El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reprochado al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que se burlase de la grave lesión que sufrió en plena campaña de las elecciones locales de 2023, cuando durante la visita a unas obras, resbaló y se rompió el cuádriceps. En una entrevista en la Cadena Ser, Puente ha aclarado por qué le ha dolido especialmente la actuación de Carnero, con el que tuvo una relación más que cordial antes de que este le sucediese como alcalde.

La situación se inició a partir de un post de Puente en la que con cierta sorna recogía varias capturas de pantalla de Alberto Núñez Feijóo el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el adelanto electoral. “Se huele el miedo”, escribió el ministro.

El PP contestó desde su cuenta oficial con un “miedo le tenías tú a un esguince”, y un vídeo del momento posterior a la caída de Puente, difundido por el pseudo medio EdaTV en su momento y el que Puente gritaba de dolor.

Lejos de afear ese post, Jesús Julio Carnero lo reposteó, lo que ha provocado la decepción de Puente. El post del PP, ha dicho, es “su retrato de lo que son y de cómo son”. El ministro ha reconocido que el post le “fastidia” “desde el punto de vista de la pedagogía”, porque reírse del dolor físico de otra persona entra en ese concepto de maldad“ y ”es malo sobre todo por los críos, porque eso se reproduce luego en el patio del colegio“.

“Una de las personas que retuitean ese vídeo, para dolor profundo mío, es el actual alcalde de Valladolid”, ha comentado. “Para que veas que no somos iguales. El actual alcalde de Valladolid tuvo un problema muy serio en el COVID, estuvo muy grave, estuvo en la UVI, estuvo entubado. Yo llamaba todos los días preguntando por él, todos los días. Y si quiere desmentirlo, que lo desmienta. Yo le mandaba un mensaje por WhatsApp sabiendo que no lo podía leer, pero esperaba que lo leyera cuando se despertara”, ha recordado. Puente también le envió vídeos de su hija, aficionada a la música, cantando, porque sabe que Carnero es un “melómano potente”. Cuando salió del coma inducido, Carnero le agradeció esos mensajes.“

Siempre hemos sido adversarios políticos, él entonces era consejero de la Junta de Castilla y León, yo era el alcalde de Valladolid, pero siempre hubo un respeto, una relación“, ha explicado.”Verle retuitear el otro día el vídeo, sabiendo, como sabe, que yo, siendo alcalde, me rompí la pierna visitando una obra, es decir, trabajando, con las consecuencias que ha tenido para mí, que tengo la pierna destrozada y tengo tres operaciones en la pierna, entonces, no sé, me pareció tan terrible...“

El ministro ha añadido que nada se justifica por su estilo agresivo en redes. “Lo que intento es utilizar el ingenio. A veces es ácido, a veces es contundente pero hasta ahí. Yo no me río nunca del dolor de las personas porque no me parece que eso sea un argumento político”, ha zanjado.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, volverá a cobrar el Ayuntamiento tras la disolución del Congreso y el Senado y la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre, según ha explicado este lunes en una entrevista en Cadena Ser Valladolid. El regidor vallisoletano asumió su responsabilidad municipal el 17 de junio de 2023 y juró el cargo de senador el 17 de agosto. Resulta incompatible cobrar por ambos cargos, así que Carnero ha defendido estos tres años que cobraba del Senado para “ahorrarle” ese dinero a las arcas municipales.

“Dejo de cobrar como senador y, por tanto, empiezo a cobrar del Ayuntamiento, que hasta ahora le he salido gratis total”, ha defendido en el programa Hoy por Hoy Valladolid, en el que ha insistido: “Este alcalde ha sido el que le ha salido más barato [el Ayuntamiento] a lo largo de su historia. Tres años cobrando del Senado y no del Ayuntamiento”.

También ha defendido la figura del coordinador de Políticas Públicas (conocido como 'alcalde B'), un puesto creado de manera ilegal y que fue legalizado por el Consistorio tras una “modificación puntual” del Reglamento Orgánico del año 1996. El Ayuntamiento justificó este cargo por “razones de eficacia” y el alcalde ha apuntado que este coordinador, que tiene un sueldo de 85.000 euros, es “independiente de que el alcalde sea o no sea senador”.

“Seguirá habiendo ese coordinador siempre que el PP gobierne este Ayuntamiento. Otros, cuando gobiernen, que espero que sea muy tarde o nunca... allá ellos”, ha enfatizado Carnero, quien ha asegurado que es un puesto similar al de “jefe de área” para la Alcaldía. El puesto recayó en 2023 en Indalecio Escudero, mano derecha de Jesús Julio Carnero en sus etapas como presidente de la Diputación de Valladolid y consejero de la Junta de Castilla y León. Hace un año el regidor vallisoletano impidió un debate municipal relativa a la labor de este coordinador, hecho por el que la Justicia condenó a Carnero y obligó a permitir esta moción.

El alcalde de Valladolid también ha comentado a los medios de comunicación que está a disposición de su partido si quiere volver a incluirle en las listas al Senado del 29 de noviembre y ha insistido en que su motivación para ir al Senado no ha cambiado: el soterramiento, una infraestructura que prometió independientemente de qué partido dirigiera el Gobierno de España.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha considerado que este lunes es un día importante por la convocatoria de elecciones generales anunciada esta jornada y ha dicho que se trata de dar la voz al pueblo y hablar de pasar página de la época más negra vivida durante la democracia española.

“Estamos ante un día importante y deseado por la mayoría de los españoles; por lo menos yo pienso que por muchísimos españoles. Es lo que estaban deseando y es lo que queremos, que se dé la voz al pueblo, de eso se trata y eso es lo que va a acontecer el día 29” de noviembre, ha manifestado a los periodistas.

Se trata de hablar de que “tenemos que pasar página a la época más negra que hemos vivido durante la democracia española, que son estos ocho años de Gobierno sanchista que ha implicado una situación de retroceso para todos los españoles y, por supuesto, también para Valladolid”, ha opinado.

Carnero ha expresado su satisfacción porque la legislatura termine de manera anticipada y ha subrayado que “hasta en eso mentía” el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando decía que culminaría la legislatura.

“Estamos en un momento único en el que vamos a poder expresar la España que queremos y la España que queremos es una España decente, honesta, de progreso y sin desahucios”, de los que se han registrado cerca de 300.000 en estos ocho años.

“Nos merecemos todas y cada una de las políticas que nos conciernen y que suponen la prosperidad económica y social de un país que lo único que ha tenido durante estos ocho años es la mentira por toda política”, ha resumido.

Acerca de si se planteará seguir en la lista del PP como senador, ha respondido que le corresponde decidir al partido y ha añadido que su motivación de luchar por el soterramiento del tren no ha cambiado y seguirá luchando por este objetivo en cualquier elección en el puesto en el que se encuentre, como ciudadano de a pie o como candidato en una lista determinada, sean comicios municipales o del tipo que sean.

Preguntado por si le gustaría volver a estar en el Senado, con independencia de lo que decida su partido, Carnero ha contestado que no se trata de gustos, “esto va de que necesitamos la mejor de las políticas” y en estos momentos la encarna el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, que es “garantía de honestidad, progreso, y desarrollo social y económico del país”.

El protocolo de acceso a las viviendas municipales de alquiler del Ayuntamiento de Valladolid para colectivos vulnerables contraviene la legislación sobre violencia de género y debe modificarse para incluir a las víctimas de violencia machista. Esa es la principal conclusión del informe jurídico encargado por Alcaldía el pasado 14 de septiembre, después de que el PSOE desvelase que en mayo se había efectuado un cambio en el protocolo que pasó desapercibido en un primer momento, al sustituir a las víctimas de violencia de género por las víctimas de violencia doméstica.

Para el equipo de gobierno, formado por la coalición PP-Vox, la violencia doméstica incluye la violencia machista, algo que descarta tajantemente el informe. El patinazo jurídico y político del equipo de gobierno se advirtió también por colectivos feministas que habían convocado una manifestación para el próximo domingo para exigir una rectificación. También se planteaba intervenir con un recurso el Ministerio de Igualdad.

“La cuestión planteada debe responderse, desde el punto de vista jurídico, de manera negativa entendiendo, en consecuencia, que el protocolo aprobado por VIVA (la empresa municipal que gestional la vivienda), no se ajusta a lo que resulta de aplicar la legislación sobre violencia de género”, se apunta en el informe.

Además, incide en que la legislación aplicable “obliga a referenciar de manera singular y expresa” a las mujeres víctimas de violencia de género y que esta violencia de género a las mujeres puede manifestarse en el ámbito doméstico y/o familiar pero también en otros diferentes a lo que hay que añadir que la violencia de género según la legislación que se aplica está directamente relacionada con el género interviniendo en ella unos sujetos, tanto desde el punto de vista activo (hombre) como pasivo (mujer o hijos / familiares menores de edad con los que tenga relación) que no son coincidentes con la violencia en el ámbito doméstico y / o familiar. “Dicho de otra manera: en el ámbito doméstico y/ o familiar puede haber violencia de género pero no toda violencia en el ámbito dicho, es de género, a lo que hay que añadir que ésta, la de violencia de género, puede producirse fuera de ese ámbito”.

Entrando en el terreno normativo, señala que en el ámbito de la vivienda se aplica el árticulo 28 de la Ley Orgánica 1/2004 y el artículo 35 de la Ley 13/2010, donde se establecen medidas orientadas a proteger singularmente a mujeres víctimas de violencia de género. La normativa se complementa con la Ley 9/2010, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, cuyo artículo 5 considera colectivo de especial vulnerabilidad en el acceso a la vivienda de protección pública y entre otros, a las mujeres víctimas de violencia de género, y hay que tener en cuenta la finalidad de esa ley en los planes de vivienda. Pero es que además, la valoración de “situación de víctima de violencia doméstica o en el ámbito familiar” no da prioridad al colectivo de víctimas de violencia de género por que la puntación que se obtiene en ese apartado es la misma cuando hay violencia doméstica que no se puede calificar como de género. Por todo ello el informe insta a completar el protocolo de acceso a la vivienda de alquiler aprobado por VIVA incluyendo a las víctimas de violencia machista.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero ha considerado que se trata de una victoria sobre todo de las mujeres, y de los colectivos y grupos políticos, además de una derrota “política y jurídica” del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, “por abrazarse a la extrema derecha”.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha asegurado que no bloquea la implantación de una gigafactoría de baterías eléctricas en la empresa china Gotion en Valladolid y ha recordado que el expediente, que continúa abierto, podrá continuar una vez se apliquen soluciones acordes a la normativa.

