Nueve miembros del segundo Gobierno de Pedro Sánchez no formarán parte del nuevo gabinete que el líder del PSOE anunciará este lunes después de su investidura. Los titulares hasta hoy de las carteras de Cultura, Derechos Sociales, Igualdad, Industria, Transportes, Justicia, Consumo, Universidades y Sanidad no repiten el cargo después de la investidura que ha hecho Presidente del Gobierno a Sánchez.

Miquel Iceta. El presidente del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) deja su segunda cartera ministerial, Cultura y Deportes, que ha ocupado desde julio de 2021 después de ser ministro de Política Territorial y Función Pública durante el primer semestre de ese año. De los pocos dirigentes del PSOE que apoyaron explícitamente a Pedro Sánchez durante su negativa a hacer presidente a Mariano Rajoy, en su etapa al frente de Cultura ha puesto en marcha la Ley del Cine, el Bono Cultural Joven y ha afrontado la crisis abierta por el beso no consentido de Luis Rubiales a la jugadora de fútbol Jennifer Hermoso.

Ione Belarra. Secretaria general de Podemos desde junio de 2021, Belarra se puso al frente del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tras la salida de Pablo Iglesias del Gobierno central. De los hitos legislativos de su etapa en el departamento quedan la Ley de Vivienda, la de Bienestar Animal, la de Protección integral a la Infancia y también los permisos proyectados en la Ley de Familias así como su papel en la negociación de medidas como el tope al precio del gas o el cheque de 200 euros.

Irene Montero. Ministra de Igualdad desde la llegada de Unidas Podemos al ejecutivo de coalición, Irene Montero ha impulsado durante su mandato la Ley Trans, la reforma de la Ley del Aborto y la Ley de Libertad Sexual, también conocida como ley del 'solo sí es sí', promovida desde antes de que accediera al ejecutivo por el caso de la Manada de Pamplona. La vertiente penal de esta última norma, con la modificación de los delitos sexuales y sus condenas, se ha traducido en la mayor crisis del Ministerio de Igualdad y una de las mayores del Gobierno por las más de 1.000 rebajas de condenas que han firmado jueces de tribunales de todo el país a delincuentes sexuales en una aplicación de la norma. La ley se acabó reformando con la oposición de Montero, que siempre ha considerado errónea la interpretación de los jueces.

Héctor Gómez. El político canario deja la cartera de Industria, Comercio y Turismo que asumió hace ocho meses en sustitución de Reyes Maroto. Arrancó su carrera política hace casi dos décadas como concejal socialista en su Guía de Isora natal y fue portavoz del PSOE en el Congreso durante un año entre 2021 y 2022. Otro de los hombres fuertes de Pedro Sánchez durante su batalla por el liderazgo en 2017, también ha ejercido como secretario de relaciones internacionales del partido.

Raquel Sánchez. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana deja el cargo que asumió en julio de 2021. Fue alcaldesa de la localidad catalana de Gavà por el PSC desde 2014 hasta su salto a la política nacional. Su ministerio redactó junto con Derechos Sociales la Ley de Vivienda, uno de los grandes hitos legislativos de este último periodo del ejecutivo de Pedro Sánchez. Una de las mayores crisis de su Ministerio llegó a principios de este año cuando Renfe y Adif vivieron varias dimisiones y ceses por los errores en el diseño y fabricación de varios trenes destinados para el norte de España.

Pilar Llop. Magistrada especializada en violencia machista, Pilar Llop accedió al Ministerio de Justicia en julio de 2021 después de año y medio como presidenta del Senado, de ser delegada del Gobierno para la Violencia de Género, diputada en la Asamblea de Madrid por el PSOE y letrada del Consejo General del Poder Judicial. Llop ha vivido con perfil bajo una etapa especialmente confusa para el departamento de Justicia: las huelgas y protestas de jueces, fiscales y funcionarios judiciales para acordar mejoras salariales y los efectos que ha tenido la reforma del Código Penal en materia de delitos sexuales han sido dos de los puntos más calientes de su mandato.

Alberto Garzón. Ministro de Consumo desde la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno en 2020, Alberto Garzón fue diputado de Izquierda Unida por Málaga desde 2011, siendo elegido líder del partido en 2016. Llevó las riendas del proceso de coalición electoral con Podemos, entonces bajo mandato de Pablo Iglesias, así como el acuerdo posterior con Sumar, y ha anunciado recientemente que deja todas sus responsabilidades políticas. Desde su Ministerio ha puesto en marcha leyes y medidas para regular y limitar la publicidad de alimentos y bebidas insanos para niños y adolescentes, también la publicidad de las casas de apuestas o regular la cadena alimentaria.

Joan Subirats. Catedrático en Ciencia Política y doctor en Ciencias Económicas, Subirats fue nombrado ministro de Universidades a finales de 2021 después de varias responsabilidades políticas con el PSC en Barcelona. Poco después de asumir el cargo presentó la Ley Orgánica del Sistema Universitaria en busca de reducir la temporalidad y eliminar la segregación en los colegios mayores.

José Miñones. Procedente de la política gallega, donde entre otras cosas fue alcalde del municipio coruñés de Ames y delegado del Gobierno, Miñones asumió la cartera de Sanidad en marzo de este año poco antes de que la OMS decretara el final de la emergencia internacional de la pandemia de COVID-19. Sus dos predecesores, Salvador Illa y Carolina Darias, salieron del ministerio para ser candidatos en Catalunya y Las Palmas, respectivamente.

Una sala de reuniones de apenas 20 metros cuadrados situada en uno de los edificios oficiales del Ministerio de Justicia en Madrid se convirtió los últimos tres días en el cuartel general del comité de huelga de los funcionarios de las oficiales judiciales, que están en pie de guerra desde abril para reclamar mejoras laborales y retributivas. Este encierro de casi 70 horas, al que pusieron fin en la tarde de este viernes, es el penúltimo capítulo de un choque con el departamento que dirige Pilar Llop y que ha llegado incluso al Tribunal Supremo, donde los sindicatos han denunciado a la ministra y a su ‘número dos’, Tontxu Rodríguez, por supuesta vulneración del derecho a la negociación colectiva. 

Son los últimos pasos que han dado las organizaciones profesionales ante la “cerrazón” de los altos cargos del Ministerio de Justicia, a los que acusan de “clasismo” por el “agravio comparativo” que supone haber pactado mejoras salariales con letrados, jueces y fiscales −funcionarios del grupo A1, con retribuciones más elevadas− mientras siguen sin hacer una oferta en firme a los los 45.000 funcionarios que se encargan de la atención al público y de otros asuntos clave en los juzgados −como registrar y tramitar documentos o notificar diligencias y sentencias− y cuyos sueldos son mucho más bajos. 

“No han tenido nunca ninguna intención de negociar las justas y razonables reivindicaciones de los trabajadores y, en cambio, se han colocado siempre confrontando con quien representa la base social en la Administración de Justicia, mientras aceptaban y consolidaban las demandas de las élites judiciales”, afirmaron este viernes los sindicatos convocantes en un comunicado en el que anunciaban que ponían fin al encierro iniciado el pasado martes aunque advertían de que “el conflicto continúa”.

Gestores, tramitadores, auxilios o forenses vienen realizando paros intermitentes desde abril y están en huelga indefinida desde el 22 de mayo, lo que está provocando que cada día se aplacen miles de procedimientos cuando los juzgados y tribunales todavía no habían empezado a recuperarse de los dos meses de huelga de los antiguos secretarios judiciales, que dejaron 350.000 juicios y vistas suspendidos. Una situación que, sin duda, contribuirá a incrementar el estado de saturación endémica de la Justicia y que tiene efecto sobre los ciudadanos y sobre otros colectivos profesionales como los abogados, que cobran sus honorarios conforme avanzan los procedimientos. 

Los últimos movimientos de los sindicatos han estado encaminados a focalizar su protesta contra la ministra Llop y su ‘número dos’. Este viernes, denunciaron a ambos ante la Fiscalía del Supremo por una supuesta vulneración de la regulación sobre relaciones de trabajo, que establece que desde el momento del preaviso y durante la huelga, las partes “deberán negociar para llegar a un acuerdo”. El escrito presentado señala que “a sabiendas de esta obligación de negociar desde el momento de preaviso y durante la huelga, lo han evitado no convocando ninguna reunión desde el 24 de abril hasta el 6 de junio, y dando por finalizadas las negociaciones aunque la huelga continúa y no se ha alcanzado ningún acuerdo para su convocatoria”. 

“Hostigamiento absolutamente antisocial”

El fracaso de ese último encuentro −que se prolongó durante ocho horas− llevó a los funcionarios a encerrarse en el Ministerio como medida de presión. “La reunión la interrumpió el secretario de Estado, quien parece preferir que se mantenga la huelga a seguir negociando. Es un ejemplo más de la indiferencia que este Gobierno dispensa a parte de los empleados públicos y a los ciudadanos que se ven perjudicados por la prolongación del conflicto”, afirma Luis Calero, portavoz de Justicia de CCOO y uno de los huelguistas que estuvieron enclaustrados durante casi 70 horas en la sede ministerial. 

El encierro elevó en los últimos días la tensión entre las partes, con graves acusaciones de los sindicatos a los dirigentes de Justicia por impedir el acceso de alimentos a los huelguistas. En el comunicado en el que anunciaron que abandonaban la sede ministerial, el comité de huelga criticó “el hostigamiento, absolutamente antisocial”, al que, según su criterio, los altos cargos del Ministerio habían sometido a los huelguistas. Consultado por elDiario.es, un portavoz de Justicia declina hacer comentarios sobre el encierro. 

Los funcionarios rechazan la última oferta del Ejecutivo, que se comprometió a “continuar el diálogo tras el período electoral, en un necesario marco de sosiego y estabilidad nacional y autonómica”, según detalló el departamento en un comunicado. “Es un compromiso vacuo, no hay ninguna certeza de que este equipo vaya a estar con el nuevo Gobierno. Tuvieron más de un mes para convocarnos desde el 24 de abril −cuando nadie esperaba el adelanto electoral− y no lo hicieron hasta esta semana. Son todo excusas, una mentira detrás de otra”, se queja este sindicalista. 

Una subida salarial “digna”

Los funcionarios insisten en que no hay impedimento para llegar a un acuerdo porque sus reivindicaciones de subida salarial dependen únicamente del Ejecutivo central, que está en plenitud de funciones hasta que se celebren las elecciones. Así, reclaman una subida “digna” del llamado complemento general y la negociación de unas funciones adecuadas a la labor que desempeñan a través de la carrera profesional. “Son asuntos que se aprueban mediante real decreto, no hay obstáculo alguno”, insiste Calero. 

En concreto, reclaman incrementos de 430 euros mensuales para médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología (grupo A1), de 400 euros para gestores y técnicos especialistas de laboratorio (grupo A2), de 375 euros para tramitadores y ayudantes de laboratorio (grupo C1) y de 350 euros mensuales para los auxilio (grupo C2). Es, a juicio del comité de huelga, “una propuesta de subida salarial justa”. 

A este respecto, recuerdan que el Ministerio logró salvar la amenaza de huelga de jueces y fiscales con un acuerdo para subir sus salarios una media de 450 euros al mes y que, previamente, también había pactado con los letrados otra subida similar. Son incrementos retributivos que el Gobierno vinculó a la ley de eficiencia organizativa que se estaba tramitando en el Congreso y que ha decaído tras la disolución de las Cortes por el adelanto electoral. Pese a ello, el departamento de Llop ha asegurado que esas subidas salariales están “pactadas” y que se van a “llevar a efecto” independientemente de que esa y otras reformas ya no vayan a ver la luz esta legislatura. 

“Es curioso que el Gobierno ahora ponga como excusa que nuestras reivindicaciones están ligadas a la reforma de la ley de eficiencia, cuando fueron ellos los que vincularon las subidas de jueces, fiscales y letrados a esa nueva reforma y, a pesar de ello, van a mantenerlas”, afirma Javier Jordán, vicepresidente del sector de Justicia del sindicato CSIF. “Si hubiera voluntad, este conflicto se podría solucionar poniendo una autorización de crédito encima de la mesa”, añade Jordán, que cita el ejemplo de los trabajadores de la Seguridad Social, que desconvocaron la huelga que habían anunciado para los próximos meses tras llegar a un acuerdo con los sindicatos para reforzar la plantilla con 3.525 nuevos efectivos. 

Durante el fin de semana, las cuatro organizaciones sindicales convocantes de la huelga harán propuestas de movilizaciones para las próximas fechas y la previsión es celebrar asambleas en los centros de trabajo de toda España durante la semana que viene para “aunar fuerzas”. Entre tanto, juzgados y tribunales volverán a abrir el próximo lunes con sus 45.000 funcionarios llamados a la huelga.

Para mí la política es el arte de extraer sabiduría colectiva poniendo la oreja

José Mujica

Aunque no lo parezca, la vida sigue. Digo la vida normal, la que nos ocupa a los ciudadanos, la que se palpa en la calle. Algo muy diferente a la vida publicada. Estos días, por ejemplo, la Feria del Libro se moja, pero también convierte a la literatura en tema de conversación. Es un gusto conversar sobre algo que te apasiona y olvidar un rato el tumulto exterior. En uno de esos cócteles que ofrecen editoriales, medios especializados o grandes grupos se les ocurrió entregar en la entrada una suerte de posavasos en la que aparecía impresa la mitad de un título de obra literaria, con el reto de que buscaras a quien tuviera la forma de completarlo. “... piensa en mí”, rezaba el mío, lo que me abocaba a volcarme en un “Mañana en la batalla...”, que no logré hallar. La batalla, sí. La batalla está en todas partes. La política, el poder y el periodismo son estos días un campo de minas del que es difícil salir incólume.

Así que llegamos a hoy que es mañana y a la batalla, esa que parece imposible soslayar. Algunos lo logran o les obligan. Asistimos a la feria de los descartes, a la salida de foco de los que han sido expulsados del ruedo político por la cruda realidad. Vemos a los que son conscientes y a los que se resisten, y es entonces cuando nos damos cuenta de que el voto modesto de cada uno acaba convirtiéndose en una fuerza arrolladora que arrastra con ella hasta a los más recalcitrantes. Sólo hay que esperar. El poder es tan difícil de obtener y de conservar que tiene sus propias mareas. Los nombres se borran de sus playas a fuerza de desaciertos y de elecciones. No es cierto que nunca pase nada. Pasa, vaya si pasa. Muchos de los que desembarcaron en ofensivas de novedad, han caído por el peso de su levedad. Otros aún lo harán.

