Durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), celebrado de forma telemática este miércoles, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón (CC), y el resto de representantes del área, han instado al ministerio a retomar desde el inicio la negociación para la reforma del Estatuto Marco, un asunto que ha generado ya una treintena de jornadas de huelga entre los médicos facultativos de todo el país. Sin embargo, esta petición común ha sido rechazada por la responsable del departamento, Mónica García, porque, según ha advertido, no se mejorarían las condiciones laborales solicitadas por los profesionales en esta legislatura.

Según informa el Ejecutivo regional, Monzón expuso la posición común de todas las comunidades autónomas respecto a la necesidad de reiniciar el diálogo con las fuerzas sindicales que permita desconvocar la huelga de médicos que desde hace meses mantienen activa en contra de la reforma del Estatuto Marco.

El Gobierno canario recuerda que se trata del tercer posicionamiento común de todas las autonomías en un mes y medio para reclamar al Ministerio consenso y soluciones a este conflicto con los médicos.

En este sentido, y en nombre de los responsables sanitarios de todas las regiones del país, Esther Monzón leyó el acuerdo conjunto de todas las CCAA en el que se insta a la ministra a “reiniciar la negociación desde el principio, con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes y permita construir un texto consensuado, equilibrado y sostenible para el conjunto del SNS”.

En el documento también se recoge que la prolongación del conflicto laboral y las convocatorias de huelga por parte del personal facultativo en contra de la propuesta de reforma del Estatuto Marco están teniendo un impacto directo sobre la actividad asistencial y compromete la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada a la ciudadanía.

Ya desde el pasado mes de marzo, Esther Monzón, junto a los consejeros de Sanidad de Euskadi y Castilla-La Mancha, remitió una carta a la ministra de Sanidad en la que planteaban la necesidad de designar una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico, con el objetivo de contribuir a desbloquear el conflicto derivado de los desacuerdos en torno al Estatuto Marco.

El Gobierno canario asegura que los responsables de las consejerías de Sanidad de las diecisiete comunidades autónomas muestran su “preocupación” por esta situación, pues “repercute negativamente en la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, Mónica García ha rechazado “empezar de cero”, porque, según ha dicho, no se va a saltar la ley y romper el acuerdo que alcanzó con los sindicatos del ámbito del ámbito de la negociación (SATSE, FSS-CCOO UGT y CSIF), ni va tampoco va a dejar en suspenso las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Si se reiniciarán las negociaciones, según ha advertido, no se mejorarían las condiciones laborales que piden los profesionales en esta legislatura, se quedaría el asunto “aparcado” y se tendría que saltar la ley.

“No lo voy a hacer -ha insistido (..)Yo ni voy a romper el acuerdo con los sindicatos, ni voy a romper tampoco el acuerdo con los profesionales de mejorar a día de hoy las condiciones laborales. No voy a traicionar a los profesionales en sus justas demandas”.

La ministra ha rechazado algunos de los argumentos aludidos para empezar de cero como el no eliminar las guardias de 24 horas. “Lo que es destructivo es mantenerlas y mantener el texto del año 2003. Eso sí que es destructivo para el Sistema Nacional de Salud”, les ha replicado.

“No hay ninguna excusa para retrasar y volver a poner el marcador en cero, para volver a debatir las mejoras de las condiciones laborales y por eso nosotros ni vamos a romper el acuerdo ni por supuesto vamos a dejar en standby y ni vamos a dejar en un cajón todo lo que llevamos trabajando desde hace tres años”, ha sentenciado.

Además, ha recriminado a las comunidades que hayan pedido a Sanidad retirar los artículos que se refieren a la jornada laboral y las guardias. “Nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales, y con la otra nos culpan de no atender esas reivindicaciones. Son como el perro del hortelano, que ni quieren mejorar las condiciones ni nos dejan a nosotros tampoco mejorar las condiciones”, ha apostillado.

Para García, es el momento adecuado para reformar el sistema y mejorar las condiciones de los sanitarios porque además las comunidades, según ha comentado, tienen más transferencias que nunca, existe un crecimiento económico “histórico” y también más profesionales y formación que nunca.

“Desde el Ministerio tenemos las condiciones perfectas para ponernos a trabajar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales. No hay ninguna excusa para retrasar y volver a poner el marcador en cero”, ha hecho hincapié la ministra, que ha dicho que no va a dejar en un cajón todo lo que llevan trabajando desde hace tres años.

El Gobierno de Asturias se ha sumado hoy a la petición de todas las comunidades y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para que el Ministerio de Sanidad reinicie las conversaciones sobre el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, con el objetivo de definir un texto “consensuado, equilibrado y sostenible”.

Las diferentes administraciones consideran que la trascendencia de esta norma exige “el máximo consenso institucional y profesional”, por lo que reclaman retomar el diálogo “con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes”.

Reclaman el máximo consenso

En un escrito dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, las diferentes administraciones autonómicas defienden que una norma de la trascendencia del Estatuto Marco debe sustentarse en el máximo consenso institucional y profesional posible y contar tanto con quienes tienen la responsabilidad de gestionar los servicios sanitarios como con los profesionales que trabajan en ellos. También expresan su confianza en que su petición conjunta sea atendida.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha participado este miércoles por vía telemática en la reunión del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Al finalizar la sesión, ha subrayado la importancia del estatuto marco, que considera “una norma fundamental para los profesionales y para toda la ciudadanía, porque indica el futuro del sistema sanitario público”.

Tras ofrecer colaboración institucional al ministerio, ha recordado que las competencias en materia sanitaria pertenecen a las comunidades.

“Somos responsables de la gestión directa de la salud en nuestros territorios y tenemos la obligación de intentar solucionar un conflicto que está perjudicando a los pacientes”, ha añadido.

La amenaza de huelga médica

En ese sentido, ha alertado de que la amenaza de huelga médica indefinida a partir de septiembre tendría serias repercusiones tanto en la salud de la ciudadanía como en el propio sistema sanitario a nivel nacional.

“En Asturias hemos hecho nuestros deberes porque nosotros hemos negociado, hemos alcanzado acuerdos que ya se han puesto en marcha y seguimos manteniendo el diálogo para avanzar en un nuevo modelo organizativo”, ha valorado. Según ha precisado, muchas de las medidas acordadas están relacionadas con cambios contemplados en el Estatuto Marco, especialmente en ámbitos como la flexibilidad laboral y la conciliación familiar.

El conflicto entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos ha vuelto a colarse este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Los responsables de las consejerías del ramo han solicitado a la ministra Mónica García e “reinicio de la negociación del Estatuto Marco”, pactado entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales presentes en la mesa del ámbito, CCOO, UGT, CSIF y Satse.

Ese texto, que limita las guardias obligatorias a 17 horas —frente a las 24 actuales—, mandata oposiciones cada dos años y limita la jornada laboral máxima a 45 horas, entre otras medidas, se topó con la oposición de los sindicatos médicos, que han convocado paros semanales cada mes desde febrero hasta junio y amenazan ahora con una huelga indefinida en septiembre si no hay avances en sus demandas. Estas pasan por un ámbito propio de negociación, un estatuto médico, la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y una clasificación profesional “justa”.

“El proceso no ha logrado el consenso necesario entre las administraciones sanitarias, las organizaciones sindicales y el Ministerio de Sanidad”, lamentan las comunidades en una carta trasladada a García, a la que ha tenido acceso elDiario.es, y en la que consideran que es aconsejable “abrir una nueva etapa de diálogo”.

Para la ministra, la petición tiene “dos consecuencias”. Por un lado, que “no mejoremos las condiciones laborales de los profesionales”, que “llevan 20 años esperando” por cambios en su forma de trabajo. La postura del Ministerio es que reiniciar las negociaciones dejaría en “stand by” mejoras con el fin de las guardias de 24 horas, una de las reclamaciones que se han visto en las pancartas que los profesionales médicos han agitado en las protestas de los últimos meses y que sí contempla el texto que defiende García.

Por otro lado, la ministra ha insistido tras la reunión con las consejerías, que tumbar el trabajo hecho hasta ahora supondría “saltarse la ley y romper el acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios”. “Si alguna comunidad quiere romper los acuerdos que pacta, es libre de hacerlo”, ha afeado García, que ha repetido que el Estatuto Marco nace de “acuerdos legítimamente acordados en la mesa sectorial que ordena la ley”.

No obstante, ha recordado que las comunidades autónomas son competentes para alcanzar otros acuerdos, “como han hecho Galicia, Euskadi y la Comunidad Valenciana”, ha enumerado.

Estas, por su parte, advierten que “la prolongación del conflicto laboral y de las convocatorias de huelga está teniendo un impacto directo sobre la actividad asistencial y compromete la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada a los ciudadanos”. Y les “preocupa especialmente”, dicen, “que esta situación continúe prolongándose y repercuta negativamente en la calidad de la atención y en la seguridad de los pacientes”.

Para García, el objetivo de fondo de las comunidades es mantener el statu quo. “Creen que no es el momento de reformar el sistema”, ha dicho en rueda de prensa, donde ha expresado que las consejerías reclaman que se eliminen los artículos que tienen que ver con la jornada laboral y las guardias. “Ni quieren mejorar las condiciones, ni nos dejan a nosotros mejorar las condiciones”, ha insistido la ministra, que ha asegurado que los responsables autonómicos “creen que no hay que eliminar las guardias de 24 horas” porque en los informes que le trasladan al Ministerio indican que es “destructivo e irrealizable”.

