El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar por ahora el real decreto con el que el Gobierno pretende poner coto a las universidades privadas, tal y como le habían pedido cinco centros, una universidad online canaria y cuatro campus americanos. En dos autos adelantados por El País, a los que este periódico ha tenido acceso, el tribunal recuerda que las medidas cautelares son “extraordinarias” y que en este caso no concurren los supuestos excepcionales que justifiquen el daño irreparable que sufrirían los recurrentes y rechaza aplicar las medidas cautelares solicitadas. Los centros tendrán que esperar a las sentencias definitivas.

El Gobierno aprobó el pasado mes de octubre un real decreto por el que endurece los requisitos necesarios para crear (y mantener) universidades. Aplica a todas, pero está pensado para los centros privados –que proliferan por el estado al calor de una clientela casi garantizada por la falta de oferta pública–, que en los últimos años no siempre cumplen con lo que el Ministerio de Universidades cree que debe ser una universidad. Para ello, se obliga a todos los centros a contar con un mínimo de alumnado (4.500), una oferta formativa amplia y variada para que no sean academias e impone ciertos requisitos administrativos y de control para intentar garantizar la calidad de los estudios, entre otras medidas.

La Universidad de las Hespérides, las estadounidenses CIS, Schiller y Saint Louis y la guatemalteca Francisco Marroquín habían pedido al tribunal que paralizase determinados aspectos de este Real Decreto. El centro español pedía paralizar la disposición que impide a las universidades pedir nuevas titulaciones de forma indiscriminada (como máximo puede solicitar un quinto de las que ya tienen) y también la disposición por la que, si la solicitud de nuevo título se rechaza, el centro en cuestión debe esperar otro año para volver a pedirlo. La universidad alega que estas disposiciones “no sólo no mejora la calidad, sino que la inmoviliza, ya que sustituye la calidad precedente por 'una lógica burocrática de cupos'.

También rechaza la Hespérides que si se piden nuevas titulaciones durante los cinco primeros años de vida de una universidad estas requieran un nuevo informe de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) del ministerio además de la aprobación por parte de la Comunidad de Madrid, dos disposiciones que solo aplican a los centros de nueva creación, alega la universidad, “limitando su capacidad para competir con las universidades más antiguas, que no tienen que superar ''el nuevo filtro'”.

Además, la obligación de alcanzar 4.500 estudiantes a los cinco años de actividad contemplada en el real decreto “no guarda ninguna relación con la calidad universitaria”, sostiene el recurso, y que el 75% del profesorado universitario resida en España o en Europa supone que “las universidades con docencia exclusiva o mayoritaria no presencial habrán de orientar su política en materia de personal al cumplimiento de tal objetivo a partir de ahora mismo, ya que el PDI no se puede 'poner y quitar' sobre la marcha”.

Además del argumento general de que el recurso no ofrece argumentos que justifiquen la excepcionalidad de las medidas cautelares, el Supremo explica en su auto que la Hespérides no ha justificado el perjuicio irreparable que le supone la aplicación del real decreto. “Si la actora consideraba que la aplicación inmediata de los preceptos —o de partes de estos— del RD 905/2025 (...) le ocasionaría un perjuicio de imposible o difícil reparación, debió aportar, junto con el escrito de interposición, algún principio de prueba que acreditara al menos indiciariamente la dificultad que para ella podría representar el cumplimiento de las exigencias cuestionadas”, en alusión específicamente a las necesidades de planificación que la universidad alega respecto al mínimo de 4.500 estudiantes decretado por el Gobierno al 75% del profesorado residente en Europa.

Los extranjeros, sin tiempo

Los campus extranjeros habían puesto el foco en del apartado 3 de la disposición transitoria quinta del real decreto, que obliga a este tipo de centros a tener en seis meses “el sistema interno de garantía de calidad y, simultáneamente, solicitar la certificación del diseño por parte de la agencia de calidad”. Los recurrentes alegan que no tienen tiempo y que este párrafo “contrasta manifiestamente” con otro del mismo real decreto, que otorga con carácter general tres años a estos centros para adaptarse a la nueva normativa.

Como en el caso anterior, el tribunal sostiene que las circunstancias no son excepcionales como para aplicar medidas cautelares, asume las tesis del abogado del estado y concluye que “no concurre el presupuesto de irreversibilidad de la situación creada ni el de la irreparabilidad de los eventuales perjuicios que pudieran derivarse de la no adopción de la medida cautelar solicitada”, por lo que rechaza aplicarlas.

Al menos otros tres recursos hacen cola en el Supremo: las comunidades de Madrid e Islas Baleares también han presentado los suyos, así como la universidad privada CEU-San Pablo.

Han pasado casi cinco meses desde que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades publicó la resolución provisional de las ayudas para la Formación del Profesorado Universitario (FPU), uno de los programas más importantes de apoyo a la investigación en España. Pese a que la fecha de incorporación se fijó para el 1 de octubre, los 900 beneficiarios aún no han podido firmar sus contratos al no haberse resuelto el proceso de forma definitiva. Una situación que los aboca a estar “pagando pisos, matrículas y cursos sin percibir un solo euro” e incluso a “trabajar gratis para la universidad”, como denuncian los afectados a elDiario.es.

Las FPU son contratos predoctorales de cuatro años destinados a quienes inician una tesis doctoral en universidades públicas españolas. Para la convocatoria de 2024, el Ministerio simplificó el sistema de evaluación y redujo los criterios de adjudicación a la nota media del expediente académico del grado, en aras de evitar los retrasos que se habían producido años anteriores atribuidos a la burocracia. Aun así, una convocatoria que se resolvió provisionalmente en junio y debería haberse resuelto en agosto sigue sin resolución definitiva, que es la que habilita la firma de los contratos con las instituciones académicas.

Como consecuencia de esta demora, hay en vilo más de 900 personas, “que han tenido que formalizar ya la matrícula en sus escuelas de doctorado, otras que se han mudado a otras ciudades y están pagando un alquiler sin ingresos, y otras que han rechazado otros contratos o ayudas con fecha de 1 de octubre”, como informan desde la asociación FPU Investiga. Este medio ha solicitado información al Ministerio de Universidades y no ha obtenido respuesta hasta el momento.

Sin investigación, sin contrato y sin sueldo

Ya en noviembre, con el curso académico avanzado, los afectados critican la “opacidad” y “falta de previsión” por parte del Ministerio, que no les informa sobre el estado de la resolución ni les aclara “si van a tardar mucho más tiempo en publicarlo”. Todo ello “nos está afectando a nuestra economía, ya que muchos nos estamos quedando sin ahorros y, lo peor, es que está mermando nuestra salud mental y física”, lamenta Rafa desde Sevilla, uno de los afectados que está intentando dar visibilidad a un problema que ahoga a los mejores expedientes del país.

Rafa recuerda que esta última convocatoria, al haberse simplificado y quedar únicamente la nota media como criterio, “se suponía que iba a ser más ágil”, pero la realidad ha sido la contraria. Según la convocatoria, el Gobierno tiene un plazo máximo de seis meses para dictar la resolución, a contar desde el fin del plazo de solicitud (que se cerró el pasado 14 de febrero). Por tanto, la resolución definitiva con los beneficiarios de las ayudas, entre las más prestigiosas que otorga la administración, debería haberse hecho pública en agosto.

Tres meses después, con el curso académico ya avanzado, el Ministerio aún no ha emitido ninguna comunicación oficial ni ofrecido una nueva previsión. El retraso en la entrada en vigor del contrato implica que no pueden empezar a trabajar de manera formal en sus grupos de investigación, que seguirán avanzando sin ellos. Y, además, implica no cobrar hasta que se formalicen los contratos.

“Trabajando gratis en la universidad”

Desde Valladolid, Manu relata que la espera ha supuesto un duro golpe económico y personal para él: “Después de acabar el máster de investigación necesitaba trabajar porque en mi casa no tenemos la mejor situación económica, pero siempre quise hacer el doctorado. Me dijeron que con mi nota podía optar a la beca FPU. Dejé las clases particulares cuando salió la resolución provisional en junio, confiando en que empezaría a cobrar en octubre. Ahora, en noviembre, después de meses de silencio administrativo y correos condescendientes con copia-pegas, estoy trabajando gratis en la universidad, en una situación límite”, deplora.

Su situación se repite en universidades de todo el país. Carolina, de 23 años, natural de un pueblo de Cáceres, es otra de las jóvenes que permanece en vilo. Con la “ilusión” de comenzar su carrera investigadora, se trasladó a la ciudad donde desarrollará su tesis doctoral y alquiló un piso, “confiando en que el contrato comenzaría el 1 de octubre”, como les notificó el Ministerio a través de un correo electrónico, al que ha tenido acceso este periódico, enviado el 17 de junio, un día después de publicar la resolución provisional de las ayudas.

Sin embargo, el retraso en resolver el proceso de forma definitiva y, por ende, en la firma del contrato, mantienen a Carolina —y a cientos de nuevos investigadores en su misma situación— en un estado de incertidumbre económica y laboral que crece cada día. “Nos piden dedicación plena, pero ni siquiera sabemos cuándo empezaremos a cobrar”, lamenta esta joven de 23 años.

En términos similares se expresa Mario, graduado en Química por la Universidad de Castilla-La Mancha: “Al aceptar la plaza provisional tuvimos que firmar un documento en el que confirmamos no tener ninguna incompatibilidad laboral con la beca”. En otras palabras, “aunque mi grupo de investigación quiera, no puede sacarme ni un contrato temporal hasta que salga la resolución porque estaría incumpliendo el acuerdo”, esgrime para evidenciar que la situación es “especialmente sangrante”.

Un calendario fijo para poner fin a la incertidumbre

Además, “cada semana que pasa sin poder incorporarme al laboratorio supone un perjuicio directo a mi futura carrera académica, puesto que siempre existe el riesgo de que otros grupos saquen investigaciones que pisen la mía, de tal forma que el trabajo de todo el año anterior sería tirado a la basura”, advierte este joven investigador. A ello tiene que sumar el perjuicio económico que está sufriendo: “Firmé un alquiler anual confiando en incorporarme en octubre, el retraso de la publicación de la resolución definitiva me asfixia cada mes que pasa, puesto que noviembre será la tercera mensualidad que pague sin ningún tipo de ingreso adicional”.

“Ante esta situación, el Ministerio actúa de forma totalmente opaca: no solo no da información del por qué del histórico retraso en la publicación de la resolución definitiva, sino que tampoco informa de plazos aproximados de incorporación”, denuncia este químico que quedó entre los cinco primeros de su área en la resolución provisional.

Tal y como apunta Mario, de fondo subyace un histórico de desencuentros entre el Ministerio y el colectivo de jóvenes investigadores, marcado por retrasos reiterados en las convocatorias e incumplimientos de la normativa. En declaraciones a elDiario.es, desde la asociación FPU Investiga recuerdan ser conscientes de que “no todo depende del Ministerio y que distintas entidades están involucradas en este proceso”, pero instan “a que se resuelva cuanto antes para sacar de la incertidumbre a las personas que están esperando”.

Esta asociación nació precisamente de la necesidad de representar a los investigadores FPU en activo “en un panorama científico dominado por la precariedad y la inestabilidad laboral”. Entre sus principales demandas figura “la urgencia de dignificar la carrera científica e investigadora en su etapa inicial, permitiendo que pase de ser una continua carrera de obstáculos a transformarse en una verdadera alternativa profesional”. De ahí que una de sus reivindicaciones históricas sea la de “establecer un calendario fijo para las distintas convocatorias dependientes del Ministerio de Universidades, que permita a las personas solicitantes y beneficiarias planificar su vida laboral y personal, junto a un compromiso firme de cumplimiento del mismo”.

Mientras tanto, los investigadores que permanecen “en el limbo” siguen asumiendo gastos, investigando sin contrato y esperando una fecha que nadie les sabe concretar. “Lo más frustrante es el silencio administrativo: no sabemos si será cuestión de días o de meses”, resume Rafa, recogiendo el sentimiento compartido por cientos de jóvenes investigadores que, pese a haber demostrado su excelencia académica, siguen anclados a la incertidumbre.

En los últimos 25 años se han reconocido 27 nuevas universidades privadas en España, algunas “sólidas e interesantes para el país”, otras “más discutibles”, en palabras del Gobierno, que quiere ponerle coto a esta “eclosión” de iniciativas sociales: no se crea un centro público desde la Politécnica de Cartagena en 1998, y ya hay 46 privadas frente a 50 estatales. Para ello, el Consejo de Ministros aprobará este martes el endurecimiento de los requisitos que se exigen a todas las universidades, ya existentes o en proyecto, para ser consideradas como tal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de “chiringuitos” a ciertos centros creados en los últimos años, especialmente online.

La modificación del Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios introduce como principal novedad que a partir de ahora los proyectos de universidad deberán contar con un informe preceptivo y vinculante de una agencia de calidad (la ANECA, nacional, o alguna de las 10 autonómicas que existen) sobre el cumplimiento de los requisitos académicos del futuro campus, además de otro informe, más centrado en la vertiente económica y de gestión, de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), el órgano que junta al Ministerio de Universidades con las 17 comunidades autónomas. Hasta ahora la ley solo exigía este último informe, pero no tenía carácter vinculante, lo que ha provocado que en los últimos años las comunidades autónomas hayan aprobado cuatro proyectos que contaban con un informe desfavorable.

