Valladolid pelea una escala en esta provincia dentro del probable viaje que el papa León XIV efectuaría a España a lo largo de este 2026, deseo anunciado por el propio pontífice y que la Conferencia Episcopal ya prepara con escalas en Madrid, Barcelona e Islas Canarias.

Este plan de viaje, presentado al papa el pasado 9 de enero, ha comenzado ya sus preparativos con la reciente apertura de la web (www.conelpapa.es), autotitulada como 'Página oficial del comité preparatorio de la visita de León XIV', aunque la Santa Sede tiene por costumbre anunciar los viajes dos meses antes de su ejecución.

Una delegación de Valladolid encabezada por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha sido recibida este miércoles por el papa en la Plaza de San Pedro, con la mediación del arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.

Durante el encuentro, en el que también ha participado el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, la delegación le ha regalado al papa el cartel de la Semana Santa, diseñado por el artista Ferrer Dalmau, en el que aparece la Virgen de las Angustias, y también un ejemplar de 'El hereje' de Miguel Delibes. “Hemos emprendido un viaje con un objetivo claro que era presentarle a su santidad la Semana Santa vallisoletana, una Semana Santa que está llena de devoción, de arte, de magia, de silencio, de seriedad”, ha indicado Carnero a los medios.

Esperanzas

“Tenemos un grandísimo papa que nos va a guiar a todos los cristianos por buenos derroteros y desde Valladolid estaríamos encantados de que su santidad nos acompañara en algún momento en la próxima visita a nuestro país, o en cualquier otro, y que nos lleve siempre en su corazón agustino”, ha explicado a los periodistas.

Durante unos breves minutos, el alcalde ha invitado al Pontífice a visitar la ciudad donde se alojaba durante sus visitas como superior de la orden de los Agustinos, la última data de mayo de 2008, y donde guarda buenos amigos, pero también al municipio de Mayorga (Valladolid), localidad natal de Santo Toribio de Mogrovejo. “Le he invitado pero no me ha señalado nada, lógicamente, en concreto, pero como todos ustedes saben, el viaje está encauzado hacia España y veremos a ver cuándo se concretan qué fechas y en qué destinos”, ha reconocido.

En este caso el motivo es la celebración del Año Jubilar (2025-2026) por el tercer centenario (1726-2026) de la canonización de Santo Torobio de Mogrovejo (1538-1606), segundo arzobispo del virreinato de Perú y patrono del episcopado latinoamericano.

Valladolid y Chiclayo (Perú)

Defensor de los esclavizados y oprimidos en el virreinato de Perú, la Universidad Católica de Chiclayo lleva el nombre de Santo Toribio de Mogrovejo en esa ciudad, capital de la región de Lambayeque y de la que el actual papa fue obispo entre 2015 y 2023.

La Universidad Católica de Chiclayo lleva el nombre de Santo Toribio de Mogrovejo, de la cual Robert Prevost es Gran Canciller Emérito y doctor Honoris Causa por su labor académica, pastoral y humana durante su etapa como obispo allí.

En 2023 la Conferencia Episcopal Peruana entregó al entonces obispo de Chiclayo la Medalla de Oro de Santo Toribio de Mogrovejo, el mayor reconocimiento que otorga la Iglesia en Perú.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), ha tildado de “vertedero” el perfil de X del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (PSOE), y ha asegurado que intenta no entrar en esta cuenta “por higiene mental”.

“No soy dado a entrar en el Twitter del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible por higiene mental y me parece fundamental no entrar en lo que para mí es un auténtico vertedero, en el cual se mezcla de manera determinada lo orgánico, lo inorgánico, los envases, pero los acontecimientos me han obligado a entrar”, ha criticado.

Carnero, que ha hecho estas declaraciones en el primer pleno ordinario del año antes de votar una moción socialista que reclamaba publicar un informe técnico sobre la seguridad y estabilidad del viaducto del Arco de Ladrillo de Valladolid, ha señalado las numerosas faltas de respeto del ministro y ha leído un par de mensajes del ministro.

En concreto, uno en el que el ministro socialista decía que había 100 millones de euros de remanentes en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) para eliminar “el adefesio” del Arco de Ladrillo y en el que apostillaba que “no se haga por la cabezonería de Carnero es un crimen”.

“Nunca voy a hablar de crímenes de las Administraciones Públicas, eso corresponde a los jueces”, ha remarcado, antes de afirmar que en todo momento el ejecutivo local ha seguido las indicaciones de los técnicos municipales, como cuando se actuó de urgencia en este arco: “La mejor almohada es una conciencia tranquila”.

La moción

Los votos de PP y Vox han tumbado la moción del PSOE, que sí ha apoyado Valladolid Toma la Palabra (VTLP), en la que reclamaba al Ejecutivo local comprometerse a hacer público “un informe técnico oficial actualizado que diga claramente que la seguridad y la estabilidad del viaducto del Arco de Ladrillo están garantizadas”.

El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha criticado la opacidad del equipo de Gobierno y ha asegurado que existe un informe técnico que recomienda que no pasen camiones de 26 toneladas sobre este arco, a lo que tanto el alcalde vallisoletano como el concejal de Tráfico, Alberto Gutiérrez, han replicado que la oposición tiene a su disposición a los técnicos municipales para cualquier solicitud de información.

El Ayuntamiento de Valladolid tomará las medidas administrativas y judiciales que sean necesarias para mantener viva la Sociedad Valladolid Alta Velocidad ante la liquidación de la misma por parte Adif y Adif Alta Velocidad de la resolución. Así lo ha aprobado este lunes en Pleno con los votos a favor de PP y Vox, en contra del PSOE y la abstención de VTLP. El equipo de Gobierno mantiene así el pulso con el ministro de Transportes en el conflicto entre el modelo de integración ferroviaria y soterramiento que el consistorio, con el apoyo de la Junta de Castilla y León, mantiene en la ciudad del Pisuerga.

Tras una infructuosa reunión el 24 de noviembre, Adif y Renfe anunciaron el fin del convenio de la integración ferroviaria de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) al entender que los incumplimientos, rechazos y “tácticas dilatorias” del Ayuntamiento que dirige Jesús Julio Carnero (PP) hacían inviable continuar con el convenio, vigente desde 2017.

“alguien no perdona haber tenido que salir por la puerta del Ayuntamiento”,

Junta y Ayuntamiento criticaron la medida y adelantaron que tomarían medidas al respecto. El primero en mover ficha ha sido el consistorio aprobando que los servicios jurídicos interpongan las acciones necesarias ante la denuncia del convenio de la SVAV. El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, ha indicado que cuentan con un informe jurídico que recoge que el Ayuntamiento tendría justificado ir a los tribunales porque la resolución del convenio es “claramente perjudicial” para el municipio y podría imponer costes en función de daños y perjuicios. Cabe recordar que la Justicia tendrá que decidir por el impago de 11 millones de euros, de los cuales tres procedían de anualidades previas, del ejercicio de 2024 que el Ayuntamiento no abonó al entender el silencio ministerial como una autorización para el pago de esa cuantía.

Para el concejal, como ya ha defendido con anterioridad el alcalde, “no hay ningún incumplimiento” del convenio de SVAV por parte del Ayuntamiento por lo que no tendría que estar obligado a indemnizar a la otra parte.

El PSOE, por su parte, ha presentado una enmienda, que no ha salido adelante, para que el consistorio reconozca de manera extrajudicial el pago de los 11 millones de la SVAV que le reclama el Ministerio de Transportes. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha sugerido a Carnero que esta medida podría “reconducir la situación” sobre la disolución de la SVAV, además de volver a sentarse a negociar la realización de las obras de los pasos en el entorno de Ariza y Ciudad de la Comunicación.

Herrero ha reprochado a Carnero por, a su juicio, ir “en contra de los intereses municipales” y tirar “recursos” para paliar las consecuencias de una decisión tomada a manera “personal”

Gutiérrez Alberca ha reprochado a Herrero que no actué como concejal de Valladolid, sino que vaya a favor de Renfe y Adif, algo que, como ha afeado el edil, es “perjudicial” para la ciudad. “Alguien no perdona haber tenido que salir por la puerta del Ayuntamiento”, ha señalado en referencia al excalcalde Óscar Puente.

Por su parte, Carnero ha aprovechado para cargar contra Herrero y el ministro Puente. Para el regidor la postura del PSOE de Valladolid le parece “todavía más triste” que el hecho de que “un tercero en Madrid actúa como actúa”.

“Clama al cielo cuando lo que se trae aquí es defender lo que jurídicamente es defendible y ustedes ni tan siquiera quieran permitir que se puedan llevar a cabo esas acciones legales. Está mal que se haya resuelto el convenio de manera unilateral, ya veremos quien tiene razón”, ha apostillado.

Fuera del reproche entre Ayuntamiento-Junta y Ministerio, la portavoz de VTLP, Rocío Anguita ha reflexionado sobre que no entiende el motivo del equipo de Gobierno por defender el soterramiento y que quiera mantener a toda costa el convenio de la SVAV, que recoge la integración ferroviaria, proyectos incompatibles al ser “radicalmente distintos”. “No podemos apoyar entrar en litigios de esta manera, vamos a gastar mucho dinero”, ha remachado.

El Ayuntamiento de Valladolid ha respaldado a la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, Dunia Etura, tras las amenazas y coacciones sufridas por no prohibir una charla antifascista organizada por estudiantes, aunque el Pleno ha rechazado condenar explícitamente los hechos por la oposición de PP y Vox. Los motivos que han esgrimido los 'populares' han sido que términos como “fascismo” y “antifascismo” —este último en el primer punto de la moción— contribuye a la polarización y no favorece la convivencia.

La moción, presentada conjuntamente por PSOE y Valladolid Toma la Palabra, se ha debatido tras la intervención de la propia decana, que ha relatado cómo en los días previos al acto recibió avisos y amenazas, algunas explícitas, en las que se le exigía cancelar una actividad académica solicitada conforme a los cauces reglamentarios. “No lo hice porque la universidad pública tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión, de reunión y de pensamiento”, ha afirmado Etura.

Ante la posibilidad de incidentes, la dirección de la Facultad informó a la Subdelegación del Gobierno, lo que motivó un despliegue policial para garantizar el normal desarrollo del acto. Durante la tarde, las fuerzas de seguridad identificaron a una docena de personas que intentaron acceder al edificio con la intención de impedir la charla, algunas de ellas desplazadas desde Madrid. La policía llegó a incautarse de spray pimienta, aunque no se produjeron incidentes y no se tramitaron sanciones, como ha concretado la decana.

En su intervención ante el Pleno, la decana ha rechazado que los hechos deban interpretarse como un conflicto ideológico y ha indicado que “no va de izquierda o derecha, sino de democracia o totalitarismo”. Asimismo, ha defendido la universidad pública como un espacio plural de conocimiento y debate en el que caben todas las ideas, siempre que se respete la dignidad y la libertad de las personas, y aseguró que no cederá a presiones ni amenazas.

Vox rechaza parte la moción al considerar que parte de una lectura “parcial y sectaria” de los hechos

La teniente de alcalde y concejala de Vox, Irene Carvajal, ha rechazado parte de la iniciativa al considerar que parte de una lectura “parcial y sectaria” de los hechos. La edil ha acusado a la izquierda de interpretar la política en términos morales absolutos, en los que el adversario deja de ser un rival legítimo para convertirse en un enemigo al que hay que excluir, y ha sostenido que esta dinámica es la que, a su juicio, está deteriorando la convivencia democrática.

Carvajal ha señalado que en las universidades españolas se han producido en los últimos años numerosos episodios de boicot y cancelación de actos protagonizados por personas vinculadas al centro-derecha, y ha afeado a PSOE y Valladolid Toma la Palabra su falta de condena en esos casos. Según Vox, el problema no es la defensa de la democracia, sino la intolerancia ideológica y el uso del término fascismo como una etiqueta para deslegitimar y silenciar al discrepante.

