La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que no concurrirá en la lista de Frente Amplio de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, si bien seguirá en política como candidata de Más Madrid en los comicios autonómicos del próximo mes de mayo de 2027.

Según ha comunicado la propia ministra en declaraciones al diario El País, ha tomado la decisión de renunciar a Frente Amplio tras una “profunda reflexión” al anteponer “el bien común al interés personal”. “Siempre he entendido la política desde la generosidad y la empatía. Siempre he antepuesto el bien común al interés personal”, ha declarado en sus redes sociales.

El cabeza de lista de la confluencia electoral por la circunscripción de Madrid es el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea Emilio Delgado. A continuación, la diputada de Más Madrid en el Congreso Tesh Sidi será la número dos de la lista de Frente Amplio a las elecciones del 29N por la circunscripción de Madrid, según han confirmado a Europa Press fuentes del espacio.

García defendía que este puesto en las listas por Madrid fuera para la diputada, a quien considera “uno de los perfiles que pueden representar a Más Madrid en la coalición y aunar más voluntades del electorado progresista”, según ha declarado a El País. La ministra ha descrito en sus redes sociales a Sidi como “la mejor referente para ocupar el segundo puesto en la candidatura por Madrid”. “Lo ha demostrado en el Congreso y es un orgullo caminar a su lado”, ha añadido.

En plenas negociaciones para la configuración de Frente Amplio, Más Madrid propuso a Emilio Delgado para encabezar la lista por Madrid al Congreso, seguido de la líder del partido y ministra de Sanidad, Mónica García. En la propuesta del partido regional también aparecieron otros nombres como el de la propia Tesh Sidi o el portavoz adjunto de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño. Cabeza de lista por Barcelona, la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno será Ada Colau.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este jueves que la dificultad para el acceso a una vivienda es uno de los principales problemas de salud de la población. “Las personas enferman por las condiciones de vida. Y lo hemos visto de manera dramática con el caso de Maricarmen y lo vimos también con el caso de Olga –la mujer que se suicidó tras un desahucio–, gente a la que se le desahucia, gente a la que se le despoja de uno de los valores que no solamente está recogido en la Constitución, que es la certeza de poder tener un techo. Eso enferma y tenemos una sociedad que enferma a la gente”.

García ha intervenido en la inauguración de la V Jornada de Salud 'El código del bienestar: claves para una sanidad más humana y de vanguardia', organizada por elDiario.es, donde ha destacado que España tiene “un sistema sanitario profundamente justo, profundamente envidiable, basado en dos pilares fundamentales, que son la universalidad, el acceso justo, y el acceso equitativo”. Pero ha puesto el acento en que son las condiciones de vida las que están afectando a la salud y provocando profundas diferencias: “Sabemos que el código postal afecta la esperanza de vida y lo hemos contado muchas veces. La diferencia entre el norte y el sur, solamente de la Comunidad de Madrid, es en torno a unos seis ocho años de esperanza de vida”.

“El 40 % de las familias describe el acceso a la vivienda en términos patológicos: ansiedad, insomnio, depresión, incertidumbre. No hay nada más patológico que no saber dónde vas a vivir. No hay nada más patológico que de pensar que dentro de cinco años te van a echar de tu casa, que te vas a tener que cambiar a los niños del colegio”, ha dicho García, que ha definido el mercado inmobiliario como “ludópata” porque “juega con los proyectos de vida de los jóvenes, de la gente, y ha jugado con el proyecto de vida de Maricarmen”.

“No vamos a estar a salvo ninguno si no estamos a salvo todos. Y nuestra salud depende de la salud del vecino. Y la salud del vecino depende de que tenga un centro de salud, pero también depende de que sus hijos puedan ir a un buen colegio. Y también depende de que sus hijos se puedan pagar la universidad. Y también depende de que sus hijos puedan tener derecho a la vivienda”, ha afirmado.

La ministra de Sanidad ha hecho una defensa de la Sanidad como pilar básico del Estado del Bienestar frente a países como Estados Unidos, donde “el 65% de las familias está en bancarrota por problemas de salud”. En ese punto ha aprovechado para referirse a la propuesta de Vox de rebajar impuestos: “Así de una atacada, nos quedamos sin la mitad de los ingresos que tiene el Estado para cuidar a las personas, para abrir los hospitales, para abrir las escuelas, para abrir las universidades”.

“Eso es profundamente antidemocrático y profundamente antipatriota. Siempre va hacia lo mismo, hacia que unos pocos, en un sistema profundamente feudal, se queden con los derechos de toda la ciudadanía”, ha añadido.

La ministra ha dedicado también parte de su intervención a glosar algunas de las actuaciones de Sanidad durante estos años, como el programa para financiar gafas a menores de edad o la ampliación de la cartera de servicios bucodentales: “Hemos hecho la Sanidad más ancha”. Además, ha anunciado que este viernes se discutirá en el Consejo Interterritorial la propuesta para hacer más transparente las listas de espera, aunque ha apuntado: “No va a salir, lamentablemente, no va a salir porque hay intereses políticos y partidistas que no quieren que las listas de espera sean una herramienta de gestión, sino que sea una herramienta de confrontación política”.

García también se ha referido durante su intervención la actual huelga indefinida de profesores en la Comunidad de Madrid: “Es profundamente injusto y profundamente inequitativo que la educación, las oportunidades, también estén en el mercado de la especulación”.

Gabriel Rufián ha optado por quedarse en ERC tras más de un año inflando la idea de una gran coalición entre las izquierdas independentistas, los partidos alineados en Sumar —cuya marca ahora es “Frente Amplio”— y Podemos. Sin embargo, una de las condiciones impuestas por Rufián a su partido supone llegar a un “acuerdo de colaboración” con la formación de Irene Montero. De cerrarse, esa entente implicaría que Podemos no se presente en Catalunya, donde reconocería a ERC como referente, al tiempo que Rufián ayuda a Podemos fuera de la comunidad.

Aunque en estos momentos, en el descuento para que se acabe el plazo para registrar coaliciones el viernes a medianoche, los detalles de esta posible alianza entre ERC y Podemos se siguen negociando, la fórmula complica que los de Montero se integren en el Frente Amplio, la candidatura pensada para incorporar al conjunto de las izquierdas con vocación estatal.

El principal problema estriba en que el acuerdo entre Rufián y ERC supone que los republicanos competirán con los Comuns en las cuatro provincias catalanas. Es decir, el partido de Ada Colau es el único referente catalán del Frente Amplio, por lo que esa coalición tendría difícil acoger a un partido —Podemos— que compartirá actos y pedirá el voto por sus competidores en Catalunya.

La situación a la que se ha llegado es paradójica ya que Rufián, que ha sido uno de los grandes impulsores y caras visibles de la propuesta de una reunificación de las izquierdas, se convierte ahora en la principal piedra en el zapato para la reintegración de Podemos con los partidos que siguieron dentro de Sumar. “Al final quien venía a unir a la izquierda se queda en ERC y la divide”, resume una fuente del Frente Amplio.

Por su parte, desde ERC rechazan que el acuerdo con Podemos pueda suponer acabar formando una coalición electoral para presentarse juntos en Catalunya. Fuentes de la formación aseguran que lo único que está sobre la mesa es ir a las elecciones con sus propias siglas. Ahora bien, sí estarían dispuestos a incorporar candidatos de Podemos como independientes, al menos uno de ellos en puestos de salida, como ya hicieron en el pasado con otras formaciones.

Los republicanos no ven ningún problema en la posibilidad de compartir actos de campaña con Podemos, ni tampoco en que su candidato, Rufián, tenga una dimensión en el conjunto del Estado. Podría haber, por tanto, actos electorales de Montero y Rufián tanto en Catalunya como fuera. “Lo importante es que se reconozca a ERC como el espacio idóneo desde donde hacer política de izquierdas y plantar cara a la extrema derecha en Catalunya”, aseguran.

Los Comuns “respetan pero lamentan” el paso de Rufián

Pocos minutos después de empezar a conocerse las primeras informaciones al respecto, los Comuns afirmaban a través de un comunicado que “respetan” la decisión de Rufián de seguir “bajo las siglas de ERC”, pero también lamentaron “que no haya querido participar en la construcción de un Frente Amplio de izquierdas” y sostuvieron que ellos, los Comuns, continúan “comprometidos” con esta vía “de ámbito estatal”. Es decir: que no tienen ninguna intención de disolver sus siglas en las de ERC como, en principio, hará Podemos en Catalunya.

El movimiento de Rufián complica el acuerdo entre Podemos y el Frente Amplio también fuera de Catalunya. Los morados decretaron silencio absoluto este domingo entre sus filas, y ni oficial ni extraoficialmente quisieron confirmar cuáles serán los términos exactos del acuerdo con ERC. Pero cuando celebró el pasado abril un acto con él en Barcelona, Podemos ya dejó claro cuál era su lectura de un pacto con Rufián: un “tándem” en el que el portavoz de ERC sería el referente en Catalunya de un bloque que estaría representado en el resto de España por Montero.

Una vez suscrito ese acuerdo, Podemos cuenta ahora con una alianza con la pieza más codiciada en el tablero de la izquierda alternativa. Y eso les permite elevar la presión sobre los partidos de lo que antes se denominaba Sumar —IU, Más Madrid y Movimiento Sumar, además de los Comuns— para que acepten a Montero como candidata si quieren una lista unitaria. La advertencia implícita es que, en un escenario con dos candidaturas, la lista que cuente con el apoyo de Rufián podría ser más potente que la que careciera de él.

Hasta el momento, los partidos del Frente Amplio confiaban en terminar alcanzando una entente con los morados de aquí al próximo viernes, cuando finaliza el plazo para registrar coaliciones para las elecciones generales. Pero su idea siempre fue que los morados terminaran aceptando a Ada Colau como candidata, una vez la líder de Más Madrid, Mónica García, abandonó sus pretensiones de ocupar esa posición. Ahora, la postura de Colau también queda comprometida: la exalcaldesa ha asegurado que solo piensa aceptar el liderazgo del espacio si Podemos y el Frente Amplio se presentan unidos a las elecciones, algo que al menos en Catalunya ya parece imposible si los Comuns compiten con ERC.

IU y Más Madrid continúan apoyando a Colau

A priori, no obstante, el Frente Amplio no va a aceptar a Montero como líder sin dar la batalla. La ejecutiva de IU se reunió este domingo por la tarde de urgencia para analizar el nuevo escenario abierto tras el acuerdo Rufián-Podemos, y tras esa reunión el partido emitió un comunicado reafirmando “todo su respaldo” a Colau como candidata y asegurando que “representa una oportunidad para ensanchar al máximo el Frente Amplio, un proyecto que debe trascender las siglas de cada formación y conectar con la sociedad organizada y movilizada”.

IU insiste en “aglutinar a todas las fuerzas políticas de la izquierda del Estado”, y en su comunicado aseguró que no suelta “la mano a ninguna de ellas”. Pero el marco en el que sigue trabajando la federación que lidera Antonio Maíllo es el de que Colau debe ser la candidata, y no Montero. Pese a ello, fuentes del espacio de la izquierda alternativa confirman que Rufián comenzó a mantener contactos el domingo con IU y también con el sector crítico de Más Madrid, encabezado por Emilio Delgado, para intentar encauzar la situación.

La dirección de Más Madrid, por su parte, también movió ficha este domingo tras las primeras informaciones sobre el acuerdo entre Podemos y Rufián. Lo hizo públicamente, a través de sus redes sociales, en las que propuso “un acuerdo en el que en la circunscripción de Madrid se presente como cabeza de lista Emilio Delgado seguido de Mónica García”. No obstante, la renuncia de García a encabezar la lista en favor de Delgado —un movimiento que busca restablecer la paz interna en el partido— era tan solo una parte de la propuesta: en dicho comunicado, Más Madrid también aceptaba públicamente por primera vez la integración de Podemos en una eventual lista conjunta en la circunscripción de Madrid y reconocía la preeminencia de Rufián en Catalunya pidiendo “un acuerdo de frente” en esa comunidad.

Ese movimiento tiene un doble objetivo. En primer lugar, sitúa en los Comuns la presión de intentar alcanzar un acuerdo que permita una candidatura única en Catalunya, algo que a día de hoy parece muy lejano. Y en segundo término, establece los términos en los que Más Madrid aceptaría un acuerdo con Podemos… y, por descarte, los términos en los que no: para el partido, sería asumible una lista única con los morados, pero con Montero situada en el cuarto puesto de la lista y en ningún caso como candidata de todo el espacio.