Además, los centros tendrán que contar con una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes, límite que a su vez implicará un mínimo de personal docente e investigador (PDI). El último gran cambio que introducirá el Gobierno en el Real Decreto es desde este martes los proyectos de universidades con una mayoría de docencia virtual (online) deberán ser aprobados por el Congreso en vez de por las asambleas regionales por entenderse que son centros de ámbito nacional aunque estén radicados en una comunidad concreta.

“No va contra nadie”

La reforma de la normativa “no va contra nadie”, explican fuentes del Ministerio en respuesta a las críticas desde algunas comunidades autónomas como Madrid o Extremadura por supuestamente atacar a la universidad privada. “La intención no es cerrar ninguna universidad, ese sería el peor escenario, es proteger el sistema de calidad” que nos hemos dado como sociedad, basado en un modelo de calidad, generalista y asentado tanto en la docencia como en la investigación pero que, argumentan las fuentes, no se está respetando en todas las iniciativas recientes.

El Ministerio presume de que la comunidad educativa respalda el proyecto, desde la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, CRUE, hasta el Consejo de Universidades, donde están presentes los 96 mandatarios de centros en España pasando por los estudiantes o los sindicatos. Entre los críticos están algunas comunidades del PP, como Madrid o Extremadura, y el sindicato CCOO, que aunque hasta ahora se había mostrado favorable a la reforma, lamentó el lunes que el Ministerio “oculta” las medidas y advirtió de que algunos cambios se han caído por el camino.

La “eclosión” de universidades por todo el país a la que alude el Gobierno ha provocado que en unas semanas, cuando se acaben de concretar los últimos proyectos en marcha, Castilla-La Mancha será la única región del país sin un centro privado con sede en su territorio. El anterior gobierno, con Manuel Castells como ministro de Universidades, ya trató de endurecer los requisitos en 2021, pero la reforma adolecía de concreción o de mecanismos correctores y por esos huecos se colaron varios proyectos, pese a contar con informes desfavorables del Ministerio.

En la última tanda de revisiones del Ministerio se han emitido cuatro informes, uno a favor (en Extremadura) y tres desfavorables (Felipe II y Tai University, en Madrid, y la Universidad de Mallorca) que, sin embargo, podrán ser aprobadas por las respectivas asambleas regionales porque se rigen por la normativa vigente hasta este martes. Los ocho que esperan turno (tres en Aragón, dos en Extremadura, una en Canarias, una en Andalucía y otra Asturias) ya tendrán que adaptarse a la nueva normativa.

“Estrategia de privatización” en Andalucía

En Andalucía, los rectores de las universidades públicas vienen denunciando la “estrategia de privatización” que observan en la educación superior desde la llegada del PP a la Junta, informa Sara Rojas. Hace tres años, solo había una universidad privada. En la última legislatura, el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha impulsado la apertura de cinco. La mayoría de esos proyectos privados están envueltos en polémica.

El último caso que hizo estallar a los diez rectores de la pública fue en 2024, con el desembarco de la Universidad Pontificia Comillas –con sede en Madrid– para impartir enseñanzas universitarias oficiales en Bormujos (Sevilla). Las universidades públicas lo calificaron como una vía de “privatización exprés” del sistema universitario andaluz. Otro caso controvertido fue el de Utamed, el primer campus privado online de Andalucía, que se autorizó a pesar de contar con tres informes en contra, de estar cuestionado por el Ministerio y los rectores, y vinculado a la empresa matriz de la que formaba parte el exconsejero andaluz de Educación ya fallecido, Javier Imbroda.

De cero a ¿cuatro? en Extremadura

En Extremadura solo hay una universidad y es pública, pero la Universidad de Extremadura podría tener en los próximos años la competencia de cuatro centros privados, que se están tramitando actualmente, aunque se encuentran en distintas fases, informa Santiago Manchado.

El Ministerio de Universidades ha dado luz verde a la Universidad Abierta de Extremadura, del Grupo Planeta, en las últimas semanas. La formación que ofrecerá será a distancia.

Del resto, el primero que echará a andar es Uninde (Universidad Internacional para el Desarrollo), un proyecto con capital básicamente de Chile y de un empresario peruano, que pretende atraer alumnado desde allí. PP y Vox han impulsado políticamente este proyecto, que en los próximos días se aprobará en la Asamblea de Extremadura, a pesar de los numerosos reparos que ha obtenido a lo largo de su tramitación. El último es un informe desfavorable de los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura para trasladarlo al Parlamento regional por no contar con un informe del Consejo de Estado. La previsión es que comience a dar formación en el curso 2026-2027.

También esperan pasar la burocracia la Universidad Europea de Extremadura, vinculada a la Universidad Europea de Madrid, que tendrá sede en Cáceres, y la CEU Núñez de Balboa, un centro educativo privado con sede en Jerez de los Caballeros (Badajoz) relacionada con el Centro de Estudios Universitarios fundado por la Asociación Española de Propagandistas Católicos.

Convivencia en La Rioja

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) nace en 2008 y comienza a impartir clases en 2009, todas ellas online, informa Olivia García. El 11 de junio de 2024 la UNIR pidió autorización para poder impartir clases presenciales. En concreto, solicitó a los grupos parlamentarios de La Rioja la modificación del artículo1 de la Ley 3/2008, que autorizó la creación de esta universidad virtual para poder impartir docencia en todas las modalidades permitidas por la ley, como ocurre con todas las universidades autorizadas desde 2021.

Y en junio de 2024 llegó la autorización tras la aprobación en el Parlamento de La Rioja (gracias a la mayoría absoluta del PP y con el apoyo de Vox) con una puntualización: la UNIR no ofrecerá grados presenciales que ya se impartan en la Universidad de La Rioja (UR), la universidad pública.

En un principio, sindicatos, diversos partidos políticos e incluso la propia Universidad de La Rioja se posicionaron en contra de la petición de la UNIR aunque finamente el acuerdo también fue secundado por la universidad pública de La Rioja. El entonces rector de la UR, Juan Carlos Ayala, aseguró que con este acuerdo la UR gana “tranquilidad” y “garantiza el crecimiento y la supervivencia del sistema público de enseñanza superior en La Rioja”.

Mayoría en Castilla y León

En Castilla y León desde hace años las universidades privadas son mayoría en el sistema de educación superior con cuatro universidades públicas y cinco universidades privadas (cuatro con campus presenciales y una online), informa Antonio Vega. 

El último impulso a las universidades privadas ha ocurrido de forma sorpresiva hace unos meses al autorizar el Gobierno del PP la implantación de un campus privado en la comarca de El Bierzo mediante un convenio con la Universidad Católica de Ávila, que impartirá titulaciones a través de un grupo formativo de origen andaluz, sin que se conozcan de momento las posibles carreras y modalidades a impartirse.

La expansión de la privada ha llegado con la sorpresa y rechazo de la Universidad de León, con un campus en Ponferrada, y bajo la modalidad de una especie de 'franquicia' de la universidad abulense, que pone su autorización para que un tercero mediante un centro asociado pueda dar titulaciones oficiales reconocidas por la Junta de Castilla y León.

La ola llega a Asturias

La ola de las universidades privadas ha llegado a Asturias, informa Raquel L. Murías. El Principado, que nunca ha tenido oferta de educación privada superior, podría contar próximamente con tres nuevos centros de educación universitaria privada: Antonio de Nebrija, en Avilés; Alfonso X, en Oviedo, y Universidad Europea, en Gijón, aunque cada proyecto lleva sus ritmos y solo hay uno en el Ministerio, según fuentes de Universidades. La mayoría de las formaciones que van a ofertar están dentro de la rama de las Ciencias de la Salud, precisamente en especialidades donde la oferta de la universidad pública se queda corta como, por ejemplo, enfermería.

Al tiempo que avanzan los proyectos para la implantación de la universidad privada en Asturias, el Principado anuncia que la matrícula universitaria, ya gratuita en el primer año, se ampliará a todos los cursos. Surge la pregunta de qué impacto tendrá el aterrizaje de la universidad privada en Asturias y si condicionará o no las plazas de prácticas de estudiantes procedentes de la universidad pública en hospitales, por ejemplo, en enfermería.

Trato preferente en Balears

El Govern del PP ha favorecido la apertura de una nueva universidad privada en Menorca, el centro universitario Beato Luis Belda, gracias a su declaración como proyecto de especial interés estratégico, informa Angy Galvín. La entidad, adscrita a la institución católica privada CEU San Pablo, cuenta con un trato preferente, situándose en la misma categoría que proyectos empresariales considerados esenciales para la transformación económica de las Islas.

El gabinete de Marga Prohens alega que el nuevo centro reforzará la oferta de titulaciones sanitarias -ofrecerá, una vez obtenidos los informes y autorizaciones favorables preceptivos, los estudios oficiales de grado de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Odontología y Farmacia-. La universidad se beneficiará de un procedimiento administrativo que le dará prioridad, preferencia y celeridad ante la Administración gracias a un decreto ley del Ejecutivo.

La comisión permanente del Consejo de Universidades ha decidido este martes por unanimidad aceptar las reclamaciones presentadas por la Universidad de Granada (UGR) y la Universidad de Jaén (UJA) respecto a la verificación de dos nuevos títulos oficiales, que la agencia de calidad andaluza había denegado en junio a las universidades públicas: el Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la UGR y el Grado conjunto en Ingeniería Biomédica por parte de ambas instituciones.

La decisión adoptada este martes por el órgano dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades zanja así la polémica abierta tras la negativa adoptada por parte de la administración andaluza. La resolución desfavorable por parte de la entidad encargada de evaluar las titulaciones universitarias en Andalucía (la ACCUA) desató una contundente oleada de críticas en el sistema universitario, debido a que se dio a conocer cuando ya contaban con alumnado preinscrito. Además, se dio la circunstancia de que la agencia de calidad andaluza concedió el visto bueno a la universidad privada Loyola para implantar este curso el mismo título que había vetado en las universidades públicas de Jaén y Granada. 

Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han calificado la decisión de “excepcional e inédita”, tomada ante “la constatación de la adecuación de los argumentos académicos planteados por las universidades en sus reclamaciones”. Según el Ministerio, estos argumentos aseguraban la calidad global de los proyectos de grado en los aspectos fundamentales de cualquier proyecto universitario de formación.

Como consecuencia de esta decisión, los dos grados pasan a contar con el visto bueno de la permanente del Consejo de Universidades, conformada por una representación de rectores de las universidades españolas y un representante del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El siguiente paso, según la normativa vigente, es que la Junta de Andalucía autorice el inicio de sus actividades académicas y ponga en funcionamiento todos los mecanismos y procedimientos para hacer efectivos los nuevos títulos.

La Junta lo pudo “haber resuelto antes”

A juicio del Ministerio, la polémica derivada del bloqueo a estas dos titulaciones “la podría haber resuelto antes la Junta de Andalucía a través de su agencia de calidad,” la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), que emitió por dos veces informe desfavorable, pese a los argumentos académicos explicitados por las dos universidades andaluzas, “que son muy sólidos”, según el Ministerio.

De haber reconsiderado su decisión, “esta situación se podría haber resuelto satisfactoriamente antes”. Ahora, ha tenido que ser la Comisión Permanente del Consejo de Universidades la que “de forma excepcional” resuelva esta situación “garantizando la calidad de la docencia y asegurando los derechos del estudiantado”.

En una comunicación remitida este martes a la Junta de Andalucía y a las universidades afectadas, la Comisión Permanente ha instado a consensuar la temporalidad de inicio de actividad de ambos grados, teniendo en cuenta que la decisión coincide con el inicio de la actividad académica y con el estudiantado matriculado.

Ambos títulos se implantarán en el curso 2026/2027

Los rectores de la Universidad de Granada (UGR) y de la de Jaén (UJA) han manifestado este martes su “satisfacción” ante la resolución adoptada por el Consejo de Universidades, que estima su reclamación y aprueba la verificación de las dos nuevas titulaciones.

Dada la coincidencia en el tiempo con el inicio de las clases en el ámbito universitario, se ha optado por dedicar el presente curso académico a terminar de pulir los detalles necesarios para “una implantación efectiva y exitosa de ambos títulos en el curso 2026/2027”. Ello también “en aras de la excelencia académica y de garantizar los derechos del estudiantado”, según indican desde las instituciones universitarias afectadas.

Por su parte, el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, ha manifestado que la nueva resolución “corrige una situación a todas luces injusta”. “Estábamos convencidos de que nuestra propuesta para cursar el nuevo título es muy sólida y muy solvente”, ha apuntado Ruiz, recordando que esa fue la razón por la que el equipo de Gobierno de la UJA “decidió llegar hasta el final, siguiendo todos los cauces administrativos pertinentes, para defender los intereses de nuestra institución y de todas las personas que han trabajado en la elaboración de las memorias”.

Junto a ello, la Universidad de Granada y la de Jaén se han puesto a disposición de la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación y de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) para seguir trabajando en la implantación de la Programación Universitaria 2025/2028 y para “mejorar y fortalecer” el sistema público universitario andaluz.

Carné añejo del partido para gestionar la “evaluación externa” de la universidad madrileña. La fundación encargada de examinar los proyectos de nuevas universidades (de momento solo privadas) en la Comunidad de Madrid ha servido para colocar en sus altos cargos a políticos del Partido Popular. Sus últimos tres gerentes –incluido el actual– han sido políticos multicargo del partido. Y uno de sus directores llegó allí directamente desde el sillón del Gobierno regional dominado por los populares.

