La Justicia rechaza reactivar la sociedad que impulsaba la integración del AVE en Valladolid, que se disolvió por la falta de acuerdo

La Audiencia Nacional zanja la disputa entre la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid y el Ministerio de Transportes y suscribe el fin del proyecto de la integración del AVE en Valladolid, que denunciaron Adif y Renfe en noviembre de 2024 ante los incumplimientos, rechazos y “tácticas dilatorias” del Ayuntamiento que dirige Jesús Julio Carnero (PP) y que hacían inviable continuar con el convenio, vigente desde 2017, cuando lo firmaron el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), actual ministro de Transportes, y el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP). Una de las promesas de campaña de Carnero fue modificar el proyecto de integración ferroviaria para recuperar un proyecto de soterramiento, algo que ha descartado Adif en varias ocasiones. De momento faltan por resolverse los propios recursos municipal y autonómico; será necesario esperar a esa decisión.

La Justicia rechaza los argumentos del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco porque no cree que vayan a peligrar “actuaciones inminentes o irreversibles” que requieran una resolución judicial, ni que las actuaciones en ejecución vayan a paralizarse. De hecho, considera que los argumentos del Ejecutivo “responden a escenarios hipotéticos o a decisiones futuras”. “Incluso en el supuesto de que tales efectos llegasen a producirse, se trataría de consecuencias de carácter patrimonial, susceptibles de indemnización”, argumenta el auto, al que ha accedido elDiario.es.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha denegado la medida cautelar que pidió la Junta de Castilla y León para anular la resolución del convenio de la integración de la Alta Velocidad ferroviaria en Valladolid, dictada el pasado 9 de diciembre por la empresa pública Adif. No es posible interponer un nuevo recurso judicial contra esta resolución.

La Junta de Castilla y León también pedía una medida cautelar para suspender el fin del convenio y reconstruir provisionalmente una relación extinguida a finales de 2025. “La pretensión es que se imponga como medida cautelar una obligación de hacer: ejecutar el Convenio de 2017, que sustituyó al suscrito en el año 2002”, señala el auto. Desde 2002, la Justicia reprocha que no se ha ejecutado la operación de manera “continuada y ágil”.

Falta de voluntad “concorde”

Los magistrados de la Audiencia Nacional consideran que resulta “patente” la falta de voluntad “concorde” entre Adif y el Ayuntamiento, por lo que no se han mostrado partidarios de que acordar esta medida cautelar pueda “suplir los obstáculos”. A pesar de que no entra en el fondo del asunto, la Justicia sí reconoce “incumplimientos relevantes y reiterados, así como la imposibilidad de alcanzar acuerdos” entre todas las partes.

La Audiencia Nacional asume que, si se aceptaran esas medidas cautelares que pedía la Junta se impediría una solución jurídica y material. “No hay indicio alguno de que vaya a producirse una paralización de las actuaciones que están en curso y no consta en modo alguno que las actuaciones sobre la estación de autobuses dependan de la entrega de los suelos de los antiguos talleres. No hay motivo para suponer que las obras iniciadas [por Adif] se vayan a detener”, indica.

Carnero confía en tener razón “en el fondo de la cuestión”

A pesar del auto de la Audiencia Nacional, Jesús Julio Carnero ha esperado que tendrá razón sobre “el fondo de la cuestión” en su rechazo a que el Ministerio de Transportes haya resuelto de manera unilateral el convenio de integración ferroviaria suscrito en 2017, según ha explicado a través de una grabación difundida entre los medios de comunicación.

“Esta es una decisión sobre una cuestión preliminar, la de medida cautelar en la parte solicitada por la Junta de Castilla y León”, ha indicado el regidor 'popular', que se ha mostrado convencido de que lo “verdaderamente importante” es dirimir el fondo de la cuestión.