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, “se ha metido en un lío”, según un observador de los últimos movimientos en Osakidetza. El equipo de Martínez, anestesista que hasta estrenarse en política en 2024 trabajaba en el hospital de Cruces, ha acordado en encuentros “bilaterales” con el SME (Sindicato Médico de Euskadi) una mejora de las condiciones laborales exclusivamente de los facultativos, unos 8.500 de una plantilla de 34.000. Esto está consensuado también con un nuevo movimiento llamado MUD que carece de representación legal.

El resto de los sindicatos, una amplísima mayoría en el foro legal de negociación, la mesa sectorial, ha avisado de que el plan es “clasista” y que este intento de arreglar el objetivo problema de las demandas de los facultativos, con huelgas intermitentes desde comienzos de 2026 y las listas de espera disparándose, ha podido generar un gran incendio en el resto de la plantilla, númericamente muchos más que los facultativos. Se prepara ya un “otoño caliente” y una potencial huelga general tendría un seguimiento mucho mayor y unas consecuencias imprevisibles en la asistencia sanitaria. Es más, ni siquiera el acuerdo garantiza que el SME se descuelgue de las convocatorias de huelga, que son de ámbito español.

1 - Cuál es el contexto

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acordado con la mayoría sindical en el Sistema Nacional de Salud (Satse, CCOO, UGT y CSIF) un estatuto marco para regular las condiciones laborales de todas las categorías profesionales. Sin embargo, las organizaciones corporativas se han opuesto con firmeza, demandando un estatuto propio para los médicos. En el Colegio de Médicos de Vitoria, por ejemplo, lleva meses colgado un cartel con esa reivindicación.

Así, se han ido celebrando huelgas de una semana de duración todos los meses hasta junio. Igualmente, parte del personal médico ha dejado de hacer las denominadas 'peonadas', que son turnos adicionales o 'autoconcertaciones' para reducir las listas de espera fuera del horario ordinario. A finales de mayo, la demora quirúrgica en Osakidetza se estaba acercando ya al pico de 85 días alcanzado en agosto de 2022, tras la finalización de las oleadas de la COVID-19, muy por encima de los 54,2 de hace medio año. Se han incrementado las derivaciones a la privada de modo notable.

Desde el principio, el consejero Martínez ha secundado esta demanda y criticado que la ministra García, de Sumar, no se avenga a negociar. No es el único frente abierto con ella, ya que también mantienen un conflicto con las liquidaciones de los fondos de compensación entre comunidades autónomas. Es más, Martínez se ha erigido en portavoz de las 17 comunidades autónomas en sus críticas a García, también anestesista. Le ha llegado a pedir que delegue las competencias del estatuto marco para resolver el entuerto desde Euskadi.

Como detalle, cuando Osakidetza informa del seguimiento de las huelgas médicas, las notas siempre vienen encabezadas con la frase de que son convocatorias “contra el Ministerio de Sanidad”. La última de ellas tuvo lugar el 19 de junio con la siguiente participación: 16,92% de seguimiento en el turno matinal y 7,85% en el vespertino. El SME asume que los datos están cayendo conforme pasan los meses.

2 - Quién ha firmado el acuerdo

En Euskadi, el último convenio en Osakidetza se firmó en 2008. Era consejero Gabriel Inclán y lehendakari Juan José Ibarretxe, ambos del PNV. Desde entonces, han pasado muchas cosas. En Salud, por ejemplo, estuvo el socialista Rafael Bengoa y los nacionalistas Jon Darpón, Nekane Murga y Gotzone Sagardui.

Ahora, sin haber actualizado el acuerdo regulador, se ha firmado una mejora solamente para una parte de la plantilla y se ha añadido que es un paso “histórico”. El enfado en el resto de la organización es mayúsculo, a la luz de las declaraciones de diferentes representantes sindicales de Satse, de los cuatro sindicatos de clase (ELA, LAB, CCOO y UGT) e incluso de otras organizaciones minoritarias.

Las últimas elecciones en Osakidetza fueron en 2024. Satse fue la ganadora con 89 delegados de 361 posibles. ELA quedó como segunda fuerza con 81, LAB fue la tercera con 44 y en cuarto lugaron empataron, con 34 representantes, UGT y el SME. El acuerdo, por lo tanto, tiene un respaldo de menos del 10% de la representación de la plantilla. En votos, la central médica logró un porcentaje algo mayor, del entorno del 15%. Según datos del propio SME, incluso el 80% del personal médico en Osakidetza no es del sindicato.

Quien no tiene ninguna representación es el MUD, aunque una portavoz de ese colectivo ha ofrecido declaciones en TVE destacando que hay medidas que son de “justicia” y de “dignidad”, no “privilegios”. Algunas voces asimilan esta situación a la del movimiento 'Ertzainas en lucha' de 2023. Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue muy diferente. Se insistió en que había una representación legal y mayoritaria que había que respetar y unos foros tasados para el debate. Finalmente, se acordó un convenio precisamente con todos los sindicatos salvo el más próximo a aquel movimiento.

En el caso del SME, Mabel Arciniega ha llegado a decir que “en la mesa sectorial no se aprueban las cosas por mayoría”, que basta con que las refrende el Consejo de Gobierno, y ha argumentado que los facultativos tienen una “problemática específica”. “Sí, somos una parte pequeña, pero somos el eje del sistema”, añadió. Satse no ha dudado en tildar de “ilegal” el pacto. LAB introdujo también otro elemento para la reflexión: ¿están pidiendo algunos médicos más descansos en la Sanidad pública cuando a la vez trabajan en la privada?

3 - Qué se ha acordado

El mejor reflejo del acuerdo es la documentación facilitada por el SME. La central pone el énfasis en el final de las guardias de 24 horas. Igualmente, hay mejoras en las libranzas y en los pagos de esas horas de guardia. “Así, el precio hora guardia supera a la hora ordinaria y, además, con la actualización de las tablas retributivas anuales, conlleva un incremento progresivo hasta llegar a un 38% en el precio de la guardia en 2028 de tal forma que hacer dos guardias equivaldrá a hacer tres guardias en la actualidad”, sostiene el sindicato. Igualmente, “se va a ir disminuyendo paulatinamente la edad de exención, hasta llegar en 2030, hasta los 50 años”. “Es decir, que un profesional de 46 años en la actualidad, podrá dejar de hacer guardias y optar por los módulos compensatorios dentro de cuatro años”, se indica.

“Somos conscientes de que, a día de hoy, eliminar las guardias de un plumazo”es imposible de cara a garantizar una atención 24/7/365 a la ciudadanía. Requiere de un análisis profundo del sistema y redimensionamiento de la plantilla así como de un cronograma de implementación de medidas hasta alcanzar el objetivo. Mientras esto se lleva a cabo, se ha propuesto que, de forma voluntaria y de mutuo acuerdo con el equipo y la jefatura, la persona pueda optar, entre semana, por no trabajar la mañana del día de guardia (recuperando esa jornada ordinaria otro día por la tarde) o, partir la guardia de fin de semana en dos 'medias guardias' de 12 horas, explica el SME.

Asimismo, los médicos tendrán un “incremento salarial de 300 euros mensuales, de forma paulatina” y “a partir del 1 de julio de 2027”. Hay otros ajustes sobre los horarios o la autoconcertación. El acuerdo, según el SME, incluye que el Gobierno defienda públicamente la singularidad del colectivo médico. “Si bien la propuesta no recoge el 100% de nuestras demandas, desde el Sindicato Médico la valoramos positivamente, ya que incluye medidas de aplicación inmediata que van a suponer una mejora en las condiciones laborales del colectivo en cuanto a descansos, reconocimiento de la penosidad de las guardias, conciliación y equiparación de los distintos niveles asistenciales se refiere”, añaden.

El Gobierno aún no ha precisado el coste económico de las mejoras. Simplemente ha dado el dato de que se pondrán sobre la mesa 13 millones ya en 2026. Lo hizo la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, que fue la encargada de escenificar, con fotografía incluida, la firma del pacto con el SME.

4 - Y ahora qué

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha echado un capote a su compañero Martínez y ha defendido los últimos movimientos. Es algo “bueno” para el colectivo médico, que tiene una “singularidad muy concreta”, y “la ciudadanía lo va a notar muy pronto”. Además, esto no “excluye” que se planteen a futuro mejoras para el resto de la plantilla. Obviando el plantón dispensado ya por las centrales, el Ejecutivo asegura que está “trabajando” con ellas para alcanzar nuevos acuerdos.

Con todo, Ubarretxena ha insistido en que “el origen de todo esto está en Madrid”. “Ante el inmovilismo y la cerrazón, nos ha tocado movernos. Hemos hecho nuestras 'etxeko-lanak', los deberes”, ha explicado. En el Parlamento Vasco, la coalición de la ministra solamente tiene un escaño, pero lo ha usado para criticar al consejero Martínez. “Ignora al conjunto de la plantilla, vulnera derechos sindicales y rompe con las mayorías representativas”, ha lamentado Jon Hernández, portavoz vasco de Sumar.

A tenor de las palabras de Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT, se trabaja ya en una movilización de cara al otoño. Deducen que solamente las huelgas han forzado a la dirección de Osakidetza a moverse y entienden que ellos han de aprovechar también esa herramienta. En paralelo, el SME no ha llegado a desmarcarse aún de las nuevas convocatorias médicas previstas en septiembre, que son ya indefinidas. Asegura que no depende de ellos. En todo caso, sí han recomendado a sus afiliados retomar las 'peonadas' para no seguir comprometiendo las listas de espera.