Desde que esa entidad, denominada Fundación para el Conocimiento Madridmasd, es la “responsable de evaluar la calidad del sistema universitario madrileño”, por su gerencia han pasado en sucesión: el ex delegado del Gobierno de Mariano Rajoy en Euskadi entre 2012 y 2016, Carlos Urquijo; la actual teniente de alcalde de la localidad de Boadilla del Monte, María Jesús García-Alarilla, y, actualmente, el exalcalde de Getafe, exdiputado regional y exsenador por el Partido Popular, Juan Soler.

Esta fundación fue la que examinó el plan de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) antes de ser autorizada para operar en Madrid –aunque solo puede expedir títulos válidos en Guatemala– . El permiso llegó cuando su vicerrector era ya el exconsejero de Sanidad del PP, Javier Fernández Lasquetty. Y se trata del mismo campus donde la dimitida diputada popular Noelia Núñez consignó haber dado clases al tiempo que era presentada como docente por la propia universidad. Cuando estalló el escándalo del currículum falseado de la política, la Francisco Marroquín afirmó que Núñez no había sido nunca su profesora.

Fue el Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) el que autorizó la UFM en marzo de 2017 tras pasar la evaluación de la Fundación para el Conocimiento madridmasd, según la orden de la Consejería de Educación. Y lo hizo en contra del criterio del Ministerio de Universidades, en ese momento también dirigido por el PP, que había detectado problemas en el número de doctores y los espacios docentes previstos. No sería la última vez en la que el Ministerio informara negativamente sobre un proyecto de universidad privada que sí obtuvo el visto bueno del organismo externo de la Comunidad de Madrid.

“Garantizar la independencia de la entidad”

Aunque la Fundación explica que debe “garantizar la independencia de la entidad como órgano encargado de la evaluación de la calidad del Sistema Universitario madrileño”, todos estos gerentes –considerados altos cargos del organismo– llegaron a ese puesto con trayectorias previas cuajadas de cargos políticos ligados al PP y prolongadas después de dejar ese trabajo con nuevos cargos.

El más reciente, Juan Soler, ha saltado del grupo parlamentario popular de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid a la gerencia de la Fundación. Soler informa de que se afilió a las juventudes de Alianza Popular en 1978 y, a partir de ahí, ha ocupado multitud de puestos.

Entró como diputado madrileño en 1987. En diversas etapas ha tenido escaño en la Asamblea de Madrid hasta 2023. También ha sido senador por designación autonómica en un par de legislaturas y alcalde de la ciudad de Getafe. Además, fue director de la fundación FAES entre 1996 y 2001. En su currículum dice que fue director del Colegio Mayor Marqués de la Ensenada y adjunto a un vicerrector de la Universidad Complutense entre 1989 y 1990.

Su predecesora, García-Alarilla, llegó a la gerencia del órgano evaluador de universidades en 2017 tras haber sido directora del gabinete de la Alcaldía y directora de Desarrollo Económico en la localidad de Alcobendas (gobernada por el PP); directora de gabinete de la Alcaldía de Pozuelo (también a cargo de los populares); asesora del gabinete de comunicación de la Comunidad de Madrid y asesora de la secretaria general del Consejo de Gobierno de la Comunidad.

Tras salir de la fundación en 2023 se ha convertido en teniente de alcalde en Boadilla del Monte y está en el comité ejecutivo del PP de Madrid que preside Ayuso.

Y antes que García-Alarilla, la gerencia estuvo bajo el mando de Carlos María Urquijo Valdivielso quien, previo a su fichaje por la supervisora externa del sistema universitario no solo fue delegado del Gobierno, sino que había sido diputado en el Parlamento Vasco y senador por el PP. Al dejar su puesto en la Fundación fue nombrado director general de Seguridad por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Años después, Urquijo Valdivielso fue el 'particular' que solicitó la autorización para la manifestación de Colón contra los indultos de los presos independentistas catalanes.

Informes “técnicos y asistenciales”

A esta fundación le corresponde “la evaluación de los planes de desarrollo de las titulaciones de las nuevas universidades y/o centros que se quieran establecer en Madrid”, según explica la misma entidad.

“Su cometido es esencialmente técnico y asistencial, respecto a la Dirección General de Universidades, que es el órgano encargado de emitir la resolución sobre las solicitudes de creación y reconocimiento de universidades y centros”.

Sus informes técnicos están, pues, ligados a la expansión de la universidad privada en la Comunidad de Madrid. Esta región va camino de inaugurar su 14º campus privado y tiene algunos otros en cartera mientras el último centro público abrió en 1996. Madrid es punta de lanza de este proceso en toda España. “Es un buen negocio”, analizaba el rector de la Universidad de Alcalá de Henares, José Vicente Saz, en una entrevista en elDiario.es.

Esa expansión se está produciendo al tiempo que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene al borde de la asfixia económica a los campus públicos –es la comunidad que peor financia estas universidades–, según reiteran los rectores, y prepara una ley que limita aún más su dotación.

En este contexto, si se mira el histórico de las evaluaciones de la Fundación para el Conocimiento, pueden leerse informes como el de la solicitud de la TAI University, que dice: “En su conjunto se valora de forma favorable” la propuesta, a pesar de detectar que “debería hacer un esfuerzo para poder potenciar su actividad investigadora” y subraya que “adquirir la condición de universidad privada implica potenciar el esfuerzo en este pilar propio de la actividad académica, que es la investigación”.

En el reciente caso de la Universidad Abierta de Europa, dictaminó una valoración favorable gracias al “esfuerzo” de la solicitante por subsanar los problemas identificados, y le daba el visto bueno a pesar de que al mismo tiempo destacaba que “determinados aspectos de la memoria que podrían completarse durante el proceso con el objeto de mejorar la implantación final”.

Al examinar el mismo proyecto, el Ministerio de Universidades detectó múltiples “lagunas y deficiencias”, pero su análisis no es vinculante, por lo que la Comunidad de Madrid puede autorizar el centro. “Los promotores no tenían ni tienen un proyecto definido y de calidad para la Universidad Abierta de Europa”, concluyó el informe de Universidades.

Hasta 2019, esta situación respecto a los nombramientos abarcaba toda la cúpula de la fundación. En septiembre de 2017, el que fuera consejero de Sanidad con Cristina Cifuentes (PP) Jesús Sánchez Martos, pasó directamente del Consejo de Gobierno autonómico a la dirección de esta fundación. Dos años después, para poder cumplir con los requisitos esenciales de la Asociación Europea para la Calidad de la Educación Superior (ENQA por sus siglas en inglés), Madridmasd tuvo que poner en marcha una convocatoria pública y un proceso de selección competitivo para el puesto de director al que accedió Federico Morán. No así para el de gerente.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades está preocupado con el régimen sancionador que ha incluido la Comunidad de Madrid en su borrador de ley de educación superior. Fuentes del departamento que dirige Diana Morant han lamentado no conocer oficialmente el borrador de la ley, que se ha publicado en prensa este jueves, aunque han avanzado que “el borrador que se ha conocido (...) contiene elementos preocupantes, que podrían invadir competencias del Estado. ”El Gobierno de España va a proteger a la universidad pública española, velando porque se respete la libertad de expresión y de manifestación en sus campus, así como exigiendo una correcta financiación por parte de las comunidades autónomas. Es llamativo que la Comunidad de Madrid esté más preocupada por cómo sancionar a las Universidades que de cómo financiarlas mejor“, sostienen las fuentes.

Los rectores de las seis universidades públicas madrileñas también han salido al paso de las informaciones publicadas y han negado este miércoles que conocieran el régimen sancionador. Tampoco han tenido noticias oficiales del texto, que les va llegando, lamentan, por la prensa o a través de documentos filtrados que la Comunidad de Madrid no reconoce como propios (aunque luego se van confirmando las medidas escritas en ellos). Los mandatarios responden así de alguna manera a la afirmación que ha realizado el consejero de Educación, Emilio Viciana, cuando ha asegurado esta mañana que “el régimen [sancionador] fue anunciado y ha sido debatido desde 2024 y no hay novedad desde entonces”, pero ni los rectores ni los sindicatos ni la oposición política conocía el texto, pese a que la Comunidad presume de que se está elaborando a partir de un “proceso participativo”.

La carta de los rectores de las universidades públicas, enviada a través de la Cruma (Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid) llega tras publicarse este miércoles que el borrador de la Ley de las Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid propone multas de decenas de miles de euros por acciones como colgar pancartas reivindicativas sin permiso en los campus o montar escraches, como los sufridos por el exdiputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en la facultad de políticas de la Complutense en febrero, o la manifestación de protesta que centenares de estudiantes organizaron el día que Ayuso fue a recoger su distinción como alumna ilustre de la misma universidad.

Los rectores, que eluden valorar la propuesta porque no la conocen oficialmente, explican: “Los rectores de Cruma no hemos recibido durante la negociación con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades el documento completo de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia en el que, según ha trascendido, aparece recogido ese supuesto régimen sancionador”. Y, en lo que podría interpretarse como una crítica velada al proceso, añaden que esperan “recibir por primera vez el documento completo de la Lesuc [nombre técnico de la futura ley]. Solo tras recibirlo y analizarlo con detalle, nos plantearíamos la necesidad de hacer valoraciones sobre su contenido”.

15.000 euros por una pancarta

El borrador contempla sanciones que penalizarán las protestas o los escraches en los campus, siguiendo la línea expresada en varias ocasiones por la presidenta o su consejero de Educación, Emilio Viciana, de que “la universidad debe ser un espacio de libertad”. Según el texto filtrado –que la Comunidad no confirma sea oficial y además ha dicho que es una “manipulación”, aunque no ha negado las cifras ofrecidas– las infracciones leves, penadas con entre 300 y 15.000 euros de multa, incluyen “colocar pancartas o símbolos sin la debida autorización, o arrancar los que hayan sido debidamente autorizados”.

Las penalizaciones graves contemplan una horquilla sancionadora de entre 15.000,01 y 100.000 euros. En esta categoría entran cuestiones como “permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, o que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias, así como de la docencia, a la que los alumnos y el personal tengan derecho”, un supuesto que podría abrir la puerta multas por las acampadas que se han realizado en universidades públicas en defensa del pueblo palestino, “permitir que las manifestaciones o acciones no autorizadas o comunicadas impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones o actividades que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus” o “permitir el hostigamiento de los miembros de la universidad o las personas que visiten o sean invitadas al campus, por acción u omisión”, una medida orientada a cortar los escraches.

Entre las infracciones muy graves, multadas con entre 100.000,01 euros y un millón, hay elementos que fuentes universitarias califican de “demasiado ambiguos”, como “no cumplir o permitir que se incumpla la Constitución, se vulneren o queden desprotegidos los derechos fundamentales y su pleno ejercicio por parte de las personas que se encuentren legítimamente en el campus universitario, o no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra” o “no garantizar la seguridad e integridad física en el campus universitario, por acción u omisión”.

“No cubrimos ni los gastos de personal”

Aunque las relaciones entre los rectores y el Gobierno regional parecen haber mejorado recientemente, al menos en público, la situación entre las partes ha sido tensa en los últimos meses. Asfixiados en una falta de financiación que ahora a los campus, los responsables de los centros públicos decidieron hace más de un año cambiar la táctica negociadora, elevar la voz y hacer una llamada de auxilio pública. “No cubrimos ni los gastos de personal” con la financiación que ofrece la Comunidad de Madrid, le dijeron los seis mandatarios a una a la presidenta Ayuso.

Esa batalla dialéctica continuó unos meses después a cuenta de la aprobación de los presupuestos regionales, en los que los rectores le arañaron a Ayuso 45 millones de euros extra “para poder sobrevivir” (pedían unos 250 millones) y por la negativa del Ejecutivo regional a acogerse al plan María Goyri del Ministerio de Universidades, por el que el Gobierno central se compromete a financiar casi mil plazas. Finalmente, los rectores le doblaron la mano a la Comunidad, que tuvo que acogerse al plan y no ser así la única que no lo aceptaba.

El tercer capítulo (público) de la saga fue un desayuno organizado por la Universidad de Alcalá hace unas semanas, en el que los seis mandatarios insistieron en su mensaje: las cuentas no salen y solo abrir las universidades cada día es un éxito. “Madrid es la comunidad que menos aporta por estudiante y en relación al PIB y en la que, por el contrario, más esfuerzo financiero hacen las familias. Las universidades públicas madrileñas hemos tardado alrededor de 15 años en recuperar la financiación que recibíamos en 2008”, resumió la rectora de la UAM, Amaya Mendikoetxea, en aquel acto.

El Gobierno vasco continúa en su rechazo firme al decreto estatal para modificar el sistema de autorización de nuevas universidades privadas tanto por motivos de forma -cree que el Ejecutivo central incurre en una invasión competencial, sobre todo en lo tocante a la autorización de centros telemáticos- como de fondo. De hecho, pide su retirada y el “reinicio” de la tramitación y lanza como “propuesta” alternativa al sistema de “limitaciones”, según ha expuesto el consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias. Sería un modelo de “certificaciones” o “sellos de calidad” de tres o cuatro niveles, al modo de como se catalogan los hoteles u otros servicios. Este miércoles el consejero y el secretario de Estado, el exconsejero navarro Juan Cruz Cigudosa, se reunirán en Madrid para debatir sobre la cuestión.

¿En qué consiste el modelo? Las universidades con menos 'estrellas' o no podrían abrir si son de nueva creación o podrían sufrir una “revocación de la autorización para impartir títulos oficiales” si ya están en marcha. “Este sistema debería incluir una previsión de plazos para corregir deficiencias o para alcanzar los estándares de calidad mínimos exigibles. Un sistema de sellos de calidad aportaría, además, transparencia al sistema universitario, ofreciendo al estudiantado una información de inestimable valor”, opina el Ejecutivo autonómico.