A través de un comunicado, el Ministerio ha respondido a la petición del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero (PP), para mantener una reunión urgente con el fin de “desbloquear” la llegada de esta empresa, después de que diera a conocer el informe negativo de la Subdirección General de Planificación y Proyectos a la modificación del PGOU.

Así lo ha anunciado este lunes el alcalde en declaraciones a los periodistas, donde ha explicado que el informe se pronuncia en contra de la propuesta del Consistorio de poner en marcha un enlace viario directo a la Vereda de Palomares, donde se instalarán las fábricas.

Según el Consistorio, la Subdirección General de Planificación y Proyectos rechaza una entrada directa a Palomares y plantea que sería necesario establecer vías colectoras en los municipios vecinos de Renedo de Esgueva y Santovenia de Pisuerga.

El informe, al que ha tenido acceso EFE, indica que la entrada directa a la Vereda de Palomares -donde se instalarán fábricas- no cumple con la normativa, un hecho que según fuentes ministeriales el Consistorio conoce desde diciembre de 2025.

En concreto, la propuesta del Ministerio señala que sería necesario establecer vías colectoras en los municipios vecinos de Renedo de Esgueva y Santovenia de Pisuerga y mejoras de los enlaces existentes.

Asimismo, subraya que el estudio elaborado por el Consistorio detecta posibles colas y afecciones a la seguridad, pero no incorpora medidas suficientes para resolverlas.

Por ello, el Ministerio está abierto a estudiar conjuntamente cualquier solución que sea técnicamente viable, segura y conforme a la normativa e incide en que, en cuanto el Ayuntamiento presente esa solución, el expediente podrá continuar.

Por su parte, el alcalde de la ciudad ha insistido en que confía en que la situación se resuelva desde el punto de vista técnico e institucional y ha recordado que su propuesta de modificación del PGOU era la misma que la de su predecesor -el actual ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE)- para la implantación de una factoría de baterías de la empresa Inobat. 

Por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, las funciones del denominado ‘alcalde B’ por la oposición en el Ayuntamiento de Valladolid, el coordinador de Políticas Públicas creado por el equipo de Gobierno de Jesús Julio Carnero, ha vuelto al Pleno.

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha asegurado que Carnero ha faltado a su puesto como alcalde durante “248 de los 783 días laborables” transcurridos desde el inicio del mandato, lo que supone, según sus cálculos, “uno de cada tres días de trabajo”. La concejala ha reclamado además conocer qué rendimiento ha tenido para Valladolid la actividad de Carnero como senador y qué reuniones o acuerdos ha mantenido en Madrid con miembros del Gobierno.

Según el TSJ el Ayuntamiento estaba obligado a debatir las dos mociones vetadas por Carnero: una centrada en que el alcalde explique la utilidad del coordinador de Políticas Públicas, conocido como ‘alcalde B’, y otra que reclama que Carnero se dedique más a las funciones propias de la Alcaldía.

El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha defendido que la solución pasa por eliminar el puesto y repartir sus funciones entre los concejales del equipo de Gobierno. Según sus cálculos, la supresión permitiría ahorrar alrededor de “160.000 euros anuales” entre el puesto de coordinador y el administrativo asociado.

Herrero ha explicado que el Ayuntamiento debería volver al modelo tradicional en el que el alcalde ejerce directamente sus funciones, mientras Carnero podría continuar con su actividad en el Senado. “Ningún alcalde de Valladolid jamás necesita un alcalde B, hasta que llegó usted”, ha indicado.

Vuelta al Pleno por decisión judicial

La inclusión en el orden del día se ha producido después de que los tribunales dieran la razón al PSOE en su recurso contra la decisión de Carnero de impedir inicialmente el debate de las dos mociones. La resolución reconoce el derecho de los grupos de la oposición a llevar ambas iniciativas al Pleno y rechaza que la utilización del término ‘alcalde B’ justificara impedir su deliberación. La sentencia señala que la expresión identifica un puesto perfectamente concreto y que no puede considerarse objetivamente denigrante o peyorativa.

El fallo considera además que la decisión de impedir el debate restringió indebidamente el derecho de participación política de los concejales de la oposición.

El PSOE pide documentos que acrediten qué hace el ‘alcalde B’

Durante la primera moción, Herrero ha reclamado a Carnero que aporte documentos que permitan conocer las funciones efectivamente desarrolladas por el coordinador de Políticas Públicas. “Ciérrenos la boca”, le ha espetado, para después de señalar que los funcionarios acreditan su actividad a través de los expedientes y documentos que firman.

La oposición ha puesto en duda la utilidad del puesto, que ocupa Indalecio Escudero, antiguo jefe de gabinete de Carnero durante su etapa en la Diputación y exdirector general cuando el actual alcalde era consejero de la Junta. El cargo fue creado en 2023 y posteriormente el Ayuntamiento modificó el Reglamento Orgánico para darle cobertura después de que la justicia anulara el cargo.

Valladolid Toma la Palabra ha asegurado que no conoce documentos, expedientes o propuestas firmadas por el coordinador que permitan comprobar el desempeño de las funciones que tiene atribuidas. Anguita ha cuestionado también que pueda hablarse de una verdadera coordinación del Gobierno municipal, función en de la que debería encargarse Escudero.

Vox se niega a entrar en el debate

Vox ha rechazado participar en la discusión sobre el ‘alcalde B’ en los términos planteados por la oposición. La teniente de alcalde Irene Carvajal ha acusado al PSOE de utilizar a un empleado público como elemento de confrontación política y ha defendido que el funcionario debe ser mencionado por su nombre y apellidos.

Carvajal ha asegurado que su grupo no entrará en ninguna moción en la que se utilicen “apodos, chascarrillos” contra empleados públicos y ha acusado a la oposición de protagonizar una campaña de hostigamiento contra funcionarios municipales.

La concejala del PP, Blanca Jiménez, ha interpelado a la concejala socialista Charo Chávez durante el debate. “¿Me está usted insultando, señora Chávez?”, ha preguntado Jiménez desde el escaño, mientras Herrero reprochaba al alcalde que las intervenciones de las concejalas de la oposición estuvieran sometidas a un control del tiempo que, a su juicio, no se aplicaba de la misma manera a Vox.

El PP responde con Puente, el Senado y la etapa socialista

La defensa del equipo de Gobierno dada por Blanca Jiménez se ha centrado ha acusado al PSOE de convertir el asunto en una cuestión recurrente y ha defendido que el coordinador de Políticas Públicas es un puesto legal y de apoyo a la Alcaldía.

Jiménez ha respondido a las críticas sobre la actividad de Carnero en el Senado asegurando que el alcalde ha registrado “428 iniciativas” en la Cámara Alta, frente a “una” del exsenador socialista Javier Izquierdo, según la edil 'popular'.

La concejala popular también ha recurrido a la etapa de Óscar Puente como alcalde de Valladolid para contraatacar al PSOE y ha recordado el nombramiento en 2015 de un puesto de libre designación reservado a funcionarios que ocupó quien posteriormente sería alto cargo del Gobierno de España.

Jiménez ha llevado su intervención hacia las sentencias judiciales de la etapa socialista y hacia la tesis doctoral de Herrero, cuestionando el futuro político de Herrero en el Ayuntamiento de Valladolid.

Herrero ha respondido acusando al PP de evitar el asunto central de la moción: explicar qué hace realmente el ‘alcalde B’. “Catarata de argumentos tremendos para no decir nada del alcalde B”, ha remachado al cerrar su intervención.

Dos mociones rechazadas por PP y Vox

Las dos iniciativas socialistas han terminado siendo rechazadas por la mayoría que forman PP y Vox. Ambas votaciones han arrojado el mismo resultado: “13 votos a favor y 14 en contra”.

La primera pedía a Carnero demostrar la utilidad del coordinador de Políticas Públicas. La segunda planteaba eliminar el puesto y redistribuir sus funciones dentro del equipo de Gobierno, con un ahorro estimado por el PSOE de unos 160.000 euros anuales.

PP y Vox en el Ayuntamiento de Valladolid han rechazado, con 14 votos en contra frente a 13 a favor, la moción de PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) que reclamaba recuperar la referencia expresa a las víctimas de violencia de género en el protocolo municipal de acceso a vivienda pública y restituir los 1,5 puntos que contemplaba el baremo anterior.

El debate durante el Pleno ha derivado además en una bronca entre la teniente de alcalde y concejala de Vox, Irene Carvajal, la oposición e integrantes de la Coordinadora de Mujeres, con interrupciones, reproches e insultos cruzados. Carvajal ha acusado a PSOE y VTLP de convertir el asunto en un “circo político” y de utilizar a las mujeres víctimas para obtener “una foto y un titular”.

Carvajal, después de ser interrumpida durante su intervención por el público, ha señalado a la tribuna y ha hablado de “los fascistas que hay ahí arriba”, mientras desde el público coreaban “fuera, fascistas de Valladolid” y “es violencia de género”, como hicieron la semana pasada en el inicio de curso político también en el parlamento autonómico. UGT Valladolid ha rechazado estos insultos y han enmarcado las protestas del palco en el “derecho a protestar libremente”.

“Llama la atención que, con el argumentario que utiliza su partido, sea ella la que acuse de ejercer la violencia y ser fascistas a quienes defendemos la Ley y exigimos su cumplimiento. Las protestas no son violencia. Negar la violencia machista, sí”, ha zanjado UGT en un comunicado remitido a los medios.

La propia Carvajal ha tenido que ser interpelada en varias ocasiones por el alcalde, Jesús Julio Carnero, que le ha pedido que terminara su intervención al haber superado el tiempo. “Señora Carvajal, le ruego que termine ya”, le ha advertido el regidor. El alcalde también ha reclamado silencio y respeto al público durante el debate y la propia teniente de alcalde ha exigido que se retiren los insultos a su persona.

