El conflicto entre Sanidad y los sindicatos médicos se ha elevado este jueves el enésimo escalón. La ministra Mónica García ha aprovechado su intervención en una comisión del Senado para hacer pública una pequeña parte de la transcripción de la última reunión con el Comité de Huelga, que los sindicatos había pedido grabar. Según estos entrecomillados, las organizaciones sindicales del ámbito habrían circunscrito sus reivindicaciones a obtener mayor representación en las mesas generales. “Si nos dais un ámbito de negociación propio, no vamos a negociar ninguno de los otros aspectos”, leyó García.

El Ministerio y el Comité de Huelga habían mantenido la semana pasada encuentros discretos y Sanidad había emplazado a los sindicatos médicos a una nueva reunión con las comunidades este jueves. Esa cita saltó por los aires cuando las organizaciones emitieron un comunicado en la noche del martes en el que avanzaban que continuaban con la huelga de cuatro días prevista para el próximo lunes.

“Creo que a las comunidades lo que hay que decirles es que estamos dispuestos a suspender la huelga después de esta reunión, si hay buen rollo. Eso lleva dos cosas, primero que vayan y segundo que entren, porque tiene que haber cierto acuerdo. Cada uno de nosotros va a ir a hablar con nuestros consejeros y vamos a decirles: ”Oye, que sí, que hay intención de que esto funcione“”, ha desvelado García que dijeron los negociadores del Comité de Huelga.

El Comité de Huelga está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

García ha acusado a los sindicatos médicos de “deslealtad”, en la negociación y con los profesionales, “a quien nos les están llevan los acuerdos, las ventajas y las mejoras que estamos acordando en las mesas de negociación”.

“Eso es lo que se cuenta dentro y fuera se mantiene el conflicto. Esto es asi. Hemos llegado a acuerdos cuatro veces. (hemos mantenido) 26 reuniones en un tono muy constructivo desde las dos partes, que se pierde cuando se atraviesa la puerta. Yo voy a seguir intentándolo, porque nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando que los profesionales no tengan ni siquiera los mínimos, que sigan haciendo dos guardias a la semana, cuando el Estatuto Marco dice que podrán hacer como mucho una; que sigan haciendo guardias de 24 horas, cuando el Estatuto Marco dice que solo podrán hacer dos turnos seguidos o que puedan organizarse por turnos; o que sigan teniendo OPEs cada 10 años, cuento el Estatuto Marco dice que se pueden hacer cada dos”.

La propuesta de Sanidad pasaba por “utilizar el Estatuto Básico del Empleado Público y los recursos jurídicos que tienen para que los médicos tengan un ámbito de negociación propio formal”, ha explicado en el Senado Mónica García, donde ha insistido en que “esto es lo que se ha estado negociando en las últimas semanas”. “Un solo punto, al cual hemos dado respuesta”, ha asegurado. “¿A usted le ha pasado alguna vez negociar una cosa y romperla al salir por la puerta?”, ha preguntado García al senador madrileño y ex consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero. “A mí me parece desleal”, espetó.

El Comité de Huelga pide la dimisión de la ministra

El Comité de Huelga ha respondido a la ministra a través de un comunicado en el que piden su dimisión “ante las mentiras reiteradas del ministerio”. “Sostiene que la reunión [prevista para este jueves con las comunidades autónomas] había sido solicitada por el Comité, al que le reprocha haber rechazado su última propuesta y mantener convocada la huelga que tendrá lugar la próxima semana”, indican. Una versión de los hechos que, dicen, “no se ajusta a la realidad”.

Según este relato, el Comité habría manifestado su disposición a estudiar la propuesta de la creación de meses de negociación específica para el colectivo médico y facultativo, pero habría quedado “expresamente establecido que la reunión con las comunidades autónomas solo tendría lugar en caso de que dicha propuesta fuese aceptada”. Algo que finalmente no ocurrió tras el “análisis” de la misma, que la reveló “inviable desde el punto de vista jurídico”.

La clave está en que las mesas sectoriales podrán constituirse dependiendo de las mesas generales de negociación, donde estos sindicatos no tienen representación. “Yo no decido quién se sienta en la mesa de negociación sindical, ¿quién lo decide? Las elecciones. ¿Me van a decir que yo me tengo que saltar la representación sindical, que es la que representa a los trabajadores?”, ha afeado la ministra.

Por eso, para los sindicatos médicos, “cualquier solución efectiva al conflicto requiere necesariamente una reforma de la legislación básica del Estado, que permita la creación de una mesa de negociación propia, así como el establecimiento de un estatuto específico para médicos y facultativos”. “Estos son los primeros pasos imprescindibles para abordar el resto de demandas en materia de clasificación, jornada, jubilación, etc.”.

Habían mantenido reuniones discretas la semana pasada, pero volvieron a volar los puentes hace apenas unas horas. Los sindicatos médicos han confirmado que mantendrán la huelga de cuatro días prevista para la próxima semana ante la “ausencia de avances sustanciales” en las conversaciones con el Ministerio de Sanidad. Las nuevas propuestas que ha puesto sobre la mesa el departamento que dirige Mónica García han sido insuficientes para el Comité de Huelga.

Que los sindicatos médicos hayan avanzado que retomarán los paros del próximo lunes, dentro del calendario de movilizaciones mensuales que iniciaron en febrero, ha hecho que Sanidad desconvoque la reunión prevista para este mismo jueves, a la que se estaba llamando a las comunidades autónomas a asistir de forma telemática. Según fuentes cercanas a la negociación, habían sido los propios sindicatos médicos quienes habían pedido la participación de las consejerías en el proceso.

Representantes del Ministerio y el Comité de Huelga se habían reunido en dos ocasiones la semana pasada, el lunes y el viernes. Estos encuentros se produjeron tras la negativa de los médicos a que la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar, mediara en el conflicto. Para rebajar las tensiones, los equipos negociadores habían acordado no pronunciarse sobre el contenido de esos encuentros.

Sanidad no realizó ninguna comunicación de esas reuniones y los sindicatos médicos apenas emitieron una breve nota el viernes. En ella, informaban de que se había mantenido “una reunión de trabajo en la que ambas partes se han comprometido a seguir intercambiando propuestas y a mantener próximos encuentros para continuar con la negociación”.

Esos encuentros no han llegado a producirse. En la noche del martes, el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) avanzaron que las movilizaciones continuarían.

“Aunque la propuesta ministerial generó inicialmente ciertas expectativas, su análisis detallado evidencia que no da respuesta suficiente a los problemas estructurales del colectivo médico ni garantiza mejoras reales en sus condiciones laborales”, indicaban en un comunicado que dinamitó la reunión que estaba preparándose.

Uno de los puntos de fricción que ha frenado las conversaciones ha sido la representatividad de los sindicatos médicos, minoritarios en las mesas generales de negociación. Sanidad había propuesto al Comité de Huelga la creación de mesas técnicas a nivel autonómico en las que estuvieran presentes estas organizaciones, en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público. Para ello, se requiere del consenso de las comunidades autónomas, que estaban siendo convocadas, y finalmente desconvocadas, para este jueves.

“Esas mesas técnicas están supeditadas a las generales en las que, como todo el mundo sabe, están únicamente los sindicatos generalistas. Es decir, aquellos que tienen una alta implantación por número de afiliaciones y de trabajadores a los que representan”, explica el secretario general de CESM, Víctor Pedrera.

En este sentido, los médicos reclaman un estatuto y una voz propia, frente al resto de trabajadores de la sanidad pública, que cifran en el 85% del total y exigen a Sanidad un estatuto médico. “En toda Europa, menos en España, Croacia y Rumanía, los médicos se regulan de forma individual”, señala Pedrera, que indica que los sindicatos de clase representan a médicos, pero también a otros profesionales del ámbito sanitario.

Además de este estatuto propio y un ámbito de negociación específico, los médicos reclaman una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación, un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico y una clasificación profesional justa. “Debe contemplarse de forma clara el nivel de responsabilidad. La persona que le acerca las pinzas al cirujano y el cirujano que decide por dónde se corta no pueden estar encuadrados en un mismo nivel de catalogación laboral”, considera Pedrera.

A principios de marzo, en el Foro de la Profesión Médica, el Ministerio se comprometió a reforzar el papel de la entidad en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, a reconocer la penosidad de las guardias y a “estudiar” la aplicación de coeficientes reductores para la edad de jubilación. Pero desde Sanidad llevan semanas insistiendo en que muchas de las reivindicaciones escapan de su ámbito competencial, algo que reconocen incluso desde los sindicatos convocantes de la huelga.

Con todo, desde la CESM indican que la negociación del Estatuto Marco se llevó a cabo con el Ministerio quien, dicen, “tiene la potestad de modificar una ley”. El Estatuto Marco, señala Pedrera, “era necesario abrirlo, pero no puedes cerrarlo en falso y dejar a los médicos como estaban. El médico moderno quiere tener unas condiciones laborales exactamente iguales que un celador o una enfermera y negociar con la administración”.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este lunes una orden por la que se amplía el programa de cribado neonatal de enfermedades congénitas en prueba de talón, que incorpora la prevención de nueve patologías más, hasta un total de 21 enfermedades. “Es una decisión que vuelve a reforzar la prevención para llegar antes y proteger mejor”, ha dicho la ministra de Sanidad, Mónica García, durante el acto conmemorativo por el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, donde ha llamado a respetar los principios de universalidad del sistema y blindarlo ante el “negocio”.

La prueba del talón consta de un sencillo test que permite advertir de una posible enfermedad metabólica antes de que aparezcan los síntomas y sea demasiado tarde. Se calcula que este tipo de patología afectan a uno de cada 1.000 bebés y los avances diagnósticos han permitido adelantar diagnósticos y prevenir daños graves. Sin embargo, la diferencia entre comunidades suponía una desigualdad notable entre niños y niñas.

En los últimos años, el Ministerio de Sanidad ha hecho un esfuerzo por acortar estas diferencias y ha ido incluyendo nuevas pruebas en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, el mínimo que deben cubrir las comunidades. En 2024, el Ejecutivo amplió de siete a 11 el número de enfermedades congénitas que todas las autonomías debían incluir para su detección en la prueba del talón en recién nacidos.

Con la publicación en el BOE de este lunes, esas prestaciones sanitarias se amplían por encima de la veintena, con estas nuevas incorporaciones:

Estas se suman a las que ya estaban incorporadas en la cartera básica del sistema nacional de salud:

Además de la ampliación de este paquete de cribados, el Ministerio de Sanidad ha reforzado el cribado de preeclampsia, con un test en el primer trimestre para detectar precozmente el riesgo; garantiza la oferta universal a todas las embarazadas de pruebas de enfermedades infecciosas, como sífilis, VIH, hepatitis B y estreptococo del grupo B, además de ofertar pruebas de hepatitis C, Chagas o Zika, según grupos de riesgo; y estandariza el uso del test de ADN fetal libre en sangre materna como prueba de segunda línea para detectar trisomías —21, 18 y 13— ante riesgos incrementados.

Acceso a reproducción asistida

Otra de las líneas de la nueva orden es la equiparación en el acceso a la reproducción asistida al resto de mujeres a los pacientes con fallo ovárico prematuro. Hasta ahora, estas solo podían optar a esta prestación hasta los 36 años. Con la actualización será hasta los 40, como las demás.

Además, Sanidad ordena ampliar hasta los 74 años la población diana del cribado de cáncer colorrectal, que se realizará de forma progresiva hasta alcanzar la cobertura total en un plazo de diez años. Hasta ahora, la población objetiva eran hombres y mujeres de edades comprendidas entre 50 y 69 años.

El presidente Pedro Sánchez, ha lanzado este lunes un mensaje claro a los gobiernos autonómicos, a quienes ha pedido “preservar” el modelo sanitario español que “está en peligro”. “Es importante que pongamos en valor la lealtad institucional, pero también hay que decir las cosas por su nombre y dirigirse a determinadas comunidades con determinados dirigentes políticos, porque desde 2018 el Gobierno de España ha aumentado la inversión en sanidad en un 30% y ha transferido 300.000 millones de euros más que la administración previa, para que se dediquen a reformar el Estado del bienestar”, señaló Sánchez.

El presidente aprovechó la clausura del acto conmemorativo por el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad para lanzar una pregunta: “A la vista de que la sanidad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, ¿dónde han ido esos recursos adicionales? ¿Cómo es posible que habiendo transferido 300.000 millones de euros más, la sanidad sea una de las principales preocupaciones de los españoles?”.

Aunque Sánchez no ha citado directamente a ningún mandatario autonómico, en su discurso sí hubo referencias implícitas a algunas de las últimas medidas acordadas por el Partido Popular y Vox, donde han establecido en su pacto para mantener como presidenta de Extremadura a María Guardiola la “prioridad nacional” en servicios o prestaciones o las críticas al refuerzo del acceso a la sanidad pública para extranjeros sin residencia legal.

“No es dónde nació el paciente, ni cuánto dinero tiene en la cuenta o cuántos años ha cotizado, la pregunta que define nuestro sistema sanitario y que tenemos que preservar, porque está en peligro, es qué clase de país queremos ser”, reivindicó el presidente, que pidió que “si no es por humanidad, que sea por eficiencia”.