En la misma línea se expresó la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Martínez, portavoz del grupo parlamentario de Sumar esta legislatura en el Congreso. “Nosotras lo tenemos claro: Ada Colau y Emilio Delgado” deben ser los candidatos, y las “alianzas” deben suscribirse “con todo el que quiera venir”. Es decir: ha de ser Podemos quien se acerque al Frente Amplio y no el Frente Amplio el que concurra bajo el liderazgo de Podemos.

Uno de los problemas añadidos de que ERC incorpore en sus listas candidatos de Podemos es que, según el reglamento del Congreso, esto impediría que Podemos y ERC puedan formar en el Congreso grupos separados.

La norma indica que los diputados del mismo partido deben ir siempre a un mismo grupo. Pero también que no pueden formar grupos separados diputados de candidaturas que no se han enfrentado entre sí. Esto significa que, en el caso de que Podemos optase por ir en solitario en Madrid y en las listas de ERC en Barcelona, el grupo resultante debería estar integrado por ambos. Mientras, en el caso de que Podemos fuese en las listas de ERC en Barcelona pero en las del Frente Amplio en Madrid, se produciría una paradoja irresoluble a la hora de formar grupo que, en última instancia, debería resolver la Mesa.

Rufián, sin sintonía con la dirección de ERC

El empeño con el que Rufián ha avanzado por una incierta vía de la colaboración con el conjunto de las izquierdas estatales ha levantado ampollas con la dirección de Oriol Junqueras, quien desde el inicio trató de cortar este proyecto por no encajar con la estrategia de ERC, que quiere posicionarse como un espacio independentista del conjunto de la izquierda catalana, y no como un partido a la izquierda del PSC. Además, los republicanos han tenido que dar explicaciones a sus socios de EH Bildu y BNG, con quienes comparten una sólida alianza, sobre las andanzas de su portavoz en Madrid.

La explicación sobre los pasos de Rufián que ha acabado cundiendo en ERC es que su portavoz se agarró a un incierto proyecto de unidad con el objetivo de reforzar su perfil fuera del partido y poder jugar mejor sus cartas internamente, donde intentaba conseguir dos objetivos: tener el control de las listas y autonomía a la hora de pilotar la estrategia de su partido en Madrid. Dos reclamaciones inaceptables para el partido que, sin embargo, ha preferido entrar en una negociación con Rufián antes que abrir en canal el partido a ocho semanas de unas generales.

Finalmente el partido se ha abierto a la colaboración con Podemos, tal y como exigía Rufián, y también han ido cayendo poco a poco de la lista los diputados con más fricciones con el líder, como era Pilar Vallugera, Jordi Salvador o Francesc-Marc Álvaro. Este último se presentará como cabeza de lista al Senado. Queda por comprobar si la guerra mantenida por Rufián con su dirección y las dudas hasta el último momento de la papeleta en la que concurriría pasan o no factura a la propia ERC y a los partidos que le habían ofrecido integrarse.

El partido Más Madrid, que lidera la oposición en la Comunidad y forma parte del nuevo Frente Amplio que pretende aglutinar a las diferentes fuerzas de izquierda, ha lanzado este domingo una propuesta de acuerdo para la circunscripción de la provincia de Madrid en la que los dos primeros puestos irían para líderes de la formación: el diputado autonómico Emilio Delgado y la ministra de Sanidad Mónica García.

Así lo ha anunciado la formación política en sus redes sociales, en las que aboga por una integración en esa lista conjunta tanto de Izquierda Unida y Movimiento Sumar, como de Podemos, siempre que “este último decida integrarse” en el Frente Amplio. La formación morada ha insistido en diversas ocasiones a lo largo de la última semana en la necesidad de celebrar unas primarias abiertas para elegir la disposición de los líderes de cada fuerza política en las listas al Congreso para las elecciones de noviembre, aunque en los últimos días ha abierto la puerta a negociar una lista conjunta que pudiera después ser ratificada en estas primarias.

Es la primera ocasión en la que Más Madrid habla abiertamente de una integración del partido liderado por Ione Belarra en la lista del Frente Amplio para la circunscripción de Madrid, para la que proponen también como candidatos a la que fuera número tres en las listas de Sumar en las elecciones generales de 2023, la diputada Tesh Sidi, o al concejal en el Ayuntamiento de Madrid Eduardo Fernández Rubiño.

El partido, que busca así “desbloquear” la situación actual de enfrentamiento con Podemos por la elaboración de las listas, ha aprovechado además para celebrar la designación de Gabriel Rufián como cabeza de lista de ERC y espera que se alcance un acuerdo para un Frente Amplio también en Catalunya.

Sobre esta decisión, fuentes de los Comuns apuntaban este domingo a elDiario.es que respetan “la decisión de Gabriel Rufián de seguir bajo las siglas de ERC”, aunque lamentan “que no haya querido participar en la construcción de un Frente Amplio de izquierdas para maximizar las opciones de frenar y volver a derrotar a las derechas, como ya se hizo en 2023”. Las mismas fuentes añaden que los Comuns siguen “comprometidos y trabajando activamente” para articular un Frente Amplio “de ámbito estatal” que dé respuesta “a la voluntad de unidad expresada reiteradamente por la ciudadanía”.

Este sábado Emilio Delgado se encontraba en Gijón donde participó en el Espacio Social Les Cigarreres en un coloquio junto a la diputada asturiana Covadonga Tomé y donde defendió los movimientos de unidad en la izquierda, entre los que incluyó la propuesta de elaborar una candidatura conjunta de partidos de izquierda junto al PSOE para el Senado de cara a las próximas elecciones generales.

“Lo que tenemos delante no es meramente una propuesta conservadora como las que hemos conocido antes, lo que tenemos por delante es el regreso de este país a un momento y a una historia que no queremos repetir y que no queremos transitar”, señaló Delgado. El diputado de Más Madrid dijo además ser “perfectamente consciente” de la preocupación por la “distancia” entre lo que sucede en las calles con una fuerte movilización por la vivienda o las libertades y “en contraste con la conversación pública que está teniendo la izquierda”.

Los movimientos en la izquierda alternativa para explorar la opción de una candidatura única para las elecciones generales se suceden con velocidad. A algo más de una semana para que venza el plazo para registrar las coaliciones que se presentarán a los comicios, Podemos y el Frente Amplio —la nueva marca de los partidos integrados hasta ahora en Sumar— aún están tanteándose: los morados insisten en que cualquier acuerdo debe pasar por la celebración de unas primarias abiertas, y las formaciones de la nueva alianza se muestran divididas al respecto y, además, están aún negociando el nombre de su nuevo líder.

No obstante, este martes Podemos dio un paso adelante para intentar allanar el camino hacia un pacto y abrió la puerta a que esas primarias se celebren para ratificar un acuerdo previo alcanzado con el Frente Amplio. Fue la secretaria general del partido, Ione Belarra, la que planteó abiertamente esta vía en una rueda de prensa en el Congreso. “Nosotras vamos a organizar unas primarias abiertas en las que todo el mundo que quiera se va a poder inscribir y participar”, prometió Belarra, que sostuvo con ese método “siempre aciertas porque es la gente” la que toma las decisiones. Y en unas primarias, recordó, “a veces hay competición y otras veces no”.

Esa afirmación, que parece una obviedad, es relevante puesto que supone que los morados se muestren por primera vez dispuestos a una vía intermedia para llegar a un acuerdo con el Frente Amplio: la de pactar previamente una lista con ellos y someterla después a la ratificación de las bases. En ningún caso Podemos renuncia a las primarias abiertas. Pero, a la vez, la formación sí se abre a evitar la competición directa, que algunas fuentes del Frente Amplio consideraban que era contraproducente en un momento en el que el espacio a la izquierda del PSOE debe exhibir unidad y que, además, supone un reto para una alianza que todavía no ha elegido a su propio líder.

Consultadas por esta nueva vía, fuentes de Podemos confirman que no consideran que las primarias deban suponer necesariamente una competición entre dos listas, una morada y otra del Frente Amplio, sino que ambas formaciones podrían confluir en una candidatura conjunta negociada previamente para someterla a votación. El partido, sin embargo, evita concretar si la posibilidad de celebrar unas primarias en las que no haya “competición” también incluye la posibilidad de negociar el candidato, y no solo las listas electorales. Los morados tampoco explicitan si han hecho llegar oficialmente al Frente Amplio esta posibilidad y si la alianza ha respondido.

El último dirigente de ese espacio en pronunciarse sobre la oferta de primarias fue el ministro Ernest Urtasun, que el pasado lunes se limitó a expresar que, “si alguien quiere hacer alguna propuesta, hay una silla disponible junto a las demás organizaciones para venir a presentarla”, pero aseguró que su organización no quiere “hacer un debate a través de los medios”. Dentro del Frente Amplio, no obstante, el primer asunto a resolver es el de quién será su nuevo líder, algo que fuentes de la alianza sostienen que ocurrirá a lo largo de esta semana.

García o Colau, dos visiones enfrentadas sobre Podemos

Ese calendario dejaría algunos días —hasta el 16 de octubre, cuando vence el plazo para registrar coaliciones— al nuevo referente del Frente Amplio para poder negociar con Podemos. No obstante, el nombre que escojan los partidos de la alianza para que sea su candidato también determinará, en buena medida, las posibilidades de acuerdo con los morados para una lista única. La líder de Más Madrid, la ministra Mónica García, es uno de los perfiles que más fuerza ha cobrado en los últimos días para liderar, y tanto ella como su partido se oponen frontalmente a celebrar primarias y ven con frialdad la posibilidad de pactar con Podemos.

Por el contrario la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se perfila como la otra gran opción para liderar la lista del Frente Amplio, tiene la posición opuesta a la de García y ha asegurado que solo se plantearía ser candidata si Podemos forma parte de la alianza. Este martes, en una entrevista en el programa Cafè d'Idees de La 2, la dirigente volvió a no cerrar la puerta a liderar las listas, pero señaló que le parecería “inaceptable que no estén todas las fuerzas dentro de este espacio”. “No se entendería que hubiera más de una propuesta electoral a la izquierda del PSOE cuando creo que el programa lo tenemos claro todas las fuerzas y es común”, planteó Colau.

Otro de los escollos a superar para alcanzar un acuerdo del Frente Amplio con los morados es la fórmula en la que se establecería un eventual entendimiento. Podemos apuesta por un acuerdo meramente electoral que implique una lista única para los comicios, pero sin compartir más espacios orgánicos que los imprescindibles con el resto de las formaciones. Por el contrario, el Frente Amplio, según se desprende de las palabras de Urtasun del lunes —así como de lo que plantean otras fuentes—, quiere que sea Podemos quien se una a su alianza junto a todo el resto de los partidos que la conforman.

No solo los morados rechazan este formato: también organizaciones como Compromís llevan meses expresando que tan solo quieren un pacto electoral con el Frente Amplio, sin profundizar más sus lazos a nivel orgánico. De hecho, como publicó este martes elDiario.es, la formación valencianista apuesta por aunar en una sola lista conjunta para las tres circunscripciones de la Comunitat Valenciana a formaciones como Podemos, IU o Movimiento Sumar, pero sin someterse a una dirección unificada del Frente Amplio: para Compromís, su proyecto debe ser independiente del estatal aunque tenga coordinación con él, y tener plena capacidad para tomar decisiones.

La posibilidad real de que el presidente Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas la semana que viene revoluciona a la izquierda alternativa. El domingo, las formaciones encuadradas en Sumar —IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar— se reunirán para intentar acelerar el calendario de elección de su candidato, que sigue siendo la principal incógnita a resolver en el espacio de cara a las elecciones generales, además de la posible confluencia con Podemos. Y diferentes fuentes de la alianza, y también de su propio entorno, confirman que en la terna de posibles líderes ha vuelto a entrar la ministra de Sanidad, Mónica García.

Hasta ahora, la figura de García se descartaba como opción para ser candidata de los partidos de Sumar a las generales porque ella misma había confirmado que volvería a la Asamblea de Madrid. El pasado julio, Más Madrid la confirmó como su candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid tras imponerse en unas primarias que también sirvieron para pacificar el partido después de varios meses de pugna con el portavoz adjunto de la formación en el parlamento autonómico, Emilio Delgado. Esas primarias sellaron el acuerdo alcanzado unos meses antes por García y Delgado, por el cual este último formaría parte de las listas al Congreso mientras la ministra volvería a encabezar la lista para las elecciones autonómicas.

No obstante, fuentes del espacio a la izquierda del PSOE confirman que, hace semanas, el nombre de García volvió a ponerse sobre la mesa como opción para desatascar el proceso de elección del candidato de Sumar, cuya conclusión ya se ha retrasado varios meses con respecto a la fecha prevista. Inicialmente, estas fuentes explican que la opción se descartó por parte de Más Madrid. Pero el brusco cambio de la situación política que ha provocado en la última semana la movilización ciudadana por el derecho a la vivienda y la acampada de la Puerta del Sol ha cambiado las tornas.