En este pleno se debatía una moción para recuperar en la distinción a las mujeres víctimas de violencia de género dentro del nuevo protocolo de acceso a las viviendas municipales de alquiler de VIVA, aprobado en mayo con los votos de PP y Vox. El anterior baremo otorgaba 1,5 puntos a las víctimas de violencia de género. El nuevo texto sustituye esa referencia por la de víctimas de violencia doméstica o en el ámbito familiar, una categoría que el Gobierno municipal defiende como más amplia y que, según la oposición, diluye la protección específica de las mujeres víctimas de violencia machista.

La socialista Rafaela Romero ha reclamado durante el pleno que se dé marcha atrás y ha insistido en que “violencia de género y violencia doméstica no son lo mismo”. Para el PSOE, el cambio no es meramente terminológico porque modifica también la puntuación asociada a las víctimas. Romero ha sostenido que las mujeres que antes tenían 1,5 puntos pasan a quedar incluidas en una categoría que recibe un punto.

Rocío Anguita, de VTLP, ha defendido que la legislación estatal y autonómica establece una protección específica para las víctimas de violencia de género y ha cuestionado que el Ayuntamiento pueda sustituirla por una categoría genérica sin un informe jurídico que avale el cambio. También ha criticado que se haya eliminado del protocolo la valoración de dos puntos asociada anteriormente al paso por recursos asistenciales o habitacionales, como casas de acogida.

“¿Un punto es más que un punto y medio?”, ha ironizado durante su intervención. “Las matemáticas no fallan, es menos”, ha remachado.

Los colectivos de mujeres reclaman volver al protocolo anterior

El debate ha contado con la intervención de representantes del movimiento feminista y vecinal. Nina Infante, del Foro Feminista de Castilla y León, ha reclamado que se mantenga el reconocimiento específico de las mujeres víctimas de violencia de género y ha insistido en que no puede equipararse con la violencia doméstica.

Paula Granado, de la Federación de Asociaciones Vecinales y Consumidores Antonio Machado, ha incidido en la misma cuestión. Ha recordado que el Plan Municipal de Vivienda 2026-2030, aprobado en abril, sí reconoce expresamente la violencia de género, mientras que apenas unas semanas después el protocolo de acceso a la vivienda sustituía esa referencia por la violencia doméstica.

Las organizaciones han defendido que esa modificación no es un simple cambio de vocabulario, sino una alteración de las prioridades en el acceso a recursos públicos. Este asunto también fue abordado hace 15 días, en una reunión extraordinaria del Consejo Municipal de las Mujeres, en la que numerosas entidades abandonaron la sesión en protesta por la forma en que se estaba tratando el cambio del protocolo.

Vox defiende que la violencia doméstica amplía la protección

Irene Carvajal ha defendido durante buena parte de su intervención la decisión adoptada por PP y Vox. Su argumento es que la violencia doméstica constituye una categoría más amplia que permite incluir a víctimas que no quedaban contempladas en el anterior baremo: menores, personas mayores, personas con discapacidad, dependientes y hombres víctimas de violencia en el ámbito familiar.

La concejala de Vox ha citado el Convenio de Estambul y el artículo 173.2 del Código Penal para sostener que la violencia doméstica engloba diferentes formas de violencia dentro de las relaciones familiares y de convivencia. A su juicio, integrar las víctimas de violencia de género en esa categoría no supone reducir su protección siempre que se mantenga su prioridad efectiva en el acceso a una vivienda.

También ha defendido que el artículo 28 de la Ley Orgánica 1/2004 establece la prioridad de las víctimas de violencia de género en el acceso a vivienda protegida, pero no fija una puntuación concreta para los programas municipales de alquiler. Y ha señalado que las viviendas municipales de VIVA son viviendas libres, no viviendas calificadas como protegidas.

Carvajal ha acusado además al PSOE y a VTLP de no haber planteado objeciones cuando el protocolo se aprobó en mayo y ha asegurado que ambos grupos recibieron el texto 48 horas antes. La oposición, por su parte, ha defendido que sí se opusieron al cambio y cuestiona la forma en que se introdujo la modificación.

El PP asegura que no hay una menor protección

El equipo de gobierno ha defendido que el cambio de baremo no implica, según PP y Vox, una menor protección para las víctimas de violencia de género. El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP), ha asegurado que actualmente VIVA y los servicios sociales municipales disponen de mecanismos suficientes para atender a estas mujeres y ha afirmado que 16 viviendas están ocupadas en estos momentos por víctimas de violencia de género dentro de los recursos municipales. También ha reiterado que ninguna mujer víctima se quedará sin una solución habitacional.

La oposición ha respondido que no cuestiona la existencia de recursos asistenciales, sino que reclama que la protección quede expresamente recogida en las normas y protocolos que deben aplicar los empleados públicos.

Carnero anuncia un informe jurídico

Debido a la polémica generada, Carnero ha optado finalmente por pedir un informe a los servicios jurídicos municipales. El alcalde ha defendido que el Plan Director de Vivienda y Suelo, vigente hasta 2030, recoge la protección de las víctimas de violencia de género y ha sostenido que el nuevo protocolo “mejora” las políticas anteriores.

“Como el tema parece que es una cuestión jurídica, solicitaré al señor secretario y a los servicios jurídicos un informe jurídico de la cuestión”, ha anunciado antes de proceder a la votación.

Carnero ha insistido en que, a su juicio, el concepto de violencia doméstica utilizado en el protocolo incluye la violencia de género y ha asegurado que su Gobierno mantiene un compromiso “claro, determinante y diáfano” contra esta violencia.

La moción de PSOE y VTLP incluía cinco acuerdos. Todos fueron rechazados por PP y Vox, con 13 votos a favor y 14 en contra: reconocer expresamente a las víctimas de violencia de género como colectivo de protección específica y prioritaria; recuperar la diferenciación entre violencia de género y doméstica; restituir los 1,5 puntos del anterior baremo; garantizar las medidas específicas de protección en los instrumentos municipales y rendir cuentas al Consejo Municipal de las Mujeres.

PP y Vox piden más dinero al Gobierno para combatir la violencia machista

Mientras el equipo de gobierno ha votado en contra de la anterior moción, El PP, con el voto a favor de Vox, ha presentado otra moción para reclamar al Ejecutivo central un incremento de los recursos destinados a los ayuntamientos para luchar contra la violencia hacia las mujeres.

La iniciativa ha salido adelante por unanimidad en su punto principal. PP, PSOE y VTLP han coincidido en reclamar más financiación estatal, mientras que también se ha aprobado, con 24 votos a favor y tres en contra de Vox, instar a la Junta de Castilla y León a garantizar financiación suficiente para sus competencias en prevención, protección y atención a las víctimas.

La moción socialista incorporaba además reclamaciones de mayor coordinación entre administraciones, que también han sido aprobadas con 24 votos a favor y tres en contra.

El portavoz del PP, Rodrigo Nieto, ha defendido que Valladolid recibe cada vez menos dinero del Estado para estas políticas y ha reclamado que la financiación aumente a medida que más municipios se incorporan al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El PSOE ha aceptado pedir más fondos al Gobierno central, pero ha rechazado que la disminución de la cantidad recibida por Valladolid pueda presentarse como un recorte decidido específicamente contra la ciudad. La socialista Charo Chávez ha explicado que el reparto responde a criterios fijados legalmente y que el número de municipios incorporados al sistema de protección ha aumentado, lo que reduce la cantidad correspondiente a cada ayuntamiento.

La socialista ha reclamado también corresponsabilidad a todas las administraciones y ha señalado que Castilla y León recibe fondos estatales para desarrollar sus propias competencias en esta materia.

La “utilidad” del denominado por el PSOE de Valladolid como ‘alcalde B’ será debatida en el próximo pleno del Ayuntamiento de Valladolid. El tema, por sentencia judicial, ha sido incluido en la sesión del lunes 14 después de que fuese vetada por el regidor, Jesús Julio Carnero (PP), junto a una segunda, para que el regidor se dedicará “más a la Alcaldía”, en septiembre y octubre del pasado año.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León volviera a dar la razón a los socialistas el pasado viernes y que el equipo de gobierno haya decidido no recurrir el fallo, se debatarían sendas mociones sobre la figura del director de Coordinación de Políticas Pública, el conocido como 'alcalde b'. Este puesto, que ocupa Indalecio Escudero, ex jefe de gabinete del alcalde Jesús Julio Carnero cuando presidía la Diputación y exdirector general cuando era consejero en la Junta, ya fue anulado por el TSJ. El Ayuntamiento legalizó el cargo con una “modificación puntual” del Reglamento Orgánico del año 1996, y se negó a debatir en el Pleno la labor que llevaba a cabo Escudero.

La primera moción se presenta bajo el título “Moción para que el Sr. Carnero demuestre la utilidad de su ‘alcalde B’, cuyo puesto ha sido anulado por el TSJCYL”. La segunda, registrada el 21 de octubre de 2025, se denomina “Moción para que el alcalde se dedique más a la Alcaldía”. En ella, los socialistas plantean que el alcalde o la persona de su Gobierno que designe asuma las funciones específicas atribuidas al coordinador de Políticas Públicas.

El PSOE cree que a Carnero “le ha salido el tiro por la culata”

El enfrentamiento entre el Gobierno municipal y el PSOE por este cargo no es nuevo. El PSOE defiende que la creación del puesto supone un coste de 627.048 euros durante el mandato, a razón de 156.762 euros anuales. Los socialistas creen que el equipo de gobierno justifica la creación del cargo la necesidad de que Carnero pueda compatibilizar su actividad como alcalde con su condición de senador, uno de los motivos por los que desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid señalan.

Para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, a Carnero le “ha salido el tiro por la culata” y ha celebrado que no haya recurrido la sentencia. A su juicio, el alcalde ha terminado provocando precisamente el efecto contrario al que buscaba al impedir el debate.

“El señor Carnero nos prohibió hablar de su alcalde B, y lo único que ha conseguido, primero, es ser condenado y, segundo, que este debate llegue al Pleno, y además por partida doble”, ha señalado Herrero.

