Claves del choque por las 532 viviendas públicas de Ibiza: del requisito de residencia a la batalla por topar el alquiler

La proyectada promoción de 532 viviendas públicas que el Ministerio de Vivienda impulsará a partir de 2027 en la zona de Ca n’Escandell, en la capital de Eivissa, se ha convertido en uno de los principales escenarios del enfrentamiento entre las instituciones ibicencas y el Gobierno central. El proyecto contempla una inversión estatal de 131 millones de euros para 362 pisos en parcelas 100% públicas, junto a una aportación adicional de 14 millones de euros para desarrollar otros 170 inmuebles en colaboración con las administraciones autonómica y local.

La disputa por la vivienda llega además en un momento de creciente presión social sobre el Gobierno central. El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en la misma casa, ha provocado una movilización impulsada por el Sindicato de Inquilinas, con una manifestación este sábado en Madrid y una acampada posterior en la Puerta del Sol que se mantendrá al menos hasta este martes, cuando está prevista una votación en el Congreso de los Diputados para aprobar un nuevo decreto de vivienda.

El caso ha convertido la vivienda en uno de los principales frentes políticos de estos días y ha acelerado la negociación de este nuevo decreto que el Gobierno de PSOE y Sumar pretende aprobar este martes. Para sacarlo adelante después en el Congreso necesitará reunir una mayoría parlamentaria que, además de sus socios progresistas –ERC, Compromís, EH Bildu, BNG o Podemos–, pasa por conseguir también el respaldo de fuerzas conservadoras como PNV y Junts. El Gobierno reconoce que las conversaciones continúan abiertas y que la concreción de las medidas todavía está en negociación.

La prioridad para los residentes abre el choque

La disputa se centra en los criterios de acceso a las viviendas. El alcalde de la ciudad, Rafa Triguero (PP), reclamó ante la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que los vecinos residentes de la isla tuvieran prioridad absoluta en el acceso a las viviendas. La posición inicial de la ministra rechazó fijar un criterio estricto de arraigo territorial, defendiendo que la oferta pública estatal también debe atender a los profesionales sanitarios, docentes y de servicios que se desplazan temporalmente a la isla para trabajar.

Desde la dirección del PP insular, el vicesecretario de Política Insular, Mariano Juan, tildó de incomprensible que el Ejecutivo reconozca la emergencia habitacional de Eivissa y, al mismo tiempo, descarte mecanismos para priorizar a los jóvenes y familias que intentan desarrollar su proyecto de vida en el municipio. Según Juan, no se entiende que el Gobierno sea consciente de “la excepcional gravedad del problema de acceso a la vivienda que existe en la isla y, al mismo tiempo, descarte establecer algún mecanismo que priorice a quienes ya viven, trabajan y desarrollan su proyecto de vida en Eivissa”.

El choque inicial en torno a los criterios de adjudicación colisionó de lleno con la legislación autonómica en materia de vivienda. El artículo 70.8 de la Ley 5/2018 de vivienda de las Illes Balears establece de forma explícita que, para acceder a una vivienda protegida de promoción pública, el beneficiario debe acreditar un periodo mínimo de residencia de cinco años en el archipiélago. Tras las duras críticas del Consistorio ibicenco –donde se recordó que el suelo municipal se cedió para ayudar a la población local y no para aspirantes sin vinculación con la isla–, fuentes de Casa 47 (la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo dependiente del Ministerio) aclaran a elDiario.es que la adjudicación respetará estrictamente la normativa de vivienda protegida vigente en la comunidad autónoma, precisando así la posición del Ministerio. Esta puntualización fue celebrada por el Ayuntamiento de Eivissa como una rectificación forzada por las exigencias municipales, solicitando que se formalice en el convenio correspondiente.

La Ley 5/2018 de vivienda de las Illes Balears establece de forma explícita que, para acceder a una vivienda protegida de promoción pública, el beneficiario debe acreditar un periodo mínimo de residencia de cinco años en el archipiélago

Sin embargo, el compromiso de aplicar la ley autonómica no ha frenado las demandas del PP ibicenco, que ha decidido elevar la exigencia. Las instituciones ibicencas –los cinco alcaldes de la isla y el presidente del Consell Insular– reclaman que el requisito de residencia previa no se quede en los cinco años fijados por la norma balear, sino que se incremente hasta los diez años. “La legislación balear tiene fijados cinco años. Si quieren diez, lo tiene que cambiar su mayoría parlamentaria”, responden fuentes de los socialistas ibicencos. Toni Costa, portavoz del Govern, en cambio, recuerda que la normativa de vivienda balear fija un mínimo de cinco años de residencia para acceder a una promoción de vivienda pública.