Los criterios para encuadrar a una universidad en las categorías tendrían en cuenta la “calidad de la oferta docente”, pero también la plantilla, la capacidad investigadora, los equipamientos e instalaciones, los servicios y su programación plurianual. El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación ha dejado claro que sería un órgano independiente el que otorgaría los certificados y no el Gobierno. “Serían dictámenes técnicos y no políticos”, se ha explicado. Según Pérez Iglesias, la pública UPV/EHU -a la misma hora de la rueda de prensa el nuevo rector, Joxerramon Bengoetxea, se reunía con el lehendakari, Imanol Pradales- y las privadas Deusto y Mondragon, de larga trayectoria, no tendrían impedimentos para obtener la máxima categoría por su “excelente” desempeño.

Pérez Iglesias ha presentado en rueda de prensa las alegaciones de Euskadi a este nuevo decreto, lanzado por el Gobierno central como un intento de acotar los “chiringuitos” o centros privados que han ido floreciendo en los últimos años. En el caso vasco, se ha señalado a Euneiz, una universidad de reciente creación e impulsada por el empresario Josean Querejeta, dueño de Saski Baskonia y Deportivo Alavés. Preguntado por este caso concreto, Pérez Iglesias sigue confiado en que logrará alcanzar los mínimos exigibles no ya en la nueva normativa sino en la vigente pero admite que el futuro es “insondable”.

Estas alegaciones insisten en la existencia de problemas procedimentales. Por un lado, el Gobierno vasco cuestiona que el decreto se tramite por la vía de urgencia, lo que “impide un debate reflexivo y sosegado” y “dificulta la posibilidad de acuerdos”. Por otro, se alerta de la “recentralización” de algunas competencias como la autorización de universidades telemáticas. “Aquí hay un problema competencial y es una línea roja”, ha manifestado el consejero. Y, finalmente, se avisa del “peligroso precedente” de hacer “vinculantes” los informes de las agencias de calidad por encima de las leyes de creación del Parlamento Vasco. “Una decisión de carácter político no puede recaer en un organismo técnico”, ha argumentado Pérez Iglesias.

Euskadi se opone también a que se exijan al menos carreras en tres ramas del conocimiento o un mínimo de 4.500 alumnos para abrir un nuevo centro. “Impediría o dificultaría el desarrollo de proyectos singulares por su especialización o nivel de calidad. Va en contra de la capacidad de las instituciones vascas para desarrollar políticas universitarias acordes con las necesidades y aspiraciones de nuestra sociedad”, ha señalado Pérez Iglesias.

El Gobierno vasco es una coalición de PNV y PSE-EE. Aunque independiente, Pérez Iglesias forma parte de la cuota nacionalista. El líder del PSE-EE, Eneko Andueza, se mostró muy crítico cuando se empezó a conocer el rechazo del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación al decreto estatal y, de hecho, aseguró que esta postura crítica no había sido consensuada en el seno del bipartito.

Desde entonces, se han celebrado ya dos reuniones del Consejo de Gobierno. En la primera, tres consejeros socialistas tomaron la palabra cuando Pérez Iglesias expuso su postura sobre el decreto universitario. En la segunda, siempre según la parte del PNV, se ha “informado” de los pasos que se darán. Entre medias, Pérez Iglesias desmintió algunas informaciones que apuntaban a que Euskadi había presentado tarde sus alegaciones.

Euskadi no descarta tener que recurrir el decreto si el Estado lo aprueba sin ajustes. En todo caso, se buscaría su anulación en el Tribunal Constitucional por cuestiones competenciales. Sigue muy latente el reciente precedente del Tribunal Supremo, que anuló la competencia vasca de homologación de titulaciones universitarias obtenidas fuera de la Unión Europea. El consejero, en todo caso, exhibe predisposición a un entendimiento y repite el viejo aforismo de que “es mejor un mal acuerdo que un buen pleito”.

Si se cumplen los anuncios de unos y otros, la Ebau (antigua Selectividad) de 2026 será la más homogénea a nivel estatal. La Conferencia de Rectores de Universidades Españoles (CRUE) ha anunciado este lunes un acuerdo para que los distritos universitarios del país (cada comunidad autónoma es uno) avancen hacia un examen lo más común posible. “El objetivo ha sido establecer, para todo el país, unas orientaciones comunes para las materias que integran las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) a partir de las pruebas de 2026”, explican los rectores.

“Estas propuestas –adelantadas por la Cadena Ser– recogen una estructura común de examen basada en competencias, bloques compartidos de saberes básicos, criterios específicos de evaluación y orientaciones comunes sobre aspectos formales y lingüísticos”, explica la CRUE. El examen no puede ser completamente homogéneo en toda España –como le gustaría al PP, por ejemplo– porque cada comunidad autónoma es responsable de aproximadamente la mitad del currículum que se enseña en sus centros, de manera que en cada región hay diferentes contenidos, pero la idea es avanzar en esa dirección todo lo que se pueda.

En cualquier caso, explican los rectores, el acuerdo “responde a la voluntad compartida de mejorar el procedimiento y garantizar unas condiciones más equitativas para todo el estudiantado”.

Una voluntad que también ha recogido el Gobierno en el diseño de los mínimos de la prueba. El Real Decreto en el que el Ejecutivo fijó las características básicas de la prueba recoge “una estructura, unas características básicas y unos criterios de corrección mínimos comunes para todo el territorio”. Para ello, propuso unas pautas de corrección para todas las comunidades, que incluye también que la parte ortográfica y gramatical o de estilo será evaluada con hasta el 10% de la nota (un punto por ejercicio).

Además, este curso será el del paso de la Ebau de siempre a un modelo que se adapte a la Lomloe y evalúe el aprendizaje competencial que esta propugna, aunque de momento lo hará de forma algo tímida.

A diferencia de lo que venía sucediendo en los últimos años, especialmente tras la pandemia, habrá menos optatividad en el examen. “Cada materia presentará un modelo único de ejercicio que se estructurará en diferentes apartados o bloques”, explicó la CRUE. En este cambio subyace la idea de que el alumnado se tenga que estudiar todo el temario, extremo que el modelo anterior no garantizaba al permitir elegir entre diferentes modelos de examen.

La prueba que propone la CRUE para este curso limita la parte competencial –la que se supone gran novedad– a un mínimo de entre un 20% y un 25% de las preguntas, pese a que el propio texto afirma que “las pruebas tendrán un diseño competencial para comprobar el grado de consecución de las competencias específicas de las materias de acceso y admisión”.

El Ministerio de Educación dejó también negro sobre blanco en su normativa básica que para todos los ejercicios los criterios de calificación y corrección incluirán, entre otros, parámetros que permitan valorar aspectos como la adecuación a lo solicitado en el enunciado, la coherencia, la cohesión y la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos, así como su presentación. Además, la valoración correspondiente a esos elementos de coherencia, cohesión, etcétera deberá contar como poco el 10% de la calificación (un punto) de la correspondiente pregunta o tarea.

Los rectores de las universidades públicas de Canarias (la ULPGC y la ULL) celebran el nuevo decreto anunciado por el Gobierno central que endurece las exigencias a las universidades privadas. “Nos parece muy razonable que ahora los informes de las agencias evaluadoras sean vinculantes”, expone el regidor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra. “Es una magnífica iniciativa y desde hace tiempo lo venimos diciendo, que hasta ahora había una regulación del año 2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades que tenía varios problemas. Yo creo que lo principal es que había un informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que no era vinculante. Esto ha permitido que, digamos, hayan surgido iniciativas universitarias con un informe negativo en ocasiones en torno al cumplimiento de esos requisitos”, expone el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García. 

El borrador de decreto en el que trabaja el Gobierno y que ha llegado a las universidades estos días destaca precisamente cuestiones como que se requerirán dos informes preceptivos (uno de la agencia de calidad - ANECA o autonómica - y otro del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, elevado a la Conferencia General de Política Universitaria) para la creación o reconocimiento de universidades. También se refuerzan los requerimientos de sostenibilidad económica. 

Asimismo, el borrador consultado por este periódico aumenta “las exigencias de presencia de la investigación en la actividad de la universidad al considerarla como una actividad consustancial a la propia noción de universidad y de profesorado”. De hecho, “las universidades deberán dedicar al menos un 5% de su presupuesto total a un programa o programas propios de incentivación de la investigación”.

Las universidades deberán captar, en convocatorias, programas y contratos de investigación (I+D+I), incluidas las Cátedras universitarias y la valorización de patentes, como mínimo el equivalente al 2% de su presupuesto total anual en el plazo de cinco años desde el inicio de su actividad.

El proyecto de decreto también regula la enseñanza virtual. Así, se establecen requisitos específicos para aquellas que imparten docencia mayoritariamente virtual como especificar la modalidad en que se impartirá cada título y remarca que por lo menos el 75% del personal docente e investigador debe residir en España, “para garantizar la calidad académica, la colaboración y coordinación del profesorado en la preparación de las asignaturas y el seguimiento del aprendizaje del estudiantado, así como que el nivel formativo y las condiciones del profesorado sean homologables a las del conjunto del sistema universitario español”.

El profesorado con contrato laboral temporal (asociados, visitantes, colaboradores, entre otras figuras) no podrá superar el 8% en efectivos de la plantilla de personal docente e investigador.

Por otro lado, se exigirá que un mínimo del 60% del conjunto del personal docente e investigador doctor o doctora haya alcanzado una evaluación positiva, en los últimos cinco años. Se fija una ratio mínima de personal docente e investigador por estudiante de uno por cada 25, aunque podrá modularse para la enseñanza virtual.

Además, se especifica que en la memoria para la creación de una universidad se deberá incluir la previsión de que en cinco el número de estudiantes matriculados en dichas titulaciones oficiales supere los 4.500. Se trata este de un requisito que no cumplen las universidades privadas que han proliferado en Canarias.

Según los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) de 2023, los matriculados en la Universidad Europea eran un total de 2.134, los de la Fernando Pessoa a 1.259, y los de la del Atlántico Medio a 3.859. No constan datos de la Universidad de las Hespérides, que comenzó su actividad académica en Canarias en el curso 2023-2024 ni el de la TECH. En las universidades públicas, en la ULPGC hay 17. 537 y en la ULL; 20.128.

El borrador también especifica que tanto las universidades públicas como las privadas adquieren el compromiso de disponer de una capacidad mínima de alojamiento estudiantil equivalente al 10% de las plazas de enseñanzas de Grado.

Las universidades deberán disponer de una oferta académica conformada por títulos universitarios oficiales de Grado, de Máster Universitario y de Doctorado y deberán estar representadas como mínimo tres de las cinco grandes ramas del conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura).

El proyecto también recoge que después de cinco años del inicio de las actividades académicas, el estudiantado de Grado (y dobles Grados) deberá suponer como mínimo el 50% del total del estudiantado matriculado en enseñanzas oficiales de dicha institución de educación superior. Esto se debe a la proliferación de universidades que hacen negocio con los másteres.

La universidad pública para garantizar el acceso a la educación superior

El rector de la ULL destaca que con este decreto se pretende “garantizar unos mínimos de calidad. Aquí no se trata de restringir que entren nuevos operadores, pero sí que los operadores que entren, pues lo hagan en unas condiciones mínimas de calidad”. Incide en que hay una serie de cuestiones como la investigación que le parece fundamental, pues las universidades “no son solo academias, sino que además generan conocimiento”.

El rector de la ULPGC, por su parte, indica que “no se trata tampoco de enfrentar a las universidades públicas contra las privadas” sino de la calidad de la enseñanza, de reunir unos requisitos establecidos, “porque si no se convierten en pequeños chiringuitos, y esto no puede ser”, apunta Serra, que añade que “hay universidades en España privadas de calidad”.

“Nosotros lo que queremos es garantizar el acceso a la educación superior independientemente de las condiciones familiares, de renta, de los individuos. Esa es nuestra misión y para eso sí que vemos importante que, paralelamente a esta regulación de las universidades privadas, pues haya un salto importante en el apoyo financiero a las universidades públicas”, insiste el rector de la ULL.

Francisco García destaca que la LOSU recoge que hay que destinar para 2030 el 1% del PIB de las comunidades a las universidades públicas. “En el caso concreto de Canarias, eso implicaría que alrededor de 500 millones”, apunta. “La transferencia que recibimos del Gobierno de Canarias es alrededor de 270, y esto quiere decir que estamos a 230 millones anuales de conseguir ese objetivo”.

“Por tanto, creo que desde el Gobierno Central se hace, se ha anunciado también un apoyo a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pues creo que toca que cada comunidad autónoma también haga lo propio con sus universidades públicas”, insiste el rector de la ULL.

García remarca que el papel de las universidades públicas no es competir con los operadores privados, “sino ser eficaces, eficientes en el cumplimiento de nuestra misión, que es hacer que todos los individuos, independientemente de su posición social, puedan acceder a la educación superior, porque efectivamente se ha demostrado que esta vía es el principal ascensor social del que dispone una sociedad. Yo estoy aquí porque estudié en la universidad pública”, subraya.

También recuerda que la ULL está entre las 15 primeras universidades en el ránking de Shanghái,“ que es el ranking más importante en cuanto a investigación que existe a nivel internacional. Hay que recordar que en España somos casi 100 universidades y en el ámbito de la investigación, pues, estamos entre las 15 primeras”, agrega García.