El PP apoya a la decana, pero vota en contra la condena explícita de las amenazas

Por su parte, la portavoz del Partido Popular, Blanca Jiménez, ha agradecido la presencia y las explicaciones de la decana y reafirmando el compromiso de su grupo con la universidad y con la libertad de expresión. Asimismo ha defendido que la universidad debe ser un espacio de debate respetuoso y plural, y que el Ayuntamiento debe contribuir a rebajar la crispación política y social.

No obstante, ha justificado el voto en contra del primer punto de la moción —el que condenaba explícitamente las amenazas y el intento de impedir el acto— al considerar que el uso de términos como “fascismo” y “antifascismo” fomenta la confrontación y la división social. A su juicio, ni el PSOE ni Valladolid Toma la Palabra están en posición de “repartir carnés” ideológicos, y ha alertado de un clima de polarización creciente que, según ha apuntado, se refleja también en el propio Pleno municipal.

Jiménez ha defendido la enmienda de adición presentada por el PP, aprobada por unanimidad, como una fórmula más amplia de defensa de la libertad de expresión y de los valores constitucionales, así como de rechazo a cualquier forma de coacción o violencia, reiterando el apoyo de su grupo a la decana y a la comunidad universitaria.

El PSOE asegura que “el fascismo no viene a debatir, viene a imponer”

Desde el PSOE, el concejal Martín Fernández Antolín ha calificado los hechos de “extraordinaria gravedad” y ha explicado que no se trata de un incidente aislado, sino de una expresión del auge de movimientos de extrema derecha que intentan condicionar espacios de libertad como la universidad. Asimismo, ha defendido la autonomía universitaria como un principio constitucional destinado a garantizar un conocimiento “libre, crítico e independiente” y ha advertido de que “el fascismo no viene a debatir, viene a imponer”.

Fernández Antolín ha reclamado una condena “clara y sin ambigüedades” y ha alertado de que relativizar o matizar este tipo de actuaciones supone abrir la puerta a su normalización. A su juicio, la democracia necesita instituciones que no miren hacia otro lado cuando se producen amenazas y coacciones, y ha alertado de que “la historia también registra los silencios” cuando no se actúa con firmeza frente a comportamientos antidemocráticos.

VTLP alerta de la “cada vez más preocupante” auge del fascismo

En la misma línea, la portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha defendido que la moción no pretendía dirimir un debate ideológico, sino fijar una posición institucional frente a unos hechos concretos. Asimismo, ha subrayado que la libertad de expresión solo puede ejercerse dentro del marco democrático y de los derechos humanos, y que la amenaza, el chantaje o la coacción no pueden formar parte del debate público.

Anguita ha expicado que lo ocurrido en Filosofía y Letras se encuentra de una situación que calificó de “cada vez más preocupante” el auge del fascismo en la ciudad, aludiendo a agresiones a colectivos LGTBI y a incidentes recientes en otras facultades de la Universidad de Valladolid. Frente a ello, ha destacado la actuación de la decana, de quien ha remarcado su serenidad y firmeza en la defensa de la universidad como espacio de pensamiento crítico y plural.

En la votación, el primer punto de la moción —la condena explícita de las amenazas y del intento de impedir la charla antifascista— fue rechazado por 14 votos en contra frente a 13 a favor, con el voto negativo de PP y Vox. El Pleno ha aprobado de forma mayoritaria el apoyo institucional a la decana y a la comunidad universitaria, así como el traslado del acuerdo al Rectorado de la Universidad de Valladolid, a otras administraciones públicas y a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Además, ha salido adelante por unanimidad una enmienda de adición presentada por el PP, en la que el Ayuntamiento manifiesta su compromiso con la libertad de expresión y los valores democráticos consagrados en la Constitución y rechaza cualquier forma de coacción o violencia física o verbal en el desarrollo de actividades universitarias.

PP y Vox han aprobado el presupuesto del Ayuntamiento de Valladolid para 2026, incluida la plantilla de personal, sin ninguna de las 20 enmiendas parciales de Valladolid Toma La Palabra ni la enmienda a la totalidad del PSOE, ambos en la oposición. El presupuesto municipal, de 445 millones de euros, se ha aprobado con el apoyo de los 14 concejales de PP y Vox y los 13 en contra de la oposición.

El momento más tenso se ha vivido cuando el alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), ha tenido incluso que pedir calma a su teniente de alcalde, Irene Carvajal (Vox), que ha acusado a la socialista Charo Chávez de haber “acosado” a la Escuela Municipal de Música durante su etapa en Sí Se Puede Valladolid en 2015, por lo que se ha enfadado Charo Chávez. La entonces concejala por esta formación (inicialmente apoyada por Podemos) criticó junto a su grupo la gestión de la Escuela Municipal de Música en un momento en que la Justicia tenía abierto un proceso porque Fiscalía vio indicios de tres delitos por parte del Ayuntamiento relacionados con tráfico de influencias, prevaricación y negociación prohibida a funcionarios. En 2016, el Juzgado archivó la causa que había contra la ex concejal del PP Domi Fernández por la adjudicación de la explotación de la Escuela de Música a una empresa dirigida por afiliados del PP.

Este martes, todavía en el uso de la palabra, Carvajal ha elevado el tono y ha pedido “respeto”. También ha invitado a los medios a consultar la hemeroteca “cuando esta señora tan fina y elegante lanzaba sus perlas contra la gestión de la Escuela Municipal de Música”, en referencia a Charo Chávez. El alcalde ha retirado el uso de la palabra a Carvajal y ha pedido que el debate sea “responsable, educada y respetuosa”. “Déjalo ya”, ha pedido Carnero a Carvajal. La socialista ha pedido perdón por perder la compostura aunque ha criticado que se la llame “acosadora”, algo que ella no ha hecho. Pese a la petición del alcalde, Carvajal se ha negado a retirar sus palabras. “Alcalde, no las voy a retirar porque hay una hemeroteca pertinaz que dice lo que dice”.

El concejal de Hacienda, Francisco Blanco (PP), ha defendido que estos presupuestos suponen, de facto, una bajada de impuestos mientras se garantizan los servicios públicos, lo que a su juicio avala el creciente saldo demográfico, el empleo o el turismo.

Carvajal también ha defendido la labor de la coalición de gobierno al alcanzar la estabilidad presupuestaria y acabar con el déficit en las arcas municipales de la etapa anterior —PSOE y Valladolid Toma La Palabra, liderado por IU— y ha valorado la bajada de impuestos cercana a los 1,5 millones.

En un principio, ningún miembro del equipo de gobierno ha hecho referencia a la Mesa de Estudio para eliminar las sanciones por la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de la ciudad, la única condición de Vox para aprobar estas cuentas. El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha criticado “el paripé” de la mesa para la eliminación de multas de ZE cuando está previsto que se recauden 57 millones sólo en sanciones. También ha criticado que en las cuentas municipales no aparezca “ni un céntimo” de los proyectos propios de PP y Vox, especialmente el soterramiento de las vías del tren. “No cumplen con lo que presupuestan ni presupuestan lo que prometen”, ha reprobado Herrero.

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha criticado que estas cuentas no responden a las necesidades urgentes de los vallisoletanos y ha advertido de que el modelo de ciudad de PP y Vox pasa por tener menos ingresos, que se arreglan gracias a los 10 millones de euros que aporta el Estado frente a las aportaciones de la Junta de Castilla y León“ y con una mayor presencia de empresas privadas que no piensan en el bienestar de la ciudadanía.

La venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025 por su labor en favor de la paz, la democracia y los derechos humanos, tendrá una calle en la ciudad de Valladolid, según ha anunciado este viernes el Ayuntamiento de esa capital.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha sostenido que “el compromiso de Machado con los valores de paz, concordia y solidaridad, merecían el reconocimiento de incorporar su nombre al callejero de la ciudad”.

La vía pública que llevará el nombre de María Corina Machado está situada entre el Paseo del Arco de Ladrillo y la calle Orlando, próxima al parque de La Paz y al eje de la solidaridad.

Para Carnero “la incorporación del nombre de María Corina Machado al callejero de nuestra ciudad es un homenaje a quienes defienden la paz, la libertad y la dignidad de los pueblos. Su trayectoria ejemplar y su compromiso con los derechos humanos son un faro para quienes aspiramos a construir sociedades más justas y solidarias”.

El regidor vallisoletano ha incidido en que la ciudad “se enorgullece de sumarse al reconocimiento internacional de su figura, y esperamos que esta calle sea un espacio vivo que recuerde a generaciones futuras la importancia de la democracia, la concordia y la lucha pacífica por los derechos fundamentales”.

La líder venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su incansable labor promoviendo los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.

En el anuncio del premio, el Comité Nobel destacó que Machado constituye “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes”. 

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid exige explicaciones al alcalde, Jesús Julio Carnero por la cadena de contratos adjudicados a la empresa Ramda Comunicación SLU, propiedad de un exconcejal del PP en Medina del Campo, desvelada por elDiario.es. Según el PSOE, que alguno de estos contratos haya sido firmado personalmente por el propio regidor y, en conjunto, apuntan a un “uso injustificable” de los procedimientos de contratación municipales.

En una nota de prensa, el PSOE recoge que según la información publicada por este diario por la que figura en el sistema de proveedores del Ayuntamiento, desde 2023 se han suscrito diversos contratos y encargos municipales con Ramda Comunicación por importes que rondan en conjunto los 30.000 euros. Entre ellos destaca un contrato menor de 12.100 euros, firmado el 5 de abril de 2024 por el alcalde Jesús Julio Carnero, para la realización de contenidos audiovisuales sobre temas municipales, así como otro contrato de 6.050 euros en 2023 para la elaboración de varios vídeos institucionales. A estas cantidades se añadirían más de 10.000 euros adicionales en contratos de la Sociedad Mixta de Turismo para vídeos protagonizados por la concejala del área, Blanca Jiménez Cuadrillero.

El Grupo Municipal Socialista considera “grave” la justificación utilizada por el equipo de Gobierno para conceder a dedo el contrato de 12.100 euros, prescindiendo de la petición de varias ofertas. El expediente sostiene que Ramda Comunicación sería la única empresa que gestiona en Valladolid las supuestas delegaciones o “franquicias” de dos medios nacionales, La Jungla Radio y The Objective, y que por ello ofrecería una difusión exclusiva e inalcanzable para cualquier otro proveedor. Sin embargo, ambos medios han negado tener relación societaria o contractual con Ramda y han desmentido que los contenidos pagados por el Ayuntamiento se hayan difundido en sus plataformas.

“Estamos ante un contrato adjudicado sin concurrencia, a un falso franquiciado de medios nacionales y sobre el que el propio equipo de Gobierno ha admitido que no pidió documentación alguna. Es inaceptable que el Ayuntamiento de Valladolid utilice argumentos no contrastados, cifras infladas de seguidores en redes sociales y relaciones personales para justificar la elección de un proveedor, mientras se ignora la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades entre empresas y la correcta utilización del dinero público”, denuncia el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero.

Resulta especialmente preocupante que el contrato de 12.100 euros lleve la firma directa del alcalde Jesús Julio Carnero. “No estamos ante una cuestión menor ni puramente técnica: es el máximo responsable del Ayuntamiento quien ha estampado su firma sobre un expediente que se sostiene en fundamentos dudosos, que obvia la capacidad de difusión de las propias redes municipales —mucho más amplias que las de la empresa contratada— y que se ha concedido a una sociedad cuyo propietario ha mantenido vínculos políticos con el partido del propio alcalde. Carnero no puede escudarse en los servicios técnicos ni en su gabinete: debe dar explicaciones claras y asumir la responsabilidad política de esta decisión”, señala Herrero.