30 millones más en digitalización

Durante su intervención, Sánchez ha anunciado una inversión de 30 millones de euros adicionales en equipos de digitalización de anatomía patológica. Son herramientas destinadas a analizar muestras de sangre en los hospitales y que irán destinados a “mejorar cómo se detecta la enfermedad y se decide la mejor terapia para cada paciente”.

Según ha avanzado el presidente, con esta inversión se conseguirá que los médicos puedan combinar la información de un tumor con los datos genéticos del paciente. “Esto permite afinar mucho más el diagnóstico y elegir el mejor tratamiento oncológico para cada persona”, ha indicado. Además, supone un recorte a la desigualdad territorial en materia sanitaria porque “los especialistas podrán compartir información y experiencia entre hospitales, de forma que cualquier paciente, esté donde esté, tenga acceso a la mejor atención posible”.

El objetivo de esta inversión, que se suma a los 800 millones de euros del plan INVEAT, para la renovación de equipos médicos, es “pasar de un sistema aislado a una red más conectada, donde los casos más complejos se analicen conjuntamente, el seguimiento sea continuo y la ciencia se ponga al servicio de los verdaderos protagonistas, que son los pacientes”.

Carina Escobar (Santa Cruz de Tenerife) es la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), a quien el Ministerio de Sanidad enconmendó la labor de mediar en el conflicto abierto con los sindicatos médicos y ayudar a buscar una solución que evite la huelga prevista para la semana del 27 de abril y con la que se sumarían ya 25 días de paro en lo que va de año. Pero su designación no sentó bien al Comité de huelga, que consideró a los pacientes parte implicada, y se abstuvo de entrar en la reunión que iba a celebrarse el pasado miércoles.

Escobar es cauta en sus respuestas. Aclara que no es su papel posicionarse, pero insiste en que desde la plataforma que representan defienden a los profesionales sanitarios y al Sistema Nacional de Salud. “Eso repercute en nuestra calidad de vida”, señala. También hace hincapié en que su papel en este conflicto no fue buscado —“en ningún momento he llamado a la puerta de nadie pidiendo ser mediadora”—, pero sí cree que su organización puede ayudar a resolverlo: “Ahora tengo más claro cuál es el escenario”.

¿Qué ocurrió el miércoles a las puertas de la reunión entre el Ministerio y el Comité de huelga?

Desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes siempre estamos dispuestos a acudir cuando nos piden ayuda. Antes de ir, preguntamos si el Comité de huelga sabía que estaríamos presentes. El día anterior habían emitido un comunicado, pero como confirmaron su asistencia y se les propuso que llevaran a otro observador, volvimos a preguntar por la mañana. No pretendíamos molestar a nadie, al contrario.

Cuando llegamos al Ministerio, saludé a los miembros del Comité y entré en la sala donde iba a celebrarse la reunión. Ellos se quedaron fuera y nunca llegaron a entrar. Desde dentro les escuché decir que no necesitaban observadores ni mediadores y que los pacientes, al ser parte afectada, no éramos neutrales.

En otros contextos, ¿habían tenido relación con los sindicatos médicos?

No conocía a los representantes, pero actuamos en el ámbito sanitario como un agente más. Siempre que comienza una huelga nos pronunciamos de manera constructiva y le decimos al Ministerio que todo lo que se pueda negociar, se negocie, porque las enfermedades no esperan. Yo misma tenía una cirugía importante en enero que tuve que retrasar, pero entendí que había un proceso de huelga que había que respetar. Los pacientes podemos aguantar hasta cierto punto, pero es difícil ver que la situación no avanza y no te enteras de lo que está pasando.

Los pacientes podemos aguantar hasta cierto punto, pero es difícil ver que la situación no avanza y no te enteras de lo que está pasando

¿Cuál era vuestra función en esa mesa de negociación?

De observadores. Algunas comunidades autónomas nos dijeron que la situación se estaba enquistando y que el Comité de huelga no quería al Foro de la Profesión Médica. Dijimos que sí y el propio Ministerio nos trasladó que no era necesario, pero tras la Interterritorial previa a la Semana Santa se vuelve a plantear nuestra figura y Sanidad nos llama. Somos una plataforma no politizada y que defiende a nuestros médicos y nuestro sistema, así que nos ponemos a ello. Sabíamos que podía ser complicado, pero no pensamos que llegaríamos a esta situación tan hiriente.

¿Cómo podía ayudar la POP?

Los observadores no estamos para imponer, pero sí para tener una visión de lo que se está negociando y que sea transparente. Hemos tenido la oportunidad de estudiar el nuevo estatuto marco y nunca hemos querido entrar en el ámbito del profesional, porque los respetamos profundamente y no es nuestro sitio. Queremos buenas condiciones para nuestros médicos, porque eso repercute en nuestra calidad de vida.

Nosotros ya estamos dentro del sistema, en investigación clínica, con la estrategia de cuidados, en la Agencia Española del Medicamento. No somos unos agentes ajenos al sistema que solo recibimos pasivamente unos servicios y no estamos preparados, ni formados, ni estructurados. Representamos a más de la mitad de la población española que tiene una patología crónica y defendemos su participación en el sistema sanitario a todos los niveles.

El Ministerio de Sanidad ha acusado al comité de huelga de “enquistar el conflicto”. ¿Comparte este diagnóstico?

No tengo información. Lo que puedo decir es que he leído cómo estaba convocada la reunión, el estatuto marco, las peticiones de los sindicatos, las propuestas del Ministerio y tengo más claro cuál es el escenario.

¿Cuál es?

Que sean ellos claros en contar cuál es el escenario.

Ellos...

Las partes implicadas. No voy a entrar en ataques, porque nos perjudica. Estamos viviendo una situación grave para los pacientes, ahora y a futuro, con el aumento de las listas de espera. Desde esa perspectiva, puedo decir que hay un marco y propuestas. Incluso un camino por el que se habían puesto de acuerdo en que había cosas que negociar. Si están dispuestos a negociar, esperemos que se entiendan.

¿Cree que este conflicto que tenemos ahora refleja un problema estructural del sistema sanitario?

Hay cosas que están en las propuestas que yo defendería, como el tema de la jubilación, que no están en el marco del Estatuto, sino que hay que tocar otras teclas. Incluso algunas en las que hay el compromiso de incluirlas de manera escalonada. El Estatuto trae cosas buenas para los médicos, que pueden seguir con sus reivindicaciones. El diálogo es constructivo y creo que ha servido para que se repiensen ciertas cosas, pero no es solo un juego del Ministerio. Están las comunidades autónomas y los sistemas de salud, que también tienen sus competencias. Hemos visto negociaciones en Asturias, en Andalucía, en Galicia... Tenemos claro que la transformación del sistema es fundamental, que hay nuevas tecnologías, que han cambiado los roles y que los médicos no pueden estar con una regulación de los años 80. Pensar en el futuro es bueno para todos.

¿En qué podría ceder cada una de las partes para resolver este conflicto?

Incluso si hubiera sido observadora y mediadora, tendría la prudencia y la responsabilidad de no pronunciarme sobre eso. Somos tremendamente cautos y sé distinguir lo que es bueno o malo para una negociación. Queremos lo mejor para los médicos y para el sistema. Tenemos la voluntad de que esto se solucione, nos han pedido ayuda y hemos llegado hasta donde hemos podido. Ha sido muy duro. En ningún momento he llamado a la puerta de nadie pidiendo ser mediadora de este conflicto. Estamos acostumbrados a ir de la mano con las sociedades científicas, los colegios profesionales, las entidades… pero en ningún momento nos inmiscuimos en cosas que no nos corresponden.

Cuando pasa el tiempo y nos piden ayuda porque no avanzan, aceptamos, pero no ponemos en duda la buena fe de unos y otros

¿Ha echado en falta información como Plataforma en todo este proceso?

Somos prudentes y confiamos en que las instituciones y los sindicatos están haciendo una negociación constructiva. Cuando pasa el tiempo y nos piden ayuda porque no avanzan, aceptamos, pero no ponemos en duda la buena fe de unos y otros. No puedo entrar en otro tipo de valoraciones. Lo que puedo decirte es que nos han llamado y hemos ido; no nos han querido y nos hemos retirado.

¿Cree que los médicos deberían tener un estatuto propio?

No lo sé, porque no me han contado qué ventajas tendrían. Me gustaría saber qué está pasando en Europa con otras políticas sanitarias, qué se está diciendo a nivel estatal, qué responden los consejeros y consejeras de Sanidad. Nosotros no somos expertos en eso y no tenemos responsabilidad política.

¿Y una jornada semanal máxima de 35 horas, que es otra de las reivindicaciones?

Creo que lo pueden negociar. Nosotros queremos que el sistema funcione y que haya jornadas laborales justas. Ahora se establecen guardias de 17 horas, pero hemos visto negociaciones en las que se han bajado a 12 horas. Todo es negociable, pero debe haber diálogo y buen entendimiento, y los derechos laborales tienen que estar cubiertos.

El Ministerio de Sanidad llegaba al Consejo Interterritorial de este jueves con la intención de aprobar el nuevo manual de buenas prácticas en eutanasia que, entre otros cambios, introducía una tramitación abreviada para los casos más urgentes. El texto había sido trabajado y consensuado a nivel técnico con las comunidades autónomas, pero finalmente ha sido retirado del orden del día a petición de la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute.

Matute ha justificado su petición en la necesidad de “enriquecer el texto con las aportaciones de las sociedades científicas y colegios profesionales, con los que no se ha contado previamente” y “en aras de alcanzar una mayor excelencia técnica y profesional en una materia tan compleja y sensible”, según explican fuentes de la Consejería.

Estas mismas voces aclaran que el nuevo manual no aborda el tema de la salud mental, que es “fundamental”, aunque confirmar que el texto que pretendía ponerse hoy sobre la mesa del Consejo Interterritorial si se había trabajado ya a nivel técnico por parte de las consejerías. En cualquier caso, indican que el documento se tratará en la próxima reunión de las comunidades con el Ministerio de Sanidad.

El nuevo manual de buenas prácticas, que pasaría a ser la referencia técnica común, ya estaba incluido en el orden del día del anterior Consejo, celebrado el pasado 27 de marzo, pero que quedó copado por la crisis abierta entre Sanidad y los sindicatos médicos. Un conflicto al que ha hecho referencia este jueves la propia Matute, al pedir la dimisión de la ministra Mónica García, “al ser incapaz, después de cuatro meses, de resolver la grave huelga de médicos en toda España, que está creando una tensión asistencial sin precedentes en el conjunto del Sistema Nacional de Salud”.

Además de una tramitación abreviada para los casos más urgentes, el texto del nuevo manual amplía los tiempos de aplazamiento hasta los seis meses e incorpora la posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias acordes a la normativa o por la propia voluntad del paciente que, si no pide reactivarlo en tres meses, dará por cerrado el expediente. También instaura las unidades administrativas de apoyo, que ya existen en la mayoría de comunidades autónomas y refuerza la figura de la enfermera del equipo asistencial.

Una nueva estrategia de cuidados paliativos

Lo que sí ha salido adelante en este Consejo Interterritorial ha sido la nueva estrategia de cuidados paliativos, que impulsará esta prestación desde mucho antes del final de la vida. El nuevo plan pone el sufrimiento del paciente, y no su fase agónica, como criterio central de la atención, e introduce herramientas validadas dentro de la historia clínica informatizada para una atención precoz.

Además, se ha aprobado el documento de consenso para el abordaje de la enfermedad renal crónica, una patología que afecta a más del 10% de la población y, a menudo, no presenta síntomas en sus primeras fases, lo que provoca un elevado infradiagnóstico. De hecho, esta nueva hoja de ruta tiene como objetivo “impulsar un modelo asistencial más proactivo, coordinado y centrado en la persona, favoreciendo el diagnóstico precoz y un abordaje integral que contribuya a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a optimizar los recursos del sistema sanitario”. A esta patología se destina el 5% del gasto sanitario total.

Sanidad también ha actualizado el consenso para prevenir la fragilidad y las caídas en personas mayores, con el objetivo de prevenir la discapacidad, mejorar la calidad de vida y reforzar la sostenibilidad del sistema. Según los datos del Ministerio, la fragilidad afecta hasta al 18% de las personas mayores y un 30% de la población por encima de los 65 años sufre, al menos, una caída al año.

Un recurso contra la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles

La reunión de este jueves venía precedida del anuncio, esta misma mañana, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que recurriría el real decreto que devuelve la atención sanitaria a los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular. “Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos y por eso, otra vez, este Gobierno va a recurrir este Real Decreto”, afirmó durante la sesión de control en la Asamblea madrileña.