La posibilidad real de que Sánchez vaya a adelantar las elecciones —una decisión que el presidente podría tomar este fin de semana— ha hecho aflorar los nervios en un espacio político al que un adelanto electoral cogería sin candidato y sin ni siquiera haber presentado oficialmente su nueva marca. Fuentes próximas a García ya no descartan la posibilidad de que la ministra se postule como opción para liderar las listas a las generales, aunque insisten en que su “plan A” es aún ser la candidata a la Comunidad de Madrid, como fue designada en primarias. Y otras fuentes del espacio confirman que la opción de la dirigente ha cobrado fuerza en las últimas semanas.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, sigue siendo la alternativa favorita de todos los partidos agrupados en Sumar, pero su entorno insiste en que su decisión de no ser candidato, tomada y expresada hace ya muchos meses, es inamovible. Y, a pesar de que su intervención este viernes en el debate en el Congreso sobre los decretos de vivienda fue unánimemente aplaudida por su grupo parlamentario, y a que partidos como IU o el propio Más Madrid consideran que Bustinduy sería la opción perfecta para encabezar sus listas, el dirigente insiste en descartarse de las quinielas.

Este viernes, la propia García evitó en el programa Malas lenguas de TVE descartarse como candidata de la nueva marca de los partidos agrupados en Sumar. Preguntada expresamente por esa posibilidad, la líder de Más Madrid se limitó a afirmar que “tenemos una mesa de partidos que hemos trabajado con mucho mimo” y “será la mesa de partidos donde decidamos, entre todos, con consenso, cómo podemos presentarnos de la mejor manera posible” a las elecciones. “Es una decisión que yo le dejo a la mesa de partidos y no a iniciativas individuales”, y ese espacio será “el que tome las decisiones que tengamos que tomar”, sostuvo.

La vía Colau y la unidad con Podemos

La posibilidad de que García termine siendo la candidata de IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar a las elecciones generales ha vuelto a tomar fuerza en paralelo a los movimientos que ha realizado en las últimas semanas la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La exdirigente ha multiplicado sus apariciones en los medios de comunicación y que ha confirmado que se plantea participar en las próximas elecciones al Congreso siempre y cuando se plantee “frente realmente amplio” de izquierdas “para evitar que gobierne el fascismo en España”. Colau, eso sí, condiciona esa opción a que Podemos también forme parte de una candidatura unitaria para las generales, una opción que no se descarta pero que ni de lejos está asegurada.

Los morados, por su parte, lanzaron públicamente hace tres semanas su oferta para conformar una lista unitaria: la celebración de unas primarias abiertas y conjuntas para poder elegir las listas a las generales. Podemos considera que alcanzar un acuerdo entre direcciones con los partidos agrupados en Sumar es poco menos que imposible, habida cuenta de los recelos entre ellos y también de la escasez de puestos de salida a repartir y la gran cantidad de organizaciones que aspiran a ellos. Por ello, los morados creen que “las primarias son la mejor forma de que las cosas vayan bien, si no la única”, en palabras de Irene Montero en su entrevista con elDiario.es de hace unos días.

Aunque una convocatoria de elecciones anticipadas apretaría mucho los tiempos y complicaría el calendario para celebrar esas primarias, Podemos, por ahora, se mantiene en sus tesis. No obstante, lo cierto es que el de Colau es un perfil con el que los morados tendrían, a priori, mucho más fácil entenderse que con García, puesto que la exalcaldesa —y los Comuns, en general— nunca han terminado de romper los puentes con el partido liderado por Ione Belarra, mientras que la relación entre Podemos y Más Madrid es pésima y ambas formaciones son, posiblemente, las que mayores diferencias estratégicas mantienen dentro del espacio a la izquierda del PSOE.

La elección de García como candidata de Sumar a las generales, además, podría provocar la reapertura de la crisis interna en Más Madrid que se cerró con el acuerdo suscrito entre la propia líder y Emilio Delgado el pasado mayo. Una eventual candidatura de la ministra cerraría el paso a Delgado como número uno de su partido en las listas estatales, y quien fue elegida como número dos de García para la candidatura a la Asamblea de Madrid fue su mano derecha, Manuela Bergerot, por lo que tampoco parece probable que el dirigente pudiera terminar siendo de rebote el número uno de esa lista autonómica.

La Policía Nacional ha detenido en la Región de Murcia a un profesor de instituto por amenazar de muerte a la ministra de Sanidad, Mónica García, en varias llamadas telefónicas al grupo municipal de Más Madrid. El detenido es un varón 50 años que no tiene antecedentes, han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

En sus llamadas, el hombre profirió insultos hacia la ministra y compañeros suyos de Más Madrid, incluyendo alusiones sexuales vejatorias, según ha adelantado el canal de sucesos de Prensa Ibérica.

Las pesquisas corrieron a cargo de la Brigada de Información de Madrid, que contó con el apoyo de agentes destinados en Murcia. Gracias a ese trabajo conjunto fue posible identificar al sospechoso y dar con él en el municipio donde ejerce como profesor de Secundaria.

El arresto tuvo lugar el pasado 16 de septiembre, si bien no ha sido hasta este lunes, 28 de septiembre, cuando se ha hecho público. De momento, no han trascendido más detalles sobre cómo se produjo la detención.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha reclamado este miércoles al Gobierno que incluya el Real Decreto Ley de Vivienda en el orden del día del próximo Consejo de Ministros, previsto para el martes 29 de septiembre. La petición llega el mismo día en que se ha ejecutado el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en el mismo piso del distrito madrileño de Retiro.

“El martes tiene que ir el Real Decreto Ley de Vivienda al Consejo de Ministros. El PSOE no puede seguir dilatándolo más”, ha defendido García en sus redes sociales. García ha añadido, además, que “PP, Junts y Vox no pueden volver a votar en contra”. 

La dirigente de Más Madrid ha vinculado la aprobación de la norma con casos como el de Maricarmen y ha reclamado que no vuelva a producirse un desalojo en circunstancias similares. “Ni más Maricarmen desahuciadas ni más dueños de fondos buitre haciendo de nuestros derechos su ley de la jungla”, ha señalado García. 

El desahucio de Maricarmen se ha producido este miércoles después de varias horas de resistencia frente al portal de la vivienda. La Policía Nacional ha desplegado numerosos efectivos para despejar el acceso al inmueble y apartar a los manifestantes que trataban de impedir la entrada de la comisión judicial. Finalmente, Maricarmen ha abandonado la vivienda junto a los servicios sociales. 

El conflicto se remonta a la venta del edificio en el que reside, por la que la nueva propiedad comunicó su intención de elevar el alquiler. La situación desembocó en un procedimiento judicial para poner fin al contrato de renta antigua de Maricarmen, que mantiene desde que heredó el arrendamiento de su madre. La mujer lleva 71 años viviendo en el mismo piso del distrito de Retiro y actualmente paga 500 euros mensuales, pero la empresa propietaria reclama ahora un nuevo alquiler de más de 2000 euros, una cantidad que supera la pensión que recibe. 

El Ministerio de Vivienda ha defendido durante los últimos meses la necesidad de encontrar una solución para personas vulnerables en situaciones similares y ha pedido a las administraciones madrileñas que intervengan en el caso de Maricarmen.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha responsabilizado a la Comunidad de Madrid de la situación y ha defendido que el Gobierno ha tratado de intervenir para evitar el desalojo. “Cuando nosotros intentamos hacer todo eso, hay gente que está trabajando en la dirección contraria”, ha señalado Rodríguez. 

La reivindicación de García se produce después de que el Congreso rechazara en abril un decreto impulsado por Sumar que incluía, entre otras medidas, una prórroga de determinados contratos de alquiler de la que podía haberse benefciado Maricarmen, y un límite del 2% a las actualizaciones de renta. La petición de Mónica García queda ahora pendiente de la decisión del Consejo de Ministros.

La primera campaña del Ministerio de Sanidad sobre el aborto en democracia no estará en el Metro de Madrid. La empresa pública de transportes ha rechazado la propuesta de colocar un anuncio que recuerda que el aborto es un derecho que se puede ejercer en la sanidad pública, tal y como reconoce la ley. Según ha podido saber elDiario.es, el departamento dirigido por Mónica García propuso que la campaña se colocara en la estación de la Puerta del Sol, pero Metro no lo aprobó y pidió expresamente un cambio de mensaje por otro que “no genere controversia” al estar esta estación al lado de la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Esta es la razón que se desprende de la comunicación a la que ha accedido este medio, en la que la empresa adjudicataria contratada por Sanidad para gestionar la campaña y buscar espacios en la que desplegarla informa de que Metro rechaza el contenido tal cual está ideado: “Realizada la consulta con el exclusivista, Metro no nos aprueba el mensaje”. En el documento al que ha tenido acceso elDiario.es, la agencia publicitaria copia y pega lo que le ha dicho la empresa que ha gestionado la publicidad de Metro en este caso –a quienes se refieren como “el exclusivista”–: “Ya está consultado y nada con este mensaje imposible, nos piden que además, ya que el pórtico está al lado de la sede de la CAM, que el mensaje no genere controversia”.

La campaña, presentada este miércoles por la ministra de Sanidad, pretende “combatir el estigma y la culpa” en torno al aborto. Aunque el vídeo es la pieza clave de la estrategia, la idea del Ministerio era desplegar paneles estáticos en el acceso al Metro con una adaptación del siguiente mensaje: “Quizás te cuestionen y decidas seguir. Y estará bien. Quizás no quieras explicar el motivo y estará bien. Quizás tengas 16 años, decidas hacerlo y estará bien. Decidas lo que decidas todo estará bien. Porque tienes derecho a abortar y a hacerlo en la pública”. Según fuentes de Sanidad, la campaña sí estará presente en otros espacios de Madrid como las pantallas de Callao.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Metro de Madrid, que ha remitido a la Consejería de Transportes del Gobierno madrileño, de quien depende la empresa pública. Una portavoz negó inicialmente conocer la campaña y luego rechazó que Metro haya podido vetar la campaña porque “no la conoce ni gestiona la contratación de esa publicidad”. La Consejería apunta a JCDecaux, la empresa que tiene la concesión publicitaria de Metro. “La explotación publicitaria corresponde a JCDecaux, que es quien mantiene la relación con los anunciantes y gestiona este tipo de campañas”, afirma. Este medio se ha puesto en contacto con esta compañía sin obtener respuesta.

En este caso, la comunicación comercial sobre la colocación de la campaña en la Puerta del Sol se hizo a través de la agencia de publicidad H2Ó Digital & DOOH, según informan fuentes conocedoras del proceso. H2Ó se encarga de la publicidad de los pórticos de las estaciones, es decir, la instalada en el exterior de las bocas de metro, y esta era la propuesta del Ministerio de Sanidad: colocar paneles estáticos con el mensaje de la campaña en la estación de Sol-Carretas por ser “uno de los accesos con mayor notoriedad” del Metro. Además, la idea era desplegar imágenes también en la canaleta interior situada en las escaleras mecánicas.

Cuando la empresa adjudicataria del Ministerio de Sanidad hizo la propuesta, la respuesta de H2Ó fue negativa, asegurando que tras consultarlo, era “imposible” colocar el mensaje, haciendo referencia a la cercanía de esta estación con la Real Casa de Correos, el edificio en el que se ubica la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. “Metro no nos aprueba el mensaje”, le dijo entonces la adjudicataria al departamento dirigido por Mónica García, que se negó a modificar el contenido. H2Ó no ha respondido a las preguntas de elDiario.es al respecto.

Fuentes del Ministerio de Sanidad tachan de “incomprensible” que Metro “se niegue a reproducir una campaña institucional destinada a informar sobre el derecho a una prestación ofrecida por el Sistema Nacional de Salud y reconocida por ley” y advierten de que estudiarán “todas las acciones” frente a una medida que califican de “arbitraria”.

Las campañas que sí acogió Metro

No es la primera vez que la publicidad en Metro de Madrid es objeto de polémica y, de hecho, las dos únicas campañas sobre interrupción voluntaria del embarazo que ha acogido en los últimos años han sido antiabortistas: en 2022, Jóvenes por España lanzó una con imágenes de un feto bajo el epígrafe “mi vida vale tanto como la tuya. ¡Déjame nacer!”. Ese mismo año, varias estaciones instalaron paneles de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) contra la prohibición del acoso ultra a las puertas de las clínicas de aborto.

