La historia es un juego de espejos. El programa de Estados Unidos para regresar a la Luna recibió el nombre de Artemisa en honor de la hermana gemela de Apolo, para establecer una simetría que a menudo se ha producido a la inversa. El paralelismo más notable tiene que ver con la imagen icónica de las dos misiones, Apolo 8 y Artemisa II. Mientras en la primera se erigió como símbolo el “amanecer de la Tierra” (Earthrise), en esta ocasión la Casa Blanca ha elegido un “ocaso terrestre” (Earthset), una escena en la que nuestro planeta azul desaparece tras el horizonte de la Luna.

Esta elección funciona como una alegoría sobre el papel crepuscular de EEUU en la carrera espacial y como líder del mundo. Porque, mientras los cuatro tripulantes de la cápsula Orión regresaban hacia la Tierra, el presidente del país al que representan acababa de anunciar su intención de borrar a una civilización entera del mapa y había presentado los nuevos planes para recortar salvajemente la inversión en ciencia y en exploración espacial.

A diferencia de lo ocurrido en 1969, cuando —a pesar del convulso escenario internacional, la guerra de Vietnam y las tensiones sociales— EEUU era un imperio ascendente tras su liderazgo en un conflicto global, ahora es una nación en decadencia y cada vez más sola. Una superpotencia en vías de perder su hegemonía política, científica y tecnológica en favor de China y que parece dispuesta a sumergirnos en una tercera guerra mundial para defender los intereses de quienes la lideran.

Palíndromos espaciales

La misión Artemisa II se ha regido por este juego de espejos, a punto de producir un bello palíndromo. La propia NASA jugó con esta idea al diseñar una insignia oficial reversible. En la cara principal aparece la Tierra elevándose sobre la Luna y en el reverso está bordada la imagen invertida, con la Tierra en primer plano y la Luna saliendo por detrás, para representar el regreso a casa. En la madrugada del martes 7 de abril, tras completar la vuelta a la Luna, los controladores en Houston y los propios astronautas le dieron la vuelta a la insignia para emprender el regreso a la Tierra. 

Algunas cosas han seguido igual, como la retórica épica, las apelaciones a la humanidad y la aparición puntual del discurso religioso, y otras han cambiado sutilmente. La edad media de los astronautas de Artemisa II, por ejemplo, es de 50 años, mientras que en el Apolo 8 rondaba los 40. Esta vez Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen iban provistos de sus propios móviles, en lugar de las viejas cámaras Hasselblad que inmortalizaron la Luna y la Tierra en los 70. Con esta nueva tecnología replicaron la imagen de la Tierra en la oscuridad, en un gemelo de la famosa Canica azul, aunque con un perturbador giro respecto al eje norte-sur que rige la etnocentrista convención de nuestros mapas.

En el reverso positivo está la mayor diversidad de la tripulación, con la primera mujer, el primer afroamericano y el primer no estadounidense, el canadiense Hansen. Este último portó su propio parche de la misión que incluye elementos de las culturas indígenas, elaborado en colaboración con las Primeras Naciones de su país. Para destacar el carácter integrador del programa, la NASA también hizo un juego de palabras en la insignia de la misión con la abreviatura de Artemisa II (“All”), que significa “todos”. Pero estos mensajes sobre el valor de la diversidad se daban de bruces contra un contexto en el que el gobierno de EEUU ha perseguido por tierra, mar y aire a los diferentes, por su origen o condición sexual, expulsando y vulnerando los derechos de miles de ciudadanos por su color de piel, su identidad de género o su procedencia.

La luz y la sombra

¿Para qué volvemos a la Luna? Es una pregunta que ha rondando estos días por las cabezas de millones de ciudadanos escépticos ante una misión cargada de semejantes contradicciones. En un mundo en el que nos desayunamos con imágenes de niños descuartizados por las bombas, en el que el jefe de los astronautas apoya los crímenes de guerra de Israel y celebra los suyos propios, la sucesión de imágenes bonitas de otros mundos y unas cuantas apelaciones a la inspiración se antojan insuficientes. Como decía el historiador espacial Robert Poole hace unos días en elDiario.es, cuando la NASA apela a la humanidad “ya no cuela”, y muchos nos preguntamos si ya entonces, durante las misiones Apolo, pecamos de ingenuos al creer que el mundo podía ser mejor por el mero hecho de mirarlo desde la oscuridad del espacio.

“Mi hijo necesita el almuerzo, y tengo que preparar su mochila/ pero una civilización entera morirá esta noche”, escribió el artista Michael F. Dubois en las horas críticas de la misión Artemisa, en un poema que recuerda al famoso “Whitey on the Moon” (El hombre blanco está en la Luna) cantado en 1969 para criticar los viajes espaciales. Otro paralelismo entre Apolo y Artemisa, que esta vez —como si fuera un bote de Nutella que flota ante nuestros ojos— ha venido con una ración extra de desengaños. Al menos los destructores de mundos de la guerra fría, pensarán algunos, sentían ciertos remordimientos; los líderes de este nuevo mundo enloquecido lo proclaman con orgullo. 

¿A qué “humanidad” se dirige la NASA en este mundo cada vez más fragmentado y regido por autócratas que se revuelcan en su propia estulticia?

En las primeras misiones a la Luna descubrimos que la Tierra es frágil y única, mientras que en Artemisa ya asumimos que esa fragilidad implica tener que escapar de ella y buscar nuevos lugares. Con tristeza, comprobamos que el movimiento ambientalista que espoleó la Canica azul no ha detenido la voracidad de los que quieren seguir taladrando (“Drill, baby, drill”) cada rincón de la “nave Tierra” y extender este modelo de negocio a la Luna, Marte y los asteroides. Los mismos que desmantelan el departamento de ciencias de la Tierra de la NASA, nos quieren inspirar con la idea de migrar a otros hogares del universo mientras destruimos el nuestro.

Entre los propios científicos y expertos en la carrera espacial se han palpado estos días los sentimientos encontrados. La emoción de ver repetida la hazaña tecnológica del viaje lunar se ha mezclado con el sinsabor de ver cómo el país que tiraba del carro de la ciencia está gobernado por cafres y antivacunas, que quieren reventar el propio conocimiento científico y que solo ven en el espacio una inmensa oportunidad de hacer negocio y enriquecerse. ¿A qué “humanidad” se dirige la NASA en este mundo cada vez más fragmentado y regido por autócratas que se revuelcan en su propia estulticia? 

Christina Koch, la especialista de la misión y tal vez las mente más lúcida dentro de la cápsula Orión, fue consciente de este juego de espejos y miradas. “Sabemos que podéis mirar hacia arriba y ver la Luna ahora mismo”, dijo. “Nosotros también os vemos”. En su discurso también captó —quizá inconscientemente— este giro en el devenir de la carrera espacial. “Lo que cambió para mí al mirar la Tierra fue que me di cuenta no sólo de su belleza, sino también de cuánta oscuridad había a su alrededor”. Tal vez esa es la lección final que nos deja Artemisa: en la primera ocasión íbamos buscando la Luna y nos fijamos en la belleza de nuestro hogar al girar la vista. Ahora, en el viaje de regreso, se hace manifiesta la oscuridad que nos rodea.

La polémica en torno a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Guadalajara se ha reavivado en las últimas horas tras la difusión en redes sociales de un vídeo del concejal responsable de Casco Histórico, de Vox, Víctor Morejón, en el que dice literalmente: “Me paso la Zona de Bajas Emisiones por el forro de lo que rima con emisiones”.

No es la primera vez que el partido ultra expresa su rechazo evitar que los vehículos más contaminantes entren en los centros de las ciudades. De hecho en el mismo vídeo asegura que, mientras su formación forme parte del Gobierno municipal, -en la actualidad gobierna con el PP, en un ayuntamiento que preside Ana Guarinos- “no habrá Zona de Bajas Emisiones” al considerar que responde a “agendas” que, a su juicio, no se ajustan a los intereses de la ciudadanía.

La ciudad de Guadalajara lleva tiempo prolongando la entrada en vigor de la ZBE a través de una ordenanza. Se encuentra entre otras de España que no termina de cumplir sus deberes, de acuerdo a lo que marca la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, que establece la obligación de habilitar zonas de bajas emisiones antes de 2023. Esto es aplicable a municipios de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes, cuando se superen los valores límite de emisiones contaminantes que, según advierten los expertos- perjudican la salud.

Vox ha venido oponiéndose a este tipo de medida y con ellos lo ha hecho también el PP. Muchas de las actuales alcaldías, como la de Guadalajara, dependen del apoyo del partido de extrema derecha.

A Víctor Morejón, la ley parece darle igual cuando se habla de esta cuestión. En Guadalajara, la zona de baja emisiones no tendrá sanciones al menos hasta 2028 y solo se activará en días en lo que se registren niveles de contaminación que superen los umbrales considerados perjudiciales. Así se aprobaba hace una semana en pleno municipal, con el rechazo de la oposición.

El PP evita confrontar con su socio de gobierno

Mientras, el PP ha evitado entrar en polémica tras las palabras de Morejón, según recoge Europa Press. El concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil (PP), se ha limitado a señalar que “cada uno es responsable de sus palabras y de sus vídeos”.

Alguacil ha defendido, en todo caso, que la ZBE aprobada por el Consistorio “responde a los intereses de la ciudad”, recordando que su activación efectiva solo se producirá en el caso de que se superen los niveles de contaminación establecidos por los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud.

Taty Almeida es una mujer amorosa y de voz potente, pero sobre todo es un emblema de luchadora en Argentina por los desaparecidos de la dictadura. La Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de 95 años, recibe a elDiario.es en su departamento del barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, en la antesala de la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado cívico-militar. “Y eclesiástico”, agrega.

“A pesar de los bastones y las sillas de ruedas, ‘las locas’ seguimos de pie”, afirma sentada en el sillón del salón y apuntando con un dedo la silla de ruedas que usa desde hace dos años. Ya no viaja a España, donde vive Jorge, uno de sus tres hijos. Taty señala la última foto que tiene con los tres: Fabiana, Jorge y Alejandro: “Yo había vuelto de un viaje y nos juntamos el 8 de junio de 1975. Es la última foto con Alejandro, porque lo desaparecieron el día 17”.

Alejandro Almeida tenía 20 años cuando fue detenido y desaparecido. Era militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una guerrilla que operó durante la década de los 70, pero su madre no lo supo hasta después de aquel 17 de junio.

Devota del Sagrado Corazón, Taty reza y no pierde las esperanzas de poder encontrar los restos de su hijo y poder abrazarlo. La canción de Silvio Rodríguez El unicornio azul hace vibrar lo que ella siente. Y el cantautor cubano se la dedicó en el último recital que dio en Buenos Aires.

Taty Almeida se indigna ante el negacionismo del Gobierno de Javier Milei y se imagina un “mano a mano” con la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Le preguntaría: ‘¿Vos estás de acuerdo con que tus amiguitos hayan tirado vivas a nuestras tres madres, a las monjas francesas y a tantos de nuestros hijos?’”.[Las monjas Azuzena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce fueron arrojadas vivas al mar en los llamados vuelos de la muerte].

En el salón se ven fotos de ella con el Papa Francisco, con Maradona, varios retratos y un poema de su hijo Alejandro que descubrió tras su desaparición y una sobrina enmarcó. Taty dice que tiene una familia maravillosa compuesta por seis nietos varones (cuatro de Fabiana y mellizos de Jorge) y cuatro bisnietos. Se le ilumina la cara cuando cuenta que su bisnieto Mateo, que está en primer año, le dijo: “Taty, sería para mí un orgullo que vengas a dar una charla sobre el 24 de marzo [fecha del golpe de Estado]”.

Usted ha dicho que Alejandro parió a Taty Almeida. ¿Puede contar por qué?

Yo era una gorila [antiperonista] tremenda. Toda mi familia [era] militar. Mi hermano, coronel; mi padre también era teniente coronel de caballería y murió joven. Él votó a Perón en el primer Gobierno. Un hogar muy especial, porque eran antiperonistas, pero nunca escuchamos “¡Viva el cáncer!” [lema de odio con el que sectores antiperonistas celebraban la enfermedad y muerte de Eva Perón]. Mis dos hermanas, hoy fallecidas, estuvieron casadas con dos oficiales de aeronáutica; los hermanos de mi exmarido, milicos, o sea, milicos por todas partes.

Cuando desaparecen a Alejandro, recurrí como loca a todos. A mi hermano Carlos, con el que era compinche, lo llamé a Goya (en la provincia de Corrientes), él era el jefe de ahí y no vino. Lamentablemente, nos distanciamos. Como le dije tiempo después: “Si vos te quedaste en el Ejército, por algo será”. Nunca más nos hablamos hasta que se enfermó de leucemia y lo fui a despedir antes de morir. Fue muy fuerte el encuentro con él.

De su hijo, ¿tuvo algún indicio de dónde estuvo secuestrado?

No, no, nada. Es por eso nuestra lucha. No sabemos dónde están enterrados, no tenemos dónde llevarles una flor. La verdad, que nos digan dónde están. Y después justicia legal, nunca justicia por mano propia. Alejandro vivía acá conmigo. Tenía 20 años. Estudiaba Medicina y trabajaba en el Instituto Geográfico Militar. El día que ya no volvió él no me dejó ningún mensaje, como hacía siempre. Y ahí en ese mueble encuentro una agenda de teléfono en donde en las últimas 24 hojas, había 24 poesías. No sabía que militaba y tampoco sabía que escribía poesía. Ahí empecé a conocer la otra faceta de Alejandro. Un canto a la amistad, al amor, a la injusticia, al repudio, y una poesía dedicada a mí, por si algo le pasaba; vaya si le pasó.

Este payaso que tenemos de presidente, con perdón de los payasos, niega que hubo 30.000 desaparecidos. Además, los insultos, las cosas que dice. Es un chupamedias de Donald Trump

Bueno, es una despedida. Él sabía que iba a morir. Los que terminaron de contarme cómo era Alejandro fueron dos muchachos. Con otra madre habíamos ido a invitar a una marcha contra la Ley de Punto Final a Ciudad Universitaria [de Buenos Aires]. Y me presenté y se acercaron dos muchachos, muy pálidos. Me abrazaron y lloraron, me decían: “Sos la madre de Alejandro. Alejandro sabía dónde vivíamos, y él no habló, Taty. Nos salvamos por él, pudimos exiliarnos”.

¿Cómo recuerda su acercamiento a Madres de Plaza de Mayo?

A mí me costó acercarme a Madres, porque yo decía: “Con el currículum militar que tengo, van a pensar que soy una espía. Fuimos con mi hija Fabiana y al entrar vimos en una pared muchas fotos y me di cuenta de que no era la única. Me atendió la madre con mayúscula, María Adela Gard de Antokoletz. María Adela buscaba a su hijo abogado, Daniel, que sigue desaparecido. Y me acuerdo que me preguntó: ”¿A quién te falta a vos? No importaba política, religión, y ahí yo hice mi catarsis. Hablé, lloré. Y en un momento le dije: “Ay, María Adela, qué estúpida he sido”. Y me dijo: “No, mi hijita, no digas eso”. Cada madre se acercó cuando fue su momento. Este es el tuyo, Taty“.

¿Cómo imagina que continuará el legado de las Madres?

Quedamos pocas Madres y Abuelas, pero la posta ya la hemos pasado. Y estamos tranquilas porque hay gente que realmente va a continuar con la memoria cuando ya no estemos nosotras. Esa posta de a poquito la pasamos, porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie, querida.

Cuando mira hacia atrás a la mujer de 45 años que empezó a buscar a Alejandro, ya divorciada, la Taty de hoy, ¿qué piensa de aquélla?

Yo a esta altura, te imaginas, la cantidad de honoris causa que me han dado y en cada reconocimiento lo veo a Alejandro, que me dice: “Vieja, miren a esta gorilita de mierda, ¿en qué se transformó?”. Porque él me decía: “Está gorilita y, sin embargo, la quiero”. Ese es el cambio que hicimos todas las madres, ¿no? Dicen que somos heroicas, pero no, hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo, en circunstancias muy especiales.