“Piensa que va contra el Gobierno y va contra la sanidad pública”, afeó la ministra García, quien defendió que “al final los derechos acaban imponiéndose”. Precisamente, Ayuso ha encadenado varios varapalos judiciales en las últimas semanas, algunos de ellos relacionados con cuestiones sanitarias, como su negativa a iniciar el registro de objetores de conciencia para practicar abortos. La Justicia ya ha dicho que la Comunidad debe ponerlo en marcha, entre otras cosas, al ser una obligación recogida en una ley orgánica.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido al agitador ultra Bertrand Ndongo tras pedirle disculpas por haber acudido hace tres años a fotografiar a sus hijos, menores de edad, a la entrada del colegio. Aunque “agradece” la disculpa, García le replica que desde entonces ha continuado acosándola: “Como buenos mercenarios de la derecha, tú y Vito Quiles, habéis hecho del acoso vuestra profesión”.

García lo denunció en su momento ante la Policía. La política, entonces candidata de Más Madrid, relató que un grupo de padres le alertó de que un hombre estaba haciéndoles fotos a ella y sus hijos el 1 de marzo de 2023, a las 9.00 horas de la mañana, a las puertas del colegio. Se acercó a Ndongo y le preguntó por el motivo de las fotografías. Este alegó que “a él también le acosan llamándole pederasta y que podía tomar fotografías porque se encontraba en la vía pública y que continuaría realizándolas”. Buscaba comprobar “si era cierto que llevaba a sus hijos a un colegio concertado”, algo de lo que ahora —dice Ndongo— se siente “asqueado”.

“Agradezco la disculpa, pero viniste a acosarme al colegio de mis hijos hace tres años. Desde entonces has tenido oportunidades para disculparte y sin embargo seguiste acosándome en manifestaciones y actos porque como buenos mercenarios de la derecha, tú y Vito Quiles, habéis hecho del acoso vuestra profesión”, ha respondido la ahora ministra. Y añade: “Serían más sinceras las disculpas si aprovecharas para pedírselas a Carla Antonelli y a todas las que has perseguido y acosado durante estos años”.

Ndongo publicó el miércoles un post en el que se refería, sin citarlo, a Vito Quiles después de que los periodistas Javier Ruiz y Sarah Santaolalla hayan denunciado su acoso. “No se puede perseguir a nadie hasta la puerta de su casa. Sigo asqueado de mí mismo por cuando fui al colegio de los hijos de Mónica Garcia, por orden de mi medio, a comprobar si estudiaban en un colegio público. Nunca me olvidaré de la cara de la Ministra, triste y enfadada. Crucé todos los límites. Me salté mis propios principios. Es algo que no deseo ni a peor enemigo”, decía Ndongo.

En enero, el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria aprobó dos informes en los que considera que los agitadores de extrema derecha Vito Quiles y Bertrand Ndongo incurrieron en infracciones graves del reglamento: el primero por grabar con su teléfono móvil en dos ocasiones en lugares en los que no está permitido y el segundo por boicotear una rueda de prensa del grupo parlamentario Sumar. La Mesa de la Cámara Baja tiene que decidir si les impone la sanción y su duración, que puede extenderse entre once días y tres meses.

En la puerta. La reunión prevista para este miércoles entre Sanidad y el Comité de huelga se ha cancelado, ya con ambas partes presentes en el Ministerio, ante la negativa de los sindicatos médicos a que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes medie en el conflicto. Los convocantes de la huelga, prevista para el próximo 27 de abril, ya habían mostrado su negativa ante esta fórmula, propuesta por el departamento que dirige Mónica García, que catalogaron de “unilateral” y “no consensuada”.

El Ministerio había confirmado que acudiría a la reunión la organización de pacientes, como así ha ocurrido, e instó al Comité de huelga a que se presentase esta misma tarde con un mediador de su elección, “a fin de no demorar más el avance en el proceso negociador”. Finalmente, los sindicatos médicos no han propuesto ninguna figura ni han entrado a la reunión.

“El Comité de huelga se ha negado a sentarse a negociar con el Ministerio de Sanidad con mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, propuesta por las comunidades autónomas, a las puertas de la propia reunión”, lamentan fuentes ministeriales, que acusan a los sindicatos médicos de “despreciar la labor mediadora de los pacientes”.

El Comité de huelga, por su parte, ha acusado al Ministerio de “entorpecer la negociación para esconder su incapacidad para llegar a acuerdos que atiendan las reivindicaciones del colectivo”. En un comunicado, difundido tras la cancelación de la reunión, estos han confirmado que se ha tratado de “un encuentro más bien informal que finalmente no se ha llegado a celebrar, puesto que al inicio los sindicatos han reiterado su rechazo a la figura impuesta unilateralmente del mediador/observador, mientras que Sanidad ha defendido que se debían ceñir a la petición expresa hecha por las comunidades autónomas para desbloquear el conflicto”.

La idea de un mediador surgió en el Consejo Interterritorial, mantenido entre el Ministerio y las comunidades autónomas el pasado 27 de marzo. En esta reunión, algunas de las consejerías del Partido Popular, que tienen el grueso de las competencias transferidas, reclamaron a García que solucione el conflicto. Algunas fueron más allá al llamarla “irresponsable” por su “incapacidad” para frenar el conflicto, como la consellera balear Manuela García.

Desde el Ministerio recuerdan que ha celebrado “más de 25 reuniones, en las que se han alcanzado acuerdos bilaterales en varias de ellas”. Además, acusan al Comité de huelga de haber ido “rechazando de forma reiterada todas las vías de diálogo planteadas, incluyendo los sindicatos del ámbito, el Foro de la Profesión Médica y, ahora, también a los pacientes”.

Con todo, ambas partes se han emplazado a una nueva reunión el próximo lunes. Un encuentro que, defienden los sindicatos, debe producirse “sin necesidad de mediación para poder avanzar en las negociaciones”. De hecho, en el comunicado afirman que “esta mediación impuesta de manera unilateral y su publicación interesada solo ha contribuido a generar de forma deliberada una polémica que tiene como objetivo ocultar la incapacidad del Ministerio para abordar de manera seria y responsable las reivindicaciones del colectivo médico y facultativo”.

El Ministerio de Sanidad y el Comité de huelga se reúnen este miércoles con el objetivo de desencallar el conflicto abierto y evitar la huelga prevista para la semana del 27 de abril. Las posturas siguen alejadas y, en esta ocasión, se ha sumado un nuevo punto de fricción. La figura de un mediador propuesto por el departamento que dirige Mónica García ha vuelto ha soliviantado a los sindicatos médicos, que este martes rechazaban la “decisión unilateral” de “imponer participantes externos no consensuados en el proceso de negociación”.

Sanidad llevará a la reunión de este miércoles a representantes de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) como mediadores, en un intento por desatascar el conflicto, que se alarga ya durante meses. De producirse, el de abril sería el tercer paro mensual, que los médicos arrancaron en febrero contra el nuevo estatuto marco.

En un comunicado difundido este martes a última hora de la tarde, el Comité de Huelga rechazaba la participación de la organización de pacientes al considerar “improcedente” la atribución de una función de mediación a una organización en un conflicto en el que es “parte afectada”. “La neutralidad exigible a una figura mediadora no puede concurrir en quien representa a un colectivo directamente implicado, por legítima y respetable que sea su posición”.

A juicio del Comité de Huelga, el Ministerio “intenta trasladar una negociación laboral al terreno de la presión social, utilizando a los pacientes para evitar asumir sus responsabilidades frente a los profesionales”. “Introducir de forma unilateral a terceros que no son neutrales ni expertos en estos conflictos solo sirve para entorpecer el diálogo y podría demostrar una falta de voluntad real por parte del Ministerio para llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga”, afirman.

Aunque el Comité ha confirmado su comparecencia a la reunión de este miércoles, ha reclamado a Sanidad que “proceda a retirar en dicha reunión a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes”. El ministerio, por su parte, ha respondido a los sindicatos médicos instándoles a que el comité “acuda con su propio mediador si no comparte la propuesta realizada, a fin de no demorar más el avance del proceso negociador”.

Desde el Ministerio lamentan el “rechazo” que los sindicatos médicos han expresado ante los “distintos espacios y fórmulas de diálogo propuestos hasta la fecha, incluyendo los ámbitos de negociación existentes, el Foro de la Profesión Médica y la participación de representantes de pacientes”.

Según han trasladado al Comité, a este departamento le resulta “contradictorio” que las organizaciones sindicales reconozcan la “distancia entre posiciones” y, a su vez, no planteen “propuestas concretas que permitan avanzar hacia una solución del conflicto”. “Esta actitud, en la práctica, supone un cierre por su parte a explorar vías de entendimiento, evidencia una posición de inmovilismo y dificulta avanzar en una negociación efectiva, llegando incluso a limitar las posibilidades reales de un progreso en el diálogo”.

Desde el Ministerio señalan además que es “especialmente preocupante que, incluso cuando se han producido avances o acercamientos en el seno del propio comité, esto no puedan materializarse por la fatal de capacidad de decisión efectiva del mismo, lo que introduce un elemento adicional de bloqueo”. “A ello se suma la ausencia de una propuesta propia de mediación, pese a haber sido solicitada, contribuyendo a enquistar la situación y a dificultar su resolución”, añaden.

Dinero público financiando una asistencia gestionada por empresas muy diferente a la ofrecida en los hospitales públicos. Ese podría ser el resumen de 30 años de privatización de la sanidad que la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) pretende frenar con la derogación de la norma 15/97. A pesar de que no revierte los conciertos ya suscritos, la ley empieza su tramitación con la vocación de dificultar que el dinero de todos acabe engrosando las arcas de una compañía privada tras mercadear con la salud de la ciudadanía. Pacientes que no se trasladan, hospitales dopados, pruebas nocturnas y condiciones laborales paupérrimas forman una realidad que rodea a un modelo extendido, sobre todo, en la Comunidad de Madrid y el País Valencià, levantados por los gobiernos de Esperanza Aguirre y Eduardo Zaplana y en los que han profundizado sus sucesores.

Si uno lee los comunicados que emite el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, en todos ellos aparece que el centro pertenece a la red pública de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, traspasar las puertas del hospital y empezar a escuchar a sus trabajadores supone percatarse de que sus condiciones laborales, así como la forma de funcionar, están supeditadas al máximo rédito económico que se puede granjear la empresa que lo gestiona: Ribera Salud. El centro fue inaugurado por Aguirre en 2011 y se construyó directamente para ser externalizado.

Tania García San Martín, presidenta del comité de empresa y delegada de Satse en el Hospital de Torrejón, recalca que las precarias condiciones en las que se ven obligados a trabajar redundan en una peor calidad asistencial del paciente. “Los públicos se rigen por el estatuto marco. Nosotros, por un convenio de clínicas privadas y laboratorios en el que también hay incluidos hasta centros odontológicos de apenas cuatro trabajadores”, compara.

Por otra parte, esta técnico de rayos se queja de que las ratios también son mucho mayores en los centros de gestión indirecta. “En lo público, normalmente hay el doble de enfermeras que de médicos, y aquí estamos a la par. La dirección dice que las recomendaciones de las guías médicas del Ministerio de Sanidad son eso, recomendaciones, y no obligaciones”, se explaya. Y añade: “No se atiende igual a un paciente en Alcalá que aquí. La sobrecarga de trabajo que tenemos favorece que aparezcan los errores humanos”.

El porcentaje de trabajadores que ha estado o está de baja por ansiedad es altísimo, y eso que no siempre la coges

Una sobrecarga de trabajo con consecuencias

Martín recalca desde Torrejón que la elevada movilidad del personal es otro problema debido a su bajo salario, algo que en la pública no sucede. “Las enfermeras nuevas que entran se van porque esto es insostenible. Compañeras se han ido a otros hospitales públicos de la Comunidad con una jornada reducida y cobran lo mismo que nosotras aquí trabajando ocho horas”, ilustra la delegada sindical, quien compara el Hospital de Torrejón con una fábrica de hacer churros. “Vamos muy rápido y sin tiempo de escuchar al paciente”, comenta la técnico de rayos, quien hubiera deseado que la nueva ley impulsada por Mónica García también revirtiera los conciertos ya suscritos.

La sobrecarga de trabajo tiene efectos en el personal. “Vienen a trabajar con ansiolíticos”, asegura la presidenta del comité de empresa del centro torrejonero. “El porcentaje de trabajadores que ha estado o está de baja por ansiedad es altísimo, y eso que no siempre la coges. A nosotros nos quitan mucho dinero y a veces preferimos venir a trabajar”, dice Martín. Las sustituciones, denuncia la delegada de Satse, muchas veces las realiza Ribera Salud desde una aplicación móvil. “Contratan enfermeras para ir a quirófano cuando a lo mejor nunca han estado en uno. Aquí llega gente que lleva años sin haber trabajado y no saben hacer nada. Es uno de los riesgos más grandes que tenemos en el hospital”, incide.

Prohibido el traslado de pacientes

La empresa Ribera Salud, al igual que Quirón con otros hospitales en la Comunidad de Madrid, cobra una cifra concreta por los pacientes que cubre de una zona determinada. Esa cifra se puede ver incrementada si atrae pacientes de otras zonas, como intentan hacer continuamente, pero también al contrario. “En Torrejón está prohibidísimo trasladar pacientes, solo se hace lo mínimo indispensable. Nos lo quedamos todos, estemos preparados para ello o no, porque derivar significa perder dinero”, sintetiza Martín. Por eso, en muchos de estos hospitales se crearon especialidades que en otros centros sanitarios del mismo nivel no existen. 