También ha generado controversia la publicidad de la Asociación de Familias Numerosas, que ha lanzado hasta tres campañas en los dos últimos años. “¿Te parece divertido ir de flor en flor? Ahora todo son risas, pero en unos años comerás tu solo el día de Navidad”, colocó en la estación de Chueca en 2025 para “cuestionar los estilos de vida actuales basados en relaciones sin compromiso, promovidos desde las redes sociales y aplicaciones de citas y que esconden un futuro marcado por la soledad”. Antes, había desplegado otras dos en la misma línea y que tenían como lema “Ten más hijos, salva el planeta” y “¿Se te está pasando el arroz?”.

La presentación de la campaña sobre el derecho al aborto del Ministerio de Sanidad ha sido aprovechada por la ministra Mónica García para informar de que ha pedido a la Abogacía del Estado que “lleve a cabo todas las medidas adecuadas para exigir” a la Comunidad de Madrid la puesta en marcha del registro de objetores al aborto tras “constatar” que “no ha avanzado más allá de los trámites iniciales”.

La pugna abierta entre Sanidad y el Gobierno de Ayuso a cuenta de la interrupción voluntaria del embarazo se recrudeció en el último trimestre del año pasado, ante la negativa de Madrid de poner en marcha la medida a la que obliga la ley de 2022. Su objetivo es poder organizar los servicios sanitarios para asumir los abortos en la sanidad pública, un mandato que algunas comunidades como la madrileña llevan años incumpliendo al no registrar ni el 1% de las intervenciones en este tipo de centros.

“Que se vayan a abortar a otro lado”, llegó a decir la presidenta madrileña en respuesta a los partidos de la oposición que le urgían a crear el registro. Ante su resistencia reiterada a crear el registro de objetores, Sanidad llevó al Ejecutivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le obligó el pasado a marzo a ponerlo en marcha.

El Ministerio de Sanidad ha anunciado que trabaja en un Real Decreto para actualizar la forma en la que se registran las listas de esperas, para “evitar el maquillaje” y “garantizar su transparencia y trazabilidad”. Desde el departamento que dirige Mónica García llevan meses intentando impulsar una reforma de estos registros, que realizan las comunidades autónomas, y que ha tenido algunos reveses. El último, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este verano, donde, según la propia ministra, los nuevos criterios “no fueron aprobados” por las consejerías.

En este nuevo intento, el Ministerio prepara un Real Decreto, que entra en vigor tras ser aprobado en Consejo de Ministros, pero que requiere de su convalidación en el Congreso en un plazo de 30 días.

Según explican desde este departamento en un comunicado, el texto en el que trabajan establece que los pacientes “entrarán en lista de espera desde la indicación médica” y los datos “se desagregará por prioridad clínica y gravedad”. Además, “la norma prohibirá expresamente la existencia de listas, bolsas o registros paralelos de pacientes pendientes de una consulta, prueba diagnóstica o intervención quirúrgica”.

Es decir, la norma prohibirá prácticas como mantener listas 'b' de espera, fuera de los registros, o mantener a pacientes fuera de estos conteos hasta que realizan determinadas pruebas, aunque ya les haya sido indicada la operación. Y abarcará también pruebas diagnósticas y terapéuticas.

El anuncio de este Real Decreto, todavía sin fecha de aprobación, se produce una semana después de que se conociera que desde el servicio de traumatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid modificaron la prioridad de 57 pacientes para pasar de un máximo de 90 a 120 días y así cumplir con el tope exigido.

La nueva norma incorpora otras novedades, como que los pacientes derivados a centros concertados sigan permaneciendo en la lista “hasta que se confirme que han recibido la atención indicada”, incluso cuando rechacen acudir a centros privados porque prefieran la atención pública, o que se incluya en las estadísticas el tiempo que se espera por una consulta de Atención Primaria, tanto a medicina de familia y pediatría como a enfermería.

Además, “en las consultas externas y las pruebas diagnósticas y terapéuticas se publicará también el número y porcentaje de pacientes que están en lista de espera pero todavía no tienen una cita asignada”. El objetivo es “avanzar hacia el cálculo del tiempo que trascurre desde la indicación de la primera consulta, hasta la obtención de un diagnóstico, lo que permitirá conocer mejor el recorrido asistencial del paciente”, apuntan.

Desde el Ejecutivo quieren reforzar también el derecho a la información de los pacientes, que “podrán conocer su situación en la lista, cuánto tiempo llevan esperando y la demora estimada para su proceso”. En concreto, habrá que hacer un registro exhaustivo de una quincena de pruebas diagnósticas y terapéuticas y se ampliará de 15 a 20 las intervenciones quirúrgicas sometidas a seguimiento.

“La nueva norma permitirá modernizar los criterios utilizados para medir las listas de espera y disponer de datos más completos, homogéneos y comparables en el conjunto del Sistema Nacional de Salud”, indican desde Sanidad.

Cambiar la fiscalidad de Madrid. Esa es la propuesta que han presentado este martes desde Más Madrid. No se trata solo de subir impuestos en la región, sino que el objetivo es cambiar el modelo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Un modelo que, a juicio del partido de Mónica García, se basa en la “competencia fiscal a la baja” y el “vaciamiento deliberado de los ingresos públicos”. “Ayuso ha convertido a Madrid en un paraíso fiscal para los multimillonarios”, aseguran desde el partido.

La propuesta contempla nuevos tramos del IRPF autonómico. Frente al tipo marginal autonómico máximo actual del 20,5%, propone establecer un 25% entre 120.000 y 175.000 euros y el 27% desde 175.000 euros. También recoge eliminar la bonificación general del impuesto de patrimonio, que en la actualidad está suspendida por el impuesto a las grandes fortunas estatal avalado por el Tribunal Constitucional. En el documento del partido de izquierdas se propone gravar más a los grandes patrimonios, con hasta un 4% entre 20 y 30 millones y 4,5% desde los 30 millones de euros. “Esta medida, enfocada en grandes fortunas, persigue una recaudación justa, alineándose con la necesaria armonización fiscal”, indican desde Más Madrid. Sin embargo, previsiblemente, la propuesta no saldrá adelante por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Vallecas.

En cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, el partido propone mantener la bonificación del 99% hasta el millón de euros, pero incorpora una rebaja progresiva de las bonificaciones con diferentes tramos: del 45% para las sucesiones de entre un millón y cinco millones, 15% para el tramo de cinco a diez millones y 5% por encima de diez millones. Según fuentes del partido, la propuesta pretende “señalar a los verdaderos responsables de nuestros malestares: no a quienes tenemos al lado, sino a quienes acaparan lo de todos y no aportan lo que les corresponde”.

Además, otro de los puntos que contemplan es incorporar un nuevo impuesto sobre Activos No Productivos de las Personas Jurídicas, “una figura tributaria de nueva creación orientada a combatir la elusión fiscal y garantizar la equidad del sistema. Durante años, el uso de estructuras societarias para albergar bienes de lujo”, indican en el texto de la Proposición de Ley, “que no están afectos a ninguna actividad económica productiva, ha servido como vía sistemática para eludir la tributación individual, vaciando de eficacia figuras como el Impuesto sobre el Patrimonio”. Con este nuevo impuesto pretenden gravar “de forma directa y real” a estos activos. La propuesta sería incorporar una escala entre el 0,5% y el 1,5% para bases imponibles superiores a los dos millones de euros. “Con esta medida, la Comunidad de Madrid desincentiva el rentismo y el uso de ”sociedades pantalla“”, aseguran desde el partido de la oposición.

Las rebajas fiscales de Ayuso

Las bajadas de impuestos se han convertido en una de las grandes apuestas del Gobierno de Ayuso durante los últimos años. Sin ir más lejos, en enero la presidenta de la Comunidad anunció una nueva bajada “en medio punto en el tramo autonómico” del impuesto sobre la renta, que entraría en vigor para la declaración de 2027, aunque en ese momento no precisó fecha.

Las rebajas fiscales han sido una constante desde prácticamente la primera legislatura de Ayuso al frente de la región. La última medida la adelantó en el marco del Debate sobre el Estado de la Región, cuando su gobierno aseguró que la Comunidad no cobraría tasas cuando sea la propia administración la que no resuelva una cuestión dentro del plazo establecido. Rebajas de impuestos que desde la oposición de izquierdas suman críticas: “Ha llegado el momento de hablar de que la culpa la tienen esos millonarios que no pagan lo que les toca mientras las familias trabajadoras se parten el lomo”, dicen ahora desde Más Madrid.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la ampliación presupuestaria del 'Plan Veo', la estrategia para financiar gafas y lentillas a niños y adolescentes. En concreto, Sánchez ha avanzado 23 millones de euros más, que elevan la partida total a los 73 millones. “No es una medida puntual o aislada, forma parte de algo mucho más amplio, la salud de los menores”, ha defendido.

Desde la puesta en marcha de este plan, en el último trimestre de 2025, ya se han beneficiado de las ayudas directas, de hasta 100 euros, “casi medio millón” de niños, niñas y adolescentes, ha cuantificado Sánchez. En concreto, se han tramitado 454.650 ayudas.

Esa ayuda se gestiona a través del Colegio de Ópticos y Optometristas, que transfiere el presupuesto dedicado a esta medida. Las familias podrán descontar ese montante de la factura de los productos que adquieran en los centros ópticos. Por el momento, estará disponible hasta el 31 de diciembre.

La segunda fase del plan, presentada este lunes, dota con 23 millones de euros más esta estrategia, con la que el Gobierno quiere cubrir una brecha en salud. “Para descubrir el mundo, primero hay que verlo bien”, ha defendido Sánchez, que ha reclamado que “ningún niño o niña de nuestro país tenga que vivir sin ver bien porque no puede permitirse corregir su problema de visión”.

En España, según los datos del Gobierno, más de 700.000 menores sufren pobreza visual. Esto tiene repercusiones en todos los ámbitos. “Se estima que uno de cada tres niños con malos resultados académicos podría tener un problema visual no diagnosticado”, ha ejemplificado Sánchez.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha anunciado este martes una nueva estrategia frente al Estatuto Marco, aprobado la semana pasada en Consejo de Ministros y que inicia ahora su trámite parlamentario. La organización ha planteado un escenario de “conflicto permanente” en los próximos meses, hasta que sus reivindicaciones se incorporen al texto que Sanidad pactó con los sindicatos del ámbito de negociación —donde los sindicatos médicos no están represetados— en diciembre.

El Comité de Huelga —donde están presentes otros sindicatos, como Metges de Catalunya, Amyts, el Sindicato Médico de Euskadi, el Andaluz y O'Mega— había amenazado antes del verano con un paro indefinido en septiembre, tras los semanales que habían sido convocados cada mes desde enero.

Cómo serán esos paros, no obstante, está todavía en el aire y será el Comité, quien “tomará sus decisiones sobre las próximas acciones por unanimidad, para recordar que un Estatuto Marco que afectará directamete al futuro profesional de casi 200.000 facultativos no puede aprobarse sin contar con el respaldo de la profesión médica y de las organizaciones que la representan”, indican la CESM en un comunicado, en el que apelan por la “unidad de acción”.

La Confederación ha avanzado también su intención de abrir una ronda de contactos con todos los partidos políticos con representación parlamentaria dentro de ese “conflicto permanente”, con el objetivo de que no apoyen la tramitación del Estatuto Marco. Pedirán, indica, “que presenten una enmienda a la totalidad que fuerce una devolución del proyecto al Ministerio y una nueva negociación real que tenga en cuenta las reivindicaciones del colectivo médicos”.

Esas reivindicaciones pasan por un ámbito de negociación específico, una jornada ordinaria real de 35 horas, el reconomiento y la compensación del exceso de jornada, una reforma del sistema de guardias y una clasificación profesional “acorde al nivel de formación”. El Estatuto Marco reduce las guardias obligatorias de 24 a 17 horas y la jornada laboral máxima a 45 horas semanales.

Desde el Ministerio de Sanidad llevan meses insistiendo en que esas reivindicaciones corresponden a las comunidades autónomas, quienes tienen las competencias en este área. “Nosotros solo delimitamos el campo y las normas mínimas básicas y hemos puesto la pelota a jugar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales”, señalaba García en una reciente entrevista en elDiario.es.

De hecho, en los últimos meses los sindicatos médicos han ido alcanzando acuerdos con algunas consejerías en este sentido. Por ejemplo, en Andalucía, el Sindicato Médico Andaluz aseguró que el pacto con el Gobierno de Moreno Bonilla “ofrece respuesta a una de las principales demadas de movilización contra el Ministerio: la equiparación de la retribución de las guardias a la hora ordinaria y la revisión del modelo basado en su obligatoriedad”.