Si a una madre se le muere un hijo por una enfermedad, por lo menos lo está atendiendo hasta el último momento; lo puede despedir. En nuestro caso se los llevaron y ahí quedó

Sabemos lo que es llevar nueve meses en la panza a un hijo para que te lo arranquen de esa manera. La pérdida de un hijo no tiene cura, es una herida que no se cierra. Si a una madre se le muere un hijo por una enfermedad, por lo menos lo está atendiendo hasta el último momento; lo puede despedir. En nuestro caso se los llevaron y ahí quedó. Una de las cosas que yo le pido a Dios es que no me lleve sin antes por lo menos tocar los huesos de Alejandro. Y no pierdo la esperanza por el trabajo de los antropólogos forenses. ¿Viste ahora que identificaron a 12 desaparecidos en La Perla [centro de detención y exterminio en la provincia de Córdoba]? Imagínate, los antropólogos que identificaron al Che Guevara, así que más vale que sepan los muchachos.

¿Cuánto le afecta el negacionismo del Gobierno de Milei?

Este payaso que tenemos de presidente, con perdón de los payasos, niega que hubo 30.000 desaparecidos. Además, los insultos, las cosas que dice. Es un chupamedias de Donald Trump. Compadezco al que venga después de este, que sea un gobierno nacional y popular para sacar a flote la Argentina, porque la está destruyendo. La cantidad de fábricas cerradas, la cantidad de gente sin empleos.

En estos dos años de gobierno ha habido un desmantelamiento de las políticas de memoria. ¿Cómo pueden contrarrestarlo desde los organismos de derechos humanos?

Ahí está el tema, si ganó y de qué manera, algo se hizo mal. Por eso es tan importante la unidad, pero la unidad de palabra, no; con hechos. Realmente, con hechos, estar unidos; ya se sabe que un pueblo unido jamás será vencido. Para eso se necesita hablar con la gente, explicarle, no enojarse con los que lo votaron, hacerles razonar; hay mucho por hacer políticamente.. Es lo que, modestia aparte, hace una cuando va a los colegios, a todos lados.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, bajo el eufemismo de “memoria completa·, busca equiparar las acciones del terrorismo de Estado con las de las organizaciones armadas. ¿Qué responde?

Ella es brava e inteligente, apoya a los milicos y la teoría de los dos demonios [que equipara la represión de la dictadura a las acciones de los guerrilleros]. Es inaceptable. Me gustaría tener un mano a mano con ella y preguntarle: “¿Vos estás de acuerdo con que tus amiguitos, o lo vas a negar, hayan tirado vivas a nuestras tres madres, a las monjas francesas y a tantos de nuestros hijos?”. Y negámelo, que tus amiguitos se apropiaron de los bebés, de las chicas que estaban presas políticas, las mantuvieron vivas, tuvieron familia, y a ellas las asesinaron. ¿Estás de acuerdo? ¿Vas a negarlo? ¿No viste el avión que está ahí en la exESMA [Escuela de Mecánica de la Armada, centro de detención y tortura] de uno de los vuelos de la muerte? Allá tienes a la prueba, ¿viste? A ver, ¿qué me diría?

A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, ¿cómo vive esta fecha?

Golpe cívico-militar y eclesiástico. La complicidad eclesiástica fue espantosa, con excepciones, como monseñor Angelelli, el padre Mugica. Defender y apuntalar esta democracia nos costó mucho. Fuimos pioneros en los juicios a la Junta Militar. Esperemos que el 24 seamos muchos.

¿En algún momento dejó de creer en Dios?

No, siempre tuve fe. Cuando yo estuve con el Papa Francisco, yo le dije: yo no voy a misa, ni me confieso, ni nada. Pero la fe no la he perdido. Yo soy devota del Sagrado Corazón. Y en el umbral de la puerta tengo un cuadrito con él: lo reto, le rezo y le agradezco. Y Francisco me dijo que esa es la mejor manera para rezar.

Antes de terminar la entrevista, Taty Almeida dice que quiere contar el origen del pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo.

Todos los años hay una gran peregrinación a Luján, porque la Virgen de Luján es la patrona de Argentina, a la que van miles de personas, y va la jerarquía eclesiástica, que no nos contestaba. Entonces las madres dijimos: “Vamos para allá y ahí los abordamos, y a ver ahí si nos pueden decir algo”. Pero claro, ¿cómo nos encontramos? Una madre dijo que nos pusiéramos los pañales en la cabeza. Porque, para los jóvenes que sepan, antes no había pañales descartables, eran de tela y se lavaban. Así como esos pañales sirvieron para cuidarlos cuando eran bebés, después sirvieron para pedir por la vida de ellos. Y de ahí el origen del pañuelo blanco.

Diez mujeres han sido asesinadas este 2026. Y no llevamos ni dos meses. La media macabra sería de una cada cinco días. Por si la cifra no fuese lo suficientemente alarmante hay que sumarle la de dos niños víctimas de la violencia vicaria.

Pilar tenía 38 años y fue asesinada en Jaén; Czarina tenía 43 años y fue asesinada en Las Palmas; Isabel tenía 58 años y fue asesinada en Cádiz; María del Carmen tenía 78 años y fue asesinada en Badajoz; Victoria tenía 33 años y fue asesinada en Málaga; Belén tenía 52 años y fue asesinada en Pontevedra; Ana María tenía 64 años y fue asesinada en Castellón; María José tenía 47 años y fue asesinada también en Castellón y junto a su hija Noemí (12 años); Petronila tenía 37 años y fue asesinada en Madrid; Tatiana tenía 28 años y fue asesinada en Navarra. En Arona (Tenerife), la madrugada del pasado viernes, un hombre dejó en estado crítico a su mujer y mató con un machete a su hijo de 10 años. Son unos asesinatos que han dejado a 10 criaturas huérfanas.

Seis de los diez agresores habían sido ya denunciados por maltrato, cuatro de las asesinadas tenían órdenes de protección. Solo en uno de los casos eran aún pareja. 

Actualmente en España hay 103.000 mujeres con vigilancia policial. Según los datos del Ministerio del Interior, más de la mitad de las que disponen de algún tipo de protección tienen hijos menores de edad. Hay 1.538 niños en riesgo de ser agredidos por sus padres o las parejas de sus madres.

El Ministerio de Igualdad reconoce que a veces habría que afinar más en los informes de las evaluaciones de riesgo. Otro elemento a revisar es la distancia mínima de prohibición para que los agresores no puedan acercarse a las mujeres. Ahora es de 350 metros y existen dudas de que en algunos casos el margen de reacción para protegerlas sea suficiente. Para que se entienda mejor, muchas veces la policía no puede llegar a tiempo para evitar que se produzca la agresión. 

Mientras aumenta el discurso negacionista y se intenta ocultar el terrorismo machista con eufemismos y negando que existe la violencia de género, los datos son los que son. Cada vez se mata a más mujeres por el hecho de ser mujeres y no dejaremos de denunciarlo por más que no ocupe el espacio que merecería en los medios o que a muchas se nos intente desacreditar por alzar la voz en su nombre y en el de todas.

Sabemos que la extrema derecha y no solo ella está logrando su propósito. El Barómetro Juventud y Género publicado este martes señala que cuatro de cada diez jóvenes en España (38,4 %) se consideran feministas, el porcentaje más bajo desde 2021, cuando eran el 49,9 %. Casi la mitad percibe el feminismo como una herramienta de manipulación política. Algunos datos más que ayudan a entender el retroceso actual: El 32% de las mujeres jóvenes afirma que su pareja se ha enfadado por no responder inmediatamente a mensajes o llamadas (17% ellos); el 27% declara que le han revisado el móvil (17% ellos) y el 26% que le han dicho con quién puede o no puede hablar (17% ellos).

“Está creciendo profundamente la idea de que los hombres están en desventaja o que nos hemos pasado de frenada”, ha explicado la investigadora Anna Sanmartín, en declaraciones a Efe. Esta experta considera necesaria mucha pedagogía para superar esos retrocesos y recuperar consensos que parecían establecidos.

Siempre a favor de la pedagogía, pero sabiendo que a veces se utiliza como excusa para negar o restar importancia a la realidad: 1.353 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde el 2003, que es cuando empezaron a realizarse estadísticas oficiales. 67 menores han sido asesinados por sus padres o las parejas de sus madres desde 2013, año desde el que son considerados víctimas de la violencia de género. 

El machismo mata y hay que recordarlo cada día. Por más que nos quieran silenciar.

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016: Atención 24h en 52 idiomas (no deja rastro en la factura, pero debe borrarse del registro de llamadas).

WhatsApp: 600 000 016.

Emergencias: 112, 091 (Policía Nacional) o 062 (Guardia Civil).

App AlertCops: Permite enviar una señal de alerta geolocalizada si no puedes hablar.

Diez mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de 2026. Las cuatro últimas, junto a una niña de 12 años y un niño de 10, en la última semana. Si a esto sumamos los casos de violencia y acoso sexual, las noticias se suceden en todos los ámbitos e instituciones. Aún no ha acabado febrero. 

Rafael Sánchez Ferlosio escribió en 1994 un texto titulado Virilidad en el que decía que hay hombres pertenecientes a una “ralea viril” que todo lo remedian “con hostias y polvos” porque no ven al otro como sujeto, sino sólo “como objeto de sometimiento y control”. Treinta años después, estos hombres, esta ralea viril, siguen existiendo en España, ahora si cabe más agraviados, más furiosos, más crecidos. El auge de ciertos discursos negacionistas, como el de las denuncias falsas, les carga de razón y les convierte en víctimas, víctimas de las mujeres, del sistema, de las leyes. Les absuelve de responsabilidad, porque les construye el relato de que la culpa es de ellas y a ellos no les queda otra que matar o matarse. No abundan los testimonios de hombres maltratadores que reconozcan “las hostias y los polvos no consentidos” porque la mayoría no reconoce las palizas, las amenazas, el sometimiento, las agresiones. Se sienten genuina e injustamente atacados. Cada maltratador se considera el mejor de los maridos, el padre más protector y entregado. La culpa siempre es de otros. La culpa es de ellas y de un sistema y una ley que los discrimina, que les quita su lugar, el sitio que merecen. Y este negacionismo se extiende como un vacío negro alrededor de las víctimas, siempre cuestionadas, siempre sospechosas de intenciones ocultas y egoístas. ¿No será que se lo merecían? 

El auge del negacionismo de la violencia contra la mujer (la mujer cercana, tu familiar o tu vecina) y la promesa de erradicar “los chiringuitos violetas” coincide con un gravísimo fallo institucional. La mayoría de las mujeres asesinadas debían estar bajo protección: cinco habían denunciado a su agresor y, en otro caso, había denuncia de una tercera persona. Los agresores estaban en el sistema VioGén, algunos con seguimiento y calificación de riesgo baja. Habían dado el difícil paso de denunciar y puesto su vida en manos de un sistema que les falló. Se insiste en que denuncien, si lo hacen se sospecha de sus intenciones, y en el peor de los casos pierden la vida o matan a sus hijos. Algo falla. 

Los abogados y asociaciones que trabajan con víctimas de violencia apuntan a múltiples factores: falta de medios, desconexión entre servicios de atención a las víctimas, policía y juzgados, dificultad para evaluar el riesgo en el que se halla una mujer maltratada porque requeriría muchas más horas de entrevistas y análisis, a lo que se unen los fallos en las pulseras y la poca consecuencia que tiene para el agresor el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento. Sería necesario reevaluar los protocolos y los fallos de coordinación con las administraciones locales y autonómicas. Insistir en la concienciación ciudadana, para que entre todos seamos capaces de tejer redes de prevención y protección. 

Más recursos, mejores protocolos, más coordinación. Más educación y más ayuda de los entornos cercanos a las víctimas de maltrato o violencia sexual. Más implicación de todos los ciudadanos. Negarnos a negar la realidad. Qué casualidad que ahora todo el mundo conozca a un hombre víctima de denuncia falsa pero nadie conozca a un maltratador. ¡Pero si es un hombre tan normal, tan campechano, tan trabajador! ¡Si adora a sus hijos! Hombre, ¿que tiene carácter? Pues como todo el mundo. Y ellas, mientras tanto, aisladas, invisibles, mentirosas, manipuladoras. Y finalmente, asesinadas. 

Estas historias solo admiten finales infelices. Ya son 1.353 las mujeres asesinadas desde que se creó el registro oficial, en 2003. Y 66 menores asesinados desde 2013, cuando empezó a contabilizarse. Y también desde 2013, 510 menores que se han quedado huérfanos. ¿No hemos tenido suficiente? 

EEUU, el país que más CO₂ ha inyectado a la atmósfera, acaba de decidir oficialmente que los gases de efecto invernadero no suponen ninguna amenaza para la salud humana y del planeta. El responsable histórico número uno del cambio climático ha revocado el informe científico que determinaba el peligro de estos gases y su relación con los vehículos a motor.

La ofensiva negacionista –y anticientífica– ha obtenido uno de sus grandes trofeos: la derogación exprés, en menos de un año, de la Endangerment Finding, la determinación científica y legal emitida en 2009 por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) sobre el peligro que representan estos gases. Era su objetivo desde hacía mucho tiempo y se lo habían exigido a Trump.

“A partir de ahora se ha establecido el negacionismo como la política oficial de esta administración”, explica el analista de política climática del Centro para el Progreso de EEUU (CAP), Leo Banks.

Para los que piensan que el cambio climático es un bulo este informe era el santo grial. Creen que con esta derogación han asestado un golpe en el corazón del movimiento climático

Leo Banks — Analista de política climática del Centro para el Progreso de EEUU

“Para los que piensan que el cambio climático es un bulo [aquello del ”hoax" expandido por Donald Trump], este informe era el santo grial –describe este sociólogo para elDiario.es–. Creen que con esta derogación han asestado un golpe en el corazón del movimiento climático”.

En la práctica, estos documentos de la EPA sirvieron para que existiera una base legal y científica con la que imponer a los emisores de gases en EEUU la obligación legal de recortar de emisiones CO₂, metano y otros gases de efecto invernadero. Por eso se había convertido en la pieza de caza mayor para los negacionistas. Sin ellos, esperan que se establezca barra libre para los contaminadores.

El actual director de la EPA, Lee Zeldin, ha dicho que “la administración de Trump no va a sacrificar la prosperidad, la seguridad energética y la libertad de nuestro pueblo por una agenda que socava a nuestras industrias, nuestra movilidad y las opciones de los consumidores al tiempo que beneficia a nuestros adversarios extranjeros”.

El director del Instituto Woods para el medio ambiente de la Universidad de Stanford (EEUU), Christopher Field, cuenta a elDiario.es que, desde este momento, “el Gobierno no tiene manera alguna de establecer límites de emisiones de gases a los motores de los vehículos o la generación de electricidad”. El científico estadounidense añade que “aunque esta medida no afecta directamente a los incentivos para las energías limpias, la administración Trump ya ha retirado muchos de estos estímulos con otras regulaciones”.

Leo Banks afirma que nos hallamos ante “una cúspide del negacionismo. La EPA ha hecho de esta derogación su prioridad principal desde el primer día y lo ha perseguido de manera religiosa”. El analista subraya que “al impulsar esta desregulación ambiental se deja a los contaminadores hacer lo que quieran”.

Y lo que quieren es multiplicar el uso de combustibles fósiles (el origen de las emisiones de gases invernadero) y no acotar la contaminación que salga de los tubos de escape de los automóviles. EEUU es el principal emisor histórico mundial: acumula el 25% de todo los gases inyectados a la atmósfera (la costra que atrapa el calor y termina por alterar el clima). Europa es el segundo responsable con el 22% desde 1750, China el tercero con el 12%.