El PP ibicenco, para defender su postura, valora que la isla “tiene un problema de crecimiento demográfico”. El presidente del Consell Insular, Vicent Marí, explica que durante las últimas décadas la isla prácticamente ha duplicado su población y que construir viviendas para que siga llegando más gente “no resuelve el problema de los residentes, sino que aumenta la presión sobre la vivienda, el territorio, las infraestructuras y los servicios públicos”, señala. Por estas razones, considera que la vivienda pública “debe permitir que las personas que ya viven en Eivissa puedan quedarse”. “Si construimos para seguir generando nueva demanda sin atender antes la que ya existe, agravamos el problema en lugar de resolverlo”.

La vivienda entra en precampaña

La disputa por las viviendas de Ca n’Escandell se enmarca en un clima de precampaña política con la vista puesta en los comicios municipales y autonómicos de 2027. Durante una entrevista en Cadena SER Ibiza, la ministra Isabel Rodríguez calificó la crisis de alquiler en la isla de “dramática” y situó a Eivissa como el “epicentro” del problema. No obstante, Rodríguez responsabilizó directamente a la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), acusándola de negarse a aplicar las herramientas que contempla la Ley estatal de Vivienda, como la declaración de zonas de mercado residencial tensionado para topar los precios de los arrendamientos. La ministra contrapuso las medidas socialistas (construcción de parque público, congelación de precios y combate a la especulación) con la gestión conservadora, citando además las directrices de la Comisión Europea impulsadas por Ursula von der Leyen para limitar los alquileres turísticos de corta duración.

En este contexto estatal se entiende también la presión que el Sindicato de Inquilinas está ejerciendo sobre el Gobierno con el llamado “Decreto Maricarmen”. La organización reclama que el nuevo decreto incluya cinco medidas: medidas estructurales para impedir los desahucios; una regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones; la congelación de los precios actuales del alquiler; prórrogas efectivas de los contratos y, como principal reivindicación, la renovación automática de todos los contratos para que pasen a ser indefinidos. El sindicato sostiene que el objetivo es evitar que puedan repetirse casos como el de Maricarmen y que los inquilinos tengan garantizada una mayor estabilidad residencial.

El paquete que el Gobierno negocia para llevar este martes al Consejo de Ministros comparte algunos de esos objetivos, aunque no todas las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas están asumidas. Sobre la mesa están medidas de protección frente a los desahucios, la estabilización de los contratos de alquiler, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y una mayor regulación de los pisos turísticos.

El Ejecutivo contempla además bonificaciones fiscales para inquilinos y para propietarios que bajen el precio del alquiler, ayudas para la compra de la primera vivienda, el blindaje del parque estatal de vivienda y una posible reducción del IVA para la construcción de vivienda protegida. También se negocia una fórmula para proteger a los inquilinos vulnerables frente a desahucios en viviendas propiedad de fondos buitre. El Gobierno prevé asimismo que los inquilinos puedan solicitar una prórroga de sus contratos durante dos años manteniendo el mismo precio, pero la renovación automática e indefinida que reclama el Sindicato de Inquilinas no forma, de momento, parte de la posición de los socialistas.

Por su parte, el cruce entre ambas formaciones ha adquirido un fuerte tono de acusaciones hacia sus rivales políticos conservadores. Así, Rodríguez ha deslizado que históricamente algunas promociones públicas han terminado “en manos de los concejales del PP, o del alcalde del PP o de los amigos de los dirigentes del PP”.

Rodríguez no ha mencionado directamente a Triguero. Tampoco ha quedado claro si se refería o no a él. Aunque nunca ha sido adjudicatario de una vivienda pública, el alcalde ha estado en el foco durante los últimos meses después de haber realizado una operación urbanística que perseguía, presuntamente y según ha denunciado la oposición, obtener irregularmente una vivienda de precio limitado (VPL). Una VPL es una figura creada por la ley balear de vivienda que permite convertir locales y oficinas en viviendas con límites de precio y requisitos de acceso para ampliar la oferta residencial.

Detrás de la pugna institucional subyacen unos datos económicos que reflejan la dificultad de acceso al hogar en el archipiélago. De acuerdo con el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda libre en Balears registró un incremento interanual del 13,7% en el segundo trimestre de 2026, situándose como la octava mayor subida de todo el país.

Esta tendencia prolonga la escalada del ejercicio anterior, cuando el coste de la vivienda nueva subió un 13,4% y el de segunda mano un 11,8% en las islas. Este escenario de precios al alza hace que trabajadores con empleo estable sigan sin encontrar viviendas asequibles, convirtiendo la política residencial en la principal batalla política en el archipiélago balear.