El Grupo Municipal Socialista considera que la ciudadanía de Valladolid tiene derecho a saber por qué se ha elegido este proveedor, por qué se ha renunciado a pedir varias ofertas y qué retorno han tenido realmente estos vídeos. “¿Quién decidió presentar a Ramda como franquicia de dos medios nacionales? ¿Qué cifras de seguidores y qué informes las respaldan estas adjudicaciones? ¿Por qué se ha preferido pagar campañas en canales con audiencias reducidas cuando el Ayuntamiento cuenta con perfiles oficiales con decenas de miles de seguidores? Son las preguntas que debe responder el alcalde.

El Grupo Municipal Socialista anuncia que va a llegar hasta el fondo del asunto. “Ya hemos solicitado el acceso íntegro a todos los expedientes de contratación con Ramda Comunicación y con la Sociedad Mixta de Turismo, incluido el detalle de las piezas realizadas, las métricas de difusión y cualquier informe interno utilizado para justificar estas adjudicaciones. Registraremos las iniciativas necesarias para que el alcalde y los responsables de estas adjudicaciones den explicaciones tanto en comisión como, si es preciso, en el Pleno municipal”, anuncia el portavoz socialista.

La portavoz del PP señala que se trata de un expediente “ordinario, fiscalizado por Intervención”

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, ha rechazado las acusaciones del Grupo Municipal Socialista y ha defendido la “total normalidad” del procedimiento de contratación cuestionado. Jiménez ha señalado que se trata de un expediente “ordinario, fiscalizado por Intervención” y que el contrato tiene por objeto tanto la elaboración de vídeos promocionales como su difusión a través de las redes sociales de dos medios digitales.

La edil ha asegurado que la empresa adjudicataria figura en el Registro Municipal de Proveedores y que ya había trabajado para el Ayuntamiento “en varias ocasiones” durante el anterior mandato socialista.

La concejala ha considerado “muy grave” que el PSOE sugiera la existencia de alguna irregularidad, porque supone “poner en duda el buen hacer de la administración y de los empleados públicos”, ha apuntado. Asimismo, ha recordado que los vídeos objeto del contrato “son públicos y accesibles”, por lo que cualquier ciudadano puede comprobar su existencia y ejecución. En este sentido, ha afeado al Grupo Socialista que trate de generar “sospechas infundadas” sobre un procedimiento plenamente transparente.

Jiménez ha acusado al PSOE de utilizar este asunto como arma política y ha indicado que los socialistas, pasando del plano municipal al ámbito estatal, “están tan acostumbrados a destinar dinero público a fines distintos a los contratados” que ahora “insinúan prácticas que solo ellos conocen” por lo que “la próxima ejecutiva del partido vayan a celebrarla en Soto del Real”.

La concejala ha afirmado también la participación de responsables municipales en los vídeos, asegurando que resulta “perfectamente lógico” que concejales promocionen áreas de su competencia . “Debe de ser algo muy novedoso para el PSOE”, ha apostillado, “porque lo presentan como un escándalo nunca visto” —la concejala es la protagonista de buena parte de los vídeos—.

Por último, Jiménez ha criticado que el Grupo Municipal Socialista quiera “enfangar” el debate público y “confundir a los ciudadanos” ante la proximidad de las próximas citas electorales. “El PSOE de Valladolid no tiene nada más que ofrecer: señalamiento, manipulación, mentira y tomar por idiotas a los ciudadanos”, ha remachado. Jiménez no ha entrado a valorar, como recogía la información publicada por elDiario.es, que los dos medios han negado su vinculación con la empresa y tampoco que la radio carezca las licencia de emisión.

¿Soterramiento o integración? Para alguien que visite o lleve poco tiempo viviendo en Valladolid, resulta extraño este debate que lleva años dividiendo a la ciudadanía local y que se ha convertido en un peón en el enfrentamiento entre el PP y el PSOE en el plano local y nacional. Adif y Renfe han denunciado el convenio de la integración ferroviaria y mantienen su intención de disolver la sociedad por el bloqueo municipal, algo que no se produjo hace unos días por cuestiones formales. La ciudad tiene dos plataformas con postulados y visiones de ciudad enfrentados y todo apunta a que la próxima cita electoral, en 2027, se convertirá en un nuevo plebiscito. Pero, ¿cómo ha llegado la ciudad hasta aquí?

El tren llegó a Valladolid a finales del siglo XIX y, a medida que la ciudad fue creciendo, se vio que podría ser un problema: el tren, como el río, atravesaba la ciudad. A un lado, la zona 'noble' de la ciudad. Y al otro, las clases trabajadoras y obreras, muy vinculadas primero a Renfe y luego a otras compañías como Fasa (después Renault). Ya en los años 90 se empezaba a barajar “enterrar” las vías del tren, algo que finalmente solo ha sucedido en el pinar de Antequera.

La Sociedad Valladolid Alta Velocidad —la mitad compuesta por Adif y Renfe, un cuarto por el Ayuntamiento y otro cuarto de la Junta de Castilla y León— se constituyó en 2002, con la intención de que llegaran los AVE a Valladolid y de, en el futuro, soterrar las vías del tren. El proyecto, impulsado por el 'popular' Javier León de la Riva y cifrado en más de 600 millones de euros, se iba a financiar con la venta de unos terrenos aledaños a la estación de tren y pertenecientes a Renfe. El objetivo era construir en esa zona 6.000 viviendas nuevas para alojar a 40.000 personas en un proyecto adjudicado al arquitecto británico Richard Rogers. La elaboración de este plan supuso un coste de 1,6 millones de euros. También se destinó una cantidad importante —casi dos millones de euros— a publicitar la importancia de esta obra, que al final no se ejecutó.

El planteamiento incluía una nueva estación de autobuses. Más de veinte años después, la ciudad tiene la misma estación, más vieja y en la que se han gastado casi cinco millones euros en remodelar. La crisis económica devaluó el precio de mercado de los terrenos de Renfe y el soterramiento, prometido para 2012, empezaba a desvanecerse. En las elecciones de 2011, el candidato socialista, Óscar Puente, hoy ministro de Transportes, incluyó el soterramiento en su programa y llevó este compromiso ante notario, una decisión que no dejan de recordarle sus detractores. En 2011, León de la Riva volvió a ser elegido como alcalde por quinta vez consecutiva.

El escándalo de las comfort letters y una deuda cienmillonaria

Entre 2011 y 2015 el proyecto continuó paralizado por la incertidumbre económica. Sin embargo, lo que sí creció fue la deuda de las Administraciones, que se hizo pública en 2015 cuando entraron el PSOE y una confluencia liderada por IU (Valladolid Toma La Palabra), lo que derivó en un bloqueo bancario. Óscar Puente advirtió que había una deuda de 404 millones de euros. El 'popular' Javier León de la Riva había firmado en 2008, 2010 y 2011 tres cartas de conformidad (comfort letters) que convertían al Ayuntamiento en avalista de una deuda de 100 millones de la Sociedad Alta Velocidad. Esta deuda no pasó por el pleno municipal, las comisiones correspondientes o informar al interventor. La Justicia absolvió al exalcalde, al que Fiscalía llegó a pedir nueve años de cárcel y 33 de inhabilitación por tres delitos de prevaricación en concurso con uno de falsedad documental. El juez consideró que ni él ni dos de sus concejales comprendieron el verdadero alcance de estas comfort letter, que supusieron una deuda extra de 90 millones de euros, por lo que lo redujo a una “actuación negligente despreocupada”.

La crisis económica, la deuda pública y la gestión municipal previa llevaron a un punto muerto a la Sociedad Alta Velocidad, que decidió reconvertir su propósito. En 2017 el Ministerio de Fomento asumió la deuda de 400 millones de euros y el Ayuntamiento (PSOE e VTLP), Junta de Castilla y León (PP) y Ministerio de Fomento (PP) descartaron el soterramiento y apostaron por la integración, que el equipo de gobierno del PP ahora rechaza, lo que ha derivado en un conflicto aparentemente irresoluble.

Comenzó, por lo tanto, una nueva etapa para la movilidad de Valladolid: la solución de túneles y pasarelas —en siete fases y con 17 actuaciones pactadas— iba tomando forma a pesar de la oposición del PP municipal, que llegó incluso a aceptar durante dos años la alternativa al soterramiento. En 2019 perdió las elecciones la lista del PP encabezada por la exconsejera de Hacienda Pilar del Olmo y esta asumió la derrota. En su toma de posesión pidió “no perder el tiempo en debates estériles” en clara alusión del soterramiento, dado que esas elecciones se vivieron como una especie de plebiscito en el que se enfrentaban dos visiones diferentes de la ciudad. Pilar del Olmo consideró que la alternativa al soterramiento había sido refrendada por los ciudadanos en esa cita electoral y el edil Alberto Gutiérrez Alberca —actualmente concejal de Tráfico— aseguró entonces que el PP no quería “una ciudad melancólica que mirase al pasado”. Vox mantuvo su defensa por el soterramiento y, ante el riesgo de que hubiera un trasvase de votos, el PP volvió a virar y recuperó el soterramiento como reivindicación.

Se reabre el debate

Los partidos reactivaron la maquinaria social en un intento por ganar las elecciones. Se constituyó una plataforma por el soterramiento para hacer presión, de la mano de un exdirigente político. Y de esta plataforma, con un programa prácticamente monográfico, salió en 2023 un partido político, que todavía lidera el exsubdelegado del Gobierno en Valladolid e histórico socialista, Cecilio Vadillo, junto a otros exsocialistas como José Luis Lara.

Otro actor se sumó al juego: Jesús Julio Carnero, entonces consejero en la Junta de Castilla y León y expresidente de la Diputación de Valladolid, fue el elegido —o castigado— para liderar la candidatura del PP para el Ayuntamiento. A pesar de que no presentaba ningún informe o cálculo presupuestario ni tenía autonomía suficiente, insistió durante toda la campaña en que el soterramiento era “un derecho irrenunciable” para la ciudad. Para soterrar sería necesario un consenso con la Junta de Castilla y León y con el Ministerio de Transportes. Por lo tanto, era necesario apoyar al PP en todas las escalas para que la ciudad accediera al soterramiento.

Las aspiraciones de Carnero en realidad estaban en otro sitio: para aceptar presentarse en las elecciones locales, Carnero también quería ir al Senado. Carnero no ganó las elecciones, pero consiguió establecer una mayoría en el Ayuntamiento con el apoyo de Vox. Era, por lo tanto, alcalde de Valladolid. Pero él siguió mirando a la Cámara Alta e intentó convencer a la ciudadanía de que era algo de “sentido común”: desde el Senado podría presionar mejor para conseguir el soterramiento. Además, no cobraría del Ayuntamiento su retribución como alcalde, sino que cobraría solo del Senado.

Entonces el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a llamar al ya exregidor de Valladolid, Óscar Puente, para que liderara las listas socialistas al Congreso de los Diputados y, después, le nombró ministro de Transportes. El alcalde-senador consiguió, previsiblemente su escaño por el PP y fue nombrado presidente de la Comisión de Transportes del Senado. Empieza, por lo tanto, un tira y afloja: el primero, defensor del proyecto ya aprobado y en marcha, la integración ferroviaria; el otro, con su insistencia en el soterramiento.

Cruce de informes

Ante la postura del Ayuntamiento, ADIF elaboró en 2024 un informe para intentar convencer a PP y Vox de que la alternativa más realista es la integración, que supondría un coste de 350 millones de euros y seis años de obras, frente a un soterramiento con tuneladora, que tendría un coste de 1.570 millones de euros y obras durante 17 años. El equipo de gobierno insistía en que era posible una alternativa más económica de muros pantalla, que Adif no considera adecuada para Valladolid: contrató un estudio a una micropyme propiedad de familiares de dos directores generales del gobierno de la Comunidad de Madrid vinculados al PP, que resultó favorable. Este informe calculaba que con el túnel de muros pantalla el coste sería de 565 millones y seis años de obra. El Ministerio de Transportes rechazó este estudio por “falta de rigor técnico” y “sesgo político”.