Ya entonces desde la organización andaluza consideraron que sería “difícilmente compatible” promover una huelga indefinida en Andalucía, pese al “conflicto abierto” con el Ministerio. De ahí esa llamada a la “unidad de acción” como “clave” por parte de CESM.

La CESM apunta que, además de con los grupos parlamentarios, buscará presionar en “todos aquellos ámbitos en los que exista capacidad de influencia y de decisión”, desde Europa hasta las comunidades autónomas, a quienes pedirán “pronunciamientos, resoluciones y compromisos jurídicos”. También explorarán la vía judicial para “denunciar aspectos del Estatuto Marco que vulneren la legislación nacional y europea”.

Más Madrid ha arrancado un nuevo curso político apuntando a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a través de una lona desplegada en el distrito de Carabanchel. “Madrid no es un palco VIP”, recoge un cartel de grandes dimensiones que incluye la imagen de la dirigente regional y del inmueble que según su Gobierno la Comunidad de Madrid adquirió para utilizarlo como “oficina”.

Para el principal partido de la oposición, en cambio, se trata de un “aticazo” para uso personal que pasará factura a Ayuso. De hecho, la lona incluye la frase “chao, pescao” junto a la fecha de los próximos comicios autonómicos: el 23 de mayo de 2027. La líder del PP madrileño utilizó esa expresión coloquial el pasado 24 de agosto para rechazar dar más explicaciones sobre el caso: “Está en venta, chao pescao”, respondió ante las preguntas de la prensa.

La colocación del mensaje en la avenida de Nuestra Señora de la Valvanera, 73, ha sido adelantada por las próximas candidatas de Más Madrid a esas elecciones. Rita Maestre, portavoz municipal, se ha preguntado en declaraciones a la prensa desde su sede “para quién se gobierna”: “Hay áticos o palcos VIP para Ayuso, Almeida y sus amigos y desahucios o una vuelta al cole cada vez más cara para el resto de madrileños”, ha lamentado la concejala.

Maestre ha hilvanado así la campaña con la noticia adelantada por Somos Madrid: el circuito Madring promociona en la web oficial de la Fórmula 1 un piso turístico en el bloque donde una empresa quiere desalojar a una mujer de 82 años enferma de párkinson. Paquita está al corriente de pago, con mensualidades superiores a los 1.000 euros, pero la empresa Tolesanta quiere expulsarla para terminar de instalar alojamientos temporales en todo el edificio.

“Empezamos el curso político con ganas y con energía para demostrar para quién se gobierna en Nadrid. Esta ciudad no es un palco VIP, tiene que ser para quien la vive y quien la trabaja. Una ciudad más barata y más saludable”, ha zanjado la edil.

Para la ministra de Sanidad y candidata autonómica, Mónica García, “el verano ha retratado a Ayuso”. “Este va a ser su último año, marcado por el agotamiento de sus mentiras y el abandono de quienes la protegían (su partido o sus terminales mediáticas). El aticazo es el escándalo más obsceno en tres décadas de escándalos del PP madrileño. Nunca habían actuada con tanta obscenidad y con un agravante: la hemos pillado in fraganti. Es un ecándalo económico, político y moral. 6,3 millones de euros para financiar el tren de vida de Ayuso, con versiones que cambiaban cada 20 minutos”.

“Seguimos sin conocer el expediente concreto. Tampoco sabemos por qué se recurrió a una inmobiliaria especializada en viviendas de lujo, justo enfrente de la vivienda de la madre de Ayuso. Si no sabía nada ¿qué hacía visitándolo? ¿Por qué se compró como supuesta oficina un inmueble residencial?”, se pregunta García. Y añade: “Es un escándalo moral porque, mientras Ayuso va de lujo en lujo y de ático en ático, miles de madrileños no pueden acceder un alquiler por sus políticas. Jóvenes que no pueden crear proyectos de vida o deben hacer malabares para llegar a fin de mes en la región más cara de España”.

El Estatuto Marco continúa su travesía, pese a las adversidades. El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el texto que Sanidad pactó con los sindicatos del ámbito —UGT, CCOO, CSIF y Satse— en diciembre y que ha provocado un conflicto entre el Ministerio que dirige Mónica García y las organizaciones sindicales médicas, que han amenazado con una huelga indefinida este mes de septiembre.

La advertencia de los sindicatos del ramo llegó en junio. Tras meses de paros semanales, y en un clima de máxima tensión, el Comité de Huelga avanzó que habría una huelga indefinida en septiembre si no se cumplían sus demandas, ante el “nulo avance en el conflicto” y el “empeño de Sanidad de seguir adelante con la tramitación del texto”.

Tras la aprobación del Estatuto Médico en esta segunda vuelta en Consejo de Ministros, desde el Comité de Huelga han lamentado la “cerrazón” del Ministerio. “Resulta incomprensible que, después de un conflicto de esta magnitud, Sanidad haya dejado transcurrir el verano sin realizar un verdadero intento de acercamiento y pretenda ahora continuar la reforma prácticamente desde el mismo punto”, han indicado en un comunicado.

La ministra, que llegó a acusar a los sindicatos médicos de deslealtad en la negociación, ha defendido en todo momento la tramitación del texto. Con su aprobación este martes en Consejo de Ministros, el siguiente paso es el salto al Congreso, donde “los partidos políticos tendrán oportunidad de posicionarse”, ha expresado la Ministra portavoz, Elma Saiz, sobre un texto que “supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales”.

Los sindicatos médicos, que pidieron la dimisión de García y reclamaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que interviniese para desbloquear el conflicto, exigen a Sanidad un Estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional diferenciada y una jornada laboral “justa”, que incluya la implantación de las 35 horas semanales.

Pese al conflicto abierto, en los últimos dos meses no se ha producido ningún acercamiento entre el Ministerio y los sindicatos médicos. “Ningún contacto”, confirman fuentes sindicales. Mientras, desde el departamento que dirige García insisten en señalar a las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en este ámbito.

“Nosotros solo delimitamos el campo y las normas mínimas básicas y hemos puesto la pelota a jugar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales”, señalaba García este fin de semana en una entrevista en elDiario.es. Entre las nuevas reglas de juego que marca el Estatuto Marco están el fin de las guardias obligatorias de 24 horas —que pasarán a ser de 17—, la convocatoria de oposiciones cada dos años y la reducción de la jornada laboral máxima a 45 horas semanales.

“En los últimos meses, los sindicatos médicos han estado negociando con las comunidades, porque se han dado cuenta de que el Estatuto Marco tiene los límites legales y competenciales que tiene. La solución a sus condiciones laborales está en el tejado de las comunidades autónomas, la mayoría del Partido Popular”, afirmaba García.

Acuerdos con las comunidades

En los últimos meses, los sindicatos médicos han ido arrancando acuerdos en diferentes comunidades autónomas, como Euskadi, Valencia, Galicia y Asturias. En Andalucía, la más reciente en avenirse a un pacto, se ha acordado la creación de mesas de trabajo, que se reunirán con carácter previo a la mesa sectorial y mejoras en materia de conciliación, entre otras.

No solo eso. Según el Sindicato Médico Andaluz (SMA), este acuerdo con la Junta de Andalucía, “ofrece respuesta a una de las principales demandas de la movilización contra el Ministerio: la equiparación de la retribución de las guardias a la hora ordinaria y la revisión del modelo basado en su obligatoriedad”.

“Cuando existe voluntad política para negociar con los médicos, hay acuerdo. Donde no la ha habido ha sido en el Ministerio de Sanidad, que, conviene recordar, establece el marco regulatorio que es el permite una jornada discriminatoria sólo para médicos y facultativos”, consieran desde el Comité de Huelga.

Pero este argumento refuerza a Sanidad, que lleva meses insistiendo en que la pelota está en el tejado de los gobiernos autonómicos. “Lo que pedían era de las comunidades y el ejemplo cunde”, trasladan fuentes de Sanidad, que confían en que estos pactos rebajen la tensión en este inicio de curso.

Según indicaba a finales de julio el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, este acuerdo con la Junta, que abre un “espacio de diálogo”, hace “difícilmente compatible” promover una huelga indefinida en Andalucía, pese al “conflicto abierto” con el Ministerio.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) evaluará la propuesta de huelga en la Ejecutiva prevista para el próximo viernes. “Espero que se pueda adoptar alguna medida”, señalan fuentes consultadas, que circunscriben los acuerdos con las comunidades a “cuestiones propias”, al margen de las reivindicaciones a Sanidad.

El siguiente paso del Estatuto Marco será su trámite parlamentario, donde la aritmética hace al Ejecutivo negociar cada ley. Y esta, concretamente, no ha estado exenta de polémica, con un frente único de todas las comunidades autónomas —también las del PSOE— pidiéndole a la ministra que tire abajo el acuerdo con los sindicatos del ámbito y “reinicie la negociación”.

“Los partidos de la oposición han manifestado su rechazo a la reforma y existen también posiciones críticas entre formaciones cuyos votos son relevantes para las iniciativas legislativas del Gobierno”, calibran los sindicatos.

“Las comunidades están en contra del Estatuto Marco, por lo contrario, que los sindicatos”, acusaba el sábado García, que defendía la marcha de la norma: “Si hubiera pasado por el Ministerio sin intentar cambiar el marco normativo que regula las condiciones laborales de mis compañeros y las mías propias, sería un fracaso y una traición. Otra cosa es lo que haya intentado vender la derecha, pero es indudable que es la primera vez que un gobierno de España se pone a trabajar en mejorar las condiciones laborales de los profesionales, sabiendo que las competencias no son nuestras”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en las últimas semanas en que la situación en Ceuta tras la entrada, hace un mes, de miles de migrantes es una “crisis humanitaria”. A esas personas, que llevan semanas durmiendo a la intemperie, dice, “no hay que confinarlas, sino asegurarles un espacio seguro donde se puedan empezar a hacer los expedientes de asilo, de devolución o epidemiológicos que sean pertinentes”.

Esos espacios son los que han comenzado a habilitarse en los últimos días. García cifra en unos 3.800 los migrantes alojados ya en estos recursos, espera que se pueda dar alojamiento en las siguientes jornadas a otras mil personas y que “en dos o tres semanas” todos los migrantes estén bajo techo y “en condiciones dignas”.

¿Cómo valora las situaciones de violencia que se han vivido en las últimas horas en Ceuta, con los intentos de impedir el reparto de ayuda humanitaria y el asalto a los campamentos donde están las personas migrantes?

Lo primero es la condena rotunda a esa violencia racista, que tiene un guion orquestado por la derecha y la ultraderecha de este país. Estaba claro que después de discursos racistas, segregatorios y de bulos sanitarios, como el del señor Feijóo, y de una semántica de confinamiento, invasión y enfermedades se iba a utilizar ese marco para generar violencia. El PP está alterando la convivencia para intentar desestabilizar al Gobierno y no se dan cuenta de que están impidiendo una solución para normalizar la vida de los ceutíes.

¿Cómo se puede contrarrestar ese guion y esos discursos xenófobos que menciona?

Hay una espiral macabra en la que, cada vez que intentamos denunciar esos discursos, se nos acusa de violentar o de decir que están en boca de quien no están. Los discursos xenófobos y racistas han estado y siguen estando en boca de la ultraderecha, seguida de un PP que se ha subido a ese carro. Los migrantes no traen enfermedades, las tienen por las condiciones de hacinamiento. No hay que confinarlas, hay que ayudarlas, cuidarlas y asegurarles un espacio donde se puedan empezar a hacer los expedientes de asilo, de devolución o los epidemiológicos que sean pertinentes.

¿Qué ha hecho el Gobierno en este mes para paliar esas condiciones de hacinamiento?

Hemos demandado, desde el primer momento, que esa gente sea realojada. Durante las dos primeras semanas ha habido una actitud, digamos, de desidia por parte de la ciudad de Ceuta, porque jugaban la carta de la expulsión. Esa expulsión, si la hay, no puede estar por encima de los derechos humanos ni de la legislación nacional e internacional, que es lo que nos pide el PP. Nos acusan de llegar tarde, pero nunca vamos a hacer expulsiones ilegales ni contra los derechos humanos. Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo, no podremos garantizar los procedimientos sanitarios ni de extranjería para recuperar la normalidad de la población.

¿El Gobierno central no tiene capacidad para alojar de forma rápida a estas personas?

No, sin el consentimiento y la cesión de lugares de la ciudad de Ceuta. En 2021, cuando se realojaron temporalmente a unas 8.000 personas, la ciudad cedió una serie de espacios que ahora niega, como pueden ser los polideportivos. Entonces hubo una agilidad para sacar a la gente de la situación de calle que no hemos visto ahora. Es cierto que ha habido un cambio de actitud y gracias a las demandas de los diferentes ministerios, se han avenido a que haya emplazamientos seguros donde llevar a cabo todas estas labores. Es imposible filiar a la gente, hacer reagrupación familiar o un estudio epidemiológico en una playa.