Para el SME, es “lamentable” que “organizaciones que se hacen llamar sindicatos monten un pollo” porque un colectivo logre mejoras laborales. “También somos trabajadores”, ha subrayado en Radio Euskadi. Además, ha considerado “injusto” que facultativos “tengan que hacer unas 1.000 horas más” que un trabajador “normal” de Osakidetza.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva ley de medicamentos y productos sanitarios, con la que establece un periodo de negociación máximo de 180 días mediante un sistema para incorporar nuevos fármacos innovadores mientras se acuerdan los precios con las farmacéuticas, incluye precios dinámicos para los genéricos y reconoce nuevas competencias de prescripción a enfermería y fisioterapia. Con estas novedad, Sanidad estima un ahorro al sistema de 2.100 millones de euros al año.

El objetico, indican desde el Ministerio, es “adaptar el sistema a los desafíos científicos, industriales y sociales” y “garantizar el acceso equitativo a la innovación, asegurar el abastecimiento de fármacos críticos y fortalecer la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud mediante un modelo de evaluación independiente y sistmas de precios competitivos”.

El principal ahorro estimado por el Ejecutivo proviene de la nueva herramienta de precios dinámicos, orientada principalmente a aquellos medicamentos fuera de patente, como genéricos, híbridos y biosimilares, y a mercados consolidades en los que su penetración se haya estancado. “El sistema permitirá ajustar los precios de forma progresiva y automática en función de la cuota de mercado alcanzada”, indican.

Este sistema, que convivirá con el de los precios de referencia —para las agrupaciones homogéneas de fármacos equivalentes, cuyos precios se revisan año a año—, permitirá activar descuentos en los precios cuando los medicamentos lleguen a porcentajes elevados de penetración en el mercado. “El precio de los genéricos en España es notablemente más alto que en países de nuestro entorno, lo que no tiene mucho sentido”, explican fuentes de Sanidad, que pretenden revertir esta situación.

En los casos de los fármacos que pertenezcan a una agrupación homogénea —mismo principio activo y vía de administración—, el nuevo sistema establecerá un precio máximo de financiación. Esto permitirá que coexistan diferentes medicamentos con diferentes precios. El paciente podrá elegir cuál prefiere y, si opta por uno por encima de ese precio de financiación, deberá pagar la diferencia.

Financiación condicional para tratamientos innovadores

La nueva ley establece también un sistema de “financiación condicional para la innovación”. La norma permite incorporar rápidamente a la prestación pública medicamentos que cubran una necesidad médica no resuelta, aunque exista “incertidumbre sobre su eficacia”.

¿Cómo? Los laboratorios y la administración se dan 180 días para negociar el precio, pero el fármaco puede utilizarse durante el primer día. Si duante ese tiempo “se confirma el beneficio esperado, la financiación podrá consolidarse en las condiciones acordadas. Si los resultados no son satisfactorios, o si el precio definitivo resulta inferior al provisional, el laboratorio deberá compensar o devolver las cantidades correspondientes”.

Garantizar el abastecimiento

La norma introduce el concepto de “medicamento estratégico” y contempla medidas económicas —por ejemplo, subidas de precios— y regulatorias especiales para evitar desabastecimientos. Y, ante emergencias de salud pública, “se refuerzan las obligaciones de comunicación de existencias por parte de laboratorios, distribuidores y oficinas de farmacia”.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, del PNV y anestesista de profesión, ha causado un incendio de grandes dimensiones -y de imprevisibles consecuencias- entre la plantilla de Osakidetza. Persuadido de que el colectivo médico, que es el suyo, tiene que ver reconocida su “singularidad” en una mejora de las condiciones laborales, ha firmado un acuerdo exclusivamente con el SME (Sindicato Médico de Euskadi, cuarta fuerza sindical y sin mayoría) y exclusivamente centrada en mejoras para ese colectivo que tendrán un primer impacto presupuestario de 13 millones en 2026.

El movimiento busca desactivar una huelga periódica que viene arrastrándose desde el inicio del año y también la negativa a hacer 'peonadas' o turnos adicionales para aliviar las listas de espera, pero la realidad es que la mayoría sindical (Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT) se ha plantado en la reunión en que se ha presentado el acuerdo y amenaza ya con una huelga de mucho mayor volumen en el conjunto del Servicio Vasco de Salud.

El contexto del incendio viene de la polémica por el estatuto marco acordado por el Ministerio de Sanidad con la mayoría sindical en España para regular las condiciones de todo el personal sanitario. Los sindicatos corporativos y un nuevo movimiento llamado MUD, que en Euskadi carece de representación legal, plantearon una huelga que tiene como premisa principal que demandan una regulación propia para los facultativos. Las huelgas se inicieron en enero, después se sumó la negativa a las 'peonadas' y el resultado son unas listas de espera disparadas en quirófanos, consultas y pruebas, echando al tras el terreno recuperado tras la pandemia de la COVID-19.

Políticamente, el consejero Martínez se ha erigido en vanguardia contra la ministra Mónica García, que es de Sumar. Ha llegado a actuar como portavoz de las 17 comunidades autónomas y también a plantear que el Estado transfiera a Euskadi las competencias sobre el estatuto marco. En paralelo, en casa, Osakidetza lleva desde 2008 sin un convenio propio.

A finales de la pasada semana trascendió que Osakidetza había alcanzado un acuerdo con el SME para mejorar las condiciones del colectivo médico. La central, que dice representar a un 20% de los facultativos de Osakidetza y que obtuvo del orden del 15% de los votos en las últimas elecciones sindicales, destaca que el documento firmado combate la “penosidad” de las guardias, incrementa los salarios, mejora la conciliación y homogeneiza el trato al personal de ambulatorios y hospitales. Se acabaron, por ejemplo, los turnos de 24 horas seguidas.

El pacto, cerrado de modo bilateral entre el Gobierno y el SME, ha sido sometido este lunes al escrutinio de la mesa, el órgano supremo de representación en Osakidetza, con presencia de todas las fuerzas sindicales elegidas por la plantilla. La cita ha estado dirigida por la responsable de Recursos Humanos, Josune Retegi. A los pocos minutos, todos los sindicatos menos el SME se han levantado, airados y avisando de que se avecina un “otoño caliente”. El SME se ha quedado y se ha firmado el acuerdo.

“Sí, somos una parte pequeña de la plantilla, pero somos el eje del sistema. A los hechos me remito. Tenemos que trabajar más que los demás y tenemos una casuística diferente”, ha justificado en la puerta de la sede central de Osakidetza en Vitoria Mabel Arciniega, portavoz del SME. ¿El acuerdo es válido teniendo en cuenta sus circunstancias? “En la mesa sectorial no se aprueban las cosas por mayoría”, ha dicho Arciniega a preguntas de los periodistas. Y ha asegurado que entrará en vigor cuando lo vise el Consejo de Gobierno. ¿Les ha ayudado que el consejero sea del colectivo? “Eso lo tendrá que contestar él”, ha despejado la responsable del SME.

Según la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, se trata de un paso adelante para mejorar la calidad asistencial o al menos para intentar evitar que se sigan disparando las demoras. Frente a la “confrontación” en el Estado, en Euskadi hay “negociación”, ha señalado, aunque el estatuto marco estatal sí tiene detrás el respaldo de una mayoría, a diferencia del nuevo acuerdo en Osakidetza. Para Bilbao, eso sí, estas mejoras no implican que no pueda haberlas para el resto de la plantilla, pero tocaba reconocer la “singularidad” de los facultativos.

El sindicato mayoritario en Osakidetza es Satse, la central de enfermería. Amaia Mayor, su portavoz, ha sido muy dura. Extremadamente dura. Cree que ha sido una negociación “clandestina” y “clasista” que crear profesionales “de primera y de segunda”. Es un “grave precedente” que rompe todos los equilibrios y que, además, es “ilegal”. Según Mayor, Martínez opera como “portavoz directo” de los médicos y no como consejero de todos. Y ha pedido transparencia con el coste del acuerdo: “La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gastan sus impuestos”.

Esther Saavedra, de ELA, ha sido clara también: “Viendo el talante y que sólo se hace caso a los que están en huelga, la movilización es el camino”. Su llamada a la huelga de cara a otoño está sobre la mesa y el guante lo recogen otras organizaciones con potencial de movilizar a mucha más gente que el SME y MUD, que tenían un seguimiento de no más del 20%.

Desde LAB, Jesús Oñate se ha dicho “muy enfadado”. Ha llamado “sindicato vertical” al SME y ha recordado que esto se produce cuando pasan “casi veinte años” desde el último convenio en Osakidetza. Ha pedido también tener en cuenta que tocaría analizar cuántos facultativos se quejan de la falta de descansos en la pública mientras trabajan también en la privada.

“Lo que mueve [al Gobierno] es ir a la huelga, ¿no?”, ha razonado Carmen Rayo, de CCOO. Jasone Pérez, de UGT, ha apelado a la “unión sindical” y ha asumido que son una central pactista y poco dada a las movilizaciones, pero que esta vez toca cambiar de estrategia por la gravedad de lo sucedido. “Tenemos fama de ser blandos. Es difícil convencer a la gente de ir a la huelga. Pero en este caso no va a serlo”, ha manifestado la representante ugetista.

