El PSOE denuncia al alcalde de Ibiza por supuestas irregularidades en el acceso a una vivienda con protección pública

El Partido Socialista de las Illes Balears ha denunciado a Rafael Triguero (PP), alcalde de Eivissa, ante el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) por la comisión de presuntas infracciones graves y muy graves en la Ley 5/2018, de vivienda, y en la Ley 3/2024, de medidas urgentes en materia de la vivienda. El escrito de acusación, al cual ha accedido elDiario.es, está relacionado con el cambio de uso de un local comercial a Vivienda de Precio Limitado (VPL), situado en el barrio de Can Misses, en el eixample de Eivissa. Una VPL es una figura creada por la ley balear de vivienda que permite convertir locales y oficinas en viviendas con límites de precio y requisitos de acceso para ampliar la oferta residencial. A diferencia de una VPO o vivienda protegida tradicional, no forma parte de un régimen clásico de promoción pública ni tiene el mismo nivel de protección administrativa permanente.

Tras la consulta de elDiario.es, el Ajuntament d’Eivissa responde que se remiten “a las declaraciones ya realizadas al respecto por el alcalde”. En su cuenta de Instagram, Triguero negó las irregularidades que se le imputan. “En todo momento, he cumplido la ley escrupulosamente. No he adquirido, ni tampoco se me ha adjudicado, ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida”, se limitó a responder, en una comparecencia de prensa en la que no aceptó preguntas de los periodistas. La Conselleria de Vivienda del Govern balear no ha respondido a este diario en el momento en se publica esta noticia.

Este diario ha consultado al Govern si el Ibavi ha recibido formalmente la denuncia y si prevé abrir actuaciones de inspección o expediente informativo; si la vivienda mencionada figura inscrita en el Registro de Viviendas de Precio Limitado; si consta la presentación de la declaración responsable exigida por la normativa autonómica y cómo interpreta los requisitos relativos a la titularidad de otras viviendas para acceder a una VPL en este caso concreto. Asimismo, si consideran que podría haberse producido alguna irregularidad administrativa o urbanística relacionada con la conversión del local/oficina en vivienda. Al Ajuntament d’Eivissa se le ha consultado si ha habido irregularidades respecto a la licencia de primera ocupación en la vivienda y sobre la adecuación urbanística de las actualizaciones realizadas. “La Conselleria de Vivienda ya ha manifestado que no ve irregularidades y que todo el proceso sigue en plazo”, ha respondido la corporación.

Las presuntas irregularidades

En cuanto a las irregularidades que desgrana la denuncia, avanzadas por La Voz de Ibiza, se describe como infracción muy grave el incumplimiento de los requisitos de propiedad. Triguero y su pareja habrían negociado la compraventa del local durante el año 2024 y lo elevaron a escritura pública el 4 de junio de 2025, según el escrito. Se trata de un inmueble catalogado como oficina, ubicado en una planta baja de una urbanización de Can Misses. La titularidad del local se negoció al 50% para cada miembro de la pareja. Esta oficina se adquirió con el fin de transformarla en VPL. La presunta irregularidad se explicaría porque Triguero y su pareja son propietarios de otras dos viviendas de forma separada.

La pareja del alcalde tiene la titularidad de una vivienda situada en la segunda planta del mismo bloque, mientras que Triguero es propietario de otra vivienda ubicada en el mismo municipio, según el escrito. El punto cinco del artículo 2 de la Ley 3/2024 establece, como uno de los requisitos legales, que para poder acceder a una VPL el beneficiario “no podrá ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute sobre más de un 50% de alguna vivienda libre o sometida a algún régimen de protección”. En la actualidad, Triguero y su pareja viven con sus hijos en este piso, según los socialistas. El alcalde hizo una donación del 50% a sus hijos menores a través de la figura del pacto sucesorio para, según el documento, “dar apariencia de cumplir con la legalidad” y así quedarse él solo con el otro 50%.

Asimismo, el PSOE denuncia que el Ajuntament d'Eivissa aprobó en el pleno del 30 de noviembre de 2023, cuando Triguero ya era alcalde, los criterios para aplicar el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda limitando a ocho barrios del municipio la posibilidad de convertir locales de negocio en viviendas, y entre esos ocho barrios se encuentra el de Can Misses, donde se sitúan los inmuebles afectados.