La tensión entre Ayuntamiento y Gobierno empezó a incrementarse, con acusaciones cruzadas entre Carnero y Puente. El alcalde acusaba a su antecesor de buscar “venganza” y de “no querer a su ciudad”. “Lo que mata al soterramiento es Óscar Puente”, zanjó el regidor 'popular' el año pasado. Y el ministro, por su parte, reprochaba a Carnero que vendiera 'humo' a los ciudadanos por el elevado coste que supondría el soterramiento. El cruce de críticas ha sido constante, hasta que Puente zanjó el debate: ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, la Sociedad Alta Velocidad carecía de sentido y debía, por lo tanto, disolverse.

Hasta este lunes. Adif y Renfe resolvieron el convenio de la integración ferroviaria de 2017 e intentaron disolver, justo después, la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. No pudieron dar este último paso porque el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León —que asegura que defiende la postura del equipo de gobierno en función de quién gobierne, y no del proyecto en sí— se negaron por cuestiones formales, pero sí quedó clara la ruptura entre las Administraciones.

El Ministerio considera que los bloqueos y dilaciones del Ayuntamiento hacen imposible avanzar hacia la integración ferroviaria, mientras el alcalde insiste en reabrir el debate sobre el modelo. Además, está la cuestión del impago: el Ayuntamiento de Valladolid pidió aplazar su parte correspondiente a 2024 (11 millones de euros, de los cuales tres procedían de anualidades previas) e interpretó el silencio ministerial como positivo. El consistorio, por lo tanto, no pagó esos once millones de euros, sobre los que tendrá que decidir la Justicia.

Obras pendientes, deuda y la nueva estación de tren

Quedan por ejecutar más de una decena de obras (entre otras, los pasos de Ariza, Arco de Ladrillo y San Isidro y la nueva estación de autobuses). Además, habrá que ver qué impacto tiene esta disolución sobre las arcas municipales, teniendo en cuenta que Adif y Renfe pensaban pagar los 400 millones de euros de deuda con parte de la venta de los terrenos de Renfe. Vinculada a la integración/soterramiento del tren, está también la nueva estación de tren, que costará 253 millones de euros y conectará no solo con Asturias, sino también con la Y vasca. El objetivo es convertir Valladolid en un nuevo nodo ferroviario a nivel nacional, un punto estratégico y vertebrador de la red arterial hacia el norte, noroeste, sur y este.

La nueva estación duplicará el número de vías y andenes y está previsto que acoja a cinco millones de viajeros al año, 17.500 en un día laborable. Esta estación descartaba el soterramiento de las vías, puesto que tendrían que soterrarse más vías de las previstas y eso multiplicaría el precio. El Ayuntamiento interpuso también un recurso contencioso-administrativo por cuestiones de licencias comerciales del nuevo edificio, pero no pidió medidas cautelares. La semana pasada, Jesús Julio Carnero la utilizó hasta como una baza: “Paraliza tú la estación de trenes y hacemos Ariza”, interpeló Carnero al secretario de Estado de Transportes, porque considera que las obras supondrían un “caos circulatorio” para los vehículos.

La situación ahora está en un impasse. Salvo que haya movimientos inesperados, no habrá integración ferroviaria y, para negociar un soterramiento, el proceso debería iniciarse de nuevo. En cualquier caso, no se ha descartado que el Ayuntamiento o el Ejecutivo de Mañueco decidan acudir a la Justicia para que esta resuelva qué pasa con la ciudad. Pese a los reproches del secretario de Estado, el consejero de Medio Ambiente y exjuez, Juan Carlos Suárez Quiñones, consideró el lunes que aún se podría acudir a la Justicia para resolver esta disputa.

El Ayuntamiento de Valladolid dio una adjudicación directa de un contrato de “contenidos audiovisuales” a la empresa del exconcejal del PP en Medina del Campo, David Blanco Valmaseda, amparándose en el “franquiciado de dos medios nacionales” que servirían de plataforma para difundir esos contenidos. El primer contrato con Ramda Comunicación SLU lo firmó el propio alcalde, Jesús Julio Carnero, el 5 de abril de 2024 y el plazo de ejecución se alargaba durante ese mismo año.

Se trata de un contrato menor por valor de 12.100 euros. El objeto era “realizar contenidos audiovisuales durante el año 2024 sobre temas municipales”. En la justificación de la contratación se especifica literalmente que “el Ayuntamiento de Valladolid necesita contar con contenidos audiovisuales vinculados con las diferentes actividades que se realizan a lo largo del año”. Lo explica así: “Se trata de reportajes mensuales con entrevistas con la temática que elija la dirección de comunicación”. Otra cláusula precisa que los contenidos podrán ser “visionados” en distintas redes sociales, “quedando el material en propiedad del Ayuntamiento”.

En el apartado de “Justificación de la oferta seleccionada o imposibilidad de obtener tres ofertas” el Ayuntamiento alega que el motivo de la selección de la adjudicataria es “por no ser una productora convencional, pues ofrece dos plataformas para su difusión en el ámbito nacional”. En concreto, dice, “gestiona la delegación en Valladolid de dos medios de comunicación: La Jungla Radio, que tiene 11.000 seguidores en Facebook, Instagramn (sic) y X, y el medio nacional The Objetive (sic). ”Los contenidos serán publicados en los dos medios nacionales franquiciados: The Objetive (sic) y La Jungla“. En el contrato se justifica la no ampliación de la oferta a dos empresas más, ”porque Ramda Comunicación es la única productora que gestiona los dos citados medios de comunicación en Valladolid, por tanto ninguna otra empresa podría competir. Por ello se tramita al margen del acuerdo marco“, finaliza.

El contrato lo informa o propone el gestor del programa 01/9207 y lo visa el director del Gabinete de Gobierno y Relaciones del Ayuntamiento. Ambos son la misma persona, David Villanueva Valentín-Gamazo, sobrino del que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, que falleció poco antes de declarar como imputado en las causas Perla Negra y Trama Eólica, en el que estaba acusada parte de la cúpula de la Consejería de Economía, que dirigía el propio Villanueva.

David Villanueva fue asesor en la Junta de Castilla y León y cesó para recalar en el Ayuntamiento de la mano del alcalde, Jesús Julio Carnero, que es quien firma el contrato.

Respecto a la empresa Ramda Comunicación, se creó en 2022 y tiene su domicilio social en Medina del Campo, según datos del Registro Mercantil. Su propietario es David Blanco Valmaseda, que ha sido concejal del PP en Medina del Campo hasta 2012, una etapa en la que pudo conocer a Carnero, que fue presidente de la Diputación desde 2011 a 2019. Blanco Valmaseda pasó después por Ciudadanos.

The Objective y La Jungla Radio niegan cualquier relación “societaria o contractual”

“The Objective no tiene relación societaria ni contractual con Ramda SLU”, aseguran tajantemente desde ese medio a elDiario.es. Sí reconocen que saben quién es Blanco Valmaseda, ya que fue él quien se encargó de buscar dos colaboradores para ellos en Valladolid, y el propio Blanco también ha escrito varias informaciones en el digital. Sin embargo, los contenidos audiovisuales de los que habla el contrato nunca han sido difundidos en The Objective, aseguran desde la cabecera.

Algo parecido ocurre con La Jungla Radio. El locutor José Antonio Abellán ha explicado a elDiario.es que cede gratuitamente su contenido, programación de radio digital, a quien lo solicite. Así, en el año 2019, una persona de Medina del Campo solicitó difundir los programas de Abellán en un dial de Medina del Campo el 105.7 FM. Esta frecuencia nunca ha sido adjudicada, así que quien la explotase, por fuerza lo hacía de forma ilegal. Quien solicitó la cesión es Israel Arnanz, que actualmente es colaborador de The Objective y empleado de Ramda.

En la cuenta de X de La Jungla Radio Valladolid que no llega ni a los 4.000 seguidores, aparecen ahora dos diales distintos en los que se supone que se emiten los contenidos de Abellán, “(FM) Valladolid y Alfoz 96.7 / Medina del Campo 105.9”. No se ha adjudicado ninguna de las dos licencias y desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital aseguran que carecen de licencia de radio. En cuanto a los contenidos de esa cuenta aparecen efectivamente numerosas fotos y vídeos sobre la actividad del Ayuntamiento, y más concretamente de la concejala de Turismo, Blanca Jiménez Cuadrillero, que protagoniza numerosos vídeos.

Desde esta cuenta, se retuitean además artículos de The Objective. El Ayuntamiento, que tiene la propiedad de esos contenidos, gestiona su propia cuenta de X con más de 73.000 seguidores, y no ha explicado cuál es la utilidad de esa segunda “plataforma” que está por debajo de los 4.000 a la que ni siquiera repostea. En Instagram, La Jungla Radio Valladolid tiene 3.200 seguidores, mientras que el perfil del Ayuntamiento supera los 51.000.

ElDiario.es contactó con el Gobierno municipal para que explicasen qué comprobaciones hicieron sobre lo afirmado por Ramda Comunicación sobre unos franquiciados que han resultado ser inexistentes y que constituyen la razón principal por la que el contrato no forme parte del acuerdo marco de medios de comunicación y haya conseguido la adjudicación directa.

En un primer momento, discutieron la inexistencia del franquiciado mostrando las cuentas de La Jungla Radio Valladolid en X e Instagram y artículos en The Objective donde se incluyeron los tuits de La Jungla Radio Valladolid con los vídeos, algo inusual entre dos medios distintos. En algunos casos esos tuits se han linkado mal y ni siquiera se pueden previsualizar.

Aunque el Ayuntamiento reconoce que no se les pidió documentación que acreditase los sus supuestos “franquiciados”, aducen que no se ha producido engaño “porque los vídeos” están en las redes sociales mencionadas y también en su poder para utilizarlo “de forma interna”. Así restaron importancia a haber basado una adjudicación directa en un dato que ni siquiera comprobaron. “Nosotros contratamos la realización de varios vídeos y se han hecho. La publicación en los dos medios era un plus”, argumentan.

Además, se escudan en que Blanco Valmaseda estaba en el registro de proveedores del Ayuntamiento desde la etapa del ahora ministro Óscar Puente, por lo que no tenían por qué desconfiar. Sólo hay un contrato de 2021 por 484 euros para la realización de “cuñas de radio”.

El contrato de 2024 no es el único. En 2023 ya se contó con Ramda Comunicación para realizar varios vídeos sobre el soterramiento, el concurso de pinchos o el encendido de la iluminación navideña entre otros. Se les pagó 6.050 euros. Pero es que además, a lo largo de este año, se les ha contratado desde la Sociedad Mixta de Turismo, para que hagan los vídeos a la concejala del ramo, que es quien ha protagonizado casi todos desde 2023. Hasta el momento, han firmado dos contratos que suman poco más de 10.000 euros. Si lo han hecho basándose en el franquiciado o no, es algo que no ha podido comprobar elDiario.es, ya que se han mostrado, pero no se ha facilitado copia y no se ha permitido ni leerlos ni tomar fotos. Los vídeos encargados este año se han colocado en la cuenta de X de La Jungla Valladolid Radio y en The Objective, esta vez como enlace de Youtube, con una cuenta llamada CyLWoW que cuenta con 9 suscriptores y 15 vídeos. El más visto cuenta con 991 visualizaciones, pero la mayoría apenas llega a las 60.

Este diario intentó hablar sin éxito con los responsables de Ramda Comunicación.

El portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, ha criticado que el coordinador de Políticas Públicas —conocido como 'alcalde B'— “no hace nada” y ha afeado el “empeño” del alcalde, Jesús Julio Carnero, en crear el puesto cuando llegó al Ayuntamiento “ilegalmente”. El Tribunal Superior de Justicia anuló el cargo que Carnero creó para su ex jefe de gabinete en la Junta y en la Diputación, Indalecio Escudero, que luego tuvieron que legalizar. “Lleva dos años paseando un cuaderno por las oficinas de este Ayuntamiento y no conoce la gestión municipal. ¿Qué documentos importantes firma su 'alcalde B'? Ninguno. ¿Qué responsabilidades ejerce? Ninguna. ¿En qué grandes decisiones participa? En ninguna”, ha reprochado Pedro Herrero en el pleno extraordinario de este viernes. La moción impulsada por el PSOE para pedir al alcalde que “se dedique más a la Alcaldía” ha sido rechazada por PP y Vox y apoyada por el PSOE y Valladolid Toma La Palabra (VTLP).

