Una acusación del 'caso VPO' de Alicante dice que la personación que pretende la Generalitat “envenena” la causa

La acusación popular que ejerce Ciudadanos en la causa que investiga el escándalo de la adjudicación de las VPO de Alicante rechaza la pretensión de la Generalitat Valenciana de personarse en la causa como perjudicada. El escrito del partido naranja, al que ha tenido acceso elDiario.es, cuestiona de plano que la Generalitat pueda ejercer la acusación particular —“resulta redundante e innecesaria” al solaparse con el Ministerio Fiscal— y cuestiona que ostente la condición de víctima.

“La pretensión de la Generalitat de ser acusación particular es un intento de fraude procesal”, sostienen los abogados de la formación, Eduardo García Ontiveros y Mamen Peris.

Además, su hipotética personación en el procedimiento “envenena la pureza del proceso penal, introduce intereses extrajurídicos y genera un conflicto de intereses insalvable entre su deber de transparencia y su estrategia de parte acusadora”, apostilla el escrito.

La acusación popular considera que la intención de la Generalitat resulta “procesalmente perturbadora” y “jurídicamente incompatible” con la estructura del proceso penal, “debido al evidente conflicto de intereses que subyace en su intervención”.

El escrito argumenta que la investigación de la titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante “gravita” sobre la gestión de recursos públicos y la adjudicación de viviendas “cuya tutela, inspección y control corresponden, por mandato legal, a la propia Generalitat Valenciana”.

Además, resulta “inevitable”, a juicio de Ciudadanos, que el foco de la instrucción de la causa “recaiga” sobre los actos administrativos, los informes técnicos y las omisiones de vigilancia de los propios organismos de la Generalitat.

“Por tanto”, agrega el escrito, “permitir que la Administración se persone como acusación particular crea una situación kafquiana en el proceso: la entidad que debería ser fiscalizada por su posible responsabilidad (civil subsidiaria o incluso penal de sus cargos públicos) pretende ocupar el puesto de la víctima”.

Una “bicefalia acusatoria inasumible”

La acusación popular también alerta de una eventual “bicefalia acusatoria pública inasumible” al crearse una “duplicidad de esfuerzos”, en referencia al papel del Ministerio Fiscal. En la hipótesis de que se personara la Generalitat, figurarían dos entes públicos “acusando por el mismo interés general, pero con criterios potencialmente divergentes”.

Otro escenario sería la intervención de la Generalitat en interrogatorios de sus propios funcionarios o técnicos con una posición de parte, “pudiendo condicionar las declaraciones para salvaguardar el prestigio de la institución”.

“La admisión de la Generalitat Valenciana como acusación particular generaría un desequilibrio procesal (ruptura de la igualdad de armas), al permitir que dos instituciones públicas ejerzan la misma función bajo etiquetas distintas, con una duplicidad de esfuerzos acusatorios públicos que no encuentra amparo en la naturaleza del perjuicio alegado”, afirma el escrito.

Por otro lado, la acusación popular también alude a la competencia de la Generalitat para sancionar administrativamente o retirar calificaciones de vivienda de protección pública.