La agria disputa que se vive en ERC para elegir a su nueva dirección ha desembocado este martes en una nuevas acusaciones entre miembros del partido. El exdirigente republicano Xavier Vendrell ha acusado a Oriol Junqueras de “no haber hecho” el referéndum del 1 de octubre en Catalunya. “Los líderes políticos fueron Carles Puigdemont y Marta Rovira”, ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Vendrell, que en 2017 no tenía ningún cargo público pero formó parte del llamado “sanedrín” que organizó la votación junto a otros exdirigentes como David Madí y empresarios como Oriol Soler, ha acusado al expresidente de ERC de haberse escondido en los momentos más complejos, cuando el Govern debía decidir qué pasos tomar tras la votación.

“Oriol Junqueras tuvo muchas dudas el día antes de la proclamación de la independencia”, ha asegurado Vendrell, refiriéndose al encuentro que hubo en el Palau de la Generalitat el 26 de octubre, un día antes de que se declarara la independencia en el Parlament.

“Él se asusta y se va y no se presenta en el Palau”, ha proseguido. “ERC estaba: había Marta Rovira, Carme Forcadell, Dolors Bassa... Él no estaba. Se asusta, marcha y se esconde en Montserrat”, ha remachado Vendrell, que también fue conseller de la Generalitat durante el tripartito liderado por José Montilla.

Vendrell ha descrito cómo, entre lágrimas de muchos dirigentes, Oriol Junqueras trasladó ese 26 de octubre a la ejecutiva de ERC que no se iba a declarar la independencia. “Aquí hubo una cierta rebelión dentro de la ejecutiva nacional, como le pasa a Carles Puigdemont con los suyos”, ha afirmado. “Por tanto, llega arrastrado a ese punto, se asusta y se va”.

Junqueras tilda la acusación de “calumnias”

En un comunicado, la candidatura que lidera Junqueras para volver a liderar ERC ha tildado de “calumnias” las acusaciones de Vendrell y ha anunciado que trasladará el caso a la comisión de garantías del partido.

“Las declaraciones del empresario son un reguero de calumnias y falsas acusaciones que contravienen los estatutos del partido”, reza el texto. “A parte de los más elementales de respeto y educación entre la militancia de nuestra organización”.

El comunicado también solicita “acabar con los ataques personales y políticos entre compañeros de partido” desde “plataformas públicas”, ya que considera que este tipo de mensajes están “destrozando” la imagen de ERC. “Necesitamos un congreso sin calumnias ni reproches públicos”, concluye el comunicado.

El secretario municipal de Cabrera de Mar (Barcelona) ha negado este jueves ante el juez que hubiera recibido presiones de políticos locales o del exconseller de ERC Xavier Vendrell para favorecer un cambio de usos urbanísticos que el exdirigente republicano y miembro del cuadro de mando de políticos que organizó el 1-O perseguía en la finca Villa Bugatti.

Ante el juez Joaquín Aguirre, que investiga el caso Voloh, han declarado este jueves como testigo el secretario municipal del Ayuntamiento de Cabrera de Mar, donde su ubica Villa Bugatti, y, como investigado, un arquitecto que trabajaba para la empresa de Vendrell.

El caso Voloh es una macrocausa con muchas líneas de investigación: el presunto desvío de dinero público de la Generalitat para financiar la estancia de Puigdemont en Waterloo, la supuesta trama rusa del procés o los negocios de Vendrell y el expolítico de CiU David Madí aprovechando sus conexiones con el Govern.

Además el exconseller de ERC está investigado por sus negocios en la finca de la comarca del Maresme Villa Bugatti, cuya recalificación el juez vincula con un pelotazo urbanístico, una tesis que los investigados y testigos de Cabrera de Mar que han comparecido en las últimas semanas y este jueves han desmentido.

Las tesis del juez Aguirre y la Guardia Civil las respaldó la Audiencia de Barcelona el año pasado, cuando los jueces rechazaron los recursos de las defensas y aseguraron que el supuesto pelotazo permitiría aumentar de valor la finca en cinco millones de euros, y que de él saldrían beneficiados Vendrell y sus socios o incluso otros investigados al no descartar que la operación pudiera haber servido para financiar una actividad relacionada con el proceso soberanista.

La declaración del testigo y el investigado ha servido para negar la mayor. Según fuentes jurídicas, ambos han rechazado presión alguna de Vendrell o los políticos locales imputados, y de hecho han explicado que tras el cambio de usos urbanísticos el valor de Villa Bugatti descendió, por lo que no cabe hablar de pelotazo.

El motivo es que Villa Bugatti, con el cambio de usos, no amplió su parte residencial destinada a viviendas, sino que cambió la parte dedicada a los banquetes de bodas a usos educativos, para que en el edificio pudiera instalarse una escuela de educación especial.

Además ambos declarantes han coincidido en señalar que la tramitación de los cambios urbanísticos fue precisamente la más larga que prevé la legislación, y que no fue “ni ágil ni rápida”. Vendrell y el alcalde y el concejal de Urbanismo de Cabrera de Mar declararán como investigados en noviembre.

El curso que arranca será clave para el caso Voloh, la macrocausa que investiga desde los contactos rusos del procés a la presunta corrupción entre bambalinas de algunos empresarios soberanistas. El juez Joaquín Aguirre ha programado para los próximos meses sucesivas rondas de declaraciones de investigados y testigos antes de decidir cuántas de las piezas del caso envía a juicio. Uno de los que ya tiene fecha para comparecer como imputado es el exconseller de ERC Xavier Vendrell, ahora empresario y asesor durante la pasada campaña electoral del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

En una providencia, el juez ha citado a Vendrell para el próximo 24 de noviembre en el marco de la pieza que investiga el pelotazo urbanístico de Villa Bugatti, la finca de la comarca del Maresme en la que el exconseller y sus socios gestionaban un negocio de bodas. Además pretendían hacerse con la propiedad de unos terrenos que doblarían su valor una vez consiguieran una recalificación plagada de irregularidades, según descubrieron los investigadores.

La Guardia Civil mantiene que Vendrell “influenció en ciertos funcionarios” del Ayuntamiento de Cabrera de Mar y de la Generalitat para conseguir los cambios urbanísticos “que no se ajustan a la legislación vigente”. Además de Vendrell, el juez ha citado como investigados a dos de sus socios, Jordi S. y Patricio C.; al alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir (PDeCAT); su exconcejal de Urbanismo, Enric Mir, quien dimitió tras hallar la Guardia Civil 40.000 euros en efectivo en su despacho; y al arquitecto municipal de Cabrera de Mar, Ramón V.

El juez Aguirre mantiene la causa abierta por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Tras la recalificación urbanística, la masía dobló su valor, pasando de cinco a diez millones de euros. En base a los distintos informes remitidos por el Instituto Armado, el juez considera que hay indicios suficientes que demuestran que Vendrell habría obtenido un “claro trato de favor” tanto de cargos municipales como de la Generalitat para que se pudiera aprobar la modificación puntual del Plan de Ordenamiento Urbano Municipal (POUM) de Cabrera de Mar.

Estos cambios avalaban la recalificación urbanística de la finca, de 48.0000 metros cuadrados y concurrida por políticos que celebraban en ella fiestas y eventos, para desarrollar una escuela de la fundación El Brot –que finalmente no se ejecutó porque la Generalitat denegó el concierto educativo del centro– y mantener la actual actividad de banquetes. Para explotar el negocio Vendrell no habría “dudado” en “influenciar a sus contactos políticos de máximo nivel” y conseguir así “una agilidad superior a la que marca la norma” a la recalificación, apunta el juez.

Además, la Guardia Civil expone que a pesar de no haberse tramitado y aprobado por la Comisión de Urbanismo la modificación puntual del plan urbanística, en la finca se ejecutaron obras sin licencia, de las que el alcalde y el concejal estaban al día. “Villa Bugatti ha funcionado 'piratillamente' durante muchos años”, constató el propio Enric Mir en una de las conversaciones telefónicas interceptadas del caso, mientras que el alcalde advirtió de que en la finca “no está legalizado todo el tema de actividades, está así como en falso”.