¿Qué tal, cómo estás? Hoy traemos menos temas, pero con un poquito más de desarrollo. También llego un poquito más tarde que de costumbre, estábamos esperando porque quería incluir el informe PIACC sobre educación de adultos, que se desembargaba hoy a las 11 am y te cuento más abajo. Vamos al lío.

Voy a seguir una semana más con el tema Ayuso-universidades, porque es bastante grave. Pero ampliamos el foco. Los madrileños no son los únicos rectores que están apretados por su gobierno (hola, Moreno Bonilla).

El martes fue un día intenso en la Comunidad de Madrid. Era el día que se reunían los rectores de las universidades públicas con la presidenta Ayuso para hablar de financiación. La expectación era alta ante la cita, después de que los mandatarios levantaran la voz por la situación crítica que viven.

La presidenta trató de anticiparse y cambiarles el paso a los rectores revelando, minutos antes de la cita, que Madrid se iba a adherir finalmente al programa María Goyri, por el que el ministerio va a cofinanciar (sin corresponderle, no tiene las competencias) la contratación de más de 600 profesores. Madrid era la única comunidad que no iba a participar en el programa. La única. Castilla y León se va a incorporar tarde y sus universidades tampoco están encantadas con la idea, pero lo hará.

Luego resultó que ese comunicado incluía, abajo del todo, alguna salvedad. Como no le gusta el programa, Madrid mandaría una alternativa al ministerio para “adaptarlo” a su realidad. La presidenta que siempre habla de la igualdad entre españoles quiere una versión propia de un programa nacional. Ayer lunes se supo que pretende obviar la obligatoriedad de mantener a estos profesores cuando se acaben sus contratos, tal y como contempla el programa. El ministerio le contestó por carta que no piensa hacerlo. El programa es el que es, y si quieren adherirse como el resto de comunidades, ahí está el documento para firmar. Finalmente, el Gobierno regional cedió y en la tarde de ayer anunció que firmará el convenio tal y como está.

En la reunión con los rectores, Ayuso les informó de que va a subir la inversión en universidades un 4%. Es más que el 0,9% previsto, pero los responsables de los seis centros públicos explicaron después que sigue siendo insuficiente. Que no llegan a los mínimos. Madrid es la región más rica de España, pero la que tiene una universidad más cara y la que peor la financia (estas dos cosas tienen una relación clara). Hay campus que se caen a pedazos. El estado de la Complutense que relata aquí El País es paradigmático de esta situación.

Con este rejonazo a la universidad, Ayuso culmina cinco años de ataque sistemático a lo público. En Educación ha tocado todos los palos y ha conseguido enfadar a todo el mundo. Tiene hasta mérito. Le han montado huelgas las maestras de infantil, las de Primaria, el profesorado de Secundaria (¡siete jornadas!). Han protestado por sus políticas la patronal de centros de infantil y asociaciones de centros privados sin concertar. Ha redoblado la apuesta por la privatización de la FP, sin olvidar aquel momento durante el confinamiento en que decidió que lo mejor para los niños que se quedaban sin el comedor del cole era recibir cada día una pizza. Quizá su mayor logro haya sido poner de acuerdo contra sus políticas a sindicatos como CNT o CGT con otros como ANPE o CSIF, en las antípodas ideológicas.

La táctica es antigua. Se deteriora el servicio público para hacerlo ineficiente, de manera que la gente se vaya a lo privado. Por si hay alguna duda, ahí está la ley Maestra, la primera y única educativa de la Comunidad de Madrid, hecha ad hoc para defender a la escuela privada concertada. Deterioras un servicio y refuerzas el otro, de manera que cuando la gente deje de ir al público puedas justificar una menor inversión. Es exactamente lo mismo que está pasando con la Sanidad o el transporte público.

Ayuso, por cierto, no está sola. Es verdad que tiene mucho más foco, pero su compañero de partido Juan Manuel Moreno Bonilla sigue discretamente su estela. Las universidades andaluzas también gritan socorro y exigen a la Junta 50 millones de euros. Hoy tienen un acto conjunto para hablar de su situación.

El consejero de Universidades dice no entender “la inquietud” de los rectores. La memoria es corta: él mismo podría haber estado en el otro lado de esa discusión hace pocos meses, cuando mandaba en la Universidad de Córdoba.

Esta semana hemos hablado de...

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¡Hasta la semana que viene!

Finalmente, Madrid firmará. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades del Ejecutivo regional, Emilio Viciana, ha comunicado en la tarde del lunes que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rubricará el programa María Goyri del Ministerio de Universidades, en los términos originales. Madrid era la única comunidad que hasta el momento había rechazado firmar el convenio, por el que el Gobierno central cofinanciará (sin tener las competencias) la contratación de un millar de profesores para las universidades madrileñas, y el pasado jueves trató de que el ministerio hiciera una versión ad hoc del texto para la región. El departamento que dirige Diana Morant se negó y, tras un intercambio de misivas, Ayuso cede y Madrid firmará.

Lo hará el próximo miércoles, pero lo hará entre protestas. El consejero Viciana ha calificado de “cacicada” e “imposición del Gobierno de Pedro Sánchez” el texto. “No ha habido posibilidad de negociar”, ha lamentado Viciana. “Seguimos denunciando los problemas que ya vimos en el convenio, por ejemplo que impone la figura del profesor ayudante doctor, una figura que soluciona el problema para muchas universidades públicas madrileñas y discrimina la figura del profesor asociado, con el consecuente detrimento de la calidad universitaria”. En una nota, el Gobierno regional explica que el programa le costará 17,5 millones de euros al año a partir de 2025. Los seis rectores de las universidades públicas le habían pedido la semana pasada que firmara el texto.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no quería comprometerse a estabilizar los más de 1.000 puestos de trabajo que se crearían con los 169 millones de euros que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades le dedicaría a través del programa María Goyri durante seis años (los que duran los contratos de profesor ayudante doctor), que ha firmado con el resto de Comunidades Autónomas. El jueves pasado la Consejería de Educación envió una comunicación al departamento que dirige Diana Morant en la que especificaba la manera en la que pretende “adaptar a la realidad de las seis universidades públicas de la región” el acuerdo “para ampliar, rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesores”. Sus condicionantes, confirman fuentes del Ministerio, pasaban por saltarse el “estabilizar” de la ecuación.

La respuesta del secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa, al consejero Emilio Viciana ha llegado este lunes: “Como sabes, todos los elementos del convenio (consideraciones y compromisos económicos de los firmantes, fechas de compromiso y propuestas de tipo de contratación), así como el texto en todos los términos literales, fueron elaborados y acordados con el resto de las comunidades autónomas. Así mismo, fueron finalmente aprobados con el voto positivo de la Comunidad de Madrid en la Conferencia General de Política Universitaria del pasado 19 de junio de 2024″, asegura Cigudosa en su misiva.

La Comunidad de Madrid ya había adelantado sus objeciones a los términos del convenio, después recular de su decisión de no firmarlo. Todo sucedía el miércoles 4 de diciembre, en la misma jornada en la que la presidenta Isabel Díaz Ayuso se reunía con los rectores de los campus públicos madrileños que pedían públicamente un aumento de los presupuestos que les permitiera “sobrevivir”. Ayuso acabó prometiendo un incremento de 47 millones, que los responsables consideraron “insuficientes” (calculaban que lo necesario eran 200 millones). En cuanto al programa María Goyri, primero la Comunidad aseguró que no se sumaba al plan que inyectaría casi 170 millones para salarios docentes, después dijo que sí, pero que no le convencían algunos de los condicionantes que el resto de autonomías ya habían aceptado y firmado.

“El texto propuesto por el Ministerio impone contratar con este programa a una única figura docente, la de Profesor Ayudante Doctor, que según los propios rectores madrileños no soluciona sus problemas de plantilla e incide en esa temporalidad que se pretende evitar. Además puede plantear problemas legales a medio plazo, ya que se obligaría a priorizar la estabilización de esta figura por delante de otras categorías como las de Profesor Titular de Universidad, Profesor Permanente Laboral o cualquier otra de las previstas en el ámbito académico universitario”, argumentaba la Consejería de Educación.

Universidades le recuerda en su comunicación de este lunes que esos términos no son adaptables a cada Comunidad, sino que se han pactado con todas y que Madrid votó a favor en la Conferencia General de Política Universitaria. “Esperamos que la Comunidad de Madrid, en ejercicio de sus compromisos adquiridos públicamente en esa conferencia, apruebe en su órgano de Gobierno en los mismos términos que lo han hecho el resto de las Comunidades Autónomas, y con ello beneficie a las universidades madrileñas y a sus plantillas de profesorado”, sostiene el texto que firma Cigudosa.

Además, Universidades pone un tope temporal a las dilaciones de Madrid. Pone como fecha límite el 13 de diciembre para que el convenio sea “fiscalizado en esta anualidad de 2024”.

Madrid, la nota discordante una vez más. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha alcanzado un acuerdo con 16 comunidades autónomas para crear 4.480 plazas de profesor ayudante doctor en las universidades públicas, de las que el Gobierno de España financiará 2.705 plazas y las CCAA, 1.775. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha rechazado el ‘Programa María Goyri’, algo que la responsable de la cartera, Diana Morant, le ha afeado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, precisamente en un momento en el que los rectores de las seis universidades públicas de la región han hecho pública la “situación crítica” en la que se encuentran por falta de financiación.

“Me dirijo a Usted para pedirle que escuche el sentir unánime de las rectoras y de los rectores”, comienza Morant en una carta enviada este lunes a Ayuso, que le recuerda que “otras regiones han implementado modelos de financiación plurianuales, revirtiendo los recortes de la crisis financiera y potenciando sus capacidades”, mientras que “la Comunidad de Madrid sigue rezagada, comprometiendo su futuro académico y científico”.

“Claramente las universidades públicas madrileñas están cumpliendo con sus obligaciones, a pesar de la infrafinanciación evidente que sufren por parte de su Gobierno regional. Como usted bien sabe, la obligación para desempeñar de forma adecuada estas funciones por parte de las universidades públicas madrileñas es de su gobierno, en tanto que es su responsabilidad y obligación competencial, y también su responsabilidad ética como administración pública que debe estar al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas”, lanza Morant en su misiva.

45 millones solo “para sobrevivir”

Esto ocurre pocos días después de que, en un gesto inédito, los rectores de los seis centros públicos de la región publicaran un texto conjunto en el que piden a la Comunidad de Madrid 45 millones de euros más "solo para sobrevivir", aunque calculan el agujero presupuestario en más de 200 millones.

Los responsables de los campus exigen a la presidenta que suba la transferencia nominativa anual a las universidades al menos un 4%, que es la cantidad que sube el presupuesto general para Educación, explican fuentes de la Conferencia de Rectores de Universidades de Madrid (Cruma). El Gobierno regional contempla actualmente una subida del 0,47%, según el borrador de los presupuestos que ha publicado la Comunidad de Madrid. 

Morant se une a la voz de los rectores y apostilla una serie de datos que han compartido también con su equipo “para que fueran conscientes de la magnitud del grado de desigualdad que sufre el sistema”. Para empezar, señala la pérdida de la capacidad financiera de las universidades: “Las transferencias corrientes de su Gobierno entre 2009 y 2024 solo han aumentado un 5%, cuando el IPC registra un aumento acumulado del 34,9%”. Y esas transferencias por estudiante son, destaca “un 21% más bajas que la media de todas las universidades públicas españolas, y no llegan ni a la mitad del valor medio de las de la Unión Europea”.

“Las universidades públicas madrileñas no pueden estar permanentemente al límite”, subraya Morant en su carta. “España necesita un sistema universitario público madrileño fuerte”.

Un plan para sumar 1.000 docentes

De ahí la “sorpresa” por el rechazo del Gobierno de Ayuso al Programa María Goyri, que supondría incorporar más de 1.000 profesores y profesaras jóvenes y “una inversión de más de 169 millones de euros en la Comunidad de Madrid durante los próximos seis años”. “No es comprensible ni explicable una decisión como esta” cuando más se necesita “para combatir la precariedad y la excesiva temporalidad de las plantillas de profesorado”, que en el caso de la Comunidad de Madrid “alcanza el 47,63%”, destaca.

Este martes los rectores Joaquín Goyache, de la Complutense; Ángel Arias, de la Carlos III; Javier Ramos, de la Rey Juan Carlos; Amaya Mendikoetxea, de la Autónoma; José Vicente Saz, de la de Alcalá; y Guillermo Cisneros, de la Politécnica se reunirán con la presidenta Ayuso para tratar el tema de la falta de financiación.

Para algunas universidades, la cifra que recoben actualmente es incluso inferior en euros contantes y sonantes: la Complutense, por ejemplo, recibió en 2009 un total de 418 millones de euros por el capítulo IV; en 2024 fueron 403 millones. Quince millones menos, sin contar el IPC. En ese mismo periodo, los presupuestos de la Comunidad de Madrid han pasado de 17.689 millones de euros a 27.624 millones, una subida del 56%.

Los prespuestos por estudiante que destina Madrid a sus campus son los más bajos de España, a pesar de ser la que tiene unos precios públicos más caros, junto con Navarra.

Ante la poca o nula perspectiva de futuro que le ofrecía su contrato de investigación Margarita Salas –además de los 700 euros mensuales que le estaban quitando– Amalia Pérez decidió “dar dos pasitos atrás” para empezar de nuevo desde cero. Era un sitio peor, con menos salario, pero a medio plazo apuntaba a uno mejor, más estable.