Cuando uno llega a la categoría de carroña, en términos políticos, también huele. Está muerto. Los buitres lo señalan en su vuelo circular. La única cuestión es si el interesado se da cuenta o si persiste en su afán zombie de continuar. Podríamos cifrarlo en la intensidad de su dignidad. Nos dejó Ribera y sacaron a Casado; hoy Arrimadas afirma que abandona la política, como si no fuera que la política la ha desdeñado a ella. Una despedida a tiempo es un último logro, y así lo ha entendido Alberto Garzón, que ha sido diputado y ministro y difícilmente será nada más. A qué empeñarse, si ayudas más al salir. O tienen a la patética Macarena Olona como una mariposa golpeando contra la luz de un foco que se ha apartado de ella definitivamente. Miren a Bal volver a su puesto fijo, tras un intento de ser primer espada en una suerte que no es la suya. La irrelevante ministra Llop, que no irá en las listas, porque a la larga la trampa campa y lo que era claro en el Senado se ha magnificado en un ministerio en llamas. Esperemos a ver qué vida lleva el gran Marlaska, que debería arder también en la pira sacrificial de las listas. Vean a Vara que ya se iba, aunque le hayan hecho volver un rato a hacerle la autopsia a su derrota para ganar tiempo

Así funciona la democracia. Los ciudadanos no sólo dan el poder con sus votos sino que señalan con su indiferencia a los malditos. Porque si no te han respaldado, quemas y si quemas, la política acaba por soltarte. ¿Qué de difícil tiene entender el mensaje? Iglesias se inmoló en Madrid y lo que restaba de su partido en estas municipales. El que ha sido más votado es más requerido en las listas, el que pierde respaldo a chorros resulta una rémora. ¿Cómo obviar tal mandato del pueblo? Los descartes salvan la pesca, también la de votos. Las ministras que más división y más contestación han provocado dentro del gobierno no pueden aspirar a continuar. Es todo cuestión de cuánto aportas. Si no sumas, restas y si restas haz caso a Supertramp y take the long way home, porque nadie es imprescindible y menos tú.

Excepto que sea obscenamente cierto lo que la candidata contó en una entrevista de gran audiencia y lo que se juegue en estas horas no sean ya los garbanzos sino mantener el nuevo nivel de vida. Es fácil acostumbrarse a lo bueno. Cien mil euros al año por no saber honrar el cargo son imposibles de revalidar fuera. Ahí comienzan muchas luchas a brazo partido que personalmente son a vida o muerte, pero que no tienen nada que ver con los intereses del pueblo. Importan las políticas y los idearios, no tanto las personas. Hay quien lo ve clarinete y quien no soporta la idea de perder sus ventajas. Y es que te subes al coche oficial y vuelas desde el pabellón de autoridades y después quieres convertir en un drama del pueblo lo que es sólo tu miserable pérdida de la moqueta.

La democracia es un régimen de opinión pública; cuando pierdes su favor, cuando te desmoronas en las encuestas, cuando los votos no te respaldan, ni ser el Rey Sol puede salvarte del acabamiento. Nadie debe los puestos a nadie que no sean los ciudadanos y su respaldo. A veces la política es como una balsa en medio de un naufragio: si sólo resiste el peso de un número determinado, los que intentan subir a bordo desde el agua deben quedar fuera si no quieren hundirla en sus intentos por quedar a salvo. Los descartes son la primera batalla dentro de la esta guerra que no dará tregua hasta finales de junio. Luego empezarán otras, pero esa historia se contará en su momento.

Y que la vida sigue: los libros resguardados de la lluvia, el suceder de las estaciones y la indefectible llegada de las urnas en las que será el pueblo el que hable, griten lo que griten todos ahora. Procuren que no acabemos todos hartos, que de hartura también se muere. A eso ayudan los descartes, a despejarnos las dudas. Que no les quepa ninguna.  

El inesperado adelanto electoral también tendrá consecuencias sobre la Administración de Justicia. La disolución de Las Cortes interrumpe la tramitación parlamentaria de las tres grandes iniciativas legislativas del departamento que dirige Pilar Llop: las leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital, que ya no verán la luz esta legislatura. Se trata de reformas que han tenido cierta contestación en el ámbito de la Justicia pero que han servido de pretexto al Gobierno para justificar las subidas salariales acordadas recientemente con jueces, fiscales y letrados judiciales. Unas subidas de sueldo que están “pactadas” y que se van a “llevar a efecto” independientemente de las leyes, según confirma a elDiario.es un portavoz del Ministerio de Justicia. 

En las últimas horas desde medios judiciales se había especulado con la posibilidad de que el adelanto electoral frustrara esas subidas salariales, pues formaban parte de acuerdos amplios que, sobre el papel, tenían como objetivo la implantación “con garantías” de las modificaciones derivadas de esas tres leyes de eficiencia. Son proyectos normativos que decaen automáticamente tras la disolución del Parlamento. Su tramitación tendría que empezar de cero en la próxima legislatura si así lo decidiera la futura mayoría que arrojen las urnas tras el 23 de julio. 

Lo que no está en riesgo, según el Ministerio de Justicia, son los acuerdos salariales firmados. El Ministerio que dirige Pilar Llop logró salvar la amenaza de huelga de jueces y fiscales con un pacto para subir sus salarios una media de 450 euros al mes en 2024. El acuerdo prevé que el 40% de esa cantidad se cobre con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. El 80% se cobrará a partir del 1 de enero del año que viene y el 100% desde julio de ese año. En este caso, el desembolso del Gobierno es de 46,7 millones de euros. Previamente, el Ejecutivo había acordado sumar hasta 450 euros a las nóminas de los 4.379 antiguos secretarios judiciales, que mantuvieron durante dos meses una huelga que dejó 350.000 juicios y vistas suspendidos. 

Sigue la huelga de funcionarios

No obstante, el Ministerio de Justicia sigue sin atajar el conflicto con los 45.000 funcionarios de las oficinas judiciales, que están en huelga indefinida desde el 22 de mayo y este martes se han manifestado ante la sede federal del PSOE. La disolución de las cámaras ha hecho decaer uno de los motivos de esa protesta: la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que, aseguran, les imponía nuevas condiciones laborales sin una negociación previa. Pese a ello, el comité de huelga acordó este lunes mantener la huelga indefinida para reclamar una subida salarial acorde a “las funciones que realmente realizan en las oficinas judiciales y que no se cobran”, según sus promotores. 

En concreto, reclaman incrementos retributivos de 430 euros mensuales para médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología (grupo A1), de 400 euros para gestores y técnicos especialistas de laboratorio (grupo A2), de 375 euros para tramitadores y ayudantes de laboratorio (grupo C1) y de 350 euros mensuales para los auxilio (grupo C2). Es, a juicio del comité de huelga, “una propuesta de subida salarial justa”. 

Los acuerdos que el Ejecutivo ha fraguado con estos colectivos han llevado a los representantes de los funcionarios a calificar de “clasista” al Gobierno por el “agravio comparativo” que supone pactar mejoras salariales a letrados, jueces y fiscales —funcionarios del grupo A1, con retribuciones más elevadas— mientras sigue sin hacer una oferta en firme a los funcionarios que se encargan de la atención al público y de otros asuntos clave en los juzgados como registrar y tramitar documentos o notificar diligencias, autos y sentencias, y cuyos sueldos son mucho más bajos. 

A pesar de la convocatoria de elecciones, los sindicatos insisten en que el Gobierno estará “plenamente activo” y “en plenas facultades de sus competencias” hasta el 23 de julio —después, pasará a estar en funciones— y que, en consecuencia, no existe impedimento legal para la negociación. Pero por el momento, sigue sin haber interlocución entre el departamento de Llop y los representantes de los funcionarios. Ambas partes no se reúnen desde el pasado 24 de abril y el Ministerio de Justicia no ha presentado por el momento ninguna propuesta económica. 

En las últimas semanas, fuentes del departamento que dirige Pilar Llop han insistido en su “disposición” al diálogo y al acuerdo, aunque aludían a la particularidad de esta negociación, pues aunque los funcionarios dependen orgánicamente del Gobierno, son 12 las autonomías que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia. Los sindicatos insisten en que no hay impedimento para llegar a un acuerdo porque han centrado sus reivindicaciones en ámbitos que dependen únicamente del Ejecutivo central. Por un lado, una subida del llamado complemento general “digna” y “en línea” con la conseguida por letrados, jueces y fiscales; y la negociación de unas funciones adecuadas a la labor que desempeñan. 

El polvorín en el que se ha convertido la Administración de Justicia en los últimos meses no acaba de resolverse. El Ministerio que dirige Pilar Llop ha logrado salvar la amenaza de huelga de jueces y fiscales con un acuerdo para subir sus salarios una media de 450 euros al mes, pero sigue sin atajar el conflicto con los 45.000 funcionarios de las oficinas judiciales, que reclaman mejoras laborales y retributivas y cambios en la ley de eficiencia que promueve el Gobierno. Gestores, tramitadores, auxilios o forenses vienen realizando paros intermitentes desde abril y están en huelga indefinida desde este lunes. 

Todo ello, cuando los juzgados y tribunales todavía no habían empezado a recuperarse de los dos meses de huelga de los antiguos secretarios judiciales, que dejaron 350.000 juicios y vistas suspendidos. Esa movilización también acabó con el Ministerio de Justicia poniendo dinero encima de la mesa. En concreto, con una partida de 22,7 millones de euros que supondrá sumar hasta 450 euros a las nóminas de los 4.379 letrados. En el caso de jueces y fiscales, el desembolso del Gobierno es de 46,7 millones de euros. 

Los acuerdos que el Ejecutivo ha fraguado con estos colectivos han llevado a los representantes de los funcionarios a calificar de “clasista” al Gobierno por el “agravio comparativo” que supone ofrecer mejoras salariales a letrados, jueces y fiscales —funcionarios del grupo A1, con retribuciones más elevadas— mientras sigue sin hacer una oferta en firme a los funcionarios que se encargan de la atención al público y de otros asuntos clave en los juzgados como registrar y tramitar documentos o notificar diligencias, autos y sentencias, y cuyos sueldos son mucho más bajos. 

“Hacer juicio de intenciones es arriesgado, pero todo el mundo puede comprender que es una diferencia de trato inaceptable. Y, todo ello, de un Gobierno que se dice progresista y defensor de los derechos de los trabajadores”, afirma Javier Jordán, vicepresidente del sector de Justicia del sindicato CSIF.

El sindicato CCOO ha acusado directamente al Ejecutivo de dar “un trato discriminatorio y clasista al 93% del personal de los cuerpos generales y especiales”, en palabras de su portavoz en materia de Justicia, Luis Calero, que viene cuestionado que los departamentos de Justicia y Hacienda reconozca las funciones —y les retribuya por ello— a la parte del colectivo judicial más privilegiada. 

Negociaciones estancadas

Las negociaciones entre el departamento de Llop y los representantes de los funcionarios están estancadas. Ambas partes no se reúnen desde el pasado 24 de abril y el Ministerio de Justicia no ha presentado por el momento ninguna propuesta económica. Fuentes del departamento que dirige Pilar Llop insisten en su “disposición” al diálogo y al acuerdo, pero aluden a la particularidad de esta negociación, pues aunque los funcionarios dependen orgánicamente del Gobierno, son 12 las autonomías que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia. Recuerdan, además, que para el periodo 2022-2024 hay un acuerdo con los sindicatos para una subida del 8% de las retribuciones de los funcionarios que puede llegar hasta el 9,5%. 

Los sindicatos insisten en que no hay impedimento para llegar a un acuerdo porque han centrado sus reivindicaciones en ámbitos que dependen únicamente del Ejecutivo central. Por un lado, una subida del llamado complemento general “digna” y “en línea” con la conseguida, primero, por los letrados y, después, por jueces y fiscales, y la negociación de unas funciones adecuadas a la labor que desempeñan.

Reclaman, a este respecto, la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que, aseguran, les impone nuevas condiciones laborales sin una negociación previa. “Pedimos una redistribución, redefinición y clarificación de las funciones que realizamos en las oficinas judiciales en beneficio de una justicia más eficiente y eficaz con su reconocimiento laboral y retributivo”, afirma Jordán. 

En concreto, reclaman incrementos retributivos de 430 euros mensuales para médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología (grupo A1), de 400 euros para gestores y técnicos especialistas de laboratorio (grupo A2), de 375 euros para tramitadores y ayudantes de laboratorio (grupo C1) y de 350 euros mensuales para los auxilio (grupo C2). Es, a juicio del comité de huelga, “una propuesta de subida salarial justa”. 

Jordán, de CSIF, lamenta que el departamento que dirige Llop esté instalado en lo que define como una “estrategia de desgaste”, pero advierte de que seguirán adelante con las movilizaciones hasta que el Gobierno haga una “propuesta razonable” que abra de nuevo las puertas a la negociación.

Este mismo martes un grupo de funcionarios se ha manifestado a las puertas del Ministerio de Justicia —mientras se firmaba el acuerdo con jueces y fiscales— para ejercer presión al grito de “¡Y ahora qué, cuándo nos convocas!”. Para el viernes, día de cierre de la campaña electoral, está prevista otra manifestación en Madrid entre las sedes de los departamentos de Justicia y Función Pública. 

Este lunes 22 de mayo ha comenzado una huelga indefinida en la Administración de Justicia convocada por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT. En Castilla-La Mancha, ha tenido un seguimiento de en torno a un 80 %. El responsable de UGT Justicia, Antonio Marín, ha lamentado la “incapacidad y la falta de voluntad absoluta de negociación” por parte del Ministerio de Justicia, que sigue “enrocado en un inmovilismo irracional” ante las legítimas pretensiones laborales de los más de 45.000 funcionarios de justicia de toda España.