La Guardia Civil asegura además que Vendrell permitió fiestas, banquetes y conciertos en la finca “sobrepasando” el aforo máximo permitido por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia y sin la preceptiva licencia de actividades “con la convivencia” del exconcejal. En una de las charlas interceptadas Vendrell explicó a uno de sus socios que hasta el concejal de Cultura de Cabrera, Sergi Teodoro, “se sumó a la fiesta”, en referencia a un festival de verano celebrado en la finca. Y también pidió al exsecretario general de la conselleria de Interior, Brauli Duart, que el toque de queda nocturno se estableciera a medianoche porque tenía una cena prevista para 450 personas.

La subdirectora general de la fundación La Caixa, Esther Planas, ha explicado al juez que la entidad financiera se fiaba de la “buena fe” del Govern a la hora de decidir el destino de los fondos que servían para financiar proyectos sociales, por lo que el banco no sabía que parte del dinero terminó, según sospecha la Guardia Civil, en un pelotazo urbanístico del exconseller de ERC Xavier Vendrell.

Así lo ha sostenido la directiva en su declaración como testigo de este martes ante el juez Joaquín Aguirre en una de las piezas separadas del caso Voloh, que investiga desde los contactos rusos del procés a los negocios personales de expolíticos todavía muy ligados a los actuales dirigentes independentistas, como Vendrell.

Una de las ramas de la investigación es la relativa a la Villa Bugatti, en la comarca del Maresme, donde Vendrell y sus socios gestionaban un negocio de bodas y pretendían hacerse con la propiedad de los terrenos que doblarían su valor una vez consiguieran una recalificación plagada de irregularidades, según han descubierto los investigadores.

Parte del dinero de los convenios entre la fundación la Caixa y el Govern entre 2017 y 2019 se destinó a la fundación El Brot, presidida por Vendrell, y que quería construir en Villa Bugatti una escuela para niños con dificultades de aprendizaje. Pero los investigadores descubrieron que casi 150.000 euros destinados a El Brot teóricamente para fines sociales sirvieron para pagar facturas de despachos de arquitectos relacionados con el pelotazo urbanístico de Vendrell.

Según la Guardia Civil, tras analizar las facturas por valor de 232.000 euros presentadas a la investigación, hay 149.718,79 euros que “podrían haberse destinado a finalidades distintas” de las del proyecto educativo de El Brot ya que “redundaron en beneficio” de la empresa Maresme Futur, propiedad de Vendrell y un socio suyo arquitecto, el también investigado Jordi S., y que es la firma que aspiraba a hacerse con la propiedad de Villa Bugatti tras la recalificación. Agregó el Instituto Armado que Vendrell y su socio habrían utilizado la fundación El Brot “como un instrumento para financiar actividades” de su empresa, como por ejemplo 110.000 euros en proyectos arquitectónicos de Solé en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) y la propia Villa Bugatti.

Para esclarecer el caso, la Guardia Civil propuso al juez tomar declaración al exsecretario general de Vicepresidencia de la Generalitat y responsable de la firma de los convenios con la Fundación el Brot en 2018 y 2019, Albert Castellanos, así como el otro firmante, el exdirector general de la fundación bancaria La Caixa, Jaume Giró, ahora conseller de Economía, y a la subdirectora general de la fundación, Esther Planas. En 2017 el encargado de firmar los convenios como secretario de Economía fue el actual president, Pere Aragonès.

Por ahora el juez no ha llamado a testificar a ninguno de los cargos políticos. Planas ha sido la primera en comparecer y, según fuentes jurídicas, ha detallado al juez los procedimientos de los convenios para financiar proyectos sociales suscritos entre la fundación La Caixa y el Govern. Primero se firma un convenio marco en el que los departamentos de la Generalitat proponen a la fundación alrededor de 200 entidades sociales a las que financiar sus proyectos.

La labor de La Caixa, ha recalcado la directiva según las citadas fuentes, es comprobar que la entidad a sufragar sea acorde a los objetivos de obra social de la fundación. En el caso de El Brot, al ser una entidad dedicada a la integración educativa de niños con dificultades de aprendizaje, sí cumplía a priori con los criterios. Pero la fundación desconocía el destino final de los fondos para El Brot, ha agregado. En este sentido, la testigo ha recalcado que respecto a los proyectos concretos a financiar, la fundación se fiaba de la “buena fe” del Govern para escogerlos, han agregado las mismas fuentes.

Fuentes de las defensas han remarcado que la testigo ha remarcado que no recibió ninguna presión para otorgar la subvención a El Brot y que, a consecuencia de la investigación penal, se decidió interrumpir los pagos hasta aclarar la situación.

El pelotazo de Villa Bugatti

Al margen de la investigación sobre los fondos de su fundación, sobre Vendrell pesan varios indicios en relación con la recalificación irregular de Villa Bugatti. La Guardia Civil mantiene que Vendrell “influenció en ciertos funcionarios” del Ayuntamiento de Cabrera de Mar y de la Generalitat para conseguir los cambios urbanísticos “que no se ajustan a la legislación vigente”. Además de Vendrell, están investigados dos de sus socios; el alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir (PDeCAT); el exconcejal de Urbanismo, Enric Mir, quien dimitió tras hallar la Guardia Civil 40.000 euros en efectivo en su despacho; y el arquitecto municipal de Cabrera de Mar, Ramón V.

El juez Aguirre mantiene la causa abierta por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la recalificación urbanística de la masía, que dobló su valor, pasando de cinco a diez millones de euros. En base a los distintos informes remitidos por el Instituto Armado, el juez considera que hay indicios suficientes que demuestran que Vendrell habría obtenido un “claro trato de favor” tanto de cargos municipales como de la Generalitat para que se pudiera aprobar la modificación puntual del Plan de Ordenamiento Urbano Municipal (POUM) de Cabrera de Mar.

Estos cambios avalaban la recalificación urbanística de la finca, de 48.0000 metros cuadrados y concurrida por políticos que celebraban en ella fiestas y eventos, para desarrollar una escuela de la fundación El Brot –que finalmente no se ejecutó porque la Generalitat denegó el concierto educativo del centro– y mantener la actual actividad de banquetes. Para explotar el negocio Vendrell no habría “dudado” en “influenciar a sus contactos políticos de máximo nivel” y conseguir así “una agilidad superior a la que marca la norma” a la recalificación, apunta el juez.

Además, la Guardia Civil expone que a pesar de no haberse tramitado y aprobado por la Comisión de Urbanismo la modificación puntual del plan urbanística, se han ejecutado obras y movimientos de tierra absolutamente irregulares en Villa Bugatti“, sin licencia e incumpliendo ”reiteradamente“ las normas urbanísticas y sanitarias, de las que el alcalde y el concejal estaban al día. ”Villa Bugatti ha funcionado 'piratillamente' durante muchos años“, constató el propio Enric Mir en una de las conversaciones telefónicas interceptadas, mientras que el alcalde advirtió de que en la finca ”no está legalizado todo el tema de actividades, está así como en falso“.

De hecho la Guardia Civil expone en su informe que Vendrell permitió fiestas, banquetes y conciertos en la finca “sobrepasando” el aforo máximo permitido por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia y sin la preceptiva licencia de actividades “con la convivencia” del exconcejal. En una de las charlas interceptadas Vendrell explicó a uno de sus socios que hasta el concejal de Cultura de Cabrera, Sergi Teodoro, “se sumó a la fiesta”, en referencia a un festival de verano celebrado en la finca. Y también pidió al exsecretario general de la conselleria de Interior, Brauli Duart, que el toque de queda nocturno se estableciera a medianoche porque tenía una cena prevista para 450 personas.