Además, el 6 de marzo de 2026, el local/oficina obtuvo la licencia de primera ocupación que otorga el Ajuntament d'Eivissa. En abril de este año, Triguero y su pareja se fueron a vivir al nuevo piso, pese a que no reúnen “los requisitos necesarios para ser beneficiarios”, según la denuncia. Asimismo, la pareja del alcalde procedió a alquilar la vivienda de la que es titular al 100% y que está en el mismo edificio. A juicio del PSOE, se trata de “una clara maniobra de adquirir un inmueble para reconvertirlo en VPL sin cumplir los requisitos” y con el objetivo de “obtener un beneficio económico, alquilando sus viviendas en propiedad y ocupando el nuevo local oficina ahora convertido en vivienda VPL”.

En segundo lugar, como presunta irregularidad, se describe la falta de inscripción en el Registro Autonómico de VPL, como exige la legislación autonómica en su artículo tercero. La vivienda, sin embargo, no ha sido inscrita en este registro, que se debe producir previo paso a la ocupación efectiva de la vivienda. Entre las obligaciones, la ley indica que se debe registrar la primera inscripción de las viviendas de precio limitado, “una vez obtenida la licencia de primera ocupación, y como requisito previo a sus transmisiones posteriores, arrendamientos u otras modalidades de transmisión de cualquier derecho o cesión de uso admitido en derecho”, como figura en la disposición adicional decimosegunda.

En tercer lugar, tampoco se habría realizado la declaración responsable de beneficios ante la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear, que ahora dirige José Luis Mateo tras haber sustituido a Marta Vidal, la ideóloga de las últimas modificaciones en materia de vivienda. En el punto seis del artículo 2 se establece que “el cumplimiento de las condiciones de acceso se acreditará mediante la presentación de una declaración responsable” tanto en la primera transmisión como en las posteriores, del beneficiario ante la consejería competente en la materia, en el plazo de treinta días desde la formalización del contrato cuando proceda, sin perjuicio de la comprobación por parte de los servicios de inspección competentes en materia de vivienda“.

Asimismo, la declaración responsable deberá adjuntar “la escritura acreditativa de la propiedad o el contrato de alquiler, en la que se hará constar, además del cumplimiento de las condiciones establecidas y el destino como domicilio habitual y permanente de la vivienda, la identidad de las partes intervinientes, la superficie útil, el precio y la modalidad de uso de la vivienda de precio limitado”, describe la normativa.

Los socialistas recuerdan que, según el régimen sancionador de la Ley 5/2018, entre las infracciones muy graves, se describe en el artículo 88 el “falseamiento de requisitos o titularidad de otra vivienda”, que se sanciona con multas de entre 30.001 y 90.000 euros; entre las graves, el incumplimiento “de obligaciones de registro”, tipificado en el artículo 87, y que se sanciona con entre 3.001 y 30.000 euros, así como sanciones accesorias, según el artículo 92 c) que obliga a “reponer la situación alterada por la infracción cometida al estado anterior en los términos concretos y los plazos que indique la resolución sancionadora”. La legislación también prevé la posibilidad de imponer hasta 12 multas mensuales “para el cumplimiento”.

El PSOE exige una investigación

En el escrito, firmado por Iago Negueruela, portavoz del PSOE en el Parlament balear, los socialistas exigen al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), en primer lugar, que “inicie las actuaciones de inspección necesarias para verificar la titularidad de otras viviendas” de la familia, así como la “falta de inscripción en los registros correspondientes”.

En segundo, que proceda a la apertura “del correspondiente expediente sancionador por las infracciones graves y muy graves detalladas” y que acuerde, si procede, “la sanción de reposición de la legalidad, exigiendo el cese de la ocupación de la vivienda o su descalificación como VPL con las consecuencias económicas pertinentes”.

Finalmente, solicitan que si en el transcurso de la investigación se comprueba que los hechos pueden ser constitutivos de algún ilícito penal, la Administración “deberá ponerlo en conocimiento del juzgado de instrucción correspondiente, si puede haber existido algún tipo de información privilegiada, tráfico de influencias o fraude de ley”, entre otras presuntas irregularidades.