'Conspiración' anticientífica

La ofensiva contra esta clave de bóveda climática viene de lejos. Desde que Donald Trump tuvo que dejar la Casa Blanca en 2021, cuatro antiguos colaboradores suyos comenzaron a trabajar para dinamitar el Dictamen de Peligro de la EPA: Russol Vought, Jeffrey Clark, Mandy Gunasekara y Jonahathan Brightbill conformaron un grupo de presión, según ha desvelado el New York Times.

Los tres primeros aparecen como autores o colaboradores en el documento llamado Proyecto 2025 elaborado por la Fundación Heritage que afirma: “La EPA debería revisar y rescindir el dictamen de peligro de 2009, que sustenta gran parte de la autoridad reguladora del gobierno federal en materia climática”. Y prosigue: “Deberían eliminarse las oficinas y programas que promueven el activismo en materia de cambio climático”.

Es una gran abdicación de EEUU. La evidencia científica ya era robusta en 2009 y lo es mucho más hoy. Cualquier evaluación honesta concluye que esos gases de efecto invernadero son, ciertamente, un peligro para la salud y el bienestar de las personas

Christopher Field — Director del Instituto Woods para el medio ambiente de la Universidad de Stanford

No se limitaron a eso. También socavaron la Agencia Meteorológica de EEUU al afirmar que “se ha convertido en uno de los principales impulsores de la industria del alarmismo climático”. Llegaban a decir que “sus programas de investigación climática han sido utilizados para impulsar una agenda política más que la ciencia”.

En realidad, la ciencia es la que ha saltado por los aires con esta derogación. Christopher Field no duda en resaltar que “la evidencia científica para la Endangerment Finding ya era robusta en 2009 y lo es mucho más hoy. Cualquier evaluación honesta concluye que esos gases de efecto invernadero son, ciertamente, un peligro para la salud y el bienestar de las personas”.

Banks, por su parte, concluye que hemos asistido a un “ejemplo de política anticiencia”, ya que se ha desmontado un informe “sin tener ninguna evidencia de que los gases no son un peligro. Es una bofetada en la cara de la ciencia que no había hecho nada más que fortalecerse desde 2009”.

El investigador de Stanford admite que esta derogación “representa una gran abdicación de los EEUU como líder global de la acción climática”. El analista del CAP, por su parte, sostiene que esto “deja a los aliados de EEUU en una situación delicada. Y lo hemos visto recientemente con el acuerdo entre Canadá y China sobre los coches eléctricos”. Trump reaccionó a ese anuncio con una amenaza: aranceles del 100% a su vecino continental del norte si persiste en el acuerdo.

Ambos investigadores coinciden en que el mundo seguirá avanzando en políticas climáticas aunque EEUU se borre. Sin embargo, también se constata un movimiento de arrastre fuera del país norteamericano. En la Unión Europea, por ejemplo, se han aguado hasta cierto punto las medidas contra las emisiones con la prórroga a los motores de combustión decidida hace pocos meses o la revisión de los objetivos de reducción de gases que se tuvo que estirar hasta las puertas de la cumbre climática de Brasil.

Con todo, Christopher Field vaticina que “la acción global continuará con o sin los EEUU porque los demás han comprendido que este asunto es importante y también porque las tecnologías verdes son la opción más económica, segura y confiable”.

El Ministerio de Transición Ecológica ha remitido a la Fiscalía General del Estado un escrito sobre lo que llama “alarmante aumento de los discursos de odio” contra los meteorólogos. Transición Ecológica ha acompañado el documento con una batería de estudios académicos para sostener esta afirmación.

En un oficio firmado por la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, el Gobierno considera “oportuno” poner en conocimiento de la Fiscalía el “incremento significativo de los mensajes de hostilidad dirigidos a estos profesionales” debido a la “relevancia social de la labor” que desempeñan “en la lucha contra la desinformación climática”.

Entre los informes que ha adjuntado el Ministerio aparece el VI informe del Observatorio de la Comunicación de Cambio Climático según el cual, el 17% de esos mensajes hostiles “contenían discursos de odio, ataques personales o descalificaciones contra profesionales cuya labor consiste en difundir información científica contrastada”.

Además, prosigue el escrito de Aagesen la Fiscalía General, “se evidencia una escalada en la intensidad, frecuencia y violencia de los ataques, lo que afecta a los profesionales de la meteorología”:

Lo cierto es que el acoso a los meteorólogos como arma por parte de los negacionistas del cambio climático ha ido en aumento en los últimos años. Una especie de matar al mensajero que avisa sobre la subida de las temperaturas a niveles peligrosos o el aumento de los episodios extremos como danas o sequías por causa del cambio climático.

En 2023, por ejemplo, el meteorólogo estadounidense Chris Goringer dejó tras 18 años de carrera, su puesto en una cadena de televisión, tras recibir amenazas de muerte como “vete al este y ahógate en el casquete polar derretido”.

Goringer le contó a elDiario.es que “fue terrorífico”. “Cuando empezaron a llegar los correos electrónicos temí no solo por mi seguridad sino también por la de mi esposa”, añadió.

Pero no se ha quedado en EEUU. En España, la Agencia Estatal de Meteorología tuvo que salir al paso de una auténtica campaña de odio en la que las amenazas les llegaban incluso por teléfono. La portavoz de la Aemet, Estrella Gutiérrez, explicaba que “nunca habíamos recibido estos insultos” por contar la verdad científica, es decir, que “el cambio climático es una realidad”.

Después, la cosa no se calmó. Gutiérrez también recordaba “solo uno de los últimos mensajes: sois basura”. Y en Gran Bretaña, por ejemplo, acusaron a su servicio meteorológico de cambiar la paleta de colores del mapa de temperaturas para “crear alarmismo”.

Ahora, el Ministerio de Transición Ecológica pide a los fiscales que tomen cartas en el asunto. “Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que la fiscalía considere oportuno”, remata el oficio de la vicepresidenta.

El primer año del segundo mandato de Donald Trump al frente de la presidencia de Estados Unidos ha hecho saltar por los aires el sistema científico más avanzado del mundo. Según la revista Nature, la nueva administración ha provocado “trastornos sísmicos” que la han llevado a recortar miles de millones en ayudas a la investigación y a encabezar el discurso negacionista en salud y cambio climático, en sintonía con el movimiento anticiencia de la extrema derecha a escala global.

El ataque al mundo científico por tierra, mar y aire se manifestó con una guerra abierta contra las universidades a las que Trump ha retenido o congelado las subvenciones federales por no aceptar sus políticas o interpretaciones de los derechos civiles. Con intención de combatir el nido de ideas woke que considera el mundo universitario, la Casa Blanca obligó a firmar acuerdos bilaterales en que garantizaran la presencia de ideas conservadoras, la interpretación estrictamente biológica del sexo y el género o el cese de las políticas de diversidad. 

Al mismo tiempo Trump realizó una serie de nombramientos polémicos, colocando a personas sin formación, o directamente negacionistas, al frente de algunos de las principales agencias y centros de investigación del país. Así, puso a la cabeza de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) a Jay Bhattacharya, un médico que cuestionó la gravedad de la COVID-19, y nombró presidente del Panel Presidencial sobre Cáncer a Harvey Risch, que promovió tratamientos no probados como la hidroxicloroquina y la ivermectina.

También hubo alguna salida escandalosa, como la de Susan Monarez de la dirección de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), destituida apenas un mes después de tomar el cargo por negarse a comprometer la integridad científica del organismo y rechazar órdenes para cesar a científicos y aprobar recomendaciones de vacunación sin datos suficientes.

El caso más sonado, sin duda, fue el nombramiento del conocido antivacunas Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud, cuya medida estrella fue el anuncio de una supuesta relación entre el autismo y el consumo de paracetamol durante el embarazo, sin ninguna base científica, y quien acaba de prohibir la atención para jóvenes transgénero. 

Seis ex cirujanos generales que sirvieron durante administraciones republicanas y demócratas publicaron recientemente un artículo en The Washington Post advirtiendo de que Robert F. Kennedy Jr. está “poniendo en peligro la salud de la nación” al amplificar la desinformación y socavar la confianza pública en la medicina y la misma agencia de salud pública que supervisa.

Recortes y despidos en masa

El otro gran frente de batalla han sido los recortes presupuestarios y los despidos en masa anunciados por la administración Trump, aunque algunos todavía tienen que ser ratificados por el Congreso. Una de las medidas más agresivas es la intención de cortar cerca de 18.000 millones al presupuesto de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en 2026, lo que equivale a una reducción de aproximadamente el 40%. La propuesta no solo reduce financiación, sino que busca reestructurar NIH combinando sus 27 institutos en solo 8, eliminando varios.

Tal y como contó elDiario.es, esta situación está repercutiendo ya en muchas líneas de investigación contra el cáncer, no solo en Estados Unidos, sino a escala global, puesto que los NIH son el principal financiador mundial de estos programas y los plazos para aprobar las partidas presupuestarias llevan meses posponiéndose. Esta financiación permite a los investigadores centrarse en problemas científicos durante cuatro o cinco años y han sido clave en el desarrollo de la inmunoterapia y otros avances clave contra el cáncer.

La Casa Blanca también presentó un plan para recortar el presupuesto global de la NASA en alrededor de un 24%, hasta dejarlo en el nivel más bajo de financiación desde 1961, lo que se traduce en la cancelación de 41 misiones espaciales y la mitad de su presupuesto científico, así como la pérdida de un tercio de los empleos. El año se cierra con el nombramiento del multimillonario Jared Isaacman como nuevo administrador de la NASA, señalado por sus conflictos de intereses con el sector privado. 

Uno de los efectos colaterales de estos recortes es que se han disparado las opciones de que el Telescopio de Treinta Metros (TMT), que se iba a instalar en Hawái, venga finalmente a la isla de La Palma. Paralelamente, el Gobierno español aprobó una ayuda de hasta 200.000 euros extra a los científicos que vengan huyendo del “menosprecio” en EEUU, con la intención de atraer a unos 200 líderes mundiales en investigación en los próximos cinco años. 

Recortes contra el clima

El equipo de Trump ha empleado la motosierra con especial saña en la investigación de la NASA y otras administraciones sobre el cambio climático. Así, ha dejado sin financiación a las instalaciones asociadas al Observatorio Mauna Loa, donde los científicos recopilan datos sobre la acumulación de dióxido de carbono desde hace más de 65 años y ha aprobado reestructuraciones que afectan a personal científico y las investigaciones en agencias como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) en áreas de clima y salud pública.

El gobierno estadounidense no solo ha propuesto recortes de alrededor de 27% en la NOAA para 2026 y despedido a alrededor de 880 empleados (un 7,3% del personal), sino que incluye la eliminación de importantes instituciones, como la Oficina de Investigación Oceánica y Atmosférica (OAR). La decisión más reciente es la disolución del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica (NCAR), en Boulder (Colorado), un centro de investigación climática y meteorológica de referencia mundial con alrededor de 830 empleados, al que tacha de “alarmista climático” y que quiere borrar de un plumazo. 

Pérdida de liderazgo

La consecuencia directa de estos recortes y esta apuesta por la anticiencia es la pérdida de liderazgo de EEUU a nivel global. Un artículo reciente en la revista de Forbes estima que los recortes propuestos a agencias como el NIH y la NSF podrían costar al menos 10.000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense, porque la investigación pública tiene un alto retorno productivo. 

Las señales de alarma de este hundimiento del liderazgo son múltiples. Según una encuesta publicada por la revista Nature en abril, alrededor del 75% de más de 1.600 científicos están considerando emigrar de EEUU tras los recortes y el clima político, lo que sugiere un riesgo real de fuga de talento. Y los datos del Nature Index 2025 muestran que China ha superado a EEUU como líder global en producción científica de alta calidad.

Este descenso de la financiación estable y competitiva socava la ventaja que EEUU ha tenido históricamente en investigación básica y aplicada, y se extiende a otros terrenos como la tecnología aeroespacial, las industrias tecnológicas y las energías renovables, en las que China avanza a toda velocidad. 

La administración Trump canceló este año unos 7.600 millones de dólares en subvenciones federales a proyectos de energía limpia, justo cuando la revista Science ha elegido “el crecimiento aparentemente imparable de la energía renovable” en China como el avance científico más destacado del 2025. Entre los obstáculos en el horizonte, la revista cita el uso generalizado del carbón y la resistencia política en Estados Unidos que, según denuncia el editorial de la revista, está llevando al país a “no beneficiarse de sus propias innovaciones”.  

Diluido en los problemas del Gobierno a cuenta de los casos Ábalos y Cerdán, más la ola de denuncias de abusos machistas en el PSOE, llega el Pacto de Estado contra el cambio climático. Cuatro meses después del anuncio y algo desfondado por un trimestre demoledor para el Ejecutivo, se presenta este miércoles lo que debería ser un acuerdo para “trascender los ciclos políticos y las diferencias territoriales, con el fin de reforzar la capacidad de adaptación, mitigación, respuesta y recuperación ante los fenómenos climáticos”.

A pesar del timing desfavorable, el documento servirá para señalar el renovado negacionismo climático del PP –arrastrado por su abrazo y competencia simultáneos con la ultraderecha de Vox–, ya que, de hecho, ese negacionismo brotó desde el primer momento para descartar cualquier pacto ante de conocerse su contenido. “Quien diga que no, se va a arrepentir”, ha advertido la vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Pero el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya salió en septiembre para decir que “el cambio climático existe”, pero que relacionar la ola de incendios de agosto pasado con este fenómeno era “una cortina de humo”. Un discurso que encaja con la evolución al retardismo climático que los investigadores describen como “aceptación” de la crisis climática, pero, al mismo tiempo, “justificación de la inacción”.

Lo cierto es que los científicos constataron en un estudio de atribución publicado el mismo mes en el que Feijóo pronunciaba esas palabras que el cambio climático había hecho 40 veces más probables los megaincendios de los que hablaba el líder del Partido Popular.

Camino difícil

El pacto cuyo borrador se mostrará este miércoles no ha tenido un camino fácil y la sensación de urgencia por tenerlo a punto que brotó con los fuegos parece que ha ido perdiendo fuelle.

El presidente del Gobierno lanzó la idea de un acuerdo de Estado cuando una buena parte del país ardía en múltiples incendios forestales. El mismo día que avanzó el proyecto, el 17 de agosto, se habían quemado 340.000 hectáreas en diez días devastadores.

Si en septiembre Pedro Sánchez dio a conocer las líneas maestras del pacto –y el Partido Popular negaba cualquier posibilidad de entendimiento–, en octubre los presidentes autonómicos del PP se descolgaron a última hora de la Convención del Pacto Climático que se iba a celebrar en Ponferrada (León) y en cuyo programa aparecían intervenciones de diferentes ejecutivos regionales.

Los barones populares remitieron un texto a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en el que llamaban al pacto “propaganda”. Calificar la acción climática de ideología, propaganda o dogma en contraposición a lo que entienden por “sentido común” es otra de las características que los investigadores del negacionismo han detectado en la evolución del movimiento.

La convención de Ponferrada, que buscaba dar un impulso público a las propuestas que se incluirían en el pacto, se vio contraprogamada por el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás del 13 de octubre. Tanto que la intervención allí del presidente Sánchez, prevista para la inauguración del evento, tuvo que retrasarse al día de cierre porque el jefe del Ejecutivo se marchó a Egipto para estar presente en la firma de ese acuerdo.

Pactos contra la agenda verde

Con todo, Sánchez retomó la confrontación con los negacionistas en la Cumbre del Clima de Brasil de noviembre pasado donde explicaba que el cambio climático ha provocado 20.000 fallecimientos en España en los últimos cinco años. Y escogió su comparecencia de balance de fin de año este lunes para avanzar que el borrador del pacto está preparado.

Enfrente, la derecha y ultraderecha de PP y Vox han reforzado sus posiciones. En la Comunitat Valenciana el actual president, Juan Francisco Pérez Llorca, criticó el Pacto Verde Europeo como le exigía Vox para contar con sus votos de investidura. En la Región de Murcia, el presidente Fernando López Miras alcanzó un acuerdo con los ultras para sacar adelante los presupuestos regionales y al publicitarlo atacó el mismo programa de medidas ambientales europeas.