La pregunta latente es si, a la vuelta de las vacaciones, volverá a haber huelgas médicas. Pero este paso ni siquiera garantiza eso. El SME ha recordado que son convocatorias estatales, aunque admite que ha recomendado retomar las 'peonadas' para no seguir incrementando las esperas. Desde Osakidetza, también se confía en que no se mantenga la “misma actitud” dadas las circunstancias, aunque las potenciales movilizaciones tendrían un alcance mucho mayor con el respaldo expreso de Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT e incluso de otras organizaciones más pequeñas como ESK.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado el nuevo manual de buenas prácticas en eutanasia, que modifica los plazos de aplazamiento de la prestación, alargándolos hasta seis meses, incorpora un nuevo apartado de donación de órganos y refuerza el papel de la enfermería como figura de referencia. Además, establece una tramitación abreviada para los casos más urgentes.

Estaba previsto que el texto, que actualiza el manual de 2021, se aprobase en abril, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero la consejera madrileña Fátima Matute pidió entonces “enriquecer el texto con las aportaciones de las sociedades científicas y colegios profesionales”.

Ahora, el manual, pactado con las comunidades autónomas, sale adelante e incorpora, entre sus principales novedades, una “tramitación abreviada para los casos más urgentes, permitiendo reducir los tiempos al mínimo posible sin menoscabar las garantías legales”. Según los últimos datos de Sanidad, una de cada tres personas que solicita la prestación fallece esperando que se resuelva su solicitud.

Además, el manual “refuerza la importancia de cumplimentar correctamente los certificados de defunción, recordando que el fallecimiento derivado de la prestación de ayuda para morir tiene la consideración legal de muerte natural a todos los efectos”. También en los referidos a herencias, pólizas de seguro de vida y en los servicios funerarios.

El nuevo protocolo contempla facilidades para acceder a la información por parte de las personas con discapacidad y establece un apartado específico para la donación de órganos. Esta opción se ofrecerá “de forma independiente y sin interferir en la tramitación de la solicitud de eutanasia”.

En cuanto a los plazos, el documento ahonda en la “posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias excepcionales y transitorias acordes con la normativa vigente”. En concreto, el solicitante podrá detener el trámite durante tres meses, hasta que la Comisión cierre y archive el expediente. “Este cierre no impide que la persona pueda iniciar una nueva solicitud en el futuro si así lo desea”, indica.

En 2025, un total de 565 personas recibieron ayuda para morir dignamente en España, lo que supuso un 0,13% de los decesos registrados en todo el país.

En la reunión de ese viernes del Consejo Interterritorial que sienta al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, Euskadi ha rechazado el pago de otros 51 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de los ejercicios 2023 y 2024 de los fondos FCS (Fondo de Cohesión Sanitaria) y FOGA (Fondo de Garantía Asistencial). El consejero, Alberto Martínez, del PNV, que mantiene varios frentes abiertos con la ministra Mónica García, de Sumar, pidió ya en 2025 una revisión del modelo de este mecanismo para ajustar los gastos derivados de atenciones de pacientes de un servicio autonómico en el resto del Sistema Nacional de Salud al mostrar que Euskadi había puesto 169 millones, el 60% con un 5% de población, “superando incluso la suma de trece comunidades autónomas”.

“No podemos respaldar un modelo de compensación de esta magnitud sobre una base legal tan frágil y tan poco clara. Sería irresponsable con Euskadi y con el propio Sistema Nacional de Salud”, opina el consejero Martínez. Insiste en que el FCS y el FOGA tienen “importantes deficiencias jurídicas” y “mecanismos poco transparentes” que hacen que las estimaciones no sean homogéneas y que, según temen en privado en Euskadi, las comunidades cumplidoras que declaran todos los casos se vean penalizadas.

¿Qué son estos fondos? El FCS está regulado mediante un decreto de 2006 y cubre gastos de servicios a pacientes de una comunidad comunidad autónoma cuando en su sistema no hay centros de referencia para determinados servicios o patologías y tienen que ser atendidos. El FOGA, de 2012, cubre los desplazamientos temporales, como unas vacaciones.

Martínez recalca que no es una “discrepancia coyuntural”, sino una enmienda estructural al modelo. Lamenta, en ese sentido, que en 2025 el secretario de Estado, Javier Padilla, viera “de vital importancia” repensar el modelo y que, un año después, se mantenga el “extraordinario desequilibrio”. O que se haya hecho caso omiso al Tribunal de Cuentas del Estado. O que no se haya creado el grupo de trabajo anunciado. “No se ha producido ningún avance en este ámbito”, recalca el Gobierno vasco, que incide en que se “perpetúa” un problema “sin ningún tipo de cobertura legal”.

“No cuestionamos la existencia de mecanismos de cohesión y garantía, sino la forma en la que se están calculando y liquidando, sin el rigor normativo que exigen sus importantes repercusiones económicas”, ha explicado Martínez, que asegura haber sumado a “otras comunidades” a su postura, por ejemplo la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP. “Madrid se suma al no”, se ha felicitado la parte vasca. El consejero vasco ya se erigió en la anterior reunión como líder de la oposición frente a la postura de la ministra García en relación al estatuto marco y las demandas del colectivo médico.

Mónica García y Rita Maestre repiten y se enfrentarán de nuevo a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, respectivamente, en las próximas elecciones de 2027. Las dos líderes han ganado el proceso de primarias de Más Madrid que se ha celebrado estos días con una participación del 90,04% de militantes del censo autonómico.

La candidatura que encabeza la ministra de Sanidad y actual líder de Más Madrid junto a Manuela Bergerot, llamada 'En Madrid hay partido' ha obtenido el 80% de los apoyos frente a la lista de 'Más Madrid Abierto, con un 20% de los votos.

Como ya avanzó elDiario.es, la lista contará con Emilio Delgado como número tres y otras caras conocidas del partido autonómico como Marta Carmona, Gabriel Ortega, Diana Paredes o Eduardo Fernández Rubiño. Fue en el pasado mes de mayo cuando finalmente Más Madrid acordó una lista conjunta para las primarias sellando así la crisis interna entre García y Delgado. El acuerdo pasaba por que Delgado fuese el número tres de la candidatura para las autonómicas, aunque el diputado también formará parte de la lista de Más Madrid para el Congreso de los Diputados.

Hace dos semanas surgió además 'Más Madrid Abierto', una lista alternativa que se presentaba al margen de la de Mónica García y Manuela Bergerot. Esa lista estaba encabezada por la abogada Letizia Bisignano.

Por su parte, la lista municipal de Rita Maestre junto a Daniel Ayuso, llamada 'Barrio a Barrio', ha conseguido el 81,2% de los apoyos, frente al 18,8% de los recabados por la lista 'Más Madrid Abierto'.

Según ha explicado el partido en una nota de prensa, de los 44 puestos elegibles para la Comunidad de Madrid, 42 serán ocupados por la lista ganadora y dos por la otra, al igual que ocurre para las municipales: 26 serán de la lista de Rita Maestre y dos de la otra candidatura.

La política será muchas cosas, pero no es un concurso de popularidad, ni tampoco Miss Universo. En la elección de quién nos representa a nosotros, ciudadanos, intervienen muchísimas cosas, factores abundantes: por no ser, la política no es tampoco meritocrática. No llegan a muchos puestos ni los más listos ni los más preparados. No existen cuotas para asegurarse de que la representación sea realmente representativa: la clase política y la mediana o moda española se parecerán, seguramente, lo que un huevo a una castaña. Hay muchos más rentistas entre los políticos que entre la población, los políticos tienen orígenes más elitistas que el español promedio, han tenido más contactos, agenda, recursos, oportunidades. Han conocido desde pequeños, y frecuentado, ese mundo o mundos alternativos, los círculos de la política profesional; por sus afinidades y amistades los conoceréis. Como se gritaba “el hijo del obrero, a la universidad”, también podría gritarse “al Congreso”; Podemos surfeó esa ola de la representación en 2015, cuando Pablo Iglesias vestía camisas de Alcampo con tal de parecerse mucho más al pueblo llano. Dejó de surfearla con la polémica del chalet: se quebró cierto pacto de identidad.

Como las cosas son así, no ha dejado de llamarme la atención un hecho, frecuente en estos últimos tiempos, que viene repitiéndose a pesar de sus resultados demostrados: la política es capaz de tropezar muchas veces con la misma piedra —como el mono o como Julio Iglesias— y seguir en negación. Los resultados que ha cosechado el PSOE al enviar a contiendas autonómicas a ministros-candidatos no han sido particularmente brillantes, en casi ninguno de los casos. No lo fue María Jesús Montero en Andalucía, ni lo fue Pilar Alegría en Aragón, y eso que ninguna de las dos me parece particularmente una mala candidata; ¿fue su cercanía al Gobierno un lastre, influyó en la mediocridad de lo logrado? Se puede saber solo a medias. Con lo que es posible especular es con los motivos de ese mandato, el paso del Consejo de Ministros a la candidatura, y apurando al máximo los plazos, siempre, para no dimitir de lo primero: no darle la vuelta a las elecciones aprovechando el altavoz estatal, sino asegurar cierto control territorial. No ganar en lo institucional: conservar, más bien, el control de lo orgánico.

Cuando se presentó Reyes Maroto a la alcaldía de Madrid en 2023, tras una ilustre sucesión de candidatos sin demasiado tirón, le sirvió al PSOE para salvar los muebles en el Ayuntamiento, pero no para evitar que Más Madrid, capitaneado en la plaza municipal por Rita Maestre como candidata sucesora de Carmena, quedara decididamente por delante. A día de hoy, a ningún electorado puede ilusionarle más Reyes Maroto que Enma López, que ya en 2023 habría sido una candidata mucho más potente, como también Mar Espinar, que Reyes Maroto; a nadie, por supuesto, salvo al propio aparato que apoyaba a Maroto.

