El plan de Ibiza para dar alojamiento a 30.000 trabajadores de temporada con módulos prefabricados
Eivissa es uno de los territorios en los que la crisis de vivienda golpea con más severidad. Un territorio de escasos 572 kilómetros cuadrados que cada verano recibe a millones de turistas necesita no solamente dotar de una vivienda digna a quienes residen todo el año en la isla, sino también a los trabajadores del sector turístico que se desplazan a ella entre los meses de abril y octubre. Sin embargo, en la última década la crisis residencial se ha acentuado debido al aumento tanto de los precios de compraventa como de alquiler.
El Consell Insular –las competencias en vivienda son de la comunidad autónoma– tiene previsto aprobar en marzo de 2027 el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) que incluirá una iniciativa que permitiría alojar temporalmente hasta 30.000 trabajadores procedentes de fuera de la isla. Mariano Juan, vicepresidente primero y conseller insular de Territorio y Ordenación Turística, explica que la propuesta plantea que estos alojamientos se ubiquen en zonas turísticas y cerca de los principales centros de trabajo. “Se trata de diferenciar necesidades distintas. Los trabajadores de temporada necesitan un alojamiento digno durante unos meses, mientras que los residentes necesitan viviendas disponibles durante todo el año. La planificación territorial debe poder dar una respuesta específica a cada una de estas realidades”, afirma Juan.
De esta manera, se busca “facilitar una solución residencial temporal adecuada, reducir desplazamientos innecesarios y evitar que los trabajadores de temporada y las empresas compitan por las mismas viviendas destinadas a cubrir las necesidades permanentes de los residentes”. El vicepresidente primero también ha señalado que disponer de soluciones de alojamiento temporal próximas a los centros de trabajo puede facilitar la estabilidad de las plantillas y la incorporación de los profesionales que necesitan las empresas de la isla.
Se trata de diferenciar necesidades distintas. Los trabajadores de temporada necesitan un alojamiento digno durante unos meses, mientras que los residentes necesitan viviendas disponibles durante todo el año
Una iniciativa privada
La iniciativa deberá partir de las empresas privadas. Es decir, el proyecto se podrá desarrollar en suelos urbanos privados y la financiación será privada también. La tipología dependerá de lo que permitan las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento. “El PIAT no se mete en la tipología constructiva. Solo permite ese uso provisional”, señala el Consell Insular, sobre si permitirá la habilitación de estructuras prefabricadas y modulares o de edificios de construcción clásica.
La propuesta ha sido bien recibida por las patronales consultadas, aunque la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) cree que sus efectos serán “limitados” y la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y Formentera (PIMEEF) que el objetivo de los 30.000 alojamientos es “excesivamente optimista”. La medida de fondo había sido debatida anteriormente en las mesas de diálogo social entre patronales y sindicatos. Estos últimos reconocen que la medida podría contribuir a aliviar la crisis de vivienda, pero ponen el foco en las condiciones en las que vivirían los trabajadores y en el riesgo de que su acceso a una vivienda dependa de mantener su trabajo.
“El ejemplo más claro que se nos ponía es ese hotel que a su alrededor tiene una amplia disponibilidad de espacio –en el que no se puede construir– donde se podrían habilitar ese tipo de residencias”, explica Alfonso Rojo, presidente de PIMEEF. “Con la normativa actual no se permite, pero se puede modificar al ser medidas excepcionales”, indica.
El ejemplo más claro que se nos ponía es ese hotel que a su alrededor tiene una amplia disponibilidad de espacio –en el que no se puede construir– donde se podrían habilitar ese tipo de residencias. Con la normativa actual no se permite, pero se puede modificar al ser medidas excepcionales
El portavoz de los pequeños y medianos empresarios pitiusos cree que es “excesivamente optimista” pensar que se podrían alcanzar las 30.000 plazas porque hay “muchos condicionantes”. Entre ellos, que las empresas dispongan de terreno para poder habilitarlas, una condición que está al alcance de muy pocas. “Bienvenidas serían, pero son muy contadas las empresas que disponen de territorio”, asegura. Esta limitación, además, deja a muchas empresas fuera, ya que los ayuntamientos no podrán a disposición suelo municipal para esta iniciativa. Pese a todo, Rojo valora positivamente que quienes tengan esa opción “ahora vean una ventana abierta”.