Pedro Herrero ha reprochado al PP y a Vox que no hayan cumplido “nada” de lo que prometieron en campaña y ha lamentado que no haya estrategias de ciudad para Valladolid y que “eche la culpa de todo a los demás”. “Vaya encargándole también [a Escudero] que mire cómo va a pagar la deuda millonaria de la liquidación de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) que la ciudad va a tener que asumir por su culpa”, ha protestado el portavoz socialista. Herrero ha criticado que PP y Vox “hagan oposición” al Gobierno de España o al anterior equipo de gobierno de 2019-2023. “Queda demostrado que ni el alcalde ni el 'alcalde B' trabajan”, ha zanjado el portavoz socialista.

Carnero ha defendido el trabajo realizado desde el Ayuntamiento y ha enumerado diferentes obras —como el mercado de Rondilla, las nuevas viviendas públicas proyectadas o el carril bici de Isabel La Católica— e iniciativas municipales como Vino & Tapas —incluidos los nombramientos de hijos predilectos o el día de la radio— realizadas en el último año. Carnero ha agradecido también su desempeño a todos los trabajadores públicos, que solo pretenden “mejorar la vida de los vecinos de Valladolid”, con proyectos “heredados” del equipo de gobierno anterior o anteriores. “Lo que está bien ideado no hay por qué modificarlo. Hay que asumirlo y hacerlo”, ha expuesto Carnero, que ha destacado también otras iniciativas nuevas.

La portavoz del gobierno municipal, Blanca Jiménez (PP), ha tachado la moción socialista de “hipócrita” y “esperpento” y ha criticado el nombramiento en 2015 de Rafael Guerra —exdirector de la Asesoría Jurídica General del Ayuntamiento de Valladolid—, que mes y medio después se incrementara el complemento y tres años más tarde se incrementara el complemento. Rafael Guerra es ahora subsecretario del Ministerio de Transportes en agosto de 2024. “¿Esto se puede calificar de amiguismo?”, se ha preguntado Blanca Jiménez, que ha considerado que la plaza no era atractiva en 2015, pero sí lo fue en 2019 una vez modificados los complementos económicos.

Jiménez ha defendido que el coordinador de Políticas Públicas —el 'alcalde B'— cobra lo mismo que el del responsable de los Servicios Jurídicos, un puesto que se publicó en agosto mientras que el del coordinador de Políticas Públicas tuvo mucha más publicidad por las críticas que suscitó entre la oposición. La concejala de Turismo y Marca Ciudad ha calificado a Pedro Herrero como “un concejal sin liderazgo ni rumbo que ha decidido llevarse a su grupo por delante”. “No le vamos a distraer, buena suerte”.

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha lamentado que el alcalde trabaje en el Senado, porque “desconoce los problemas de la ciudad y carece de perspectiva sobre qué se puede hacer para solucionarlo o se da cuenta muy tarde, cuando ya no tiene remedio como con las goteras del polideportivo Pisuerga”. También ha reclamado a Carnero que “se arremangue” y aborde problemas como la limpieza, la gestión de Auvasa o la vivienda.

El portavoz de Vox, Alberto Cuadrado, ha defendido que el pleno de este viernes —“descabellado y sin sentido”— se ha celebrado por el “capricho” del portavoz socialista. No ha hecho apenas referencia al Ayuntamiento, sino que ha utilizado su intervención para criticar al PSOE, al Gobierno de España y al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha equiparado críticas de la oposición con algunas decisiones de nombramientos del Gobierno.

El Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Valladolid ha registrado este miércoles una solicitud para celebrar pleno extraordinario en el que se debate una moción relativa a la dedicación del alcalde, Jesús Julio Carnero, a la gestión municipal. En concreto: “Moción para que el alcalde se dedique más a la Alcaldía”, según ha afirmado el portavoz del PSOE, Pedro Herrero.

En el pleno, el PSOE también quiere abordar el papel de la Dirección de Coordinación de Políticas Públicas, cargo al que los socialistas llaman “alcalde B”. “Jesús Julio Carnero lleva más de dos años compatibilizando la Alcaldía con su escaño en el Senado, pero la realidad es tozuda: Valladolid sigue necesitando un alcalde a tiempo completo”, ha criticado Herrero.

El concejal socialista ha indicado que el pleno extraordinario se solicita “a menos de 18 meses del final del mandato” con el objetivo de que el alcalde explique su grado de dedicación a la gestión municipal. Herrero ha señalado que Carnero compatibiliza desde hace más de dos años la Alcaldía con su escaño en el Senado y ha recordcado que el regidor afirmó en el pasado que “cuanto más senador soy, mejor alcalde soy”. “Dos años después, ese lema no se ha traducido en mejoras visibles para la ciudad”, ha apostillado el edil del PSOE.

El Grupo Socialista ha vinculado el deterioro de la gestión municipal a esa falta de dedicación y a decisiones impropias de un gobierno centrado en los “problemas reales”. Entre ellas, la creación de la plaza de Dirección de Coordinación de Políticas Públicas—el denominado “alcalde B”—que “ya ha supuesto un gasto de 320.000 euros con cargo al presupuesto sin aportar solución a los atascos, la suciedad o la descoordinación entre áreas”, ha lamentado Herrero.

“El alcalde se puso un ‘alcalde B’ porque él no está, y Valladolid no puede permitirse un piloto automático que además no funciona”, ha reiterado Herrero. El portavoz socialista ha defendido que Carnero ha decidido vetar en “dos ocasiones ” el debate sobre esta figura en el pleno, motivo por el cual han anunciado que llevarán el caso a los tribunales al considerar vulnerados sus derechos fundamentales.

A este respecto, Herrero ha explicado que su grupo trató de debatir esta cuestión mediante dos mociones en Pleno que, según ha defendido, fueron inadmitidas. “Saben ustedes que el señor Carnero nos ha prohibido presentar dos mociones al Pleno que tienen que ver con su gestión de la Alcaldía. Él no quiere que hablemos de eso y nos las ha vetado porque mencionamos la figura de su alcalde B”, ha afirmado. “Para ello se ha saltado la Constitución y ya veremos a dónde le lleva eso”, ha indicado, recordando que los socialistas han recurrido la decisión ante los tribunales.

El portavoz ha señalado que el Pleno Extraordinario permitirá abordar finalmente este debate. “No va a poder evitar que en el Pleno debatamos sobre esta cuestión, le guste o no le guste”, ha asegurado. “Nuestra posición es que existe descoordinación y la ciudadanía lo percibe. La razón, según nosotros, es que el alcalde no está presente de forma continuada y la figura de apoyo no resuelve la situación”, ha añadido.

“Lo único que le pedimos es que se dedique más a la Alcaldía de Valladolid. Tendrá que explicar a qué se debe este escenario y rendir cuentas ante el Pleno, que es donde la ciudadanía tiene derecho a escucharle”, ha apuntado Herrero.

Según la normativa municipal, el alcalde dispone de un plazo máximo de quince días hábiles para convocar la sesión extraordinaria. En caso de no hacerlo, el Pleno quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente a las 12.00 horas.

Quejas en limpieza, movilidad y por la imagen tras tener que suspenderse un partido por goteras

Herrero ha ahonado en que “las quejas ciudadanas se han disparado mientras la limpieza está peor que nunca”. La movilidad “empeora con atascos continuos y obras mal coordinadas”, y “el mundo del deporte sigue esperando el cumplimiento de promesas que se anunciaron a bombo y platillo”. “La imagen de goteras en el Polideportivo Pisuerga es la metáfora perfecta de un gobierno que hace agua por todas partes”, ha lamentado el portavoz.

A las quejas también ha añadido los “los varapalos judiciales que salpican esta etapa”, entre ellos “el último pronunciamiento del Tribunal Supremo que anula la ordenanza con la que se suprimieron carriles bici y viales de uso exclusivo para ciclistas y transporte urbano”. “Retroceder en movilidad sostenible nos ha hecho perder tiempo, dinero y credibilidad”, ha lamentado Herrero.

El portavoz socialista también reprocha al regidor que “se haya enterado por la prensa de decisiones estratégicas para el futuro de Valladolid, como la posible implantación de una nueva fábrica de baterías”. “Ninguna ciudad puede competir por proyectos de esta envergadura si su alcalde no lidera, coordina y está presente en todo momento”, ha aseverado.

“Hoy la descoordinación entre concejalías es clamorosa y la ciudad lo paga en su día a día: calles más sucias, tráfico más denso y oportunidades que pasan de largo por culpa de su mala gestión y sus boicots a la Integración ferroviaria y la nueva estación de trenes. Por eso pedimos este Pleno Extraordinario: para que el alcalde rectifique, se dedique de verdad a Valladolid y priorice la gestión sobre la propaganda”, ha resumido el portavoz socialista.

El Grupo Municipal Socialista de Valladolid ha anunciado la presentación “inminente” de una denuncia por vulneración de derechos fundamentales contra el alcalde, Jesús Julio Carnero, por, a su juicio, impedir reiteradamente que el PSOE pueda ejercer su derecho a presentar mociones para su debate en el Pleno.

Según los socialistas este derecho de participación política está reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española y el “veto” del alcalde a iniciativas socialistas registradas y defendidas en la Junta de Portavoces constituye una “restricción ilegítima” del derecho de representación de los concejales y una limitación del control democrático que el PSOE ha decidido trasladar ante la jurisdicción competente.

Para el PSOE Carnero estaría restringiendo su labor para conocer en qué consiste el trabajo del Director de Coordinación de Políticas Públicas, conocido como 'Alcalde B'.

“Vetar las mociones que presenta el Grupo Municipal Socialista es un inadmisible recorte del control democrático y la transparencia; los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero y a que el Pleno pueda debatir libremente las propuestas de los Grupos”, ha señalado el portavoz municipal, Pedro Herrero, quien subraya que estamos ante “un desprecio intolerable a las normas y un nulo respeto a los vallisoletanos” a los que representa el PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid.

“Los vallisoletanos no se merecen un alcalde que se dedique a vetar las mociones que no le gustan; necesitan un alcalde que asuma las consecuencias de sus actos, que no vulnere los derechos de los grupos políticos en el Ayuntamiento y que respete la Constitución”, ha afirmado el portavoz socialista.

El Grupo Municipal Socialista fundamenta su denuncia en la vulneración del artículo 23 de la Constitución Española y en la consolidada doctrina constitucional que protege el núcleo esencial del cargo representativo —ius in officium—, que comprende, entre otras facultades, la de presentar iniciativas y someterlas a debate y votación en el Pleno. El alcalde de Valladolid ha sustituido las reglas por la censura previa, impidiendo por dos veces el debate de mociones del PSOE referidas al 'Alcalde B', y, con ello, ha lesionado un derecho fundamental que no admite recortes por razones de conveniencia política.

“No vamos a consentir que se pisotee el artículo 23 de la Constitución ni que se silencie a la oposición; vamos a defender hasta el final el derecho de los concejales a trabajar por su ciudad”, ha indicado Herrero.

En un comunicado, el PSOE de Valladolid ha criticado que desde la creación del denominado “Alcalde B” —el puesto de Director de Coordinación de Políticas Públicas diseñado por Carnero en agosto de 2023 y asignado a dedo— se abrió una “etapa de opacidad y de desnaturalización del gobierno municipal”.

Con ese puesto se creó un “órgano inédito y más costoso” que un director de área, además de ser “ajeno” al Reglamento Orgánico, con un impacto presupuestario superior a 156.000 euros anuales y con funciones que culminan la organización del Área de Alcaldía, han apuntado los socialistas. “El proceso de selección fue una mascarada con un resultado conocido de antemano y la figura terminó ocupada por un dirigente de su máxima confianza, pese a no haber sido elegido por los ciudadanos”, han apostillado.