No es igual preparar tu candidatura haciendo de oposición a prepararla, a 2026, desde los micrófonos de un Consejo de Ministros cuya valoración ha caído en esta última legislatura. Los liderazgos del presente ya no se construyen ahí, aparecen fuera: si no, que alguien consulte por qué es Gabriel Rufián el político mejor valorado a la izquierda del PSOE, sin que nadie sepa una sola ley o proposición o informe que haya redactado; que alguien pregunte por qué le fue tan bien a Adelante Andalucía y José Ignacio García en las andaluzas, si no es por la distancia con el nuevo establishment de la izquierda y lo ya formulado, su cercanía.

La tragedia de los ministros-candidatos es que no tienen por qué ser peores dirigentes políticos que los candidatos sin ministerio. Pueden, en ocasiones, de hecho, ser mejores, generar mejores equipos, trabajar mejor o tratar mejor a su gente; en 2026, sin embargo, no son los ministerios trampolines a ningún sitio. Diana Morant pone en bandeja a Compromís el sorpasso, allí donde una candidata como Pilar Bernabé, si fuera autonómica y no municipal, lo habría remediado; Óscar López se bate en la izquierda con otra ministra, Mónica García, pero Mónica García al menos cuenta con los galones de haber liderado la oposición a Ayuso. Si la explicación para los resultados pobres a nivel autonómico de la izquierda es la misma elección tras elección, algún día habrá que preguntarle a los dirigentes por qué nadie piensa en variar la fórmula. Hasta entonces, mucho me temo que seguiremos repitiendo, una y otra vez, las mismas cosas, y así con el eterno retorno de ministros estrellados.

Más Madrid confirma que no habrá alianza con Izquierda Unida y Movimiento Sumar para las próximas elecciones autonómicas de 2027. El partido de Mónica García ha asegurado que continúan trabajando “con el resto de formaciones políticas” para una hipotética coalición que dispute el poder a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Según fuentes del partido, “no hay nada sobre la mesa” en cuanto a posibles pactos futuros y argumentan que siempre han ido sin Izquierda Unida en la Comunidad, aunque no descartan alianzas puntuales en municipios como Rivas Vaciamadrid.

La decisión viene después de que tanto IU como Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid mostrasen su sintonía a través de la celebración de diferentes actos en el marco de la coalición para las generales, 'Un paso al frente', que presentaron el pasado 21 de febrero.

Desde Izquierda Unida muestran este miércoles su sorpresa ante la decisión de Más Madrid y aseguran que seguirán intentando conseguir esa alianza teniendo en cuenta la “buena” relación que han mantenido y mantienen los dos partidos en la Comunidad y también a nivel nacional. En cualquier caso, IU Madrid insiste en que se presentarán sí o sí a las próximas elecciones autonómicas, ya sea con otras fuerzas políticas o en solitario. “Queremos ir lo más acompañados posible, pero si los demás no tienen altura de miras iremos en solitario y con nuestras siglas por delante”, espetan fuentes de la federación madrileña de IU.

Carolina Cordero, líder de Izquierda Unida en Madrid, ha hablado también de esta sorpresa y ha dicho que no reconoce la información publicada como “declaraciones oficiales” con el fin de “no generar ruido”. “Todavía hay tiempo para ir avanzando”, ha asegurado. “Creemos que las alianzas deben versar sobre la propuesta política concreta, reconociendo que somos fuerzas distintas pero que tenemos mucha política en común. En el caso de Madrid es clarísimo”. “La gente nos está pidiendo una cierta estabilidad en torno a los acuerdos electorales”, ha añadido en declaraciones remitidas a los medios, por las que ha pedido “hacer un esfuerzo” para favorecer a esas posibles alianzas.

“Francamente, no entendemos que una decisión de este calado se traslade a través de fuentes o comunicados. Si alguien quiere hablar del futuro de la izquierda madrileña lo razonable es hacerlo en las mesas correspondientes, con respeto entre organizaciones y con altura de miras”, critican por su parte fuentes de IU federal, que califican de “irresponsabilidad” la decisión de Más Madrid. “Resulta difícil de entender que se hable de construir un frente amplio en el ámbito estatal mientras se descartan alianzas en uno de los territorios donde más falta hace una alternativa sólida a la derecha”, argumentan igualmente esas fuentes, que avisan de que está en juego “mucho más que una fórmula electoral de cara a unos comicios autonómicos”.

La formación de la ministra de Sanidad ya había descartado previamente una posible alianza con Podemos, ahora que Ione Belarra ha anunciado que será la candidata del partido para los comicios autonómicos de 2027. La líder de la formación morada encabezará una lista para intentar recuperar la representación que perdió el partido en 2023. Cuando anunció su candidatura, Belarra lamentó que “todo el mundo” se hubiese “rendido”. “El PSOE no presenta” en la región “más que candidatos de cuarta” y Más Madrid, a su juicio, se siente muy cómodo liderando la oposición. Ahora, fuentes del partido de Mónica García piden a Podemos que centre sus críticas en Isabel Díaz Ayuso.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cargado este miércoles contra la CEOE por sus recientes críticas a las bajas laborales, que ve como un “ataque” la independencia del personal médico y ha pedido a la patronal que deje de “banalizar” con este asunto. También ha rechazado de plano las declaraciones del presidente de la patronal castellanomanchega (CECAM), Ángel Nicolás, llamando “memos” a los jóvenes que piden bajas laborales por salud mental.

Ha recordado que las bajas son un “acto médico” en el que un profesional sanitario te diagnostica que no puedes ir a trabajar, por lo que ha pedido a la CEOE no “banalizar” con el asunto y “deslizar” que las bajas se cogen sin causa“.

Así, la ministra ha considerado que las críticas empresariales constituyen “un ataque a la independencia y la autonomía que tienen los médicos para dictar y firmar las bajas de los profesionales y de los trabajadores”.

En lo que respecta a las declaraciones del presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, García las ha censurado, más si cabe en un momento de auge de los problemas de salud mental de los jóvenes, en buena medida provocados por la crisis de vivienda.

La ministra ha concluido alegando que parte de los problemas de salud mental provienen de “las propias empresas”. “Dejemos de banalizar los problemas tanto de salud como de salud mental de los profesionales y dejemos trabajar a los profesionales y a los sanitarios como deben”, ha zanjado.

En 2025, se realizaron un total de 565 eutanasias, según los datos provisionales sobre la prestación que ha presentados este miércoles. Suponen un 0,13% del total de muertes registradas en España, muy lejos de otros países del entorno que también tienen reconocido este derecho, como Países Bajos (6%), Canadá (5%) o Bélgica (4%). Pero el balance muestra también la otra cara de una ley que celebra ya su quinto aniversario: 374 personas fallecieron en medio del proceso por el que solicitaban esa ayuda a morir, el 61% a causa de procesos oncológicos.

Según los datos difundidos por Sanidad, a partir de la recopilación de la información de las comunidades autónomas, desde la entrada en vigor de la ley 1.668 personas han ejercido su derecho a morir dignamente y se han producido un total de 3.716 solicitudes. Las cifras reflejan un “aumento sostenido” de las peticiónes, con el 34,6% en el último año.

La mayoría de las solicitudes recibidas por las autoridades sanitarias en 2025 estuvieron vinculadas a procesos oncológicos. Fueron el 37%, por delante de las enfermedades neurológicas, con una de cada tres. Sin embargo, a la hora de ontabilizar las prestaciones de ayuda a morir efectivas, los puestos se revierten: casi la mitad de las asistencias (el 46%) estuvieron relacionadas con problemas neurológicas y en torno al 30%, con cáncer.

Este dato se explica, en parte, por el perfil de las personas que fallecieron esperando a que se resolviera su solicitud. De los 1.187 procesos que finalizaron en 2025 —con independencia de su fecha de inicio—, la mitad concluyeron con la prestación, pero uno de cada tres (374) se cerraron por la muerte del solicitante. Y, de estos, el 61% fueron porpatologías oncológicas, según los datos de Sanidad.

La mayoría de esos 374 fallecimientos, 277, se produjeron, indica Sanidad, “antes de la emisión del Informe de la Comisión de Garantía y Evaluación, con un tiempo medio de 32,7 días desde la solicitud y una mediana de 18 días”.

Además, según los datos provisionales facilitados por las comunidades autónomas, se denegaron 157 peticiones a lo largo de 2025 y en 91 procesos fue el solicitante quien retiró la petición.

Catalunya, la comunidad que más solicitudes recibe

Por comunidades autónomas, Catalunya es la que más solicitudes recibe, con 6,14 por cada 100.000 habitantes. Esta administración duplica de largo la tasa de 2,61 de media nacional.

“Tras Catalunya, las tasas más elevadas se registraron en Navarra, con 5,41 y en Euskadi, con 5,13. También se situaron por encima de la media La Rioja, con 3,67 por cada 100.000 habitantes; Illes Balears, con 3,12; Cantabria, con 3,03; Asturias, con 2,96; y Canarias, con 2,66”, indica Sanidad.

La relación entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad empeora semana a semana y el conflicto va camino de una guerra total. En la quinta semana de paros en lo que va de año, a cuenta del nuevo Estatuto Marco pactado entre la ministra Mónica García y los sindicatos del ámbito, el Comité de Huelga ha amenazado con una huelga indefinida de facultativos a la vuelta del verano.

