber cuántos diputados tendrá el Parlamento regional que hoy es el más pequeño de España, junto con La Rioja, con 33 diputados.

Núñez escenifica el apoyo a Feijóo de cara al Congreso nacional de julio

Además, este lunes Núñez ha escenificado su apoyo al presidente nacional del partido Alberto Núñez Feijóo de cara al Congreso nacional de julio. Ha dicho que España y Castilla-La Mancha “necesitan futuro y un cambio” y que eso “va a venir de la mano del presidente Alberto Núñez Feijóo”.

Del líder actual del partido dice que cuenta con “experiencia y capacidad de gestión” y que “es el presidente que España necesita”.

Ha trasladado todo su apoyo y el del PP de Castilla-La Mancha a Feijóo para seguir liderando el Partido Popular a nivel nacional. “En el mes de julio, los afiliados del PP no solo vamos a elegir a Feijóo como presidente del PP, sino al próximo presidente de España”.

 El PP se suma a la tesis de Vox de que el agua del Tajo “se va a Portugal”

Después, se ha referido a otras cuestiones, como el agua. Paco Núñez se suma a la tesis de Vox que rechaza el caudal natural del río Tajo hasta su desembocadura en Portugal.

El presidente de los 'populares' de Castilla-La Mancha dice que el agua es una cuestión “importantísima” y critica que el PSOE venda “como un logro” que se hayan modificado las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y “que el agua discurra por el Tajo y se vaya a Portugal”.

Después lo ha enlazado con la necesidad de “negociar” un Pacto Nacional del Agua que, dice, deber regular “la política hídrica de todo el país” y que ese pacto deberá “atender, entre otras cuestiones, lo que piensa Castilla-La Mancha”. Ha citado , la fecha del el 9 de diciembre de 2020 cuando se firmó en la región el Pacto Regional por el Agua, que nada tiene que ver con un hipotético Pacto Nacional del Agua, para afear al Gobierno de Emiliano García-Page que no lo haya remitido “jamás” al Gobierno de Pedro Sánchez. Núñez sostiene que el PP sí se lo remitió al presidente español, “ante la falta de iniciativa del Ejecutivo autonómico”.

A lo que no ha hecho referencia es a la petición tanto del PSOE, como de la Asociación de Municipios Ribereños de la cabecera del Tajo, de la que forman parte pueblos gobernados históricamente por el PP, y que hoy han pedido a Núñez que se oponga de forma explícita a la Proposición de Ley que este martes planteará el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras para mantener el trasvase Tajo- Segura sin aplicar nuevas normas de explotación del acueducto y evitar así mermar los envíos de agua a Alicante, Murcia y Almería.

Cuca Gamarra ha considerado “imprudente” el viaje del presidente del Gobierno Pedro Sánchez a China y ha dicho que tendría que haberse aplazado, ya que, según ella, “puede traer consecuencias negativas para España y para nuestra economía”. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha hecho estas declaraciones antes de visitar la primera exposición permanente que ya se puede ver en el Centro de la Cultura del Rioja.

En este sentido, ha señalado también al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, diciendo que es quien “está marcando la agenda de las relaciones exteriores del Gobierno de España y no prima los intereses generales de España, sino los suyos personales”. Ha pedido en este sentido conocer la agenda exterior y qué se ha abordado en este viaje.

Aranceles de EEUU

Gamarra ha reclamado “actuar en el marco de la Unión Europea y siempre bajo el respaldo de las instituciones europeas”. Ha abogado por “la diplomacia, la inteligencia y la unidad” ante la situación creada por los aranceles planteados desde la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Ha insistido así en seguir la unidad que marque la propia Comisión Europea: “Nadie puede ir por libre, estamos ante algo que tenemos que afrontar desde un gran mercado como es el mercado europeo, nadie puede ir haciendo la guerra por su cuenta porque eso puede acabar penalizando las decisiones que haya que tomar y por donde hay que caminar”, ha señalado la dirigente del PP, personalizándolo en el sector del vino, ante lo que ha valorado positivamente “el planteamiento de sacar a los vinos y al bourbon de la lista de aranceles”.

La secretaria general del PP ha defendido las propuestas de Feijó y ha pedido “reformas estructurales”: “Esto no se arregla con un Real Decreto Ley, con unos parches, no. Esto necesita que, como país, afrontemos las reformas que España necesita para fortalecernos en nuestro ámbito económico. Reformas a través de un plan de competitividad y reformas también que favorezcan una fiscalidad más baja”, ha declarado.

Ha hecho hincapié especial en este último punto a “una reforma fiscal que para el ámbito de la agricultura y de la ganadería, de la pesca, todo el sector primario, plantea el Partido Popular, que supone 700 millones de euros menos de impuestos para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos y nuestros pescadores”.

Finalmente, Gamarra ha vuelto a referirse a los Presupuestos Genaerales del Estado: “Un Gobierno sin presupuestos no es un Gobierno, puede resistir, pero no puede gobernar”. “Y con las dificultades que tenemos, España lo que no puede permitirse es, en el peor momento, tener el peor gobierno posible”, ha sentenciado la dirigente popular.

Caso Koldo

Además, se ha referido al caso Koldo y ha señalando que en Moncloa “la corrupción es sistémica”. Ha valorado el último informe de la UCO como “una estación de penitencia más en este vía crucis de juzgados y también de investigaciones policiales en el que está inmerso Pedro Sánchez”. No obstante, al ser preguntada por las declaraciones de la responsable de Emergencias del Gobierno de Mazón, Salomé Pradas y si el PP sigue apoyando al presidente valenciano, Gamarra se ha limitado a decir que “yo creo que eso es una investigación judicial”, para la que ha dicho tener “el máximo respeto a toda esa investigación que en el marco de los juzgados y de los tribunales se está desarrollando”.

En el marco de la investigación del caso Koldo, sí ha dicho que “la agenda política del gobierno socialista el orden del día es el tráfico de influencias, la malversación y el cohecho” y ha apuntado además, sobre “esas fiestas con tanta alegría del ministro Ábalos que ocurrían en Paradores”, como ella se ha referido, “nadie puede decir en ese Consejo de Ministros que no supieran nada”

Para la dirigente'popular, además, “el informe de la UCO ha sido muy clarificador” y ha dicho sobre el rescate de Air Europa: “Hablamos del rescate más rápido, del rescate más alto, 475 millones del primer rescate. ¿Cómo es posible que en apenas 70 días se rescatara a una empresa con esta complejidad? Pues es posible cuando se conocen los vínculos que tuvo esta empresa no sólo con el Gobierno, dentro de un Ministerio y desde un Ministerio, sino también en las relaciones personales con la mujer del presidente del Gobierno”, ha incidido Gamarra.

Por eso, ha exigido que “es hora de que den explicaciones, el silencio no cabe, las respuestas a las que durante todo este año no han querido dar son las propias investigaciones judiciales y policiales las que están siendo contundentes”. “Y, por lo tanto, esto no es un Gobierno decente. Este no es un Gobierno a la altura de lo que necesita España y los españoles”, ha dicho.

Finalmente, sobre la declaración de la expareja de Ábalos en el Senado ha dicho: “Nos interesa saber todo lo que tiene que ver con lo que hemos pagado los españoles, es normal que los españoles se pregunten cuántas Jésicas ha habido, a cuántas les hemos estado pagando un sueldo público para que fueran las mujeres prostituidas por un ministro del Gobierno de España”.