El cargo fue declarado ilegal por el TSJCyL

Como han recordado los socialistas en un comunicado, todo ese “andamiaje” para sustentar la presencia de Jesús Julio Carnero en el Senado, fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en su sentencia que estimó el recurso del Grupo Municipal Socialista y declaró la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno que modificó la Relación de Puestos de Trabajo para introducir este órgano directivo.

El TSJCyL razonó que el puesto de Director de Coordinación de Políticas Públicas es un órgano directivo inexistente en la organización municipal, que no puede crearse por la vía de la RPT sin la previa modificación del Reglamento Orgánico por el Pleno y concluyó declarando la nulidad de la resolución impugnada.

Pese a ese “varapalo” judicial, el gobierno de PP y Vox optó por mantener el esquema, modificando a posteriori el Reglamento de forma precipitada y sin consenso, y blindando de hecho una plaza polémica que ya ha supuesto “cientos de miles de euros” a las arcas municipales “sin resultados tangibles”, como acreditan los propios documentos remitidos “tarde y a regañadientes” por el equipo de gobierno, han valorado desde el PSOE.

El veto del alcalde a las mociones socialistas que fiscalizan esta figura —una para exigir explicaciones públicas sobre su utilidad y otra para que el propio alcalde o un concejal asumiera sus funciones— es la culminación de esa “deriva antidemocrática”, ha apuntado el portavoz del GMS. “Estamos ante una cacicada; Carnero ha decidido que cuando no le conviene, las normas se ignoran y la oposición se calla. Pues no: vamos a defender la ley y el derecho de la gente a ser representada”, ha remarcado Herrero.

Con la denuncia por vulneración del artículo 23 Constitución, el Grupo Municipal Socialista exige el restablecimiento inmediato de su derecho a presentar y debatir sus iniciativas en el Pleno, el cese de los vetos y el respeto escrupuloso a la Constitución, a la legalidad municipal y a los vallisoletanos a quienes representan sus concejales.

La idea de la integración ferroviaria en Valladolid ya estaba tocada de muerte, pero este lunes, tras la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) comienza largo camino para la disolución de la entidad que acabará seguramente, como ha adelantado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en juicio. “Aquí terminó la historia. Lo otro es el corolario”, ha resumido el exalcalde de la ciudad.

El Ministerio de Transportes, a través de Adif, da por cerrada la etapa de la integración ferroviaria de Valladolid. El ministro ha anunciado este viernes que promoverá la disolución y liquidación de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), tras el bloqueo de los nuevos pasos de Ariza por parte del Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León. “Hasta aquí hemos llegado. Se acabó lo que se daba”, ha apuntado Puente, que acusó a ambas administraciones de “boicotear” la integración y de actuar “sin ninguna base técnica”.

La reunión del consejo de administración de la SVAV ha terminado sin acuerdo en ninguno de los tres puntos del orden del día: la licitación de los pasos de Ariza, el convenio con el Ayuntamiento para el paso de Unión y Pelícano, y la convocatoria de una junta general para acordar la disolución de la sociedad. La negativa del Consistorio y de la Junta a aprobar las obras de Ariza, valoradas en más de 20 millones de euros, impidió alcanzar la mayoría cualificada del 75 % que requieren los estatutos.

Según el ministro, el rechazo municipal y autonómico supone “un perjuicio grave” para la sociedad, que dispone de 100 millones de euros en caja y proyectos técnicos valorados en un millón listos para ejecutar. “No se ha aportado ningún informe que justifique una decisión tan grave. No hay estudio alguno sobre movilidad ni argumento técnico que sostenga que las obras de la estación y las de Ariza sean incompatibles”, ha asegurado Puente. “Lo único que hay es voluntad de no hacer nada. Es una decisión política y, desde luego, irresponsable”, ha apostillado.

Disolución judicial

Puente ha afirmado que Adif solicitará la convocatoria de una junta general para disolver y liquidar la SVAV, y que, si los socios se niegan, el Ministerio acudirá al juzgado de lo mercantil. “Los órganos societarios están paralizados y la sociedad ya no cumple su fin social. Por tanto, procederemos a su disolución ordenada”, explicó. En el proceso, se repartirán los activos y pasivos —incluida una deuda de unos 400 millones de euros— entre las tres administraciones.

El ministro ha matizado que el Ministerio mantendrá su inversión en la nueva estación ferroviaria, la terminal intermodal y la variante de mercancías, pero consideró “cerrado” el capítulo de la integración ferroviaria urbana. “Quien quiera seguir bailando la danza del soterramiento, que lo haga solo. El Ministerio y Adif no lo harán más”, ha aseverado.

Según Puente, el Ayuntamiento ha defendido la imposibilidad de acometer las obras de la estación y solaparse con los pasos de Ariza por una afectación a la movilidad. Con un horizonte de cuatro años de obra en la terminal de trenes, Puente ha recordado que los pasos de Ariza podrían caducar si no se licitan en los próximos años: “Cuando terminen los 42 meses de obras de la estación, los proyectos ya no valdrán, y habrá que empezar de cero”.

Junta y Ayuntamiento niegan la causa de disolución

Tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento de Valladolid rechazaron frontalmente la decisión del Ministerio. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha tildado de “injustificada” la iniciativa del ministro y ha negado que exista causa legal alguna para disolver la sociedad. “No se han alegado motivos concretos ni hechos que encajen en ninguna causa jurídica. La sociedad sigue teniendo objeto útil”, ha defendido. Según el consejero, el Ministerio intenta forzar la disolución “por razones políticas” y advirtió de que, si el caso llega a los tribunales, “allí se verá”.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha apostado por la continuidad de la sociedad y aunque ha seguido manteniendo su postura a favor del soterramiento del ferrocarril, su gran caballo de batalla como proyecto de ciudad. “Queremos transitar de la integración al soterramiento, pero sin salirnos ni del convenio ni de la sociedad”, ha remarcado. A su juicio, la negativa a licitar los pasos de Ariza responde a “una cuestión de sentido común”: “No nos hemos opuesto a los pasos, solo creemos que ahora no tocan, porque la obra de la estación, de enorme envergadura, colapsaría la movilidad si coincidiera con ellas”.

Carnero ha agregado en que el Ayuntamiento “seguirá trabajando por la ciudad” y que no permitirá imposiciones del Ministerio. “A Valladolid no se le imponen las actuaciones. Nadie me va a marcar los tiempos”, ha afeado a Puente. Asimismo, el regidor ha anunciado que el próximo jueves la Mesa del Soterramiento para analizar la situación tras el choque con el Gobierno. “La integración no sirve a los vallisoletanos; lo que necesitamos es un modelo de ciudad distinto, el del soterramiento”, ha apuntado.

Bloqueo total

La SVAV, creada en 2017 para ejecutar la integración en superficie del tren en Valladolid, vive su momento más crítico. El enfrentamiento político entre las administraciones ha dejado bloqueados casi todos los proyectos del convenio de 2017. Puente lamentó que en los últimos años “solo se hayan completado dos pasos” y que la Junta incumpla su compromiso de levantar una nueva estación de autobuses en los talleres de Renfe, mientras “invierte cinco millones en reformar la actual”.

El ministro comparó la situación con la de otras ciudades “donde sí ha habido acuerdos” para la integración, como Granada o Santander. “En Valladolid no se puede seguir, porque el Ayuntamiento defiende el soterramiento y boicotea la integración”, ha reprochado. Para Puente, la decisión de Junta y Ayuntamiento aboca a la ciudad a “dos años sin integración ni soterramiento”.

“Es triste —ha lamentado Puente—, pero es la decisión legítima de quienes gobiernan Valladolid. Nosotros cerramos esta página. El Ministerio de Transportes no va a seguir en el baile”.

El PSOE de Valladolid acusa a Carnero y Mañueco de “condenar” a Valladolid

El Grupo Municipal Socialista ha acusado al alcalde y al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de “boicotear” a la integración ferroviaria forzando la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Para los socialistas ambos asestan “un golpe decisivo al futuro inmediato y a las perspectivas de desarrollo a corto, medio y largo plazo de Valladolid”.

Según han indicado, el PP promueve “una parálisis” de los compromisos vigentes, “frena la economía local, judicializa un proyecto esencial y abre la puerta a una factura millonaria que hipotecará durante décadas el presupuesto municipal, los servicios públicos y las inversiones que necesitan los barrios”.

Asimismo, han señalado que Valladolid “pierde inversiones ya comprometidas y se arriesga a asumir una deuda millonaria vinculada a la sociedad, además de renunciar a cerca de 80 millones de euros en obras de permeabilidad, accesos y reurbanización que estaban previstas”. “Es una decisión irresponsable que condena a la ciudad a la incertidumbre y a la pérdida de oportunidades”, ha afirmado el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero.

“La contumacia y cerrazón del alcalde son inaceptables. Jesús Julio Carnero juega con el futuro de la ciudad, hace daño a Valladolid de forma irreversible y lo hace con plena conciencia de lo que hace, lo que confirma su mala fe y la gravísima irresponsabilidad que comete. Le exigimos que rectifique de inmediato, que cumpla el convenio en vigor y que deje de bloquear unas actuaciones que solo traen beneficios para Valladolid. No hay ninguna justificación técnica ni económica para dinamitar la integración; solo hay un cálculo partidista que pone por delante los intereses del PP frente al interés general”, ha considerado el portavoz socialista.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha exigido este jueves la supresión definitiva de la plaza de chófer personal creada a la medida del alcalde Jesús Julio Carnero que suponía un gasto anual de alrededor de 49.700 euros.

El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha recordado que esta plaza fue incorporada en agosto de 2023 de manera excepcional y que desde entonces “ha funcionado al margen de los sistemas de control que rigen para el resto de la flota municipal de vehículos oficiales”. Según Herrero, este puesto eventual, nombrado a dedo por el alcalde, ha supuesto “un gasto injustificado” para las arcas municipales, “sin aportar valor añadido y con un déficit evidente de transparencia”.

La polémica en torno al uso del coche oficial del alcalde se intensificó a raíz de la Comisión de Gobierno celebrada el pasado 18 de septiembre, cuando el Grupo Municipal Socialista denunció la falta de transparencia, ya que los servicios realizados por el conductor personal nombrado a dedo por Carnero no quedaban registrados en los partes habituales de los vehículos municipales. El cese, a petición propia, estaba “previsto desde hace tiempo”, según el Ayuntamiento. La concejala de Modernización Administrativa, Silvia Tomillo (PP), justificó en el pleno que no hubiera un registro del conductor eventual “porque se rige por un régimen distinto” y “no se le puede equiparar al resto de conductores del Ayuntamiento”.

PP y Vox rechazaron entonces la moción socialista que pedía equiparar ese puesto con el de los otros cuatro conductores municipales, alegando que se trataba de personal eventual con disponibilidad total y bajo supervisión directa de Alcaldía, según ha informado el Grupo Socialista a través de un comunicado. Durante el debate, el Grupo Municipal Socialista reveló que en un año y medio apenas se habían dado a conocer 26 viajes (llamados “institucionales”) del vehículo del alcalde, frente al control exhaustivo existente en los demás coches oficiales.

Este miércoles el Ayuntamiento comunicó el cese del conductor personal de Carnero, lo que para el PSOE supondrá una “fiscalización” de todos sus viajes. “Si Carnero no vuelve a repetir un nombramiento a dedo, los viajes del alcalde quedarán reflejados en los registros que desde siempre han cumplimentado los conductores municipales. Por fin se podrá saber de manera detallada a dónde se desplaza, con quién y en qué circunstancias, tal y como ocurre con el resto de vehículos oficiales”, ha zanjado Herrero.

El Ayuntamiento de Valladolid ha declarado el cese del conductor del alcalde, Jesús Julio Carnero. Según fuentes del consistorio consultadas por elDiario.es, el chófer no habría sido cesado, ya que ha causado baja “a petición propia”. Esta dimisión se produce días después de que la figura del coche oficial del regidor haya sido cuestionada por la oposición, aunque las mismas fuentes aseguran que estaba previsto “hace tiempo” y no ha sido de “un día para otro”.