Esto es un hospital de paso. Mucha gente se lo toma como puente, para coger puntos y acabar en la pública, porque el ritmo que llevamos es inaguantable

Algo similar es lo que ocurre en el Hospital Universitario de Vinalopó, en Elche, también gestionado por Ribera Salud. “No derivan a no ser que un neonato requiera una UCI, pero tiene que ser algo de extrema urgencia”, sostiene una técnico de laboratorio y auxiliar de enfermería que trabaja en el centro alicantino desde su inauguración en 2010 y que prefiere no dar su nombre. Este es el único hospital público de la Comunidad Valenciana, región en la que nació el modelo Alzira, que continúa con una gestión externalizada.

Vinalopó sufre la fuga de personal: “Esto es un hospital de paso. Mucha gente se lo toma como puente, para coger puntos y acabar en la pública, porque el ritmo que llevamos es inaguantable”, añade esta trabajadora. Ello conlleva que más de la mitad de los trabajadores estén recién salidos de la carrera. “Hay mucho conocimiento que te lo da la experiencia”, apuntilla esta auxiliar de enfermería que, según recalca, el temor cunde entre la plantilla a la hora de expresar sus quejas.

Más pruebas para pacientes de otras áreas

Desde el Hospital Universitario General de Villalba, gestionado por Quirón, Néstor Fernández Val suscribe lo planteado por las dos sanitarias. Él es delegado de CCOO en el centro madrileño y uno de los referentes del sindicato en lo que a hospitales concesionados en la región se refiere, además de auxiliar de enfermería. “Se nota que a este hospital viene mucha gente de otras áreas que no le corresponde, y se nota que a esas personas se les hacen más pruebas diagnósticas”, denuncia.

Del mismo modo, Fernández asegura que en Villalba se realizan pruebas y resonancias, o cirugías, a pacientes que no son de su área pero que sufren largas listas de espera en la pública. “No sabemos si la Comunidad se lo comunica o cómo lo consiguen, pero el hospital llama a esos pacientes para ofrecerles una cita mucho antes, lo que ralentiza a los pacientes de su área, a quienes muchas veces posponen”, desarrolla el sindicalista basándose en los testimonios de los propios pacientes.

La explotación por parte de Quirón del Hospital de Villalba hace que las resonancias magnéticas no paren ni siquiera de madrugada. “Vimos las citas y casi todos eran pacientes de Fuenlabrada o lugares con hospitales públicos con listas de espera de meses, y aquí les citaban en unos 15 días”, describe Fernández. De hecho, ahora han instalado un camión tráiler en el aparcamiento en el que en su interior se continúan realizando resonancias.

Un modelo de inequidad territorial

Esta realidad fraguada a través de tres décadas de privatización es lo que llevan denunciando desde hace años en la Asociación Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública del País Valencià. Eduardo Zafra, su vicepresidente, enfatiza a elDiario.es que el mayor impacto que ha supuesto la gestión indirecta de los hospitales públicos ha tenido lugar en las cuentas de resultados de las diferentes empresas. “Los pacientes hemos tenido en general una atención correcta, pero sí se han introducido elementos de inequidad territorial”.

Este médico jubilado subraya que los hospitales del modelo Alzira fueron “dopados”. Así lo explica: “Más allá de crear unidades de alta complejidad en hospitales de esta categoría, la Administración ha dejado de invertir en los departamentos públicos que tenían a su alrededor, provocando su deterioro. Hay muchas formas de favorecer la privatización”.

Los activistas piden más

Por otra parte, el momento político en el que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado el inicio de tramitación de la norma hace dudar a los activistas en defensa de la sanidad pública de su materialización real, desde donde reclaman mayor ambición al Ejecutivo. “Queremos una ley que revierta la privatización al completo, también los acuerdos tomados hasta la fecha”, reivindica Matilde Iturralde. 

Por su parte, N. Flores, una médico que trabaja en un hospital público de la Comunidad de Madrid e integra la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), el colectivo que desde 2005 lucha por la derogación de la 15/97, no entiende por qué han esperado hasta ahora para presentar una ley así. “No apoyaron la iniciativa legislativa popular que promovimos, y aun así tampoco abarcan muchas de nuestras reivindicaciones”. Se refiere, por ejemplo, a que la norma no es retroactiva, por lo que no eliminaría la gestión indirecta ya establecida en numerosos hospitales de España.

Para evitar que la gestión indirecta por parte de empresas privadas de la sanidad española vaya a más, el departamento de García ha recalcado que esta debería tener un “carácter excepcional” y que debe estar acompañada de una evaluación previa. Ante dicho extremo, la médica jubilada vasca se queja de que sean expertos en quienes recaiga la potestad de dar vía libre o no a los conciertos. “El Informe Abril Martorell se hizo a petición el Gobierno, lo hicieron expertos, y fue la entrada de la gestión indirecta en la sanidad pública hace 30 años”, ilustra.

Derogar la ley sin alternativa para la privada

Por otro lado, la norma explicita que las administraciones sanitarias deberán publicar periódicamente información detallada sobre contratación, conciertos, resultados de salud y calidad del servicio. Este articulado de la ley podría evitar situaciones como la que se produce en la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha perdonado a 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes desde otros hospitales públicos. 

“Aquí ha habido una dejadez tremenda por parte de la Administración. Cuando explotan estos casos se echan las manos a la cabeza, pero en realidad debería haber sido el Tribunal de Cuentas el que debería haber intervenido desde el principio”, se explaya la misma Iturralde. El PSOE madrileño ya ha anunciado que pedirá al Tribunal de Cuentas la apertura de una investigación por el perdón de Ayuso a las dos empresas privadas.

Flores, la médica madrileña, subraya que todos los esfuerzos deberían estar enfocados en sacar el interés privado de un derecho público y esencial como es la sanidad. “Se debería derogar la ley, pero sin ningún tipo de alternativa para que las empresas hagan negocio con nuestra salud, y para eso hay que dotar al sistema público de mayor financiación y recursos con la idea de que llegue a todos los ciudadanos”, desarrolla.

La médica jubilada afirma desde Araba que la inestabilidad parlamentaria que surfea el Gobierno de coalición no es ningún síntoma halagüeño de cara a aprobar la norma. “Parece paradójico. ¿No han tenido tiempo de hacer esto antes?”, se pregunta antes de proponer una auditoría externa: “Debemos saber cuáles son las fortalezas y los puntos flacos de nuestro sistema sanitario, ya muy descapitalizado”. Todas las políticas que se adopten sin esa auditoría global serán un parche, finaliza.

El Ministerio de Sanidad tiene por delante una tarea que se antoja compleja: desbloquear el conflicto abierto desde hace meses con los sindicatos médicos. En el calendario está marcado el 27 de abril, cuando se reanudará la huelga de una semana que estas organizaciones vienen convocando cada mes desde febrero contra el nuevo estatuto marco, pactado entre los sindicatos de clase y el departamento que dirige Mónica García.

Hasta entonces, el Ministerio ha abierto dos nuevas vías. Por un lado, la negociación con el comité de huelga, que este jueves se reunió con el director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Miguel Ángel Máñez, y el director de gabinete de la ministra, José Manuel López, para tratar de superar el cisma. Por otro, Sanidad habría aceptado incorporar la figura de un mediador, tras el Consejo Interterritorial, mantenido con las comunidades autónomas este viernes.

Del primer encuentro, que se alargó durante más de tres horas, los sindicatos de médicos convocantes de las huelgas valoraron el “clima de diálogo” y la apelación a “la voluntad de todas las partes”, así como el compromiso de “mantener abierto el diálogo”, según indicaron en un comunicado, con conversaciones que se retomarán tras la Semana Santa.

Por el momento, fuentes sindicales aclaran que su postura es la misma y que la convocatoria de huelga sigue adelante. “Las propuestas de Sanidad, hasta ahora, nos han parecido insuficientes y las reivindicaciones no han cambiado”, explican. Aunque hay “margen” para avanzar un acuerdo, son conscientes también de que algunas cuestiones escapan del ámbito competencial del Ministerio, a quien sí atribuyen capacidad para presionar y negociar con otros departamentos y comunidades.

Con todo, este mismo viernes el comité de huelga difundía otro comunicado en el que aclaraban que el calendario de reivindicaciones sigue intacto. Esa misma mañana, García había pedido que “cumplieran”: “Toda lógica diría que después de Semana Santa desconvocarán las huelgas”. Durante la reunión con las comunidades autónomas, cuyo orden del día constaba de 30 puntos y del que, tras cuatro horas solo se había abordado el conflicto con los sanitarios, consejerías y ministerio pactaron proponer al comité de huelga que sea “una organización de pacientes la que medie” entre las partes.

“En toda negociación, las dos partes tienen que ceder”, concedía García durante una entrevista en el VI Foro Económico de elDiario.es, quien espera “evitar las siguientes huelgas y seguir el camino de la negociación”. La ministra, no obstante, advertía que “el estatuto marco no da más de sí en lo que a competencias se refiere”, aunque reconocía “mucho malestar e inquietudes de los profesionales”, que debe resolver “quien tiene las competencias de gestionar, que son las comunidades autónomas”.

El comité de huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) reclama al ministerio seis puntos “fundamentales”: un estatuto y una mesa de negociación propia para el colectivo médico; la clasificación profesional, que refleje su “singularidad”; una jornada laboral máxima de 35 horas semanales con una retribución al 150% de la hora ordinaria para aquellas que excedan ese tope, que deberán ser voluntarias; coeficientes reductores de la edad de jubilación basados en la duración de la jornada laboral efectiva; y otras medidas en materia de conciliación y descansos.

Muchas de estas reivindicaciones, sin embargo, tocan directamente a otros departamentos, como Trabajo, Función Pública o Seguridad Social. Por ejemplo, acortar la edad de jubilación por el cómputo de horas choca con un principio básico: en España se cotiza por días de alta, no por horas, aunque estas sí aumentan la base de cotización —es decir, la pensión—.

"Dotar de plantillas, de recursos, de inversión y pagar bien a los profesionales depende exclusivamente de las comunidades"

Mónica García — Ministra de Sanidad

También con las comunidades autónomas, como las retribuciones y la organización de las plantillas. “Nosotros ponemos los límites, pero el hecho de que un profesional pueda hacer una guardia de 10, 12 o 17 horas depende, única y exclusivamente de la plantilla. Si tienes compañeros con los que compartir noches y fines de semana, podrás hacer menos noches y fines de semana”, insistía la ministra, que hacía hincapié en que “dotar de plantillas, de recursos, de inversión y pagar bien a los profesionales depende exclusivamente de las comunidades”.

Entre las organizaciones sindicales del gremio hay la sensación de que las administraciones se pasan la pelota. Incluso, que en la negociación entre el Ministerio y los sindicatos de clase se ha priorizado a otros colectivos, como el de las enfermeras, a quienes se les reconoce una mejora en la categoría profesional. “No se han tenido en cuenta las reivindicaciones de los médicos”, señalan, mientras no ven, “para nada”, que se haya producido un avance en el estatuto marco.

El texto, que deberá pasar el trámite parlamentario, recoge algunas mejoras. Sobre el papel, termina con las guardias obligatorias de 24 horas y solo contempla las voluntarias. Así, en condiciones normales, se reducen a un máximo de 17 horas, incluida la jornada ordinaria, si la hubiera, que computan en el límite de 45 horas semanales de trabajo efectivo. Este cálculo no se haría semana a semana, sino a través de una media trimestral.

Desde el Ministerio llevan tiempo insistiendo en los límites competenciales. De hecho, cuando se firmó el nuevo Estatuto Marco, ya señalaban que si este incluyese “alguna regulación demasiado detallada que impide que la comunidad autónoma pueda desarrollar sus propias estrategias de gestión de recursos humanos, la ley puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional en un conflicto de competencia”.

García reclamaba estos días a “la otra parte” que “cumpla con la desescalada del conflicto”. “Lo que se ha hablado en esas mesas, no siempre se ha cumplido”, defendía sobre las reuniones que se han mantenido con la profesión médica, al margen del comité de huelga y en las que, según la ministra, “los propios sindicatos han dicho muchas veces que el estatuto marco es un avance y una mejora, la primera en 23 años”.

El Foro de la Profesión Médica, donde está representado, entre otros, el sindicato CESM, arrancó a principios de marzo varios compromisos del Ministerio para atajar el conflicto, como una mayor participación de la profesión médica en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y el refuerzo del Foro en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, así como el reconocimiento de la penosidad de las guardias. Sanidad se comprometía también a “estudiar” la aplicación de coeficientes reductores para la edad de jubilación por esa causa.

Estos compromisos no fueron suficientes para los sindicatos convocantes de la huelga, que mantuvieron la fecha prevista para este mes, durante la semana del 16 de marzo.