Antonio Marín destaca que, tras más de un mes de huelga que también ha tenido un seguimiento “masivo cercano” al 80% en Castilla-La Mancha, “este Ministerio de Justicia sigue sin convocar a los sindicatos a la mesa de negociación para solucionar el conflicto”.  

“Este es un claro desprecio a los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, y es que, mientras la ministra llega a acuerdos con las asociaciones de jueces y fiscales, con el resto de trabajadores de la administración no se quiere ni sentar, demostrando un clasismo incomprensible por parte de una ministra socialista. Como responsable de esta administración, ella es la responsable del colapso que esta situación de huelga está provocando en la Administración de Justicia”, continuó.

Los sindicatos señalan que sus reclamaciones son “son claras”: paralización y negociación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, “que deteriora de manera irreversible los derechos laborales de los funcionarios de la Administración de Justicia”; también, una “clarificación y reconocimiento” de la funciones reales que realizan con una retribución justa de las mismas; la “inmediata” negociación de la carrera profesional, “que lleva bloqueada más de cuatro años”, y la eliminación de las diferencias retributivas de los grupos de población.

El responsable de UGT Justicia, Antonio Marín ha vuelto a solicitar la dimisión o cese de la ministra de Justicia Pilar Llop “si se mantiene en su postura inmovilista de no negociar”, una postura que supone un claro atentado al derecho a la negociación colectiva recogido en el artículo 37 de nuestra Constitución.

Hay puñales en las sonrisas de los hombres; cuanto más cercanos son, más sangrientos.

William Shakespeare

No sé si habrán visto este fin de semana a jueces de carrera apuñalándose en las redes sociales en el más puro estilo de navaja en el muslo y meme en la pantalla. Todo fluye, nada permanece, ni siquiera las formas. Nunca hubiera apostado por ver un despelleje de esta naturaleza en público, a la vista de todo el mundo; entiéndanme, apuñalarse era algo corriente pero con un poco de clase, sin salpicarse las togas. Se trata de un feo ajuste de cuentas tras el acuerdo alcanzado por seis asociaciones de jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia para un aumento retributivo, tras la negativa a suscribirlo de la asociación ultraconservadora APM (Asociación Profesional de la Magistratura). Sus responsables, una vez con las tablillas del ropón remangadas, y con todo al aire, han querido cubrirse y no se les ha ocurrido otra que llamar traidores al resto de sus compañeros de negociación, copiando en un mensaje público la florida metáfora de Judas que ya empleó en su día su seguramente admirado Gabriel Rufián.

Once folios han necesitado los responsables de la APM para intentar armar un relato para su feligresía y los medios con el que explicar por qué consideran “insuficiente, indigna e inaceptable” una mejora salarial de casi 50 millones de euros que al resto de asociaciones, sin colmarles del todo, les ha parecido un fruto aceptable de una negociación respetuosa. De paso, como verán, insultan a sus compañeros que devienen no sólo en traidores sino en indignos. De ahí los puñales volando.

En esos folios, los pata negra judiciales —ya que al parecer son los únicos dignos y auténticos defensores de la profesión— reproducen su versión de las negociaciones. La única asociación que ha tomado las decisiones sin transparencia y sin consulta interna, con el diktat jerárquico que les caracteriza —el resto ha sometido el acuerdo a sus asociados— se auto constituye en la única limpia y digna y profesional. Han procurado, eso sí, no explicar lo que de verdad ha pasado, no sea que sus afiliados se enteren de que su mayor empeño ha sido dilatar el proceso, impedir el acuerdo y extender el problema al menos hasta el fin de la campaña electoral. No en vano muchos de sus compañeros de negociación —que les han oído decir una cosa antes y otra después, y una dentro y otra fuera, a los periodistas— tienen la impresión de que acudían a la Mesa de Retribuciones comisionados para retrasar cualquier acuerdo. 

No seré yo quien les aburra con el timing —ya me llevo el dolor de cabeza yo por todos—, aunque la conclusión es bastante clara: ni la APM quería una negociación real —pedir 74 millones de partida frente a los 46 ofrecidos es una prueba—, ni sus líderes buscaban exclusivamente lograr mejoras retributivas. “Somos jueces y cuando decidimos la convocatoria de huelga ya sabíamos que las elecciones iban a ser el día que marca la ley, el 28 de mayo” dicen en su larga justificación. Excusatio non petita. “Yo no estoy aquí para dar un aval a la política del Ministerio de Justicia”, dijo su negociador Carbonero en la Mesa, para pasmo de sus colegas. No, no lo estaba. Por sus actos parece que se hubiera sentado para lo contrario, para conseguir retirárselo.

Se han quedado como los de Tudela, los jueces más conservadores. Ni siquiera sus homólogos ideológicos en la carrera fiscal les han seguido el juego. Bien por la bronca pública que la presidenta de la Asociación de Fiscales sufrió tras su cenita política con Feijóo, bien por la presión de sus propios asociados que estaban interesados en obtener la subida ofrecida, lo cierto es que Dexeus los dejó solos en su negativa a firmar el acuerdo. Pasmados se quedaron. De ahí la necesidad de intentar explicar a tirios y troyanos que es una humillación que te suba el sueldo un gobierno socialista porque lo hace en la misma proporción que a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) —¡qué desdoro, por Tutatis!— y te lo sirven sin hacer huelga ni perder emolumentos. Y es que, no lo duden, eso a los jueces no les gusta —“somos unos ratas”, reconocen ellos mismos— y menos a los de esa asociación. Así que no hacen huelga, cobran el dinerito de la subida, pero se niegan a firmar. Ellos lo llaman dignidad; sus colegas, jeta. 

Me echo a la espalda las invectivas que esta columna desatará en miembros conspicuos de esa asociación, les brindo ese desahogo, pero me temo que no soy yo: “La APM es el cáncer de la judicatura” o “la APM ha sido y será un obstáculo para la unidad asociativa que para ellos consiste en que nos asociemos todos a la APM” o “más caradura imposible” o “para la APM las 30 monedas de plata son hace mucho los sillones”, no son frases mías sino de jueces de las más diversas filiaciones.

La APM hace mucho que es el brazo judicial del PP, yendo mucho más allá de ser una asociación próxima en ideología, ya que se han significado por escenificar y llevar adelante estrategias diseñadas políticamente. Eso es así y tiene su recompensa. Lo han hecho hasta un punto que da alipori y que me hace dudar de que sus socios de base, los que curran, los jóvenes que los jalean, sepan hasta dónde llega la mugre. ¿Saben todos ellos que sus representantes intentaron sacar del acuerdo el compromiso del Gobierno de crear nuevas plazas de jueces que sí aparecerá en el documento que será firmado? En la comisión de redacción, para seguir retrasando el proceso. ¿Eso es profesional y digno y persigue el interés de la carrera y de la sociedad? 

La connivencia durante esta negociación con los vocales conservadores del CGPJ presentes, para extender el conflicto hasta el día de las votaciones, son palmarias. Esos vocales que aún intentaron in extremis impedir que el martes se acabe el conflicto, alegando que ellos tendrían que llevarlo a un pleno que no pueden convocar antes del fin de la semana de campaña. Ellos, que se pasaron toda la negociación jactándose de tener plenos poderes y poder convocar un pleno para la huelga o para lo que fuera cuando hiciera falta. 

También cabe felicitar al equipo de Justicia, que esta misma semana convocará a los funcionarios a negociar. La negociación, a decir de los que la han vivido, ha estado bien llevada y la mayoría considera que ha sido respetuosa y fructífera. A la que más quiero felicitar es a la ministra Llop —por mí apodada “la egipcia”— a la que le ha explotado el Ministerio sin romperla ni mancharla y que sólo pasó por la negociación a saludar. De mayor todo político quiere ser así, inmaculado e inmarcesible, preservado de la dura acción de gestionar por una eficaz guardia pretoriana, sin quemarse o siquiera escaldarse.

No merece este espectáculo la dura y grave función de juzgar. La sociedad se les aleja en estas exhibiciones impúdicas. Es hora de enmendar esta deriva por parte de los jueces sensatos, que quedan y muchos, y por la del Estado, que no puede tolerar el deterioro creciente e inaceptable de las condiciones en las que este poder desempeña su imprescindible labor. No podemos seguir asistiendo al festival de insultos entre funcionarios y LAJ y LAJ y jueces y jueces y LAJ. Los miembros de la carrera judicial tienen una función constitucional de una cualidad claramente diferente a la del resto de los funcionarios que les apoyan, pero el sistema no funciona si no existe un respeto y una colaboración real entre todos los estamentos. Los ciudadanos merecemos que se termine con estos agravios y con esta división. Los gobiernos, del signo que sean, están obligados a restaurar la dignidad del servicio de la Justicia, del que depende en último término el Estado de Derecho. No hace falta que los jueces y los fiscales vayan a la huelga —insisto en que debe legislarse con claridad que no pueden ejercer ese derecho— porque deben ser los poderes públicos los que velen por la dignidad de sus retribuciones y por la mesura de su carga de trabajo para que puedan mantener un nivel de calidad que es indispensable para los ciudadanos y para la sociedad. 

La llamada unidad de acción de las asociaciones judiciales y fiscales se ha roto y será difícil que la remienden a corto plazo. Yo me alegro. Creo que es mejor para la sociedad y para los ciudadanos que no actúen como un lobby de presión sino que representen la lógica pluralidad en las formas de interpretar la esencia de sus carreras profesionales. Cuanto más lejos quede del imaginario social la imagen del Partido Judicial, mejor. Gana la democracia.  

La tercera reunión del Gobierno con los representantes de jueces y fiscales ha concluido sin llegar a un acuerdo que desactive por el momento la amenaza de huelga indefinida que las asociaciones conservadoras promueven en plena campaña electoral. El encuentro se ha prolongado durante más de cuatro horas sin que las partes lograran llegar a una posición común, aunque los convocantes de ese paro sopesan aplazarlo para buscar un entendimiento que mejore las retribuciones de los casi 8.000 jueces y fiscales, informan a elDiario.es fuentes conocedoras del contenido de la negociación. Los interlocutores se reunirán de nuevo el próximo martes 16, cuando está fijada la fecha de inicio de la huelga.

Por el momento, las asociaciones del centroderecha judicial —mayoritarias en ambas carreras— insisten en que es “insuficiente” la última oferta del Ejecutivo, que propone sumar más de 46 millones de euros más al año a sus salarios, lo que incrementaría sus nóminas con entre 350 y 490 euros al mes, en función de las categorías. Pero está abierta la posibilidad de que retrasen el inicio de la movilización para mantener abierta la negociación con los departamentos de Justicia y Hacienda. Solo las asociaciones progresistas se han mostrado dispuestas a aceptar la oferta del Gobierno y descartan movilizaciones.

“No se ha desconvocado [la convocatoria de huelga]. Mientras no se desconvoque la cosa sigue en pie. Se está hablando de la posibilidad de retrasar [el inicio]”, ha afirmado en declaraciones a los medios el juez Juan José Carbonero, que ha participado en la reunión en representación de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera.

Tanto esta asociación como la segunda en número de afiliados, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), abordarán en sus órganos directivos en las próximas horas la posibilidad de aplazamiento, mientras la Asociación de Fiscales y las minoritarias Foro Judicial Independiente (FJI) y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ya han avanzado que están de acuerdo con aplazar el inicio de la huelga al menos tres días, hasta el 19.

Las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales (UPF) son las únicas que han mostrado hasta el momento su respaldo a la propuesta del Gobierno. Ambas seguirán participando en la negociación para abordar posibles mejoras a esa propuesta. El interlocutor en la mesa de la primera de ellas, el juez Juan Vacas, ha calificado de “seria” y “responsable” la oferta del Ejecutivo. La fiscal Inés Herreros, presidenta de la UPF, ha informado de que más de 94% de los afiliados de su asociación considera que la propuesta del Gobierno “no puede rechazarse” y que su asociación “celebrará” si se producen mejoras sobre el esquema planteado.

La negociación tiene lugar en el marco de la mesa de retribuciones, el órgano legalmente previsto para revisar sus salarios, pues jueces y fiscales no tienen reconocido el derecho a la sindicación ni a la negociación colectiva. Las asociaciones convocantes se quejan de la “pérdida de poder adquisitivo” que vienen “arrastrando” desde 2009 en un contexto de “aumento de la litigiosidad” que atribuyen, entre otros factores, a una “catarata de reformas legislativas” que ha aumentado sus funciones “exponencialmente”. 

Hasta el momento han defendido que la propuesta del Ejecutivo no soluciona esa pérdida de poder adquisitivo —que cifran en el 20%— y supone un “agravio comparativo” respecto a la subida salarial de hasta 450 euros al mes que los letrados judiciales consiguieron arrancarle al Gobierno tras dos meses de paros y miles de juicios suspendidos.

La amenaza de huelga produce en el contexto del gran atasco judicial registrado tras la huelga de los letrados, que provocó la suspensión de 350.000 actuaciones entre juicios, declaraciones y otras diligencias y de gran conflictividad en el sector. Los funcionarios de las oficinas judiciales mantienen paros indefinidos desde hace dos semanas y amenazan con la huelga total a partir del 22 de mayo si el Ejecutivo no hace una oferta económica. De llevarse a cabo finalmente, sería la sexta huelga de jueces y la tercera de fiscales en toda la democracia. Aunque la principal novedad es que, en este caso, la convocatoria se ha registrado como indefinida. 

Las asociaciones de jueces y fiscales que amenazan con una huelga indefinida a partir del 16 de mayo, en plena campaña electoral, reconocen avances en su negociación con el Gobierno pero mantienen, por el momento, la convocatoria de paro total que registraron por el cauce oficial el pasado viernes. Ambas partes se han reunido este miércoles en sesión de mañana y tarde para abordar una subida salarial que evite el conflicto. La jornada ha acabado sin acuerdo, pero las asociaciones han reconocido que se ha dado “un primer paso” en el “proceso de negociación”. Está previsto que las conversaciones se retomen el próximo lunes. 

Durante casi tres horas por la mañana y una hora y media por la tarde, los interlocutores han intercambiado propuestas que, en el caso del Gobierno supone poner 44 millones de euros encima de la mesa, han informado a elDiario.es fuentes de la negociación. Con esa partida, el Ejecutivo contempla una subida salarial de hasta 490 euros brutos al mes en 2025 para jueces y fiscales. Se trata de una subida gradual a través del complemento de destino y que varía en función de las categorías.