El clima de tensión entre ambas partes es total. Este lunes, García afirmaba que “los sindicatos no están siendo honestos con los profesionales a la hora de trasladarles las mejoras del estatuto”. “En las últimas reuniones que hemos tenido no nos han trasladado las reivindicaciones de los médicos, sino sus demandas sindicales”, señaló en una entrevista en 20 Minutos, donde acusó a estas organizaciones de querer “romper la legalidad vigente sobre la libertad sindical”.

Por la mañana, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) se manifestaron frente a la sede del Ministerio en Madrid bajo el lema: “No más maltrato a pacientes y profesionales”.

Pese a las reuniones mantenidas con Sanidad en los últimos meses, los sindicatos del gremio consideran que hay en estos momentos una “ausencia total de propuestas” por parte del Ministerio, que ha llevado al “nulo avance en el conflicto mantenido hasta ahora”. Esto, unido al “empeño de Sanidad en seguir adelante con la tramitación del texto [del Estatuto Marco]”, les ha llevado a “escalar en las movilizaciones” y convocar una huelga indefinida tras el verano si no hay avances.

Pero desde Sanidad no parecen dispuestos a mover ficha. “El Ministerio ha hecho su trabajo proponiendo la reforma laboral sanitaria más ambiciosa en 20 años. Ahora les toca a las comunidades autónomas cumplir la parte de sus competencias y materializar las reivindicaciones pendientes. El texto del Estatuto Marco llegará al Congreso, donde podrá enmendarse y votarse, como cualquier ley”, señalan fuentes el departamento de García.

Es el mensaje que llevan repitiendo los últimos meses. El estatuto reduce las guardias obligatorias de 24 a 17 horas, establece oposiciones cada dos años para acabar con la interinidad y la temporalidad abusiva y reduce la jornada laboral máxima a 45 horas, entre otros avances, insuficientes para los profesionales, que exigen la implantación de la semana de 35 horas, un estatuto y una mesa de negociación propios, una clasificación profesional “justa” y un modelo de jubilación flexible. Pero el grueso de competencias, como la planificación y organización de las plantillas o las retribuciones, está en manos de las comunidades autónomas.

De hecho, a lo largo de la semana habrá también dos protestas convocadas frente a las consejerías de sanidad de la Comunitat Valenciana, el miércoles, y en Madrid, el jueves, además de concentraciones en decenas de hospitales y centros de salud de Andalucía, Galicia, Euskadi, Melilla, La Rioja, Extremadura, Balears, Aragón, Alicante y Castellón, y frente a varias subdelegaciones del Gobierno.

Aunque estos meses se han convocado huelgas autonómicas coincidentes con las estatales, con el foco puesto en Mónica García, los consejeros del ramo optaron la pasada semana por escenificar la soledad de la ministra. “Se ha quedado sola”, verbalizó el consejero vasco, Alberto Martínez, que había acordado con el resto de gobierno autonómicos un texto conjunto que leyeron al inicio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convocado para abordar la crisis y en el que se negaron a intervenir.

El acuerdo que firmaron todas las comunidades salvo Catalunya, que envió después un comunicado asegurando que estaba de acuerdo con el contenido, pasaba por exigir a la ministra que negocie con los médicos en huelga y acometa reformas “estructurales” de un sistema sanitario con las competencias transferidas desde 2002.

“En el Gobierno ya estamos acostumbrados a que cuando alguien tiene que asumir sus responsabilidades, en vez de hacer su trabajo, mira a quién le puede echar la culpa”, afeaba García en la entrevista. “Solo la eliminación de las guardias de 24 horas ya requiere un esfuerzo organizativo y presupuestario. Y, claro, las comunidades se resisten, es legítimo”, deslizaba.

Aunque todas las partes —Ministerio, comunidades y sindicatos médicos— aseguran que mantienen la mano tendida para encontrar una salida al conflicto, no parece que este esté cerca, ni que esas manos estén dispuestas hacia la misma dirección. Mientras, el Comité de Huelga ha pedido nuevos interlocutores y ha exigido que el presidente Pedro Sánchez resuelva el entuerto. El portavoz el Partido Popular, Borja Sémper, utilizó este lunes la crisis abierta para atizar al Gobierno: “Feijóo va a convertir la sanidad en prioridad nacional”.

Los médicos han comenzado este lunes su quinta semana de paros contra el estatuto marco, en un conflicto enquistado con Sanidad. Tanto, que los sindicatos del gremio han anunciado que convocarán una huelga indefinida tras el verano, ante la “ausencia total de propuestas de los responsables ministeriales”.

Las organizaciones sindicales que representan exclusivamente a los médicos y facultativos habían marcado en enero un calendario de movilizaciones, que pasaban por una huelga semanal cada mes hasta junio. Ahora, han señalado que frenarán los paros durante el periodo estival, “en el que la situación para los profesionales se complica aún más por lo exiguo de las plantillas, sin apenas suplencias con la consiguiente sobrecarga para poder tener el descanso vacacional preceptivo y necesario”.

Pero volverán a la vuelta escalando el conflicto con una huelga indefinida y otras medidas, “para mantener las reivindicaciones del colectivo”. Estas son un estatuto propio, un ámbito de negociación específico, la implantación de la jornada laboral de 35 horas, una clasificación profesional “justa” y un modelo de jubilación flexible.

En un comunicado difundido este lunes, el Comité de Huelga insiste en que “no van a desmovilizarse mientras no se atiendan sus demandas y emplazan a la convocatoria de huelga indefinida tras el verano”, “si no se produce ningún cambio” durante esta semana o en los meses de julio y agosto.

El Comité de Huelga lamenta también el “empeño de Sanidad en seguir adelante con la tramitación” del Estatuto Marco, pactado con las organizaciones sindicales del ámbito. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley el pasado 2 de junio, lo que soliviantó a los sindicatos médicos. La ministra Mónica García insistió la semana pasada en que no daría marcha atrás: “No vamos a renunciar, porque me parecería una traición a los profesionales”.

La brecha abierta entre Mónica García y los sindicatos médicos no hace más que ensancharse. Y los últimos pasos para tratar de resolver el conflicto no hacen sino agrandarla. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles, en el que Sanidad pretendía abordar con las comunidades autónomas algunas de las reivindicaciones de las organizaciones es un ejemplo. “La ministra está sola”, trasladaron con una sola voz los consejeros autonómicos que, si bien habían solicitado la reunión, optaron por no intervenir.

En su lugar, los y las responsables de sanidad de los diferentes territorios optaron por leer un acuerdo conjunto, en el que señalan a Sanidad como responsable del conflicto en torno al nuevo estatuto marco, que rechazan los médicos. “Es precisamente el contenido y la tramitación de esta norma lo que ha motivado la actual convocatoria de huelga de ámbito estatal, dirigida al Ministerio, tal y como evidencian tanto el origen de las reivindicaciones como el propio marco de interlocución de las organizaciones convocantes”, trasladaron.

El texto lo firmaron 16 comunidades —todas salvo Catalunya, que compartía los argumentos, pero evitó echar más leña al fuego— con gobiernos de todo signo. Desde el de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, del PP; hasta los de los socialistas de Asturias, Adrián Barbón; Navarra, María Chivite; y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; pasando por el de Coalición Canaria, Fernando Clavijo; o el vasco.

Precisamente, fue el consejero del PNV, Alberto Martínez, el elegido como portavoz. Martínez ya había avanzado el día previo que las consejerías trabajaban en un documento conjunto que trasladaron a Sanidad durante la tarde. El anuncio lo hizo en una intervención en la que comprometió 70 millones de euros anuales del presupuesto autonómico para responder a algunas de las demandas del Sindicato Médico de Euskadi, como la reorganización de las guardias, la mejora de la retribución o el incremento de los complementos de productividad.

Tras la reunión de este miércoles, la ministra García se mostró contrariada con la posición de las comunidades ante la primera reforma del estatuto marco y las condiciones de los médicos en más de dos décadas: “No sé si tiene que ver con lo peor del statu quo o con lo de que el que pueda hacer que haga”. “Traíamos una serie de puntos que resuelven una gran parte de las reivindicaciones del comité de huelga y del colectivo médico, pero las comunidades han rechazado comprometerse. Podrían haber desbloqueado el conflicto asumiendo su parte de las competencias y han decidido no hacerlo y mirar para otro lado”, dijo en rueda de prensa.

Los acuerdos que Sanidad quería poner sobre la mesa, “para dotar de armonía” a todas las comunidades, pasaban por un límite a la jornada de guardia y su mejora retributiva, el establecimiento de la jornada ordinaria de 35 horas y la reducción progresiva de la jornada máxima semanal. “En su día nos dijeron que no eran competencia del estatuto marco y, toda vez que lo sacamos del estatuto marco y lo traemos al acuerdo del Consejo Interterritorial, es contradictorio que justo cuando vamos a hablar de esos acuerdos se nieguen y digan que no son su competencia”. “No pueden hacer de perro del hortelano, que ni resuelven ni dejan resolver”, ha espetado García sobre la actitud de unos consejeros que a la que no encuentra “explicación, a no ser que no quieran ver el fin del conflicto”.

El estatuto marco recoge unos mínimos que todas las comunidades deben asumir. Por ejemplo, el texto que pasó hace unos días por el Consejo de Ministros reduce el máximo de horas de guardia de 24 a 17 horas, reduce la jornada laboral máxima a 45 y establece oposiciones cada dos años. “Pero las consejerías pueden llegar a los acuerdos que quieran [a mejor]”, ha insistido García, que ha denunciado que los responsables autonómicos tampoco han querido hablar de la reducción progresiva de la jornada laboral máxima.