Beatriz Lozano agradece hoy haber escuchado la vocecita interior que le aconsejaba no tirarse a la piscina y mudarse a Reino Unido con otra de esas ayudas, que prometía 3.500 euros mensuales pero que luego resultaron ser casi mil menos. “Me habría arruinado la vida”, cuenta.

Borja malvivió en Madrid cuando su contrato resultó ser de poco más de dos mil euros mensuales frente a la promesa de 2.800, promesa que no se incumplió hasta que ya era demasiado tarde para echarse atrás. Y todavía tiene que alegrarse de no haberse ido fuera de España. “En EEUU había gente casi pagando por trabajar, contaban que con el salario que les quedó tenían derecho a acudir a los bancos de alimentos”, relata.

Fue el caso de Paula González, que se fue a trabajar a la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, con una técnica de impresión nueva en materiales de biomedicina renunciando a un trabajo en Alemania para acabar cobrando 1.800 euros euros mensuales y obligada a usar el banco de alimentos del Estado, según contaba a este periódico: “Aquí si cobras menos de 40.000 dólares anuales tienes acceso al banco de alimentos. No me ha quedado otra opción y está siendo un año muy duro”, asegura.

Una promesa, otra realidad

Los cuatro son investigadores de nivel, el que había que tener para solicitar un contrato Margarita Salas o María Zambrano, unas ayudas creadas por el Ministerio de Universidades cuando mandaba Manuel Castells y que de oportunidad de retorno o impulso del talento pasaron a pesadilla para muchos científicos de la noche a la mañana, cuando la mayoría de las universidades decidieron interpretar –porque la redacción de la convocatoria así lo permitía– que la partida económica que financiaba cada contrato incluía el pago de las cuotas patronales de la Seguridad Social, que podían sacar el dinero de ahí. Eran 700 y mil euros al mes con los que los investigadores contaban (así se desprendía del anuncio del ministerio), pero que luego vieron detraídos de sus nóminas. Cuando los investigadores descubrieron el cambio se sintieron engañados. Pero muchos ya habían dejado sus antiguos trabajos, incluso se habían mudado de país. No había marcha atrás.

Estos contratos para investigadores posdoctorales contaban con una inversión de la UE de 387,15 millones de euros para el período 2021-2023. Según indica el Ministerio, se repartieron en las universidades públicas españolas un total de 3.914 plazas: 1.218 de María Zambrano —las más prestigiosas, exigen más experiencia— y 2.696 plazas de Margarita Salas.

Los investigadores no se resignaron y comenzaron un largo proceso de pelea que empezó a resolverse el pasado septiembre. Tras varios procesos judiciales en diferentes instancias y comunidades autónomas, con victorias y derrotas y recursos, el Tribunal Supremo se pronunció por fin sobre uno de los casos, en la Universidad de Valladolid (UVA). Y le dio la razón al investigador: el dinero de la convocatoria es para el investigador, la UVA no puede detraer parte de él para abonar la cuota patronal a la Seguridad Social. Debe hacerlo con sus fondos propios.

La sentencia no sienta jurisprudencia, para eso hace falta o que haya varias o que se unifiquen criterios y no es el caso, pero “va en la senda adecuada”, según valora Aurora María López Pérez, abogada que está llevando varios casos en las universidades de València, Politécnica de València, Granada, Miguel Hernández de Elche y Jaume I de Castellón. Por el momento, explica la letrada, la sentencia del TS no obliga a nada a otros jueces con procesos aún abiertos, pero varias universidades y algunos magistrados, conscientes de que esa sentencia estaba a punto de salir, estaban pendientes de que el alto tribunal se pronunciara. Ya lo ha hecho.

Aún en el caso de que finalmente las universidades acepten que les toque abonar ese dinero (y es un salto de fe creer que pasará sin que les obliguen, le deberían entre 700 y mil euros mensuales a cada investigador), para muchos la reparación llegará tarde. “La Justicia si es lenta no es Justicia”, recurre al tópico Amalia Pérez. “Yo necesitaba el dinero entonces, no ahora”, sostiene Borja. Pero al menos les quedará una pequeña satisfacción.

“Lo peor es el sentimiento de indefensión”

“Lo peor de este proceso”, sostiene este investigador, “es el sentimiento de indefensión frente a la universidad. ”A ellas les da igual ir a juicio porque tienen su servicio jurídico, pero nosotros tenemos que pagar un abogado. A las universidades les da igual perder y pagar costas o intereses de demora, recargos a la Seguridad Social, porque son fondos públicos. Si fuera una empresa se lo pensarían dos veces“, sostiene.

Además, tercia la abogada López Pérez, las universidades engañaron a los científicos. “No lo sabían, no se les informó. Mucha gente venía de fuera del país. Les mintieron sobre el dinero que iban a ganar y se enteraron cuando ya tenían que firmar y en muchos casos ya habían renunciado a lo que tenían. Algunos tienen un documento por escrito en el que su universidad le explica que van a cobrar ese dinero [el importe íntegro] porque necesitan ese documento para entrar al país. Y una vez allí les llega la nómina y no les da para vivir”, lamenta.

Aunque la sentencia no sienta jurisprudencia ni obliga a otros jueces de momento, fuentes jurídicas explican que es raro que un tribunal de una instancia inferior vaya contra uno superior cuando este se ha pronunciado y que lo normal será que el proceso concluya con la obligación a todas las universidades de devolver el dinero detraído a los investigadores. Por eso la letrada cree que las universidades “deberían entrar a pactar ya con los trabajadores. Las cantidades que les tengan que pagar llevan un recargo del 10%, les interesa hacerlo. En casos como este, donde cada afectado tiene su propia demanda interpuesta, es más fácil negociar para ellos, podrían sacar mejores condiciones que si lo hicieran frente a un grupo”, sostiene.

“No cuento con nada ya”

“No cuento con nada, no calculo que vaya a tener ese dinero”, especula Amalia Pérez sobre la posibilidad de que acabe cobrando lo que quitaron mes a mes. Esta brasileña dejó su trabajo en su país natal y se vino con su familia cuando consiguió un contrato Margarita Salas pensando que le iría mejor. “Creíamos que con 3.000 euros al mes viviríamos más o menos bien en España”, cuenta. No es que se equivocara, es que acabó averiguando a las malas que su premisa era errónea. “Resulta que fueron casi mil euros menos y lo pasamos un poco mal”. De repente vio que la cuenta no daba y que su situación económica era peor que en Brasil.

Decidieron quedarse pese a todo, pero como Pérez tiene una cierta trayectoria en la academia y sabe cómo funcionan las cosas pronto vio que con ese contrato no tenía futuro. Sumado que estaba cobrando de menos, decidió dejarlo. “Tenía un contrato temporal y precario. Salieron unas plazas de ayudante doctor y preferí dar unos pasos para atrás y arrancar desde cero [esta figura es la del inicio de la carrera universitaria]. Soy consciente de que como ayudante doctor cobro menos, pero a la vez empezaba la carrera académica en España, como tenía pensado”, explica.

La universidad española genera estas situaciones: Pérez tiene a sus 50 años un contrato de iniciación, pero a la vez dos sexenios de investigación reconocidos (por su trabajo previo en Brasil) que hablan de una carrera de al menos 12 años. Está acreditada para la siguiente figura laboral (contratada doctor) y ha pedido todavía otra más, profesora titular. Pese a todo su periplo es comprensiva con las universidades. “Se han visto en una situación compleja. El estado español les dio ese dinero, pero no había para las cuotas. Y cada universidad ha hecho lo que ha podido”, empatiza.

“Si lo pido me arruina la vida”

A Beatriz Lozano y su marido solo el miedo al abismo les salvó de la trampa a la que iban directos siguiendo las promesas incumplidas de la Margarita Salas. Ambos (él también es investigador) querían salir al extranjero para conseguir la preciada experiencia que luego se exige para asentarse en una universidad nacional. Lozano consiguió uno de estos contratos y empezó a echar cuentas. Con 3.500 euros mensuales para las ayudas destinadas a trabajar en el extranjero, pensaba, le daba para vivir a los tres, bebé de cuatro meses incluido, en Reino Unido mientras el marido buscaba un trabajo.

Finalmente no se atrevió, recuerda, y acabó pidiendo el contrato, pero para trabajar en España. “En el último momento puse a la familia por delante [y decidimos quedarnos], pero si lo llego a pedir [para irme fuera] me arruinan la vida”, asegura. Tenía mi casa recién comprada en España con su hipoteca, una hija de cuatro meses... Los 3.500 euros podrían haber servido; mil menos no daban.

Su caso al menos tiene final feliz. Tras ocho meses en España con la Margarita Salas y sin poder ahorrar un céntimo, consiguieron la posibilidad de irse a Reino Unido con otro contrato, de la Generalitat Valenciana, pero lo acabó dejando cuando le concedieron una Marie Curie, unas ayudas europeas de élite muy bien dotadas salarialmente. Sin embargo, como le pasa a otros colegas, la experiencia le ha dejado un poso amargo con la universidad. “Nos han llegado a decir [durante este proceso] que vamos a comprometer por codicia el futuro de algunos compañeros”. Algo parecido a lo que ha oído Borja: “Nos acusan de que por reclamar más dinero van a tener que sacar menos contratos. Pues nada, que no nos paguen y así pueden sacar infinitos”, cierra sarcástico.

Son 15 investigadores e investigadoras de todas las áreas del conocimiento. Aterrizaron en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) captados por las ayudas María Zambrano que, en la resaca de lo más crudo de la pandemia y financiadas por fondos europeos, ofrecían contratos de entre uno y tres años con el objetivo de “recualificar el equipo universitario de acogida”. Se trataba de “atracción de talento”, en concreto de personal investigador. El tiempo ha pasado y aquel programa se extingue. Los afectados alertan de que el final de su relación laboral con la universidad compostelana supondrá “un perjuicio para la comunidad científica”: proyectos de investigación en marcha quedarán en suspenso, perspectivas docentes inéditas sin continuidad, científicos con años de experiencia volverán a la intemperie laboral.

Los 15 afectados de Santiago, la universidad gallega con más contratos de esta modalidad, acaban de remitir un comunicado a los medios de comunicación en los que exigen soluciones a “una situación insostenible”. “La inminente extinción de nuestros contratos”, que será entre noviembre y diciembre del año en curso, “nos deja sin soluciones para la continuidad laboral y sin perspectivas de estabilidad”. La situación, consideran, contraviene los propios objetivos de las ayudas María Zambrano, que según decía la comunicación del Ministerio de Universidades -entonces dirigido por Manuel Castells, de Unidas Podemos-, “la mejora en la calidad del sistema universitario español”. “El programa no está cumpliendo con su función de establecer una política efectiva de recualificación del sistema universitario”, afirman.

Ni el ministerio, ni la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia -que detenta las competencias en política universitaria-, ni la propia universidad han dado “respuesta ni solución” a la problemática, dicen. Consultada por elDiario.es, la institución se escuda en que los contratados sabían desde el primer momento que no existía “compromiso de estabilización” y que, cuando finalice la ayuda, “tienen la opción de concurrir a aquellas convocatorias que la USC o cualquier otra institución -universitaria o no- desarrolla para incorporar recursos humanos a sus cuadros de personal”. Desde su gabinete de comunicación añaden que, “como institución pública, los procesos de contratación no se desarrollan de forma discrecional sino mediante procedimientos públicos de concurrencia competitiva”, y aseguran que en los últimos años “ha realizado un importante esfuerzo en materia de estabilidad”. Los investigadores recuerdan, sin embargo, que la Universidade de Vigo ha creado un Programa de Retención de Talento Investigador para hacer frente a esta cuestión. Otra estrategia es la de la Universidad de Salamanca, añaden, una prórroga de los investigadores María Zambrano. “Confíamos en que la USC, pionera a la hora de encontrar soluciones para problemas relacionados con el profesorado asociado, sabrá encontrar una solución para nuestro colectivo”, indican.

Para acceder a esta modalidad de contrato, el personal investigador -español o extranjero- debía acreditar una trayectoria posdoctoral acumulada de no menos de 24 meses en universidades o centros de I+D españoles o extranjeros diferentes al de la defensa de la tesis doctoral. Desde su llegada a la Universidade de Santiago de Compostela, explican en el comunicado remitido a la prensa, han establecido nuevas líneas de investigación, atraído alumnos de posgrado o puesto en marcha proyectos de investigación que siguen en curso o con solicitud de fuentes de financiación internacional a la espera de resolución. “La pérdida de estos recursos representará un perjuicio significativo para nuestra universidad y para la comunidad científica en general”, concluyen.

El Principado es la primera comunidad en sumarse al programa nacional María Goyri, de incorporación de talento docente e investigador de las universidades públicas españolas.

El plan supone una inversión de más de 14 millones, en seis años, para la contratación de 57 profesores y profesoras ayudantes doctores.

La firma del convenio de colaboración a tres bandas en el que han participado este lunes el presidente del Principado, Adrián Barbón; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, supone el inicio del nuevo programa, que persigue, entre otros fines, la reducción de la precariedad y el rejuvenecimiento de las plantillas docentes.

El Ministerio de Ciencia aportará 7,7 millones en los próximos seis años y el Principado asumirá cerca de 6,3 para cubrir las necesidades docentes derivadas de la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario.