El programa Pegasus espió a independentistas que ya estaban siendo investigados por la Justicia. Así se desprende de la lista de catalanes víctimas del 'software' malicioso difundida por los forenses canadienses de Citizen Lab. Son pinchazos por duplicado. Unos, acordados por un juez, acotados en el tiempo y recurribles en los tribunales por parte de los afectados. Los otros, de autoría y alcance desconocidos a día de hoy, y por lo tanto mucho más difíciles de combatir.

Al empresario y exconseller de ERC Xavier Vendrell, miembro del grupo de dirigentes soberanistas que organizó el referéndum del 1-O, Pegasus lo espió por lo menos en dos ataques, el 4 de noviembre de 2019 y el 14 de abril de 2020, este último en pleno confinamiento por la COVID-19. La primera de las fechas coincide con la visita de Felipe VI a Catalunya tras la sentencia del procés y el llamamiento de Tsunami Democràtic a la protesta que bloquearía la AP-7 cinco días después.

Por aquellas fechas, Vendrell ya tenía las comunicaciones intervenidas por orden del juzgado de instrucción 1 de Barcelona en el marco de la investigación del caso Voloh, una macrocausa que agrupa el supuesto desvío de fondos en favor del procés y la presunta corrupción del exconseller de ERC y de otro miembro del denominado 'estado mayor' del procés, el exconvergente David Madí, también espiado con Pegasus.

A falta de que se pueda aclarar el origen y la autoría del encargo del espionaje con el programa Pegasus, la utilización en Madí y Vendrell del 'software' espía profundizó en la intensa intervención de comunicaciones que ya sufrían por orden judicial, exponen fuentes jurídicas. Como el resto de espiados, ni Vendrell ni Madí conocen formalmente a día de hoy los motivos que les llevaron a ser dianas del programa malicioso, mientras que –aunque disienten de ellas– las razones de los pinchazos del caso Voloh aparecen en el sumario de la causa.

La Guardia Civil pidió el 27 de agosto de 2019 al juez Joaquín Aguirre la interceptación total del teléfono de Vendrell, Madí y el presidente de la plataforma proselecciones catalanas, Xavier Vinyals (quien no consta como espiado mediante Pegasus). Un año después, de Madí y Vendrell el Instituto Armado también solicitó “la instalación de un 'software' para examinar de forma remota y telemática los dispositivos ya intervenidos”. La diferencia principal es que Pegasus, a la intervención del teléfono, suma la capacidad de activar el micrófono o la cámara.

El motivo alegado por la Guardia Civil para la intervención fueron sendas grabaciones halladas un año antes en el teléfono del exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas en el marco de la investigación por desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona que lleva a cabo el mismo juez. Los audios eran conversaciones de Terradellas con Madí y Vendrell –que Terradellas niega haber grabado– sobre la supuesta trama rusa del procés y el uso de 'bitcoins' para financiar la estancia de Carles Puigdemont en Waterloo.

El 29 de agosto de 2019, el juez instructor acordó por dos meses el pinchazo de las llamadas mediante el sistema SITEL de la Guardia Civil y requirió a las operadoras telefónicas “todos los datos asociados a la interceptación de comunicaciones”, como por ejemplo registros de voz o SMS. La intervención se prorrogó hasta octubre de 2020.

El control de las comunicaciones de Madí y Vendrell acordado por el juez no solo afectó sus teléfonos. El juez también decidió la instalación de micrófonos y localizadores en los coches de ambos empresarios, lo que permitió grabar algunas conversaciones que sustentan la causa. Tras el recurso de las defensas, la Audiencia de Barcelona avaló todas las medidas al considerarlas necesarias para investigar las “sospechas fundadas de corrupción” de Madí y Vendrell y porque ambos utilizaban la aplicación telefónica Signal, “que no es susceptible de intervención por la autoridad judicial a causa de motivos técnicos”.

Los sucesivos informes sobre las conversaciones de Madí y Vendrell desembocaron en la petición de la Guardia Civil, en octubre de 2020, para registrar sus domicilios y empresas y para copiar todo el contenido de sus dispositivos móviles. Así lo acordó el juez, que encargó al Instituto Armado “el volcado y análisis” de los dispositivos “con objeto de verificar si contienen información relevante y relacionada” con la investigación. Los informes sobre los móviles de Madí y Vendrell todavía no se han entregado al juez. El juzgado tampoco ha devuelto a Madí su móvil intervenido en los registros, lo que ha impedido concretar la fecha –en cualquier caso entre 2018 y 2020, según Citizen Lab– del ataque con Pegasus. Pero toda esa información ya estaría disponible mucho antes para quien hubiera encargado el espionaje con el programa de la empresa NSO Group.

El mismo 28 de octubre de 2020, fecha de los registros del caso Voloh, el juez también ordenó a la Guardia Civil volcar todo el contenido del teléfono del director de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. A diferencia de Madí y Vendrell, Alay no tenía pinchado previamente el teléfono por orden del juez Aguirre en el caso Voloh. Del análisis del teléfono de Alay los investigadores hallaron un filón del que tirar gracias a los viajes a Rusia del asesor del expresident, que motivaron un enfrentamiento entre el juez y el fiscal del caso a raíz de un supuesto negocio con petróleo.

En el caso de Alay, el ataque de Pegasus se produjo tres meses antes de los registros del caso Voloh. Pero Citizen Lab no descarta que antes o después se hubieran producido más intromisiones. Lo mismo ocurre con otros investigados en otras causas del procés con comunicaciones intervenidas también espiados por Pegasus, como Josep Maria Jové, que ya se había cruzado con anterioridad con una tecnología de origen israelí en su teléfono móvil.

¿Cómo saber cuando el pinchazo es 'tradicional' o con un sistema tipo Pegasus? ¿La Guardia Civil pudo conocer el 'hackeo' de Pegasus mientras tenía monitorizados los terminales por orden judicial? Las defensas de los afectados tienen intención de intentar hallar las respuestas a estas preguntas en los próximos meses. No es algo sencillo. Los pinchazos del caso Voloh fueron entregados a las defensas y son recurribles ante la Audiencia de Barcelona y en el eventual juicio que se celebre en un futuro. Si, como sospecha parte de los espiados, el encargo a Pegasus corrió a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el resultado de esos pinchazos es un informe de inteligencia con destino al presidente del Gobierno. La única forma de acceder a ellos es por acuerdo del Consejo de Ministros para su desclasificación como materia reservada, o que un juez pida al Ejecutivo levantar el secreto.

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La facilidad con la que David Madí y Xavier Vendrell mensajeaban o llamaban a consellers de la Generalitat puede llegar a sorprender. Tras media vida en política, hace años que la antigua mano derecha de Artur Mas y el exconseller de ERC pasaron a un segundo plano, pero manteniendo intactos sus contactos en la primera línea. El juez del caso Voloh sospecha que no solo eran llamadas de cortesía, sino que muestran que ambos exdirigentes usaron su influencia para favorecer sus negocios privados.

Los sucesivos informes que ha aportado la Guardia Civil al caso Voloh a partir de las intervenciones telefónicas y los chats de Madí y Vendrell sirven al juez Joaquín Aguirre para sustentar su imputación por tráfico de influencias y malversación, entre otros delitos. Pero para las defensas del caso no son más que conversaciones privadas sobre la actividad empresarial de los dos exdirigentes, que formaron parte del sanedrín de políticos que organizó la votación del 1-O.

Contra todo pronóstico, las defensas se han encontrado con la pasividad en el caso de la Fiscalía Anticorrupción que, lejos de asumir un papel protagonista en la causa y solicitar diligencias al juez instructor, se ha mantenido en segundo plano hasta el punto de que el fiscal Fernando Maldonado no se presentó a la declaración voluntaria que prestó Madí el pasado mes de julio.