“Es una solución técnicamente viable si se modifican las normativas de planificación urbana y territorial”, explica José Antonio Roselló, vicepresidente de CAEB en Eivissa y Formentera. Roselló cree que son terrenos, normalmente propiedad de los hoteles, que no se están utilizando y que si se reclasifican podrían tener “este uso residencial para trabajadores”. “Tampoco es la panacea, creo que será una medida con efectos muy limitados, ya que tampoco hay tanto terreno disponible”. “Pero, si consideramos que muchos pocos hacen mucho, puede ser una medida útil”, considera.
Las patronales ven límites
El presidente de los pequeños y medianos empresarios, por su lado, afirma que la medida tendrá un impacto muy limitado para los asociados de la patronal. “Una de nuestras reclamaciones es la carencia de suelo industrial”. “No tenemos ni siquiera suelo para desarrollar nuestra actividad a los niveles y tamaño que necesitamos”. “Van a ser medidas a las que un sector muy concreto y pequeño se podrá acoger, pero bienvenidas sean”, insiste Rojo. En este sentido, valora que cada alojamiento temporal que se habilite dejará libre vivienda para el resto de la población.
“Nosotros siempre hemos puesto en valor que tengamos a nuestros empleados de la mejor forma posible alojada”. “Esta opción es mucho mejor, que los trabajadores puedan tener alojamientos dignos, que no sean expulsados o tengan que estar subarrendando cualquier tipo de habitación a algún pirata”, sostiene. José Antonio Roselló, vicepresidente de CAEB, coincide en que la iniciativa puede resultar útil, aunque también duda que alcance la dimensión anunciada. “Desde luego, es una medida que puede aliviar el problema, pero, por su propia naturaleza, es limitada en sus efectos”. “Por descontado, por sí misma no resolverá el problema estructural”, valora Roselló.
Desde luego, es una medida que puede aliviar el problema, pero, por su propia naturaleza, es limitada en sus efectos. Por descontado, por sí misma no resolverá el problema estructural
Sonia Iglesias, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Eivissa, cree que “aumentar la oferta de alojamiento puede ayudar, pero no garantiza por sí solo una bajada de los precios”. Así, considera que esta medida debe ir acompañada de otras: una bajada del 50% de los alquileres, ampliar el parque de vivienda pública y social, regular los precios del alquiler, combatir la especulación y limitar el uso turístico de viviendas residenciales.
La portavoz insiste en que cualquier modelo de alojamiento para trabajadores de temporada debe garantizar unas condiciones dignas y precios asequibles, sin perjudicar el acceso a la vivienda de quienes residen en la isla durante todo el año. “Hay que garantizar que la vivienda sea un derecho accesible y no un negocio a costa de quienes vivimos y trabajamos en Ibiza”, sostiene. En este sentido, defiende que las soluciones dirigidas a los trabajadores temporales no deben agravar las dificultades de acceso a la vivienda de la población residente.
La secretaria general de CCOO en Eivissa y Formentera, Consuelo López, explica que existen dos versiones de la propuesta. “Por un lado, están los módulos prefabricados, una solución que podríamos aceptar, siempre que se garantice en qué condiciones van a vivir los trabajadores. Por otro, se ha hablado de levantar residencias de ladrillo para trabajadores, una especie de edificios tipo colmena. Eso no lo vemos de ninguna de las maneras”, advierte. La razón es que si se construyen residencias permanentes de trabajadores el empresario tendría “todo el poder sobre la vida de quienes viven allí”, según López.
Por un lado, están los módulos prefabricados, una solución que podríamos aceptar, siempre que se garantice en qué condiciones van a vivir los trabajadores. Por otro, se ha hablado de levantar residencias de ladrillo para trabajadores, una especie de edificios tipo colmena. Eso no lo vemos de ninguna de las maneras
Es algo que, a juicio de la portavoz sindical, ya ocurre en algunos hoteles de la isla. “El empresario te da alojamiento, pero tú tienes que hacer lo que diga: con las horas de trabajo, los días libres y muchas otras cuestiones con las que tienes que tragar porque te está dando una vivienda. Muchas veces, además, son exigencias que ni siquiera son legales”, afirma. Y pone ejemplos concretos: trabajadores que se ponen enfermos, cogen la baja, y a los dos días, los gestores del hotel “ya te están diciendo que tienes que dejar la habitación”.
