PP y Vox 'cuelan' modificaciones a las leyes de caza y apuestas en la Ley de Presupuestos en Castilla y León

PP y Vox tienen previsto aprobar su Ley de Presupuestos de 2027 para Castilla y León a finales de año. Junto a la norma económica, se aprueba normalmente una Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, conocida normalmente como Ley de Acompañamiento. Sin embargo, la coalición liderada por Alfonso Fernández Mañueco ha 'colado' en esta norma la reforma de la Ley de Caza y la Ley de Apuestas, además de otras 16 leyes no tributarias.

El Consejo Consultivo –institución de control independiente– considera que algunas de estas modificaciones “excede medidas puntuales” y que deberían tramitarse en leyes diferentes y que incluyan una evaluación sobre su impacto como la Ley de Caza de 2021, la Ley de residencias de 2024 o la Ley de Patrimonio Cultural, también de 2024. El órgano también reprocha que se haya modificado el texto después del informe jurídico –que constituye “una garantía de la legalidad del proyecto”–, por lo que “se estaría eliminando uno de los controles esenciales de legalidad del texto”.

Una de las modificaciones más llamativas es que cuando la Ley de acompañamiento entre en vigor, dejará de ser necesaria la autorización de la Junta de Castilla y León –como establecía la Ley de 2021– para organizar las competiciones y exhibiciones de caza ya que bastará con una comunicación previa diez días antes del acto. Se pasa de una autorización expresa necesaria a una tácita con mera solicitud. Esta no es la primera modificación en materia de caza desde que ha empezado a dirigir el área Vox, desde la Consejería de Agricultura, puesto que ha eliminado el uso nominativo de los visores térmicos y estudia como permitir los silenciadores.

Legislación “exprés” e injustificada

También se modifican cinco apartados de la Ley del Juego, incluidas nuevas prohibiciones y sanciones como la restricción a que propietarios y trabajadores de los locales de apuestas presten dinero a los usuarios. Se fija, además, un horario para garantizar una apertura mínima de ocho horas diarias y se limita la disponibilidad de cajeros automáticos.

Esta es la segunda vez que el gobierno de Fernández Mañueco modifica la Ley del Juego mediante este mecanismo, lo que ha motivado las críticas del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social, asesor en la tramitación legislativa. El Consejo Consultivo afea que el Ejecutivo de PP y Vox regule con un “goteo normativo” el juego, lo que “debilita la resistencia jurídica de la reforma”.

La justificación que da la Junta de Castilla y León para modificar sin la correspondiente exposición pública –ni la posibilidad de que los actores implicados participen– de esta Ley es “jurídicamente insuficiente” para el Consejo Consultivo, que considera que “resolver dudas interpretativas o mejorar la inspección” no justifica que se prescinda de la participación ciudadana.

Tampoco se ha presentado ningún informe médico, social o epidemiológico de la Comisión del Juego y Apuestas “que demuestre un repunte alarmante del juego problemático en la región que obligue a legislar de forma exprés”.

Menos participación social

El Consejo Económico y Social ha mostrado también su “preocupación” por algunas de estas modificaciones como en materia de Vivienda y Urbanismo, Renta Garantizada de Ciudadanía y la red de Protección a las Familias Vulnerables y en Medio Ambiente porque “se elimina o diluye la participación institucional de los agentes sociales y económicos más representativos e incluso de la participación de la sociedad civil organizada”.

En concreto, se prevé suprimir el Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales –que antes integraban representantes de varias consejerías, de la Federación de Municipios y Provincias, sindicatos y patronal– para que sea el gerente el que ostente muchas de las responsabilidades que antes eran compartidas. El CES pide que esto no derive en “la supresión de un espacio estable de participación social”.

En la Ley de Residencias, se elimina la referencia a que en los procesos de evaluación de la calidad de las residencias se puedan producir votos particulares sobre propuestas o informes, que hasta ahora debían publicarse en el mismo documento. El Consejo Económico y Social pide que esta decisión “no merme la capacidad del órgano para expresar sus criterios sobre el sistema de calidad”.