El origen de la polémica en torno a al conductor del alcalde radica en las acusaciones del Grupo Municipal Socialista al equipo de gobierno de PP y Vox de negar “dar información sobre el uso del coche oficial” del regidor de Valladolid. Entre los reproches estaban una “falta de transparencia” latente al conocerse la actividad diaria de “todos los vehículos oficiales excepto el del actual alcalde”.

Los socialistas propusieron en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid que “se procederá a registrar la actividad del puesto de conductor del alcalde en las mismas condiciones en las que se registra la actividad del resto de conductores de la Alcaldía”. Ante esto, según el PSOE, PP y Vox mostró su rechazo a una propuesta que desde la oposición entienden que “se ampara en la legislación y en la voluntad política sobre la transparencia”.

La concejala de Modernización Administrativa, Silvia Tomillo (PP), respondió al PSOE asegurando que es un “intento muy burdo” de “confundir a la ciudadanía con un tema inventado” que es “gravísimo”. La justificación para que no esté documentada la actividad del chófer del alcalde es que se trata de “un conductor eventual con un régimen distinto y, por tanto, no se le puede equiparar al resto de conductores del Ayuntamiento”, ha explicado la concejala. Esta figura de conductor está “supervisado directamente por Alcaldía y tiene una disponibilidad de 24 horas”, señaló Tomillo.

Ya en el pleno de este lunes día 29 de septiembre, el portavoz socialista Pedro Herrero aseguraba que el Ayuntamiento tiene otros cuatro conductores y que Carnero fichó uno más porque “no le valía ninguno de los que había”. Tomillo respondía a las preguntas del concejal sobre la negativa a dar datos como el resto de coches oficiales y sobre el uso “especial” de este vehículo que se justifica porque es “personal eventual y lleva otras connotaciones”.

“No tiene ningún especial el uso que le da el alcalde, simplemente tiene una disponibilidad de 24 horas”, apostillaba la edil 'popular'. Ante esto, Herrero ha replicado que en un año y medio solo “se han dado cuenta de 26 viajes” a pesar de que este coche vaya a buscar al alcalde a su domicilio todos los días. El portavoz socialista instaba a la necesidad, ya que el PP “lo prometió en campaña electoral”, a registrar ese coche “en igualdad de condiciones” que el resto de coches del ayuntamiento de Valladolid.

El puesto del conductor saliente, que figura como eventual, se podría “reconvertir” en función de las necesidades del equipo de gobierno como en personal de apoyo del Gabinete con las mismas condiciones.

El Ayuntamiento de Valladolid (PP y Vox) ha cifrado el gasto para conseguir el título de 'Valladolid Ciudad Europea del Deporte' en 23.300 euros, una cifra inferior a los datos ofrecidos por elDiario.es que cuantifican el coste en más de 41.000 euros. La concejala de Deportes y Participación Ciudadana, Mayte Martínez, ha afirmado en el Pleno del Consistorio que el gasto ha sido de 5.770 euros en la visita de la delegación de ACES Europe - esta cifra sí coincide con las facturas a las que ha tenido acceso este medio - y de 17.530 euros a través de la Fundación Municipal de Deportes, una cantidad inferior a los 35.500 euros que en realidad el Ayuntamiento ha gastado.

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha cuestionado el desembolso del Consistorio durante el Pleno y ha preguntado por la cifra exacta. Sin embargo, Martínez no ha incluido todo el dinero gastado para lograr este título que otras cinco ciudades de España tendrán también en el próximo año 2026. La concejala ha cuantificado el desembolso de la FMD en 17.530 euros, pero la cantidad es superior. ElDiario.es ha tenido acceso al gasto real del Ayuntamiento a través de la FMD.

Los derechos de la candidatura, la tasa previa que se debe pagar a ACES Europe, ha costado 2.843,5 euros (IVA incluido); los derechos de imagen han tenido un previo de 18.150 euros (IVA incluido). Con solo estos dos gastos ya se supera la cifra que Martínez ha afirmado que se ha desembolsado. “Hasta con los datos ustedes mienten, hemos actuado con total transparencia”, ha afirmado la concejala en su respuesta a la portavoz de VTLP.

Los gastos de los que no ha querido hablar Martínez son en tazas y camisetas para la candidatura (832,48 euros), un vídeo de presentación (2.783 euros), una adaptación del vídeo (302,5 euros) y el diseño del dossier (5.343,79 euros), el diseño de logotipo de impresión y encuadernación del dossier (5.245,03 euros). Todos estos desembolsos han sido tramitados a través de la FMD y suman un total de 35.500 euros que, junto con los 5.770 euros en gastos de la visita de la delegación - se incluyen vuelos, hoteles, comida, cena y cóctel -, suman más de 41.000 euros.

ACES Europe

Cuestionada por la idoneidad del reconocimiento, la concejala del ramo ha señalado que se trata de un “reconocimiento basado en criterios objetivos”. El primer criterio objetivo al que deben atender los Ayuntamientos candidatos es la tasa previa que se debe pagar a ACES Europe, así como los derechos de imagen posteriores para poder lucir el premio. “ACES Europe es una organización sin ánimo de lucro, reconocida por el Parlamento Europeo y la Unión Europea”, ha defendido Martínez.

ACES Europe es una entidad privada creada en 1999 y se define como una organización que promueve el deporte entre todos los ciudadanos de la Unión Europea, especialmente entre grupos desfavorecidos, niños, mayores y personas con discapacidad. En la página web de la entidad, su secretario general, explica el origen de la iniciativa: “En 1999, una conversación aparentemente rutinaria en la oficina del entonces alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, encendió la chispa de lo que hoy es un movimiento global. En esa reunión, el alcalde solicitó la ayuda de Gian Francesco Lupattelli, presidente y fundador de ACES, para promover la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2012, que finalmente se adjudicaron a Londres”. ACES no forma parte de la Comisión Europea, pero sí es su socio en la Semana Europea del Deporte de la Comisión Europea. En su presentación, ACES señala también que es socio oficial de la UNESCO, que cuenta con socios gubernamentales, institucionales o del sector privado.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), ha justificado que no avance en la construcción de los túneles de la zona de Ariza, enmarcados en el convenio de integración ferroviaria, en que no se puede “embarcar a la ciudad en un continuo desastre de inmovilidad”. Unas obras que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, señaló como uno de los requisitos para no disolver la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) y que se abordarán entre otros asuntos en la reunión de su Consejo de Administración prevista para el próximo lunes, 6 de octubre, a la que acudirá el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (PSOE).

“Ariza no es problema de integrar o soterrar: en ese momento es un problema de movilidad, la que se va a producir fruto de una actuación tan importante y desconocida como es la de la actuación de trenes y el arreglo de los pasos de Daniel del Olmo”, ha asegurado el regidor, que ha vuelto a defender el soterramiento de las vías del tren porque es viable económica y técnicamente y “es el deseo mayoritario de la ciudad”.

 También ha hecho referencia al aplazamiento de los 11 millones de euros del pago de la cuota de la SVAV para el año 2024, que el Consistorio ha aplicado tras lo que ha interpretado como un “silencio administrativo positivo” y ha asegurado que el equipo de gobierno “entiende que tienen derecho a ello”.

Boicoteo de la integración

El regidor ha hecho estas declaraciones antes de votar una moción de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) que pedía evitar la quiebra financiera del Ayuntamiento y desbloquear la integración ferroviaria y en cuyo debate el portavoz socialista Pedro Herrero ha acusado al alcalde de actuar “con mala fe” por su boicot al proyecto de integración ferroviaria.

 Herrero, ha acusado al alcalde de hacer todo lo posible para que la ciudad “no tenga nada”, se paralice y “seguir vendiendo el cuento del soterramiento”, lo que se explica porque al regidor no le importa nada y ha criticado la intención del también senador del PP de “boicotear la integración ferroviaria hasta hundirla”.

“Ha boicoteado el propio convenio negándose a pagar la cuota de 2024”, ha afirmado el socialista, antes de afear que el Consistorio ha interpretado como un silencio positivo su petición de posponer el pago de la deuda e instarle a completar los tres pasos de Ariza, una actuación que además de ser “compatible con su soterramiento mágico”, sería una muestra del diálogo que el propio alcalde reclama.

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha advertido de los riesgos que supondría el incumplimiento del convenio y el pago de la posterior deuda, que costaría a las arcas municipales de 100 millones de euros, más del doble de lo que invierte la administración local en servicios sociales al año, que ha cifrado en 48 millones de euros.

“Sabemos por qué no quiere obras, porque llegan las elecciones (autonómicas) y no quieren tener la ciudad empantanada”, ha afirmado Anguita, que ha pedido “lealtad y buena fe” al alcalde de la ciudad de cara a la negociación del próximo lunes.

Víctor Manuel Martín (Vox) ha defendido la propuesta del soterramiento y ha afirmado que, aunque no quieren incumplir el acuerdo suscrito en el seno de la SVAV, estarían dispuestos a hacerlo para evitar “los túneles del miedo” y no dividir socialmente la ciudad.

Ignacio Zarandona (PP) ha defendido que el Ayuntamiento no ha incumplido el convenio, sino que solo ha “calendarizado” los trabajos, así como ha reprochado a VTLP su intención de que paralizar la ciudad con estas obras y ha afirmado que irán a la reunión del próximo día 6 de octubre “con Valladolid en el centro y con razones que todo el mundo cabal comprende”.

Tensión por las protestas de La Vuelta y el genocidio en Gaza

Los grupos municipales han cruzado reproches y críticas en el pleno ordinario de este lunes por las protestas que tuvieron lugar en el trascurso de la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España por la participación del equipo israelí y por el genocidio en Gaza.

Una sesión plenaria en la que el alcalde ha tenido que pedir calma al público de la tribuna, que ha colgado una bandera palestina, y en el que la teniente de alcalde, Irene Carvajal (Vox), ha acusado a los grupos de la izquierda de “coser una estrella amarilla en el maillot de los deportistas israelíes”.

La tensión ha comenzado antes de que Carvajal expusiera una moción en la que instaba al Ayuntamiento a condenar los actos de boicot y de violencia a La Vuelta, ya que la portavoz de Vox ha pedido desestimar las enmiendas al entender que no se ajustaban a derecho ni al contenido de la iniciativa.

El secretario municipal ha hecho hincapié en que un punto de una enmienda de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) en la que pedía el boicot activo a Israel podría no ajustarse a derecho, lo que ha llevado a su portavoz, Rocío Anguita, a retirar este acuerdo, lo que ha agradecido el regidor ya que “importantes entidades deportivas participadas con capital israelí”.

Tras este primer escollo, Carnero ha dado el visto bueno a que continúe el debate, en el que Irene Carvajal ha criticado las llamadas al boicot de algunos políticos, como el portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, y ha acusado a los representantes de PSOE y de VTLP de “ser responsables directos de lo acontecido” durante la crono de La Vuelta.

La teniente de alcalde, además, ha reprochado a los grupos de izquierda por no condenar los ataques del 7 de octubre de Hamás contra la población israelí, así como ha reivindicado los valores del deporte y la importancia de la Vuelta Ciclista a España para la imagen de España y de las ciudades por las que pasa, principios que también ha apoyado la portavoz del PP, Blanca Jiménez.

Por su parte, la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, y de la concejala socialista Charo Chávez han coincidido en condenar los ataques del 7 de octubre y han reivindicado la defensa de los Derechos Humanos y las protestas pacíficas durante La Vuelta.

Para Chávez, esta iniciativa es “una burda manipulación contra el Gobierno de España”, ha subrayado el carácter pacífico de las protestas que, además, fueron “esperadas, previstas y perfectamente gestionadas por las fuerzas de seguridad”.

