Patricia García, la cap de Protecció Civil de la Delegació del Govern a València, estava connectada telemàticament a la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) de la dana del 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts, mentre veia per la finestra que el seu municipi s’inundava. Per això no va entendre per què es va enviar primer un Es-Alert que no demanava a la població que es refugiara en plantes altes, tal com s’havia acordat en el Cecopi. El primer missatge automàtic es va remetre als mòbils de tota la província de València a les 20.11 d’aquell catastròfic dia, sense que demanara a la població que buscara refugi en altura. “No em va semblar que fora el que havíem parlat”, va afirmar García el 20 d’abril passat davant la jutgessa de la dana, segons indica l’acta de la declaració, a què ha tingut accés elDiario.es. 

L’advocat d’una de les acusacions populars va plantejar a la testimoni si aquell Es-Alert —“a l’efecte de protecció civil”— resultava útil. La funcionària va contestar: “No m’ho va semblar”. 

La testimoni “sempre” va pensar que s’havia acordat enviar primer un Es-Alert a les zones situades aigua avall de la presa de Forata i a les comarques de la Foia de Bunyol i de l’Horta Sud, amb la recomanació de pujar a plantes altes, i un altre (en segon terme) a tota la província de València. “I de fet, jo, com a afectada mateixa, tampoc vaig entendre que enviaren el primer el de la província, la veritat”, va declarar Patricia García. 

Una de les seues intervencions en la reunió del Cecopi va ser precisament per a demanar que el missatge instara a pujar “a plantes altes”. “Que era el que més rellevant em semblava del missatge”, va afegir. La proposta va tindre un “bon” acolliment en el Cecopi, segons García. 

També va desmentir que l’eina de l’Es-Alert no estiguera aprovada el dia de la dana, tal com suggereixen les defenses dels investigats. El protocol de l’Es-Alert “estava aprovat en el moment de la dana”, va dir García. Aquest diari el va publicar el 17 de febrer de 2025. La testimoni va recordar que l’eina s’havia usat prèviament a la Comunitat de Madrid i a Guadalajara en ocasió d’una fuita de gas. “El sistema estava en funcionament i era operatiu”, va reblar. 

García també recordava “perfectament” que la delegada del Govern, Pilar Bernabé, va al·ludir en la reunió del Cecopi a la situació de Paiporta, localitat de la comarca de l’Horta Sud afectada pel desbordament del barranc de Poio.

La presa de Forata “tot ho eclipsa”

La cap de Protecció Civil, que va definir el seu lloc com “els ulls de l’Estat en el territori”, va relatar que en la reunió del Cecopi la “dramàtica” situació de la presa de Forata “tot ho eclipsa”. “Tota l’atenció es posa ací. No existeix el barranc de Poio, no existeix res més, és Forata i punt”, va postil·lar. Fins que després de la segona pausa del Cecopi, cap a les 19.30, s’adverteix per part de Pilar Bernabé que “estava inundant-se Paiporta”. En el Cecopi, va explicar, no va haver-hi una preocupació especial per la situació dels barrancs. 

D’altra banda, segons acredita un missatge de WhatsApp de García incorporat a la causa, a les 19.42 va alertar explícitament a una alta funcionària del Centre d’Emergències de la Generalitat de la situació del barranc de Poio.

Patricia García, la jefa de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en València, estaba conectada telemáticamente a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, mientras veía por la ventana que su municipio se inundaba. Por eso no entendió por qué se envió primero un Es-Alert que no pedía a la población que se refugiara en plantas altas, tal como se había acordado en el Cecopi. El primer mensaje automático se remitió a los móviles de toda la provincia de Valencia a las 20.11 de aquel catastrófico día, sin que pidiera a la población que buscara refugio en altura. “No me pareció que fuera lo que habíamos hablado”, afirmó García el pasado 20 de abril ante la jueza de la dana, según indica el acta de la declaración, a la que tenido acceso elDiario.es.

El abogado de una de las acusaciones populares planteó a la testigo si aquel Es-Alert —“a efectos de protección civil”— resultaba útil. La funcionaria contestó: “No me lo pareció”.

La testigo “siempre” pensó que se había acordado enviar primero un Es-Alert a las zonas situadas aguas abajo de la presa de Forata y a las comarcas de la Hoya de Buñol y de l'Horta Sud, con la recomendación de subir a plantas altas, y otro (en segundo término) a toda la provincia de Valencia. “Y de hecho yo, como propia afectada, tampoco entendí que mandaran el primero el de la provincia, la verdad”, declaró Patricia García.

Una de sus intervenciones en la reunión del Cecopi fue precisamente para pedir que el mensaje instara a subir “a plantas altas”. “Que era lo que más relevante me parecía del mensaje”, agregó. La propuesta tuvo una “buena” acogida en el Cecopi, según García.