Está por ver si la Guardia Civil halla nuevos indicios en los teléfonos, ordenadores y correos electrónicos intervenidos a los detenidos que puedan hacer cambiar de posición al Ministerio Público. De momento el Instituto Armado ha entregado al juzgado 70 de los 137 informes previstos. El juez ha prorrogado por otros seis meses su investigación, ante los indicios de las “operaciones delictivas en las que estarían involucrados” Madí y Vendrell, quienes cree que utilizaron su poder de influencia con las autoridades catalanas para beneficiar sus negocios privados, vinculados entre otros al sector de las VTC o a los laboratorios de biomecánica.

Vendrell llegó a comer con la exconsellera de Salud, Alba Vergès, para un concurso al que optaba una de sus empresas, pero su pasado republicano no le impidió contactar también con consellers de Junts. Los chats intervenidos ponen de relieve contactos en 2019 entre Vendrell y el entonces conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, al que contactó para interesarse por unas negociaciones que afectaban a Joan Griñó, un empresario del sector de las plantas de generación energética en las depuradoras.

“Griñó me comenta que la situación por el vertedero de Riba-roja se está liando y me pide que le eche una mano ante la gente de Esquerra. Antes de hacerlo, quería hablar contigo para no hacer o decir nada inoportuno”, le dijo Vendrell a Calvet. Meses más tarde volvería a escribir a Calvet para pedirle un encuentro para tratar la situación de Villa Bugatti, una masía de la comarca del Maresme en la que el republicano mantiene un negocio de banquetes de bodas y en la que, según el juez, Vendrell dio un pelotazo urbanístico al doblar su valor.

La Guardia Civil, en uno de sus informes, también recoge las gestiones de Vendrell para “entrar en el negocio de las minas de Cardona”, explotadas por la empresa Iberpotash, cuyo abogado es el excalcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Lluís Recoder. “Para avanzar en sus proyectos, Vendrell se puso en contacto con Albert Castellanos –el exnúmero dos de la conseleria Economía– y con el secretario general de agricultura, David Mascort, para que a su vez éste intercediese ante la directora general del Institut Català de Finances, Anna Álvarez, para obtener un préstamo de Griñó de un millón de euros”, asegura el Instituto Armado.

El informe saca del olvido a viejos conocidos de la política catalana. Según la Guardia Civil, el exconseller de Convergència Felip Puig “presionó” a Vendrell para que “convenciese” al alcalde de Lleida, el republicano Miquel Pueyo, para “desencallar” un proyecto de centro comercial, un cometido al que supuestamente se comprometió pero con “discreción por si los de su partido se enteraban”. Los mensajes de Vendrell muestran que uno de sus socios le reenvió un mensaje en el que pedía que “alguien desde el PDeCAT con poder y ascendencia parase a Toni Postius”, teniente de alcalde de Urbanismo en Lleida que “estaba dificultando la aprobación urbanística” de la operación.

Madí, a la espera de ser citado

Respecto a Madí, sus negocios más relevantes que muestra el sumario del caso no llegaron a prosperar. Junto a un socio, se reunió en 2015 con Calvet como consultor de una multinacional de las VTC para intentar reactivar las licencias de los vehículos con conductor, pero finalmente la legislación aprobada fue en contra de los intereses de empresas como Uber o Cabify. La Guardia Civil considera que la intención de Madí era eludir la obligación legal de precontratación con 15 minutos de antelación, que finalmente sí se aprobó.

A través de la empresa Global Omnium –de la que es filial Aguas de Catalunya, presidida por Madí–, el exhombre de confianza de Artur Mas también intentó suscribir un contrato con la conselleria de Justicia para analizar las presencia de COVID-19 en las aguas residuales de las cárceles catalanas, pero la operación no fructificó. Como tampoco el intento de Aguas de Catalunya para hacerse con Agbar, del que Madí también habla en algunas conversaciones interceptadas.

Con todo, el juez y la Guardia Civil han hallado un nuevo hilo del que tirar. Se trata de una conversación entre David Madí y el apoderado de una consultora, en la que asegura que, con la patronal Foment del Treball de la que forma parte, se reunió con Iván Redondo, exjefe de gabinete del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, para abordar el funcionamiento de los fondos europeos.

Pese a que la patronal ha negado que la reunión, en la que participaron más de una docena de empresarios, sirviera para repartir los fondos y la ha enmarcado en sus encuentros institucionales habituales, el juez tiene intención de volver a citar a Madí para que explique esta conversación y la ha enviado a la Fiscalía Europea. Hay caso Voloh para rato.

La investigación iniciada en Barcelona sobre los dirigentes de la trastienda del procés y su eventual liderazgo de Tsunami Democràtic ya se encuentra en la Audiencia Nacional. Al juzgado central de instrucción 6 del tribunal especial han llegado varios informes realizados por la Guardia Civil para el caso Voloh, la macrocausa que sigue un juzgado de la capital catalana y de la que Tsunami era una de sus patas. Decenas de horas de grabaciones y conversaciones con las que el Instituto Armado pretende apuntalar la acusación contra el exconseller de ERC Xavier Vendrell, el expolítico de Convergència David Madí, el empresario Oriol Soler y otras cuatro personas.

En un informe, fechado el pasado 1 de junio, la Guardia Civil recopila los indicios que de momento ha podido analizar. Las conversaciones más comprometedores son de Vendrell, a quien el Instituto Armado señala como uno de los “organizadores” de las acciones de Tsunami, la plataforma sin portavoces ni líderes públicos que promovió el bloqueo de los accesos al Aeropuerto, el corte de 24 de horas de la autopista AP-7 en la frontera hispanofrancesa o el lanzamiento de balones en el clásico en el Camp Nou tras la sentencia del procés en 2019. Ahora permanece inactiva.

“Yo también pensaba que era imposible montar un escenario en mitad de la autopista y lo montamos”, aseveró Vendrell a un interlocutor que la Guardia Civil tilda de desconocido el 18 de diciembre de 2019, una semana después del bloqueo de la AP-7. La acción en la autopista ha comportado la imputación de casi 200 activistas independentistas de base que acudieron a la llamada de Tsunami. Vendrell todavía está pendiente de prestar declaración en la Audiencia Nacional, que ha asumido la causa hace muy pocos días.

La de Tsunami Democràtic era una de las piezas del caso Voloh, la macrocausa que investiga el juez Joaquín Aguirre y que versa sobre la eventual influencia rusa en los eventos de octubre de 2017, la financiación del procés y la corrupción más reciente de sus líderes en la sombra, como el propio Vendrell. El caso nació a partir de un caso de corrupción de Convergència en la Diputación de Barcelona abierto en 2016, pero adquirieron una dimensión internacional a raíz de los registros y la detención del exresponsable de relaciones internacionales del partido Víctor Terradellas. A partir de las anotaciones y pinchazos telefónicos a Terradellas, el juez intervino los teléfonos de Vendrell y Madí y ordenó colocar micrófonos en sus coches.

Considera la Guardia Civil que Vendrell estuvo detrás de las protestas convocadas el día de reflexión de las elecciones generales de noviembre de 2019, ya que en una de las conversaciones intervenidas dice a su interlocutor “ya enviaré gente” además de difundir mensajes. También señalan los agentes que Vendrell “no solo participa en el movimiento de Tsunami sino que da instrucciones de los movimientos que se han de realizar insistiendo en que no se debe focalizar solo en Barcelona”.

En la misma conversación en la que alardea de la acción en la AP-7, Vendrell parece planear una protesta en el Camp Nou en diciembre de 2019 que finalmente fracasó a la hora de visibilizar el encarcelamiento de los líderes del procés y terminó con altercados con los Mossos en los aledaños del estadio. “Podemos repartir unas cuantas pelotas inflables en las entradas para marear, para que las enganchen y tal para despistar [...] mientras tanto nosotros ya habremos metido lo que tenemos que meter”, dice Vendrell a un interlocutor no identificado. El lanzamiento de balones de plástico amarillo en el césped y el despliegue de pancartas por parte de los aficionados fue finalmente la única acción de la noche, que el propio Tsunami reconoció que no había sido exitosa.