La presentación del pacto, que luego pasará al Congreso de los Diputados, llega cuando el avance provisional del informe de la Agencia Estatal de Meteorología sobre cómo ha sido 2025 ha indicado que, tras un otoño “muy cálido y seco”, es “altamente probable” (porque faltan los datos de diciembre) que este curso sea calificado como “extremadamente cálido”. Los cuatro años más cálidos de la historia en España se han registrado en estos cuatro últimos años.

España es el país de la Unión Europea con más muertos debidos a episodios de tiempo extremo empeorados por la crisis del clima. Desde 1980 a 2024 más de 100.000 personas han perdido la vida por desastres climatológicos cebados por el calentamiento global del planeta.

A penes una setmana després que Vox dinamités en el Parlament balear el sostre de despesa balear aprovat pel PP en Balears, bloquejant de facto els Pressupostos de 2026, la Cambra autonòmica ha estat testimoni aquest dimarts d'una nova claudicació dels populars davant l'extrema dreta: els vots dels de Santiago Abascal han permès tirar endavant un dels decrets estrella del Govern de Marga Prohens, el dirigit a simplificar i agilitzar la tramitació de projectes estratègics, que fa gairebé tres mesos va tombar l'extrema dreta en considerar incomplertes les seves exigències lingüístiques a les illes.

El suport de Vox, no obstant això, no ha estat gratuït: per a guanyar-se el seu suport, el Govern ha assumit l'agenda negacionista de Vox fins al punt d'esborrar alguns dels eixos clau de la norma. Per imposició de l'extrema dreta, el text final exclou expressament els projectes d'energies renovables -que hauran de tramitar-se per la via ordinària-, elimina les Zones d'Interès Autonòmic Energètic (ZIAE) i suprimeix tota referència al canvi climàtic.

Mentre el vicepresident del Govern, Antoni Costa, va parlar la setmana passada de “lleugeres modificacions”, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha celebrat la “depuració radical” del text, reivindicant una nova victòria enfront del PP. “Hem demostrat amb fets concrets i tangibles la utilitat real de la nostra presència en les institucions”, ha emfatitzat, asseverant que la seva labor ha estat la “d'actuar com un dic de contenció i indestructible enfront de la ideologia imposada i els interessos que s'amagaven darrere del mantra de la simplificació administrativa”. En aquesta línia, la parlamentària ha celebrat haver “frenat en sec” una regulació que “només buscava afavorir a les energies renovables sota l'excusa de la transició ecològica”.

Aquesta nova cessió ha permès així al gabinet de Prohens salvar una de les seves principals apostes normatives en matèria econòmica i, al mateix temps, tancar -almenys de manera provisional- l'última crisi oberta amb Vox. Un moviment amb el qual el Govern evita projectar una imatge de paràlisi institucional, encara que sigui a costa d'assumir el negacionisme climàtic de l'extrema dreta, el discurs de la qual nega l'impacte humà en la crisi climàtica, desacredita el consens científic aconseguit en aquesta matèria i presenta la transició ecològica com una imposició ideològica.

Es tracta d'un enfocament amb el qual Vox busca condicionar decisions i normatives no sols en Balears, sinó també en altres autonomies com la Comunitat Valenciana, on els d'Abascal han Vox ha advertit al PP que, si vol el seu suport per a investir a un nou president després de la dimissió de Carlos Mazón, hauran d'assumir la seva agenda negacionista del canvi climàtic, o, com ells el denominen, “fanatisme climàtic”.

En concret, el decret contempla simplificar la burocràcia associada a les activitats econòmiques, especialment en l'àmbit de les inversions, reduir la càrrega administrativa i facilitar els processos a les empreses interessades a implantar-se o créixer en Balears. Per a això, preveu la creació de la figura dels Projectes d'Especial Interès Estratègic (PEIE), amb un marc únic per a agilitzar i simplificar la tramitació administrativa i acompanyar tant projectes públics com privats. També es restitueix la Unitat Acceleradora de Projectes Estratègics (UAPE), integrada en l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques, que actuarà com a finestreta única i oferirà seguiment i suport tècnic als promotors.

Els projectes podran ser declarats PEIE per volum d'inversió, creació d'ocupació o impacte transformador en el model econòmic balear. La declaració donarà accés a tramitació preferent, reducció de terminis, acompanyament tècnic, coordinació amb les diferents administracions i prioritat a l'hora d'optar a finançament.

Abans que Vox tombés al setembre el decret, el Govern va declarar com a projecte d'especial interès estratègic el nou centre universitari Beat Luis Belda, a Mallorca, adscrit a la institució catòlica privada CEU San Pablo, una decisió que atorga un tracte preferent a una iniciativa educativa confessional, situant-la en la mateixa categoria que projectes empresarials considerats essencials per a la transformació econòmica de les illes.

Apenas una semana después de que Vox dinamitase en el Parlament balear el techo de gasto balear aprobado por el PP en Balears, bloqueando de facto los Presupuestos de 2026, la Cámara autonómica ha sido testigo este martes de una nueva claudicación de los populares ante la extrema derecha: los votos de los de Santiago Abascal han permitido sacar adelante uno de los decretos estrella del Govern de Marga Prohens, el dirigido a simplificar y agilizar la tramitación de proyectos estratégicos, que hace casi tres meses tumbó la extrema derecha al considerar incumplidas sus exigencias lingüísticas en las islas.

El respaldo de Vox, sin embargo, no ha sido gratuito: para granjearse su apoyo, el Govern ha asumido la agenda negacionista de Vox hasta el punto de borrar algunos de los ejes clave de la norma. Por imposición de la extrema derecha, el texto final excluye expresamente los proyectos de energías renovables -que deberán tramitarse por la vía ordinaria-, elimina las Zonas de Interés Autonómico Energético (ZIAE) y suprime toda referencia al cambio climático.

Mientras el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, habló la semana pasada de “ligeras modificaciones”, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha celebrado la “depuración radical” del texto, reivindicando una nueva victoria frente al PP: “Hemos demostrado con hechos concretos y tangibles la utilidad real de nuestra presencia en las instituciones”, ha enfatizado, aseverando que su labor ha sido la de “actuar como un dique de contención e inquebrantable frente a la ideología impuesta y los intereses que se escondían tras el mantra de la simplificación administrativa”. En esta línea, la parlamentaria ha celebrado celebrado haber “frenado en seco” una regulación que “solo buscaba favorecer a las energías renovables bajo la excusa de la transición ecológica”.

Esta nueva cesión ha permitido así al gabinete de Prohens salvar una de sus principales apuestas normativas en materia económica y, al mismo tiempo, cerrar -al menos de forma provisional- la última crisis abierta con Vox. Un movimiento con el que el Govern evita proyectar una imagen de parálisis institucional, aunque sea a costa de asumir el negacionismo climático de la extrema derecha, cuyo discurso niega el impacto humano en la crisis climática, desacredita el consenso científico alcanzado en esta materia y presenta la transición ecológica como una imposición ideológica.

Se trata de un enfoque con el que Vox busca condicionar decisiones y normativas no solo en Balears, sino también en otras autonomías como la Comunitat Valenciana, donde los de Abascal han Vox ha advertido al PP de que si quiere su apoyo para investir a un nuevo presidente tras la dimisión de Carlos Mazón deberán asumir su agenda negacionista del cambio climático, o, como ellos lo denominan, “fanatismo climático”.

Durante el debate de la iniciativa, En concreto, el decreto contempla simplificar la burocracia asociada a las actividades económicas, especialmente en el ámbito de las inversiones, reducir la carga administrativa y facilitar los procesos a las empresas interesadas en implantarse o crecer en Balears. Para ello, prevé la creación de la figura de los Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE), con un marco único para agilizar y simplificar la tramitación administrativa y acompañar tanto proyectos públicos como privados. También se restituye la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), integrada en la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas, que actuará como ventanilla única y ofrecerá seguimiento y apoyo técnico a los promotores.

Los proyectos podrán ser declarados PEIE por volumen de inversión, creación de empleo o impacto transformador en el modelo económico balear. La declaración dará acceso a tramitación preferente, reducción de plazos, acompañamiento técnico, coordinación con las distintas administraciones y prioridad a la hora de optar a financiación.

Antes de que Vox tumbara en septiembre el decreto, el Govern declaró como proyecto de especial interés estratégico el nuevo centro universitario Beato Luis Belda, en Mallorca, adscrito a la institución católica privada CEU San Pablo, una decisión que otorga un trato preferente a una iniciativa educativa confesional, situándola en la misma categoría que proyectos empresariales considerados esenciales para la transformación económica de las islas.

El Partido Popular en su nuevo abrazo con la ultraderecha de Vox apela al “sentido común” para socavar las políticas ambientales. Disfrazar de sentido común el rechazo a las medidas contra el cambio climático es una fórmula típica de las últimas versiones del negacionismo.

El ejemplo más reciente lo ofrece el nuevo presidente de la Generalitat valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca. El heredero de Carlos Mazón, en su discurso de investidura, atacó el Pacto Verde Europeo –como exige Vox– al decir que su partido piensa “que en las instituciones europeas se impusieron unos objetivos inasumibles y de lo que se trata es de aplicar el sentido común. Es necesario flexibilizar metas, sobre todo, si son imposibles de cumplir”.

Esa idea de “objetivos imposibles” es justo lo que habían argumentado los eurodiputados españoles del PP –liderados por el valenciano Esteban González Pons– para votar el 13 de noviembre pasado en contra de los objetivos climáticos de la Unión Europea y junto a los grupos ultraderechistas.

Invocando el sentido común, se intenta naturalizar ciertas interpretaciones sobre el cambio climático y las políticas verdes que contradicen la evidencia científica

Caroline Reinhammar — Investigadora de la Universidad de Gotemburgo

“Invocando el sentido común, se intenta naturalizar ciertas interpretaciones sobre el cambio climático y las políticas verdes que contradicen la evidencia científica”, explica la investigadora de la Universidad de Gotemburgo, Caroline Reinhammar. “Nuestra dependencia de los combustibles fósiles –ejemplifica–ha modelado nuestras sociedades actuales así que hacer referencia al sentido común funciona como una defensa de esa sociedad y sus estructuras. Hace que se vea como lo natural”, abunda.

Pérez Llorca no está solo ni ha estrenado esta estrategia. Su jefe máximo, el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo, la sacó a pasear en su discurso de fallida investidura en septiembre de 2023. “Me propongo afrontar el cambio climático con las evidencias que la ciencia aporta y con el sentido común”.

En contra de la ciencia

El problema es que lo que se califica como sentido común “se aleja de las conclusiones científicas y el conocimiento de los expertos”, analiza la investigadora Reinhammar.

Desde luego lo que hace el Partido Popular al votar en contra del objetivo de reducción de emisiones de CO₂ es contradecir a la ciencia que ya ha evidenciado que, para frenar el cambio climático y evitar sus efectos más devastadores, hace falta recortarlas a la mitad en esta década y casi a cero en 2050. ¿El resumen científico? “Solo las reducciones rápidas de las emisiones a corto plazo son eficaces para reducir los riesgos climáticos”.

Desde la perspectiva de esos riesgos y consecuencias, cuando Feijóo dio aquel discurso de investidura, todavía estaba por llegar la dana de octubre de 2024 que dejó más de 200 víctimas y fue un 20% más potente, precisamente, por el cambio climático, según calcularon, otra vez, los científicos. Pero la estrategia no ha cambiado a la luz de los pactos PP-Vox en la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia e incluso los intentos del presidente de Aragón Jorge Azcón. Una estrategia que ha puesto en riesgo la llegada de fondos europeos a España.

El argumento del sentido común alimenta la última forma evolucionada del negacionismo: el retardismo. Los estudiosos de este fenómeno explican que se trata de un discurso que “acepta el cambio climático, pero justifica la inacción –o que lo hagan otros– al tiempo que se centra en los efectos negativos de las políticas verdes o ponen en duda que el cambio climático pueda mitigarse”.

En esa categoría cuadran conceptos como “flexibilizar metas” o, como también deslizó Núñez Feijóo en el mismo discurso parlamentario evitar “visiones apocalípticas. Que nos acerquemos con el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico social”.

Otra de las patas en las que se sostiene este negacionismo del sentido común es presentar a la ciencia o las medidas derivadas de sus trabajos como un poder autoritario. Lo dejó bien claro el presidente de la Región de Murcia, López Miras, al anunciar su acuerdo con Vox para los presupuestos regionales: “Combatiremos el Pacto Verde Europeo con todas las armas políticas y jurídicas. Basta de imposiciones, basta de declaraciones grandilocuentes”.

López Miras ha aplicado la misma ecuación que Feijóo o Pérez Llorca a la hora de criticar la política hidrológica del Ejecutivo y el famoso trasvase Tajo-Segura. “Es evidente que algo se está haciendo mal cuando vemos que en unas provincias hay que poner restricciones al consumo, mientras en otras se tiene que soltar agua de los pantanos cuando exceden su capacidad. Esto no es cuestión de ideologías, sino de sentido común”. El PP ha defendido que el agua que llega al mar por los ríos es un “desperdicio”.

Lo que no me gusta es dogma

Reinhammar, que estudia cómo el rechazo a las políticas climáticas se normaliza mediante la construcción de sentido común y la “añoranza de un orden natural”, cuenta en conversación con elDiario.es que esta narrativa “impone la experiencia personal sobre los expertos porque confía más en esa experiencia propia que en los hechos y hace que sea más fácil movilizar a la gente: no hace falta que sepas, basta con confiar en tu instinto”.

A eso se le suma, añade la investigadora, “que esta narrativa crea la idea de que lo que no es sentido común es, por lo tanto, algo irracional. Consecuentemente, la ciencia climática o la transformación hacia las renovables se describe como ”una creencia o una irrealidad“.

No apoyo que la estrategia energética y ambiental se reduzca a limitar el crecimiento y a imponer un determinado modo de vida. (...) Es decir, transición ecológica sí. Dictadura activista en ningún caso

Alberto Núñez Feijóo — Presidente del Partido Popular

Un concepto del que Núñez Feijóo ha echado mano al hablar de “dogmatismo ambiental” para hablar de las políticas verdes –la misma expresión usada el mismo día por el líder de Vox, Santiago Abascal–. No se ha quedado ahí el líder del PP que ha defendido: “No apoyo que la estrategia energética y ambiental se reduzca a limitar el crecimiento y a imponer un determinado modo de vida. (...) Es decir, transición ecológica sí. Dictadura activista en ningún caso”.

Pérez Llorca abrazó la misma idea hace unos días para conseguir los votos de los ultraderechistas y habló de “una impostura ecologista que las élites europeas han convertido en dogma”. El mismo López Miras apoya su agenda hidrológica apelando a que “si dejamos que impere la ideología a la hora de repartir el agua, tendremos pobreza, paro y desierto”.

Caroline Reinhammar aclara que, en principio, “las referencias al sentido común se hacen desde el espectro político de la izquierda y de la derecha”. Pero dado que mitigar el cambio climático requiere una profunda transformación, utilizar la baza del sentido común en contra de esa transformación “permite continuar la vida de la misma manera que hasta ahora, consumir en la misma medida y da una sensación de estabilidad. Y eso cuadra con los ideales políticos conservadores”.

Si hoy es jueves, hablamos de un nombre propio: Teresa Peramato (Salamanca, 63 años). Es la propuesta que el Gobierno ha hecho pública este 25N para suceder a Álvaro García Ortiz al frente del Ministerio Fiscal. La fecha no fue casual como tampoco fue accidental que el Supremo eligiera el 20N para publicitar la condena al ya ex fiscal general del Estado de dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, procesado por fraude fiscal.