También desmintió que la herramienta del Es-Alert no estuviera aprobada el día de la dana, tal como sugieren las defensas de los investigados. El protocolo del Es-Alert “estaba aprobado en el momento de la dana”, dijo García. Este diario lo publicó el 17 de febrero de 2025. La testigo recordó que la herramienta se había usado previamente en la Comunidad de Madrid y en Guadalajara con ocasión de un escape de gas. “El sistema estaba en funcionamiento y era operativo”, remachó.

García también recordaba “perfectamente” que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, aludió en la reunión del Cecopi a la situación de Paiporta, localidad de la comarca de l'Horta Sud afectada por el desbordamiento del barranco del Poyo.

La presa de Forata “todo lo eclipsa”

La jefa de Protección Civil, que definió su puesto como “los ojos del Estado en el territorio”, relató que en la reunión del Cecopi la “dramática” situación de la presa de Forata “todo lo eclipsa”. “Toda la atención se pone ahí. No existe el barranco del Poyo, no existe nada más, es Forata y punto”, apostilló. Hasta que después de la segunda pausa del Cecopi, sobre las 19.30, se advierte por parte de Pilar Bernabé de que “se estaba inundando Paiporta”. En el Cecopi, explicó, no hubo una preocupación especial por la situación de los barrancos.

Por otro lado, según acredita un mensaje de WhatsApp de García incorporado a la causa, a las 19.42 alertó explícitamente a una alta funcionaria del Centro de Emergencias de la Generalitat sobre la situación del barranco del Poyo.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha respaldado la decisión de la jueza instructora de la dana de excluir como nueva víctima de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos, a un hombre que falleció posteriormente sin una relación causal directa con la catástrofe. La jueza Nuria Ruiz Tobarra se apoyó en un informe del Instituto de Medicina Legal (IML) de València que excluyó la relación de causalidad entre la dana y las circunstancias de la muerte del hombre (el 2 de diciembre de 2024 por una sepsis urinaria en el contexto de una patología crónica).

El hombre fue atendido el 30 de noviembre de 2024 en el Hospital de la Ribera y, tras un deterioro de su estado general, falleció unos días después. “Los dos eventos se datan en fechas posteriores al 29 de octubre de 2024 y alude a patologías de aparición reciente que, las desvincula de las circunstancias que sufrió” el hombre, indica el auto de la Audiencia de Valencia.

La representación jurídica de la hija del fallecido recurrió el auto de la magistrada instructora, dictado el pasado 11 de febrero, y solicitó diligencias complementarias. Sin embargo, el Ministerio Fiscal se opuso a la estimación del recurso escudándose en que la conclusión pericial, basada en la documentación médica, “resulta suficientemente clara y contundente en cuanto a la exclusión de un nexo causal determinantemente las circunstancias que sufrió” el hombre durante las inundaciones de la dana del 29 de octubre de 2024 y el resultado de su fallecimiento el 2 de diciembre de 2024.

La sección segunda de la Audiencia de Valencia comparte la tesis de la jueza y considera “suficiente” la motivación del auto recurrido.

“Entendemos que la resolución recurrida resulta razonable sin que los argumentos expuestos en el recurso nos permitan cuestionar la decisión del Juzgado de Instancia”, concluye la resolución.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la empresa pública del Metro en València, ha contestado a la jueza que el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, no recibió por parte de la Conselleria de Emergencias, que dirigía Salomé Pradas, ninguna “instrucción concreta o recomendación” ante la dana, más allá de las alertas meteorológicas de Fenómenos Atmosféricos Adversos y avisos especiales “dirigidos de manera global a organismos públicos”.

Así consta en un breve informe de FGV, firmado por el gerente de la empresa, Alfonso Novo, y remitido a la jueza instructora de la causa, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. La instructora citó a declarar como testigos a Novo, al secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, y a varios mandos de FGV.

La empresa pública de la Generalitat indica sitúa la falta de instrucciones “en el lapso temporal comprendido entre los días 24 y 29 de octubre de 2024”.

El Puesto de Mando de FGV, situado a tiro de piedra del barranco del Poyo, quedó completamente inundado. Siete trenes se quedaron aislados y un centenar de pasajeros refugiados, según un informe oficial de la empresa pública revelado por elDiario.es.

Si las cuatro plazas de refuerzo con las que cuenta la jueza de la dana no se pudieran cubrir en una comisión de servicios, mediante la bolsa de interinos “se intentaría” que fueran las mismas personas que han trabajado en el juzgado de Catarroja. Ese fue el condicional que usó este miércoles Nuria Martínez, consellera de Justicia del Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca, tras su reunión con el presidente del Tribunal de Instancia de Catarroja, David Castellá. Martínez acudió al Palacio de Justicia de la localidad de l'Horta Sud tras la polémica por la decisión de estabilizar las plazas de refuerzo del juzgado que instruye la causa de la dana, un movimiento que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra lamentó en un auto dictado el pasado 10 de abril por la “gran dilación en la instrucción” que podría suponer, al desmantelar el “equipo” formado por las funcionarias de refuerzo, muy familiarizadas con un procedimiento que acumula 56 tomos de sumario, 400 piezas de perjudicados y en el marco de la cual ya se han celebrado 555 testificales (además de un centenar de testigos pendientes de declarar).