Así, el mayor aumento sería de 490 euros brutos al mes e iría destinado al grupo más numeroso, formado por los titulares de los juzgados centrales y los órganos unipersonales, donde ejercen el 65% de los jueces. En este grupo están incluidos también los fiscales de segunda categoría. El incremento sería de 460 euros brutos al mes para ​​los jueces y fiscales de tercera categoría y de 300 para los presidentes y magistrados de la Audiencia Nacional, de los tribunales superiores de justicia y de las audiencias provinciales, así como para los fiscales de segunda categoría pero que asumen funciones de jefatura o coordinación.

Según la propuesta, el 40% del incremento mensual —196, 184 y 120 euros, respectivamente— tendría efectos desde el próximo 1 de julio. Las mismas cantidades se sumarían en enero de 2024. Y el 20% restante —98, 92 y 60 euros— se añadirá a las nóminas a partir de enero de 2025. 

“Estamos en un marco de negociación y empieza a perfilarse algún tipo de posición. Ahora mismo es tiempo de estudio, de reflexión y de valoración de lo que hay sobre la mesa tanto por una parte como por la otra”, ha afirmado en declaraciones a los medios el juez Juan José Carbonero, que ha participado en la reunión en representación de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera. La fiscal Inés Herreros, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha asegurado, por su parte, que es “optimista” y ha afirmado que es momento de que “todas las partes sean generosas” en aras de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para todos los interlocutores.

La negociación tiene lugar en el marco de la mesa de retribuciones, el órgano legalmente previsto para revisar sus salarios, pues jueces y fiscales no tienen reconocido el derecho a la sindicación ni a la negociación colectiva. Estos profesionales se quejan de la “pérdida de poder adquisitivo” que vienen “arrastrando” desde 2009 en un contexto de “aumento de la litigiosidad” que atribuyen, entre otros factores, a una “catarata de reformas legislativas” que ha aumentado sus funciones “exponencialmente”. 

Por el momento, la convocatoria que sigue registrada formalmente la secundan las asociaciones que que cubren el espacio del centroderecha judicial, que son mayoritarias en ambas carreras. Son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF). La asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) también participan en la mesa pero no han firmado la convocatoria a la espera de cómo avancen las negociaciones.

La amenaza de huelga se produce en el contexto del gran atasco judicial registrado tras la huelga de los letrados, que provocó la suspensión de 350.000 actuaciones entre juicios, declaraciones y otras diligencias. Estos funcionarios consiguieron arrancarle al Gobierno una subida salarial de hasta 450 euros al mes que prendió una mecha que alcanza a todos los estamentos de la Justicia.

Los funcionarios de las oficinas judiciales mantienen paros indefinidos desde hace dos semanas y han convocado otras siete jornadas de huelga durante este mes de mayo. Los abogado del turno de oficio también se han movilizado. De llevarse a cabo finalmente, sería la sexta huelga de jueces y la tercera de fiscales en toda la democracia. Aunque la principal novedad es que, en este caso, la convocatoria se ha registrado como indefinida.

La subida salarial de hasta 450 euros al mes que los letrados judiciales consiguieron arrancarle al Gobierno tras dos meses de huelga y miles de juicios suspendidos ha prendido una mecha que alcanza a todos los estamentos de la Justicia. Tras los paros que los funcionarios de las oficinas judiciales mantienen desde hace dos semanas en reclamación de mejoras retributivas, los últimos en sumarse a la petición de mayores salarios son los jueces y fiscales, un gremio no demasiado dado a alzar la voz de manera pública. 

Las asociaciones que cubren el espacio del centroderecha judicial —mayoritarias en ambas carreras— han convocado una huelga indefinida a partir del día 16 de mayo, en plena campaña electoral. El pasado lunes anunciaron su “intención” de promover esta movilización si el Ejecutivo no les presentaba propuestas concretas de mejoras de sueldo en una reunión prevista para el próximo 3 de mayo. Pero este viernes cumplieron con el trámite formal de convocarla a través de sendos escritos enviados al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y la “autoridad laboral competente”. De momento, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales no se han sumado al órdago a la espera de ese encuentro. 

Fuentes de los convocantes consultadas por elDiario.es afirman que el registro de la convocatoria se debe a la voluntad de cumplir con el preaviso de al menos diez días que contempla la legislación. Y también afirman que se desconvocará si el Gobierno hace una propuesta de subida salarial que les resulte satisfactoria. En todo caso, el registro formal aumenta la presión sobre el Ministerio de Justicia, que está teniendo ante este conflicto una actitud mucho menos beligerante de la que mantuvo ante la huelga de letrados.

Entonces, el número dos de Justicia, Tontxu Rodríguez, acusó a los convocantes de promover “una huelga contra el pueblo” y de querer perjudicar a los ciudadanos “con su endiosamiento”. Ahora, la ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha limitado a decir que “no es el momento de adoptar determinadas medidas de presión”. 

En el escrito registrado, jueces y fiscales se quejan de la “pérdida de poder adquisitivo” que vienen “arrastrando” desde 2009 en un contexto de “aumento de la litigiosidad” que atribuyen, entre otros factores, a una “catarata de reformas legislativas” que ha aumentado sus funciones “exponencialmente”. Están, no obstante, entre los funcionarios con retribuciones más altas. En 2023 cobrarán, de media, en torno a 75.000 euros brutos anuales, según los datos que maneja el Gobierno de cara a la negociación.

Esas conversaciones tendrán lugar en la mesa de retribuciones, el órgano legalmente previsto para revisar sus salarios, pues jueces y fiscales no tienen reconocido el derecho a la sindicación ni a la negociación colectiva. En el marco de ese diálogo contarán con el respaldo del CGPJ, que aportará tres representantes, tal y como establece la ley.

En su pleno de este jueves, el órgano de gobierno de los jueces acordó por unanimidad apoyar la subida de sueldo que piden jueces y fiscales y que los vocales que acudan a esa reunión sean los conservadores José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya. También están convocados tres representantes del Ministerio de Justicia, tres del Ministerio de Hacienda, uno de la Fiscalía General del Estado y tres de las asociaciones. 

Los convocantes defienden que llevan “décadas” reclamando que se dé una adecuada respuesta a sus reivindicaciones. Y son especialmente críticos con el hecho de que Justicia desconvocara “sin explicaciones” la última convocatoria de la mesa, el pasado octubre, tras meses de conversaciones. Eso les lleva a constatar la “nula garantía” que, a su juicio, supone que se haya fijado una reunión de ese órgano para la próxima semana. 

“La experiencia nos enseña que se puede desconvocar en cualquier momento. Incluso aunque llegue a celebrarse, si no existe un verdadero propósito de negociar (que el Ministerio aún no ha demostrado) no sería más que otra forma de dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental”, sostenían los convocantes esta semana en un comunicado conjunto. Fuentes del Ministerio de Justicia declinan hacer comentario alguno sobre este conflicto a la espera del resultado de esa reunión. 

La amenaza de huelga lanzada por las asociaciones del centroderecha de la judicatura se produce en el contexto del gran atasco judicial registrado tras la huelga de los letrados, que provocó la suspensión de 350.000 actuaciones entre juicios, declaraciones y otras diligencias. La convocatoria la secundan la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), que agrupan al 47% de la carrera judicial, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).

Limbo legal

De llevarse a cabo finalmente, será la sexta huelga de jueces y la tercera de fiscales en toda la democracia. Aunque la principal novedad es que, en este caso, la convocatoria se ha registrado como indefinida “desde” el 16 de mayo. La convocatoria “permitirá a los jueces secundarla el día que quieran”, según afirmó en una entrevista en El Mundo María Jesús del Barco, presidenta de la APM, conservadora y mayoritaria entre los jueces. Es un esquema similar al que siguieron los letrados de la administración de Justicia. La convocatoria fue indefinida, aunque muchos trabajadores no la secundaron todos los días. De esta manera, podían ejercer la medida de presión —por ejemplo, al secundarla los días de juicio— pero con menor coste salarial.

El derecho a la huelga del tercer poder del Estado está en un limbo legal porque no existe soporte normativo que lo sustente. Tampoco que lo prohíba. Por ejemplo, son los propios huelguistas los que fijan los servicios mínimos. Y en cuatro de las cinco convocatorias previas de huelga quienes las secundaron no perdieron la parte del salario correspondiente a ese día.

Esta detracción, en la que está incluida la parte proporcional de complementos, pagas extras y descansos semanales, es habitual para cualquier trabajador que ejerza su derecho a seguir una convocatoria de paro oficial. Pero supuso una novedad en 2018, cuando el Ministerio de Justicia que entonces dirigía Dolores Delgado (PSOE) acordó que les descontaría el salario por primera vez en la huelga que se convocó en noviembre de ese año. Fue una decisión novedosa, que rompió con la tendencia seguida por el departamento en las otras convocatorias impulsadas en toda la democracia y que tuvo una derivada en los tribunales. 

En 2020, la Audiencia Nacional consideró “disconforme a derecho” la resolución del secretario de Estado de Justicia que había establecido la “deducción proporcional” en las nóminas de los participantes en la huelga. El tribunal especial declaró nula esa resolución y obligó a Justicia a que devolviera el importe descontando al juez que llevó el asunto a los tribunales. La sentencia no entró al fondo del asunto sobre si los jueces deben o no cobrar su salario cuando hacen huelga. El argumento fue que el órgano competente para “acordar descuentos retributivos o deducciones de haberes a los jueces y magistrados” es el CGPJ y no el secretario de Estado. Y, en este caso, el órgano de gobierno de los jueces se limitó a poner en conocimiento del Ministerio de Justicia los datos de quienes participaron en la huelga, pero no adoptó “acuerdo alguno” en relación a las nóminas. 

Las otras huelgas de la democracia

Si finalmente se convoca, Llop se convertirá en la sexta ministra de Justicia de la democracia que tendrá que hacer frente a una huelga de estas características, aunque en la mayoría de estas convocatorias los representantes judiciales han acudido divididos. Así ocurrió en febrero de 2009, en el primer paro total de jueces y fiscales de la democracia. La convocatoria fue auspiciada, en esa ocasión, por la segunda asociación por número de afiliados, Francisco de Vitoria, y por el Foro Judicial Independiente, más minoritario. Entonces era titular de esta cartera Mariano Fernández Bermejo (PSOE), que dimitió apenas una semana después asediado por este conflicto y por las críticas por su cacería con Baltasar Garzón, entonces juez destinado en la Audiencia Nacional. 

Su sucesor, Francisco Caamaño (PSOE), tuvo que hacer frente a otra huelga a los pocos meses de llegar al puesto, en octubre de 2009. En esa ocasión fue convocada únicamente por la conservadora APM. Esta asociación no secundó la siguiente convocatoria, en febrero de 2013. Entonces estaba al frente del Ministerio Alberto Ruiz-Gallardón (PP). La Asociación de Fiscales, del mismo ámbito ideológico, tampoco se sumó en esta ocasión. 

La primera huelga unitaria de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales tuvo lugar en mayo de 2018, cuando Rafael Catalá (PP) era ministro de Justicia. Los jueces protestaron por que no se hubieran aprobado un catálogo de propuestas que habían presentado un año en el Parlamento y los fiscales por que no se hubieran tomado medidas para garantizar su autonomía presupuestaria o la puesta en marcha de un nuevo Estatuto.

La convocatoria unitaria se repitió meses después, en noviembre, ya con Dolores Delgado (PSOE) al frente de ese departamento. Jueces y fiscales reclamaron entonces recuperar el poder adquisitivo perdido durante los recortes y reformas, que se redujera su carga de trabajo, que se modernizara el sistema y que se les dotara de mejores medios materiales para hacer su trabajo. Reclamaciones que entonces ya venían de lejos y que siguen vigentes a día de hoy. 

Las asociaciones que cubren el espacio del centroderecha judicial han comunicado este lunes su “intención de convocar” una huelga indefinida a partir del día 16 de mayo, en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales. El anuncio llega antes de que se celebre junto a los Ministerios de Justicia y Hacienda la mesa en la que se negocian sus salarios, prevista para el 3 de mayo.

Así lo exponen en un comunicado la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, en el que critican el “sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia” y sostienen que el sistema judicial no puede ser eficaz si su labor no se desarrolla en las condiciones retributivas “adecuadas”. 

De momento, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales no se han sumado a la convocatoria, aunque comparten el “diagnóstico”. Optan por esperar a conocer el resultado de la citada reunión a la que los departamentos de Justicia y Hacienda que les han convocado el próximo 3 de mayo. Ese día se reunirá la Mesa de Retribuciones, el órgano legalmente previsto para la revisión de los salarios de las Carreras Judicial y Fiscal. 

En el comunicado, las siete asociaciones de jueces y fiscales afirman que llevan “años” denunciando la falta de dotación suficiente del servicio público que constituye la administración de Justicia. Y muestran su preocupación por las cargas de trabajo de tribunales y fiscalías “que afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía”.

El texto conjunto no contiene peticiones concretas de más dotación de medios o mejores salarios, aunque sus firmantes sí dejan caer que el sistema judicial no puede ser eficaz “si la labor de jueces y fiscales no se desarrolla en condiciones –también retributivas– adecuadas”. En este sentido, las asociaciones expresan su voluntad de llegar a un acuerdo “que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas”. Pero advierten: “No permitiremos, sin embargo, que esa actitud responsable sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda”. 

La movilización de los letrados de la Administración de Justicia –que consiguieron una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes en 2024 tras dos meses en huelga– ha prendido una mecha que se ha ido extendiendo poco a poco por juzgados y tribunales. Los funcionarios de las oficinas judiciales mantienen paros parciales desde hace una semana y el pasado miércoles celebraron una jornada de huelga que dejó los juzgados a medio gas. De hecho, este anuncio se produce en plena negociación entre Justicia y los representantes del personal de los juzgados.