Las fechas importan, sí. El Alto Tribunal quiso hacer coincidir el fallo con el 50 aniversario de la muerte de Franco para recordarnos que, en efecto, todo quedó “atado y bien atado”, célebre frase que el dictador pronunció en las Navidades de 1969 para tranquilizar a los que creían que la dictadura moriría con él y pedían que su testamento político garantizara la continuidad del régimen para seguir así manteniendo sus privilegios. Y el Gobierno ha buscado el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para dejar constancia de que hay batallas ideológicas a las que no piensa renunciar frente al avance de los reaccionarios. La de la igualdad y la lucha contra la violencia machista es una de ellas. Y otra, poner orden en la carrera fiscal.

De ahí el nombre de Teresa Peramato, una mujer progresista, de trayectoria impecable, con 35 años de ejercicio profesional, que ahora ejerce como fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y que es, además de una reconocida feminista, fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. 

Impulsora de los juzgados especializados para mujeres víctimas de la violencia de género en Madrid, tomará las riendas del Ministerio Fiscal en un momento especialmente complicado, y no solo por la condena de su antecesor, sino también por un cuestionamiento constante de la institución por parte de las derechas que la consideran una prolongación del Gobierno. Solo cuando gobierna la izquierda, claro. Cuando lo hace la derecha, al fiscal general, ya saben, lo nombra el espíritu santo. Su reto, en todo caso, es recoser la institución, cerrar heridas y lograr una mínima unidad en la carrera.

Las conversaciones de Bolaños con conservadores y progresistas

La elección de Peramato ha sido la consecuencia de no menos de un centenar de conversaciones que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, mantuvo entre el 21 de noviembre y el pasado lunes con distintas personalidades del mundo judicial para escuchar sus propuestas. En la mayoría de ellas, según fuentes gubernamentales, su nombre se convirtió en un fijo entre los consultados tanto de ideología conservadora como progresista. Y así se lo hizo saber el ministro al presidente del Gobierno, que se encontraba de viaje en Sudáfrica para la cumbre del G20. Pedro Sánchez estuvo en todo momento informado de la evolución de los contactos del ministro y muy encima del desarrollo de los mismos, incluidos los dos encuentros que Bolaños mantuvo con Teresa Peramato antes de hacerse pública la propuesta a las 7.00 de la mañana del martes del 25N. 

Hora y media después, las organizaciones feministas ya habían celebrado de forma unánime la propuesta, al igual que las asociaciones de fiscales, donde sorprendió, eso sí, la contención de las de tendencia conservadora. Más tarde, hasta el vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, calificaba la trayectoria de la que será fiscal general del Estado como “ejemplar”. Una opinión que, en absoluto, compartieron algunos de sus correligionarios, como fue el caso de la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, o del secretario general, Miguel Tellado, para quienes lo importante seguía siendo el ataque a Sánchez, y no la impecable carrera de Peramato, reconocida por toda la derecha judicial.

Mujer, progresista y dispuesta a dar batalla

El Gobierno tuvo claro desde el principio que buscaba para suceder a García Ortiz a una mujer, progresista y dispuesta a dar la batalla en la carrera fiscal, una institución dividida que atraviesa el momento más delicado de su historia y con los tribunales convertidos en un campo de minas contra el Gobierno. Pero también quería que el nombre elegido fuera respetado por conservadores y progresistas. La primera decisión del ministro fue decidir si proponía a alguien de fuera o de dentro de la carrera fiscal. La primera opción fue descartada, tras entender que el mensaje podría ser ofensivo para los fiscales, y por eso se rechazó buscar entre catedráticos o magistrados. 

Una vez cuadrado el círculo con Peramato, en La Moncloa se proponen ahora no dar un paso atrás en la defensa de sus banderas más ideológicas, como la igualdad o la lucha contra las violencias machistas en pleno auge de una ultraderecha negacionista que, además, ha conseguido que el PP de Alberto Núñez Feijóo haya viajado en los últimos 20 años desde el pacto de Estado que avaló en 2017 hasta la “violencia intrafamiliar” y a no condenar desde sus redes sociales, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso, los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas.

Que la propuesta de Peramato se conociera el 25N es un mensaje para toda la carrera judicial, pero también para quienes, tanto en Vox como en el PP, se preguntan “cuándo es el día del hombre”. Y con ello niegan que a Karilena, Lina, Doreen, Eva, Andrea, Juana, Josefa, Diana, Marta, Rocío, Miriam, María, Pilar, Maritza, Zunilda, Marisa, Alejandra, Susana, Ramy Virginia, María del Carmen, Josefina, Dolores, Mercedes, Ilham, Rosalía, Mercedes, Ginesa, Katherine Yuliet, Eva, Verónica, Martha, Ainhoa, Zahra, Cristina, Eugenia, Silvia y María Pilar -las 38 asesinadas en lo que va de 2025- las mataron por ser mujeres.

Aviso para quienes hablan de “dogmas feministas”

El nombramiento de la nueva fiscal general es un aviso para quienes, como la diputada ultra Rocío de Meer, no hablan de violencias contra la mujer sino de “dogmas feministas” y argumentan que reducir todas las causas de asesinato en el hogar al machismo es “simplista e ineficaz, ya que los asesinatos son multifactoriales (alcoholismo, salud mental, precariedad)”.

Y es además un recado a un PP que hoy ha asumido la agenda negacionista de Vox allá donde ha necesitado de los votos de los de Santiago Abascal. En la izquierda no olvidan que, ya con la aprobación de la primera ley integral contra la violencia de género en 2004 que el Congreso aprobó por unanimidad, los populares arremetieron contra “el sexismo penal”, propusieron agravar todas las penas por violencia doméstica, al margen del sexo del agresor, y se opusieron a la creación de juzgados especializados en violencia de género.

De aquellos polvos, y no solo por el influjo de Vox, el PP ha dibujado un auténtico mapa de la vergüenza sobre la igualdad y la violencia machista en varias comunidades autónomas. Porque para la configuración de gobiernos locales y regionales tras las elecciones de 2023, el PP se prestó a borrar todo rastro sobre la violencia de género de los acuerdos firmados con la ultraderecha, lo que de facto supuso la aceptación del discurso negacionista. Y, a continuación, van algunas decisiones que nos lo recuerdan:

Andalucía. En Huelva, donde el gobierno de PP y Vox eliminaron la concejalía de Igualdad, el Ayuntamiento puso en marcha un taller municipal para enseñar a las mujeres a limpiar la casa sin contaminar. En Maracena (Granada) excluyeron a las víctimas de violencia de género de las bolsas de empleo social y desmantelaron la unidad de VioGen de la Policía Local. Y en la Junta, el gobierno del PP mantiene las subvenciones a asociaciones antiabortistas fruto de un acuerdo suscrito con los de Abascal.

Aragón. PP y Vox frenaron una propuesta para garantizar el aborto en hospitales públicos en junio pasado; la presidenta de las Cortes, la ultra Marta Fernández, llegó a afirmar que la violencia de género no existe y el gobierno del popular Azcón anuló unos talleres sobre violencia machista tras considerarlos “meramente ideológicos”.

Castilla y León. En la misma línea, el gobierno de Valladolid eliminó la concejalía de igualdad y también el de Burgos, mientras que la consejería de Empleo del gobierno regional eliminó las bonificaciones a empresas por contratar a víctimas de violencia de género. 

Madrid. El PP votó en contra de la instalación de los puntos violetas en las fiestas de Las Rozas. En Valdemorillo, Vox censuró la obra teatro “Orlando” de Virginia Woolf y en el Ayuntamiento de Madrid, desde 2020, la ultraderecha ha impedido las declaraciones institucionales con motivo del 8 de marzo e impulsado iniciativas para eliminar charlas feministas de colegios para derogar la ley de VioGen. En Alcobendas, con alcaldesa del PP, se ha suprimido la concejalía de Igualdad y Mujer. 

Y en la Comunidad de Madrid, Ayuso dejó su sello nada más ser elegida candidata a presidir el gobierno regional, cuando preguntada por la periodista Teresa Campos en un programa de televisión sobre la violencia de género se refirió a ella como a “un tipo de violencia muy concreto, que está ahí”, pero matizó que también “hay violencia sobre el propio hombre, que sufre más agresiones que nosotras”. La inquilina de Sol ha eliminado todas las acciones de sensibilización contra la violencia de género para el presupuesto de 2026 en la única región de toda España que no ha aprobado una ley de igualdad autonómica. Igual que Vox, Ayuso también se pregunta “cuándo es el día del hombre” y considera más importante trabajar diariamente para que haya menos víctimas de cualquier tipo de violencia, en lugar de esperar a un día específico. Entre sus ocurrencias más sonadas se encuentra la creación de un centro para hombres agredidos sexualmente, a pesar de que en el 85% de las denuncias las víctimas son mujeres. Todo ello además de enviar a las mujeres “a abortar a otro lado” y declararse en rebeldía contra la ley que le obliga a crear un registro de objetores contra el aborto entre los médicos de la sanidad pública.

Extremadura. Vox ha impedido en la Asamblea declaraciones institucionales por el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres y, con el beneplácito del PP, ha conseguido eliminar la consejería de Igualdad.

Galicia. Además de suprimir también la secretaría general de Igualdad, la Xunta llegó a sacar en 2022 una campaña de publicidad institucional contra la violencia sexual que culpabiliza a las víctimas por su forma de vestir y por sus actividades. Despreció además la prevención de los asesinatos machistas y dijo que el motivo de muchos es que las mujeres rompen la pareja.

Baleares. Eliminada la consejería de Igualdad, el Govern estableció que los hijos de víctimas de violencia de género dejasen de ser beneficiarios directos de las ayudas de comedor.

La Rioja. PP y Vox votaron en el Parlamento en contra del desarrollo de la ley de violencia autonómica y la ultraderecha solicitó incluso la derogación de la ley de igualdad autonómica. 

Murcia. PP y Vox evitaron el término violencia machista en su acuerdo de gobierno y se comprometieron a garantizar “la neutralidad ideológica” en las aulas.

Valencia. En las Cortes valencianas, el PP eliminó la palabra “niñas” de una iniciativa legislativa como concesión a Vox. El Consell que presidió Mazón admitió la inscripción de una fundación de “hombre maltratados”, retiró el apoyo al proyecto Women´s Legacy que rescataba referentes femeninos en las aulas y eliminó la formación en violencia de género para los policías locales.

Que los populares nunca fueron el partido con más perspectiva de género de cuantos integran el arco parlamentario lo acredita un buen repaso a la hemeroteca, pero que fueran a ceder tanto terreno en materia de violencia machista como consecuencia de su maridaje con Vox es algo que ya tampoco pueden negar a tenor de sus hechos y sus declaraciones. Del “crimen pasional” y el “divorcio duro” han pasado ya al “no ha sido por odio porque quería mucho a su mujer”. 

No han aprendido nada. 

“Permítame compartir el contenido de una carta que me ha remitido esta misma semana la Generalitat Valenciana. Un plan energético libre de las imposiciones climáticas de Bruselas. ¿En serio su propuesta se basa en estar negando el cambio climático y el antieuropeísmo? No se lo merece España, no se lo merecen los españoles y no se lo podemos permitir”.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, se ha pronunciado en estos términos este miércoles en la sesión del Congreso de los Diputados. La también vicepresidenta tercera ha revelado de esta forma la recepción de una carta firmada por la consellera de Industria, Marian Cano, en la que, entre otras cuestiones, pide que reconozca “la nefasta aplicación del Pacto Verde” y que se garantice que “la política energética nacional quede exenta de toda imposición climática por parte de organismos supranacionales”. Todo ello en contraposición con lo apoyado por el propio PP Europeo en Bruselas.

La carta, a la que ha tenido acceso elDiario.es (completa al final de la información), forma parte de una resolución de la Comisión de Industria y Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías de las Corts Valencianes reunida el pasado 30 de octubre. Fuentes de la Conselleria que dirige Cano han explicado a elDiario.es que, como es habitual, se remite al ejecutivo central los puntos del acuerdo que forman parte de sus competencias.

En concreto, se aprobó una resolución para garantizar la soberanía energética de España y reducir la factura eléctrica que contiene gran parte de las exigencias y de la agenda de Vox en esta materia, justo a escasas horas de que se produzca el pleno de investidura en el que el PP necesita los votos de la extrema derecha para que el popular Juan Francisco Pérez Llorca sea elegido presidente de la Generalitat Valenciana.

Así, a instancias del parlamento valenciano, se pidió el Gobierno central que diseñe un plan nacional de soberanía energética que garantice que la política energética nacional “quede exenta de toda imposición climática por parte de organismos supranacionales”. Este plan, sigue la resolución, “será ejecutado con carácter urgente por parte de los poderes públicos competentes y tendrá por objeto asegurar la soberanía energética de España con todos los medios al alcance para conseguir una energía barata, sostenible, eficiente y limpia que garantice unos precios de la luz asequibles para las familias y las empresas españolas”.

También exige que sea alargue “la vida útil de la central nuclear de Cofrentes” y que se analice “la viabilidad de alargar la del resto de centrales nucleares y crear nuevas plantas de energía nuclear en cantidad suficiente para garantizar la soberanía energética”, así como que se considere esta fuente de energía “libre de emisiones de CO2”.

Además, se exige al Gobierno que reconozca públicamente “la creciente inestabilidad del sistema eléctrico español como una consecuencia directa de las políticas de cierre de centrales de generación firme debido a la nefasta aplicación del Pacto verde y la Agenda 2030 sin alternativa de apoyo suficiente”; que promueva en el seno de la Unión Europea, “la supresión del mercado de emisiones y del mecanismo de asignación de los derechos a través de subasta por su carácter especulativo, ya que lastra la economía y provoca la pérdida de industria y la capacidad productivas esencial de los Estados miembros”.

Por último, proponen que mientras no se pongan en marcha estas medidas, se destine “el importe íntegro recaudado por los derechos de emisión de CO2 a rebajar la factura eléctrica de los españoles más necesitados” y que se revise “de manera urgente el sistema de generación eléctrica en España para reducir los costes, y garantizar la sostenibilidad de los agentes implicados”.

“Vox hasta hoy me ha comunicado en las conversaciones que he tenido que para ellos tiene una prioridad muy importante la reconstrucción y garantizar que esas obras hídricas que hacen falta se hagan. Luego hay otros asuntos que se están hablando como el Pacto Verde Europeo, como la inmigración y que se tendrá que ir buscando el consenso y el acuerdo. Debemos tener claro que aquí tenemos que defender los intereses de los valencianos y valencianas y que hay en estos momentos graves problemas como el cierre de la central nuclear de Cofrentes o el problema de los arroceros, o del de los cítricos, o el de los barcos pesqueros que no pueden salir a faenar los días y las horas que a nosotros nos gustaría. En base a esas necesidades que tiene la sociedad valenciana yo me veo capacitado para llegar a un acuerdo con Vox”.

El candidato del PP a presidir la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, se pronunció así este miércoles sobre los asuntos que está poniendo la extrema derecha encima de la mesa para alcanzar un acuerdo que permita obtener el apoyo de sus 13 diputados, lo que le permitiría rubricar su investidura sumados a los 40 de los populares (la mayoría absoluta está en 50 votos de los 99 de la cámara).

Justo después de la intervención de Llorca, el portavoz de Vox, José María Llanos, advertía: “Estamos en negociaciones, el acuerdo no está cerrado. Conocen perfectamente cuál es nuestro programa. Esperamos que el PP sepa estar a la altura”.

En otras palabras, los populares deberán asumir la agenda ultra de Vox y por las palabras de Llorca, parece que están dispuestos a tragar con prácticamente todo. En las últimas semanas la extrema derecha ya ha ido mostrando algunas de sus prioridades con diferentes iniciativas presentadas en las Corts.

Por ejemplo, el pasado 20 de octubre el partido de Santiago Abascal la propuso que en el marco del Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 se inste al Consell a que, “en la medida de las posibilidades técnicas y materiales, incorporen estadísticas diferenciadoras entre la contribución neta al estado del bienestar por parte de la población nacional y la población migrante; en la recepción de ayudas; en el uso de servicios de urgencias sanitarias; sobre la cantidad de donantes de sangre existentes; y sobre el absentismo laboral en la empresa privada y la Administración pública”. El acuerdo parlamentario ya contó con el apoyo del PP y se trasladó al Gobierno valenciano que deberá decidir sobre su aplicación.