Este acuerdo contribuye a reducir la temporalidad entre el personal ayudante doctor y a incorporar y retener talento, un objetivo clave para el Gobierno de Asturias. Además, permite ampliar la plantilla de la institución académica, ya que estas plazas están al margen de la Oferta Pública de Empleo.

La figura de ayudantes doctores está vinculada generalmente a jóvenes docentes e investigadores en los primeros años de su carrera académica, por lo que es un programa clave para contribuir al rejuvenecimiento del personal de la Universidad de Oviedo.

En el desarrollo del plan en Asturias, el Ministerio se hará cargo del coste de la incorporación de 34 docentes y el Principado de otros 23. Las contrataciones comenzarán a realizarse a partir de este mismo curso, con una duración de seis años. 

A nivel nacional, el programa implica la contratación de cerca de 3.400 docentes, con una inversión anual de 150 millones.

Alejandro se presentó a un concurso en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el que no había baremos. No se sabía cuánto valía cada mérito. Algo muy similar le sucedió a Lourdes en la Rey Juan Carlos, en Madrid. A Francisco en su proceso selectivo en la Universidad de Murcia no le contabilizaron varias publicaciones ni horas de docencia. Daniel se presentó al mismo concurso en la Autónoma de Madrid que el hijo de un profesor del departamento que alegó méritos que nadie comprobó que existían. María se las vio en la Complutense con un tribunal “con prejuicios y con la intención de que no pudiera optar tomar posesión” de una plaza, según admitió la propia universidad. En el CSIC, que tiene un funcionamiento similar a la universidad, varios candidatos observaron con estupor cómo un miembro del tribunal que debía adjudicar una plaza tenía “una relación íntima” con uno de los aspirantes, que acabó sacando la plaza.

Todos estos casos tienen un elemento en común: el candidato de la casa sacó la plaza en primera instancia, otros aspirantes que se sentían agraviados recurrieron y la Justicia acabó dándoles la razón. En muchas ocasiones lo hizo con sentencias en la que los jueces muestran su sorpresa por la actuación del tribunal que concedió el puesto.

“La actuación de la Comisión carece de rigor antes, durante y después de apreciarse el fallo que expuso el demandante (...). Lo que refleja el expediente y la sucesión de informes y actas es una actuación inverosímil”, dice el Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas. “Llama la atención la inexistencia de comprobación alguna (...) ante la recusación formulada, máxime ante la circunstancia de que los hechos fueron advertidos (...)”, le reprocha su homólogo de Madrid al CSIC por no comprobar la relación entre el aspirante y el secretario del tribunal. “Llama la atención de la Sala la pasividad del órgano competente ante la gravedad de los hechos denunciados y las múltiples circunstancias concurrentes que, sin duda, debieron motivar una mínima indagación, de la cual no hay rastro”, continúa. El magistrado de la UAM calificó de “extraña circunstancia” que los dos primeros en un concurso rechazasen la plaza y que nadie comprobara los méritos que decía tener un aspirante. En Salamanca, otro juzgado argumentó que las plazas que había sacado la universidad “limitaban el acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad” a otros candidatos por estar demasiado dirigidas.

Todos estos casos tienen otra cuestión en común: las consecuencias para quienes cometieron estas conductas irregulares (según establecen las sentencias), incomprensibles en ocasiones para los jueces, fueron nulas. En los procesos judiciales solo se responde a lo que se plantea y rara es la vez que alguien pide responsabilidades a un tribunal; si nadie les pregunta –y nadie lo ha hecho por el momento en estos casos– los jueces no entran a valorar si las hay. En los pocos casos que sí se pone una querella los supuestos responsables suelen acabar absueltos, aunque hay alguna rara sentencia condenatoria. Pero, en general, intentar favorecer a un candidato sobre otros casi siempre sale gratis en la universidad.

“Muy poca gente se atreve a denunciar”

El problema es que cuando se reclama por la vía judicial que se han cometido irregularidades en un proceso selectivo se acude al contencioso-administrativo. Y en esta instancia se evalúan solo las decisiones específicas administrativas. “En lo contencioso administrativo se va a valorar la plaza. Podrá calificar los errores si el juez se quiere mojar, pero solo revisan la actuación, no consideran si hay otro delito o falta u otra cosa”, explica Alejandro García, socio del bufete Socilegal, especializado en derecho universitario.

Parte del problema, añade el abogado, es “que las resoluciones se acaban despersonalizando, aunque las decisiones las tomen personas. Cuando se recurre se hace contra la Universidad y las personas acaban no teniendo responsabilidad porque son administración. Se desvincula a la persona que hace el acto con el acto en sí”.

Si se cree que alguien ha cometido un delito (el más común es la prevaricación, que implica tomar una decisión injusta a sabiendas) hay que denunciar específicamente esa conducta. “Pero muy poca gente se atreve”, sostiene José Mateos, profesor ayudante doctor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia y que previamente ejerció como abogado durante 12 años, llegando a representarse a sí mismo en un par de procesos selectivos en la universidad. “Por un lado porque es muy caro, y más en el caso de un proceso penal [como sería un caso de prevaricación]. Por otro está el miedo a la estigmatización que mucha gente tiene. En la universidad se conoce todo el mundo y si quedas como conflictivo va a trascender tu departamento”.

También existe la posibilidad de denunciar internamente, a los servicios que la universidad tenga habilitados para ello, pero por esta vía es aún más infrecuente el éxito. “Las universidades tienen la potestad de sancionar administrativamente a los funcionarios. Tienen sus códigos de conductas y herramientas, que pueden ir desde el reproche hasta la suspensión de seis años de empleo y sueldo. Podrían abrir expedientes, sin llegar a la vía penal. Pero no lo hacen porque –supongo– hoy por ti, mañana por mí”, ilustra el abogado García.

Un corporativismo que conoce todo el que se ha acercado alguna vez a una universidad y que se materializa en que tres de cada cuatro profesores están trabajando en la misma universidad en la que hicieron la tesis, según datos del Ministerio de Universidades. El proceso es más o menos así: alguien entra en un grupo de investigación para hacer el doctorado, se pasa cuatro o más años trabajando en él. Su(s) jefe(s) quieren que se quede y le piden a su departamento que saque una plaza. Ese puesto es para él, pero como las convocatorias para ser funcionario tienen que ser públicas y abiertas a todos siempre se puede colar un intruso. Y para evitarlo a veces se dirigen los concursos. La fórmula más habitual es solicitar unos méritos, un perfil, que se ajusten al del candidato que se quiere favorecer. Pero a veces no se publican los criterios con los que se va a adjudicar una plaza. O no se le da publicidad para evitar concurrentes. O se dirigen las entrevistas para dar más puntos a alguien.

Pero a veces se hace con exceso de celo y el intruso recurre. Y gana. El problema es que el precio lo paga quien denuncia, quien quiere que se haga justicia y la plaza se adjudique por igualdad, mérito y capacidad, como establece la Constitución.

Y denunciar tampoco suele resolver la situación. Lo habitual es que los jueces –casi siempre en segunda instancia, en la primera no se suele mojar– den la razón al demandante, anulen las actuaciones y obliguen a repetir el proceso, con lo que esa persona se puede ver de nuevo frente al mismo tribunal al que ha denunciado. “El sistema favorece que pase esto en la universidad, y la gente que está haciendo carrera universitaria se siente más indefensa que en otras administraciones”, corrobora Mariona Torra, abogada especialista en derecho administrativo del Colectiu Ronda. “Y los jueces son reticentes a meterse en el papel cualificador”.

En la Oficina de Integridad Científica han lidiado con estos problemas. “Demostrar una prevaricación administrativa es muy complicado”, explica uno de sus miembros. “Hay abogados y jueces que no acaban de entender el problema de la endogamia y eso afecta a los juicios. Hemos tenido casos en los que había que explicárselo al juez de manera detallada”, explican.

Y en cualquier caso siempre es complicado certificar la mala voluntad expresa, añade Mateo. “A la hora de demostrar la malicia, el dolo que justifica la prevaricación, los jueces suelen exigir una prueba plena, incontestable, y absolutamente evidente de la existencia de ese ánimo de prevaricar (dictar una resolución administrativa a sabiendas)”.

En cualquier caso, cierra, “es muy importante que la gente se anime y acuda a la vía penal. Si no, estas cacicadas son como jugar a un videojuego. Los que las cometen, meten a sus enchufados, manejan aquello como si fuera un cortijo están jugando a un videojuego. Si va bien, estupendo. Si no, el efecto negativo es el mismo que perder una partida”.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha pedido al Comité Español de Ética de la Investigación un informe sobre la actividad investigadora desarrollada por el nuevo rector de la Universidad de Salamanca, el catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Juan Manuel Corchado.

El informe fue solicitado el pasado 3 de mayo por el Departamento que dirige Diana Morant “antes de que Corchado fuera elegido rector de la Universidad de Salamanca”, según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes del Ministerio.

El Comité Español de Ética de la Investigación es un organismo consultivo e independiente creado en noviembre de 2023 para velar por la ciencia responsable y la integridad de sus profesionales.

Este órgano, formado por una docena de expertos en bioética, derecho, e inteligencia artificial, entre otros, está estudiando si Juan Manuel Corchado, en su trabajo como investigador, ha podido vulnerar los códigos de buenas prácticas de la ciencia y la investigación.

“El Ministerio no puede hacer nada hasta que no haya un informe sobre la mesa”, y cuando esté finalizado el Ministerio “valorará” la situación, han apuntado las mismas fuentes.

En los últimos días, El País ha publicado informaciones sobre supuestas irregularidades cometidas por Corchado para inflar el impacto de sus investigaciones y mejorar así su currículum.

Toma de posesión

Está previsto que Corchado tome posesión como rector de la Universidad de Salamanca el próximo 31 de mayo para un mandato único de seis años.

Corchado salió elegido el 7 de mayo rector de la Universidad de Salamanca con el 61,07 % de los votos en unas elecciones en las que fue el único candidato.

Al conocerse el resultado en la jornada electoral, Corchado se refirió al hecho de que su candidatura recibiera un 32,5 % de voto en blanco, algo que dijo que se esperaba.

Este relevo se da tras la inesperada dimisión de Ricardo Rivero el 7 de marzo, quien interrumpía así un segundo mandato que terminaba a finales de 2025 y adujo razones de “organización administrativa de la universidad” para dar ese paso.

Corchado anunció inmediatamente su candidatura tras la dimisión de Rivero, mientras que la catedrática de Electrónica Susana Pérez decidió finalmente no presentarse debido a la premura de la convocatoria electoral, algo que a su juicio “añade ciertas dudas y opacidad” sobre el proceso.

Juan Manuel Corchado es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Salamanca (USAL).

Desde 2013 hasta 2017, ocupó el cargo de vicerrector de Investigación y director del Parque Científico de la USAL.

Ha sido elegido dos veces decano de la Facultad de Ciencias y dirige el Grupo de Investigación Reconocido (GIR) Bioinformática, Sistemas Inteligentes y Tecnología Educativa (BISITE), impulsado por él en el año 2000. 

Por primera vez en varios años la UE ha mejorado las condiciones económicas de los estudiantes que se van de Erasmus. Las principales novedades de la convocatoria de 2024 son un aumento en las cuantías mensuales que reciben los beneficiarios del programa, una reordenación de la lista de países de destino en función del coste de vida (que a su vez determina el montante de las ayuda económicas), un complemento extra por el viaje y un intento de hacer el programa más inclusivo, con ayudas diversas para estudiantes con discapacidad, dificultades formativas o problemas económicos, entre otros.

Los más de 50.000 universitarios que cada año salen al extranjero a estudiar un curso (o medio o un trimestre) recibirán ahora al menos 40 euros más al mes que anteriores convocatorias. Serán 250 euros si van a uno de los países catalogados como más baratos para vivir, 300 euros para las naciones intermedias y 350 para las más caras. Estas tres ayudas se complementan con una aportación autonómica que varía en función de la comunidad, un apartado en el que sobresale andaluz Andalucía por cuantías y sobre todo por el modelo, según recoge la Erasmus Student Network (ESN) en su informe anual sobre el programa.

Su presidente, Ángel Pérez Contreras, valora positivamente que suban los mínimos por primera vez desde que él es consciente, pero añade que la cantidad sigue siendo “insuficiente” para vivir fuera de casa. Los datos parecen avalar el sentir de Pérez: solo el 9% de los 12 millones de personas que han disfrutado un Erasmus en los últimos 35 años provenían de familias con “obstáculos económicos” (bajos ingresos, parados de larga duración, etc.), según un informe de impacto elaborado por la UE. Por el contrario, el 73% no refería dificultades de ningún tipo.

Además de aumentar las cuantías, la Comisión Europea ha cambiado algunos países de grupo para ajustar las ayudas que reciben quienes viajan a ellos. Los principales cambios son que Alemania, Austria, Bélgica y Países Bajos suben al Grupo 1 (donde es más caro vivir) y República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia y Letonia cambian al Grupo 2 (nivel intermedio), debido al incremento de la inflación en estos lugares (la lista completa está en la página 6 de este documento).

La convocatoria también incluirá ayudas al desplazamiento, que variarán en función de la distancia entre la universidad de origen y de destino y también según si el método de transporte elegido es más o menos ecológico. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), responsable del programa Erasmus en España, informa de que las ayudas oscilan entre 28 y 1.735 euros para los desplazamientos menos sostenibles. Para los más ecológicos el mínimo se duplica hasta 56, el máximo es el mismo. La Universidad Politécnica de Valencia concreta algo más estas ayudas en su web: 285 euros para viajes de hasta 500 kilómetros, y a partir de ahí va subiendo progresivamente.

