La pandemia empuja a la Justicia a un colapso sin precedentes tras años de abandono sin inversiones ni consensos

La Justicia está prácticamente congelada. Todos los procedimientos no urgentes están parados desde el 14 de marzo, cuando entró en vigor el Real Decreto que instauró el estado de alarma por el coronavirus. Solo se tramita un número limitado de asuntos, los considerados esenciales, mientras el resto está en un compás de espera sin fecha concreta de regreso y por ahora sin fórmulas para articular la vuelta a la actividad ordinaria.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está en funciones, ha pedido que el primer día que deje de estar en vigor el estado de alarma se encienda de nuevo el contador de los plazos judiciales. A partir de entonces, la Justicia afrontará la tarea titánica de ponerse al día con procedimientos que llevaban ya años de retraso por la saturación endémica de los juzgados, a los que se sumarán una cascada de nuevos casos motivados por la propia crisis de la COVID-19: procesos derivados de los ERTE, reclamaciones por las multas impuestas durante el confinamiento o causas penales que ya se apuntan contra responsables políticos.

La crisis del coronavirus ha impactado en una Justicia que no termina de iniciar el proceso de modernización y aumento de recursos. El Ministerio ha tenido al frente seis nombres distintos en los últimos 10 años y ninguno ha acometido la gran reforma que reclaman desde hace años las asociaciones judiciales, que llegaron a ir a la huelga para defender que se mejoraran los salarios y se ampliaran juzgados y plantillas. Los intentos de digitalización tampoco han tenido los efectos esperados, algo que ha quedado patente durante esta crisis.

Ahora, sin haber acometido las transformaciones necesarias, afrontan una crisis que ahondará en la saturación que el sistema sufre desde hace años y a la que solo se han puesto parches. El PP, por ejemplo, trató de acelerar la instrucción de causas penales limitando el tiempo de investigación pero sin aumentar los recursos de jueces y fiscales. El resultado fue que varios procesos se cerraron el falso, la norma fue criticada por toda la esfera judicial y ahora está en proceso de derogación.

El Defensor del Pueblo dedica cada cierto tiempo extensos informes a las causas de dilación judicial, que son la fuente de buena parte de las quejas que recibe. En el último recogió que la mitad de las reclamaciones iniciadas por particulares por “funcionamiento anormal de la Justicia” se habían debido a retrasos injustificados. Y en ese informe dedicaba un amplio apartado a unos juzgados especialmente sobrecargados: los de las cláusulas suelo. El departamento jurídico de la consultora Wolters Kluwer calculó en 2019 que algunos de esos juzgados tardan hasta cuatro años en dictar sentencia. Solo los 10 más desbordados hacían frente a más de 5.000 procedimientos.

El escenario de saturación se complica ahora con un parón obligado de los procedimientos, al que seguirá un aluvión de reclamaciones judiciales relacionadas con la COVID-19. Durante las últimas semanas, el ministro Juan Carlos Campo y altos cargos de su departamento se han reunido con las asociaciones de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia o abogados.

En todos los colectivos existe una gran preocupación por las consecuencias que puede tener el ingreso masivo y en poco tiempo de un número elevado de asuntos cuando se levante el estado de alarma, pero también por cómo se va garantizar su trabajo en condiciones de seguridad y atendiendo a las recomendaciones sanitarias. “Hay sedes en la Comunidad de Madrid en las que trabajan cada día 3.000 personas”, dice María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid y portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que apuesta por una vuelta “escalonada” y con medidas que se puedan aplicar “de modo inmediato”.

“Sin más medios humanos y materiales será imposible sacar adelante el previsible incremento de asuntos”, dice Del Barco, que critica la propuesta del CGPJ de poner de ejemplo los juzgados especializados que se nacieron en 2017 para hacer frente a la avalancha de demandas por las cláusulas suelo. “El encapsulamiento ha provocado que nos encontremos con órganos con miles de asuntos y, lo que es peor, con una perspectiva de resolución a varios años vista. No puede ser el modelo a seguir”, dice esta jueza. Como vía más ágil para disminuir la litigiosidad, fomentar los acuerdos extrajudiciales y agilizar los procesos, la APM propone la “unificación de criterios”.