Los grupos parlamentarios de las Corts de derechas y de extrema derecha presentaron también una propuesta de reforma de reglamento de la cámara para eliminar la comisión permanente LGTBI y a cambio de una nueva de “familia, política social e igualdad”.

Además, Vox ha presentado recientemente una batería de 14 enmiendas al nuevo reglamento de la Renta Valenciana de Inclusión que está en fase de tramitación, una ayuda que aprobó el Gobierno del Botánico para personas sin recursos. Algunas de las novedades que plantean los ultras van encaminadas a poner trabas a determinada población migrante, además de que eliminan el concepto “violencia de género” que aparece en diferentes artículos de la actual normativa y lo cambian por “violencia contra la mujer” o “violencia intrafamiliar”.

Entre otras medidas, plantean para las personas beneficiarias “un itinerario de inclusión que garantice el aprendizaje del idioma, la alfabetización, la plena participación cultural y convivencial atendiendo a la costumbre del país, así como el acceso al empleo y la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres”, en referencia al 'hiyab' o pañuelo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza y el cuello.

Las políticas contra el Pacto Verde Europeo también serán protagonistas, a pesar de que el PP Europeo lo apoya en Bruselas de la mano de la presidenta de la Comisión Europea, la también popular Úrsula von der Leyen. En esta línea, Vox acaba de presentar una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Consell a pedir al Gobierno central la revocación inmediata de la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Además, la formación propone que se dejen sin efecto todas las restricciones locales ya aprobadas, y que se suspendan sanciones impuestas por dichas ZBE.

La iniciativa de Vox también exige la derogación de medidas derivadas de la Ley 7/2021 de cambio climático y de la norma estatal sobre residuos, argumentando que estos instrumentos suponen “un gravamen injustificado” sobre la movilidad, la industria automovilística nacional y el comercio urbano.

El pacto presupuestario endurecido

Así pues, ocho meses después de que el presidente en funciones, Carlos Mazón, se entregara por completo al discurso de Vox a cambio de obtener su apoyo para aprobar los presupuestos autonómicos, el PP vuelve a estar en manos de Vox. De poco ha servido el enorme desgaste que asumieron los populares con aquel pacto puesto que tras la dimisión de Mazón el pasado 3 de noviembre como consecuencia de su gestión de la dana, puesto que ahora la factura a pagar a los ultras a cambio de su apoyo será mucho más alta.

Abascal, consciente de la debilidad negociadora de Feijóo y los suyos, ya advirtió en una entrevista en La Vanguardia de que sus condiciones serían “más firmes y más exigentes” y que irían encaminadas a mantener el pacto al que se llegó en marzo con Mazón para aprobar los presupuestos de la Generalitat.

Los presupuestos autonómicos aprobados finalmente el pasado 2 de julio, el PP y Vox acordaron destinar 100.000 euros a la realización de pruebas de edad a los menores que lleguen a la Comunitat Valenciana y otros 2 millones de euros para fomentar “acuerdos de colaboración con países de origen de menores no acompañados para reagrupaciones familiares”.

Mazón anunció además la eliminación de la “ecotasa” autonómica que se aplica a la generación eléctrica por medio de tecnología nuclear, lo que supondrá dejar de ingresar 14 millones de euros de la central nuclear de Cofrentes, que tanto el PP como Vox han pedido que prolongue su vida útil más allá del año 2030, cuando está previsto que deje de funcionar. También se eliminó la Agencia Valenciana del Cambio Climático.

En cuanto al desarrollo urbanístico se están tramitando diversas normativas que vienen a modificar o sustituir otras del Gobierno del Botánico más proteccionistas. En este sentido, ya se aprobó la construcción de hoteles a 200 metros de la costa (con el Botánico el límite era 500 metros). También está en marcha una propuesta de modificación de la la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) que conduce a dejar el urbanismo en manos de los promotores, de forma que incluso podrían tener capacidad para modificar planes generales, una competencia exclusiva de los ayuntamientos, o el nuevo plan de ordenación de recursos naturales (PORN) de l'Albufera que implica la desprotección de diversos espacios, además de ampliar la posibilidad de habilitar restauración donde a día de hoy no está permitido.

Además, se recortaron 500.000 euros de las ayudas “a la promoción del valenciano en el ámbito social” y otros 200.000 euros para “multilingüismo en el sector privado”, también dentro del programa de promoción del valenciano, junto al recorte de casi dos millones de euros a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que destinarán a rehabilitar la sede de una entidad privada como Lo Rat Penat, una medida que la institución lingüística recurrirá por ser presuntamente ilegal.

“L’atribució de la dana de València confirma una nova realitat climàtica i subratlla la necessitat d'una acció conjunta entre ciència, institucions i ciutadania per fer front als seus impactes. El canvi climàtic i el Pacte Verd Europeu no són ni d’esquerres ni de dretes, són evidències científiques i anar-hi en contra és anar en contra de nosaltres mateixos”. L’investigador de l’Institut de Geociències (IGEO), David Barriopedro, s’ha pronunciat en aquests termes a preguntes d’elDiario.es en relació amb l’estudi que ha elaborat de la mà del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Complutense de Madrid (UCM), juntament amb altres experts com José Manuel Garrido-Pérez, de la UCM, i Soledad Collazo, també de l’IGEO.

El treball, que també conclou que les precipitacions del 29 d’octubre de 2024 van augmentar fins a un 20% per l'escalfament global, es va difondre dijous passat 6 de novembre mentre Vox advertia al PP que una de les condicions per donar suport a un nou president dels populars per a la Generalitat Valenciana era acabar amb el Pacte Verd Europeu.

El cap del Consell en funcions, Carlos Mazón, ja va criticar el març passat el “dogmatisme climàtic” per tal de guanyar-se el suport dels ultres als pressupostos autonòmics, malgrat que el PP, amb la presidenta de la Comissió Europea al capdavant, la també popular Úrsula von der Leyen, dóna suport a l’Agenda 2030 a Brussel·les. Ara els de Santiago Abascal han advertit als d’Alberto Núñez Feijóo que si volen el seu suport per investir un nou president després de la dimissió de Mazon, hauran d’assumir la seua agenda repleta de mesures negacionistes del canvi climàtic, o com ells ho denominen, “fanatisme climàtic”.

Per a Barriopedro, “és lamentable que es qüestione el Pacte Verd perquè està basat en evidències científiques, no sabem què més ha de passar per adonar-nos que ja fem tard; precisament la idea d’aquest estudi i d’altres que van en la mateixa línia que s’han presentat és que servisca perquè es prenguin les millors decisions polítiques a l’hora de distribuir els fons públics”.

Contingut de l’estudi

L’estudi presentat és contundent i acredita novament la influència del canvi climàtic en la intensitat fenòmens meteorològics com la dana. “L’escalfament de l’atmòsfera provocat per l’activitat humana, unit a un aire i un mar càlids, fa que s’allotge més vapor d’aigua, cosa que està relacionada amb una intensitat més gran de fenòmens com la dana”, explica Barriopedro a aquesta preguntes d’aquesta redacció.

Segons el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), el treball dels experts conclou que el canvi climàtic va influir en la intensitat de les pluges registrades durant la dana de València. Els resultats, basats en tres mètodes complementaris, apunten que les precipitacions del 29 d’octubre del 2024 al sud-est d’Espanya van augmentar fins a un 20% degut a l’escalfament global. També assenyalen que aquests episodis de dana venen acompanyats de més precipitació que fa unes dècades degut, en part, a l’escalfament del mar, encara que “aquesta senyal és encara poc robusta per l’alta variabilitat d’aquests fenòmens”.

El 29 d’octubre de 2024, una depressió aíllada en nivells alts (dana), alimentada per l’entrada d’aire molt càlid i humit del mar Mediterrani, va desencadenar intenses precipitacions al sud-est de la península ibèrica. Únicament a la província de València es van registrar xifres rècord: fins a 720 litres per metre quadrat en 12 hores.

“Els nostres resultats indiquen que el canvi climàtic no va causar la dana, ni ha modificat apreciablement la seua freqüència d’ocurrència, però sí la va fer més plujosa”, resumeixen els investigadors de l'estudi publicat en la revista Bulletin of the American Meteorological Society.

Tres mirades a un mateix esdeveniment

El treball combina tres mètodes complementaris d’atribució per determinar si l’escalfament global va influir en la intensitat i probabilitat de l’esdeveniment meteorològic. “Cada enfocament respon a una pregunta diferent. Junts ofereixen una visió més completa del paper del canvi climàtic en la catàstrofe”, explica Barriopedro.

En primer lloc, els autors van emprar un enfocament probabilístic, mitjançant el qual van analitzar si les precipitacions d’aquesta magnitud són avui més freqüents i intenses que en el passat. Segons aquest mètode, no van trobar una tendència recent clara cap a un augment en la freqüència de pluges tan extremes com les de la dana de València. “Això reflecteix la gran variabilitat natural del clima mediterrani, i coincideix amb altres estudis recents basats en observacions”, assenyala José Manuel Garrido-Pérez, investigador de la UCM.

En segon lloc, l’equip va emprar un mètode d’anàlegs per estudiar l’efecte de l’escalfament global en les precipitacions associades a danes similars a les de l’esdeveniment. Ací és quan emergeixen senyals clares d’influència humana: “En promig, aquests episodis deixen més precipitació que fa unes dècades –assegura Soledad Collazo, investigadora de l’IGEO– encara que aquesta senyal encara és petita i poc robusta per l’alta variabilitat del fenòmen”.

Finalment, es va emprar un enfocament 'storyline', que recrea l’episodi en un escenari sense influència humana mitjançant models de predicció meteorològica basats en intel·ligència artificial (IA). En aquest cas, els models inicialitzats amb les condicions atmosfèriques que van precedir l’esdeveniment són capaços de reproduir la tempesta amb diversos dies d’antelació.

Així mateix, confirmen que en un clima sense influència humana les precipitacions haurien estat fins a un 20% menys intenses en algunes zones afectades per la dana. En canvi, la circulació atmosfèrica —els patrons de vent i pressió— no mostren variacions clares. “L’esdeveniment hauria ocorregut igualment, però les precipitacions haurien estat menys intenses, ja que l’atmòsfera hauria contingut menys humitat disponible per formar tempestes”, afirma Bernat Jiménez-Esteve, investigador de l’IGEO. Barriopedro explica que es van aplicar les mateixes condicions de la dana del 29 d’octubre de 2024 a l’any 1850, un període preindustrial amb un escalfament global provocat per l’emissió de gasos d’efecte hivernacle menor que en l’actualitat: “El model revela que les pluges haguessen estat un 20% menys intenses”, reitera.

L’estudi utilitza dades diàries i models amb una resolució d’aproximadament 25 quilòmetres, una escala que no permet capturar pluges molt localitzades o de curta duració. No obstant això, els autors assenyalen que hi ha evidències que la senyal del canvi climàtic podria veure's amplificada en fenòmens convectius de menor escala.

Atribució en la presa de decisions

L’estudi proposa un marc integrador per a futures investigacions d’atribució, basat en la combinació de diferents mètodes. Els autors conclouen que aquest enfocament millora la comunicació del risc i evita missatges contradictoris, fet que resulta essencial per dissenyar polítiques d’adaptació, millorar els sistemes d’alerta i planificar infraestructures resilients.

“El valor està en sumar evidències”, assenyala Ricardo García-Herrera, investigador de l’IGEO. “L’atribució de la dana de València confirma una nova realitat climàtica i subratlla la necessitat d’una acció conjunta entre ciència, institucions i ciutadania per fer front als seus impactes”, conclou Barriopedro.

“La atribución de la dana de Valencia confirma una nueva realidad climática y subraya la necesidad de una acción conjunta entre ciencia, instituciones y ciudadanía para hacer frente a sus impactos. El cambio climático y el Pacto Verde Europeo no son ni de izquierdas ni de derechas, son evidencias científicas e ir en contra es ir en contra de nosotros mismos”. El investigador del Instituto de Geociencias (IGEO), David Barriopedro, se ha pronunciado en estos términos a preguntas de elDiario.es en relación con el estudio que ha elaborado de la mano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), junto a otros expertos como José Manuel Garrido-Pérez, de la UCM, y Soledad Collazo, también del IGEO.

El trabajo, que también concluye que las precipitaciones del 29 de octubre de 2024 aumentaron hasta un 20% por el calentamiento global, se difundió el pasado jueves 6 de noviembre mientras Vox advertía al PP de que una de sus condiciones para apoyar a un nuevo presidente de los populares para la Generalitat Valenciana era acabar con el Pacto Verde Europeo.

El jefe del Consell en funciones, Carlos Mazón, ya criticó el pasado mes de marzo el “dogmatismo climático” para ganarse el apoyo de los ultras a los presupuestos autonómicos, a pesar de que el PP, con la presidenta de la Comisión Europea a la cabeza, la también popular Úrsula von der Leyen, apoya la Agenda 2030 en Bruselas. Ahora los de Santiago Abascal han advertido a los de Alberto Núñez Feijóo que si quieren su apoyo para investir a un nuevo presidente tras la dimisión de Mazón, deberán asumir su agenda repleta de medidas negacionistas del cambio climático, o como ellos lo denominan, “fanatismo climático”.

Para Barriopedro, “es lamentable que se cuestione el Pacto Verde porque está basado en evidencias científicas, no sabemos qué más tiene que pasar para darnos cuenta de que ya vamos tarde; precisamente la idea de este estudio y de otros que van en la misma línea que se han presentado es que sirva para que se tomen las mejores decisiones políticas a la hora de distribuir los fondos públicos”.

Contenido del estudio

El estudio presentado es contundente y acredita nuevamente la influencia del cambio climático en la intensidad de fenómenos meteorológicos como la dana. “El calentamiento de la atmósfera provocado por la actividad humana, unido a un aire y un mar cálidos, hace que se aloje más vapor de agua, lo que está relacionado con una mayor intensidad de fenómenos como la dana”, explica Barriopedro a preguntas de esta redacción.

Según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el trabajo de los expertos concluye que el cambio climático influyó en la intensidad de las lluvias registradas durante la dana de Valencia. Los resultados, basados en tres métodos complementarios, apuntan a que las precipitaciones del 29 de octubre de 2024 en el sureste de España aumentaron hasta un 20% debido al calentamiento global. También señalan que estos episodios de dana vienen acompañados de más precipitación que hace unas décadas debido, en parte, al calentamiento del mar, aunque “esta señal es aún poco robusta por la alta variabilidad de estos fenómenos”.

El 29 de octubre de 2024, una depresión aislada en niveles altos (dana), alimentada por la entrada de aire muy cálido y húmedo del mar Mediterráneo, desencadenó intensas precipitaciones en el sureste de la península ibérica. Únicamente en la provincia de Valencia se registraron cifras récord: hasta 720 litros por metro cuadrado en 12 horas.

“Nuestros resultados indican que el cambio climático no causó la dana, ni ha modificado apreciablemente su frecuencia de ocurrencia, pero sí la hizo más lluviosa”, resumen los investigadores del estudio publicado en la revista Bulletin of the American Meteorological Society.

Tres miradas a un mismo evento

El trabajo combina tres métodos complementarios de atribución para determinar si el calentamiento global influyó en la intensidad y probabilidad del evento meteorológico. “Cada enfoque responde a una pregunta distinta. Juntos ofrecen una visión más completa del papel del cambio climático en la catástrofe”, explica Barriopedro.

En primer lugar, los autores emplearon un enfoque probabilístico, mediante el cual analizaron si las precipitaciones de esa magnitud son hoy más frecuentes e intensas que en el pasado. Según este método, no encontraron una tendencia reciente clara hacia un aumento en la frecuencia de lluvias tan extremas como las de la dana de Valencia. “Esto refleja la gran variabilidad natural del clima mediterráneo, y coincide con otros estudios recientes basados en observaciones”, señala José Manuel Garrido-Pérez, investigador de la UCM.