“Este juzgado soporta una excesiva carga de trabajo motivada por la falta de personal. En concreto, faltan tres de cinco tramitadores. Y los que estamos hacemos lo que podemos”. El mensaje está colgado en la ventanilla de un juzgado de lo social de Madrid y parece un buen resumen del estado de ánimo general del sector judicial, levantado en armas en reclamación de mejoras laborales y retributivas. Los últimos en sumarse a las reivindicaciones han sido los funcionarios de las oficinas judiciales, que este miércoles celebraron una jornada de huelga que dejó las sedes judiciales a medio gas. 

Estaban convocados gestores, tramitadores, auxilios, forenses y técnicos de laboratorio. 45.000 funcionarios de todos los cuerpos generales de la Administración de Justicia, de cuyo trabajo dependen muchas de las funciones que se realizan día a día en los juzgados. Los sindicatos convocantes –CSIF, CCOO, UGT y STAJ– cifraron en más del 80% el seguimiento de la jornada de huelga. Un porcentaje que contrasta con el difundido por Justicia, que lo rebajó hasta el 28,39% de los funcionarios pertenecientes a las provincias, ciudades autónomas y órganos centrales gestionados directamente por el Ministerio. El porcentaje oficial es mayor en otros territorios. El Gobierno del País Vasco, por ejemplo, cifró el seguimiento en el 50%.  

La movilización de los letrados de la Administración de Justicia –que consiguieron una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes en 2024 tras dos meses en huelga– ha prendido una mecha que se ha ido extendiendo poco a poco por juzgados y tribunales y que ha llevado incluso a jueces y fiscales a sopesar convocatorias de huelga.

En el caso de los funcionarios, las reivindicaciones son principalmente dos: una subida salarial “digna” y “en línea” con la conseguida por sus jefes en las oficinas judiciales y la negociación de unas funciones adecuadas a la labor que desempeñan. Reclaman, a este respecto, la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que, aseguran, les impone nuevas condiciones laborales sin una negociación previa.

María (nombre ficticio) ha decidido secundar la convocatoria de huelga aunque le ha tocado ser parte del contingente de servicios mínimos. “Los paros no sirven de mucho porque al final acabas sacando el trabajo el resto de la jornada, pero la huelga tenía que hacerla sí o sí. Queremos que se clarifiquen nuestras funciones y que nos retribuyan por lo que realmente hacemos”, afirma. Sus reclamaciones van en línea de las de los sindicatos convocantes: una retribución acorde con su carga de trabajo.

En el juzgado contiguo, otras dos funcionarias, también en servicios mínimos, hacen una petición similar y se quejan de las carencias en materia de personal. Aseguran que la Administración competente –en este caso, la Comunidad de Madrid– tarda hasta año y medio en cubrir vacantes y bajas por enfermedad. “Y ese es un trabajo que nos tenemos que repartir entre los que estamos. No podemos más”, se queja una de ellas, que tampoco quiere ser identificada. 

En las oficinas judiciales los papeles lo inundan todo. Las carpetas desbordan las estanterías y, en ocasiones, se agolpan apiladas sobre el suelo. En este caso se trata de expedientes de despidos o accidentes laborales que llevan meses esperando una respuesta por parte de la Justicia. En uno de los juzgados de lo social de Madrid, su titular está señalando juicios a un año vista. Es el motivo que ha llevado a Marta (otra funcionaria que no quiere que se publique su nombre) a no secundar la huelga. “Estoy aquí por responsabilidad. Mi apoyo es total, pero hay que seguir sacando trabajo adelante. Los ciudadanos llevan ya mucho tiempo esperando”, afirma. 

Manifestación en Madrid

Los representantes de los trabajadores aseguran que los paros parciales que se iniciaron el lunes y, especialmente, la huelga de este miércoles han provocado la suspensión de miles de actuaciones judiciales entre juicios, declaraciones y otras diligencias. En los juzgados, las conversaciones sobre la huelga son habituales en los pasillos, donde los abogados conversan con sus clientes antes de ser llamados a las salas de vistas. De muchas paredes cuelgan carteles de apoyo a la movilización. “Llop, haz caso, de la LOEO al caos hay un paso” o “Ahora sí, está Justicia en huelga”, dicen algunos de ellos. 

“Un juzgado es como una cadena, si alguien falla, se paraliza todo”, dice el abogado Fernando Magarzo, que lamenta los efectos que la huelga de letrados, primero, y la de funcionarios, ahora, está teniendo sobre su sector. “Ya veníamos de una situación complicada después de la pandemia y esto lo empeora todo. Hay mucho atasco en las notificaciones porque los jueces firman los escritos, pero se quedan parados en sus bandejas”, explica. Los funcionarios se encargan de la atención al público y de otros asuntos clave en los juzgados como registrar y tramitar documentos o notificar diligencias, autos y sentencias. Los abogados del turno de oficio también han convocado una manifestación en las inmediaciones del Congreso el próximo 27 de abril, lo que da una idea del alto grado de movilización que vive el sector judicial. 

La jornada de huelga de este miércoles tuvo como acto central una manifestación en Madrid a la que asistieron 10.000 funcionarios llegados de todos los puntos del país, según los convocantes. Entre ellos, estaban los funcionarios María Teresa Olmedo y Albert Capellino, que viajaron desde Valencia junto a otros compañeros. “Queremos que se clarifiquen nuestras funciones y se nos retribuya por ello. Nosotros realizamos el 95% de las funciones de los juzgados”, dice este último. 

Por el momento, la interlocución está abierta. El Ministerio de Justicia ha convocado al comité de huelga este jueves, aunque los sindicatos ya han avisado de que mantendrán su postura si el departamento que dirige Pilar Llop no les presenta una propuesta “concreta”. En todo caso, cualquier salida negociada al conflicto conllevará también la intervención del Ministerio de Hacienda, con la dificultad añadida en este caso de que las nóminas de buena parte de estos funcionarios dependen de las comunidades autónomas. 

El Ministerio de Justicia ha accedido finalmente a dar curso a la petición de auxilio que lanzó hace dos meses el Tribunal Supremo ante la “insostenible situación” que sufre por el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación está pendiente desde hace más de cuatro años. El departamento que dirige Pilar Llop ha decidido aprobar la creación de 15 plazas de letrado para las dos salas jurisdiccionales que suman un mayor número de vacantes, según confirman a elDiario.es fuentes ministeriales. Ni en el órgano de gobierno de los jueces ni en el Supremo consta, por el momento, la “respuesta formal” del Ministerio, afirman sendos portavoces. 

El Alto Tribunal reclamó el pasado febrero que se reforzara el gabinete técnico con jueces de otros tribunales que pudieran hacer borradores de sentencias de índole repetitiva o con jurisprudencia consolidada para poder paliar así la situación del órgano, que tiene un cuarto de su plantilla sin cubrir. El CGPJ se hizo eco de esta reclamación e hizo una petición formal. La ley del Poder Judicial establece que “excepcionalmente” y “por razones coyunturales y debidamente justificadas” Justicia podrá adscribir temporalmente, con el límite máximo de un año, un número adicional de miembros al servicio del gabinete técnico. Este órgano asiste a los jueces en la admisión de asuntos y colabora con la realización de los estudios e informes que se les soliciten. 

En el conjunto del tribunal, las plazas de jueces sin cubrir ascienden a 20 de 79, lo que supone el 25% de sus jueces. Un porcentaje que superará el 30% a final de año, cuando las vacantes se elevarán a 24 si sigue el bloqueo del órgano. Esos puestos no se pueden cubrir porque, desde marzo de 2021, la ley impide al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando, como sucede ahora, está en funciones. Hasta entonces, un órgano caducado y con una correlación de fuerzas que nada tiene que ver con la actual realidad parlamentaria había hecho 74 nombramientos en puestos clave. 

Los socios del Gobierno defendieron que tras esa reforma estaba la necesidad de acabar con un vacío legal, pues hasta entonces la única competencia que no podía ejercer el CGPJ en funciones era nombrar a un nuevo presidente. Pero detrás de su aprobación estaba también el intento de aumentar la presión para que el PP accediera a renovar el órgano tras varios intentos fracasados. El bloqueo se ha mantenido a pesar del cambio legal y las consecuencias de esta parálisis ya se dejan ver en los tribunales tras dos años de imposibilidad legal de que se cubran las vacantes de jueces. 

La estimación del Supremo es que este año se dictarán unas 1.230 sentencias menos en las dos salas más afectadas por las vacantes. Serán 570 menos en la de lo Contencioso, la que dirime, entre otros, los pleitos que afectan al Gobierno; y 660 menos en la de lo Social, que se ocupa principalmente de asuntos de índole laboral. Son las dos salas que el Alto Tribunal pidió reforzar con ocho y siete plazas de letrado “cubiertas preferentemente” por magistrados de esas jurisdicciones en comisión de servicios y con retribución de letrado coordinador.

El Supremo pidió que esos magistrados hicieran labores de apoyo en la fase de decisión, donde se genera el cuello de botella más relevante. La intención es que elaboren bajo la supervisión de los ponentes los borradores de sentencias de índole repetitiva o con jurisprudencia estable y consolidada. En esas dos salas hay 15 plazas sin cubrir. Es una situación “crítica”, según recogió un informe del director del gabinete técnico del Supremo realizado a petición del CGPJ. 

El procedimiento para elegir a estos letrados se iniciará cuando llegue la comunicación “formal” del Ministerio de Justicia, que es quien financia estas plazas. Será entonces cuando la Sala de Gobierno del Supremo pueda hacer la convocatoria de las plazas y elegir a los candidatos de su preferencia, siempre que cumplan sus requisitos. De ahí saldrá una lista de 15 aspirantes que tendrán que tener la aprobación de la comisión permanente del CGPJ, el núcleo duro del órgano formado por cuatro vocales conservadores y tres progresistas. Las fuentes jurídicas consultadas sostienen que se trata de plazas muy codiciadas especialmente entre los jueces, pues les permiten agrandar su currículo y establecer contactos muy relevantes de cara a futuros nombramientos. 

La decisión del Supremo elevará la factura del bloqueo del órgano. Según el departamento que dirige Pilar Llop, desde 2021 ya se han invertido 1,3 millones de euros en reforzar el Supremo. Principalmente, por la incorporación de 17 letrados al gabinete técnico. En el citado informe, el director del gabinete técnico del Alto Tribunal sostenía que la propuesta de dotación de estas 15 nuevas plazas no implica ningún coste económico suplementario por encima de las previsiones presupuestarias ordinarias, pues vendrían a suplir el vacío dejado por unas plazas no cubiertas que no han devengado las retribuciones que les corresponden. También insistía en que la retribución de estos letrados es “claramente inferior” a la de los magistrados del tribunal.

Pleno monográfico sin acuerdo

El mayoritario bloque conservador del CGPJ celebra la decisión de Justicia de atender la reclamación del Supremo. Los vocales elegidos en su día a propuesta del PP han sido especialmente beligerantes con la norma que les impide hacer nombramientos en funciones y que el PP y Vox impugnaron ante el Tribunal Constitucional. El tribunal de garantías todavía no ha deliberado sobre este recurso.

La respuesta a los problemas que la parálisis del órgano está provocando en la cúpula judicial ha centrado en los últimos meses parte del debate entre los miembros del órgano. Incluso se llegó a aprobar un pleno monográfico sobre este asunto que acabó sin acuerdo alguno por el choque entre los vocales. 14 de los 18 consejeros mostraron su disposición a llevar a cabo alguna iniciativa que evidenciara los efectos de la parálisis pero no hubo acuerdo ni en el qué ni en el cómo. 

La comisión permanente propuso instar al Congreso y al Senado a renovar la institución y, en caso de no producirse, reclamar la modificación de la ley del Poder Judicial para que se les devolviera la “atribución” de hacer nombramientos. Su texto también insistía en que esa reforma está generando “gravísimos perjuicios” a la tutela judicial de los ciudadanos. 

Esa iniciativa sólo recibió siete votos (cuatro progresistas y tres conservadores). Esa votación evidenció el distanciamiento en el bloque conservador. Cinco de sus miembros –los que suelen tener posiciones más críticas con el Gobierno– la calificaron de “inútil”, “decepcionante” e “insuficiente” y dijeron que suponía adoptar una “actitud complaciente” con quienes “socavan los fundamentos del Estado de derecho”, en alusión a los partidos que promovieron la reforma que impide al CGPJ en funciones renovar la cúpula judicial. 

Es el mismo grupo que lideró durante el pasado otoño el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, retrasando el cambio de mayorías a una progresista, o que buscó un nuevo choque con el Gobierno a raíz de la reforma del delito de sedición. Sus últimos movimientos están relacionados con la ley del 'solo sí es sí'. Precisamente esta semana se han vuelto a filtrar datos provisionales sobre las revisiones de penas a delincuentes sexuales en aplicación de esta norma: un total de 943 sentencias rebajadas, según unas cifras que todavía son provisionales y que no incluyen información de cuatro tribunales autonómicos y otras cuatro audiencias provinciales. 

63 días, ocho reuniones —una de ellas de 17 horas— y 350.000 juicios y vistas suspendidos después, los letrados de la administración de Justicia y el Ministerio que dirige Pilar Llop llegaron el 28 de marzo a un acuerdo para poner fin a la huelga que ha detenido buena parte de la actividad judicial en las últimas semanas. Tras la resolución del conflicto, la gran pregunta es ahora cómo remontar el trabajo acumulado. O, en palabras de un magistrado, cómo abordar el “gigante estropicio” generado en estos meses de parón. Y todo ello, además, con la perspectiva de una nueva ola de protestas de otros trabajadores del ámbito de la Justicia que también reclaman mejoras salariales. 

Los 45.000 funcionarios están llamados a secundar paros parciales desde mediados de abril, mientras que jueces y fiscales también han anunciado “medidas de presión” aunque no las han detallado por el momento. Es este el escenario en el que una administración lastrada por sus insuficientes recursos, y que sigue teniendo pendiente su modernización, se verá obligada a afrontar la tarea titánica de ponerse al día con procedimientos que acumulaban ya un gran retraso por la saturación endémica de los juzgados. 