En la charla, Vendrell se queja de la falta de coordinación entre los distintos grupos participantes. “Puta indisciplina de los putos 'cupaires' (CUP), eh macho...”, lamenta Vendrell, que asegura que intentaría hablar con alguien que tuviera ascendencia sobre “Poeta Foix” (a quien la Guardia Civil no logra identificar) para intentar poner orden, aunque reconocía que no era nadie para ordenar que alguien le dijera “al gilipollas que haga esto y punto”.

La Guardia Civil apunta que una de las acciones que planeaba Vendrell para el partido en el Camp Nou era el despliegue de drones sobre el terreno de juego. “El sistema de inhibición de drones del que dispone el estadio impidió el éxito de la tentativa”, dicen los agentes en el informe, en el que añaden que la acción también fue abortada gracias al dispositivo de seguridad desplegado por la Guardia Civil “en colaboración” con el Barça “para impedir cualquier acción de Tsunami tendente a poner en peligro la seguridad y el orden público”.

Como en otros informes anteriores remitidos al juez, el instituto armado también ve “significativo” que Vendrell asegurara que había “salvado el culo” al entonces conseller de Interior Miquel Buch, tras las críticas del entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, por las cargas de los Mossos d'Esquadra a independentistas en los disturbios tras la condena a la cúpula del procés.

“El hecho de que dos personas que no ocupaban cargos públicos, David Madí (el exdirigente de CDC también investigado en la causa) y Vendrell, se reuniesen en el momento en que lo hacían con el conseller de Interior y su secretario general, Brauli Duart, podría significar que le estuviesen trasladando algún tipo de consejo o acuerdo alcanzado por las formaciones políticas independentistas más relevantes, ERC y Junts, y que permitirían a Miquel Buch mantener el cargo de conseller”, apunta la Guardia Civil.

El juez Joaquín Aguirre ha enviado a la Audiencia Nacional a los exmiembros del sanedrín de dirigentes independentistas que organizó el 1-O David Madí, Xavier Vendrell y Oriol Soler, y a otras cuatro personas, entre ellas el jefe de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, por su presunta implicación en la organización de Tsunami Democràtic.

La de Tsunami Democràtic era una de las patas del caso Voloh, la macrocausa que investiga el juez Aguirre y que versa sobre la eventual influencia rusa en los eventos de octubre de 2017, la financiación del procés y la corrupción más reciente de sus líderes en la sombra, como Vendrell.

En una providencia, el juez comunica a las partes su inhibición al juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional “respecto a los hechos relativos al fenómeno 'Tsunami Democràtic'”. Ahora será el magistrado Manuel García Castellón, que mantiene abierta desde hace más de dos años una causa sobre Tsunami, el que asuma los indicios en relación a la plataforma obtenidos en Barcelona tras la operación del pasado mes de octubre.

Entre los investigados figuran el editor Oriol Soler, el exconseller de la Generalitat por ERC Xavier Vendrell y el exportavoz de Convergència David Madí. Los tres formaron parte del sanedrín que junto a los dirigentes de los partidos independentistas y del Govern planificó el referéndum y la estrategia soberanista hasta el 1-O. También serán investigados a partir de ahora por la Audiencia Nacional el jefe de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, el antiguo colaborador informático del expresident Jaume Cabaní, y otras dos personas.

Las pesquisas sobre el independentismo nacieron a partir de un caso de corrupción de Convergència en la Diputación de Barcelona abierto en 2016, pero adquirieron una dimensión internacional a raíz de los registros y la detención del exresponsable de relaciones internacionales del partido Víctor Terradellas. El juez pasó entonces a investigar si el desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona costeó gastos de Puigdemont en Waterloo.

A partir de las anotaciones y pinchazos telefónicos a Terradellas, el juez intervino los teléfonos de Vendrell y Madí. A raíz de las escuchas telefónicas efectuadas por la Guardia Civil, el juez consideró que Vendrell ejerció una actividad de “dirección y participación directa” de Tsunami Democràtic. Según el juez, esta función directiva de Vendrell en Tsunami Democràtic se comptobó en algunas de sus afirmaciones intervenidas, como “ya enviaré a gente para proteger plaza Urquinaona” o “hemos montado un escenario en la autopista”, así como en la protesta convocada con motivo del clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid de la temporada pasada.

Dejar las cosas por escrito no siempre es una buena idea. Lo pudieron comprobar en otoño de 2017 los líderes independentistas, cuando el power-point anónimo 'Enfocats' y el dietario de la mano derecha de Oriol Junqueras sirvieron como base para su prisión provisional, aunque luego fueron tratados con indiferencia por el Tribunal Supremo en la sentencia. Casi cuatro años después, un nuevo documento sin autor ni fecha conocida incautado en el teléfono móvil del exconseller de ERC Xavier Vendrell vuelve a teorizar sobre el procés sin descartar la vía unilateral.

El documento, adelantado por El Confidencial, es uno de los hallazgos que realizó la Guardia Civil el pasado mes de octubre en la operación Voloh, la macrocausa que investiga el juez de Barcelona Joaquín Aguirre y que versa sobre la eventual influencia rusa en los eventos de octubre de 2017, la financiación del procés y la corrupción más reciente de sus líderes en la sombra, como Vendrell.

En el esquema, consultado por elDiario.es, no constan ni la autoría ni referencia temporal, aunque en cualquier caso se elaboró antes de octubre de 2020, cuando fue incautado. El documento resume una estrategia independentista en tres etapas –“Prepararnos”, “Votar” y “Culminar”– y es un compendio de escenarios posibles y reciclaje de tácticas ya fracasadas del independentismo. Solo el “escenario 2” del documento contempla la convocatoria de un nuevo referéndum unilateral y refleja “no descartar en ningún momento la DUI si las condiciones lo permiten”.

El documento no muestra un plan secreto. Las generalidades sobre las que habla son parte del debate público del independentismo desde el fracaso del procés hace cuatro años y de sus programas electorales y sus acuerdos tras los comicios del 14 de febrero. El pacto entre ERC y Junts prioriza la mesa de diálogo con el Gobierno sin descartar la “confrontación”, mientras que republicanos y cupaires han acordado un nuevo “embate” con el Estado, preferiblemente en forma de nuevo referéndum.

En el apartado “Prepararnos”, el documento apuesta por “acumular fuerzas” ampliando la base social de ERC y JxCat, utilizar la mesa de diálogo con el Gobierno para “abrir los ojos de más catalanes” y “enfrentar al Gobierno con el Estado”, aprovechar la situación económica para “convencer a más catalanes de los beneficios de la República” y “confrontar al Estado en la calle defendiendo el Parlament y las instituciones”.

También se propone “acorralar judicialmente al Estado” y tratar de “reducir las penas por RUI y DUI” [referéndum unilateral y declaración unilateral de independencia] vía jurisprudencia europea“ (sic). Asimismo en esta primera etapa el esquema estudia ”ejercer la desobediencia civil“ y prepararse para ”momentos de máxima tensión“, pero también ”apelar a una mediación internacional“ aprovechando ”el sentimiento antieuropeo de la derecha española causada por los tribunales europeos“.

En la segunda de las etapas, el escrito intervenido llama a “superar el 50 % de los votos de forma estructural, en un ciclo electoral”, volver a convocar elecciones en Catalunya “con carácter plebiscitario”, como ya ocurriera en el años 2015, y, si el independentismo es mayoría, “presentar ultimátum al Estado y a la comunidad internacional para negociar una solución política definitiva al conflicto”.

Por último, en la etapa llamada “culminar”, el documento plantea dos escenarios que desembocarían por igual en la proclamación de la República: el primero, negociar un referéndum pactado con la intervención de la comunidad internacional; el segundo, convocar de nuevo un referéndum unilateral y no descartar la DUI “si las condiciones lo permiten” una vez constatado que la comunidad internacional vuelve a tratar el conflicto catalán como una cuestión interna de España.