Los fiscales también abordan con preocupación la reanudación de toda la actividad judicial tras esta crisis. Piedra angular de sus reivindicaciones es la derogación del artículo que recortó los plazos de caducidad de la instrucción de las causas penales. La conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales considera que tras el estado de alarma se hará “prácticamente inviable” el “efectivo cumplimiento” de este artículo y pide su derogación. También lo creen así en la Unión Progresista de Fiscales, donde solicitan incluso que el Gobierno derogue este artículo por la vía del real decreto. “Una vez que se reactiven los plazos procesales va a ser muy difícil el control los plazos de instrucción previstos y se va a incrementar el riesgo de impunidad. Es algo muy urgente”, dice la fiscal Teresa Peramato, presidenta de la UPF.

Para agilizar la actividad, este colectivo también propone que, en la medida de lo posible, se incremente el número de fiscales que pueden trabajar presencialmente en las sedes incluso antes de que se levante el estado de alarma y que se potencien las sustituciones internas y externas. También entre los fiscales se extiende el convencimiento de que sin más medios humanos será imposible abordar un colapso que todos ven inevitable.

Sin medios de protección en el inicio de la crisis

“Durante las primeras semanas del estado de alarma no proporcionaron ningún medio de protección, el edificio en el que trabajo lo desinfectaron tres semanas después y eso que había casos de personal al que le diagnosticaron la COVID-19” relata Teresa Puchol Soriano, magistrada del juzgado mixto número 1 de Huesca. “Ahora hay un plástico en el juzgado de guardia, mascarillas y guantes de vinilo”, añade.

Carlos Javier Galán, titular del juzgado de lo social número 2 de Algeciras, describe un escenario similar: “En mi juzgado no hemos celebrado juicios durante el estado de alarma, porque incluso en aquellos que estaban declarados urgentes los propios interesados instaban la suspensión de las vistas. Al no existir garantías de seguridad y protección, los propios justiciables y los profesionales preferían no correr riesgos”.

“Los equipos de protección individual tardaron en llegar a los Juzgados, y, cuando lo hicieron, escasearon en seguida. Da reparo denunciarlo cuando ni siquiera los hospitales tenían dichos equipos, pero lo cierto es que miles de funcionarios de Justicia han hecho frente a los servicios mínimos totalmente desprotegidos”, explica Carlos Viader, al frente del juzgado de lo penal número 1 de Melilla.

Puchol, Galán y Viader son jueces de “a pie”, al frente de juzgados de instrucción, el primer escalón judicial y el que antes notará esa saturación añadida cuando se reanude la actividad. Los tres pronostican una enorme sobrecarga de procedimientos y coinciden: los retrasos no vendrán por la crisis, sino por la situación que arrastra.

La crisis colapsará unos juzgados “ya de base saturados”

“La mayor parte del retraso acumulado en las jurisdicciones no tendrá como causante a la COVID-19, sino problemas estructurales que durante años no ha habido voluntad política de afrontar”, señala Galán. En su opinión, lo grave es que se haya desatendido a la Justicia hasta ahora, cuando hay juzgados que señalan juicios a uno o dos años vista.

“La Justicia no ha conocido otra situación que no haya sido el retraso sistemático y generalizado en la tramitación de las causa”, afirma Viader, que señala como causantes a la falta de medios materiales, personales, ya normas procesales “excesivamente farragosas, incompletas y antiguas”. Ese escenario, unido al provocado por el parón del estado de alarma, “tendrá por epílogo inevitable el colapso de unos juzgados ya de base saturados”.