Las cifras son mareantes. Se han suspendido más de 350.000 actuaciones entre juicios, declaraciones y otras diligencias. Las demandas pendientes de repartir superan las 400.000. Y hay más de 1.280 millones de euros bloqueados en las cuentas de consignación. Son los números que ha facilitado el comité de huelga, porque en dos meses de paros el Ministerio de Justicia no ha ofrecido datos oficiales de su impacto. 

Cuando se aterrizan estos datos en juzgados concretos la perspectiva tampoco es mejor, aunque hay situaciones muy desiguales. La gran diferencia la marca, principalmente, si el letrado asignado a ese órgano judicial ha secundado o no los paros y en qué medida. La jueza Beatriz Martínez, titular de un juzgado de Primera Instancia de Móstoles (Madrid), califica la situación de “catastrófica”. El balance de la huelga en su juzgado es de 82 juicios suspendidos y otros 70 pendientes de señalar de asuntos que ha ido tramitando en estos dos meses. “En circunstancias normales ya tenemos una sobrecarga grande y trabajar con esta avalancha nos genera un gran problema”, sostiene. 

Martínez trata estos días de recolocar estas vistas en una agenda muy congestionada: los primeros huecos libres están en el primer trimestre de 2025. Es decir, a casi dos años vista. No obstante, reconoce la “excepcionalidad” de su partido judicial, que lleva años recibiendo en masa las reclamaciones de clientes del Banco Santander. La sede de la entidad que dirige Ana Botín está ubicada en Boadilla del Monte, a sólo una decena de kilómetros, y pertenece al partido judicial de Móstoles. 

La huelga ha dejado dos centenares de demandas sin repartir en los seis juzgados de esta localidad madrileña, según datos aportados por esta jueza. De ahí saldrán procedimientos a los que habrá que dar curso y que contribuirán a congestionar más sus agendas. Los juzgados de Primera Instancia, que se encargan de resolver conflictos de índole civil, no están entre los que mayor saturación muestran en las estadísticas que publica anualmente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La media de resolución de sus asuntos estuvo en ocho meses y medio el año pasado. Los tiempos medios de espera se elevaron hasta los 11,2 meses en los juzgados de lo Social, donde se dirimen despidos, accidentes laborales o reclamaciones a la Seguridad Social. 

El juez Antonio Rodríguez, titular del Juzgado de lo Social 3 de Córdoba, ha tenido que aplazar un centenar de juicios por la huelga. En su caso, la letrada secundó sólo el primer mes de paros, lo que le permitió recolocarlos antes de septiembre porque suele organizarse la agenda anual de forma que libera de señalamientos la segunda quincena de julio y la primera de septiembre, precisamente para cubrir posibles eventualidades. 

En todo caso, reconoce que en los próximos meses su juzgado será “menos eficiente”. Sobre la mesa tiene pendientes 213 demandas presentadas desde el inicio de la huelga y que no se habían podido repartir. Rodríguez cree que, junto a los abogados, los grandes perjudicados están siendo los funcionarios. “Si no se hace un sobreesfuerzo en las primeras semanas o meses no se va a poder llegar a todo”, afirma. Y, todo ello, con la perspectiva de nuevas protestas a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. 

Los efectos de la huelga también se dejan notar en los juzgados de instrucción, en los que se celebran juicios por delitos leves y declaraciones de imputados, testigos, peritos… A Luis Enrique García, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santander, le preocupa especialmente que se puedan acabar generando espacios de “impunidad”. “Nosotros estamos sometidos a plazos, que han seguido corriendo. Tengo que estar muy atento para que no se me pase ninguno”, sostiene. Una tarea a la que pone toda su atención mientras intenta recolocar los sesenta juicios suspendidos, las alrededor de diez declaraciones que ha aplazado cada día y dar curso al medio centenar de asuntos que le han notificado tras el fin de la huelga. “Es un taco impresionante de papel. El estropicio es gigante”, dice. 

Las medidas excepcionales

En este contexto, son cada vez más las voces que reclaman medidas excepcionales para recuperar el trabajo acumulado. El Ministerio de Justicia ha constituido un grupo de trabajo con las autonomías, la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para abordar la vuelta a la normalidad de la actividad judicial, aunque todavía no se han puesto medidas concretas encima de la mesa. No será fácil porque supone poner de acuerdo a todas las autoridades competentes —Ministerio y autonomías— y debe pasar también por la mesa de negociación con los trabajadores. 

“Hace falta un plan, pero no a coste cero”, dice el magistrado García. La jueza Martínez, por su parte, cree que esas medidas tienen que contemplar jueces de refuerzo pero también funcionarios, a los que considera los “grandes olvidados”. En 2008, con Mariano Bermejo como ministro, Justicia tuvo que poner en marcha un plan de actuación con prolongaciones de jornada y apertura de los juzgados por las tardes para poner al día la tramitación de asuntos tras más de dos meses de huelga de los funcionarios judiciales.  

Es el mismo cuerpo de gestores, tramitadores, auxilios, forenses o técnicos de laboratorio que están llamados ahora a paros parciales indefinidos desde el próximo 17 de abril y convocados a una huelga general el 19. Luis Calero, secretario general del sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO, afirma que los sindicatos no participarán en la elaboración de ningún plan de choque “mientras no se haya resuelto el conflicto”. 

“Las movilizaciones están más que justificadas porque el Gobierno ha tratado como funcionarios de segunda al 93% del personal —que lleva el peso fundamental del trabajo— al elevar las retribuciones de solo el 7% restante”, sostiene en alusión a los letrados, que han conseguido arrancar una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes en 2024. 

Los sindicatos de funcionarios reclaman incrementos retributivos de 430 euros mensuales para médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología (grupo A1), de 400 euros para gestores y técnicos especialistas de laboratorio (grupo A2), de 375 euros para tramitadores y ayudantes de laboratorio (grupo C1) y de 350 euros mensuales para los auxilio (grupo C2). “El atasco de la Administración de Justicia es endémico. Esperamos que el ministerio sea consciente de que no puede subir solo las retribuciones de parte de los funcionarios y se acaben evitando estas movilizaciones que, sin duda, empeorarían la situación”, añade Calero. 

También barajan protestas jueces y fiscales, aunque todavía no han concretado en qué sentido. Los representantes de ambos colectivos sí coinciden en calificar de “decepcionante” o “desalentadoras” las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia en los últimos días para abordar mejoras retributivas. Las cuatro asociaciones de jueces se reunirán la semana que viene para abordar ese posible calendario de movilizaciones, explica el juez Edmundo Rodríguez, integrante del Secretariado de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. 

La mesa de retribuciones —el único instrumento legal previsto para abordar las condiciones profesionales de la carrera judicial y fiscal, y en el que debe estar presente el Ministerio de Hacienda— no se ha convocado, aunque hay un compromiso por parte del departamento que dirige Pilar Llop de que se celebre antes del 10 de mayo. Es ahí donde se debatirán sus posibles aumentos de sueldo. Los frentes se le multiplican al Ministerio de Justicia en un período particularmente sensible, a menos de dos meses de las elecciones municipales y autonómicas. 

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado este sábado que aboga por tipificar la gestación subrogada como un delito de trata de seres humanos. En una entrevista en la Cadena Ser Andalucía, ha señalado que “la cuestión de los vientres de alquiler es una vulneración de Derechos Humanos de mujeres, niños y niñas”, a raíz de la polémica que ha salido a la luz esta semana con el caso de Ana Obregón.

“Esto va enlazado con el tema de la prostitución. Son prácticas que se producen en países donde en muchas ocasiones se producen violaciones de Derechos Humanos y no hay garantías para esas madres que gestan y en este sentido lo que he propuesto en Estocolmo en una Conferencia de la Presidencia Sueca de la UE ha sido tipificar como delito de trata de seres humanos las adopciones ilegales”, ha continuado.

“Esto lo digo porque debemos enlazarlo con lo que ocurre en Rusia, donde aproximadamente 16.000 niños y niñas han sido deportados a Rusia y esto ha dado lugar a una orden de arresto contra Putin, por un lado. Por otro lado, sabemos que se están produciendo adopciones ilegales que lo que hacen es enmascarar, a través de la llamada eufemísticamente gestación por sustitución, lo que es tráfico ilegal de niños y adopciones ilegales”, ha añadido.

Para Llop, abrir la vía a que estas prácticas sean consideradas un delito muy grave como es el de la trata de seres humanos, “va a permitir ser mucho más contundentes contra esta práctica violenta contra las mujeres”.

Además, en un encuentro con medios de comunicación en Sevilla este viernes, la ministra sostuvo que el PP “tiene un problema evidente con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer” tras esgrimir que “tiene un problema con el aborto y ahora con los vientres de alquiler” para advertir de que “no se pueden tratar los cuerpos de las personas como si fueran un producto de consumo más y me refiero tanto a los vientres de alquiler como a la prostitución”.

“Sabemos que los intermediarios utilizan las mujeres en otros países del mundo para hacer traslados de niños y que enmascaran como adopciones y también como gestaciones subrogadas, como vientres de alquiler”, explicó la ministra sobre los pasos legales de “este compromiso del Gobierno de tipificar un delito nuevo de adopciones ilegales como de trata de seres humanos”, un hecho que ha situado en países donde “los vientres de alquiler se enmascaran como adopciones, que son adopciones ilegales”, por lo que reclama que “no nos confundamos y respetemos los derechos de las mujeres y los niños”.

La ministra de Justicia, en sus críticas hacia los planteamientos del PP, expresó también su confianza en que “espero que el PP no tenga un problema a la hora de abordar la abolición de la prostitución durante la Proposición de Ley que hay en el Congreso y que en ese caso no haga como con los vientres de alquiler, que parece que está de acuerdo con esta práctica que atenta contra los derechos de la mujer y los niños”.

La huelga de los letrados de la administración de Justicia se acerca a su final tras más de dos meses y la suspensión de más de 350.000 juicios y vistas. Las asambleas convocadas por el comité de huelga han respaldado de forma mayoritaria la propuesta del Ministerio de Justicia, que contempla una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes en 2024 para estos funcionarios. Han votado 2.013 letrados, de los que 1.524 (el 76%) han respaldado la propuesta. 421 han votado en contra y 68 se han abstenido, según los datos difundidos por los convocantes de este paro que se inició el pasado 24 de enero. 

La propuesta de la Administración establece un “complemento de eficiencia” que varía en función de las atribuciones de estos funcionarios, que se alcanzará de manera gradual hasta julio del año que viene y que tiene carácter “consolidable”. Las partes se han citado este martes a las 11 horas para sellar el acuerdo y poner fin al paro. “La entidad de las tareas que se nos han encomendado se reconocen con una propuesta que no llega a donde nos gustaría a todos, pero que valoramos en beneficio del servicio público que prestamos”, ha valorado el comité de huelga en un comunicado.

Para el 94% de los letrados la subida prevista en 2024 es de 430 euros al mes. Son los 3.871 funcionarios que no tienen oficina judicial y los 234 destinados en las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD). La subida alcanzará los 440 euros el año que viene para los 158 funcionarios (3%) destinados en los Servicios Comunes Procesales (SCP) y llegará a los 450 para los 116 letrados (3%) que ejercen en las secretarías de Gobierno, de Coordinación Provincial y en las direcciones de servicio común. 

Según la propuesta, el 40% del incremento mensual —172, 176 y 180 euros, respectivamente— tendrá efecto retroactivo desde pasado enero. Las mismas cantidades se sumarán en enero de 2024. Y el 20% restante —86, 88 y 90 euros— se añadirá a las nóminas a partir de julio de 2024. Justicia justifica la propuesta de subida por las nuevas responsabilidades que tendrán que asumir estos funcionarios “en los distintos proyectos de eficiencia”. Particularmente, en la implantación de los tribunales de instancia. 

Esta propuesta de acuerdo se produce tras una semana de intensas negociaciones entre las partes. El paro ha provocado la suspensión de más de 350.000 actuaciones judiciales entre juicios, declaraciones y otras diligencias, según datos de los convocantes. Una situación que, sin duda, contribuirá a incrementar el estado de saturación endémica que ya viven juzgados y tribunales. 

Dos meses de huelga

La labor de los 4.379 letrados de la administración de Justicia es clave en juzgados y tribunales. Estos altos funcionarios –pertenecen al grupo A1, el mismo que jueces y fiscales– dirigen la oficina judicial, impulsan los asuntos, dictan resoluciones y gestionan las cuentas desde las que se abonan pensiones alimenticias, embargos o indemnizaciones, que tienen un saldo medio de 4.500 millones de euros. También actúan como fedatarios públicos en las vistas. En los registros civiles celebran bodas, tramitan los expedientes matrimoniales previos o dan fe de las juras de nacionalidad. 

El conflicto que ahora le ha estallado a la ministra Pilar Llop se remonta a hace más de una década, cuando una reforma procesal aligeró en 2009 las tareas de los jueces y aumentó en un 30% las competencias a los letrados, aunque sin aumentar su retribución. Tras 12 años esperando una adecuación salarial, Justicia y los sindicatos acordaron en abril de 2022 mejorar el régimen retributivo de estos funcionarios a través de un complemento de 195 euros brutos mensuales, lo que supone un aumento del 5,26% en su salario anual. 

Después de esperar más de una década, las asociaciones convocantes consideraron insuficiente la citada subida de 195 euros mensuales. En estas semanas de negociaciones, Justicia ha rechazado la petición formulada por los promotores de que se implante la llamada “cláusula de enganche”, con la que pretenden que cada letrado cobre el 85% de lo que perciben los jueces de sus respectivos órganos judiciales. Han reclamado, además, que la masa salarial del cuerpo de letrados no pueda ser inferior al 85% de la masa salarial de la carrera judicial. Finalmente, el departamento que dirige Llop ha propuesto el citado “complemento de eficiencia”. 

Tras la resolución del conflicto es el momento de abordar la situación en la que han quedado juzgados y tribunales tras más de dos meses de huelga. En las últimas semanas, varios tribunales autonómicos ya habían reclamado planes de refuerzo para compensar el impacto de la huelga. Es el caso de Asturias, Murcia o Andalucía, que han pedido a Justicia que libere los recursos necesarios. En 2008, con Mariano Bermejo como ministro, Justicia tuvo que poner en marcha un plan de actuación con prolongaciones de jornada y apertura de los juzgados por las tardes para poner al día la tramitación de asuntos tras más de dos meses de huelga de los funcionarios judiciales.   