García ha llegado a deslizar sus “dudas” sobre las “motivaciones” de la convocatoria de huelga. “Igual tienen que ver con motivaciones políticas más que de realmente representar a los profesionales sanitarios que están legítimamente reivindicando una serie de mejoras que ya están plasmadas en el Estatuto Marco y que tienen que estar plasmadas en otras administraciones”, llegó a decir.

Estas dudas las avivó este miércoles la, hasta entonces, presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (Ceem), Teresa Serrano, que dimitió con una carta en la que acusaba a los sindicatos médicos de “admitir en privado que saben que las reivindicaciones de las que se llenan la boca en público son imposibles” y que “el acuerdo les gusta pero como no saben si van a poder ponerse la medalla, igual no lo aceptan”. En la misiva, adelantada por El País, Serrano tildaba el conflicto de “circo”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este jueves que el Gobierno va a modificar el real decreto que regula las listas de espera para darle “transparencia y trazabilidad” al sistema. La responsable de Sanidad ha explicado durante el VI Foro Económico de elDiario.es que la actual normativa, de 2003, solo permite utilizar las listas de espera “como un mecanismo político”, pero no para gestionarlas adecuadamente.

“Tengo 25 días, 35, 65, no nos sirve para nada”, ha argumentado la ministra. “Yo quiero saber cuánto se tarda en ir a una consulta, a la primera consulta de un psicólogo, por ejemplo. Cuánto se tarda en operar un proceso oncológico, que en nuestro país van muy rápidos. Y, sin embargo, estamos midiendo cuánto tardamos en operar una variz, un juanete o una vesícula. Necesitamos la colaboración de las comunidades para darle transparencia al proceso. Queremos saber, desde el ministerio, cuál es el tiempo que pasa desde que un paciente va a atención primaria con cualquier tipo de patología o dolencia hasta que le ven un especialista, le hacen una prueba, le vuelve a ver al especialista y hasta que le operan o no le operan o le dan el tratamiento. Toda esa trazabilidad no la tenemos a día de hoy. No sabemos lo que pasa con nuestros pacientes”, ha explicado.

Durante la entrevista, la ministra también ha abordado otro de los grandes temas de actualidad que gestiona en este momento, que es la huelga de médicos en todo el país. García ha pedido a los profesionales una desescalada en el conflicto porque, ha asegurado, el ministerio ha cedido en muchas cuestiones en la negociación del estatuto marco y hay otras que dependen de las comunidades autónomas.

26 reuniones con los sindicatos

“Por parte del Ministerio hemos tenido toda la voluntad. Esta debe ser la vez número 26 que nos reunimos con miembros del comité de huelga, con los que hemos llegado en muchas ocasiones a acuerdos”, ha explicado García. La ministra ha argumentado que “el estatuto marco ha llegado al límite de sus posibilidades competenciales y jurídicas”, que es necesario reformarlo, y ha pedido gestos a los huelguistas. “Yo espero que una vez que se lleguen acuerdos, la otra parte cumpla con la desescalada del conflicto. Porque muchas veces en estas mesas hemos hablado de que necesitamos desescalar y evitar la huelga y seguir hablando, y lo que se ha hablado dentro de las mesas no siempre se ha cumplido fuera”, ha lamentado.

La ministra ha defendido que es “la primera vez en 23 años que se ponen encima de la mesa avances y mejoras” con el estatuto y que “la respuesta no puede ser siempre el conflicto, una huelga, cuando realmente estás avanzando, y cuando los propios sindicatos asumen que son avances. García ha defendido que el ministerio ”ha cedido en casi todo lo que tiene competencias“, pero ha sostenido que hay una parte que no les corresponde. ”Es verdad que hay muchos malestares de los profesionales que no los resuelve el estatuto marco, lo resuelven otras legislaciones y lo resuelven quien tiene las competencias, que son las comunidades autónomas“.

Por ejemplo, la ministra ha citado las retribuciones o la organización de las plantillas, dos de los grandes objetivos de la protesta. “Por ejemplo, uno de los debates que estamos teniendo son las guardias. Nosotros en el estatuto marco ponemos los límites, pero que un profesional pueda hacer una guardia de 10, 12 o 17 horas depende de la plantilla que tenga, básica y exclusivamente. Si tienes compañeros con los que compartir fines de semana y noches, podrás hacer menos fines de semana y menos noches, y eso, dotar de plantillas, de recursos, de inversión y pagar bien a los profesionales, depende exclusivamente de las comunidades autónomas”.

“Suerte con eso, Madrid”

García ha abordado también la futura Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud, que acaba de aprobar el Consejo de Ministros y con la que el Gobierno pretende poner límites a la privatización en la Sanidad. La ministra ha cargado duramente contra la Comunidad de Madrid a cuenta de su rechazo a la norma. Ha recordado García “los audios que pudimos ir en diciembre, que hablaban de que se mercadea con las listas de espera para ver si los pacientes son rentables o no son rentables” y ha sostenido que la resistencia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, viene de que la ley “viene a fastidiarles el negocio que tienen aquí en la Comunidad de Madrid con Quirón o con Ribera Salud”.

La ministra ha calificado de “actitudes parásitas y especuladoras” las de estas compañías y ha defendido que “cada euro que va destinado a la salud tiene que ir destinado a la salud sí o sí. Necesitamos muchísima inversión, muchas áreas de mejora que tienen que ver con los profesionales, más profesionales, más acceso a terapias innovadoras, más investigación, y no puede ser que una parte de ese dinero vaya destinada a la caja de resultados de una empresa privada”.

Aprovechando que estaba hablando de la Comunidad de Madrid, la ministra ha abordado otro frente abierto con Ayuso a cuenta del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia que Madrid se niega a realizar, tal y como le exige la ley. García ha señalado el carácter especial (en negativo) de Madrid. “Excepto la Comunidad de Madrid, que se ha declarado en rebeldía contra la ley, en rebeldía contra la democracia, en rebeldía contra el Gobierno de España y en rebeldía contra las mujeres, suerte con eso, tenemos una buena coordinación dentro del Sistema Nacional de Salud. Hemos llegado a más de 100 acuerdos en el Consejo Interterritorial con todas las comunidades”.

La ministra ha explicado que el registro es una garantía también para los profesionales. “La objeción de conciencia es un acto libre, individual y activo. Eres tú el que tienes que decir que quiere cumplir la cartera de servicios del hospital, porque si no estarías obligado a hacerlo. Y en nuestro Sistema Nacional de Salud las interrupciones voluntarias del embarazo están incluidas como uno de los servicios preferentes. Entonces, ¿usted por qué no lo hace? No. Lo que garantiza el registro de objetores es la garantía de que las mujeres podemos abortar en la sanidad pública y poder organizar mejor los servicios y garantizar que los sujetos pueden objetar”, ha razonado.

Además, García ha sido preguntada con carácter general por los retos que afronta el sistema. “Uno son los profesionales”, ha contestado sin dudarlo. “Tenemos más profesionales que nunca trabajando en estos sistemas, y, sin embargo, no damos abasto. Tenemos un reto demográfico encima de la mesa. Tenemos que vehiculizar nuestro sistema sanitario desde la patología aguda, la patología crónica, a la cronificación, la pluripatología, los cuidados en el domicilio, la prevención en los cuidados. Y para eso también necesitamos mejorar las capacidades de la enfermería, de nuestros profesionales, del talento que tenemos dentro de nuestros profesionales”, ha enumerado.

Enfrente, entre las fortalezas del sistema la ministra ha destacado “el modelo sanitario”, con el que España es “líder”. “Esa robustez de un sistema sanitario público en el que los profesionales son servidores públicos, en el que la atención primaria es una parte de un pilar fundamental de nuestro sistema, esa capilaridad, esa descentralización de nuestro sistema, lo siento, pero no lo tienen muchos países. Eso nos hace que seamos líderes, por ejemplo, en trasplantes. Somos líderes también en ensayos clínicos y ahora hemos recuperado la última parte que nos quedaba, una sanidad universal”, ha reivindicado.

Los consejeros de Salud de Euskadi, Castilla-La Mancha y Canarias, de PNV, PSOE y Coalición Canaria, han enviado de forma conjunta a la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, una carta en la que proponen una mediación independiente para desbloquear la huelga médica estatal motivada por los desacuerdos sobre el Estatuto Marco, según ha informado el Gobierno vasco este viernes. En el caso vasco, también se había pedido la cesión de competencias a las comunidades autónomas para que puedan regular de manera autónoma las demandas del colectivo de facultativos.

Los firmantes, Alberto Martínez, Jesús Fernández y Esther Monzón, respectivamente, plantean la designación de una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico y desbloquear la huelga de ámbito estatal motivada por los desacuerdos en torno al Estatuto Marco. En la misiva, los responsables autonómicos de Salud de estas tres comunidades proponen valorar la designación de una figura de mediación independiente que actúe como marco neutral para el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga. Esta figura tendría como objetivo “abrir un espacio de negociación constructiva, generar un clima de confianza mutua y ayudar a encauzar una solución dialogada que evite prolongar los efectos del conflicto sobre los y las pacientes y sobre los servicios sanitarios autonómicos”, informa Europa Press.

A título propositivo, la carta señala que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes podría ser “una entidad adecuada para ejercer este papel mediador, dada su reconocida independencia y su compromiso con el interés general”. En cualquier caso, los consejeros subrayan que la elección concreta de la figura mediadora corresponde al ámbito estatal, insistiendo en “la urgencia de activar cuanto antes un mecanismo eficaz de mediación”.

Los consejeros de Salud recuerdan que la huelga de profesionales médicos y médicas en toda España está motivada por los desacuerdos entre el colectivo y el Ministerio de Sanidad en torno al Estatuto Marco. Aunque se trata de un conflicto de alcance estatal, la carta advierte de que las consecuencias “recaen directamente en los pacientes y en los servicios sanitarios autonómicos, que están soportando una tensión creciente”. Según señalan, el impacto asistencial en el conjunto comunidades autónomas “ya es muy relevante, con una presión añadida sobre los sistemas de salud autonómicos”. Por ello, consideran imprescindible “avanzar hacia una solución dialogada que garantice la continuidad y la calidad de la atención sanitaria”.

La carta traslada a la ministra la “gran preocupación” de los Gobiernos autonómicos por la falta de “avances significativos” en el diálogo entre el Ministerio y el colectivo médico e insisten en que la apertura de un canal de mediación independiente puede “contribuir a un escenario de mayor entendimiento”. Finalmente, los responsables autonómicos de Salud se ponen a disposición del Ministerio para “trabajar conjuntamente en una resolución positiva del conflicto, en beneficio tanto de los profesionales como de la ciudadanía”. En el caso vasco, según los datos oficiales facilitados, el lunes y miércoles tuvo más impacto esta protesta que la huelga general celebrada este martes.

La segunda semana de huelga de médicos comienza este lunes con el diálogo roto entre el Ministerio de Sanidad y los seis sindicatos convocantes, que reclaman un estatuto marco propio que regule las particularidades de la profesión médica, independiente del resto del personal sanitario.

La movilización está convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM); Sindicato Médico Andaluz (SMA); Metges de Catalunya (MC); Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS); Sindicato Médico de Euskadi (SME) y Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’Mega), se desarrolla una semana al mes e incluye concentraciones y manifestaciones frente a hospitales y centros de salud.

En Madrid, habrá concentración todos los días frente al Ministerio de Sanidad, donde concluirá este mismo lunes una manifestación que comenzará a las diez de la mañana frente al Congreso de los Diputados.

También el lunes habrá concentración frente al Hospital Álvaro Cunqueiro (Vigo) y en el Hospital de Txagorritxu en Vitoria-Gasteiz. En Barcelona, la manifestación está organizada el viernes desde el Hospital del Mar hasta el Parlament.

Tras la primera semana de huelga desarrollada a mediados de febrero, esta segunda fase comienza tras una escalada de reproches en los últimos días entre la ministra, Mónica García, y el Comité de Huelga.

El objetivo principal de la movilización es reclamar un estatuto marco propio que recoja las particularidades de la profesión médica, independiente del resto del personal sanitario, además de otras reivindicaciones laborales, como la voluntariedad de las guardias, que computen para la jubilación, una nueva clasificación profesional específica y una interlocución laboral directa.

Pero el Ministerio de Sanidad defiende las mejoras laborales de su propuesta, entre ellas, que limita la jornada a 45 horas semanales y reduce las guardias de 24 a 17 horas, e insiste en que el nuevo estatuto recoge un capítulo dedicado a la profesión médica.

Además, añade que llegó a un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica -que niegan los sindicatos- que complementa el texto con otras iniciativas, como el inicio de la reforma la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), la implantación de mesas técnicas bajo el paraguas del Estatuto Básico del Empleado Público, y el estudio de la jubilación anticipada para los casos que puedan quedar recogidas por la normativa de la Seguridad Social.

El estatuto marco es una ley básica estatal que data de 2003, y tras unas largas negociaciones el Ministerio de Sanidad acordó su reforma el pasado mes de enero con los sindicatos generalistas (SATSE-FSES, CC. OO., UGT y CSIF), que ahora tiene que pasar el trámite parlamentario como proyecto de ley.