“Si te despiden, evidentemente también tienes que marcharte”. “La vivienda se convierte así en un arma arrojadiza, porque para que te den alojamiento muchas veces tienes que aceptar condiciones que no deberías aceptar”, añade López. “Cuando antes veníamos a Ibiza a trabajar de temporada y alquilábamos un piso, esa vivienda era nuestra casa. Podía venir tu familia de vacaciones, podías celebrar un cumpleaños y hacer tu vida con normalidad. En los alojamientos que hay hoy en día en algunos hoteles no puedes hacer eso”, lamenta la portavoz sindical.
A su juicio, que el empresario facilite vivienda a los trabajadores se puede convertir, al mismo tiempo, en un problema para los empleados que afecta a su libertad, así como a sus condiciones laborales. “Los módulos habitacionales no nos parecen mal porque se pueden montar y desmontar. Ahora bien, hay que ver en qué condiciones se habilitan”, apunta. En este sentido, señala que si se opta por esta solución debe haber “un contrato” y que el alquiler no suponga más de un tercio del salario del trabajador. Además, si ofrecen una solución modular a los empleados, esta se debe considerar su casa.
Por otro lado, la portavoz sindical se pregunta qué pasaría si el trabajador deja la empresa. “El problema es que las personas que pierden su vivienda se marchan de la isla. Perder el trabajo es expulsarte de la isla. Eso es lo que queremos evitar”, opina. Para López, al final, se trata de “un parche, para unas pocas temporadas”. “Si se hace mediante módulos, tendrían que ser una solución para muy pocas temporadas, porque no deja de ser otro parche más de los muchos que se ponen encima de la mesa mientras se intenta resolver el problema de la vivienda en la isla”, valora.
Declarar la isla zona tensionada
En cuanto a las medidas estructurales, López reclama declarar la isla zona de mercado residencial tensionado y establecer límites a los alquileres. “No entiendo por qué no se hace. Bueno, sí lo entiendo: aquí todo es una cuestión ideológica”, sostiene. Además, considera que la falta de medidas está agravando la crisis de vivienda. “Estamos echando a perder la isla por cuestiones ideológicas”, afirma.
La dirigente sindical también pone el foco en las viviendas vacías y defiende que salgan al mercado del alquiler. Aunque insiste en que debe garantizarse la protección legal de los propietarios, cuestiona que el temor a la ocupación se utilice como argumento para mantener los pisos cerrados. “Hemos visto a guardias civiles, policías y funcionarios públicos de distintos ámbitos durmiendo en sus coches. ¿De verdad un propietario no puede alquilarle una vivienda a unos maestros o a unos guardias civiles? ¿También van a ocuparles la casa y destrozársela?”, plantea. A su juicio, existe una falta de voluntad para movilizar esas viviendas.
Además, defiende la renovación automática de los contratos de alquiler para los inquilinos que cumplen con sus obligaciones, una de las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas a la que se ha sumado CCOO y UGT. “Si tienes unos inquilinos que te están pagando y que asumen todos los gastos, llega el final del contrato y los echas a la calle. Que ese propietario explique por qué y para qué”, señala López.
La secretaria general de CCOO considera que, en muchos casos, detrás de la finalización de los contratos está la intención de subir el precio del alquiler. “Si tienes unos inquilinos que pagan y no te dan problemas, ¿por qué tienes que echarlos? La respuesta, en muchos casos, es que el propietario quiere ganar más dinero porque a los siguientes inquilinos les va a subir mucho el alquiler”, sostiene.
La vivienda es un derecho, no un negocio. Vivir y trabajar en Ibiza no debería ser un lujo. Nadie debería tener que marcharse de su hogar por no poder pagar un alquiler
Según López, esta situación obliga a los inquilinos a asumir incrementos que no pueden pagar o a abandonar sus casas. “Le dice que se le acaba el contrato y que tiene que pagar muchos euros más, o se va a la calle. Y, como no puede pagarlos, se marcha y entra otra persona pagando más”. La dirigente sindical atribuye estas prácticas a “pura avaricia y especulación”.
“La vivienda es un derecho, no un negocio. Vivir y trabajar en Ibiza no debería ser un lujo”, reivindica, en la misma línea, Iglesias, que reclama medidas que permitan a la población permanecer en la isla. “Nadie debería tener que marcharse de su hogar por no poder pagar un alquiler”, concluye.
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