El portavoz socialista considera que el asunto no afecta únicamente a su grupo municipal, sino al conjunto de los vecinos de Valladolid, al entender que tienen derecho a conocer y debatir las funciones del cargo creado por el Gobierno municipal.

Herrero ha defendido además que el recurso judicial no tenía como objetivo proteger una “ocurrencia retórica”, sino garantizar la capacidad de los concejales de la oposición para fiscalizar la acción del Gobierno municipal.

El socialista ha acusado a Carnero de mantener una actitud “autoritaria” y ha reivindicado que la oposición pueda utilizar las expresiones que considere oportunas dentro del debate político.

En la sentencia del Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo se anula las decisiones adoptadas por Carnero para eliminar estos dos puntos y se reconoce expresamente el derecho a que las dos iniciativas políticas sean debatidas por el Pleno. También condena al Ayuntamiento al pago de las costas.

La Justicia rechazó además el argumento de que la utilización de la expresión ‘alcalde B’ justificara impedir el debate. La resolución señala que las mociones identifican de forma clara el puesto al que hacen referencia y concluye que la denominación no constituye “una expresión objetivamente denigrante o peyorativa”.

El fallo incide especialmente en el derecho de participación política de los concejales de la oposición. La sentencia sostiene que la libertad de expresión adquiere una protección mayor cuando se ejerce en el marco de funciones de representación pública y considera que obligar a la oposición a formular una moción en los términos que quiera el presidente de la corporación supondría una quiebra del derecho de participación y de control sobre los órganos de gobierno.

La resolución concluye que la discrecionalidad política está limitada por el derecho fundamental de participación pública y política de la oposición y considera que la decisión de impedir el debate supuso una restricción indebida del derecho recogido en el artículo 23.2 de la Constitución.

El Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a dar la razón al Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid (PP-Vox) y estima su recurso para que se debata en el Pleno la creación del puesto de 'alcalde B', como se conoce al director de Coordinación de Políticas Públicas. Este puesto, que ocupa Indalecio Escudero, ex jefe de gabinete del alcalde Jesús Julio Carnero cuando presidía la Diputación y exdirector general cuando era consejero en la Junta, ya fue anulado por el TSJ. El Ayuntamiento legalizó el cargo con una “modificación puntual” del Reglamento Orgánico del año 1996, y se negó a debatir en el Pleno la labor que llevaba a cabo Escudero.

Ahora, El Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo Plaza Nº 4 estimando el recurso del PSOE, anula las decisiones adoptadas por el alcalde, y reconoce expresamente el derecho a que ambas iniciativas políticas sean debatidas por el Pleno. Además, condena al alcalde a incluir las dos mociones en el orden del día de la próxima sesión plenaria y también se condena al Ayuntamiento al pago de las costas.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, que ha hablado de esta nueva condena en una rueda de prensa, recuerda que el Tribunal Supremo -tras la sentencia del TSJCYL- ratificó la ilegalidad del puesto creado por Carnero en 2023, el “alcalde B”, que, además de ser ilegal, implica un gasto para las arcas municipales de 627.048 euros a lo largo del mandato (156.762 euros anuales).

La sentencia deja claro que un alcalde no puede utilizar su cargo para decidir qué críticas políticas pueden debatirse en el Ayuntamiento. Herrero ha añadido que el recurso que interpuso no era para “proteger una ocurrencia retórica”, sino el derecho de todos los concejales a fiscalizar al Gobierno: “Y defender los derechos de la oposición equivale a defender el derecho de los vecinos a que los asuntos públicos se debatan abiertamente, sin censura”.

Para Pedro Herrero, Carnero ha conseguido lo contrario de lo que perseguía censurando el debate y ha provocado un “efecto búmeran”. “El actual alcalde intentó borrar del Pleno al ‘alcalde B’ y, paradójicamente, lo que ha conseguido es que una sentencia judicial le obligue a escuchar el debate que quiso censurar en dos ocasiones».

El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha calificado la actitud del alcalde de “dictatorial” ya que “En democracia un alcalde no puede decidir qué palabras puede utilizar la oposición, ni impedir un debate simplemente porque no le guste la crítica que contiene. Es una actitud autoritaria propia de otros tiempos pasados”.

En concreto, la resolución del TSJ establece que “La sola mención al ”Alcalde B“ no puede servir para denegar la deliberación de una moción presentada por el grupo político que está en la oposición. Podrá ser considerada como más o menos acertada, pero lo cierto es que en las dos mociones se expresa que se trata del puesto de Director/a de Coordinación de Políticas Públicas, plenamente identificado. No es una expresión objetivamente denigrante o peyorativa».

Según Herrero, ese párrafo desmonta de raíz la justificación empleada durante meses por Carnero. «El alcalde pretendió convertir una discrepancia política sobre una denominación en una causa para impedir un debate en el Pleno. La Justicia acaba de decir que esa expresión ni era denigrante ni podía utilizarse como excusa para silenciar una iniciativa de la oposición».

La sentencia incide en algo de especial gravedad en política, la vulneración del derecho a la participación política: «El derecho a la libertad de expresión alcanza una cota aún mayor cuando se realiza en el cargo de funciones de representación pública. Carece de sentido que para que la moción pueda examinarse se tenga que formular en los términos que quiera el presidente de la corporación (...) puesto que supone una quiebra del derecho a la participación política y al control que la oposición realiza sobre los órganos de gobierno de las entidades locales», señala.

Es más, añade el tribunal que «la discrecionalidad política debe venir siempre limitada por un derecho fundamental de participación pública y política de la oposición. Desde luego la motivación dada para denegar la deliberación de las mociones (...) es una restricción indebida del derecho del artículo 23.2 de la Constitución Española». La sentencia no es firme y el Ayuntamiento tiene la posibilidad de recurrirla.

La creación del puesto conocido como 'alcalde b' por considerar la oposición que Carnero lo creó para liberarse del trabajo en el Ayuntamiento y compatibilizar así su actividad como senador acarrea ya tres resoluciones judiciales que dan la razón al PSOE. Sobre el asunto se han pronunciado ya el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Tribunal Supremo y ahora el Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo. Se suman a otras sentencias condenatorias sobre asuntos de trascendencia para la ciudad aprobados por el equipo de gobierno PP-Vox, como la anulación de la Ordenanza de Bajas de Emisiones y la anulación de la Ordenanza de Movilidad.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que las víctimas de la violencia machista tienen “blindada” la cobertura en materia de vivienda, gracias al plan estatal, y ha pedido el compromiso de todas las administraciones para seguir avanzando en una protección que, para algunas mujeres, es “su tabla de salvación”.

Rodríguez, que ha visitado en Valladolid una promoción de viviendas de alquiler asequible cofinanciada por el Gobierno, ha hecho referencia así a las críticas suscitadas por los cambios realizados por el Ayuntamiento de Valladolid (PP-Vox) en el protocolo de acceso al parque de vivienda pública, donde se ha sustituido el término violencia de género por doméstica.

Ha reconocido que ha podido hablar con el alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), quien la ha transmitido un mensaje de tranquilidad, y le ha asegurado que “efectivamente en la ciudad ninguna mujer va a dejar de estar asistida”, frente a aquellas críticas que afirman que con la nueva redacción las víctimas de violencia machista podrían quedar fuera de los colectivos prioritarios.

La ministra ha insistido, por su parte, en que “ninguna mujer víctima de violencia de género va a dejar de estar asistida en los recursos especiales que el Gobierno de España está poniendo en marcha gracias al Plan Estatal de Vivienda”, ya que están “blindadas” con líneas de ayuda específicas para este colectivo.

“Si la vivienda es importante para todos como derecho, para una mujer que sufre esa violencia, la vivienda es su tabla de salvación”, ha reconocido, para afirmar que todas la administraciones públicas “tienen que estar a una” para avanzar en la construcción de viviendas, y también en la protección a las víctimas de violencia machista.

Ayudas garantizada en Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha vuelto a garantizar que las víctimas de violencia machista en la ciudad no se van a quedar sin acceder a una vivienda pública, si lo necesitan, lo solicitan y cumplen con los requisitos, y ha asegurado que para ello no se necesita modifica el protocolo.

Ha recordado que el Plan Director de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Valladolid, recién aprobado y con vigencia hasta el año 2030, recoge ayudas a víctimas de violencia de género; y ha comprometido que él mismo, personal, política y humanamente, “no va a permitir” que ninguna mujer se quede sin ayuda.

Carnero ha apuntado también que se darán las oportunas explicaciones en la reunión extraordinaria del Consejo Municipal de las Mujeres, convocada para el próximo lunes, 31 de diciembre, y ha defendido una vez más que los cambios introducidos en el protocolo amplían, mejoran y agilizan las ayudas en materia de vivienda.

Además, el regidor ha vuelto a pedir al Ministerio de Igualdad que colabore con el Ayuntamiento de Valladolid en al lucha contra la violencia de género al menos recuperando la cuantía de las aportaciones que recibían en 2023, de 131.000 euros, y que se han visto incrementadas en un 17 % en los últimos años.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves el acuerdo de Gobierno de PP y Vox como forma de evitar posicionarse sobre la decisión del Ayuntamiento de Valladolid de sustituir la referencia a las víctimas de violencia de género por la de violencia doméstica en los criterios de acceso a la vivienda pública en Valladolid.

Carriedo ha marcado distancias con la decisión del Ayuntamiento, a pesar de estar también gobernado por PP y Vox, al recordar que se trata de una competencia municipal y que la Junta no entra a valorar las actuaciones de otras administraciones dentro de su ámbito de competencias. El portavoz del Ejecutivo autonómico respondía así a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha acusado a los 'populares' de actuar con “deslealtad” y de desmantelar políticas de igualdad en las instituciones donde gobierna junto a la extrema derecha.

El portavoz autonómico ha reivindicado el pacto que sustenta el Gobierno de Castilla y León como guion a seguir en la toma de decisiones. “Nos sentimos muy de acuerdo con el acuerdo”, ha señalado en referencia al documento firmado por PP y Vox, que ha definido como un texto “muy detallado, concreto y preciso”, con medidas y calendario de cumplimiento.