“Llego a tener mis dudas sobre si el Gobierno se ha olvidado de la Justicia o si lo que está realizando está hecho con la plena conciencia de anular e inutilizar a uno de los Poderes del Estado”, sostiene Puchol. Viader cree que ese olvido sistémico es indiferente del color político: “Para lo único para lo que se acuerda el Ejecutivo de la Justicia es para reforzar la politización de su órgano de gobierno -el CGPJ-. Para todo lo demás, la dejación es total”.

Puchol prevé un aumento de los procedimientos porque “se están generando muchísimos conflictos judiciales a los que no se les puede dar salida”. En su opinión, habrá que reforzar en lo contencioso administrativo “como consecuencia de las multas que se está imponiendo”; el orden social que tratará los conflictos laborales; el Civil “por las reclamaciones económicas y contractuales” y los juzgados de familia “por las modificaciones y las ejecuciones que se interpondrán”.

Galán también coincide, y pone el foco sobre el orden social: “Habrá una acumulación motivada por el retraso de este tiempo, más la previsible entrada adicional de asuntos laborales directamente relacionados con esta crisis sanitaria”. Viader, por su parte, cree que la jurisdicción penal no será de las más afectadas salvo en lo relativo a casos de violencia de género.

“Creo que la justicia no se debe parar en un país”

“Vivimos en un estado de derecho que se compone de tres poderes, han decidido que se cargan uno, están funcionando solo con dos”, cuenta la abogada María Victoria Vega, que aporta la visión desde los despachos de los letrados: “No facturo absolutamente nada pero sigo pagando el alquiler de las oficinas y el sueldo del personal del despacho”. Afirma que ha establecido un plan de viabilidad para tratar de aguantar sin hacer un ERTE hasta septiembre: “Que nos consideren trabajos no necesarios me ofende en los personal y lo profesional”.

“Creo que la justicia no se debe parar en un país, ya teníamos atasco y esto va a ser una catástrofe”, apunta. Además, pone ejemplos concretos de cómo está afectando la paralización de los procedimientos: no puede tramitar las peticiones para que los juzgados desbloqueen parte del dinero de sus clientes que está embargado, y con el que sus familias hacen frente a gastos ordinarios.

Vaticina, como el resto de consultados, un colapso en los juzgados que vendrá de los procedimientos derivados del coronavirus -“Me están pidiendo una cantidad enorme de denuncias contra el Gobierno”- que se suma al retraso que ya sufría el sistema: “Esto se va a juntar con la dilación que ya vivíamos antes, ahora los jueces van a tener más excusa para tardar en dictar sentencia”. También desconfía de que las medidas tecnológicas sirvan para aliviar la carga de trabajo tras la crisis, después de las nefastas experiencias con LexNet y con la nube que alberga los sumarios y que “nunca funciona”.

“Hay compañeros que no tienen conexión VPN y que, por tanto, no pueden teletrabajar desde sus casas”, cuenta también en esta línea Marta Urbano, portavoz del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia. Explica que algunas comunidades, como Catalunya, no han extendido las VPN -redes de conexión privadas- al grueso de los funcionarios, y solo disponen de ellas jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia.

Urbano también teme un colapso total cuando se junten los procedimientos retrasados con los que se iniciarán a raíz de la crisis del coronavirus: “Algunos juzgados sociales soportan retrasos de más de dos años en señalamiento de juicios, por lo que la suspensión de los mismos durante el estado de alarma podría llevar a un colapso del que resultara extremadamente difícil recuperarse”.

Aún así, se muestra confiada en el plan de choque del Ministerio alivie esa sobrecarga de trabajo y pide medidas específicas como la ampliación de jornadas a las tardes y el señalamiento de juicios en julio, agosto y, septiembre. La abogada María Victoria Vega, por su parte, duda de que esa medida se vaya a implementar: “No tengo inconveniente en trabajar en agosto, sábado y domingo, pero eso no lo van a hacer, seamos conscientes”.