¿Qué expectativas tiene para las para los próximos días? ¿Cuándo se podrá realojar a todo el mundo?

Ya están alojadas en torno a 3.800 personas y en la próxima semana se habilitarán otros mil espacios más. Para eso necesitamos esa colaboración, que ahora sí estamos teniendo, de la ciudad de Ceuta. Sin realojos, no hay nada de lo demás. No nos pueden acusar de llegar tarde a espacios que no están cedidos o a cosas que no podemos hacer en la playa.

¿Entiende que exista la sensación de que el Gobierno llega tarde cuando se crea un mando único un mes después del inicio de la crisis? ¿Qué aporta ese mando único esta semana, que no hiciera falta hace dos o tres semanas?

Que no hubiera un mando único no significa que todas las instituciones no hayamos estado trabajando de manera colaborativa. Todos los departamentos ministeriales nos hemos reunido personalmente con la ciudad de Ceuta para trasladar nuestras demandas que, vuelvo a insistir, pasaban porque nos cedieran espacios. Este mando único nos permite pasar a la siguiente fase y agilizar la disposición y la coordinación de esos espacios y el seguimiento de los diferentes expedientes.

Espero que, en las próximas dos o tres semanas, podamos tener resuelto el tema de la gente con techo, agua, condiciones dignas y protección de los derechos básicos

¿Tiene el Gobierno un calendario para dar por resuelta esta crisis?

Primero tiene que haber un calendario de realojos. Espero que, en las próximas dos o tres semanas, podamos tener resuelto el tema de la gente con techo, agua, condiciones dignas y protección de los derechos básicos. A partir de ahí, hay determinados procedimientos que durarán más o menos. Para eso hemos aumentado los recursos en funcionarios, turnos de oficio, los sanitarios y hemos dotado a Ceuta de 25 millones de euros a través de la Conferencia sectorial de infancia. ¿Qué respuesta tiene el PP para que tres de sus comunidades no fueran a esa Conferencia para ayudar a Ceuta? Con una mano están utilizando el sufrimiento legítimo de la población ceutí y con la otra, les niegan la solución.

¿Qué evidencia científica hay en torno a una medida como la de confinar a las personas migrantes, como propuso Feijóo?

El señor Feijóo no es epidemiólogo porque no quiere y porque está dotado de una profunda ignorancia y mala fe. Confunde términos como confinar y aislar —para lo que existen unos protocolos concretos, en Ceuta y en cualquier territorio de España—, pero no es inocente en absoluto. Nos lleva a esa nube semántica de marginar, expulsar, invadir… que justifica una respuesta bélica y violenta. Identificar migración con enfermedades, con delincuencia y con inseguridad es el ABC de la internacional ultraderechista para deshumanizar a estas personas.

¿En este momento, cuál es el riesgo sanitario para la población ceutí?

Según la evaluación de riesgos que hemos hecho desde el primer momento, es bajo. Hemos separado muy bien los circuitos en los que hemos atendido la emergencia humanitaria de la vida cotidiana. No se ha suspendido ni una cirugía, ni una consulta, ni ha habido una disminución del acceso a las urgencias o los centros de salud. Hemos aumentado los recursos y hay una serie de puntos de asistencia fuera del sistema sanitario, en los que colaboran Médicos del Mundo y Cruz Roja de manera absolutamente ejemplar y que ahora están siendo atacados, algo que ya hemos visto en otras partes del mundo.

Es compatible la sensación de sobreesfuerzo de los profesionales con decir que no es verdad que haya un colapso sanitario

Ha evitado hablar de “colapso” del sistema sanitario en Ceuta. Su diagnóstico no coincide con la descripción que hacen algunos profesionales. ¿A qué se deben estas discrepancias?

Has usado la palabra perfecta: diagnóstico. No se puede diagnosticar, bajo ningún parámetro, un colapso sanitario. No es que haya evitado la palabra, es que la niego. Tenemos un hospital al 50% de sus capacidades donde, a día de hoy, hay 13 migrantes ingresados. Por supuesto que ha habido un sobreesfuerzo, pero la palabra colapso no es real, es un bulo. Parte del alarmismo que quieren imponer determinados sectores que anhelan ese colapso.

Eso no quiere decir que no haya habido un sobreesfuerzo por parte de los profesionales, que han impedido ese colapso. Cuando dicen que están cansados y agobiados, es así, y ese esfuerzo y esa saturación personal, vivida de manera subjetiva, es la que ha impedido el colapso, porque desde el minuto uno se empezaron a reorganizar los servicios y las urgencias. Es compatible la sensación de sobreesfuerzo y de una situación extraordinaria con decir que no es verdad que haya un colapso sanitario.

¿Comparte el análisis de que Marruecos es un socio fiable? ¿Qué papel ha jugado en esta crisis?

Es evidente que ha habido un ataque a la soberanía de nuestro país, que está relacionado con un intento de desestabilización que, si abrimos el foco, va más allá de nuestra propia frontera y en el que, es evidente, Marruecos tiene una responsabilidad. Es evidente también que ese intento de desestabilizar al Gobierno y al país tiene anclajes con la ultraderechización internacional, con Trump y Netanyahu.

¿Cree que es un ataque de Trump y Netanyahu a través de Marruecos?

Ha habido un ataque a la soberanía nacional con una crisis migratoria, lo cual es perfectamente compatible con un intento de desestabilizar a un gobierno progresista y a nuestro país. Nadie puede poner en duda que parte de este conflicto tiene un plano internacional y geopolítico. Es absolutamente indudable, como lo es el papel de la derecha en nuestro país. El jueves, el señor Aznar decía que ha habido un ataque a la soberanía de nuestro país. ¿Y de qué lado se han puesto? De Trump, de Netanyahu… siempre del lado de quien quiere desestabilizar al país a través del Gobierno. Es bastante antipatriota que estén en ese juego.

La situación de Ayuso es insostenible. Ha ido saltando de ático en ático, pretendiendo que fuéramos los madrileños quienes pagáramos la vida de lujo que considera que merece

Al margen de la crisis de Ceuta, en el plano autonómico, la gran polémica ha sido la compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático de 6,3 millones que se iba a destinar a “reuniones” oficiales. ¿Cree que faltan explicaciones?

Faltan todas y no falta ninguna. Han dado todas las explicaciones, incluso explicaciones absolutamente contradictorias, que vienen a explicar que la situación de Ayuso es insostenible. Se ha regido por un velo de impunidad durante todos los años que ha estado gobernando y que han sido una estafa de primer orden a los madrileños y las madrileñas. Ha ido saltando de ático en ático sin pisar el suelo, pretendiendo que fuéramos los demás quienes pagáramos la vida de lujo que considera que merece.

Uno de los argumentos para no presentar el expediente de la compra es que afectaba a terceras personas, en este caso a la vendedora, que ya ha dado permiso para hacerlo público. ¿Qué esperan encontrar en ese documento?

La obscenidad. El expediente nos puede decir cuál es la letra pequeña, pero la señora Ayuso ha estado jugando al monopoly con el dinero de los madrileños y está en una situación absolutamente insostenible. Tiene muy difícil explicar por qué ha puesto a la Comunidad de Madrid a defender sus intereses y su vida de lujo.

Feijóo ha dicho que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que dar explicaciones sobre el ático, ¿cree que la presidenta sale debilitada dentro del PP?

El Partido Popular también está cansado de la señora Ayuso. Ha hecho ‘clic’ y es insostenible, pero es la gota que colma el vaso. Era indefendible durante la pandemia, el contrato de su hermano, el ático en el que vivía, la comisión que se llevó su pareja y los dos millones defraudados a Hacienda, el flujo de dinero a Quirón desde que gobierna… Es absolutamente insostenible todo, pero, como con todas las personas que tienen idilios sátrapas, hay una gota que colma el vaso.

La presidenta ha dedicado las últimas semanas a recorrer los pueblos afectados por los incendios. A usted no se la ha visto tan presente en ese día a día madrileño. ¿Cree que le puede perjudicar en el próximo ciclo electoral en el que le disputará la Comunidad?

La señora Ayuso va a hacerse fotos mientras no soluciona problemas. Donde tiene que hacerse una foto es con los bomberos que le reclaman recursos, buenos salarios y buenas condiciones de trabajo. Con esos nos hemos reunido nosotros y con quienes demandan desde hace tiempo que no se quiebren ni se vulneren los servicios públicos de nuestra región, pasando por la sanidad, la educación, la contención de los incendios, nuestros servidores públicos… No hay una sola área de servicio público en nuestra comunidad que no haya sido mermada, atacada o recortada por la señora Ayuso. Los incendios son una buena prueba de su mala gestión. Nosotros primero gestionamos y luego ya veremos si procede o no hacerse la foto.

¿Sigue teniendo la intención de continuar en el Ministerio hasta la convocatoria de elecciones?

Sigo teniendo la intención de terminar mi trabajo en el Ministerio. Nos quedan varias cosas muy importantes por hacer. Obviamente, contamos con la dificultad añadida de unas comunidades, que son las verdaderas gestoras de la sanidad pública, que obstaculizan las transformaciones que necesita nuestro Sistema Nacional de Salud, pero seguimos en el empeño. Necesitamos que las listas de espera sean transparentes y trazables, reorganizar el itinerario formativo de los profesionales, tenemos que dar un empujón a esas leyes que ya están en el Congreso, la de medicamentos, la del tabaco, etc.

Quedan apenas unos meses para que termine la legislatura y la aritmética parlamentaria no es todo lo fácil que le gustaría al Gobierno. ¿Es optimista respecto a ese trabajo que les queda?

La aritmética del Congreso se alinea cuando hablamos de problemas y se aglutina en torno a la defensa de la salud, que va más allá de los intereses partidistas. Es cierto que, en ese camino, a veces se cruza el interés del PP por boicotear las mejoras y transformaciones de nuestro sistema sanitario para su propio interés, pero tenemos estos próximos meses para dar el todo por el todo.

Los sindicatos médicos dijeron en junio que, si no se atendían sus demandas, irían a una huelga indefinida en septiembre. ¿Ha habido avances este verano para resolver el conflicto sobre el Estatuto Marco?

En los últimos meses, los sindicatos médicos han estado negociando con las comunidades, porque se han dado cuenta de que el Estatuto Marco tiene los límites legales y competenciales que tiene. La solución a sus condiciones laborales está en el tejado de las comunidades autónomas, la mayoría del Partido Popular, que son las que se niegan a reducir las guardias de 24 horas. Y son las comunidades autónomas con las que muchos sindicatos han negociado mejoras avaladas o inspiradas en el Estatuto Marco. Nosotros solo delimitamos el campo y las normas mínimas básicas y hemos puesto la pelota a jugar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales.

Las comunidades también le han pedido que retire ese texto. ¿Se lo ha planteado en algún momento?

Las comunidades están en contra del Estatuto Marco por lo contrario que los sindicatos. Los profesionales reclaman el fin de las guardias de 24 horas y yo soy la primera persona en una institución que habla del fin de las guardias de 24 horas, mientras las comunidades han pedido por escrito en sus informes quitar los artículos que se refieren a la mejora de las condiciones. Por ejemplo, Madrid y Baleares nos han dicho que es imposible quitar las guardias de 24 horas.

Usted es médica y fue una de las caras visibles de la Marea Blanca. Si tuviera que volver mañana al hospital, ¿la Mónica García de 2012 estaría contenta de hacerlo bajo las condiciones del nuevo Estatuto Marco?

Espero volver al hospital en algún momento, porque me encanta mi trabajo, y espero no tener las mismas condiciones que cuando me fui. Tardé 10 años en tener una plaza fija y espero que, cuando vuelva, mis compañeros tengan oposiciones cada dos años. Entraba a las guardias a las 8 de la mañana y, cuando vuelva, espero entrar a las tres de la tarde y, en lugar de hacer 24 horas, poder hacer 17 o que mi jefe de servicio pueda organizarlas en torno a 12 horas.

Si hubiera pasado por el Ministerio sin intentar cambiar el marco normativo que regula las condiciones laborales de mis compañeros y las mías propias, sería un fracaso y una traición. Otra cosa es lo que haya intentado vender la derecha, pero es indudable que es la primera vez que un gobierno de España se pone a trabajar en mejorar las condiciones laborales de los profesionales, sabiendo que las competencias no son nuestras.