“Es el que vamos a cumplir”, ha insistido Carriedo al ser preguntado por si van a introducir este tipo de cambios en las próximas convocatorias de ayudas. El portavoz ha defendido su pacto con Vox y ha señalado que el acuerdo cuenta con el respaldo de los ciudadanos y de las Cortes de Castilla y León.

Sin embargo, el pacto autonómico no recoge una modificación como la del Ayuntamiento de Valladolid. El acuerdo sí se menciona expresamente a las “víctimas de violencia contra la mujer” entre los colectivos a los que se aplicarán determinadas medidas fiscales relacionadas con la vivienda, como la rebaja de tipos del impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda habitual.

En el apartado 15, dedicado específicamente a vivienda, el pacto contempla un incremento de la inversión, nuevas políticas dirigidas a jóvenes, ampliación de las ayudas al alquiler y otras medidas para facilitar el acceso a la vivienda. También recoge distintos perfiles considerados especialmente expuestos a la crisis habitacional, pero no establece ningún cambio para sustituir el concepto de violencia de género por el de violencia doméstica.

“Se valorará positivamente, a su vez, a efectos de criterios de baremación, todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda: jóvenes menores de 36 años, nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo, personas con discapacidad, personas sin solución habitacional, unidades de convivencia en situación de hacinamiento, etc”. Por tanto, salvo que ese “etcétera” recoja el cambio, no hay una indicación clara en el texto para cambiar el criterio.

El cambio en Valladolid: la violencia de género se diluye en violencia doméstica

El cambio de criterio en Valladolid fue aprobado por el consejo de administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) el pasado 28 de mayo con los votos de PP y Vox y se recoge en el nuevo protocolo de acceso a las viviendas municipales. El documento sustituye la referencia a las víctimas de violencia de género por la de víctimas de violencia doméstica. En el protocolo anterior, las víctimas de violencia de género recibían 1,5 puntos dentro de los criterios de baremación; con el nuevo sistema, ese criterio deja de aparecer de la misma manera, según adelantó la Cadena Ser.

El PSOE ha defendido que el cambio puede dejar fuera a mujeres víctimas de violencia de género que no conviven con sus agresores, al considerar que ambos conceptos no son equivalentes. Los socialistas han reclamado al alcalde, Jesús Julio Carnero, que dé marcha atrás.

El portavoz municipal socialista, Pedro Herrero, ha calificado el cambio de “extremadamente grave” y ha acusado al equipo de Gobierno de romper el consenso que existía alrededor de estas políticas. El protocolo anterior, según ha recordado, había sido aprobado por unanimidad, mientras que el nuevo solo contó con los votos favorables de PP y Vox.

Herrero también ha pedido al alcalde que aclare si “ha tomado él la decisión” o si el cambio es una obligación de Vox. “le obliga Vox”. El concejal socialitas también ha calificado de “barbaridad” la explicación que dio este miércoles el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, a la Cadena Ser, “diciendo que la violencia doméstica incluye a la violencia de género”.

El PSOE ha recordado que la violencia de género es aquella que es ejercida “por un hombre contra una mujer con independencia de su estado civil, parentesco o convivencia, y cuando esa violencia constituye una manifestación de discriminación, desigualdad o relaciones de poder”.

Por contra, como ha indicado Herrero, la violencia doméstica, “pone el acento, fundamentalmente, en la relación familiar o de convivencia”. “En definitiva, una mujer víctima de violencia de género no tiene por qué ser víctima de violencia doméstica”, por lo que desde el PSOE creen que la modificación del protocolo “desprotege a las mujeres víctimas de esta lacra social”. “Carnero las está desamparando”, ha aseverado Herrero.

El Grupo Municipal Socialita ha adelantado que va analizar con “con mucho detenimiento” por si la modificación hubiera incurrido en “una ilegalidad” o “irregularidad”. Desde el PSOE entienden que la ley, en su artículo 28, recoge que “en materia de vivienda no es que las mujeres sean un colectivo vulnerable, dice que es un colectivo prioritario porque para una mujer víctima de violencia de género su casa es algo más que una casa”.

Redondo acusa al PP de “deslealtad”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su “honda preocupación” por el retroceso, a su juicio, de las políticas de igualdad en administraciones gobernadas por PP y Vox. Redondo ha considerado que la desaparición de las víctimas de violencia de género del listado de beneficiarios prioritarios para acceder a un alquiler social supone “un insulto a las víctimas y una falta de lealtad al pacto de Estado”.

Frente a estas acusaciones, Carriedo ha recomendado a Redondo que centre su actuación en aquellas cuestiones que, según ha afirmado, ponen “en riesgo la igualdad” y la protección y seguridad de las mujeres en España.

UGT también reclama recuperar el término

A las críticas socialistas se ha sumado UGT, que ha calificado de “lamentable” la modificación del protocolo municipal y ha reclamado al Ayuntamiento que vuelva a incluir expresamente a las víctimas de violencia de género entre los colectivos prioritarios.

El sindicato ha defendido que la violencia doméstica y la violencia de género no son conceptos equivalentes y considera que el cambio puede afectar a la protección de mujeres que no conviven con sus agresores.

El Ayuntamiento de Valladolid mantiene, por segundo día consecutivo, la restricción de tráfico en la zona de bajas emisiones (ZBE) por las altas concentraciones de ozono debido a la contaminación pero ha permitido una procesión de taxis para celebrar el día de San Cristóbal, patrón de los conductores.

Desde el jueves, no se puede acceder con vehículos a la ZBE salvo en los casos excepcionales previstos en la Ordenanza (residentes autorizados, transporte público, taxis, servicios esenciales, acceso a garajes, mudanzas, entre otros).Los únicos vehículos que se salvan de las restricciones son los que tienen distintivo ECO y 0 Emisiones.

Sin embargo, taxis que no estaban prestando servicio, han entrado en la zona de bajas emisiones para recorrer la calle Santiago y acabar en la Plaza Mayor, acompañados por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero y los concejales de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero y de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha aprovechado este viernes el inicio de las obras del nuevo aparcamiento de la estación de Valladolid-Campo Grande cargar contra al Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León por el futuro ferroviario de la ciudad. El exalcalde de la ciudad ha acusado al actual regidor, Jesús Julio Carnero, y al presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, de haber “echado el cerrojo” a Valladolid al bloquear proyectos vinculados a la integración ferroviaria.

“Normalmente, cuando algo está bloqueado, uno se pregunta quién tiene la llave. Y aquí los que tienen la llave han decidido echarle el cerrojo a nuestra ciudad”, ha afirmado Puente.

La visita tenía como objetivo supervisar el arranque de las obras del aparcamiento subterráneo de la futura estación que forma parte de la remodelación integral de Campo Grande. Puente, acompañado de representantes de su ministerio, de Renfe, Adif, subdelegado del Gobierno y del PSOE municipal, también ha introducido una cápsula del tiempo en la cimentación de la infraestructura.

Puente ha defendido que la ciudad ya tomó una decisión sobre el futuro de las vías del tren con la firma del convenio de integración ferroviaria de 2017 y ha explicado que el debate sobre el soterramiento solo está sirviendo para retrasar actuaciones ya proyectadas, financiadas e incluso aprobadas técnicamente. “La mejor estación no es la que desaparece, la mejor estación es la que conecta”, ha apuntado.

El ministro ha enumerado varios proyectos pendientes de ejecución, como los pasos de Ariza, la actuación de Arco de Ladrillo o la mejora del paso de San Isidro. Puente ha recordado que todos ellos existe financiación y que el único obstáculo es la falta de apoyo institucional por parte de Ayuntamiento y de la Junta. “Lo tienen todo. Informes favorables, autorizaciones, terrenos y financiación. Todo menos una cosa: el voto favorable de quienes quieren que las cosas no avancen”, ha criticado.

“Más cómodos en el debate que en la solución”

Puente ha criticado la defensa del soterramiento que tiene el PP , que fue una de las principales promesas electorales de Jesús Julio Carnero y una reivindicación compartida por la Junta. El alcalde llegó a prometer “irse” si no conseguía comenzar el soterramiento en esta legislatura.

El ministro ha reiterado que esa opción de “imposible”, con un coste que cifró en más de 2.000 millones de euros y un horizonte de ejecución de dos décadas. Frente a ello, ha reivindicado las obras que ya se han realizado y entrado en servicios y ha acusado a los responsables autonómicos y municipales de preferir mantener abierto el debate antes que ejecutar soluciones concretas.

“Viven más cómodos en el debate que en la solución, porque la solución les deja sin discurso”, afirmó.

Puente ha definido a Carnero y Mañueco dentro de la categoría de quienes “ponen palos en las ruedas”. “Respeto a los que tiran del carro, incluso a los que se suben a él o a los que se limitan a verlo pasar. Lo que me molesta es la cuarta categoría, los que ponen palos en las ruedas. Y a esa categoría pertenecen el máximo responsable de esta ciudad y el máximo responsable de esta comunidad autónoma”, ha asegurado.

La intervención concluyó con una reivindicación de las inversiones impulsadas por el Gobierno en Valladolid durante los últimos años y con un mensaje dirigido al nuevo Ejecutivo autonómico formado por PP y Vox. “Lo que ha traído el sanchismo a Valladolid es tangible, se puede ver y se puede tocar; lo que está por ver es lo que vaya a traer el mañuequismo y el carnerismo”, ha remachado.

Puente ha ironizado con el llamamiento del nuevo gobierno de Castilla y León de PP y Vox a “liberar Castilla y León del sanchismo”. Por ello ha cuestionado de qué habría que “liberar” Valladolid. En concreto, ha relatado varias actuaciones promovidas o financiadas por el Gobierno, entre ellas la nueva estación ferroviaria, la variante este para sacar mercancías del centro urbano, la futura Ciudad de la Justicia, la rehabilitación del barrio 29 de Octubre, los ascensores urbanos, la red pública de bicicletas Biki, los corredores verdes o distintas inversiones en movilidad sostenible y comercio de proximidad. También reivindicó las obras de la A-11, la A-60 y la nueva conexión ferroviaria de Olmedo,la ‘U’ de Olmedo, asegurando que la inversión estatal en la provincia se ha multiplicado en los últimos años.