Las cuatro funcionarias recibieron este pasado martes la notificación de su cese, según ha podido saber elDiario.es. Aunque la titular de Justicia arguyó el “firme compromiso” de la Generalitat de “garantizar” que la jueza instructora “siga contando con los mismos recursos materiales y humanos” y el “mismo número de funcionarios para poder llevar a cabo la instrucción en las condiciones y con los medios adecuados”, el hecho de que no asegure fehacientemente la continuidad de las mismas trabajadoras de refuerzo inquieta de cara a la continuación de la causa.

A pesar de que las plazas se ofertarán en comisión de servicios, “es muy probable” que no se cubran ya que, “entre otras cosas, no cobran guardias”, según indican fuentes judiciales. Por otro lado, en caso de que se recurriera a interinos, “con casi total seguridad serían otras personas, que no solo desconocerían la causa, sino que en muchas ocasiones no tienen formación”, apostillan las mismas fuentes.

La “conveniencia de mantener al mismo personal”

Y eso que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), en la comisión del pasado 15 de abril, acordó —por unanimidad— solicitar a la conselleria (que ostenta las competencias en la materia) que se mantuviera “al mismo personal” con el que ha contado la jueza Nuria Ruiz Tobarra.

El acuerdo de la Sala de Gobierno del alto tribunal autonómico, remitido “a los efectos oportunos” a la directora general de Justicia, María José Adalid, rezaba: “En cuanto al mantenimiento de los refuerzos de funcionarios actualmente existentes para la atención a la plaza 3 de Catarroja, y a la vista del comunicado recientemente emitido por la Conselleria de Justicia, por el que indica que el eventual cese de dichos refuerzos responde a una fase previa al proceso de creación y consolidación de los correspondientes puestos de trabajo con carácter estructural, y asimismo, el compromiso manifestado por la Conselleria de dotar al Juzgado de Catarroja de los medios materiales y humanos necesarios, esta Sala pone de relieve la especial trascendencia que la continuidad de los refuerzos tiene para el adecuado funcionamiento del órgano, por lo que confía en que se adopten las medidas necesarias para garantizar dicha continuidad, preferentemente mediante el mantenimiento del mismo personal, evitando interrupciones a partir del 30 de junio”.

Por otro lado, la Sala de Gobierno del TSJ-CV también consideraba “igualmente necesario asegurar la continuidad del servicio público sin interrupciones, en aquellos supuestos de mayor criticidad, para lo que deberá valorarse especialmente la conveniencia de mantener al mismo personal, en atención a la calidad del servicio y a la estabilidad organizativa”.

Si les quatre places de reforç amb què compta la jutgessa de la dana no es pogueren cobrir en una comissió de serveis, mitjançant la borsa d’interins “s’intentaria” que foren les mateixes persones que han treballat en el Jutjat de Catarroja. Aquest va ser el condicional que va usar dimecres Nuria Martínez, consellera de Justícia del Govern de Juan Francisco Pérez Llorca, després de la seua reunió amb el president del Tribunal d’Instància de Catarroja, David Castellá. Martínez va acudir al Palau de Justícia de la localitat de l’Horta Sud arran de la polèmica per la decisió d’estabilitzar les places de reforç del jutjat que instrueix la causa de la dana, un moviment que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra va lamentar en una interlocutòria dictada el 10 d’abril passat per la “gran dilació en la instrucció” que podria suposar, en desmantellar l’“equip” format per les funcionàries de reforç, molt familiaritzades amb un procediment que acumula 56 toms de sumari, 400 peces de perjudicats i en el marc de la qual ja s’han celebrat 555 testificals (a més d’un centenar de testimonis pendents de declarar).

Les quatre funcionàries van rebre dimarts passat la notificació del seu cessament, segons ha pogut saber elDiario.es. Encara que la titular de Justícia va argüir el “ferm compromís” de la Generalitat de “garantir” que la jutgessa instructora “continue comptant amb els mateixos recursos materials i humans” i el “mateix nombre de funcionaris per a poder dur a terme la instrucció en les condicions i amb els mitjans adequats”, el fet que no assegure fefaentment la continuïtat de les mateixes treballadores de reforç inquieta amb vista a la continuació de la causa.