En materia de vivienda, el próximo año las viviendas de protección que hayan tenido financiación estatal o europea tendrán “un régimen legal de protección permanente” si la normativa de los fondos así lo exige. En este momento, en Castilla y León esta duración oscila entre los diez y quince años. La Junta de Castilla y León ve “necesaria” esta medida para poder acceder a las ayudas del Plan Estatal de Vivienda, a los fondos europeos y a la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), aunque muestra en su proyecto su “disconformidad” con la política estatal de vivienda, un pronunciamiento que, a pesar de la recomendación del CES, la Junta de Castilla y León ha mantenido.

La normativa presupuestaria también afecta en cambios a otras leyes recientes como la de Patrimonio Cultural, lo que deriva en medidas como la incorporación de un diagnóstico de afección al patrimonio cultural a los planes y proyectos regionales que no estén sometidos a evaluación ambiental o la concesión directa de subvenciones para la recuperación, adecuación y puesta en valor de bienes del patrimonio cultural (y rutas o recursos turísticos) que resulten dañados por situaciones de emergencia o catástrofes naturales como los incendios forestales.

El CES advierte también de las nuevas tasas a la Dependencia –que el Supremo anuló por cuestiones formales en 2025 y ahora se articula dentro de la Ley– “merecía una tramitación específica” en la que pudieran haber participado los órganos de representación de los usuarios, organizaciones del sector y el Diálogo Social.

Modificaciones en los concursos de funcionarios

Uno de los nuevos cambios más relevantes supone la sustitución del cómputo de plazos de días hábiles por días naturales en los procesos selectivos de personal funcionario y laboral de la Junta de Castilla y León, algo que no se ha negociado con los sindicatos. “Con la Junta es imposible”, señalan fuentes de UGT, que recuerdan cómo fue la situación: “Nos convocaron para tres días después, nos adjuntaron la propuesta, alegamos y justificamos por qué nos oponemos y ellos lo aprueban con su voto”.

“El principal motivo de los retrasos en estos procesos no es el plazo”, rechazan desde CCOO, que plantea otras causas como la falta de dedicación exclusiva de los integrantes de los tribunales o la falta de recursos. Algunos sindicatos plantearon que cambiaran ese cómputo en los plazos largos y no en los cortos –que pueden ser de tres o cinco días, lo que puede derivar en más dificultad para los candidatos–, pero la Junta de Castilla y León no aceptó las alegaciones de ningún sindicato.

Algunas medidas fiscales “sin efecto redistributivo”

El principal objetivo de esta Ley es acompañar en materia tributaria a las prioridades reflejadas en el Proyecto de Presupuestos, por lo que incluye en este caso 36 nuevas rebajas fiscales que “permitirán a los castellanos y leoneses ahorrar 920 millones de euros” en el próximo año, según los cálculos del Ejecutivo autonómico.

El CES advierte, sin embargo, de que algunas de esas medidas fiscales no tienen “efecto redistributivo”, como la rebaja del tramo autonómico del Impuesto sobre las Personas y Rentas Físicas (IRPF), calculado en un “ahorro fiscal” de 13 millones de euros (50 millones a final de legislatura). Este planteamiento, sin embargo, no cuenta con una evaluación “que permita conocer qué contribuyentes resultan principalmente beneficiados”. “Se trata de una rebaja sin efecto redistributivo, tiene el mismo efecto para todos los contribuyentes con independencia de su nivel de renta”, señala el CES.

El Consejo asesor recomienda al gobierno de Fernández Mañueco que evalúe el “sistema de beneficios fiscales y sus resultados” y que publique anualmente un informe sobre el impacto que estas rebajas tienen realmente. También reclama que analice el “impacto distributivo, efecto acumulado y su compatibilidad con una financiación estable de los servicios públicos” para poder analizar “la progresividad del sistema fiscal y no únicamente el coste o ahorro fiscal”. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre la política tributaria de Castilla y León por “las diferentes posiciones” que hay en este Consejo, en el que participan organizaciones sindicales, empresariales, expertos, organizaciones agrarias, de consumidores y cooperativas.