La retribución de las horas de guardia es uno de los temas más representativos. Según un informe del Sindicato Médico Andaluz, en 2023 había una diferencia de casi 10 euros por hora en un día laborable, de más de 11 en festivo y de hasta 38 euros en jornada especial entre las comunidades que menos y más pagaban.

El principal frente abierto está con los sindicatos médicos, que no están conformes con la negociación entre Sanidad y las organizaciones del ámbito. El leitmotiv de su reivindicación es que no están representados en esa mesa, donde se negocia las condiciones de todos los trabajadores del sector, donde los médicos solo representan en torno al 20%.

Este miércoles, el comité de huelga respondió públicamente a una carta que el Ministerio le había trasladado el día anterior —y que no había hecho pública entonces—, para criticar que “ni la ministra, ni sus representantes en la mesa de negociación han mostrado la menor confianza en el diálogo como vía de solucionar el conflicto”. “Por el contrario, han insistido en presentarnos soluciones jurídicamente inviables y en confundir a la opinión pública con comunicados tendenciosos e inexactos, haciendo recaer sobre nosotros la responsabilidad del conflicto”.

En el comunicado, señalan que es “falso” que el estatuto marco recojan sus reivindicaciones; que es “discriminatorio” que solo los facultativos estén “obligados a hacer horas extra pagadas por debajo de la hora ordinaria”; que no se ha modificado la clasificación profesional; o que es falso que la creación de una mesa de negociación específica esté en manos de las comunidades autónomas.

García ha insistido este miércoles en ese punto. “La creación de mesas específicas de negociación del colectivo médico es algo que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público y que las comunidades pueden hacer desde hoy mismo amparándose en el artículo 39.4, como se ha hecho en otras categorías y áreas”, ha dicho. Ese punto establece que “el establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas”.

Ante este panorama, los sindicatos médicos mantienen la huelga prevista para la próxima semana —la quinta en lo que va de año—, con los puentes rotos con Sanidad. “La persistencia de la convocatoria evidencia que el problema de fondo continúa abierto y que no se ha alcanzado el necesario consenso con el colectivo médico. Esta situación hace imprescindible reabrir con urgencia un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo”, consideran desde las comunidades.

Un nuevo diálogo que ha puesto en alerta a los sindicatos de la mesa del ámbito, que han enviado a su vez una acrta a las consejerías advirtiéndoles de que es en esos espacios donde se abordan las condiciones laborales de los profesionales. En concreto, les han pedido no “desplazar de facto la negociación colectiva hacia espacios distintos de los legalmente previstos” ni “crear precedentes que debiliten los mecanismos ordinarios de participación y negociación colectiva”. Una posición que suma un nuevo quebradero de cabeza a un conflicto ya de por si complejo.

La Ministra, por su parte, sigue convencida de sacar adelante un estatuto, el primero en 23 años, que considera “la primera piedra para acabar con la precariedad y la inestabilidad” de los médicos: “No vamos a renunciar, porque me parecería una traición a los profesionales”.

“La ministra se ha quedado sola”. El consejero vasco de sanidad, Alberto Martínez, ha tomado la palabra en nombre de todas las comunidades para avanzar una posición conjunta de cara a la reunión del Consejo Interterritorial que se celebra este miércoles. A las puertas de la sede ministerial, Martínez ha afirmado la disposición de los gobiernos autonómicos a “tender la mano al Ministerio para retomar la relación” con Mónica García para, a renglón seguido, avanzar que no intervendrán en ninguno de los puntos del día previstos para este encuentro.

Todas las consejerías, salvo Catalunya, han firmado un documento que leerán al inicio de la reunión. Será su única aportación a un Consejo en el que estaba previsto abordar cuestiones como el límite máximo de jornada ordinaria de 35 horas, la retribución de la hora de guardia, la creación de mesas específicas de negociación o la clasificación profesional.

Las consejerías justifican su decisión en que el estatuto marco contra el que se levantan los médicos es “una norma básica de carácter estatal, cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad, en virtud de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico”. Y son las comunidades autónomas, dicen, “como responsables de la organización y prestación de la asistencia sanitaria”, quienes están “asumiendo las consecuencias asistenciales y organizativas derivadas de un conflicto cuya raíz no se sitúa” en su “ámbito competencial”.

En el documento, que han leído en la reunión con Sanidad, exigen al Ministerio que reabra “con urgencia un proceso de diálogo, real, efectivo y constructivo” e impulse, “con carácter inmediato, medidas estructurales y sostenidas en el tiempo”.

“Al terminar la lectura y la explicación” del documento, señaló Martínez a la prensa, “daremos por terminada nuestra intervención”. El consejero vasco ha aclarado, no obstante, que no se levantarán de la mesa, aunque no realizarán más aportaciones.

Navarra ha hecho un apunte al documento, en el que hace constar que “puesto que todos sus profesionales son funcionarios del Gobierno de Navarra, el estatuto marco afecta tan solo en cuestiones relativas a la jornada, siendo las soluciones a la mayoría de las reivindicaciones del colectivo médico competencia de la propia comunidad, no estatal salvo en el caso de los médicos en formación, de manera diferenciada al resto de las comunidades”.

Desde el departament de Salud catalán aclaran que “el hecho de no adherirse a este texto no implica desacuerdo con su contenido”. “Compartimos buena parte de las reflexiones que en él se expresan, pero no compartimos iniciativas que puedan profundizar en el actual contexto de conflictividad”, apuntan.

El conflicto entre Sanidad y los sindicatos médicos se prolonga ya durante meses. De hecho, las organizaciones sindicales establecieron en enero un calendario de huelgas de una semana al mes, al menos hasta junio. La última prevista está convocada para el próximo lunes. “La responsabilidad de su resolución sigue estando exclusivamente en manos de las administraciones, por lo que mientras no lleguen propuestas serias para desbloquearlo, el colectivo médico mantendrá la movilización y responderá con la unidad, firmeza y determinación con las que lo ha hecho hasta ahora”, señalaban desde el Comité de Huelga en un comunicado la semana pasada.

Aunque el foco está puesto en la ministra, en varias comunidades los sindicatos han mantenido huelgas autonómicas, también frente a sus propias consejerías. Es el caso de la Comunitat Valenciana, Madrid o Aragón, donde algunos especialistas han renunciado a hacer 'peonadas', las horas extra con las que se rebajan las listas de espera.

García ha hecho referencia este martes al encuentro con las consejerías de sanidad. “Pondremos encima de la mesa aquellas reivindicaciones que no son de nuestra competencia”, insistió durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Entre ellas, enumeró “las retribuciones de la hora de guardia”, “la disminución más allá de los límites que hemos puesto en el estatuto marco de las guardias” , la puesta en marcha de ,esas de partición de decisión que sean exclusivamente médicas“ o la implantación de las ”35 horas de jornada laboral“.

“Lo que trae el estatuto marco son límites al abuso de aquellos que ejercen las competencias en materia de sanidad, que están transferidas desde el año 2002”, ha hecho hincapié la ministra: “Eso significa que la gestión, la planificación, los recursos humanos, las plantillas y el abordaje de las mejoras de las condiciones laborales son competencia de las comunidades autónomas”.

Por su parte, los sindicatos Satse, Comisiones Obreras, UGT y CSIF han enviado sendas misivas a las consejerías recordando que los asuntos que pretenden abordar “forman parte del ámbito propio de la negociación colectiva”. Es ese ámbito, en el que estas organizaciones están presentes, donde Sanidad pactó el nuevo estatuto marco.

En ese sentido, estos sindicatos muestran su “preocupación” porque los acuerdos que puedan adoptarse en el marco del Consejo Interterritorial, lleguen a “alterar o condicionar procesos de negociación ya iniciados o en curso en el Ámbito de Negociación”, “desplazar de facto la negociación colectiva hacia espacios distintos de los legalmente previstos”, “generar desequilibrios o respuestas parciales dirigidas exclusivamente a determinados colectivos profesionales” y “crear precedentes que debiliten los mecanismos ordinarios de participación y negociación colectiva”.

Los sindicatos del ámbito solicitan a las consejerías que cualquier asunto del orden del día que afecte a las condiciones laborales, clasificación profesional, jornada, retribuciones, organización del trabajo o estructuras de negociación “respete plenamente” el “espacio legítimo de negociación colectiva”. Además, piden que las comunidades, “como administraciones empleadoras y responsables de la gestión de los servicios sanitarios, participen activamente en el fortalecimiento de los espacios de negociación colectiva y diálogo social”.

En 2024, último año del que hay datos disponibles, se diagnosticaron en España unas 93.000 infecciones de transmisión sexual. La tendencia es ascendente para las principales ITS que monitoriza el Instituto de Salud Carlos III. Desde el año 2000, han aumentado la gonorrea, la sífilis y la clamidia, señalaba el último informe de vigilancia epidemiológica, del que se ha hecho eco este lunes la ministra de Sanidad, Mónica García: “Las ITS existen y pueden estar más cerca de lo que pensamos”.

El Ministerio ha presentado su nueva hoja de ruta para el periodo 2026-2030, con el que busca revertir una tendencia que atribuye a “cambios en los comportamientos sexuales y en las formas de relación, así como a la mejora de la vigilancia epidemiológica y del acceso a las pruebas diagnósticas”, indican en un comunicado.

El aumento de los casos no es negativo per se, si este se debe a un mayor control y una mejora de los diagnósticos, porque cada positivo que se detecta y se trata corta la propagación de la infección. De hecho, dos de las palancas que quiere activar Sanidad en su nuevo plan son la “innovación en el diagnóstico” y la “universalidad” en el acceso a la protección de la salud para personas extranjeras.