Vendrell es uno de la treintena de investigados en el caso Voloh. Alejado de la primera línea política desde hace años, es empresario aunque mantiene una influencia notable en el independentismo, hasta el punto de que formó parte del sanedrín de dirigentes de fuera del Govern que planeó el referéndum del 1 de octubre.

¿El precedente 'Enfocats'?

A falta del análisis que sobre el documento practiquen la Guardia Civil y el juez Aguirre, el esquema incautado en el móvil de Vendrell recuerda al 'power-point' 'Enfocats', encontrado en casa del excolaborador de Junqueras en la conselleria Economía Josep Maria Jové. No solo por dibujar una supuesta hoja de ruta del procés, sino también por ser un documento, a día de hoy, de autor desconocido.

Las defensas de los líderes independentistas se agarraron precisamente a la falta de autoría de 'Enfocats' para restarle valor de cara a la sentencia y combatir la importancia que le daba la Guardia Civil así como la tesis de la Fiscalía de que el documento contenía la hoja de ruta que los independentistas se encargaron de aplicar para intentar imponer la independencia de forma unilateral.

El documento sirvió para justificar las prisiones provisionales de los exconsellers en noviembre de 2017, pero su importancia se fue diluyendo a lo largo de la instrucción del caso: el juez Llarena solo lo mencionó una vez, en un pie de página, en el auto por el que procesó a los líderes independentistas. En la sentencia del Supremo ni siquiera apareció, dados los problemas para atribuirle un autor.

La Audiencia de Barcelona ha avalado que el juez del caso Voloh siga investigando al exconseller de ERC y empresario Xavier Vendrell por la “recalificación ilícita” de la finca de Villa Bugatti, donde tiene un negocio de banquetes de boda. Los magistrados han descartado la petición de varios investigados para que la causa de presunta corrupción urbanística pasara los juzgados de Mataró y avalan que siga en manos del titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre.

El caso Voloh es una macrocausa con muchas líneas de investigación: el presunto desvío de dinero público de la Generalitat para financiar la estancia de Puigdemont en Waterloo, la supuesta trama rusa del procés o los negocios de Vendrell y el expolítico de CiU David Madí aprovechando sus conexiones con el Govern. Además el exconseller de ERC está investigado por sus negocios en la finca de la comarca del Maresme Villa Bugatti, cuya recalificación el juez vincula con un pelotazo urbanístico.

Con sus últimas decisiones, la Audiencia de Barcelona ha dado un espaldarazo a la macrocausa que investiga el juez Joaquín Aguirre así como a sus principales pilares, que son las intervenciones telefónicas a los exdirigentes independentistas que formaron parte del 'sanedrín' del procés durante el otoño catalán de 2017.

En sendos autos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia de Barcelona avala que todos los delitos del caso Voloh, ya sean los relacionados con la supuesta trama rusa como la prevaricación urbanística de Villa Bugatti, se investiguen conjuntamente. “No pueden descartarse –apuntan los magistrados– motivos ajenos al lucro personal en la recalificación ilícita de Villa Bugatti”. El pelotazo, agregan los magistrados, permitiría aumentar de valor la finca en cinco millones de euros y de él saldrían beneficiados Vendrell y sus socios. “Pero indirectamente también podría beneficiar a otros investigados en la pieza principal o las separadas”, matizan los magistrados, que de esta forma no cierran la puerta a que el pelotazo pudiera haber servido para financiar alguna actividad relacionada con el proceso soberanista.

Para el tribunal, las distintas piezas de este caso las debe seguir instruyendo el mismo juez, porque no hay duda de que los delitos que se investigan en la pieza principal y en la separada son conexos, ya que en ambas se indaga un delito de blanqueo “con la probable finalidad de subvenir fondos económicos con los que mantener la estructura independentista en su vertiente ilícita”.

Villa Bugatti, una lujosa masía de Cabrera de Mar (Barcelona) frecuentada por políticos en fiestas y eventos, es el objeto del pelotazo urbanístico que el juez atribuye a Vendrell, quien logró mantener así la actividad de banquetes y doblar su valor. Además del propio Vendrell, en la operación están implicados el alcalde de Cabrera (PDeCAT), Jordi Mir, el arquitecto municipal, Ramon Vilà, y el concejal de Urbanismo, Enric Mir (ERC), a quien el partido forzó a dimitir tras encontrar la Guardia Civil 40.000 euros en efectivo en su despacho.

El magistrado investiga presuntos delitos de prevaricación urbanística y tráfico de influencias por la recalificación urbanística de la masía, que dobló su valor, pasando de cinco a diez millones de euros. Según el juez, existen indicios suficientes que demuestran que Vendrell habría obtenido un “claro trato de favor” tanto de cargos municipales como de la Generalitat para que se pudiera aprobar la modificación puntual del Plan de Ordenamiento Urbano Municipal (POUM) de Cabrera de Mar a sabiendas de que Villa Bugatti no tenía legalizadas las actividades que en ella se desarrollaban.

Para explotar el negocio, Vendrell no habría “dudado” en “influenciar a sus contactos políticos de máximo nivel”, como los consellers Damià Calvet o Josep Bargalló, así como al alcalde de Cabrera, al concejal de Urbanismo y a otros altos cargos de la consellería de Territorio y Sostenibilidad, que se habrían comprometido a darle a los trámites de recalificación “una agilidad superior a la que marca la norma”, apunta el juez. Vendrell, en una de las intervenciones telefónicas de la causa, llega a afirmar que el entonces presidente catalán Quim Torra inauguraría la masía, por lo que la Generalitat no pediría “explicaciones”.

Por otro lado, la Audiencia de Barcelona también ha rechazado la petición del empresario Oriol Soler para apartar el caso al juez Aguirre, al entender que se ha arrogado la competencia para instruirlo por cuestiones políticas. Según la defensa de Soler,  “el mantenimiento de una competencia injustificada” en el caso “rompe totalmente la apariencia de imparcialidad” del juez, puesto que “puede provocar una sospecha razonada de que el órgano judicial se está adjudicando el conocimiento del expediente más allá de lo que legalmente le corresponde por motivos ajenos a la administración de justicia”. La Audiencia de Barcelona niega la mayor y avala la “competencia objetiva” del juez Aguirre para investigar el caso.

Espaldarazo de la Audiencia de Barcelona a uno de los principales indicios del caso Voloh. Los magistrados han avalado los pinchazos telefónicos de la causa porque las conversaciones “constatan sospechas fundadas de la comisión de delitos referidos a la corrupción” en algunos de los investigados, como el expolítico de Convergència David Madí o el exconseller de ERC Xavier Vendrell.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona desestiman los recursos de las defensas del caso, que habían recurrido la decisión del juez Joaquín Aguirre de intervenirles los teléfonos móviles y colocar micrófonos en sus coches al considerarla propia de una investigación prospectiva –es decir, que busca pruebas sin motivo–, algo que prohíbe la ley.

Los magistrados rechazan los argumentos de las defensas de forma contundente y avalan plenamente la investigación del juzgado de instrucción 1 de Barcelona que comanda Aguirre. La causa Voloh nació a partir de dos grabaciones halladas en el teléfono del exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas en el marco de la investigación por desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona que lleva a cabo el mismo juez. Los audios eran conversaciones de Terradellas con Madí y Vendrell –que Terradellas niega haber grabado– sobre la supuesta trama rusa del procés y el uso de 'bitcoins' para financiar la estancia de Carles Puigdemont en Waterloo.

Los jueces de la Audiencia de Barcelona avalan que las conversaciones entre Terradellas, Madí y Vendrell son un indicio suficiente como para que Aguirre acordara los pinchazos telefónicos. Destacan los magistrados que pese a que Madí y Vendrell no ostentan ningún cargo público a día de hoy, ambos siguen manteniendo “prestigio y confianza en la cúpula soberanista” y “gozan de la influencia necesaria al más alto nivel para conseguir sus propósitos financieros”.