El pasado viernes, Mónica García acusó en una carta a los sindicatos médicos de “romper el principio de buena fe y el propósito de diálogo” para seguir “sin margen de negociación”.

Pero el Comité de Huelga respondía que el Ministerio busca “deslegitimar” sus demandas y “fomentar” la división entre los profesionales sanitarios.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado al gobierno de la Comunidad de Madrid que inicie de inmediato los trámites para la creación del registro de médicos y médicas que, por razones de objeción de conciencia, se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. Lo hace en respuesta a la solicitud de medida cautelar planteada por el Ministerio de Sanidad ante la inactividad del gobierno regional. 

La resolución judicial precisa expresamente que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la ley del aborto. La medida, prevista en esa norma, persigue conocer cuántos profesionales hay en los hospitales públicos disponibles para realizar esta intervención.

El tribunal recuerda que la Comunidad de Madrid votó a favor de la creación de un protocolo común para crear dichos registros a nivel autonómico en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado en diciembre de 2024. La consejera madrileña, Fátima Matute, no puso entonces ningún inconveniente: la objeción podía ser parcial o total, no necesitaba motivarse en ningún caso y los datos quedaban “especialmente protegidos”. Es decir, no es un registro público. Pese a ello, el Ejecutivo de Madrid no ha puesto en marcha los trámites para activar este registro.

El Ministerio de Sanidad acudió a los tribunales después de que la Comunidad de Madrid no respondiera a un requerimiento en el que le instaba a poner en marcha este registro y después de que la propia Ayuso confirmara que no crearía el registro de objetores como marca la ley del aborto aprobada en 2023: un listado de acceso reservado y sin pedir el motivo de facultativos objetores para poder organizar los servicios y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.

El anuncio de Yolanda Díaz de que renuncia a ser la candidata de la izquierda confederal ha provocado una ola de reacciones en la izquierda confederal. La vicepresidenta segunda mantendrá sus cargos en el Gobierno hasta el final de la legislatura, pero da un paso al costado en lo político. “Miro atrás y estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido”, dice en una misiva en la que envía un mensaje: “Queda mucho por hacer, la tarea pendiente es ganar el país”.

Un guante que han recogido algunos de sus compañeros en el Consejo de Ministros. De los primeros en reaccionar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha escrito: “Nos queda mucho por hacer. Siempre contigo, compañera”.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha definido a Yolanda Díaz como “la mejor ministra de Trabajo de la historia de nuestro país”. “Muchas gracias por hacer posible lo imposible y defender como nadie los derechos de la mayoría trabajadora”, ha escrito.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha agradecido a Díaz su “compromiso” y “haber estado a la altura a la hora de comparecer en nuestra cita con la historia”. “Gracias por todos los avances impulsados desde el Ministerio de Trabajo para construir un nuevo laborismo del siglo XXI avanzado en derechos y condiciones de la clase trabajadora, que hoy tiene más derechos y certezas que nunca. Gracias por haber levantado de nuevo un proyecto de alianza que pudo parar a las derechas en 2023 y construir un gobierno de coalición que sigue hoy avanzando. Contigo y con todos los que están por venir seguimos caminando”, ha señalado en sus redes sociales.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también ha enviado su agradecimiento a Yolanda Díaz por “poner a las personas trabajadoras de este país por delante”. “Seguimos caminando juntas para conquistar derechos”, ha escrito en un mensaje en sus redes sociales la también portavoz federal de Izquierda Unida.

Desde Movimiento Sumar, su coordinadora de Lara Hernández ha recordado que “hace más de 14 años” que su camino y el de Yolanda Díaz se cruzaron y que, en este tiempo, “he descubierto a una mujer fuerte, valiente, luchadora y muy alegre”. “Te has dejado la piel por las mayorías trabajadoras de este país y por la justicia social, a pesar de todo y de todos”, ha asegurado en un mensaje en Bluesky.

Desde IU, el coordinador federal Antonio Maíllo, ha afirmado que la renuncia de Díaz es un acto de “generosidad y coherencia” política. En declaraciones remitidas a los medios por la formación, ha agregado que su opinión personal es que el nuevo proyecto de la izquierda alternativa debía estar acompañado por un relevo de liderazgos, donde todos tenían que “estar a la altura” del momento. Tras descartarse como aspirante a ser referente nacional del espacio, se ha congratulado de que ontinúe en el Gobierno porque es la mejor ministra de Trabajo y la garantía de que las cosas, en esa parcela, se van a seguir haciendo bien. “Agradezco a Yolanda Díaz la valentía y el compromiso de estos años, mejorando la vida de millones con políticas laborales y sociales clave desde el Ministerio de Trabajo. Una tarea que nos alegra que continúe para seguir ampliando derechos y fortaleciendo el espacio transformador”, ha escrito en un tuit.

El diputado de la formación en Sumar Nahuel González ha apoyado la decisión de Yolanda Díaz, a la que ha calificado como “la mejor ministra de la historia de la democracia”. “Como diputado valenciano, considero que la clase trabajadora valenciana ha mejorado su vida durante estos últimos años gracias a Yolanda. Nos alegra que continúe y va a continuar como ministra de Trabajo, como vicepresidenta. Para mí, personalmente, fue uno de los motivos para venir a este Congreso, su presencia a la candidatura de Sumar en 2023”, ha dicho en declaraciones en los pasillos recogidas por Europa Press.

Desde Más Madrid también se ha reivindicado la figura de Yolanda Díaz. La portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha asegurado que “no es solo la mejor ministra de Trabajo que ha tenido nuestro país” sino que también “es una dirigente que se ha echado a las espaldas la tarea de revalidar este Gobierno y el objetivo de seguir conquistando derechos para todos y todas”. Gracias por todo tu empeño y por todos estos años“, ha escrito en un mensaje en sus redes sociales.

El diputado autonómico y portavoz adjunto del partido, Emilio Delgado, ha pedido “agradecer, recoger y ampliar” el “legado” de Yolanda Díaz, que deja “una hoja de servicio enorme en favor de los trabajadores y trabajadoras”.

La portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, también ha afirmado sobre Yolanda Díaz que “su legado de crecimiento en el empleo y lucha por los derechos de la clase trabajadora son imborrables”. “Hizo posible un gobierno progresista en 2023 y es la mejor ministra de trabajo que hemos tenido”, ha escrito.

Desde los Comuns, la coportavoz y diputada, Aina Vidal, ha enviado un “abrazo enorme” a Yolanda Díaz y ha resaltado que tienen un año y medio por delante para “seguir mejorando la vida de la clase trabajadora”.

La presidenta de los Comuns en el Parlament catalán, Jéssica Albiach, también ha agradecido a Yolanda Díaz los “avances en derechos” conseguidos para la clase trabajadora. “Yolanda, muchas gracias, de corazón, por todos los avances en derechos que has conseguido y conseguirás para la clase trabajadora de este país. ¡Compañera, seguimos!”, ha escrito.

Desde Compromís, el diputado de la formación adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, también ha querido lanzar un mensaje de reconocimiento, al subrayar que es la “mejor” titular de Trabajo y su labor para “aglutinar, desde la diferencia”, una coalición electoral que “frenó al fascismo”. “Gracias por aglutinar, desde la diferencia, una opción que frenó al fascismo y permite hoy, mientras en el País valenciano gobierna el fascismo, mejorar la vida de la gente”, ha escrito en X.

Después de varias semanas de expectación alrededor de la conversación entre Gabriel Rufián y Emilio Delgado, el acto que desbordó las expectativas y congregó a centenares de personas fue el que convocaron este sábado los principales partidos de la izquierda alternativa. Una cola inesperada de gente llegaba desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid hasta la Puerta del Sol a pesar de que se trataba de un lanzamiento pensado inicialmente más hacia dentro, para reparar las heridas entre las organizaciones políticas y presentar algo nuevo, que hacia el electorado progresista.

El acto de este sábado, 'Un paso al frente', buscaba ser la presentación en público del trabajo discreto que realizan desde hace meses las cuatro formaciones de lo que hoy es Sumar en el Gobierno. Las conversaciones comenzaron a gestarse de manera mucho más profunda a partir de la crisis del Ejecutivo con el caso Santos Cerdán: la necesidad de pactar una estrategia y respuestas coordinadas puso los mimbres para una estructura de diálogo entre esas cuatro organizaciones que sorprendentemente no se había podido dar en los dos primeros años de la legislatura.

La novedad era que ese espacio hablaba, que se generaban conversaciones formales, estructuras de trabajo, grupos de decisión a diferentes niveles y finalmente la voluntad de esas cuatro organizaciones de presentarse en una misma candidatura, algo que tampoco estaba asegurado después de las sutiles llamadas de Podemos a Izquierda Unida y Comuns para reeditar la coalición de la anterior legislatura. “Esto es irreversible”, dijo este sábado Antonio Maíllo, líder de IU, entre los aplausos de sus compañeros de escenario: Lara Hernández, de Movimiento Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, y su compañera de partido Rita Maestre, que fue la encargada de presentar el acto.

La puesta en escena tiene mucho que ver con el trabajo de estos meses: cuatro intervenciones sin liderazgos que sobresalieran por encima de los otros y que exhibieron coordinación también en lo discursivo a pesar de que según las fuentes consultadas apenas se habían pactado algunas líneas, por ejemplo, que los ministros se centrasen más en la tarea de Gobierno y los dirigentes de los partidos hablasen de las áreas más políticas. Aunque todos los discursos estuvieron finalmente cargados de contenido ideológico en un momento en el que ciertos sectores de la izquierda empiezan a cuestionar los temas y las formas del espacio progresista.

Esa “coralidad” es en sí misma una novedad en la etapa que viene y quedó habilitada por la ausencia de Yolanda Díaz, que ha decidido en este momento dar un paso al lado para dar el protagonismo a los partidos. Solo Mónica García hizo una referencia a la que fue a candidata de Sumar en las pasadas elecciones y ha sido la líder del espacio hasta ahora. La ministra de Trabajo tiene por delante una reflexión personal sobre su futuro político que pasa ineludiblemente por aclarar si quiere volver a aspirar el nuevo frente que hoy empieza a caminar ya de forma pública.

“Se ha visto una cohesión en los discursos. Ha dado la imagen de una cosa sólida, que refleja los meses y meses que de trabajo”, reflexiona un dirigente de ese espacio político sobre esa idea de que lo mostrado este sábado en el escenario es el resultado de un trabajo virtuoso entre organizaciones que hasta no hace tanto funcionaban en una lógica de competición más que de forma orgánica a pesar de compartir grupo parlamentario y Gobierno.

Más allá del discurso político y del impacto que ha tenido en la izquierda el paso dado por Rufián y Delgado, el acto de este sábado estuvo marcado por el compromiso explícito de cuatro partidos diferentes a caminar juntos y a hacerlo de forma coordinada. “El debate podrá ser cómo construimos la unidad, pero la unidad en sí misma ya no es motivo de debate en este espacio, porque la unidad es mandato popular y eso es sagrado”, dijo Maíllo, que agregó: “Ni el más optimista podía pensar este acto de desborde. Parece que hay marcos que invitan a la melancolía. Se ha acabado la melancolía en la izquierda y empieza una etapa de ambición de gobierno, de disputa y guerra cultural”.

Durante todas las intervenciones de los dirigentes políticos de la izquierda se sucedieron las alusiones a esa alianza y a la promesa de que las tensiones y las guerras fratricidas quedaron atrás. Algo que quedó escenificado incluso en los mensajes entrecruzados entre las dos fuerzas ideológicamente más distantes, Izquierda Unida y Más Madrid. Una sintonía que se ha afianzado en estos meses de trabajo para construir la futura alianza, según fuentes al tanto de esas conversaciones. Como muestra, los efusivos aplausos de Eduardo Fernández Rubiño durante el discurso de Antonio Maíllo.

“Queremos más fraternidad, más confianza, más unidad. Esta es la casa común de la izquierda y la estamos construyendo desde los cimientos. Pero las puertas están abiertas”, dijo la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García. La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, apeló al camino recorrido para construir el futuro en los aciertos cosechados pero también en los errores. “Debemos aprender de nuestros errores para nunca más volverlos a repetir. Debemos hacer balance. Un balance que nos vacune de no escucharnos, de no encerrarnos en nosotras mismas, de valorar el consenso frente al disenso y de estrechar lazos de comunidad”, añadió.

El trasfondo principal de todos los discursos fue, precisamente, ese. Que ante el reto que implica volver a ser capaces de frenar el auge de la ultraderecha e impedir su entrada en el Gobierno y la demanda ciudadana de unidad ya hay un proyecto de fuerzas políticas diferentes conjuradas para ir de la mano que apela, además, a los que aún siguen fuera. “Somos trabajo colectivo, somos una alianza para dar la batalla más importante del siglo. Y esperamos que se sume mucha más gente y que aprendamos del pasado. En 2023 hicimos lo que pudimos, una coalición a prisa y corriendo que fue capaz de conservar uno de los pocos gobiernos progresistas de Europa. Y ahora estamos para hacerlo aún mejor”.