Esta semana hemos adelantado en elDiario.es que la Agencia Española de Nutrición publicó un informe con recomendaciones a mujeres con menopausia con datos obtenidos en hombres. ¿Cómo se puede paliar esa brecha en la investigación y la atención médica a las mujeres?

Ese informe pertenece a una cartera que no es la nuestra. Desde el Ministerio hemos puesto mucho énfasis en los sesgos de género en sanidad y medicina y no se puede extrapolar ese informe a la práctica clínica real. Los sesgos han existido siempre y hay un trabajo de fondo que los tiene muy identificados e intenta revertirlos, tanto en las investigaciones como en las sociedades científicas y, por supuesto, en las consultas. Lo que es bastante increíble es que se sigan manteniendo en algunos lugares. No solo como ministra, sino antes, he asistido a bastantes fotos que hablan de este tema y hemos puesto de relieve que estos sesgos no afectan solo a las mujeres con menopausia —una de las entidades biológicas menos estudiadas y atendidas—, sino también al infradiagnóstico de enfermedades cardiovasculares o el sobrediagnóstico de la enfermedad mental. Eso está ahí y ha sido estructural, pero creo que se está trabajando desde muchos lugares para que ese sesgo de género termine.

Entrevista completa:

“Planteo que el Gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública”. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sugirió este fin de semana la aplicación de esta medida excepcional ante el “riesgo sanitario” por “enfermedades infectocontagiosas” en la ciudad de Ceuta, tras la llegada de miles de migrantes que permanecen hacinados en las playas. “No tengo todos los datos”, reconoció, pero, a su juicio, los casos de varicela, tuberculosis y sarna pueden producir “un enorme impacto en la población”.

El Gobierno respondió rápidamente a Feijóo. Lo hizo a través de la ministra de Sanidad, Mónica García, que, ese mismo domingo, recordó que las competencias en materia de salud pública están en manos del Gobierno ceutí —del PP—, explicó los casos sospechosos y el método de transmisión de la tuberculosis, la varicela, la sarna y la gastroenteritis —“presentes en nuestro entorno y cuyos sistemas de vigilancia están siempre activos”— y consideró que la medida estaba “injustificada” y es “contraproducente”.

La petición de Feijóo, que enumeró “enfermedades infectocontagiosas” como la tuberculosis, la sarna, la gastroenteritis y la varicela, no está justificada en este contexto, sostienen los expertos. “El confinamiento se decretó durante la pandemia de covid-19 porque era una enfermedad nueva, que estaba causando muchísima mortalidad, contra la que no había tratamiento y que tenía una tasa de propagación muy alta”, explica la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), María João Forjaz.

No es el caso en Ceuta. Las enfermedades detectadas en Ceuta son “conocidas, comunes en España y para las que tenemos tratamiento”, apunta la epidemióloga. “Tampoco hay tantos casos que justifiquen medidas extremas”, añade.

Según los datos de Sanidad, desde la entrada masiva de miles de migrantes a Ceuta el pasado 31 de julio, se han detectado tres casos confirmados de tuberculosis. “Uno venía con tratamiento, no siendo contagioso; otro se trataba de una tuberculosis cerebral, que no es contagiosa; y el tercero era una persona presente en Ceuta desde antes, que estaba sometida a un proceso diagnóstico desde hace tiempo y que ha iniciado tratamiento”, señalaba García.

En el caso de la varicela, se han detectado tres casos sospechosos, sin relación con la población migrante que malvive a la intemperie en Ceuta tras entrar a finales de julio. “No está erradicada en nuestro país”, recuerda Sanidad, como tampoco la sarna, “mucho más frecuente de lo pensado”. En cuanto a la gastroenteritis, desde el Ministerio reducen el brote estudiado por parte del servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Ceuta, “ya controlado y sin desarrollo posterior”, a 55 casos.

Todas ellas, apunta el jefe de servicio de infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), José Miguel Contreras, son “comunes y tienen unos mecanismos de transmisión bien conocidos”. Tuberculosis pulmonar y varicela, por vía respiratoria; la gastroenteritis, por el consumo de agua o alimentos en mal estado; y la sarna, por contacto cutáneo estrecho.

Esto limita el riesgo de transmisión. “Es real entre los propios migrantes, porque comparten una situación de hacinamiento y condiciones insalubres, y entre las personas que vayan a atenderles por razones sanitarias, de seguridad o limpieza, que tienen medidas de prevención muy eficaces —mascarillas y guantes—, pero la población general que no tiene contacto con estas personas no tiene más riesgo que el normal”, apunta Contreras.

Ese riesgo “normal” está bien definido y, en muchos casos, se vincula con situaciones de pobreza. “En la ciudad de Sevilla, la incidencia de tuberculosis en los barrios pobres es de 17 casos por cada 100.000 habitantes, mientras en el resto es de siete casos”, ejemplifica el experto. Según los datos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), la tasa nacional es de 8,8 casos por cada 100.000 habitantes, aunque se trata de una patología infradiagnosticada.

En los casos detectados de tuberculosis, los protocolos médicos si mandatan el aislamiento de la persona enferma, pero en ningún caso un confinamiento general.

Con la información epidemiológica disponible, no existen razones de salud pública que justifiquen establecer un confinamiento preventivo de las personas migrantes por el mero hecho de pertenecer a este colectivo

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) también se ha mostrado en contra de la confinación de la población migrante. En un comunicado difundido este lunes, consideran necesario “trasladar un mensaje de serenidad, rigor científico y confianza en las autoridades y profesionales responsables de la vigilancia y protección de la salud pública”.

“Con la información epidemiológica disponible, no existen razones de salud pública que justifiquen establecer un confinamiento preventivo de las personas migrantes por el mero hecho de pertenecer a este colectivo. La detección de casos de tuberculosis, varicela o infecciones gastrointestinales exige una respuesta sanitaria adecuada, pero no constituye, por sí sola, evidencia de una transmisión comunitaria generalizada ni permite atribuir a un conjunto de personas una situación de riesgo que debe ser valorada epidemiológicamente de manera específica”, defienden.

Desde Sespas apuntan a una medida “prioritaria”, en la que coinciden todas las fuentes consultadas: “Garantizar alojamientos suficientes y adecuados, reducir las situaciones de hacinamiento y asegurar el acceso continuado a agua potable, duchas, aseos, saneamiento, limpieza, gestión de residuos, alimentación segura y atención sanitaria”. Una petición que choca con la imagen de miles de personas pernoctando en malas condiciones de las playas ceutíes y la tardanza del Ejecutivo en habilitar plazas de acogida, que varios ministros han achacado a la negativa de Ceuta de facilitar espacios para ello.

“Las medidas para resolver esta crisis humanitaria y lo que puede generar de enfermedades transmisibles pasan, en primer lugar, por resolver el principal problema que las ocasiona: las condiciones de insalubridad”, apunta Contreras. Al mismo tiempo, “diagnosticar a las personas que pudieran estar enfermas” y “administrar vacunas”.

Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este lunes activar el mecanismo de solidaridad para enviar a Ceuta 15.000 dosis de triple vírica y 10.000 contra la difteria, 10.000 contra la varicela y 10.000 de polio. Irán destinadas a los migrantes que entraron a la ciudad hace 25 días, pero también a la población autóctona no inmunizada, como herramienta de prevención “ante la situación en la ciudad autónoma”.

“Causa alarma social y promueve la xenofobia”

Llamadas al confinamiento, como la de Feijóo, tienen para la población un “gran impacto”, considera la presidenta de la SEE, porque “causa alarma social y promueve la xenofobia”. “Es una gran barrera para que las personas que tengan síntomas acudan a los servicios sanitarios, retrasa el diagnóstico y entorpece el seguimiento y tratamiento”, explica Forjaz sobre este tipo de mensajes, “muy dañinos”.

Por el contrario, esta experta reclama “invertir en el cuidado y la asistencia humanitaria, en condiciones de saneamiento, higiene, alimentación y no hacinamiento y facilitar el acceso a los servicios sanitarios, al diagnóstico, tratamiento y seguimiento”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha salido al paso de las palabras del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien en una entrevista pedía decretar el confinamiento de los migrantes llegados a Ceuta de forma irregular a finales de julio por un supuesto “riesgo sanitario” por sarna y tuberculosis, negando la existencia de este “riesgo” y apuntando a la necesidad de alojar a los migrantes en condiciones de higiene y salubridad para evitar brotes de enfermedades.

García ha respondido a Feijóo en un extenso mensaje en sus redes sociales en el que, tras recordar que las competencias en materia de salud pública corresponden al Gobierno de la ciudad autónoma, ha repasado la situación en la ciudad de las cuatro enfermedades a las que el popular hacía referencia: tuberculosis, varicela, sarna y gastroenteritis.

En el caso de las dos primeras dolencias, la tuberculosis y la varicela, la ministra de Sanidad ha destacado que han sido detectados tres casos de cada una. De la primera, dos de ellos en migrantes, ninguno de ellos contagioso: uno por encontrarse bajo tratamiento previo y otro por tratarse de una tuberculosis cerebral, que no es contagiosa. De varicela existen tres casos sospechosos, aunque ninguno de ellos relacionado con la llegada irregular de migrantes de finales de julio: uno fue detectado en la operación Paso del Estrecho, y que fue descartado, y otros dos ingresados pendientes de confirmación diagnóstica, pero sin relación con la población migrante.

Sobre los casos de sarna, de los que la ministra ha asegurado que el Gobierno de la ciudad de Ceuta se está encargando, no ha ofrecido datos concretos, aunque sí ha apuntado que no precisan de ingreso hospitalario ni confinamiento, y ha instado a Feijóo a que ayude “a los equipos de salud pública de la ciudad a reforzarse y así facilitar su trabajo en el ejercicio de sus competencias”.

En cuanto a la gastroenteritis, Mónica García ha recordado que, pese a que Feijóo ha descrito la existencia de 450 hipotéticos casos, los estudiados por el servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Ceuta son un total de 55 casos de probable E. coli enteroinvaisva. Además ha detallado que se trata de un brote ya controlado y sin desarrollo posterior de más casos y que estaría ligado al consumo de aguas no aptas para el consumo humano en territorio ceutí.

La ministra recuerda que se trata en todos los casos de enfermedades “presentes en nuestro entorno” y cuyos sistemas de vigilancia están “siempre activos” aunque “más en una situación como esta”. Además, ha apuntado que “cuando se llega a ciertos diagnósticos ya se aísla a esas personas y se hace el estudio de contactos”, de acuerdo con los protocolos sanitarios existentes, comunes a todas las comunidades autónomas.

Este domingo el líder del PP, Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estudie decretar el confinamiento en Ceuta por “riesgo sanitario” ante las enfermedades infectocontagiosas como la sarna o la tuberculosis que se han detectado tras la entrada de más de 70.000 personas migrantes a finales de julio. En un tuit posterior a la publicación de esta entrevista concedida a Europa Press, ha matizado sus palabras explicando que se refiere a “portadores de enfermedades infectocontagiosas por razones de salud pública”.

Feijóo ha destacado además que se han detectado casos de sarna entre militares españoles desplegados en Ceuta y los ha vinculado con la presencia de inmigrantes en la ciudad. “Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles, entre las playas, las colinas y los barrancos de Ceuta, sin cobijo, sin atención y en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedades infectocontagiosas está ahí y que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública”, ha abundado.

Cabe recordar que los militares españoles desplazados a la ciudad han denunciado casos de sarna, pero ellos mismos han señalado que se debe a “deficiencias graves” en la higienización de las bases donde han sido alojados. Desde el propio Ministerio de Defensa han desvinculado los contagios del contacto con personas migrantes porque ya había casos anteriores al 30 de julio.

La ministra recomienda “condiciones de higiene” para los migrantes

Mónica García ha insistido en que la necesidad más fundamental y “lo más urgente” es albergar a las personas migrantes en un alojamiento y ofrecerles “condiciones de higiene y saneamiento básicas” que les aseguren el acceso a agua potable y a medidas de higiene y comida en condiciones. Además, asegura que con estas medidas “la grandísima mayoría de los elementos de riesgo de desarrollo de brotes serían controlados”.

La líder de Más Madrid afirma en su mensaje en redes que la población migrante llegada a finales de julio y la población ceutí “no conviven en los mismos espacios” y que “las interacciones breves que puedan existir en vía pública no son susceptibles de constituir un riesgo de salud pública”. En el caso de los profesionales médicos, la ministra se ciñe a los protocolos sanitarios para quienes están en contacto con pacientes con posibles enfermedades infecto-contagiosas y que “ni son nuevos ni son exclusivos de esta crisis”.