CCOO critica el acuerdo

El sindicato CCOO considera un “atentado a la dignidad del resto de cuerpos” el acuerdo alcanzado entre Justicia y los letrados y propone a los funcionarios judiciales iniciar “contundentes movilizaciones” en el sector, incluida una huelga, para que los incrementos salariales acordados para los letrados se extiendan a todos los cuerpos funcionariales.

En un comunicado, la organización sindical denuncia que el departamento que dirige Llop haya negociado con las asociaciones profesionales de los letrados y no con los sindicatos en la mesa sectorial. Y también solicita la paralización de la tramitación en el Congreso del proyecto de ley de eficiencia organizativa —que utiliza Justicia para justificar la subida salarial— hasta que no se garanticen los puestos y las condiciones de trabajo de los distintos cuerpos de funcionarios del sector.

“Como antiguos opositores somos persistentes, insistentes y resilientes”. La advertencia la hizo hace unos días en una rueda de prensa en el salón de actos del edificio que alberga los juzgados de instrucción de Madrid el letrado de la administración de Justicia Juan José Yáñez, uno de los rostros públicos de este colectivo en su pulso con el Ministerio de Justicia en reclamación de mejoras salariales. El aviso parece cumplirse. La huelga indefinida que estos funcionarios iniciaron el pasado 24 de enero camina ya hacia su séptima semana y no hay visos de que el conflicto vaya a resolverse a corto plazo. 

Las negociaciones entre el departamento que dirige Pilar Llop y los representantes de los letrados están estancadas. Tras acabar sin avances las dos reuniones celebradas esta semana, las partes iniciaron un intercambio de correos electrónicos que tampoco ha dado frutos. Este viernes, el comité de huelga comunicó que no hará más propuestas hasta que vuelva a reunirse la mesa de negociación. El paro ya ha provocado la suspensión de más de 200.000 actuaciones judiciales entre juicios, declaraciones y otras diligencias, según datos de los convocantes. Una situación que, sin duda, contribuirá a incrementar el estado de saturación endémica que ya viven juzgados y tribunales, coinciden distintos profesionales del ámbito de la Justicia consultados por elDiario.es. 

La labor de los 4.422 letrados de la administración de Justicia es clave en juzgados y tribunales. Estos altos funcionarios –pertenecen al grupo A1, el mismo que jueces y fiscales– dirigen la oficina judicial, impulsan los asuntos, dictan resoluciones y gestionan las cuentas desde las que se abonan pensiones alimenticias, embargos o indemnizaciones, que tienen un saldo medio de 4.500 millones de euros. También actúan como fedatarios públicos en las vistas. En los registros civiles celebran bodas, tramitan los expedientes matrimoniales previos o dan fe de las juras de nacionalidad. 

Los promotores valoran el seguimiento de los paros en torno al 80%, una cifra que en Justicia rebajan de forma considerable. Según el Ministerio, el seguimiento del pasado jueves fue del 24% sobre el total de la plantilla y del 34% si se restan los funcionarios que están de servicios mínimos. En todo caso, las consecuencias se dejan ver en las sedes judiciales y registros civiles de toda España.

“Los juicios de hoy están suspendidos con motivo de la huelga de letrados”, recoge un cartel pegado con una chincheta en el tablón del Juzgado de lo Social 37 de Madrid. Solo en esta sede, donde hay 41 juzgados de lo Social en los que cada día se abordan decenas de procedimientos por despidos o accidentes laborales, se están suspendiendo alrededor de 60 juicios diarios desde que empezó la huelga. Los efectos de la movilización también son visibles en los registros civiles. En algunos, como en el de Palma, en Mallorca, las citas para juramento están paralizadas desde hace más de un mes.

Agendas saturadas

El juez Antonio Rodríguez, titular del Juzgado de lo Social 3 de Córdoba, ha tenido que aplazar un centenar de juicios porque la letrada de este órgano ha secundado la huelga. Hasta el momento ha podido recolocarlos antes de septiembre porque suele organizarse la agenda anual de forma que libera de señalamientos la segunda quincena de julio y la primera de septiembre, precisamente para cubrir posibles eventualidades. 

“Pero a partir de ahora ya sí que no tengo hueco. Si la situación se mantiene, lo que se suspenda se irá a dentro de un año”, dice este juez, que afirma que en estas semanas también han entrado en su juzgado alrededor de un centenar de demandas que están pendientes de admitir. En todo caso, afirma que no incrementará su ritmo de trabajo por la incidencia de la huelga. “Ya es muy fuerte y no puedo aumentarlo. Los funcionarios [de la oficina judicial] también están anticipando trabajo, pero puede haber un colapso de notificaciones cuando se reincorpore la letrada”, vaticina. 

La jueza Raquel Catalá, titular del Juzgado Contencioso-Administrativo 29 de Madrid, también teme un nuevo aluvión en una administración que ya vive una situación de saturación endémica y que no termina de iniciar el proceso de modernización y aumento de recursos. Especialmente, tras el “esfuerzo total” que supuso ponerse al día tras el parón de la pandemia. En los 34 juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid las demandas sin repartir alcanzan las 1.900. “Ya estamos señalando para dentro de más de un año. Y después vendrá todo esto”, explica. Según las cifras oficiales, los asuntos penales tardan 14 meses de media en resolverse. En la jurisdicción social la media está en casi un año. 

En el juzgado de la jueza Catalá, las demandas sin repartir superan el medio centenar. Es la principal afectación que está sufriendo como consecuencia de la huelga porque la letrada adscrita no la está secundando. Sin embargo, los funcionarios sí están notando que entran menos escritos de lo habitual, por lo que temen que se pueda acabar produciendo ese efecto de aluvión cuando se resuelva una situación que se está “alargando mucho en el tiempo”, en palabras de la magistrada. 

“Se están acumulando miles de demandas. Va a llegar un momento en que no va a caber en la agenda todo lo pendiente. Hay un problema endémico de fondo pero parece que a nadie le importa”, lamenta, por su parte, Estrella Hormazábal, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Oviedo. Hormazábal, que está secundando la convocatoria de huelga, vaticina un verdadero tapón que ni siquiera será comparable con la pandemia. “Entonces sólo hacíamos lo urgente, pero no entraban cosas porque estaba todo parado. En medio año lo solucionamos, ahora no va a ser así”, sostiene. 

La situación es tal que varios tribunales autonómicos ya están reclamando planes de refuerzo para compensar el impacto de la huelga. Es el caso de Asturias, Murcia o Andalucía, que han pedido a Justicia que libere los recursos necesarios. En 2008, con Mariano Bermejo como ministro, Justicia tuvo que poner en marcha un plan de actuación con prolongaciones de jornada y apertura de los juzgados por las tardes para poner al día la tramitación de asuntos tras más de dos meses de huelga de los funcionarios judiciales.  

En las sedes judiciales las conversaciones sobre la huelga también son habituales en los pasillos, donde los abogados conversan con sus clientes antes de ser llamados a las salas de vistas. “La incertidumbre es total. No nos enteramos de si hay o no juicio hasta la hora en la que está señalado. Parece que nuestro tiempo no importa”, lamenta el abogado Mauricio González, que tiene su despacho en Marbella (Málaga). A mediados de febrero recomendó a los letrados avisar de las suspensiones para evitar “desplazamientos innecesarios”, aunque no todos los están haciendo. 

Juicios sin letrado 

Entre tanto, el pasado martes, el titular del Juzgado de lo Social 1 de León acordó celebrar hasta siete juicios a pesar de que la letrada judicial del órgano estaba ejerciendo la huelga y no eran procedimientos incluidos en los servicios mínimos. En un auto, el magistrado explicó que tomaba esa decisión tras haberlo “solicitado” las partes y tras ponderar los derechos en juego: el derecho a la huelga y los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas. Argumentó, entre otras cuestiones, que la celebración del acto de juicio “no requiere de la presencia física” del letrado, que podría firmar digitalmente la grabación registrada a través del programa oficial e-Fidelius cuando se acabe la huelga. 

El magistrado Rodríguez admite que esta decisión ha sido durante los últimos días objeto de debate entre los jueces. Él considera que, con la ley en la mano, no se pueden celebrar juicios sin la presencia de estos funcionarios. “Parece que alguno quiere que los jueces tomemos decisiones para dar una solución a esta situación. Pero los jueces ni somos el problema ni podemos ser la solución”, añade.

La magistrada Catalá también cree que es un terreno pantanoso. Considera que puede ser un motivo para alegar indefensión por la parte que pierda el pleito y cree que también puede haber problemas si, por cualquier circunstancia, hay algún incidente con la grabación y el letrado no puede dar fe de ella. 

Aumento de competencias

El conflicto que ahora le ha estallado a la ministra Llop se remonta a hace más de una década, cuando una reforma procesal aligeró en 2009 las tareas de los jueces y aumentó en un 30% las competencias a los letrados, aunque sin aumentar su retribución. Tras 12 años esperando una adecuación salarial, Justicia y los sindicatos acordaron en abril de 2022 mejorar el régimen retributivo de estos funcionarios a través de un complemento de 195 euros brutos mensuales, lo que supone un aumento del 5,26% en su salario anual. 

En Justicia afirman que el salario de los letrados crecerá de media un 14,76% en los próximos tres años gracias a esta subida y el alza que con carácter general van a experimentar los sueldos de los funcionarios. Según datos de este departamento, los letrados cobran entre 39.011,80 y 60.826,79 euros brutos anuales, lo que supone entre un 80% y un 145% más que otros funcionarios de la Administración General del Estado de sus mismos niveles. 

Después de esperar más de una década, las asociaciones convocantes consideran insuficiente la citada subida de 195 euros mensuales. Y reconocen que esta cifra está en el origen de las reivindicaciones de los últimos meses, que han incluido otras cuatro convocatorias de huelga hasta llegar al actual paro indefinido. Justicia rechaza la petición formulada por los promotores de que se implante la llamada “cláusula de enganche”, con la que pretenden que cada letrado cobre el 85% de lo que perciben los jueces de sus respectivos órganos judiciales. Reclaman, además, que la masa salarial del cuerpo de letrados no pueda ser inferior al 85% de la masa salarial de la carrera judicial. 

“Esta no es una huelga de trabajadores que quieren llegar a fin de mes o que peligran sus puestos de trabajo. Es una huelga de personas privilegiadas”, ha llegado a decir el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez. El ‘número dos’ de Llop ha comparado a los letrados con el el colectivo de controladores aéreos, cuyo plante masivo durante el puente de la Constitución de 2010 llevó al Gobierno a declarar el estado de alarma y a militarizar el control del tráfico aéreo. 

El único ofrecimiento que ha hecho Justicia es relativo a la revisión de los llamados grupos de población para mejorar la retribución de los letrados destinados en lugares con menos habitantes y que cobran sueldos menores. Ha ofrecido subidas salariales para un total de 1.906 letrados pertenecientes a los grupos III, IV y V, con aumentos que, en más de 700 casos, alcanzan los 5.000 euros anuales, según cifras ofrecidas por el departamento que dirige Llop. El comité de huelga rechaza esta propuesta con el argumento de que solo afecta a un tercio de los letrados y que, para la mitad de estos, la subida salarial será de sólo 10 euros mensuales. 

Juan José Yáñez, miembro de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) e integrante del comité de huelga, lamenta que el Ministerio esté instalado en lo que define como una “táctica de desgaste”. “Quieren ir alargando el conflicto para que la gente eche cuentas de lo que le supone económicamente y lo que le va a suponer después recuperar el juzgado. Pero vamos a seguir”, afirma. “Hemos dado el golpe y la gente está unida. Ya es una cuestión de dignidad”, sentencia la letrada Hormazábal. 

Los letrados de la administración de Justicia mantienen la huelga indefinida que iniciaron el pasado 24 de enero. Así lo han confirmado los representantes del comité de huelga en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Madrid, en la que se ha evidenciado que el conflicto sigue totalmente enconado a dos días de que se celebre la segunda reunión con el Ministerio de Justicia.

“Estamos en huelga porque el Ministerio de Justicia nos ha engañado por lo menos tres veces”, ha afirmado el letrado Juan José Yáñez, miembro de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) e integrante del comité de huelga. Hasta el momento, la huelga indefinida que estos funcionarios mantienen desde hace casi un mes ha provocado la suspensión de decenas de miles de actuaciones judiciales entre juicios, declaraciones y otras diligencias. 

Los convocantes aseguran que irán a la cita con los representantes del departamento que dirige Pilar Llop con “ánimo constructivo”. No obstante, advierten de que como antiguos opositores son “persistentes” y “resilientes” y seguirán con el paro “el tiempo que sea necesario” hasta conseguir sus objetivos de “adecuación salarial”. La semana pasada,  ante la “previsión del alargamiento de la situación de conflictividad”, instaron a sus compañeros a expedir el pago de pensiones y a celebrar bodas, labores que realizan estos funcionarios y cuya paralización está generando grandes perjuicios en los ciudadanos. 

Ante los medios, Yáñez ha reconocido que la huelga está causando un “daño enorme”, pero ha acusado al Ministerio de Justicia de no hacer “gran cosa” para rebajar la tensión. La movilización se inició con el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, acusando a los letrados de estar “endiosados” y de promover una huelga “contra el pueblo, sin finalidad profesional”. Los convocantes, por su parte, llegaron a pedir el cese de Llop por decir que no anotan las sentencias revisadas tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'. 

Hasta el momento, Justicia rechaza la petición formulada por los promotores de que se implante la llamada “cláusula de enganche”, con la que pretenden que cada letrado cobre el 85% de lo que perciben los jueces de sus respectivos órganos judiciales y que, además, la masa salarial del cuerpo de letrados no pueda ser inferior al 85% de la masa salarial de la carrera judicial. “Esta no es una huelga de trabajadores que quieren llegar a fin de mes o que peligran sus puestos de trabajo. Es una huelga de personas privilegiadas que cobran entre 40.000 y 60.000 euros al año”, dijo el secretario de Estado el pasado viernes tras la primera reunión entre ambas partes. 