En segundo lugar, el equipo empleó un método de análogos para estudiar el efecto del calentamiento global en las precipitaciones asociadas a danas similares a las del evento. Ahí es cuando emergen señales claras de influencia humana: “En promedio, estos episodios dejan más precipitación que hace unas décadas –asegura Soledad Collazo, investigadora del IGEO- aunque esta señal aún es pequeña y poco robusta por la alta variabilidad del fenómeno”.

Por último, se usó un enfoque 'storyline', que recrea el episodio en un escenario sin influencia humana mediante modelos de predicción meteorológica basados en inteligencia artificial (IA). En este caso, los modelos inicializados con las condiciones atmosféricas que precedieron al evento son capaces de reproducir la tormenta con varios días de antelación.

Asimismo, confirman que en un clima sin influencia humana las precipitaciones habrían sido hasta un 20% menos intensas en algunas zonas afectadas por la dana. En cambio, la circulación atmosférica —los patrones de viento y presión— no muestran variaciones claras. “El evento habría ocurrido igualmente, pero las precipitaciones habrían sido menos intensas, ya que la atmósfera habría contenido menos humedad disponible para formar tormentas”, afirma Bernat Jiménez-Esteve, investigador del IGEO. Barriopedro explica que se aplicaron las mismas condiciones de la dana del 29 de octubre de 2024 al año 1850, un periodo preindustrial con un calentamiento global provocado por la emisión de gases de invernadero menor que en la actualidad: “El modelo revela que las lluvias hubieran sido un 20% menos intensas”, reitera.

El estudio utiliza datos diarios y modelos con una resolución de aproximadamente 25 kilómetros, una escala que no permite capturar lluvias muy localizadas o de corta duración. Sin embargo, los autores señalan que existen evidencias de que la señal del cambio climático podría verse amplificada en fenómenos convectivos de menor escala.

Atribución en la toma de decisiones

El estudio propone un marco integrador para futuras investigaciones de atribución, basado en la combinación de diferentes métodos. Los autores concluyen que este enfoque mejora la comunicación del riesgo y evita mensajes contradictorios, lo que resulta esencial para diseñar políticas de adaptación, mejorar los sistemas de alerta y planificar infraestructuras resilientes.

“El valor está en sumar evidencias”, señala Ricardo García-Herrera, investigador del IGEO. “La atribución de la dana de Valencia confirma una nueva realidad climática y subraya la necesidad de una acción conjunta entre ciencia, instituciones y ciudadanía para hacer frente a sus impactos”, concluye Barriopedro.

En los meses más duros de la crisis de la covid, Donald Trump sugirió que quizá los desinfectantes y la luz solar podían servir como tratamiento para el virus. Para su segundo mandato, eligió al activista antivacunas y conspiranoico Robert F. Kennedy como secretario de Salud. Junto a él, hace tan solo unas semanas, vinculó el autismo con las vacunas infantiles y con el uso de paracetamol durante el embarazo. Estos son solo tres episodios de los muchos que componen la historia de desamor entre el presidente de Estados Unidos y la evidencia científica. 

Esos discursos cruzan el charco y se reproducen, en mayor o menor medida, en conversaciones que los ciudadanos mantienen con sus médicos, farmacéuticos o incluso en su propio entorno, alimentadas con nuevas confabulaciones que circulan por las redes sociales. No son mayoritarias, pero reflejan un fenómeno más amplio: la erosión de la confianza de parte de la población en la ciencia y en las instituciones.

“Lo que queda con estos discursos no es una desconfianza concreta en el paracetamol, sino una sensación de que las instituciones sanitarias nos engañan, porque dan información contradictoria y todo lo que me han dicho es mentira”, refleja Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud. 

La última Encuesta de Percepción Social de la Ciencia de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), presentada en junio y elaborada con datos de 2024, dedicaba un apartado a la desconfianza en la ciencia y la mentalidad conspirativa, en la que se preguntaba a los entrevistados sobre teorías como las que Trump propaga para identificar el alcance de este tipo de discursos en la opinión pública. 

El resultado: más de la mitad de la población (56,6%) considera que problemas como la contaminación o el cambio climático ya tienen soluciones técnicas, pero hay fuertes intereses económicos que impiden llevarlas a cabo; el 50,1% cree que las compañías farmacéuticas ocultan los peligros de las vacunas; gran parte de la población piensa que se han producido virus en laboratorios gubernamentales para controlar nuestra libertad (41,6%) y uno de cada tres españoles (33,3%) afirma que la cura para el cáncer existe, pero se mantiene oculta al público por intereses comerciales. Aparecía también una pregunta relacionada con esa reciente intervención del presidente estadounidense. “El Gobierno está tratando de ocultar la relación entre las vacunas y el autismo”. Respondió de forma afirmativa el 24,5% de los encuestados.

Una de las coautoras de esa encuesta, Celia Díaz Catalán, profesora en el Departamento de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que la confianza en las instituciones sanitarias se mantiene alta y estable respecto a años anteriores, aunque “con ligeros matices generacionales y educativos” y con un escepticismo creciente hacia la industria farmacéutica, que no se refleja en la valoración favorable de la población al conocimiento científico y a los profesionales de la salud. “Las personas pueden confiar en la ciencia, en los médicos e, incluso, considerar que una vacuna como la de la covid genera más beneficios que perjuicios, pero muestran recelo ante las empresas que las producen”, asegura.

Por lo general, los discursos de Donald Trump, de miembros de su Administración o de líderes conspiranoicos se interpretan como “extravagancias”, pero cada una de esas ocurrencias, afirma Díaz Catalán, “ocupa un peso importante en la agenda comunicativa, dando lugar a que determinados segmentos de población, especialmente los más politizados o los más activos en redes, refuercen sus predisposiciones previas de desconfianza”.

Los investigadores que realizaron esta encuesta, que se publica desde 2002 con carácter bianual, han detectado que estas teorías tienen mayor incidencia entre quienes muestran un menor interés en las cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología. “Esto posiblemente refleje que la gente que no busca activamente información relacionada con la salud se ve expuesta habitualmente de forma involuntaria a desinformaciones”, agrega Díaz Catalán. Y es en ese punto en el que los profesionales de la salud más cercanos emprenden su particular cruzada contra los bulos. 

Carlos Fernández Moriano, responsable de Divulgación Científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos asegura que estos mensajes generan “incertidumbre y dudas”. “En las farmacias se vive con pacientes que están en tratamiento con paracetamol durante periodos prolongados y acuden preguntando qué hay de cierto en estos discursos. Estas dudas no son positivas porque generan desconfianza de la población en los medicamentos cuando muchos son necesarios para tratar sus síntomas y enfermedades”. 

Las agencias reguladoras del medicamento, como la AEMPS, en España, o la EMA, a nivel europeo, se mantienen “muy al tanto de todas estas señales o advertencias de seguridad que surgen” y evalúan periódicamente toda la información de la que disponen, de todas las reacciones adversas que se hayan podido notificar y emiten las acciones que consideran, desde una retirada de un medicamento hasta cambios en las condiciones de autorización o cambios en el prospecto, añade al respecto. Y son los propios farmacéuticos y médicos los que se encargan de responder con mensajes divulgativos para transmitir “calma”. 

“De vez en cuando, aparece algún paciente que, por los bulos que circulan por internet y por redes sociales, viene con estas teorías pseudocientíficas. Hay bastantes dudas con las estatinas, un fármaco para el colesterol. Nosotros utilizamos nuestro conocimiento, nos apoyamos en estudios científicos y ponemos nuestro crédito profesional y la relación más personal que tenemos con los pacientes como médicos de familia para hablar con ellos de las dudas que tengan”, asegura Jaime Rol, médico de Atención Primaria en Madrid.

La pandemia tuvo “un doble efecto”, dice Celia Díaz Catalán, porque fortaleció la legitimidad de la ciencia, pero también abrió un espacio de sospecha sobre los intereses políticos y económicos que la rodean. “La confianza sigue siendo alta, aunque algo más crítica y selectiva”, dice. Para Pedro Gullón, la mejor forma de atajar la incertidumbre ante este tipo de declaraciones es “generar confianza en las instituciones, intentando no contradecirse, teniendo una información científica y veraz y siendo transparentes con la población”

Aythami Rivero, médico que participó en el último Congreso sobre negacionismo en las consultas, señala que ahora los negacionistas son más “duros”, tienen una “desconfianza continua”. Y admite que hay un reflejo de esa tendencia en las consultas, donde tiene a un par de pacientes negacionistas por día, y coincide en que hay una gran influencia de las redes sociales: “Dudan porque lo han visto en un vídeo, y ese vídeo para esa persona es más real que lo que te cuenta un médico que se ha formado”.

Frente a la sencillez de la pantalla, la frialdad de la consulta. El médico tiene que convencer al paciente en apenas unos minutos, en los que además tiene que explorarle. “Puede ser hasta frío con el paciente”, recalca Rivero, que hace cierta autocrítica con su profesión: “Los profesionales sanitarios, los médicos, tenemos mucho miedo a la exposición generalizada. Al igual que cualquier influencer sale en Instagram hablando de cualquier enfermedad, nosotros no hemos sido capaces de salir a las redes a comunicar”.

La dirección del Centro Cultural Sanchinarro, un espacio del Ayuntamiento de Madrid cuya gestión fue privatizada en 2011, ha comunicado a los responsables del congreso con contenido negacionista y antivacunas previsto para este sábado 18 de octubre la suspensión del evento.

La decisión tiene lugar después de que este periódico publicara que el mencionado centro de titularidad pública iba a acoger una cita plagada de ponentes que creen en la “plandemia” o el “ADN fetal en vacunas”, con una serie de conferencias sobre “inoculaciones” o “long covid” impartidas por varias figuras vinculadas al negacionismo científico y sanitario. Iban a tener lugar en el auditorio del recinto, un espacio que combina la programación propia con el alquiler por parte de entidades para usos polivalentes (caso de este polémico encuentro).

El veto ha sido comunicado a Somos Madrid por el propio director del espacio ubicado en el distrito de Hortaleza, Óscar Poza, que insiste en que desconocían el contenido conspiranoico de la jornada Congreso de Salud y Defensa Afectados Long Covid. “No teníamos ni idea”, aseguraba el martes. El centro cultural es de titularidad municipal, pero su gestión la ejerce desde hace 14 años la empresa Tritoma. “La Junta Municipal de Hortaleza solo interviene en la programación cultural financiada con fondos municipales y en las cesiones a entidades sociales con convenio firmado. Las actividades privadas o de alquiler de salas son responsabilidad exclusiva del concesionario, sin que la Junta tenga capacidad de autorización, desautorización o conocimiento previo sobre ellas”, insisten fuentes municipales en declaraciones a este periódico.

Poza opina que “no se pueden ceder espacios públicos para actividades contra natura”, aunque aclara que la suspensión se lleva a cabo no tanto por el contenido, sino por el incumplimiento de los requisitos de alquiler de espacios por parte de la entidad organizadora (la Asociación Luz Verde en Corazones): “Una de las condiciones de uso es que no está permitido llevar a cabo actividades distintas a las que se recogen en la solicitud. Al incumplirse esto, aplicando la normativa de cesión de espacios, se cancela el acto”. El Ejecutivo municipal lo respalda: “Así lo ha notificado Tritoma a la Junta Municipal de Hortaleza, cumpliendo con su obligación de control y transparencia”.

En conversación previa con este diario, Poza avanzó que estudiarían el caso con técnicos de la Junta de Hortaleza: “Si hay que suspender el evento, se suspende”. El responsable del centro explicaba cómo describieron el evento sus promotores al elevar la solicitud de alquiler de espacios: “Nos dijeron que era un taller de crecimiento personal, musicoterapia, biodanza y yoga cki kung [método supuestamente terapéutico chino que combina suaves movimientos, concentración y respiración para con objeto de aumentar la energía de la persona]. Si indican eso, yo ahí no puedo ver que sea un mitin negacionista”. En un rápido vistazo a su perfil Facebook, Luz Verde en Corazones se describe así: “Unión de seres que queremos vibrar desde el corazón, unificándonos y ayudándonos los unos a los otros para poder pasar a la 4ª dimensión”.

La convocatoria final, organizada en cuatro bloques (“Todo sobre la covid”, “Todo sobre long covid”, “Long covid, inoculaciones y posibles soluciones” y “Todo sobre defensa con abogados”), contaba con controvertidas figuras del negacionismo y la agitación ultra. Una de las conferenciantes de la mesa sobre “inoculaciones” era Isabel Bellostas, pediatra a la que el Colegio Oficial de Médicos de Madrid inhabilitó en 2019 por difundir “tesis no avaladas y contrarias a la evidencia sobre el origen y las causas del trastorno del espectro autista (TEA)”, así como “tratamientos e intervenciones carentes de total evidencia y con riesgos para la salud”. Bellostas llegó a contar en un vídeo que fue despedida de un centro público por “informar a los padres de la existencia de ADN humano fetal en vacunas pediátricas” y “su posible relación con el autismo”.

La creadora de contenido Lara Hernández, presentadora del evento, habla en entrevistas de “plandemia”, cuestiona que la Tierra sea esférica o acusa de “tragaplanistas” a quienes no aceptan que “la realidad depende de la percepción”. En su portal FlippityFlop, nombre inspirado en una expresión de la película El regreso de Mary Poppins por su interés en “ver el otro lado de las cosas un mundo patas arriba”, aglutina entrevistas o documentales donde se concentran todo tipo de teorías conspiranoicas: chemtrails, tratamientos homeopáticos o discursos antivacunas (en un vídeo junto a otro de los ponentes, Ignacio Román, que se presenta como “prohibido” aunque es perfectamente accesible). 

También estaba programada la intervención de Josué Cárdenas, agitador ultra habitual del Congreso que trabaja en el medio ultraderechista Periodista Digital. Cárdenas ha sido tertuliano en el programa Buenos Días, Madrid, de la televisión autonómica (y pública) Telemadrid. Además, es autor del libro Dentro de la fachosfera. La izquierda puede estar tranquila, en el que cuestiona (no precisamente por agresiva) la estrategia de confrontación de la derecha mediática tradicional contra las fuerzas progresistas.

Enfado y señalamiento en los organizadores, que mantienen entradas a la venta

La noticia de la cancelación ha causado una airada reacción en redes sociales entre perfiles negacionistas, que incluso han apuntado al usuario de X que informó en primer lugar sobre el congreso. “Si tanto creen en la ciencia, ¿por qué temen a un grupo de magufos bebelejías terraplanistas con gorrito de aluminio?”, publicaba este miércoles la cuenta @aflorrick77. Con el nombre Alicia Florrick (tomado de la protagonista del estupendo drama judicial The Good Wife), este perfil se presenta como “abogada antiNOM [Nuevo Orden Mundial], anti Agenda 2030, antivacunas y anti todo aquello que recorte la libertad de los ciudadanos”. “En mi vida preplandemia fui abogada civilista”, indica además.

Ante ese señalamiento el responsable de la cuenta que denunció el caso, Marcelino Madrigal, ha compartido un mensaje en BlueSky: “Cancelado. Y ahora quiero decir algo a estos individuos que me señalan: lo que hagan con sus tristes vidas y sus cuerpos mientras sea legal me importa cero. Ahora bien, háganlo en su casa, no en un espacio público pagado con el dinero de todos”.

Pese a la suspensión, los promotores todavía mantienen el evento anunciado en su web con la ubicación original (aunque no permiten adquirir localidades) e incluso la venta de entradas para seguirlo online por 9 euros. Antes de la suspensión, la asistencia presencial tenía un precio de 15 euros por el acceso a todas las sesiones y 9 para las sesiones solo de mañana o solo de tarde.