“Gracias a Gabriel, gracias a Emilio”

En el acto de este sábado hubo muchas referencias, algunas explícitas, algunas no tanto, al planteamiento esbozado en las últimas semanas por Gabriel Rufián para una alianza de las izquierdas que incorpore de alguna manera a las fuerzas independentistas. El acto que convocó con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado en la sala Galileo desdibujó en un primer momento el lanzamiento de esta coalición, pero con el paso de los días los partidos han tratado de reinterpretar esos movimientos para utilizarlos de forma virtuosa. “Necesitamos cada voz, cada energía, cada átomo progresista en todos los espacios. En las redes sociales y en las tertulias, en los espacios de debate y en los puerta a puerta, en el Gobierno y en el BOE. En todas partes”, dijo Mónica García en su discurso.

Fue un gesto conciliador después de una semana complicada en la que Emilio Delgado, que ha amagado en los últimos meses con aspirar a presentarse a unas primarias para ser el candidato de Más Madrid contra Isabel Díaz Ayuso, ha cobrado mucha relevancia mediática. En su partido sentó muy mal el movimiento de lanzar un acto con Rufián que además se interpretó por algunos sectores como un inicio de una plataforma política más amplia.

No parece que ello vaya a ser así, tal y como evidenció la charla del miércoles entre ambos en la que Rufián se centró en las fórmulas electorales y Delgado más en lo discursivo. Precisamente estos últimos días sus entrevistas e intervenciones en el acto han abierto una conversación sobre si la izquierda está hablando de la manera correcta sobre ciertos temas como la inmigración o lo LGTBI. Y en el acto de este sábado hubo multitud de respuestas.

“Estamos aquí para escuchar, porque hay mucha conversación dentro y mucha conversación fuera. Nadie va a equivocarse tapándose los oídos. Estamos aquí para entender el malestar, para buscar soluciones, dirigir la mirada al lugar correcto que es arriba y no al lado”, dijo Rita Maestre en sus primeras palabras, en la intervención de presentación del resto de dirigentes. Entre el público estaba Delgado, con su equipo más cercano dentro del partido.

“Tenemos que estar en todos los sitios, en los barrios. Bienvenida cualquier aportación cualquier reflexión que nos ayuden a ser mejores. Gracias a Gabriel, gracias a Emilio por el acto del otro día. Y gracias a todos los que habéis trabajado en este acto. Esta es la casa común de la izquierda. Estamos construyendo la casa desde los cimientos. Las puertas están abiertas”, dijo García. En el lanzamiento de esta nueva alianza estuvieron presentes los movimientos sociales y también los sindicatos. Unai Sordo, de CCOO, y Pepe Álvarez, de UGT. Y se dejaron ver algunos rostros importantes de la izquierda en la última década, como Ada Colau, Alberto Garzón o Nacho Álvarez.

Urtasun también reprochó los mensajes sobre el giro discursivo de la izquierda en temas como la inmigración. “No se combate a la extrema derecha con las gafas de mirar la realidad de la extrema derecha, se les gana donde son débiles, se las gana diciendo que son unos vende patrias, que siempre defienden al fuerte frente al débil”, dijo.

Pero también hubo una respuesta a la idea del dirigente republicano para optimizar el sistema electoral con candidaturas amplias de la izquierda independentista y soberanista. “La aritmética es muy necesaria, pero no se ganan las elecciones solo con la sociología electoral, se ganan con un proyecto ganador, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Gobernar bien para la mayoría lo que queda de legislatura”, defendió. Urtasun también reivindicó que precisamente lo que propone Rufián es parte del trabajo que hizo Sumar el 23J, una unión muy amplia de las izquierdas que permitió revalidar el gobierno de coalición.

En mitad de un ambiente de derrota por las últimas convocatorias electorales, por las encuestas y por el auge de la ultraderecha, el acto de este sábado se convirtió en buena medida en algo parecido a un chute de autoestima tras el toque de atención que supuso para la izquierda el paso dado por Rufián y Delgado. “Venimos a quitarnos el pesimismo, venimos a recuperar la autoestima, la esperanza y la alegría. Sacudámonos ya el nubarrón y el pesimismo. Basta ya de derrotismo. No somos una taza de Mr. Wonderful, pero no le vamos a hacer el caldo gordo a la extrema derecha”, concluyó Mónica García.

Todos los dirigentes consultados a la salida del acto admiten que la cita de este sábado superó las expectativas de todo el mundo, incluidos los organizadores. A pesar de habilitar una segunda sala anexa para dar cabida a parte del público congregado, cientos de personas se quedaron en la calle por falta de espacio y tras formar desde primera hora de la mañana una larga cola que se perdió por la calle Alcalá hasta alcanzar las inmediaciones de la Puerta del Sol.

La izquierda toma protagonismo. Varios centenares de personas han acudido este sábado al Círculo de Bellas Artes de Madrid para asistir al lanzamiento de la nueva coalición que auspician Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid, 'Un paso al frente'. Los dirigentes del espacio político de lo que ahora es Sumar en el Gobierno han coincidido en la necesidad de relanzar un proyecto ganador frente a la extrema derecha, entre llamadas a volver a repetir la unidad del espacio pero defendiendo los valores tradicionales de la izquierda.

“Estamos aquí para escuchar, porque hay mucha conversación dentro y mucha conversación fuera. Nadie va a equivocarse tapándose los oídos. Estamos aquí para entender el malestar, para buscar soluciones, dirigir la mirada al lugar correcto, que es arriba y no al lado”, ha lanzado la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, en la presentación del acto. “No sobra gente en el metro, faltan médicos; no sobra ni un trabajador, sobran todos y cada uno de los millonarios”, ha reclamado antes de dar paso a los intervinientes: Lara Hernández, de Movimiento Sumar; Ernest Urtasun, de los Comuns; Antonio Maíllo, de Izquierda Unida; y Mónica García, de Más Madrid.

La sala en la que han intervenido los cuatro dirigentes estaba repleta de dirigentes de esas formaciones políticas. En un escenario compuesto detrás de los micrófonos estaban sentados ministros como Pablo Bustinduy, dirigentes como la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, o la diputada y coordinadora de los Comuns, Candela López. Pero también cuadros territoriales, diputados, eurodiputados y dirigentes de todo el espacio político. Sentados entre el público han acudido personalidades como Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, o Pepe Álvarez, de UGT. También antiguos dirigentes como Alberto Garzón, Ada Colau o Nacho Álvarez.

Solo ha faltado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha decidido mantenerse al margen en este momento pero apoyar eso sí todos los movimientos que están ocurriendo en la izquierda. Solo Mónica García, la ministra de Sanidad, la ha mencionado en su discurso, en la intervención final. “Estamos orgullos de las luchas de la clase trabajadora de Yolanda Díaz, claro que sí. De Yolanda Díaz. Gracias a Yolanda por estar siempre del lado de la gente trabajadora”, ha reivindicado la líder de Más Madrid.

Lara Hernández: “La gente nos quiere caminando juntas”

La primera en intervenir ha sido Lara Hernández, la coordinadora de Movimiento Sumar, que ha celebrado que los partidos de la izquierda estén unidos en el trabajo para la próxima coalición. “Hoy salimos de aquí con urgencias. La urgencia de la esperanza frente al miedo. La urgencia de la reconciliación con nosotros mismos y con nuestra gente. La urgencia de la responsabilidad histórica. La urgencia de no claudicar ante la resignación. La urgencia de luchar para ganar. Nos vamos a juntar porque les vamos a ganar. Porque somos más y somos mejores, porque el miedo a la extrema derecha nos lo sacudimos así, construyendo, cooperando, creando”, ha dicho en su discurso, en el que ha parafraseado a Gabriel Rufián hace tres días en la sala Galileo Galilei: ganar a Vox escaño a escaño, provincia a provincia.

De hecho, se ha abierto a explorar las fórmulas que el portavoz de ERC en el Congreso ha ido planteando en los últimos días. “No es miedo lo que tenemos que tener a la España real. Es posible que nos entendamos las izquierdas federales, confederales, soberanistas. El tiempo histórico hoy es otro y el reto es nuevo. Es una lucha contra lo injusto de nuestro sistema electoral. Debemos y podemos buscar fórmulas. Seamos imaginativos”, ha dicho.

Y después de otra de las conversaciones abiertas en aquella charla entre Rufián y Emilio Delgado, Hernández ha reconocido que la izquierda ha perdido el contacto con la calle. “Vamos a construir una izquierda que vuelva a conectar con la calle. Porque sí, compañeros y compañeras: en este tiempo hemos perdido pulso y comunión con las gentes. Con paciencia, pero con determinación: hemos de estar fuertes en los barrios, en los centros de trabajo, en los institutos, en las asociaciones, las viejas y sobre todo las nuevas… La derrota al neofascismo se sustancia ahí… Cualquier vacío que dejamos, lo ocupa la ultraderecha”, ha reclamado.

Urtasun: “La aritmética es necesaria, pero necesitamos un proyecto ganador”

“La aritmética es muy necesaria, pero no se ganan las elecciones solo con la sociología electoral, se ganan con un proyecto ganador, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Gobernar bien para la mayoría lo que queda de legislatura”, ha defendido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El también portavoz de Movimiento Sumar ha reivindicado además que parte de ese trabajo que propone Rufián es lo que consiguió Sumar el 23 de julio de 2023, en las elecciones generales. “Ganamos las elecciones en el 23J con un trabajo minucioso para maximizar los escaños”, ha dicho para reivindicar el acuerdo que incorporó a toda la izquierda estatal pero también a una decena de formaciones soberanistas y territoriales y que permitió revalidar el Gobierno de coalición.

Urtasun ha lanzado varios mensajes al Partido Socialista también, con quienes comparte asiento en el Consejo de Ministros. “Dice el PSOE que no hay mayorías suficientes, lo que no podemos aceptar son vetos previos en el Consejo de Ministros. Le quiero decir al PSOE que no se ganan las elecciones con el freno de mano puesto a la hora de afrontar los problemas sociales. Nos lo acaban de demostrar los Comuns con un acuerdo presupuestario”, ha dicho.

Y también ha respondido a quienes intentan en estos días cambiar el discurso de la izquierda en asuntos como la inmigración. “No se combate a la extrema derecha con las gafas de mirar la realidad de la extrema derecha, se les gana donde son débiles, se las gana diciendo que son unos vendepatrias, que siempre defienden al fuerte frente al débil”, ha reivindicado.

Maíllo: “Se ha acabado la melancolía en la izquierda”

“Parece que hay marcos que invitan a la melancolía. Se ha acabado la melancolía en la izquierda y empieza una etapa de ambición de gobierno, de disputa y guerra cultural”, ha comenzado Maíllo su intervención.

“Tenemos que gestionar la realidad, pero sin melancolías. Sin nostalgias. Con una acertada respuesta a ese momento. Este momento que se presenta con voluntad unitaria de manera irreversible, abierto a más incorporaciones que estoy seguro de que se van a producir, es una respuesta a esa gente que pensaba que estábamos a punto de naufragar. Es un mensaje también a esa extrema derecha, que pensaba que había ganado”, ha reivindicado el coordinador general de Izquierda Unida.

El líder de IU también ha lanzado mensajes velados a otros dirigentes del espacio político. “Nosotros estamos abiertos a los matices, la vida son matices. Y tenemos muy claro quiénes son gente que forma parte del bloque democrático y quiénes forman parte del bloque reaccionario, y no los vamos a igualar. Sería la mayor de las injusticias”, ha dicho.

Maíllo ha defendido la nueva alianza de la izquierda como un acto de obediencia al “clamor social” que reclama “unidad”, ha dicho. “Unidad como el único instrumento que pueda permitir que seamos relevantes, cambiando políticas a favor de la justicia social”, ha añadido.

 “Este camino acaba de empezar. Proponemos un soporte que sirve para otras organizaciones y para mucha gente que no pertenece a partidos, pero quiere formar parte de un proyecto transformador. Se van a incorporar más organizaciones”, ha vaticinado Maíllo. “El nuevo sentido común está en la unidad. La clave ya es cómo conformar la unidad, no si hay unidad. Que haya unidad es algo asumido”, ha defendido.

Mónica García: “Sabemos perfectamente cuál es nuestro adversario, miramos hacia arriba”

La líder de Más Madrid también ha defendido, en la misma línea de Rita Maestre, que el adversario está “arriba” y no a un costado, no en los barrios sino en los “tecnoligarcas”. “Los derechos no compiten. Sabemos quiénes son los adversarios, los tecnoligarcas. El problema no es un adolescente con un móvil, es el algoritmo que roba las expectativas de futuro. Los grandes tenedores. Quienes parasitan nuestros servicios públicos para hacer negocio. Los 'ayusos' y sus novios y el grupo Quirón. No les pedimos cuentas a los vecinos, les pedimos cuentas a los de arriba”, ha reclamado.

“La derecha quiere dividirnos y eso no va a ocurrir. No se lo vamos a permitir”, ha dicho. Y también ha lanzado un mensaje de unidad: “Aquí no sobra nadie. Necesitamos cada átomo”. “Tenemos que estar en los barrios y en las instituciones, bienvenidas todas las aportaciones”, ha dicho. “Gracias a Gabriel, gracias a Emilio por el acto del otro día”, ha insistido en esa misma idea.