El ‘número dos’ de Llop rechazó la propuesta de los convocantes por suponer “dos subidas salariales” para un colectivo que de media verá crecer sus salarios un 14,76% en los próximos tres años gracias una subida de 195 euros brutos acordada en abril de 2021 y al alza que con carácter general van a experimentar los sueldos de los funcionarios. 

Los convocantes, sin embargo, defienden que Justicia les ha engañado “por lo menos tres veces”. Según ha explicado Yáñez, la primera vez fue en 2009, cuando una reforma procesal aumentó las competencias de los letrados, aunque sin aumentar su retribución. “Las funciones llegaron y se ampliaron y llegaron otras. Lo que no llegaba era el momento de la adecuación. Seguíamos igual. Nadie tenía la intención de adecuarnos”, ha explicado. 

Tras 12 años esperando una adecuación salarial, Justicia y los sindicatos acordaron en abril de 2021 mejorar el régimen retributivo de estos funcionarios a través de un complemento de 195 euros brutos mensuales, lo que supone un aumento del 5,26% en su salario anual. Pero los convocantes defienden que aquello “ni fue adecuación ni fue justa”. A este respecto, Yáñez ha recordado que aquello motivó varias convocatorias de huelga y que las desconvocaron en abril de 2022, cuando el ministerio les prometió mejoras, incluida la cláusula de enganche a los jueces. 

“Se lo pedimos por escrito. Nos lo mandaron por escrito y desconvocamos la huelga (...) Era un engaño”, han añadido. Según ha explicado, aquel acuerdo contemplaba suprimir los grupos de población IV y V —en los que ahora están los letrados destinados en lugares con menos habitantes y con sueldos menores— y reconocer la denominada cláusula de enganche a los jueces, que les permitiría cobrar un sueldo equivalente al 85% del salario de un juez, cuando su retribución actual esté en torno a un 70%. “Pero llegó septiembre y no se había hecho nada. Entonces empezamos a pedir explicaciones. Y no nos convocaron más ni nos devolvieron las llamadas”, ha afirmado.

Esta movilización ha provocado la suspensión de más de 195.000 las actuaciones entre juicios, declaraciones y otras diligencias, según datos de los convocantes. El Ministerio de Justicia no está ofreciendo datos del impacto de la huelga. Y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los está recopilando a través de los tribunales territoriales, pero la información recibida todavía es “parcial” y no los difundirá hasta que sean datos homologables, confirma un portavoz.  

El paro indefinido de los letrados de la administración de Justicia se mantiene. La primera reunión entre el Ministerio de Justicia y el comité de huelga ha acabado este viernes sin acuerdo tras más de 15 horas de negociaciones, incluida toda la noche y madrugada. El conflicto sigue totalmente enconado, con las posiciones de los interlocutores muy alejadas. Los convocantes piden seguir con la movilización, aunque han instado a los letrados a expedir el pago de pensiones y a celebrar bodas ante la “previsión del alargamiento de la situación de conflictividad”. Hasta el momento, la huelga indefinida que estos funcionarios mantienen desde el pasado 24 de enero ha provocado la suspensión de decenas de miles de actuaciones judiciales entre juicios, declaraciones y otras diligencias. 

El Ministerio de Justicia rechaza la petición formulada por los promotores de que se implante la llamada “cláusula de enganche”, con la que pretenden que cada letrado cobre el 85% de lo que perciben los jueces de sus respectivos órganos judiciales y que, además, la masa salarial del cuerpo de letrados no pueda ser inferior al 85% de la masa salarial de la carrera judicial.

“Esta no es una huelga de trabajadores que quieren llegar a fin de mes o que peligran sus puestos de trabajo. Es una huelga de personas privilegiadas que cobran entre 40.000 y 60.000 euros al año”, ha dicho a los medios de comunicación el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez.

El ‘número dos’ de la ministra Pilar Llop ha rechazado la propuesta de los convocantes por suponer “dos subidas salariales” para un colectivo que de media verá crecer sus salarios un 14,76% en los próximos tres años gracias una subida de 195 euros brutos acordada en abril de 2021 y al alza que con carácter general van a experimentar los sueldos de los funcionarios. 

“Están haciendo rehenes a todos los ciudadanos españoles que tienen que utilizar el servicio público de justicia. Se están aprovechando de su sufrimiento, del sufrimiento de estos ciudadanos para su propio beneficio económico”, ha añadido Rodríguez, que ha recriminado a los convocantes la inflexibilidad de sus posiciones. “Ha sido sorprendente, insólita y contraria a la buena fe negociadora su postura. Cuando uno se sienta a negociar debe partir de las demandas inicialmente planteadas y estar dispuesto a hacer algún tipo de concesión. Su única propuesta esta noche demuestra una clara falta de voluntad para alcanzar cualquier tipo de acuerdo”, ha añadido Rodríguez, que ha acusado a los miembros del comité de huelga de usar “reiteradamente” un “lenguaje bélico”. 

Los convocantes, por su parte, afirman que el equipo del ministerio no ha realizado ninguna “oferta concreta” más allá de “estudiar” los llamados grupos de población. Una de sus peticiones era la revisión de estos grupos para mejorar la retribución de los letrados destinados en lugares con menos habitantes y que “cobran sueldos menores con cargas de trabajo similares”. Rodríguez ha afirmado que estudiará esta petición, pero ha puesto como condición para seguir dialogando que se desconvoque la huelga. 

La labor de los 4.422 letrados de la administración de Justicia es clave en juzgados y tribunales. Estos altos funcionarios –pertenecen al grupo A1, el mismo que jueces y fiscales– dirigen la oficina judicial, impulsan los asuntos, dictan resoluciones y gestionan las cuentas desde las que se abonan pensiones alimenticias, embargos o indemnizaciones, que tienen un saldo medio de 4.500 millones de euros. También actúan como fedatarios públicos en las vistas, con lo que su ausencia está obligando a suspender miles de juicios. Todo ello, en un sistema ya muy saturado en el que los asuntos penales tardan 14 meses de media en resolverse. En la jurisdicción social —donde se dirimen despidos o accidentes laborales— la media está en casi un año. 

El conflicto que ahora le ha estallado a la ministra Llop se remonta a hace más de una década, cuando una reforma procesal aligeró en 2009 las tareas de los jueces y aumentó en un 30% las competencias a los letrados, aunque sin aumentar su retribución. Tras 12 años esperando una adecuación salarial, el Ministerio de Justicia y los sindicatos acordaron en abril de 2021 mejorar el régimen retributivo de estos funcionarios a través de un complemento de 195 euros brutos mensuales, lo que supone un aumento del 5,26% en su salario anual. 

Después de esperar más de una década, las asociaciones convocantes consideran insuficiente la citada subida de 195 euros mensuales. Y reconocen que esta cifra está en el origen de las reivindicaciones de los últimos meses, que han incluido otras cuatro convocatorias de huelga hasta llegar al actual paro indefinido.

Esta movilización ha provocado la suspensión de más de 140.000 las actuaciones suspendidas entre juicios, declaraciones y otras diligencias, según datos de los convocantes. El Ministerio de Justicia no está ofreciéndo datos del impacto de la huelga.  Y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los está recopilando a través de los tribunales territoriales, pero la información recibida todavía es “parcial” y no los difundirá hasta que sean datos homologables, confirma un portavoz.   

Los jueces rechazan la “cláusula de enganche”

Entre tanto, las asociaciones de jueces han mostrado este viernes su rechazo a la equiparación retributiva con los jueces que demandan los letrados. En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) —conservadora y mayoritaria— y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) —de carácter moderado— han rechazado “rotundamente” esa equiparación. Ambas asociaciones sostienen que “las funciones y responsabilidades que la Constitución encomienda con carácter exclusivo y excluyente a jueces y magistrados impiden la asimilación retributiva de cualquier otro cuerpo”.

En otro comunicado de este mismo viernes, la progresista Jueces y Juezas para la Democracia también ha manifestado que, si bien le parecen “respetables” las reclamaciones económicas y de otro tipo de los letrados, “lo que no es aceptable es que pretendan ligarse a las retribuciones de la carrera judicial y fiscal”.

Una de las peores ideas de la política española es el interés de los partidos en contar con magistrados en las listas electorales. Eso se hace aún más evidente cuando los jueces/políticos regresan a sus puestos de origen en los tribunales pensando que pueden quitarse de encima la apariencia de partidismo como quien se cambia de traje. El caso de Baltasar Garzón ya demostró que estas cosas suelen acabar mal. Felipe González lo reclutó de forma trapacera para la candidatura socialista presentándolo como gran fichaje y luego lo dejó fuera del Gobierno. El juez se ocupó después de que lo lamentara.

Es posible que Pilar Llop haya lamentado estos días en qué momento aceptó entrar en el Gobierno. Ahora le toca defender una ley del sólo sí es sí en cuya elaboración no participó y al mismo tiempo apoyar su reforma urgente por las centenares de reducciones de pena que ha provocado. Todo se agravó con una entrevista en la SER el martes en la que cometió el error de argumentar que es “muy sencillo” demostrar violencia en una agresión sexual. Podemos tardó unos minutos en aprovecharse de una explicación que confirmaba sus sospechas sobre los socios del Gobierno.

Llop tuvo que asumir las consecuencias del desastre. Se puso el casco otra vez y bajó al frente de batalla. Dio una entrevista ese mismo día a un periódico y tres el miércoles a cadenas de televisión. Con el precedente del día anterior, podía pasar cualquier cosa. Esta vez, la ministra de Justicia pasó bien el lance con explicaciones más claras y sin las divagaciones, como una comparación entre penas por robo y por violación, que el día anterior la habían hecho descarrilar.

Lo que no consiguió fue cerrar las diferencias entre los dos partidos, porque eso parece imposible. En La Sexta le pusieron un vídeo con los ataques de Irene Montero y tuvo una reacción irreal: “Estamos diciendo lo mismo la señora Montero y yo”. Igual estaba pensando en el tema del consentimiento, aunque en Podemos no le creen. “El problema no es el consentimiento. El problema es la bajada de penas”, explicó.

Si se va a incinerar en el intento, al menos no lo hará callada. Una ministra de Justicia no puede limitarse a soltar generalidades, como podría hacer otro miembro del Gobierno si le preguntan por el tema. Llop dejó claro en conversaciones con periodistas en el Congreso que el problema está en la ley, no en su aplicación por los jueces, por mucho que cada caso sea diferente. “Me parece gravísimo lo que ha sucedido”, dijo a El País. “Desde el primer momento identificamos que el problema ha sido que ha habido rebajas en las penas en la ley del solo sí es sí”.

Llop cree que el consentimiento como requisito esencial en relaciones sexuales está totalmente garantizado en la reforma que plantea ahora el PSOE. Eso no se toca y los jueces deberán tenerlo en cuenta: “No se puede presumir el consentimiento. El juez no puede presumir del silencio de la víctima que había consentimiento”.

En Podemos no lo ven así y continúan acusando a los socialistas de traicionar el espíritu de la ley. “Creo que es una discrepancia política fuerte”, dijo Irene Montero el miércoles. Quiso no dar una imagen de intransigencia: “Estoy dispuesta a ceder a lo que pide el PSOE, menos a que el consentimiento deje de estar en el centro”.

Cada declaración pública es una trampa explosiva que puede estallar al paso del Gobierno y una oportunidad para que ambos partidos pasen a ser enemigos íntimos. Algunas no son nada ambiguas. Ione Belarra creyó que era un momento perfecto para ofrecer el típico comentario que podría haber reservado para la futura campaña electoral: “Hay dos fuerzas políticas en este Gobierno: una fuerza política que cuando se produce una ofensiva mediática, política y judicial como la que está viviendo la ley del solo sí es sí, defiende los avances, en este caso los avances feministas, y otra fuerza que no”.

Belarra ha decidido que la mejor forma de defender la ley es llamar cobardes a los socialistas, a los políticos con los que comparte mesa en el Consejo de Ministros.

Ante este panorama, la derecha se frota las manos. La diputada Marga Prohens dijo a Llop que esta era “su ley”, pero que había otros padres, “también es de Page, Vara, Andreu y Armengol, porque esta es la ley del PSOE”. Estos últimos son los presidentes de Castilla La Mancha, Extremadura, La Rioja y Baleares. El PP va a exprimir cada gota que salga de cada una de las reducciones de penas en la campaña de las autonómicas.

Otros diputados del PP estaban más en modo macarra. En las dos primeras intervenciones del presidente, gritaron “¡Txapote!” demostrando que no hay ciénaga en la que no les guste pacer. Otro diputado le gritaba “¡Estás muerto!” a Sánchez. Un pronóstico o un deseo.

No es buen momento para tomar la tensión a Pedro Sánchez, porque la tiene por las nubes. Al autor de la frase “la ley ha tenido algunos efectos indeseados y me quedo corto”, se le ve cabreado con que los ministerios de Igualdad y Justicia no hayan resuelto sus diferencias.

En la sesión de control, Cuca Gamarra sacó el asunto de la ley para llamar “esperpento” a su Gabinete. El presidente pasó a detallar una lista de éxitos económicos del Gobierno sin atreverse a mencionar aquello por lo que le habían preguntado. Cuando Santiago Abascal relacionó después yihadismo e inmigración en el pleno, Sánchez ofreció una respuesta confusa y poco agresiva. Gabriel Rufián le preguntó por la infiltración de un policía durante tres años en un un grupo catalán y Sánchez le respondió con el índice de calidad democrática de The Economist y la 'ley mordaza'. Tenía la cabeza en otra parte.

“Cuando hay un problema, me empeño en resolverlo”, dijo en plan señor Lobo. No hay que olvidar que fue él quien tomó la decisión de que el proyecto de ley se presentara al Consejo de Ministros de una vez por todas y después al Parlamento. Por otro lado, los ministros están en el Gobierno para solucionar problemas al presidente y permitirle presumir de grandes avances sociales, no para creárselos.

Tiene pendiente decidir una remodelación del Gobierno que permita la salida de Reyes Maroto y Carolina Darias con destino a las elecciones de mayo. Es legítimo pensar si la aprovechará para otros relevos. También es lógico preguntarse si Pilar Llop estará pensando que está comiéndose el marrón de una ley que ella no redactó y que sería más feliz volviendo a la época en que era una magistrada especializada en violencia de género.