En el primer caso, el Ministerio ha autorizado el primer kit de autotoma de muestras en España para “facilitar el diagnóstico de ITS fuera de los entornos clínicos convencionales”. En el segundo, “se impulsa la capacidad diagnóstica en la Atención Primaria”.

En el apartado de prevención, el Gobierno tiene previsto destinar más de nueve millones de euros para financiar, a partir de 2027, preservativos para jóvenes de entre 16 y 22 años. “La mayoría de los diagnósticos se produce en adultos jóvenes con una afectación superior en hombres que en mujeres en todas las ITS, a excepción de la clamidia, donde la proporción de mujeres menores de 25 años es elevada”, indican desde el Ministerio, cuya campaña recuerda “que estas infecciones no se limitan a una población, edad o contexto específicos”.

Por otro lado, Sanidad priorizará el control de la gonorrea multirresistente. Una infección que preocupa especialmente, “ante el riesgo de aparición de cepas que comprometan los tratamientos actuales”. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, estas resistencias afectan a fármacos como las tetraciclinas, los macrólidos, las combinaciones de sulfonamidas y trimetoprim y, más recientemente, las quinolonas, lo que dificulta el abordaje de la enfermedad.

En 2024 se notificaron 37.257 casos de infección gonocócica, lo que supone una tasa de 77 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de la Chlamydia trachomatis, se detectaron 41.918 infecciones, con un aumento del 19.6% desde 2016. La sífilis alcanzó los 11.930 casos, un 19,4% más que en 2021.

Además, se notificaron 1.966 casos de linfogranuloma venéreo. No obstante, desde el ISCIII, recordaban en su informe de vigilancia epidemiológica que es necesario implantar el seguimiento de esta enfermedad en todas las comunidades autónomas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Estatuto Marco del personal estatuario de los servicios de salud. Una norma que establece un “marco común” para todo el territorio y que ha soliviantado a los sindicatos médicos, en pleno conflicto con la ministra de Sanidad, Mónica García.

“El Gobierno de España ha hecho su parte”, ha señalado la ministra portavoz, Elma Saiz, que ha mencionado “mejoras históricas”. “Una parte muy importante de las reivindicaciones que siguen planteándose no depende ya del Ministerio. Son las comunidades autónomas las que tienen competencias sobre salarios, servicios y condiciones de trabajo” del personal sanitario, ha dicho.

El Ministerio llegó a un acuerdo para la primera actualización del Estatuto Marco en dos décadas con los sindicatos de la mesa general del ámbito —CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde— en enero. Con el paso dado este martes por el Consejo de Ministros, el anteproyecto pasa a la fase de audiencia pública, donde organizaciones y particulares pueden realizar aportaciones antes de su remisión al Congreso.

El texto, indican desde Sanidad, limita las guardias “a un máximo de 17 horas, siete menos que en la actualidad y sin perdida retributiva, mientras que la jornada máxima semanal se reduce a 45 horas, por debajo del límite de 48 establecido por la normativa europea”. Además, “refuerza la estabilidad en el empleo con la convocatoria obligatoria de oposiciones cada dos años, introduce la figura del personal estatuario investigador y profesionaliza la gestión directiva mediante procesos públicos y transparentes”.

El acuerdo entre los sindicatos de la mesa y Sanidad contempla también una compensación de 20 días de retribuciones fijas por año de servicio en los supuestos de abuso de temporalidad y limita a tres años el nombramiento de plazas vacantes en un sector donde la temporalidad ha estado a la orden del día.

En el marco de la clasificación profesional, el anteproyecto de ley se adapta al marco europeo, indican desde el departamento que dirige Mónica García, al “estructurar al personal en grupos atendiendo al nivel del título exigido para el ingreso”.

El trámite llega en pleno conflicto con los sindicatos médicos, que no se sienten representados en la mesa general, elegida entre todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud —también, pero no solo, los médicos—.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) convocaron en enero un calendario de movilizaciones, que incluye una semana de huelga al mes, al menos, hasta junio. La quinta será del próximo día 15 al 19.

Este mismo lunes, el Comité de Huelga mantuvo un encuentro con el Ministerio, con los puentes maltrechos. “Sanidad no tiene intención de desbloquear el conflicto, tras una nueva reunión que concluye sin propuestas”, indicaron estos sindicatos en un comunicado en el que avanzaban la intención del equipo de García de “reunirse en los próximos días con el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salus para abordar posibles fórmulas que permitan que médicos y facultativos tengan un ámbito propio de negociación de sus condiciones laborales con la Administración y, en esa línea, clarificar qué competencias corresponden a Sanidad y cuáles a las comunidades autónomas para ver el margen de maniobra de cada uno”.

Los sindicatos médicos tienen también convocadas huelgas coincidentes con algunas comunidades autónomas, quienes tienen transferidas buena parte de las competencias en sanidad.

Tras la aprobación en el Consejo de Ministros de este martes del Estatuto Marco, desde Sanidad recuerdan que, “a partir de este marco básico, las comunidades autónomas deberán desarrollar y adaptar estas medidas a sus respectivos servicios de salud mediante sus políticas de recursos humanos y procesos de negociación”. En el caso de las medidas organizativas en materia de jornada, dan un plazo de cinco años.

El Comité de Huelga ha insisto en los últimos días en que sus reivindicaciones “siguen centrándose en un Estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional diferenciada y una jornada laboral justa”, que incluya la implantación de las 35 horas semanales.

Reivindicación y deberes. Los partidos que conforman la coalición Sumar se han conjurado como “la izquierda limpia y valiente” ante el goteo de casos de corrupción que han impactado en el PSOE, y han reclamado a su socio mayoritario de Ejecutivo “ejemplaridad y transparencia” y un acelerón en la acción de Gobierno, con el foco en la vivienda.

Los socios de Sánchez en el Ejecutivo de coalición —Comuns, Más Madrid, IU y Movimiento Sumar— han celebrado este sábado un acto en Barcelona, con la participación de tres de sus ministros, tras las turbulencias que han generado las investigaciones judiciales sobre el PSOE y la exigencia de Junts y el PNV al presidente para que convoque elecciones anticipadas.

“¿Cómo estáis de ánimos?”. Así ha arrancado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy su intervención, consciente de que no ha sido la mejor semana para el Gobierno. La dirigencia de los partidos a la izquierda del PSOE ha querido insuflar ánimos a la militancia, pero también elevar las exigencias a los socialistas.

Ninguno de los ministros de Sumar ha apuntado posibilidad alguna de salir del Ejecutivo, si bien sí han mantenido el tono duro contra el PSOE. Pese a que la minoría parlamentaria del Ejecutivo se ha constatado de nuevo, los dirigentes progresistas han redoblado las peticiones al PSOE para aprobar más medidas de izquierdas.

“Por supuesto que hay una operación para derribar a este Gobierno, pero esto no es excusa para determinados comportamientos”, ha aseverado Bustinduy, que ha reclamado al PSOE “ejemplaridad y transparencia” sobre las causas judiciales que acumula el partido y “vivienda, vivienda y vivienda” como prioridad del Ejecutivo.

En este sentido, Bustinduy ha anunciado que Sumar volverá a llevar al Congreso “cuanto antes” el decreto de los alquileres que PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso. “No vamos a parar, no vamos a parar hasta que se prorroguen los alquileres y echemos a los rentistas y especuladores”, ha enfatizado la ministra de Sanidad, Mónica García.

A juicio de García, las políticas progresistas “de las que presume el PSOE” son producto de las iniciativas impulsadas por los partidos de Sumar. “La mayoría de las medidas de progreso las hemos hecho nosotros”, ha insistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El dirigente de los Comuns ha pedido a Sánchez “responsabilidades y dar la cara”. “Ferraz [la sede del PSOE] no puede seguir siendo un lastre para la mayoría progresista de este país”, ha remarcado Urtasun.

“Un Gobierno contesta a una operación de derribo con leyes y medidas”, ha agregado el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, en la intervención que ha cosechado más aplausos de los 350 asistentes al acto.

Maíllo ha sido el único orador que ha citado explícitamente algunos de los casos de corrupción que sobrevuelan a exdirigentes socialistas: “Las explicaciones sobre por qué el PSOE ha tenido dos secretarios de organización absolutametne desaconsejables o por qué un expresidente que puede vivir muy bien con su pensión se dedica a yo qué se qué son lo único que nos permitirá salir adelante”.

“Esta no es nuestra mochila”, ha manifestado la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, para marcar distancias con los socialistas. “La corrupción 0 existe, pero para que exista tienes que tener la casa muy limpia y saber para qué has venido”, ha ahondado, para a renglón seguido apostillar: “El PSOE tiene que hacérselo mirar y cuidar al Gobierno”.

“¿Dónde estaba el PSOE cuando freían a querellas a Barcelona en Comú, Podemos y los independentistas?”, ha incidido el diputado de los Comuns en el Congreso y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello. “No lo preguntamos desde el revanchismo, sino desde la autoridad que nos da haber demostrado que se puede gobernar sin casos de corrupción”, ha añadido.

Pese a las exigencias de Sumar, las explicaciones de Sánchez no serán inmediatas. Su intervención en el Congreso todavía no tiene fecha, pero será después del Consejo Europeo del 19 de junio. Mientras el PSOE se abona a la teoría de un campaña orquestada ante el aluvión de causas judiciales, el calendario no da tregua: el expresidente Zapatero comparecerá como investigado el 17 de junio.