Rocío Anguita (VTLP) ha subrayado la necesidad de que se cumpla la legalidad internacional, ha recordado el informe de la ONU fechado a 16 de septiembre que señala que “se está produciendo un genocidio en Gaza” y ha recordado que desde la invasión israelí de la Franja de Gaza, ha habido 1,9 millones de personas desplazadas, más de 60.000 fallecidos directos y su población se encuentra en una situación de hambruna.

Tras el debate, PP y Vox han rechazado el conjunto de las enmiendas de VTLP; se ha aprobado una de las propuestas del PSOE - “el Ayuntamiento de Valladolid respalda la posición defendida por el jefe del Estado (el rey Felipe VI) en la última Asamblea de la ONU” - y la moción completa de Vox, que arranca con la condena “expresa y firme” de los actos de “boicot, sabotaje y violencia” producidos durante La Vuelta.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha impedido que el Grupo Municipal Socialista lleve al próximo Pleno del Ayuntamiento la moción que exigía transparencia sobre la labor de su denominado 'alcalde B', un puesto creado de manera ilegal según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El cargo de director de Coordinación de Políticas Públicas, creado por la corporación municipal de PP y Vox al llegar al equipo de gobierno, recayó en Indalecio Escudero, puesto que fue legalizado por el Consistorio tras una “modificación puntual” del Reglamento Orgánico del año 1996.

Desde el Grupo Municipal Socialista, su portavoz, Pedro Herrero, ha señalado que “los ciudadanos tienen derecho a saber cuál ha sido la aportación de este alto cargo nombrado a dedo por el actual alcalde”, cuyo coste anual asciende a 156.762 euros. Según los cálculos de los socialistas, este cargo supondría un gasto total de 627.048 euros durante el mandato. “La Corporación instaba al alcalde a demostrar la utilidad de este alto cargo para nuestro Ayuntamiento y nuestra ciudad”, ha explicado Herrero, que ha recordado que este puesto no existía en anteriores legislaturas, ni en las de Tomás Rodríguez Bolaños, Javier León de la Riva ni Óscar Puente.

El Grupo Socialista había previsto presentar esta moción en el Pleno del próximo lunes 29 de septiembre, exigiendo al equipo de gobierno que explicara los resultados y la actividad del 'alcalde B' durante los últimos dos años. Sin embargo, Carnero ha bloqueado que la moción se pueda debatir. “El alcalde tiene la obligación de rendir cuentas sobre este puesto de libre designación. ¿Cuál ha sido su trabajo? ¿En qué se ha beneficiado la ciudad? Son preguntas que los ciudadanos merecen conocer”, ha insistido Herrero.

El veto ha llegado en la Junta de Portavoces, donde el alcalde se ha negado a admitir esta moción, en palabras de Herrero. “Se ha negado a admitirla, ha dicho que es una falta de respeto”, ha relatado el portavoz socialista. Esta decisión ha sido apoyada por los portavoces municipales de PP y Vox.

Valladolid Toma la Palabra alerta de un “grave retroceso democrático”

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha calificado la decisión de Carnero como “un precedente muy peligroso” para el debate democrático en la ciudad. “El equipo de gobierno acaba de abrir la puerta a la censura política, un camino que creemos que es muy, muy peligroso en la política institucional en Valladolid”, ha señalado Anguita.

“No puede ser que el alcalde vete una moción de un grupo político de la oposición porque no le gustan los términos en los que está planteado el debate. Esto no es un motivo suficiente: no hay un marco legal que ampare esta decisión y claramente abre un tiempo oscuro en el Ayuntamiento de Valladolid”, ha señalado la portavoz, que también ha criticado el papel de Vox en esta decisión: “La censura y el veto político se están haciendo fuertes con el apoyo del partido de la extrema derecha, que ha estado decidido a apoyar al alcalde en este punto en la Junta de Portavoces”.

Una Junta de Portavoces “inaudita” para Carnero

El alcalde ha señalado que para él, la Junta de Portavoces ha sido “inaudita”. “Les he significado a los portavoces que no había ningún problema en debatir sobre los cometidos que realiza el director de Coordinación de Políticas Públicas en el Ayuntamiento. Ese es un puesto de funcionario, en la relación de puestos de trabajo y amparado por la reforma del reglamento municipal. Aquí no hay 'alcalde b', hay un alcalde asistido por los concejales del equipo de gobierno y los funcionarios del Ayuntamiento”, ha argumentado.

Carnero se ha remitido a “eliminar la expresión de alcalde b de la moción” para debatir sobre el director de Coordinación de Políticas Públicas. El regidor ha repetido que no ha admitido la moción por esa expresión porque en Valladolid “no hay alcalde b”.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha acusado al PP y Vox de negar “dar información sobre el uso del coche oficial” del regidor de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP)“. Esta ”falta de transparencia“, han asegurado, queda latente al conocerse la actividad diaria de ”todos los vehículos oficiales excepto el del actual alcalde“.

Los socialistas han propuesto en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid que “se procederá a registrar la actividad del puesto de conductor del alcalde en las mismas condiciones en las que se registra la actividad del resto de conductores de la Alcaldía”. Ante esto, según el PSOE, PP y Vox han mostrado su rechazo a una propuesta que desde la oposición entienden que “se ampara en la legislación y en la voluntad política sobre la transparencia”.

Para los socialistas, el programa con el que el Partido Popular concurrió a las Elecciones Municipales del 2023 contemplaba un compromiso con la transparencia.  “Mejoraremos el Portal de Transparencia, comprometiéndonos a publicar una información completa, actualizada, veraz, fidedigna, accesible, y fácilmente comprensible para todos, que permita un seguimiento real de la actividad desarrollada por el gobierno municipal en la ciudad de Valladolid”, según recogía el mismo documento.

A este punto, han afirmado desde el GMS, se añadió otro párrafo con esta precisión: “La publicación de los datos en formatos abiertos genera confianza en las instituciones, muestra cómo se gestionan e invierten los recursos públicos, ayuda al desarrollo económico y contribuye a generar nuevos sectores y servicios en la ciudadanía”. Además el pacto de gobierno entre PP y Vox recogía que en su modelo de ciudad también incluía una “Gestión municipal transparente.”

“El incumplimiento es flagrante. Es evidente que Carnero no apuesta por la transparencia porque oculta datos del uso de su vehículo oficial; es decir, en lugar de dar ejemplo se niega a procurar información sobre el destino de los recursos públicos”, ha explicado el consejal del PSOE, Juan Carlos Hernández.

El edil ha reprochado que PP y Vox hayan rechazado la propuesta del Grupo Municipal Socialista para que se registren todos los datos y así los ciudadanos y sus representantes públicos tengan acceso a la información.  

Desde el PSOE han recorado que en la Alcaldía existen “cuatro puestos de conductor” integrados en la unidad de régimen interior. “Desde hace muchos años se lleva un registro documental detallado de su actividad indicando los servicios que prestan, su destino, los ocupantes y todos los datos sobre el recorrido. Todos los servicios de los coches oficiales se registran, pero desde que Carnero es alcalde hay una excepción. Además de la contratación de un conductor propio, el actual alcalde se niega, una vez más, a incluir sus viajes en un registro documental”, han reprochado los socialistas.  

El comunicado del GMS concluye citando a La Ley 40/2015 de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público, que dispone en su artículo 3 (Principios Generales que las Administraciones Públicas) que “deben respetar en su actuación y relaciones, entre otros, el principio de ”Transparencia de la actuación administrativa“ y también el de ”Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos“”.

El PP asegura que es un “intento burdo” para confundir a la ciudadanía

La concejala de Modernización Administrativa, Silvia Tomillo (PP), ha respondido al PSOE asegurando que es un “intento muy burdo” de “confundir a la ciudadanía con un tema inventado” que es “gravísimo”.

“Han preguntado esto hace semanas y se les ha dado la respuesta pertinente y ahora vuelven a traerlo en modo de moción, a pesar de que se ha emitido desde Secretaría General un informe que ha explicado con claridad que esa información no está documentada, por tanto, no se la podemos no se la podemos dar”, ha asegurado Tomillo.

La justificación para que no esté documentada la actividad del chófer del alcalde es que se trata de “un conductor eventual con un régimen distinto y, por tanto, no se le puede equiparar al resto de conductores del Ayuntamiento”, ha explicado la concejala. Esta figura de conductor está “supervisado directamente por Alcaldía y tiene una disponibilidad de 24 horas”, ha agregado Tomillo.

“Compararlo con una unidad de régimen interior es falsear la realidad y ellos lo saben, que es lo verdaderamente vergonzoso que hace el PSOE. Además, ellos durante años han estado derrochando fondos públicos sin dar ningún tipo de explicación y ahora vienen a dar lecciones de transparencia”, ha reprochado la responsable municipal de Modernización Administrativa.

“Transparencia, no es manipular, transparencia no es montar de artes artificiales, transparencia es cumplir la ley, respetar informes técnicos y dejar que el Ayuntamiento haga su trabajo y, especialmente, dejar de usar el Ayuntamiento como plataforma política, y en eso el PSOE no tiene ninguna credibilidad”, ha remachado Tomillo.

La Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) ha decidido llevar a los tribunales al Ayuntamiento de Valladolid por el fraccionamiento del pago de su aportación correspondiente al ejercicio de 2024, que ascendía a 11 millones de euros. En su última reunión, el consejo de administración de la sociedad acordó impugnar el decreto de Alcaldía aprobado en junio, mediante el cual el consistorio decidió de forma unilateral abonar solo una parte de la cantidad comprometida: 1,2 millones. Una información que han adelantado Diario de Valladolid y SER Valladolid y que ha confirmado también elDiario.es. La impugnación llega con el voto en contra del Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León.

En noviembre del pasado 2024, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), envió una carta a la presidenta de Adif-Alta Velocidad, Irene Bonet, para explicar su negativa al requerimiento del pago de 11 millones obligado por el convenio firmado en 2017 para las obras de integración ferroviaria.

El pago debía realizarse antes del 31 de marzo pasado, pero dos meses antes, el 29 de enero, el Ayuntamiento de Valladolid se dirigió a la presidenta de la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio, Elena González, para informar de su decisión de aplazar ese pago y fraccionarlo en cantidades que abonaría entre 2025 y 2033. Transcurridos más de tres meses sin respuesta por parte de la Comisión Mixta, el alcalde entiende ese “silencio administrativo” como una estimación de su propuesta. Carnero, además, afirmó que fue el propio Ministerio quien propuso el “aplazamiento” de este pago.

De los 11.075.000 euros que el Ayuntamiento debía aportar a la Sociedad en el año 2024, el consistorio decidió unilateralmente en el mes de junio pagar solo 1.230.000 euros. Y todo ello pese a que tanto el Consejo de la Sociedad como la comisión de seguimiento del convenio de 2017, ya habían acordado no modificar el calendario de aportaciones previsto. Por tanto, el Ayuntamiento abonó una cantidad que no era la acordada.

El Ministerio de Transportes ya había mostrado su desacuerdo con esta fórmula, en palabras del secretario de Estado, José Antonio Santano, que advirtió que el Ayuntamiento no estaba al corriente de pago, en declaraciones a la Cadena SER. La SVAV ha llevado el caso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, al entender que el Ayuntamiento ha incumplido las obligaciones recogidas en el convenio que regula la sociedad y que no puede decidir de forma unilateral la cuantía ni la modalidad de la aportación.

Futuro de la SVAV

La impugnación por este pago es la primera maniobra del Ministerio y Adif para resolver el futuro próximo de la propia sociedad, que se encuentra en estos momentos paralizada por la negativa de Carnero, de la mano de la Junta de Castilla y León, para aprobar los tres pasos previstos en la zona de Ariza que debían tener ya el visto bueno de los socios.

El alcalde de Valladolid justificó esta negativa a un “caos circulatorio”, sin ningún informe sobre el mismo, e impidió que se continuara con tres obras claves en la integración de la ciudad. Carnero ha apostado por el soterramiento y, con la construcción de estos tres pasos, además de la estación de trenes, no se podría producir.