Eventos con conspiranoicos y “contra la Agenda 2030” en 2023 y 2024

Desde la dirección del Centro Cultural Sanchinarro-Hispanidad (apellido que aprobó colocar en su nomenclatura la Junta Municipal de Hortaleza que lidera el polémico concejal David Pérez), han insistido repetidamente en que el Ayuntamiento no evalúa ni conoce los eventos celebrados en los espacios de alquiler hasta su inclusión en una memoria anual posterior. Así, los reportes mensuales solo incluyen la programación que parte de la propia dirección, en la que la coordinación con el Gobierno municipal es mayor. “Desde la empresa que gestiona el centro, se comunica mensualmente la programación cultural financiada con presupuesto municipal, mientras que las cesiones privadas se reflejan posteriormente en la memoria y auditoría anual del concesionario”, apuntan igualmente desde el Consistorio.

No obstante, el mismo centro cultural ya fue sede de dos congresos promovidos por muchas de las mismas entidades convocantes en 2023 y 2024, con algunos de los ponentes que participan en el de este año. En 2024 fue además un evento doble, los días 12 y 13 de octubre, bajo el título ¿Qué nos preocupa y qué vamos a hacer al respecto? y ¿Qué nos preocupa y qué vamos a hacer al respecto espiritualmente?.

Uno de los ponentes fue Nauzet Morgade, que en diferentes portales dice trabajar “para intentar detener la implantación del Nuevo Orden Mundial Globalista”. Habitual propagador de bulos en redes sociales, el año pasado llegó a asegurar que la DANA que asoló València fue un “asesinato” provocado por un radar en Morón de la Frontera (Sevilla) que, con colaboración de radares marroquíes, desplazó la tormenta hacia las localidades afectadas. Morgade protagoniza la intervención sobre chemtrails recogida en la web de Lara Hernández, donde habla de “pruebas de geoingeniería” en relación a las estelas que los aviones dejan en el cielo.

En 2023, el Congreso Ley Positiva y Natural abordó la “lucha por nuestros derechos, nuestros niños, la salud y estrategias ante los ataques de la Agenda 2030”. Entre los participantes estaba el abogado José Ortega, que iba a repetir en 2025. Este letrado puso en marcha campañas contra el pasaporte covid: “Se da la situación increíble de que se tienen que vacunar contra un virus que no está demostrado que exista”. La declaración anterior pertenece a una tertulia en MadridMarket, una web que participaba en la organización este año y en la que este tipo de declaraciones se alternan con contenidos sobre remedios pseudocientíficos como “sanación cósmica para la desintoxicación del hígado a distancia”.

Preguntado acerca de si el cariz de estos eventos previos no se hizo llegar al Ayuntamiento de Madrid en las memorias anuales que envía la dirección del centro de gestión privatizada, Óscar Poza responde que “en esos documentos se recogen las entidades que usan los eventos, no hay un resumen de lo que hacen”. En cuanto a por qué en aquellos casos (que no trascendieron mediáticamente) los actos sí se acabaron desarrollando, contesta que “no era el mismo contenido, creo que no”.

El de Sanchinarro fue el primer centro cultural privatizado en Madrid y, durante más de una década, el único. No ha sido hasta este mismo año que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha extendido el modelo al nuevo centro cultural del barrio de Butarque, en el distrito de Villaverde. La entidad beneficiaria de la licitación disfrutará de “la gestión mediante la organización, desarrollo y evaluación de una amplia y variada programación que incluirá talleres, cursos, eventos, festivales, torneos, concursos...”.

Una apuesta similar a la de Sanchinarro, donde en 2011 y con Alberto Ruiz-Gallardón en la alcaldía, el Ejecutivo municipal cedió la gestión a Tritoma S.L. Dicha entidad externa es responsable directa, aunque sea en coordinación con el Consistorio, de la programación y las actividades de este recinto. Preguntados acerca de si la celebración de estos actos negacionistas en un edificio público les lleva a replantear el modelo de gestión privatizada en centros municipales, desde el Ayuntamiento lo descartan. Siguen considerando la “colaboración público-privada” como “beneficiosa para la gestión de equipamientos y, en consecuencia, para los vecinos”.

El Centro Cultural Sanchinarro, una dotación municipal del distrito de Hortaleza cuya gestión privatizó el Ayuntamiento de Madrid en 2011, acoge este sábado 18 de octubre una serie de conferencias sobre “inoculaciones” o “long covid” impartidas por varias figuras del negacionismo científico y sanitario. Desde el Ayuntamiento de Madrid eluden cualquier responsabilidad y afirman que los organizadores solo alquilan un espacio del centro.

Bajo el título “Congreso de Salud y Defensa Afectados Long Covid”, la cita se presenta en un cartel como un encuentro en el que “profesionales de la salud y abogados, nos dirán todas sus observaciones sobre lo sucedido y que están haciendo al respecto [sic]”. “Hablaremos del covid, de long covid, qué remedio hay para los efectos secundarios y cómo defendernos con abogados”, recoge este enigmático anuncio. En él se detallan además los precios de entrada: quince euros por el acceso a todas las sesiones y nueve para las sesiones solo de mañana o solo de tarde.

La convocatoria, organizada en cuatro bloques (“Todo sobre la covid”, “Todo sobre long covid”, “Long covid, inoculaciones y posibles soluciones” y “Todo sobre defensa con abogados”), mantiene cierta ambigüedad en su póster al no mencionar directamente la retórica antivacunas o tratamientos alternativos. Pero un rápido vistazo a los ponentes evidencia el cariz del acto.

Pediatra inhabilitada, negacionistas de la “plandemia” o un agitador ultra

Una de las conferenciantes de la mesa sobre “inoculaciones” es Isabel Bellostas, pediatra a la que el Colegio Oficial de Médicos de Madrid inhabilitó durante 364 días en 2019 por difundir “tesis no avaladas y contrarias a la evidencia sobre el origen y las causas del trastorno del espectro autista (TEA)”, así como “tratamientos e intervenciones carentes de total evidencia y con importantes riesgos para la salud de las personas”.

La facultativa sostiene en varios escritos y entrevistas en Internet, según recopiló El País, tesis contrarias al uso de las vacunas, como que son altamente peligrosas y están vinculadas al autismo. “Un niño con autismo es un enfermo digestivo, con un 100% de afectación de su intestino delgado”, suscribe además Bellostas en una carta publicada en la web de Josep Pàmies, otro conocido defensor de las pseudoterapias que llegó a estar investigado por la Fiscalía por promover el uso de un tipo de lejía para curar el sida y el cáncer. “Cuando llega el diagnóstico el futuro se hace negro o muy oscuro, porque no os dan esperanzas de recuperación. Pero no es verdad, solo que los médicos normales no están formados para recuperar a vuestro hijo”, defiende. Además, previene a los padres contra las vacunas: “Nunca volver a vacunar a un niño con autismo”.

La entidad que denunció a Bellostas, quien trabajaba en una consulta privada, fue la Confederación Autismo España: “Nuestro objetivo primordial es proteger a las familias de mensajes y prácticas contrarias a la evidencia científica”, explicó un portavoz de la asociación, que agrupa a decenas de asociaciones provinciales y regionales relacionadas con el autismo. Bellostas llegó a contar en un vídeo que fue despedida de un centro público por “informar a los padres de la existencia de ADN humano fetal en vacunas pediátricas” y de “su posible relación con el autismo”.

La presentadora del evento será la creativa publicitaria y fotógrafa Lara Hernández, que en su portal FlippityFlop (nombre inspirado en una expresión de la película El regreso de Mary Poppins por su interés en “ver el otro lado de las cosas un mundo patas arriba”) aglutina entrevistas o documentales donde se concentran todo tipo de teorías conspiranoicas: chemtrails, tratamientos homeopáticos o discursos antivacunas (en un vídeo junto a otro de los ponentes, Ignacio Román, que se presenta como “prohibido” aunque es perfectamente accesible). En el siguiente post de Instagram asocia el covid y la vacunación a una “oleada de repentinitis y turbocánceres”.

Como muchos otros participantes en el congreso del sábado, Lara Hernández ha sido entrevistada en MadridMarket, un portal repleto de contenido conspiranoico que figura entre las decenas de entidades y medios colaboradores del evento (también está la propia FlippityFlop). En dicha conversación Hernández desgrana el eslogan de su web, “Siempre hay otra opción”: “para medicina, para cuidarse, para salud, belleza, autoconocimiento, esoterismo... Pensaba usar la página como un método de financiación. Pero llegó la plandemia y me mojé. Decían que no podía salir de casa por una cosa inventada. Nos llaman negacionistas a los que negamos la existencia de un virus, pero es que tenemos razón. Ellos son tragacionistas. Yo estoy enterada de la verdad, no estoy negando nada, no han podido comprobar que exista”.

Una afirmación categórica que contrasta con su comentario sobre que “la realidad depende de la percepción”. “Hay cosas que creemos que son ciencia y son creencia, y viceversa”, añade. “Yo no soy terraplanista. Serán aguacurvistas los que creen que el agua se curva. No tenemos ninguna prueba ni ninguna foto de la Tierra. Sé que hay un punto bastante amplio en el que es plana, no sé si luego se va para arriba o para abajo. Cuando te engañan en algo tan gordo [en referencia al covid], empiezas a dudar de todo”, expresa. “A mi hija le puse las vacunas del calendario vacunal cando era un bebé, de lo que me arrepiento”, acaba aseverando.

Entre los participantes del sábado está también José Ortega, que puso en marcha campañas contra el pasaporte covid: “Se da la situación increíble de que se tienen que vacunar contra un virus que no está demostrado que exista”, asegura de nuevo en MadridMarket, una web en la que este tipo de declaraciones se alternan con contenidos sobre remedios pseudocientíficos como “sanación cósmica para la desintoxicación del hígado a distancia”.

Aunque quizá la figura más mediática de la jornada es Josué Cárdenas, habitual agitador ultra en el Congreso de los Diputados que trabaja en el portal ultraderechista Periodista Digital. Cárdenas ha sido además tertuliano en el programa Buenos Días, Madrid, de la televisión autonómica (y pública) Telemadrid. Es autor del libro Dentro de la fachosfera. La izquierda puede estar tranquila, en cuya portada sale una foto de él mismo enfrentada a la del Gabriel Rufián durante una rueda de prensa en la Cámara Baja.

El Ayuntamiento argumenta que la Junta Municipal “no es conocedora” de las actividades en un centro privatizado

Desde el Ayuntamiento de Madrid rechazan cualquier responsabilidad ante el cariz negacionista del acto y se parapetan en que los organizadores solo alquilan un espacio del centro, cuya gestión corresponde a la empresa adjudicataria Tritoma S.L. No es, por tanto, una iniciativa que parta del Consistorio o la dirección del recinto: “La Junta Municipal del Hortaleza solo gestiona la programación que paga ella misma y la cesión que hace a entidades sociales previo convenio firmado, cubriendo la asistencia técnica. En cuanto a las que alquilen el salón de actos (donde la Junta no interviene, ni siquiera en la asistencia técnica), no es conocedora ni puede dejar de autorizar que se alquile un espacio de gestión indirecta”.

“En este caso concreto, ese alquiler lo gestiona directamente Tritoma con las tarifas que tienen, según el pliego de licitación que es común en toda la ciudad como concesión indirecta. Pagan el alquiler, la fianza y pueden desarrollar su actividad. Y desde la Junta no se puede ni autorizar ni desautorizar porque entra dentro de la explotación del centro”, justifican. Preguntados acerca de si la celebración de este tipo de actos en un edificio público no les lleva a replantear el modelo de gestión privatizada en centros municipales, desde el Consistorio optan por no hacer más declaraciones.

Un evento aprobado al venderse como de “música y biodanza”

Óscar Poza, director del Centro Cultural Sanchinarro, atiende a Somos Madrid sin ser del todo consciente del contenido del acto convocado: “Nosotros pedimos a quienes alquilan nuestro recinto que completen una solicitud con los espacios que quieren utilizar [auditorio, salas, aulas...]. En estos casos no se trata de programación nuestra. Entidades y empresas privadas organizan presentaciones de productos, encuentros o talleres de coaching. Solicitamos unos datos, eso sí. En este caso nos dijeron que era un taller de crecimiento personal, musicoterapia, biodanza y yoga cki kung [un método supuestamente terapéutico chino que combina suaves movimientos, concentración mental y respiración para con objeto de aumentar la energía de la persona]. Si indican eso, yo ahí no puedo ver que sea un mitin negacionista”.

“No es programación nuestra”, aclara, y asegura que desde la dirección del centro apuestan por actividades como “representaciones teatrales, charlas sobre salud, charlas sobre historia o talleres de crecimiento personal, lo que se demanda en el barrio”.

En cuanto a los eventos que no organizan directamente, reconoce que no comprueban concienzudamente sus contenidos antes de que se celebren: “No podemos ponernos a investigar”. Y añade: “Cuando se lleva a cabo el evento sí hay personas responsables que me pueden reportar si lo que se ha hecho no tiene que ver con lo que pone en la solicitud. Si eso ocurre, se toman medidas como no volver a ceder el espacio a los organizadores”. Inmediatamente después, se muestra más tajante: “Si hay que suspender el evento, se suspende. Si no se va a hacer lo que nos dicen, lo veremos con los responsables [del Gobierno municipal]”, asevera Poza.

Pese a esa gestión independiente, recalca que “todo lo que está en el programa propio se hace llegar al Ayuntamiento, les enviamos una relación mensual de las actividades promovidas por la propia dirección, un informe que no incluye las que se alquilan en los espacios que cedemos a actividades concretas como en este caso”. A diferencia de la versión municipal, Poza incluye entre los actos que se comunican y de los que se informa aquellos de sus salas alquiladas, aunque en esos casos la información se les reporta tiempo después de que sean celebrados: “Les enviamos una memoria todos los años, que se elabora después. También nos sometemos a una auditoría externa que analiza las ventas, cursos o cesiones de espacios. Hay un control del Ayuntamiento en lo que hacemos”, explica el director del recinto de Sanchinarro, un área residencial en crecimiento del barrio de Valdefuentes.

Se trata del primer centro cultural privatizado en Madrid y, durante más de una década, el único. No ha sido hasta este mismo año que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha extendido el modelo al nuevo centro cultural del barrio de Butarque, en el distrito de Villaverde. La entidad beneficiaria de la licitación disfrutará de “la gestión mediante la organización, desarrollo y evaluación de una amplia y variada programación que incluirá talleres, cursos, eventos, festivales, torneos, concursos...”. Una apuesta similar a la de Sanchinarro, donde en 2011 y con Alberto Ruiz-Gallardón en la alcaldía, el Ejecutivo municipal cedió la gestión a Tritoma S.L. Dicha entidad privada es responsable directa, aunque sea en coordinación con el Ayuntamiento, de la programación y las actividades de este recinto.

La última polémica de Hortaleza

Aunque la gestión esté externalizada, su funcionamiento y programa no es independiente a la Junta Municipal de Hortaleza que preside el polémico concejal David Pérez, enfrentado a asociaciones vecinales que le acusan de boicotear la participación ciudadana y de quien este mismo lunes trascendió que compaginará su cargo público con las clases en una universidad privada vinculada al Opus Dei. Prueba de que el centro no opera de forma plenamente independiente es que el pleno del distrito, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta, aprobó el pasado año modificar su nombre para añadirle un apellido: Centro Cultural Sanchinarro-Hispanidad.

“El cambio de nombre se aprobó en pleno puesto que es un edificio municipal, pero de concesión indirecta”, precisan desde el Ayuntamiento en declaraciones a este medio. El edil lo anunció dentro de las actividades ligadas al 12 de octubre del 2024.

Precisamente la Fiesta Nacional vertebra otra actividad que se desarrolla actualmente en el recinto, esta sí integrada dentro de su programa propio. Se trata del ciclo de conferencias En torno a la Hispanidad, que incluye la participación de figuras más clásicas de la derecha mediática, caso de los escritores y periodistas Isabel San Sebastián y Antonio Pérez Henares.