Además, el programa establece ayudas para estudiantes con dificultades, una categoría que incluye discapacidades (a partir del 33%), problemas socioeconómicos (aplica a los beneficiarios de becas del Estado, del Ingreso Mínimo Vital, pertenecer a familias numerosas o monoparentales), obstáculos geográficos (vivir en Ceuta o Melilla) o problemas de salud (físicos o mentales que requieran ayuda adicional). Si el estudiante entra en alguna de estas categorías recibirá 250 euros extra al mes a sumar a la beca estatal y la autonómica (100 o 150 si la duración del Erasmus es inferior al curso completo).

En el rango bajo de la horquilla

La UE fija cada año una horquilla de ayudas económicas para que, dentro de esos márgenes y respetando el presupuesto disponible en cada país o incluso universidad, los Gobiernos fijen las cuantías mensuales que abonan a sus estudiantes en el extranjero en función del país de destino, ordenados en una lista de tres grupos.

Para este 2024 la Comisión Europea (CE) elevó los mínimos atendiendo al aumento del coste de vida en prácticamente todo el continente. Así, el programa establece que para las naciones encuadradas en el grupo 3 (el más barato) la beca puede ser de entre 225 y 550 euros al mes; para los países con un coste de vida medio serán entre 292 y 606 euros; para los más caros desde 348 euros a 674.

España suele elegir a nivel estatal el mínimo de dichas horquillas, el mismo suelo para todo el país que luego cada comunidad autónoma tiene la posibilidad de complementar con fondos propios. El SEPIE informa de que ha fijado sus márgenes exactamente en el mismo rango que la CE y que corresponde a las universidades fijar las cuantías exactas, con la única condición de que deben ser las mismas para todos los estudiantes que vayan al mismo país.

Pero el portavoz español de la ESN, Ángel Pérez Contreras, explica que de facto España suele aplicar la cuota mínima que permite la UE. En este caso, redondeando ligeramente la horquilla europea, 250, 300 y 350 euros estatales en función de la carestía del país, según se recoge en un documento del propio SEPIE, que en su respuesta incluye la beca máxima a la que pueden optar los estudiantes que tienen complementos extra por discapacidad o problemas financieros. Pero la ayuda estándar es la mínima, unas cantidades que complementan después las comunidades autónomas con ayudas propias, aunque en este caso, lamenta Pérez, muchas de ellas no tienen en cuenta el coste de la vida en el país de destino. Son ayudas lineales.

Aún así, cuenta Pérez, hay casos y casos. El ejemplo a seguir en opinión de la ESN es Andalucía, que sí ajusta su complemento al destino: la Junta da 250 euros más al mes a quien elija un país del grupo 1 (el más caro), 203 a los del grupo 2 y 105 a los del grupo 3. El programa aragonés tiene el punto positivo de que ofrece unos complementos más altos y también lo hace en función del coste de vida en el destino (duplica los estatales con 250, 300 y 350 euros más al mes), pero tiene el negativo de que su presupuesto total son 600.000 euros y además es en concurrencia competitiva, lo cual, explican desde ESN, lo hace muy limitado. Andalucía, a título comparativo, destina 12 millones de euros (tiene siete veces más universitarios, pero su presupuesto es 20 veces mayor).

Asturias añade a la ayuda estatal 200 euros al mes independientemente del país y Baleares 700 anuales (menos de 100 al mes para estancias de todo el curso), siempre según el ESN. Canarias da 900 euros para las estancias de cuatro meses y 1.300 para nueve (con matices según la isla); Cantabria elige la ayuda única de 500 o 1.000 euros según la duración de la estancia, y Castilla y León una cantidad variable en función del presupuesto que dedique la Junta.

Castilla-La Mancha ofrece una ayuda única de 350 euros; Catalunya de 200 euros al mes, pero con un máximo de seis meses. La Comunitat Valenciana adapta sus ayudas al país de destino: 210, 260 y 310 euros extra cada mes en función del coste de vida; lo mismo que Galicia, aunque un poco más bajas (125, 165 y 195 en este caso). Extremadura añade 200 euros cada mes durante un máximo de siete.

Madrid no ofrece ningún complemento autonómico, según ESN; Murcia 50 euros al mes y Navarra justo el doble, 100. Euskadi es de las más generosas con 350 euros extra cada mes durante todo el curso y La Rioja ronda los 500 euros por semestre. Por último, Ceuta no ofrece nada y Melilla, 100 euros mensuales.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha acordado con la Conferencia de Rectores de Universidades (Crue) la incorporación de 3.400 profesores ayudantes doctor a los campus públicos, que financiará el Gobierno durante los seis años que duran estos contratos. La idea de ambas partes, explican fuentes del ministerio, es que las comunidades autónomas hagan lo propio con otras 800 plazas para alcanzar los 4.200 contratos que el Ejecutivo considera que hacen falta para cumplir con la Losu, que impone la reducción del profesorado asociado y de la temporalidad en las universidades. Los rectores creen que esa cifra de 4.200 se queda algo corta y calculan entre 5.000 y 6.000.

“El objetivo es facilitar el rejuvenecimiento y la consolidación de las plantillas universitarias”, explican fuentes del ministerio. Las plazas son de nueva creación y no computan para la oferta habitual que realizan los respectivos rectorados, sino que se suman a ella. El programa tendrá un coste de 150 millones de euros por curso académico y dará comienzo el próximo curso 2024-2025. Esta cifra de contratos equivale al doble del número de plazas de una convocatoria ordinaria de profesorado ayudante doctor en las universidades públicas del país.

El Gobierno ha valorado a través de una nota que este programa es “el mayor plan de estabilización y retención de talento que un gobierno haya presentado en nuestro país para convertir las universidades públicas españolas en centros de excelencia”.

El Ejecutivo ha dado a conocer esta propuesta durante el encuentro que han mantenido este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, con la presidenta de la Crue, Eva Alcón, y representantes de su Junta Rectora.

Los profesores ayudantes doctor son el primer escalón en el acceso a los cuerpos universitarios, sus contratos duran habitualmente seis años sin posibilidad de renovar y dan acceso a posteriori, al menos sobre el papel, a la estabilización, sea mediante la figura del funcionario o los nuevos contratos laborales permanentes que incluye la LOSU.

El ministerio explica que cuando pasen estos seis años el sistema debe haber alcanzado ya una financiación del 1% del PIB, tal y como plantea la Losu.

Menos asociados, mejores trabajos

Los asociados son los docentes más precarios de la Universidad y se multiplicaron en las facultades cuando, a raíz de la crisis de las hipotecas de la pasada década, los sucesivos gobiernos congelaron la incorporación de funcionarios. Pero como las universidades seguían necesitando trabajadores recurrieron a esta figura, pensada cuando se creó para ejercer como un profesional externo experto en un área que impartía unas pocas horas de clase sobre su especialidad. Pero la tasa de reposición cero acabó convirtiendo esta figura en casi la única contratable, por lo que acabaron siendo el sostén de la docencia en algunas universidades desde entonces, pero con unas condiciones laborales mucho peores que las de sus compañeros titulares o ayudantes.

La LOSU se propuso acabar con (parte de) la temporalidad y la precariedad en los campus, para lo que rebaja del 40% actual –aunque muchos campus no lo estaban cumpliendo– al 8% el máximo de contratos de carácter temporal del personal docente investigador. Para ello reduce la carga lectiva de algunas figuras y articula “vías de entrada adecuadas para que continúen la carrera académica si cumplen determinados requisitos. Asimismo, se incentivan programas de estabilización y promoción de forma transitoria”. El resultado de todo esto es que los campus van a necesitar más profesorado, origen de la oferta de estas plazas que realiza el Ministerio, que los rectores calculan escasas y que UGT sostiene que “no dan para nada, a razón de 80 plazas por universidad”.

La Universidad de Valladolid (UVa) pretende reducir grupos y masificar las clases en el próximo curso 2024-2025. Se podría incluso concentrar la docencia por las mañanas en algunas carreras, que dejarían de tener turno vespertino. Según tiene previsto la institución, en el próximo curso se ampliará el número mínimo de alumnos matriculados para dividir cada curso en varios grupos, o para hacer desdobles en laboratorios o clases de informática.

El desdoble de turnos por la mañana y por la tarde podría desaparecer en algunas carreras como Derecho, Periodismo, Educación (Infantil y Primaria), Ingeniería Mecánica o Publicidad y Relaciones Públicas. Las facultades tenían hasta el 15 de noviembre para enviar a rectorado sus propuestas de nuevos grupos, que podrían ser por la mañana o por la tarde, en función de cada caso. Después se elaborará una propuesta, que será aprobada antes del 31 de enero de 2024.

Hasta ahora, bastaba con tener más de 107 alumnos matriculados para hacer dos grupos (que, según cada carrera, podían ser matutinos, vespertinos o ambos). Sin embargo, para el curso 2024-2025 este número se amplía a 120 alumnos, por lo que aquellas asignaturas que tienen un número de alumnos entre 107 y 119 podrían pasar de dos grupos a uno solo. Y para que hubiera dos grupos de estudiantes, los matriculados deberían ser entre 120 y 206.

De clases de 50 alumnos, a un centenar

Es decir, según las instrucciones aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UVa (de las que no tenían conocimiento los sindicatos consultados por este diario), las clases de esos cursos pasarían de unos 50 alumnos a unos 100. Sucede lo mismo con los laboratorios, que deben tener unos 30 alumnos como número de referencia. Para que se configuren dos laboratorios, el número máximo de alumnos deberá ser de 77 en lugar de 71. De esa manera, habría unos pocos alumnos más en los laboratorios que hasta ahora.

¿Qué pretende la UVa? Compensar de alguna manera las reducciones de horas lectivas que tendrán diferentes figuras del profesorado en el próximo curso, cuando se irá adaptando la nueva Ley de Universidades (LOSU), para el que necesita —según el rector— unos 13 millones de euros con los que no cuenta.

El profesorado titular pasará de dar 280 horas anuales a 240, el Ayudante Doctor pasará de 240 a 180 y los profesores asociados solo podrán dar como máximo 120 horas (ahora pueden ser de hasta 180 horas), según explican fuentes de la Universidad. En otras palabras, si se mantienen los horarios actuales en el próximo curso, será necesaria una contratación extraordinaria.

La LOSU ha dado “muchísimos problemas y pocas soluciones”

Preguntado por esta cuestión, el gabinete de comunicación de la Universidad de Valladolid ha remitido a este diario a las declaraciones del rector, Antonio Largo, hace unos días. El máximo responsable de la UVa lamentó que la LOSU suponga “muchísimos problemas y pocas soluciones” y aseguró que el objetivo es “optimizar los recursos que hay y ser más eficientes”. Otras universidades de Castilla y León no están ampliando el número de alumnos por aula o están negociando con los sindicatos, algo que —estos recriminan—, la Universidad de Valladolid no hace.

“Hemos propuesto que las optativas se racionalicen más e incrementado un 12% el índice de desdoble, pero se mantiene el tamaño de referencia de los grupos”, afirmaba la semana pasada. Largo recordaba que no han abordado los horarios, puesto que esto es competencia de cada centro, aunque es algo que no descartó directamente, aunque sí se mostró partidario de que las aulas “abran el 100% de las horas”. “No vamos a intervenir en decir si tiene que ser de mañana o de tarde”, apuntaba.

Asociaciones y sindicatos alertan de una posible pérdida de calidad

De momento ni asociaciones ni sindicatos se muestran muy tajantes contra la iniciativa de Rectorado, a la espera de ver qué proponen las facultades, aunque sí alertan de una posible masificación de los alumnos, una pérdida de calidad y un paso atrás contrario a Bolonia. Porque no es lo mismo corregir diez prácticas de 50 alumnos que diez prácticas de 100.

El presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Estudiantes (ADDE), Pablo González, teme que haya una reducción de horarios y haya alumnos que no puedan optar a la docencia vespertina como hasta ahora. Este periódico también ha contactado con los Estudiantes de Derecho por la Universidad Pública (EDUP), que han preferido esperar a la reunión que tienen fijada con rectorado este lunes antes de hacer declaraciones a los medios de comunicación.

La secretaria regional de Universidades de la Federación de Enseñanza de CCOO Castilla y León, Mamen Mascaraque Egido, reprocha que la solución sea “juntar grupos” si no se contrata al personal suficiente. La sindicalista de CCOO espera que finalmente llegue la financiación necesaria desde el Ministerio o desde la Junta de Castilla y León.

“Apoyaremos las reclamaciones de los centros, que están justificadas y buscan mantener la calidad de la docencia”, expresa Patricia Gómez Costilla desde UGT. Fuentes de CSIF creen que la LOSU tendrá “una aplicación excelente” en las universidades que estén “bien financiadas”. “Sin embargo en las que no lo están, no lo pueden soportar”, lamentan.

De momento, son muchas las cuestiones que están en el aire, a la espera de la propuesta definitiva de la Universidad de Valladolid. Puede que se reduzca el número de grupos, pero que se mantengan turnos de mañana y tarde o se supriman uno de los dos turnos. Actualmente estas son las carreras que tienen diferentes horarios, según lo recopilado por este diario: Publicidad y Relaciones Públicas (en Segovia), Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica, Comercio, Derecho, Educación Infantil, Educación Primaria y Periodismo.

Las facultades harán sus previsiones en función del número de matriculados este curso, aunque ese dato no está disponible en el portal de Transparencia, porque no da el dato por curso, sino en toda la titulación.