“Si todo eso es el sanchismo, ¿de qué exactamente quieren liberar a Valladolid?”, ha ironizado el ministro. El líder socialista ha reclamado al Ejecutivo de Mañueco y Pollán que se ponga a trabajar en proyectos propios y ha adelantado que volverá a la provincia “pronto” para inaugurar varios tramos de la A-11 o para presentar el proyecto industrial “más importante para Castilla y León en más de 60 años”.

“Lo que ha traído el sanchismo a Valladolid es tangible, se puede ver y se puede tocar; lo que está por ver es lo que vaya a traer el mañuequismo y el carnerismo”, ha apostillado.

Ni la Junta ni el Ayuntamiento invitados

Paralelamente, mientras Puente visitaba las obras de la estación, tanto el presidente de la Junta como el alcalde de Valladolid se encontraba en la toma de posesión de la rectora de la Universidad de Valladolid. Preguntado por si había sido invitado por el Ministerio, Carnero ha negado que tanto el equipo de gobierno o el Ejecutivo autonómico hayan sido invitados.

“¿Usted me ve a mí con cara de ir a un sitio donde no me invitan?”, ha ironizado el regidor para señalar que por primera vez en la historia, la UVa va a tener una mujer al frente. “El sanchismo persiste en el levantamiento de esos muros”, ha aseverado. Fuentes del Ministerio del Transportes han confirmado a este medio que ambas administraciones no han sido invitadas.

Al conocer las palabras de Carnero, Puente ha respondido, vía mensaje de X, que el regidor tiene “recurrida la estación ante los tribunales y quiere que le invitemos a la puesta de la primera piedra. Si alguno le entiende le ruego que me lo explique”.

El conflicto sobre soterramiento e integración

El modelo de integración y de soterramiento se decidirá en los tribunales, o al menos la liquidación de la SVAV. En noviembre de 2025, Adif y Renfe denunciaron formalmente el convenio de integración ferroviaria vigente desde 2017 al considerar que los continuos rechazos y bloqueos del Ayuntamiento hacían imposible su desarrollo.

Durante aquella reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, llegó a acusar al Consistorio de intentar paralizar la integración para forzar una vuelta al proyecto de soterramiento, mientras el alcalde defendía que determinadas actuaciones podían provocar un “caos circulatorio” en la ciudad y reclamaba abrir una nueva etapa de diálogo para estudiar alternativas.

La ruptura dejó a Valladolid en una situación inédita: sin avances en el soterramiento que defienden Ayuntamiento y Junta, pero también sin la posibilidad de desarrollar el convenio de integración tal y como estaba concebido hasta entonces.

El pasado mes de mayo, la Audiencia Nacional rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Junta de Castilla y León para paralizar la resolución del convenio impulsada por Adif.

El tribunal consideró que no existían riesgos inmediatos que justificaran suspender la decisión y señaló que los argumentos planteados por el Ejecutivo autonómico respondían a “escenarios hipotéticos o decisiones futuras”. Además, los magistrados apreciaron la existencia de “incumplimientos relevantes y reiterados” y destacaron la falta de voluntad común entre las partes para ejecutar las actuaciones previstas. Aunque el fondo está pendiente de resolución, el auto supuso un respaldo provisional a la posición defendida por el Ministerio.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha sostenido que el alcalde, Jesús Julio Carnero, está “inhabilitado” para seguir presidiendo y moderando los plenos municipales tras haber cuestionado en la última sesión la labor como profesor universitario del concejal socialista Martín Fernández Antolín por su ideología política.

El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha considerado que el comentario de Carnero no ha sido una salida de tono improvisada, sino un “ataque premeditado” que evidencia, a su juicio, una “falta de talante democrático incompatible con la neutralidad” que debe mantener quien preside el máximo órgano de representación municipal, ha denunciado este miércoles el concejal en un comunicado.

La polémica se ha producido después de que, en el pleno del pasado lunes, Fernández Antolín cuestionara la actuación del Ayuntamiento en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y acusara al equipo de gobierno de actuar de forma “trapacera”.

Carnero rechazó entonces esa acusación y respondió al edil socialista: “A mí lo que me molesta no es que usted sea 'sanchista', es que usted, siendo 'sanchista', esté dando clases a alumnos y alumnas. Eso es lo que me molesta”.

El alcalde pidió más tarde durante la sesión retirar sus palabras del diario de sesiones, pero el PSOE ha considerado que el episodio supone un “salto cualitativo gravísimo” porque “vincula la ideología de un concejal con el ejercicio de su profesión y pone bajo sospecha su libertad ideológica, su libertad de cátedra y su honestidad profesional”.

Herrero ha defendido que “un alcalde que cuestiona que un concejal pueda dar clase por sus ideas políticas no está capacitado para garantizar los derechos de la oposición” y ha insistido en que Carnero debería delegar la presidencia de los plenos en otro edil del PP, como permite el Reglamento Orgánico municipal.

El Grupo Municipal Socialista ha asegurado además que este episodio no es aislado y ha acusado al alcalde de actuar de forma arbitraria en la ordenación de los debates, limitar la actividad de control de la oposición y retirar el uso de la palabra cuando le ha convenido políticamente.

La polémica también ha tenido eco en redes sociales, donde el exalcalde de Valladolid y actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ha escrito, en alusión a la intervención de Carnero: “El pasado de Fuerza Nueva por algún lado tiene que salir”.

Además, el secretario general del PSOE Castilla y León, Carlos Martínez, ha recriminado al regidor vallisoletano “el tufo sectario” de sus palabras contra Fernández Antolín por “criminalizar y satanizar” a quien no piensa como él. “(Antonio) Machado decía aquello de que 'En España, de diez cabezas nueve embisten y una piensa' y Carnero embiste clarísimamente”, ha respondido este miércoles a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León, en Valladolid.

Martínez ha reflexionado sobre el “acoso y derribo” que sufre su partido que, en su opinión, no sólo se dirige contra unas siglas, sino va en contra la ideología de su formación, que ha sintetizado “en la defensa de la democracia, los principios de justicia, de la configuración de un Estado de Derecho y de la igualdad de oportunidades”.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha atacado al concejal del PSOE, Javier Fernández Antolín, por su vinculación con el “sanchismo” y por su labor como profesor universitario. “Me da mucha pena que esté con el sanchismo educando a muchos alumnos y alumnas en la universidad”, ha afirmado el regidor como reacción a las críticas de edil socialista sobre el soterramiento ferroviario y el empadronamiento de Carnero en la ciudad para poder presentarse a las elecciones de 2023.

Fernández Antolín, edil que dejó Ciudadanos para presentarse en la lista del PSOE en 2023 y profesor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, ha criticado la gestión municipal en torno al soterramiento y ha acusado al Ayuntamiento de sostener una “falacia” sobre la viabilidad del proyecto. El edil del PSOE ha asegurado que algunos representantes del equipo de gobierno de PP y Vox actuaban con “trapacerías” dentro de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV)

En su intervención, en respuesta a diferentes propuestas realizadas por Vox, entre ellas la persecución de los “empadronamientos ilegales”, ha cuestionado también el empadronamiento de Carnero antes de las elecciones municipales de 2023. “El señor Carnero vivía y vive en Simancas y, sin embargo, está empadronado en Valladolid”, ha afirmado. “El fraude lo tiene usted sentado a su izquierda —sitió que ocupaba el regidor—”, ha agregado para recplciar a la teniente de alcalde, Irene Carvajal.

Tras esto, Carnero decidía ar respuesta al concejal socialista reprochándole el uso del término “trapacero” y ha aprovechado para reprocharle su paso de Ciudadanos al PSOE. “¿Usted cree que yo le podría llamar trapacero por haber abandonado una formación como era Ciudadanos para irse con la 'banda del sanchismo'?”, ha comentado

El alcalde de Valladolid fue a más con Antolín. “Lo único que sí me da es muchísima pena que esté con el sanchismo, y lo que me da mucha más pena es que esté con el sanchismo educando a muchos alumnos y alumnas en la universidad”.

Entre los reproches de la oposición, Carnero ha insistido otras dos veces más: “A mí lo que me molesta no es que usted sea sanchista, es que usted siendo sanchista esté dando clases a alumnos y alumnas”.

El alcalde ha defendido la legalidad de su empadronamiento en Valladolid y ha recordado sus vínculos personales y familiares con la ciudad. “Yo he vivido en la calle Amor de Dios, he vivido en la calle Estadio y estoy empadronado en la calle San Quirce, a la cual acudo todos los días de mi vida”, afirmó.

Ya al acabar el pleno, Carnero ha decidido retirar sus palabras y ha pedido disculpas a Fernández Antolín. “Si le ha molestado lo que yo he dicho, yo estoy dispuesto a retirarlo”, ha señalado. El regidor ha indicado que eliminaba del acta la referencia a la universidad y ha apostillado: “Ni usted es como ha aparecido ni yo soy como he dicho cuando me he referido a usted en esa cuestión”.

Pese a ello, el alcalde ha reiterado su malestar por las acusaciones vertidas por el concejal socialista sobre la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y la gestión de la integración. “Me ha molestado mucho que nos llame a todos nosotros o que interprete que llevamos a cabo actitudes trapaceras, porque es mentira”, ha zanjado mientras ofrecía a Fernández Antolín poder retractarse también.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha responsabilizado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de “cargarse” la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) y ha reiterado su pretensión de soterrar las vías del tren: “Vamos a soterrar, que nadie lo dude”.

Durante su intervención de cierre este lunes en el debate sobre el estado de la ciudad, Carnero ha afirmado que la sociedad creada para desarrollar las actuaciones ferroviarias en Valladolid “se la ha cargado el señor ministro de Transportes” al insistir en la disolución de este organismo y en “abandonar” el actual convenio de integración ferroviaria.

“El señor ministro quiere insistir y persistir en su proyecto, que es el proyecto contrario al que quiere la mayoría de los vallisoletanos”, ha sostenido el regidor, quien también ha acusado a los grupos de la oposición municipal -PSOE y VTLP- de actuar como “cooperadores necesarios” en ese proceso.

El alcalde ha insistido en que el soterramiento sigue siendo posible y ha rechazado renunciar a ese objetivo pese a las dificultades existentes: “Estamos a tiempo de soterrar y vamos a soterrar, que nadie lo dude. Vamos a seguir trabajando en ello”, ha afirmado.