Es más, los jueces sostienen que ambos expolíticos “ejercen” su influencia “en personas que actualmente ocupan cargos públicos basados en la confianza y que tienen acceso a los fondos públicos” con el objetivo de “financiar sus proyectos políticos al margen de la Ley desviando fondos públicos” así como para “ocultar los desvíos fraudulentos”. Existe “base suficiente”, concluyen los jueces, como para interceptar sus comunicaciones.

Respecto al supuesto uso de 'bitcoins', los jueces recuerdan “la ilicitud” de convertir dinero procedente de subvenciones en criptomonedas “carentes de trazabilidad y de configuración como dinero electrónico”. Sobre este extremo en la causa permanecen investigados, además de Madí, Vendrell y Tarradellas, el informático Jaume Cabaní, de quien el juez sospecha que usó recursos de la Plataforma Proselecciones Deportivas Catalanas provenientes de subvenciones públicas para sufragar las actividades de Puigdemont.

Al margen de lo relacionado con el proceso soberanista, el juez investiga si Madí y Vendrell contactaron con el Govern para “obtener contratos de emergencia” por la COVID-19. Además, el sumario del caso ha desvelado que Vendrell comió el pasado mes de octubre con la consellera de Salud, Alba Vergés, para “hacerle algunas reflexiones” sobre un concurso público al que optaba su empresa.

Empujado a un segundo plano por la pandemia y la crisis económica, el proceso soberanista ha vuelto este miércoles a abrir telediarios por la operación lanzada por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre y que ha comportado la detención de tres empresarios bien conectados con el independentismo, Oriol Soler, David Madí y Xavier Vendrell. El magistrado, en base a los informes de la Guardia Civil, apunta a una teoría que hasta ahora todos los jueces que habían investigado el procés no habían contemplado: el supuesto apoyo del Kremlin a la independencia de Catalunya como parte del objetivo ruso para desestabilizar Europa.

El juez y la Guardia Civil sospechan que tres días antes de la declaración de independencia de 2017 Rusia ofreció trasladar a Catalunya a 10.000 soldados y pagar la deuda catalana, lo que Carles Puigdemont rechazó, y que en paralelo “el gobierno del Kremlin”, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, el extrabajador de la CIA Edward Snowden, y “medios de comunicación controlados por el Kremlin como Russia Today y Sputnik” llevaron a cabo “una estrategia de desinformación y desestabilización” sobre el procés “como parte de su narrativa general sobre una Unión Europea al borde del colapso”.

Para llegar a plantear tales hipótesis el juez se apoya en Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Este expolítico es uno de los investigados iniciales de un caso que se abrió en 2016 por subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona a entidades afines a Convergència, entre ellas las vinculadas a Terradellas. Los pinchazos telefónicos a este político y la documentación que se le incautó en los registros de hace un año son la cobertura que han encontrado el juez y la Guardia Civil para derivar una investigación sobre desvío de subvenciones a una macrocausa sobre el procés.

En el auto por el que acuerda uno de los registros de este miércoles, el juez expone como “indicio principal” dos conversaciones de Tarradellas con Madí y Vendrell de mayo de 2018, grabadas por el propio Terradellas en su teléfono móvil sin que sus interlocutores lo supieran. En las grabaciones Tarradellas explicó que el 24 de octubre de 2017, tres días antes de la DUI, el jefe de un “grupo ruso creado en la época de Gorbachov” con el que había contactado en relación con la plataforma de criptomonedas ofreció a Puigdemont “contar con diez mil soldados y pagar toda la deuda catalana”. Pero el expresident, siempre según lo expuesto por Terradellas, “es va cagar a les calces” (traducido al castellano, se cagó en los pantalones). “El grupo ruso quería hacer de Catalunya un país como Suiza”, apostilla el juez.

Según el auto, el “grupo ruso” mencionado por Terradellas tenía interés en “participar en los temas de comunicación que conjuntamente estaban realizando Vendrell, Madí y Jaume Roures” –director general de Mediapro– y, para ello, querían “colocar a una persona en primer nivel”. Además estaban dispuestos a invertir “entre 100 y 300 millones”. Terradellas y la mayoría de la treintena de investigados iniciales desde 2016 por las subvenciones de la Diputación todavía no han sido llamados por el juez a declarar.

Terradellas, un 'free-rider' con teléfonos de todo el mundo y una alta capacidad de insistencia a los dirigentes catalanes, vuelve a ser la palanca que da un impulso a la causa, como ya ocurrió el año pasado, cuando a partir de los insistentes mensajes que el exidirigente de Convergència envió a Puigdemont el juez abrió una línea de investigación sobre si las subvenciones fraudulentas de la Diputación costearon la estancia del expresident en Bélgica. Entre los mensajes que Terradellas mandó a Puigdemont, que el expresident ignoró, destacan las iniciativa del exdirigente de CDC en favor de la independencia con un emisario de Putin u otro de San Marino. Terradellas reconoció los mensajes, pero aseguró que él “iba por libre”, sin recibir indicaciones de la Generalitat.

La otra pata de la supuesta trama rusa dibujada por el juez y la Guardia Civil descansa en la reunión que Soler mantuvo con el líder de Wikileaks, Julian Assange, en la embajada de Ecuador en Londres en noviembre de 2017, cuando la Generalitat ya estaba intervenida por el Gobierno en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sin aportar otro dato más que la reunión en sí, la Guardia Civil la enmarca en una “estrategia de desinformación y desestabilización en la que también habría participado el gobierno del Kremlin como parte de su narrativa general sobre una Unión Europea al borde del colapso”.

“La estrategia de comunicación en la que participaron Soler y Assange”, continúa el Instituto Armado, se basó en “el uso de redes sociales, tuits de Assange y Edward Snowden, las fábricas en la web respecto a los medios de comunicación Sputnik y Russia Today y los medios de comunicación catalanes tanto públicos como privados en los que participa Oriol Soler”. Menciona además la Guardia Civil, sin más concreción, la “guerra de información a la que el general ruso Valery Gerasimov hace numerosas referencias”.

“Parece evidenciarse que la injerencia rusa como medida de estrategia política de desestabilización fue un hecho durante el otoño de 2017, y para ello se difundieron desinformación y noticias falsas, como que se había vivido la peor violencia en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. […] La estrategia de comunicación es una herramienta clave para lograr los objetivos que se persiguen, especialmente ganar adeptos a la causa independentista, que siendo legítima permite a los investigados desviar fondos públicos para lucrarse de forma flagrantemente irregular a costa de ella”, remacha el informe de la Guardia Civil citado por el juez.

Con todo, la propia Guardia Civil reconoce que no tiene pruebas sobre si las subvenciones que recibieron los grupos empresariales de Soler de la Generalitat suponen un fraude. “No se puede determinar que por sí mismo los contratos menores constituyan una irregularidad”, indica el Instituto Armado, que agrega que el presunto desvío de subvenciones se trata de “una información que habría que verificar correctamente con los expedientes administrativos correspondientes”.

Cabe recordar que la Guardia Civil ya había introducido la reunión de Soler y Assange en un informe remitido en 2017 en la investigación que el juzgado de instrucción 13 de Barcelona realizó sobre los preparativos del referéndum. El encuentro con Assange, así como su papel en el sanedrín del procés, sirvió al Instituto Armado para otorgar una participación “destacada” en el 1-O a Soler, pero el juez obvió el informe de la Guardia Civil y nunca llamó a Soler a declarar ni como testigo ni mucho menos como investigado.

El penalista Benet Salellas, que defiende a Soler, ha tildado de “kafkiana” la investigación de la Guardia Civil y del juez. Otras fuentes jurídicas consultadas han declinado comentar los informes de la Guardia Civil, pero han querido recordar que la Audiencia Nacional la semana pasada, en la sentencia que absolvió a Trapero, valoró la forma de investigar del teniente coronel Daniel Baena como “alejada de los parámetros del razonamiento probatorio indiciario, en la medida que lejos de inferir a partir de hechos o circunstancias que funcionen como premisas [...] se parte de la conclusión a la que se quiere llegar”.