“Gracias a Gabriel, gracias a Emilio”

El acto, como ocurrió hace tres días con la charla entre Emilio Delgado y Gabriel Rufián, ha desbordado las expectativas. En esta ocasión han sido varias cientas, muchas más, las personas que se han quedado sin asiento en el recinto preparado para el acto. Los organizadores han tenido que abrir una sala adyacente para poder albergar a todas esas personas. Los dirigentes de los partidos han aprovechado para bajar a saludarles antes del inicio del mitin, que ha arrancado con bastante más retraso de lo previsto.

Frente a lo que ocurría hasta ahora en la izquierda, especialmente en los actos de Sumar, este sábado no había una persona por encima del resto, sino cuatro dirigentes hablando en un mismo nivel de importancia. 

A pesar de todo, el acto ha estado marcado por la ausencia de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno. Yolanda Díaz anunció esta semana que se ausentaría del acto del 21 de febrero para dar espacio a los partidos a organizarse. “Es el momento de las formaciones políticas”, dijo en una entrevista en La Sexta para explicar su decisión de no asistir a este lanzamiento. La ministra de Trabajo mantendrá por tanto perfil bajo mientras la nueva coalición da sus primeros pasos y ella avanza en el proceso de reflexión personal sobre su futuro político.

Este sábado, tras escuchar las intervenciones, ha celebrado el acto en un post de Bluesky: “Así es como vamos a ganar las próximas elecciones: ilusionando, cooperando, avanzando. Dando pasos siempre adelante. Juntas. De la mano. Lo hicimos en el 23 y lo volveremos a hacer. Orgullo de compañeras”.

El evento de este sábado es una primera parada de cara a la construcción de un gran frente para las elecciones generales. Los cuatro partidos llevan trabajando meses en consolidar un primer núcleo de organización, con varios niveles de trabajo y varios órganos de toma de decisiones, algunos más reducidos, otros más amplios en los que se incorporan los grandes dirigentes. Y algunos grupos específicos, como comunicación, redes, etc. Un despliegue similar al de un partido político pero incorporando a las cuatro direcciones. 

Pero la idea no es quedarse ahí sino que sea este núcleo el que permanezca en el tiempo, en los periodos no electorales, para coordinar el trabajo y la orientación política, y ampliar el espacio llegados los comicios para incorporar en una coalición electoral al resto de fuerzas que renuncien a participar en una estructura de la izquierda estatal a largo plazo. Así, cuando llegue la convocatoria de 2027, los partidos aspiran a convencer a todas las organizaciones que se sumaron a una misma candidatura en el 23 de julio.

El acto de este sábado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid comienza a gestarse hace un año y medio. El 10 de junio de 2024 Yolanda Díaz presentó su renuncia como líder orgánica de Sumar tras unos resultados muy malos en las elecciones europeas y una tensión extrema entre los partidos de la coalición. El paso al lado de la vicepresidenta segunda en aquel momento no dio frutos inmediatos, pero habilitó la posibilidad de una conversación entre esas formaciones que cristalizó en las últimas semanas en el lanzamiento de una nueva alianza para las próximas generales. Puedes seguir el acto aquí en directo:

Izquierda Unida, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar, los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno, presentarán este sábado el germen de esa nueva coalición en la que esperan incorporar al resto de fuerzas que se pusieron de acuerdo el 23 de julio, también a Podemos, hoy más alejado que nunca de un escenario de unidad. 'Un paso al frente', el lema del acto, sintetiza las dos ambiciones de los partidos. Construir una narrativa nueva e ilusionante para el electorado progresista y un frente amplio para aglutinar a toda la izquierda y evitar la dispersión del voto tan perjudicial para la izquierda con el sistema D’Hont. 

Los partidos han primado en esta etapa inicial la exposición de un nuevo proyecto político frente a la cuestión de los liderazgos, todavía sin resolver. Precisamente la semana en la que Gabriel Rufián y Emilio Delgado celebraron la charla que ha removido a todo el espacio de la izquierda. Un encuentro cuya relevancia está apoyada mucho más en el perfil personal que ambos han levantado por su capacidad de interpelar a la sociedad que por las organizaciones a las que representan. 

En la presentación de esta nueva alianza no habrá un liderazgo por encima del resto, sino integrantes de los cuatro partidos que la conforman: el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por parte de los Comuns, la de Sanidad, Mónica García, líder de Más Madrid, el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, y Lara Hernández en representación de Movimiento Sumar. Se trata de escenificar una nueva etapa, más horizontal y de mayor coralidad. 

El acto estará así marcado por la ausencia de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno. Yolanda Díaz anunció esta semana que se ausentaría del acto del 21 de febrero para dar espacio a los partidos a organizarse. “Es el momento de las formaciones políticas”, dijo en una entrevista en La Sexta para explicar su decisión. La ministra de Trabajo mantendrá por tanto perfil bajo mientras la nueva coalición da sus primeros pasos y ella avanza en el proceso de reflexión personal sobre su futuro político. 

Cuando dimitió de sus cargos orgánicos, Díaz entendió que su papel como organizadora del espacio no había funcionado y decidió centrarse en la tarea de Gobierno, su principal capital político en todos estos años. Su renuncia en aquel momento dejó un vacío de liderazgo que aún no se ha llenado y ha agitado las especulaciones en el espacio sobre el futuro candidato o candidata de la coalición, aunque nadie descarta que la ministra pueda volver a intentar postularse como cabeza de esa futura papeleta de la izquierda.

Todos los partidos han recibido el gesto de la vicepresidenta de mantenerse al margen por ahora y no acudir al acto de este sábado como un gesto de “generosidad”. En un momento en el que la izquierda cobra protagonismo, con el lanzamiento de esta coalición, pero también con la apuesta de Rufián, la vicepresidenta animó a todo el electorado a acudir a los dos actos. 

“Me ha gustado lo que he visto y oído hoy: ganas de ganar, energía e ilusión. Duplicar nuestra fuerza y ofrecer esperanza. La gente común, las mujeres, los trabajadores somos más poderosos que el dinero de los ricos y el odio de la extrema derecha. Adelante”, dijo tras el acto del portavoz de ERC en el Congreso con Delgado.

El movimiento de ambos dirigentes sentó muy mal en un primer momento entre los partidos de Sumar, que no habían anunciado todavía su acto para este sábado y que vieron cómo sus planes quedaban opacados por el tirón mediático del dirigente republicano. Mucho más en Más Madrid, donde han escamado en los últimos meses los gestos de Delgado en público, incluso amagando con presentarse a unas primarias para ser candidato contra Isabel Díaz Ayuso. 

Pero ese malestar inicial ha ido mutando con el paso de los días y en los partidos entendieron que la conversación que están abriendo ambos dirigentes, pese a las diferencias, puede servir para reactivar al electorado progresista desencantado. Una competencia virtuosa. Eso explicó que finalmente los cuatro partidos enviaran una delegación a la sala Galileo Galilei este miércoles, aunque no todos los hicieron con el mismo entusiasmo: Izquierda Unida envió a la coordinadora de Madrid, Carolina Cordero. 

Más allá de la charla, el proyecto que pusieron sobre la mesa Rufián y Delgado no es nada claro. Ni siquiera es coincidente en algunos puntos. El diputado de Más Madrid centró la conversación en los lugares ideológicos y los sectores a los que no está llegando la izquierda actual mientras que el eje del planteamiento del portavoz de ERC pasa por una alianza en términos electorales con las fuerzas independentistas y soberanistas.

Frente a esa indeterminación, el acto de este sábado pretende presentar al electorado un proyecto que las fuerzas políticas han ido consolidando a lo largo de los últimos meses. Adolece quizás de la frescura y la llegada de los otros liderazgos, pero aporta la experiencia de gobierno de las cuatro fuerzas y las militancias de esas organizaciones. 

Un primer paso para un frente amplio en las generales

El acto de este sábado es una primera parada de cara a la construcción de un gran frente para las elecciones generales. Los cuatro partidos llevan trabajando meses en consolidar un primer núcleo de organización, con varios niveles de trabajo y varios órganos de toma de decisiones, algunos más reducidos, otros más amplios en los que se incorporan los grandes dirigentes. Y algunos grupos específicos, como comunicación, redes, etc. Un despliegue similar al de un partido político pero incorporando a las cuatro direcciones. 

Pero la idea no es quedarse ahí sino que sea este núcleo el que permanezca en el tiempo, en los periodos no electorales, para coordinar el trabajo y la orientación política, y ampliar el espacio llegados los comicios para incorporar en una coalición electoral al resto de fuerzas que renuncian a participar en una estructura de la izquierda estatal a largo plazo. Así, cuando llegue la convocatoria de 2027, los partidos aspiran a convencer a todas las organizaciones que se sumaron a una misma candidatura en el 23 de julio. 

Queda, por tanto, cerca de un año de trabajo para convencer a Compromís, Chunta Aragonesista, Més per Mallorca, Iniciativa del Pueblo Andaluz o Verdes Equo para volver a repetir aquella alianza. Y también a Podemos, hoy más alejado que nunca de una posibilidad así. Aunque han recibido invitación para el acto de este sábado, sus dirigentes no acudirán. 

En una tribuna en elDiario.es esta semana, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, apostó por girar el marco sobre la unidad como fin en sí mismo. “¿Unidad para qué?”, una pregunta retórica que popularizó la dirigente peronista Ofelia Fernández en Argentina hace unos meses y que ha resonado mucho en la izquierda española, también en otros partidos como Más Madrid. 

“Cuando se plantea el debate sobre lo que debe hacer la izquierda, lo más honesto es empezar por responder a la pregunta de ”para qué“: si es para pasar de las palabras a los hechos, si es para plantear y llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias un proyecto alternativo y diferente al proyecto del PSOE, y para poner toda la fuerza en la batalla contra la derecha y la extrema derecha, se puede contar con Podemos. Si es para culpar al feminismo, a las personas migrantes y al colectivo LGTBIQA+ del avance de la extrema derecha, Podemos con seguridad no estará”, escribió Belarra en este diario.

Quienes sí estarán serán algunos antiguos dirigentes del espacio, como Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona; Alberto Garzón, exministro de Consumo; o Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y exdirigente de Podemos, quien dejó la política cuando fue propuesto como ministro en la nueva legislatura por Yolanda Díaz sin el aval de su partido. 

Los médicos están convocados por seis sindicatos a una nueva huelga contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, un paro que comienza este lunes y se prolongará durante una semana al mes hasta junio.

Con una manifestación en Madrid el pasado sábado a la que acudieron más de 5.000 personas, los médicos dieron el pistoletazo de salida a este nuevo calendario de protestas y advirtieron de que no van a parar hasta tener un estatuto propio; una movilización en la que reclamaron la dimisión de la ministra, Mónica García.

“Solo hay una opción, o se rectifica y se permite a los médicos tener un ámbito de negociación propio o se acabará desmantelando la Sanidad y se quedara sin médicos”, señaló Víctor Pedrero, de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.

El formato acordado para esos paros que comienzan este lunes es el de una semana de huelga al mes desde febrero y hasta el mes de junio, como primera etapa.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) son los convocantes del paro indefinido, que se suma a la más de media docena de protestas secundadas en 2025 tras encallar su negociación con Sanidad.

Y es que estas organizaciones rechazan la propuesta de reforma de estatuto marco que el Ministerio de Sanidad acordó el pasado 26 de enero con SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF. Reclaman un documento propio para la profesión médica, independiente del resto del personal del Sistema Nacional de Salud, y que recoja las particularidades de su ejercicio profesional.

Entre sus demandas, una clasificación profesional singular -crear una nueva categoría A1-, una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables, y que todo lo que exceda se considera exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida.

La petición de estas organizaciones sindicales incluye también un sistema de jubilación anticipada voluntaria total o parcial o la prohibición de la movilidad forzosa, entre otras reivindicaciones.

Sanidad, sin embargo, defiende el nuevo texto que incluye -subraya- sustanciales mejores laborales para todo el personal sanitario, de clasificación profesional, jubilación anticipada o conciliación, ya que limita la jornada laboral a 45 horas y reduce las guardias de 24 a 17 horas, entre otras medidas.

A la huelga de esta semana, se suman concentraciones convocadas frente a hospitales y centros de salud por todo el territorio, desde Aragón, a la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, País Vaco, Extremadura, Galicia o Madrid.

El Comité de Huelga ha insistido en que los paros nacionales indefinidos convocados para los próximos meses son la última opción después de numerosas llamadas de atención para llegar a acuerdos que han sido ignoradas.

Los sindicatos médicos han pedido disculpas por las molestias que estos paros puedan generar a los pacientes, pero insisten en que la defensa de una mejora en las condiciones laborales de los profesionales permitirá mejor calidad asistencial.

Los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

El nuevo texto de estatuto marco acordado entre el Ministerio de Sanidad con los sindicatos SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF -sindicatos del ámbito de negociación- tendrá que ser sometido a la correspondiente tramitación parlamentaria.