Carnero ha contrapuesto la situación de Valladolid con los proyectos ferroviarios impulsados en otros territorios y ha citado expresamente el caso de Bilbao para denunciar lo que considera un trato desigual por parte del Ejecutivo central.

“Si en Bilbao se puede, ¿somos menos que los de Bilbao?”, se ha preguntado el alcalde, quien ha recordado que el Gobierno ha respaldado actuaciones de soterramiento en otras ciudades mientras rechaza esa posibilidad para Valladolid.

La sesión también ha dejado un enfrentamiento verbal con el concejal socialista Martín Fernández Antolín, después de que este cuestionara la actuación municipal en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Carnero ha rechazado que el Ayuntamiento actúe de forma “trapacera”, como había sugerido el edil socialista, y ha respondido: “Lo que me da mucha pena es que esté con el 'sanchismo' y educando a muchos alumnos y alumnas en una universidad”, ha afirmado el alcalde, en referencia a la condición de profesor universitario del edil socialista, que ha condenado este ataque personal a su profesión.

Último pleno del debate del estado de la ciudad de esta legislatura en Valladolid. La cuestión con las vías del tren -soterramiento o integración y el fracaso de ambas- ha centrado buena parte de las intervenciones de oposición y gobierno municipal, con el rechazo de las medidas cautelares por parte de Audiencia Nacional de paralizar la resolución del convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. El alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), ha defendido que el Ayuntamiento ha cumplido con las obligaciones recogidas en el convenio ferroviario de 2017 y ha culpado directamente al Gobierno central y al ministro de Transportes, Óscar Puente, del bloqueo del proyecto y de la ruptura de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

La oposición, por el contrario, ha acusado al regidor de haber convertido el soterramiento en una “obsesión fallida” que ha paralizado la ciudad y le ha recordado sus propias palabras, cuando vinculó su futuro político a la consecución del proyecto. “Dijo ‘o soterro o me voy’. Bien, ha fracasado, ¿cuándo se va?”, le ha reprochado la portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Rocío Anguita.

Carnero culpa a Puente de abandonar “unilateralmente” el convenio de integración

“Quien cancela es el ministro”, ha afirmado en referencia a al titular de Transporte y exalcalde, Óscar Puente, a quien ha acusado de abandonar “unilateralmente” el convenio de integración firmado en 2017. Carnero ha insistido en que el Ayuntamiento ha pedido crear una comisión de análisis y estudio para abordar el futuro ferroviario de Valladolid y ha subrayado que el conflicto ya está judicializado tras el recurso presentado ante la Audiencia Nacional.

“Si se quieren ir, que no nos lo imputen a nosotros”, ha explicado el regidor, que también ha negado que el Ayuntamiento esté “boicoteando” la nueva estación de trenes. Según ha afirmado, el problema radica en que el Ministerio pretende sacar adelante el proyecto sin un plan especial acordado con el Consistorio.

El regidor ha cargado contra la remodelación prevista para la estación de Campo Grande y ha acusado al Ministerio de escoger “la opción que más daño podía hacer” a un eventual soterramiento futuro. “Será que lo que es bueno para otras ciudades como Bilbao es malo para Valladolid”, ha lamentado.

El alcalde ha defendido la actuación municipal en el paso de Arco de Ladrillo, cuyo proyecto inicial de Adif ha tildado de “técnicamente inviable”, y ha recordado que el Ayuntamiento tuvo que acometer obras de emergencia superiores a dos millones de euros para garantizar la seguridad de la infraestructura. Mientras Carnero intervenía, varios miembros de la Plataforma por el Soterramiento desplegaron carteles con el lema “No al muro. Soterramiento ya”.

El PSOE señala el “retroceso” de estos tres años de PP y Vox

Desde la bancada socialista, el portavoz Pedro Herrero ha explicado un panorama opuesto al descrito por el alcalde y ha calificado a los tres años de mandato de PP y Vox como una etapa de “retroceso”. “La ciudad está sin alcalde, sin gestión y sin rumbo”, ha resumido.

Herrero ha afeado a Carnero que decidiera compartir entre la Alcaldía y el Senado y ha repasado su agenda en la que el regidor ha tenido “248 días sin agenda” durante el mandato. “Eso equivale a más de ocho meses de vacaciones en tres años. Jamás había pasado esto en Valladolid”, ha aseverado.

El portavoz socialista ha defendido que el gobierno municipal no ha cumplido ninguna de sus grandes promesas electorales. “Ni soterramiento, ni 'miniBernabéu', ni piscina fluvial, ni palacio de congresos”, ha enumerado. El concejal del PSOE ha acusado al equipo del gobierno de vender como propios proyectos heredados de la anterior legislatura.

Herrero ha cargado contra la situación de la limpieza, la gestión de la Zona de Bajas Emisiones y la política económica del Ayuntamiento. Para el socialista, el Consistorio ha consumido buena parte de los remanentes heredados del anterior mandato y ha empeorado distintos indicadores urbanos.

VTLP acusa a PP y Vox de aplicar “parches y tiritas”

Rocío Anguita, portavoz de VTLP, ha incidido igualmente en el fracaso del soterramiento y ha acusado al equipo de gobierno de limitarse a aplicar “parches y tiritas”. “Son los reyes de la chapuza”, ha reprochado durante su intervención.

Anguita ha recordado que la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad puede acabar suponiendo más de 100 millones de euros para las arcas municipales y ha pedido directamente la dimisión del alcalde. “Lo único que puede hacer es dimitir porque es el único responsable de este fiasco”, ha apostillado.

Nueva rebaja del IBI

Carnero, en su repaso de legislatura, ha indicado que Valladolid llega a 2026 en un escenario “más favorable” que hace un año y ha reivindicado los avances de su gobierno en materia económica, urbanística y social. Entre los anuncios de cara al año que resta de legislatura, el regidor ha presentado una nueva rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 5% para 2027, si es posible económicamente, con la que el equipo de gobierno pretende completar el compromiso fiscal adquirido al inicio del mandato.

Carnero ha aprovechado el debate para repasar distintos proyectos urbanísticos y de movilidad. Ha confirmado que “en los próximos días” se aprobará el aparcamiento previsto en los antiguos talleres de Renfe, ha destacado los “datos récord” de Auvasa y ha anunciado la elaboración de un plan específico para mejorar la movilidad en motocicleta y reducir la siniestralidad.

El alcalde ha centrado buena parte de su intervención al conflicto ferroviario. Carnero ha defendido que el Ayuntamiento ha otorgado “el mayor aprovechamiento urbanístico” posible a los terrenos de los antiguos talleres de Renfe y ha recordado que el Consistorio ya ha cedido los nuevos talleres ferroviarios, mientras la ciudad continúa, según ha apuntado, sin recibir los terrenos comprometidos por el Estado.

La portavoz del Grupo Popular, Blanca Jiménez, ha acusado a la oposición de intentar “ganar en los tribunales” lo que, a su juicio, no supieron gestionar cuando gobernaban la ciudad. Además, ha reivindicado el incremento de la inversión social, el nuevo contrato de ayuda a domicilio y los programas contra la soledad.

Desde Vox, socios de gobierno del PP, Irene Carvajal ha defendido la política de rebajas fiscales impulsada junto al PP y ha asegurado que se ha reducido la deuda municipal por habitante mientras aumentaba el gasto por vecino. La teniente de alcalde ha reivindicado la posición de su partido respecto a la Zona de Bajas Emisiones y ha avanzadoo que la futura ordenanza solo se activará en episodios de alta contaminación.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), ha mantenido este viernes que el Ayuntamiento no ha “incumplido nada” respecto al convenio de integración ferroviaria de 2017, en el seno de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, por lo que ha confiado en la futura sentencia para mantener vivo el documento y la propia entidad tripartita.

En declaraciones a los periodistas, tras conocer ayer el auto de la Audiencia Nacional que denegó a la Junta de Castilla y León la medida cautelar de mantener vigente el convenio de integración resuelto por el Ministerio de Transportes, Carnero ha insistido en que no está conforme con que el Gobierno central deje sin efecto el convenio de 2017.

Carnero ha reiterado que aún está pendiente la petición cautelar del Ayuntamiento de Valladolid, pedida en el mismo sentido que la rechazada de la Junta, aunque el alcalde ha indicado que desconoce los argumentos que utilizó la Administración autonómica, por lo que no ha aventurado si su recurso seguirá el mismo final.

El alcalde ha expresado su “total y absoluto respeto” hacia el auto de la Audiencia Nacional, aunque ha considerado que lo “verdaderamente importante” será la sentencia que dirima el recurso que resolverá “el fondo del asunto”, en referencia a la vigencia o no del convenio de integración y a la propia existencia de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Esta situación tiene su origen en que el Ministerio de Transportes optó por resolver el convenio e iniciar los trámites para disolver la Sociedad Valladolid Alta Velocidad -integrada por las tres administraciones-, al entender que no había voluntad por parte del Ayuntamiento de afrontar sus aportaciones económicas anuales y considerar que su pretensión sobre el soterramiento choca con los trabajos de integración acordados años atrás.

Carnero ha puesto como muestra de su cumplimiento del convenio las actuaciones desarrolladas en la calle Panaderos, el túnel de Padre Claret y otras “decisiones importantes”, mientras que ha indicado que Renfe y Adif tienen pendiente recibir los terrenos de los antiguos talleres de Renfe.

El PSOE alerta de la “factura millonaria” que puede afrontar el Ayuntamiento de Valladolid

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha alertado este viernes de que el “boicot” que en su opinión practica el alcalde, Jesús Julio Carnero, a la integración ferroviaria lo van a pagar los vecinos con la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, lo que implicaría una “factura millonaria”, de unos 42 millones.

En declaraciones a los periodistas, tras conocer ayer el auto de la Audiencia Nacional que desestima la medida cautelar de mantener la vigencia del convenio de integración que fue resuelto en diciembre pasado por el Ministerio de Transportes entre críticas al Ayuntamiento, Herrero ha acusado a Carnero de querer “forzar la disolución de la Sociedad -SVAV-”.