Corrupción urbanística y Tsunami

Además de la supuesta trama rusa, la financiación de la estancia de Puigdemont en Bélgica y el presunto fraude en las subvenciones de la Diputación a entidades afines a CDC, la investigación del juez Aguirre tiene otras dos ramificaciones. La causa también está abierta por el delito de desórdenes públicos en relación con las protestas contra la sentencia del procés que organizó Tsunami Democràtic.

Según un informe de la Guardia Civil citado por el juez, “se acredita la dirección y participación directa de Vendrell” en el Tsunami en base a pinchazos telefónicos en los que afirma “ya enviaré a gente para proteger Plaza Urquinaona o hemos montado un escenario en la autopista o que no se debían focalizar exclusivamente en Barcelona”.

Asimismo, se investiga una trama de corrupción urbanística que implica a Vendrell, dos altos altos cargos de la conselleria de Educación, la directora general de centros privados y concertados, Pilar Contreras, y el director de centros públicos, Josep González Cambray; el alcalde alcalde de Cabrera de Mar (PDeCAT), Jordi Mir, y al arquitecto municipal, Ramon Vilà. Todos ellos han sido detenidos este miércoles.

El jueza investiga una recalificación de Villa Bugatti, una masía de lujo ubicada en Cabrera de Mar y gestionada por Vendrell. La recalificación investigada consistió en una reordenación del plan urbanístico para adaptar la masía en una escuela para niños con dislexia y trastornos de atención como TDAH. El centro pidió dos líneas de concierto educativo que el departamento denegó, según fuentes de Educación. El presidente del patronato de la fundación que gestiona el centro es también Vendrell.

Es imposible que cualquier periodista que acumule unos cuantos trienios dedicado a la información política en Catalunya no haya conocido a Xavier Vendrell y David Madí. Desde polos ideológicos antepuestos, Vendrell, en la izquierda, y Madí, en la derecha (aunque él se define como liberal), ambos son nombres sin los que es difícil entender el ecosistema político catalán. Vendrell (Sant Joan Despí, 1966) es ahora un empresario pero antes fue un joven militante de Terra Lliure, una organización terrorista nacida en la transición y que abogaba por un independentismo basado en el marxismo. Él fue de los que la encauzó por la vía pacífica y convenció a muchos de sus integrantes de que no había que seguir los pasos del secesionismo vasco. Si en Catalunya no hubo una ETA es porque él y otros pelearon para que su lucha no incluyese más asesinatos ni bombas. No todos lo veían así aunque como algunos confiesan tiempo después, el atentado de Hipercor acabó de abrir los ojos a más de uno.  

Vendrell, como otros de sus compañeros, ingresó a principios de los 90 en ERC. Nunca fue su líder pero en las dos décadas que desempeñó tanto cargos orgánicos como institucionales mandó y mandó mucho. Seis años después de entrar ya se convirtió en el secretario de organización y finanzas. Poco después, en 1999 fue elegido diputado en el Parlament y ocupó un escaño hasta el año 2010. En una de las decisiones más complicadas para ERC, tuvo claro que los republicanos debían romper con la hegemonía pujolista y apostar por la configuración de un tripartito de izquierdas. Lo consiguió y se convirtió en conseller de Governació tras la remodelación del Ejecutivo de Pasqual Maragall. Estuvo un año y su elección vino precedida de la polémica que provocó su decisión de enviar cartas a los militantes de ERC que trabajaban en la Generalitat pidiendo una cuota para el partido, bajo la amenaza de perder su empleo.

Ya fuera del Govern empezó su trayectoria empresarial, vinculada al sector biomédico y funda una consultoría con sede en Barcelona y Bogotá. Sin cargos políticos, Vendrell nunca ha dejado la política. Respetado por la militancia de ERC y por sus dirigentes, se acabó recurriendo a él para que ayudase en la logística del referéndum. Nunca lo ha reconocido en público. Tampoco lo niega. Junto a otros exdirigentes políticos diseñan el Estado Mayor, el órgano paragubernamental que acabó fijando buena parte de la estrategia que permitió que el 1-O hubiese papeletas y urnas. Es en ese sanedrín donde estaba también David Madí, otro nombre fundamental para comprender la historia más reciente de Catalunya.

Vendrell y Madí son estilos casi antagónicos. El primero es más rudo en las formas y menos dado a exhibir gustos caros. El segundo procede de una de las familias de la burguesía catalana. Su abuelo fue empresario, mecenas y fabricante del conocido masaje facial Floïd. Madí (Barcelona, 1971) estudió en el Liceo Francés y en la universidad se integró en el FNEC, el sindicato nacionalista estudiantil. Con 22 años ya militaba en Convergència y con solo 25 fue nombrado como jefe de gabinete de Artur Mas cuando este era conseller de Economía.

Mas y Madí se convirtieron en un tándem y tras pasar por la dirección de la Oficina del Portavoz del Govern, Madí fue designado secretario de Comunicación del último Ejecutivo de Jordi Pujol. Era una época en la que dos políticos, Madi, y el socialista José Zaragoza, hoy diputado en el Congreso y entonces al frente de la maquinaria del PSC, acumulaban un poder y una capacidad de influencia que asustaba. A ambos les gustaban las encuestas pero en el caso del convergente se acabaron convirtiendo en un problema hasta el punto que provocaron su destitución.

Acusado de manipular unos sondeos y aunque él siempre lo ha negado, la polémica le acabó costando el cargo. Era el año 2003, se refugió en el partido y allí asumió la estrategia de comunicación. El llamado ‘pinyol’ de Mas, un núcleo reducido de dirigentes en los que estaban también Francesc Homs y Oriol Pujol asumieron el poder. Él se convirtió en el jefe de las sucesivas campañas del entonces líder de CDC y tras lo que el propio Mas definió como la travesía del desierto, logró alcanzar la presidencia. Su amigo y estratega dio por concluida su labor y se pasó al sector privado.

Madí, al igual que Vendrell, siguió teniendo una gran agenda e influencia. Eso le sirvió para impulsar diversas empresas, dedicarse también a la consultoría y a asesorar a grandes compañías, entre ellas, Deloitte. Estuvo también a sueldo de Telefónica y fue nombrado presidente del consejo asesor de Endesa en Catalunya hasta que en el 2017, en pleno auge del procés, la empresa optó por que no siguiese en el cargo. Diez años antes había publicado el libro ‘A democràcia freda’, en cuya portada aparece caracterizado el general George Patton y en sus páginas se confesaba “un vicioso de la política”. Ese vicio fue el que le llevó también a implicarse en los preparativos del referéndum. Cómo Vendrell, no lo reconoce públicamente pero tampoco lo niega. 

Oriol Soler (Ripollet, 1969) es presidente del grupo editorial SOM y a menudo se le ha señalado como el cerebro comunicativo del 1-O. Ha reconocido públicamente que ejerció “tareas de creación de relato” y su nombre saltó a muchas portadas por la imagen de la reunión que mantuvo con Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres. Él explicó que una de sus empresas tiene sede en la capital inglesa y aprovechó la visita para verse con Assange. No esconde su proximidad a los partidos independentistas, en especial a ERC, pero nunca ha ocupado cargos orgánicos ni en ninguna institución. 

Pese a dedicarse a la comunicación, Soler es poco dado a conceder entrevistas y prefiere moverse en la tramoya. Se define como una persona de izquierdas y es de los que defiende que el independentismo tiene que ampliar su base y ganar apoyos antes de volver a plantear nuevos envites. Como Madí y Vendrell acumula mucha información y más influencia que muchos políticos en activo. Los tres han sido detenidos este miércoles a primera hora en una operación policial que ha causado sorpresa y no solo en los círculos independentistas.