García ha señalado también que la evaluación de riesgo elaborada por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la institución de salud pública responsable de este tipo de enfermedades infecto-contagiosas, apunta a un riesgo de transmisión “moderado” entre la población migrante debido a las “condiciones de hacinamiento, situaciones de calle y a las limitaciones en el acceso a medidas higiénicas y dietéticas adecuadas”.

“El riesgo de enfermedades no transmisibles en el momento más cercano a la llegada se considera moderado, fundamentalmente por las necesidades sanitarias derivadas de lesiones sufridas durante el trayecto; posteriormente el riesgo es bajo”, añade esta evaluación de riesgo, que en cualquier caso sitúa el riesgo de incremento de enfermedades transmisibles y no transmisibles para la población residente en Ceuta en un nivel “bajo”, como ya había destacado la ministra durante su visita a Ceuta el pasado domingo, cuando negó el “colapso sanitario” que alegaba el Partido Popular aquella semana.

“Se está trabajando cercanamente con la gente de salud pública de la Ciudad de Ceuta tanto en materia de vigilancia como en materia de despliegue de los programas de vacunación, en consonancia con el protocolo de vacunación de población migrante y refugiada aprobado en junio de 2026 por parte de la Comisión de Salud Pública”, ha expuesto la responsable del Ministerio de Sanidad, quien acto seguido ha emplazado a la reunión de esta comisión el lunes para facilitar la donación de vacunas a la Ciudad de Ceuta por parte de las comunidades autónomas al tiempo que el gobierno ceutí adquiere más dosis.

“Con estos datos, declarar el confinamiento de un grupo concreto de población como es toda la llegada entre los días 30 y 31 a Ceuta parece injustificado y totalmente desmesurado, si la justificación esgrimida son motivos de salud pública”, afirma tajantemente la ministra. Mónica García recuerda que el concepto del confinamiento tiene “implicaciones jurídicas importantes” diferenciadas del aislamiento sanitario derivado de un diagnóstico médico.

Además, cuestiona que existan “indicios racionales” para aplicar estas medidas excepcionales de Salud Pública: “No parece que con lo que tenemos a día de hoy esto suceda”. Y va más allá, rechaza no solo que no estén justificadas las medidas que pide Feijóo, sino que además apunta a que podrían ser “contraproducentes”.

“Los confinamientos como medida de salud pública tienen que guardar relación con el mecanismo de transmisión de las enfermedades que pretende controlar”, dice García, quien considera que, en este caso, podría resultar “mucho más dañino que beneficioso” en términos de salud pública.

“Si el señor Feijóo quiere ayudar, que le pida al Gobierno de la Ciudad de Ceuta la cesión inmediata de todos los espacios disponibles para poder alojar de manera salubre a estas personas mientras se desarrolla el proceso por parte de los ministerios competentes y que deje de azuzar con miedos y medidas que no sacaría a la luz si la población no fuera migrante procedente de África”, concluía la ministra, apuntando a un posible motivo xenófobo detrás de las medidas propuestas por el líder del PP.

El Ministerio de Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas a una reunión telemática de urgencia para el próximo lunes día 24 de agosto de la Comisión de Salud Pública para abordar el suministro de vacunas a Ceuta en el marco de la crisis migratoria en la que entraron 70.000 personas a finales de julio. El encuentro ha sido convocado por el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, y reunirá a los directores generales de Salud Pública de las 17 comunidades autónomas del Estado y representantes del Ministerio.

La reunión, adelantada este sábado por El Mundo y confirmada por el Ministerio de Sanidad, se celebrará vía telemática y permitirá activar el mecanismo de solidaridad en el envío de vacunas. Entre las más solicitadas están la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tétanos y la difteria.

Además, una delegación del Ministerio de Sanidad, encabezada por el secretario de Estado de Sanidad y presidente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Javier Padilla, visitará la próxima semana Ceuta para evaluar el impacto de la crisis migratoria sobre el Hospital Universitario y los servicios de Atención Primaria de la ciudad autónoma. Por el momento no se han concretado las fechas de la visita ni el calendario de reuniones que mantendrá la delegación, que estará integrada además por técnicos y algunos cargos políticos del Ministerio, que tiene la competencia sanitaria de la ciudad autónoma.

La reunión y la visita de Padilla se producen solo una semana después del viaje a Ceuta de la propia ministra de Sanidad, Mónica García, que insistió que “no hay un colapso sanitario” en la ciudad. El regreso del secretario de Estado de Sanidad se producirá en medio de una discrepancia abierta entre la versión oficial y la de los trabajadores sanitarios. El Colegio de Médicos, sindicatos y organizaciones profesionales han advertido de que la presión derivada de la llegada masiva de migrantes ha llevado al límite a unas plantillas que ya arrastraban problemas estructurales.

Entre el 31 de julio y el 14 de agosto, Ingesa contabilizó 5.801 asistencias relacionadas con la crisis, a las que se añadieron más de 2.500 atenciones efectuadas por el dispositivo de Cruz Roja en la playa del Trampolín. A estas cifras se suma la aparición de problemas de salud vinculados a las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que permanecen algunos migrantes.

Sanidad informó de 18 menores con Mantoux positivo y dos casos confirmados de tuberculosis, mientras los profesionales han alertado también de un incremento de consultas por gastroenteritis, sarna e impétigo.

Y esta visita también se producirá con la polémica de fondo con el Gobierno local. La ministra, tras volver a Madrid, cuestionó la gestión del Gobierno local, ya que aseguró que no estuvo “lo suficientemente ágil” para habilitar espacios para los inmigrantes que llegaron. Además, calificó como “xenofobia” las alertas sobre el posible sobrecoste o saturación en el sistema público sanitario de la ciudad.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, respondió al día siguiente a la ministra recordando que “nadie puede dar lecciones a Ceuta de solidaridad”. Además, tachó de “absolutamente incorrecto” su comportamiento y le acusó de “tratar de descargar y eludir la responsabilidad echándole la culpa al Gobierno autonómico”.

“No hay un colapso sanitario”. Esta ha sido la frase más repetida por la ministra de Sanidad, Mónica García, durante su comparecencia ante los medios de este domingo durante su visita a Ceuta. En ella, ha cifrado este domingo en 5.800 las personas que han sido atendidas por el sistema sanitario de la ciudad autónoma en los últimos 15 días durante la crisis migratoria en la que entraron 70.000 personas a finales de julio. “Hay una crisis humanitaria, sí. Hay un riesgo para la salud, sí. Pero no hay un colapso sanitario”, ha insistido.

Mónica García ha reconocido que la prioridad ahora mismo del Ministerio de Sanidad es “darle un techo” a las personas migrantes para dar “condiciones de salubridad”. “Asociar inmigración con enfermedad, es injusto y xenófobo. Los migrantes no traen enfermedades, pueden enfermar, pero no traen enfermedades”, ha criticado la titular de Sanidad que ha destacado que la coordinación entre el Gobierno y la ciudad autónoma está siendo total.

Según ha detallado Mónica García, la primera jornada se atendieron a 1.149 personas en el sistema sanitario. Una cifra que “se ha ido reduciendo desde entonces, con una media de 300 diarias”. En total, la ministra ha dicho que 101 personas han estado ingresadas, y que actualmente permanecen en el hospital a día de hoy 28 migrantes.

“Está la mitad del hospital ocupado. No es una situación de colapso”, ha señalado Mónica García que ha añadido que la capacidad ha sido ampliada de 175 a 212, y que se han contratado más de 60 profesionales sanitarios. Además, también ha dejado claro que “ninguna de las operaciones, consultas, asistencias sanitarias se ha suspendido ni esperamos que se suspenda” por lo que “la asistencia sanitaria a la población autóctona, a los ceutíes, no ha bajado”.

“En Ceuta no hay un colapso sanitario, prueba de ello es que no hemos tenido que pedirle a ninguno de los profesionales que vuelva de sus vacaciones ni que ninguno cambiase de área, como sí que pasó durante la pandemia de covid”, ha apuntado aunque ha reconocido que “hay lugares que están especialmente más tensionados que otros como urgencias, medicina interna y algunos lugares de planta quirúrgica”. “La atención primaria ha tenido que hacer un sobreesfuerzo, por ejemplo”, ha detallado García.

“Tenemos capacidad para escenarios de mayor demanda”

Mónica García también ha reconocido el sobreesfuerzo del personal sanitario en una “situación excepcional” en la que los profesionales están dando “lo mejor de sí, el 120%”. “Tenemos capacidad para escenarios de mayor demanda. No hemos tenido que pedir refuerzos al resto de las comunidades, cosa que sí hicimos durante la dana, por ejemplo”, ha destacado Mónica García.

Aunque ha recocido que “no es normal lo que se está viviendo en los hospitales”, ha repetido que “el sistema sanitario de Ceuta no está colapsado” y que “la actuación sanitaria más urgente está fuera del hospital y de los centros de salud: darle un lugar para vivir a los migrantes”, ha destacado. Para la ministra es necesario y primordial que el Gobierno local ceda para poder habilitar espacios salubres y seguros para atender a los migrantes en Ceuta.

Preguntada por los periodistas sobre el número de agresiones sexuales que se han producido supuestamente en la ciudad durante estos últimos 15 días, la ministra ha trasladado que los servicios de asistencia de la ciudad han atendido a cinco víctimas.

Vivas, a Mónica García: “Ceuta está en peligro”

La ministra de Sanidad ha acudido este domingo a Ceuta para conocer de primera mano la evolución de la situación sanitaria tras la crisis migratoria. La titular de Sanidad se ha reunido con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez; con la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Isabel Muñoz; y con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

Según ha informado el Gobierno ceutí en un comunicado, el presidente ha pedido a la ministra que atienda las demandas del colectivo sanitario de la ciudad autónoma, ha subrayado que la región “está en peligro” tras la entrada masiva que ha alterado “radicalmente” su normalidad y ha añadido que la ciudad vive una situación “excepcionalmente crítica” que se debe tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. “Ceuta está en peligro”, ha dicho Vivas a Mónica García, a la que también le ha señalado que la población vive actualmente “sobrecogida, con el alma en vilo”.

Además, Mónica García también ha visitado el Centro de Salud Otero y el Hospital Universitario de Ceuta, donde se ha reunido con la Junta de Personal y con representantes del Colegio de Médicos, para después mantener un encuentro con representantes de organizaciones sociales.

La visita se produce después de que este mismo viernes la Confederación Española de Sindicados Médicos (CESM) exigiese al Ministerio de Sanidad que se implicara de forma “directa, inmediata y sobre el terreno” en la situación sanitaria de Ceuta y considerase insuficiente la respuesta de la ministra a las denuncias de los facultativos.

El presidente del Colegio de Médicos ceutí le envió el 7 de agosto una carta en la que advertía de la “situación excepcional” que ha derivado en una “catástrofe asistencial que exige una respuesta inmediata por parte del Ministerio de Sanidad”, que es el que gestiona las competencias sanitarias en Ceuta y Melilla. A esa misiva respondió la ministra días después con la promesa de que visitaría la ciudad autónoma, al tiempo que garantizó que en Ceuta no hay un “colapso sanitario” por la entrada de miles de personas procedentes de Marruecos el 30 y 31 de julio.

El PP exige la dimisión de Mónica García por el “colapso sanitario” en Ceuta

Desde Tarifa (Cádiz), el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis electoral del PP, Elías Bendodo, ha exigido la dimisión de Mónica García por ser “culpable” del “colapso sanitario” que sufre Ceuta.

Tras criticar que haya tardado dos semanas en visitar la ciudad, ha afeado que los ministros del Gobierno han ido a la ciudad para “hacerse la foto” pero aportando “cero soluciones” a la situación que sigue viviendo. Además, Bendodo ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “sigue tumbando en la hamaca y en la playa” de la residencia oficial de Lanzarote y no da “explicaciones” de lo que ha sucedido.

Además del líder del Ejecutivo y la ministra de Sanidad, también han acudido a Ceuta el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la de Juventud e Infancia, Sira Rego; la de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha ido en dos ocasiones. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, acudirá a Ceuta el lunes.

Con respecto a García, Bendodo ha insistido en que hay una “crisis sanitaria” y ha dicho que las urgencias atienden a “500 personas al día, cinco veces más que lo habitual”, cifra que dista de las aportadas por la propia titular de Sanidad. Dicho esto, se ha cuestionado el refuerzo del Gobierno ante una “urgencia sanitaria que hay que atenderla”.

“Las competencias son del Ministerio de Sanidad, no de las ciudades autónomas”, ha recordado Bendodo. El dirigente del PP ha reprochado al Gobierno que es “una tomadura de pelo” la contratación de “dos médicos y dos enfermeros” después de la entrada de 70.000 personas, “algunas con patologías muy graves”, cifra que también dista de las aportadas por la ministra.