Herrero ha reconocido que es “difícil” hacer una estimación sobre lo que puede suponer económicamente para el Ayuntamiento acometer esa posible disolución de la sociedad, pero se ha remontado a 2017 cuando la deuda de 400 millones implicó la renuncia al proyecto de soterramiento y el acuerdo para acometer la solución de la integración ferroviaria.

En aquel momento, ha recordado el portavoz socialista el Ayuntamiento calculó que la disolución de la sociedad implicaba un pago de 42 millones de euros para liquidar, por lo que optaron por la integración ferroviaria.

“Estimo que pueden ser unas cantidades en torno a eso”, ha reconocido Herrero, convencido de que en todo caso se trataría de una “factura millonaria”, comparable a lo que cada año destina el Ayuntamiento a toda la inversión anual.

Para Herrero, “la única solución a esa amenaza, que todavía es una amenaza, es un cambio de gobierno el año que viene”: “No hay otra, es la única posibilidad de que Valladolid deshaga este mandato perdido y vuelva a poner otra vez a Valladolid en la senda del progreso, de la del desarrollo”, en referencia a la integración ferroviaria.

El auto de la Audiencia Nacional es, en palabras de Herrero, el “cuarto varapalo para el señor Carnero y sus compinches de la Junta de Castilla y León”, ya que en este caso “el bofetón ha venido a la mejilla del señor Quiñones -consejero-, pero es al 50% con el señor Carnero, por mucho que él quiera decir ahora que no, que falta una sentencia más”.

Herrero ha remarcado que lo que dice el auto es que “el boicot que el señor Carnero y la Junta de Castilla y León han sometido a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para llevarla a la quiebra y su intento posterior de resucitarla para no se sabe muy bien qué, es un auténtico despropósito”.

“No solamente ha puesto palos en la rueda para la Sociedad para cargarse la integración, sino que también ha intentado boicotear las obras de la estación de tren que está fuera del convenio de integración ferroviaria”, ha resumido.

VTLP ve la resolución del convenio de integración ferroviaria como una “catástrofe”

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid, Rocío Anguita, ha considerado este viernes que la resolución de la Audiencia Nacional que rechaza la medida cautelar para mantener vigente el convenio de integración ferroviaria es una “catástrofe sin precedentes” y un “fracaso absoluto” de la gestión del alcalde, Jesús Julio Carnero.

En un comunicado, Anguita ha criticado las decisiones “irresponsables” tomadas por el Ayuntamiento por el “bloqueo al proyecto de integración ferroviaria”, que fue el argumento del Ministerio de Transportes para optar por resolver el convenio y disolver la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, aún pendiente de recursos judiciales.

Para VTLP, esta resolución de la Audiencia Nacional conlleva “la cancelación definitiva de un convenio que ya tenía dinero comprometido, proyectos preparados y actuaciones listas para ponerse en marcha de manera inmediata”.

La portavoz de VTLP cree que esta nueva situación obliga a “empezar completamente de cero” cualquier solución para el paso de las vías del tren por Valladolid, lo que implicará negociar un nuevo convenio con otras instituciones y volver a poner financiación sobre la mesa: “Llevamos tres años viendo cómo el alcalde daba pasos irresponsables sin medir las consecuencias”, ha zanjado.

Sobre las consecuencias, Anguita ha añadido que “si la sociedad se disuelve, el Ayuntamiento tendrá que asumir una cuantía muy considerable de dinero correspondiente a su parte” y a una “ruina económica del Ayuntamiento y a la ruina de la ciudad”

La Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelares que solicitaba la Junta de Castilla y León en su intento por paralizar la resolución del convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y que abordaba el proyecto de la integración del AVE en Valladolid, que denunciaron Adif y Renfe en noviembre de 2024 ante los incumplimientos, rechazos y “tácticas dilatorias” del Ayuntamiento que dirige Jesús Julio Carnero (PP) y que hacían inviable continuar con el convenio, vigente desde 2017, cuando lo firmaron el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), actual ministro de Transportes, y el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP). Una de las promesas de campaña de Carnero fue modificar el proyecto de integración ferroviaria para recuperar un proyecto de soterramiento, algo que ha descartado Adif en varias ocasiones. De momento faltan por resolverse los propios recursos municipal y autonómico; será necesario esperar a esa decisión.

La Justicia rechaza los argumentos del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco porque no cree que vayan a peligrar “actuaciones inminentes o irreversibles” que requieran una resolución judicial, ni que las actuaciones en ejecución vayan a paralizarse. De hecho, considera que los argumentos del Ejecutivo “responden a escenarios hipotéticos o a decisiones futuras”. “Incluso en el supuesto de que tales efectos llegasen a producirse, se trataría de consecuencias de carácter patrimonial, susceptibles de indemnización”, argumenta el auto, al que ha accedido elDiario.es.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha denegado la medida cautelar que pidió la Junta de Castilla y León para anular la resolución del convenio de la integración de la Alta Velocidad ferroviaria en Valladolid, dictada el pasado 9 de diciembre por la empresa pública Adif. No es posible interponer un nuevo recurso judicial contra esta resolución.

La Junta de Castilla y León también pedía una medida cautelar para suspender el fin del convenio y reconstruir provisionalmente una relación extinguida a finales de 2025. “La pretensión es que se imponga como medida cautelar una obligación de hacer: ejecutar el Convenio de 2017, que sustituyó al suscrito en el año 2002”, señala el auto. Desde 2002, la Justicia reprocha que no se ha ejecutado la operación de manera “continuada y ágil”.

Falta de voluntad “concorde”

Los magistrados de la Audiencia Nacional consideran que resulta “patente” la falta de voluntad “concorde” entre Adif y el Ayuntamiento, por lo que no se han mostrado partidarios de que acordar esta medida cautelar pueda “suplir los obstáculos”. A pesar de que no entra en el fondo del asunto, la Justicia sí reconoce “incumplimientos relevantes y reiterados, así como la imposibilidad de alcanzar acuerdos” entre todas las partes.

La Audiencia Nacional asume que, si se aceptaran esas medidas cautelares que pedía la Junta se impediría una solución jurídica y material. “No hay indicio alguno de que vaya a producirse una paralización de las actuaciones que están en curso y no consta en modo alguno que las actuaciones sobre la estación de autobuses dependan de la entrega de los suelos de los antiguos talleres. No hay motivo para suponer que las obras iniciadas [por Adif] se vayan a detener”, indica.

Carnero confía en tener razón “en el fondo de la cuestión”

A pesar del auto de la Audiencia Nacional, Jesús Julio Carnero ha esperado que tendrá razón sobre “el fondo de la cuestión” en su rechazo a que el Ministerio de Transportes haya resuelto de manera unilateral el convenio de integración ferroviaria suscrito en 2017, según ha explicado a través de una grabación difundida entre los medios de comunicación.

“Esta es una decisión sobre una cuestión preliminar, la de medida cautelar en la parte solicitada por la Junta de Castilla y León”, ha indicado el regidor 'popular', que se ha mostrado convencido de que lo “verdaderamente importante” es dirimir el fondo de la cuestión.

Valladolid pelea una escala en esta provincia dentro del probable viaje que el papa León XIV efectuaría a España a lo largo de este 2026, deseo anunciado por el propio pontífice y que la Conferencia Episcopal ya prepara con escalas en Madrid, Barcelona e Islas Canarias.

Este plan de viaje, presentado al papa el pasado 9 de enero, ha comenzado ya sus preparativos con la reciente apertura de la web (www.conelpapa.es), autotitulada como 'Página oficial del comité preparatorio de la visita de León XIV', aunque la Santa Sede tiene por costumbre anunciar los viajes dos meses antes de su ejecución.

Una delegación de Valladolid encabezada por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha sido recibida este miércoles por el papa en la Plaza de San Pedro, con la mediación del arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.

Durante el encuentro, en el que también ha participado el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, la delegación le ha regalado al papa el cartel de la Semana Santa, diseñado por el artista Ferrer Dalmau, en el que aparece la Virgen de las Angustias, y también un ejemplar de 'El hereje' de Miguel Delibes. “Hemos emprendido un viaje con un objetivo claro que era presentarle a su santidad la Semana Santa vallisoletana, una Semana Santa que está llena de devoción, de arte, de magia, de silencio, de seriedad”, ha indicado Carnero a los medios.

Esperanzas

“Tenemos un grandísimo papa que nos va a guiar a todos los cristianos por buenos derroteros y desde Valladolid estaríamos encantados de que su santidad nos acompañara en algún momento en la próxima visita a nuestro país, o en cualquier otro, y que nos lleve siempre en su corazón agustino”, ha explicado a los periodistas.

Durante unos breves minutos, el alcalde ha invitado al Pontífice a visitar la ciudad donde se alojaba durante sus visitas como superior de la orden de los Agustinos, la última data de mayo de 2008, y donde guarda buenos amigos, pero también al municipio de Mayorga (Valladolid), localidad natal de Santo Toribio de Mogrovejo. “Le he invitado pero no me ha señalado nada, lógicamente, en concreto, pero como todos ustedes saben, el viaje está encauzado hacia España y veremos a ver cuándo se concretan qué fechas y en qué destinos”, ha reconocido.

En este caso el motivo es la celebración del Año Jubilar (2025-2026) por el tercer centenario (1726-2026) de la canonización de Santo Torobio de Mogrovejo (1538-1606), segundo arzobispo del virreinato de Perú y patrono del episcopado latinoamericano.

Valladolid y Chiclayo (Perú)

Defensor de los esclavizados y oprimidos en el virreinato de Perú, la Universidad Católica de Chiclayo lleva el nombre de Santo Toribio de Mogrovejo en esa ciudad, capital de la región de Lambayeque y de la que el actual papa fue obispo entre 2015 y 2023.

La Universidad Católica de Chiclayo lleva el nombre de Santo Toribio de Mogrovejo, de la cual Robert Prevost es Gran Canciller Emérito y doctor Honoris Causa por su labor académica, pastoral y humana durante su etapa como obispo allí.

En 2023 la Conferencia Episcopal Peruana entregó al entonces obispo de Chiclayo la Medalla de Oro de Santo Toribio de Mogrovejo, el mayor reconocimiento que otorga la Iglesia en Perú.