A pesar que les places s’oferiran en comissió de serveis, “és molt probable” que no es cobrisquen, ja que, “entre altres coses, no cobren guàrdies”, segons indiquen fonts judicials. D’altra banda, en cas que es recorreguera a interins, “quasi amb total seguretat serien altres persones, que no sols desconeixerien la causa, sinó que moltes vegades no tenen formació”, postil·len les mateixes fonts.

La “conveniència de mantindre el mateix personal”

I això que la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la comissió del 15 d’abril passat, va acordar —per unanimitat— sol·licitar a la conselleria (que deté les competències en la matèria) que es mantinguera “el mateix personal” amb què ha comptat la jutgessa Nuria Ruiz Tobarra.

L’acord de la Sala de Govern de l’alt tribunal autonòmic, remés “als efectes oportuns” a la directora general de Justícia, María José Adalid, deia: “Quant al manteniment dels reforços de funcionaris actualment existents per a l’atenció a la Plaça 3 de Catarroja, i a la vista del comunicat emés fa poc per la Conselleria de Justícia, pel qual indica que l’eventual cessament d’aquests reforços respon a una fase prèvia al procés de creació i consolidació dels corresponents llocs de treball amb caràcter estructural, i així mateix, el compromís manifestat per la Conselleria de dotar el Jutjat de Catarroja dels mitjans materials i humans necessaris, aquesta Sala posa en relleu l’especial transcendència que la continuïtat dels reforços té per al funcionament adequat de l’òrgan, per la qual cosa confia que s’adopten les mesures necessàries per a garantir aquesta continuïtat, preferentment mitjançant el manteniment del mateix personal, evitant interrupcions a partir del 30 de juny”.

D’altra banda, la Sala de Govern del TSJCV també considerava “igualment necessari assegurar la continuïtat del servei públic sense interrupcions, en els supòsits de més criticitat, per a la qual cosa haurà de valorar-se especialment la conveniència de mantindre el mateix personal, en atenció a la qualitat del servei i a l’estabilitat organitzativa”.

A Victòria Rosselló, cap de Meteorologia d’À Punt, diversos espectadors de la cadena autonòmica li han agraït el seu treball del 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts: “Gràcies a veure la informació de L’Oratge d’aquell dia al migdia van salvar la vida”. Així ho va explicar Rosselló en la seua testifical com a testimoni-perit davant la jutgessa de la dana del 15 d’abril passat, segons consta en l’acta de la seua declaració, a què ha tingut accés eldiario.es. “A les tres de la vesprada, jo mateixa pregue a la població que no isca de casa, perquè el pitjor està per arribar”, va relatar la veterana meteoròloga.

“Les persones que van estar pendents d’À Punt van salvar la vida i em consta personalment en molts casos. Però no tothom té per què veure À Punt ni ha d’estar pendent d’una situació que desconeix que l’afectarà”, va dir la testimoni-perit.

Rosselló va explicar que aquell matí ja es veia que es tractava d’un “temporal històric de pluges sense precedents”. I, de fet, almenys amb quatre dies d’antelació “es veia que passaria una cosa molt greu, perquè la pluja torrencial cauria en les conques mitjanes i altes dels rius, no en la costa”. “No és el mateix que caiguen 700 litres a Gandia que caiguen a Bunyol, perquè tota aquesta aigua haurà d’arribar a la mar, i sobretot si ho fa amb la intensitat que es preveia”, va postil·lar.

Aquella catastròfica jornada, en la televisió autonòmica, “no sols els informatius, sinó tota la programació d’entreteniment i altres, tots els efectius, es van dedicar a cobrir el temporal”.

La cap de Meteorologia va recordar davant la jutgessa les seues paraules en l’informatiu del migdia, quan van albirar que plouria encara dues o tres hores amb intensitat torrencial: “Estem en avís roig, la situació és crítica, no isquen de casa. Màxima precaució, estem davant un temporal històric, és molt probable que se superen els rècords de precipitació des que tenim registre. S’han superat els llindars, s’imposa la vigilància hidrològica, eviten els desplaçaments coste el que coste”.

D’altra banda, Rosselló va detallar que a partir de les 16.30 es va produir un “escenari summament preocupant” en la capçalera de la rambla de Poio. A les 17.00, l’hora en què s’havia convocat la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi), la situació ja era “molt greu”, amb unes quantes hores de pluja en la capçalera del Poio.

Quan, 20 minuts després, va caure la xarxa de l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) a Torís, ja es registraven més de 340 litres , una “cosa inassumible” perquè l’aigua cau als barrancs de Gallego i l’Horteta, tributaris del Poio.

“Les persones afectades no saben res del que passa, però aquesta informació la tenim a les cinc de la vesprada, nosaltres i qualsevol que seguira la informació que es donava en aquell moment”, va declarar Victòria Rosselló.

A les 17.45, segons les dades del Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica (SAIH) de la Confederació Hidrogràfic del Xúquer (CHX), una rambla de Poio “normalment seca” registrava un cabal a l’altura de Loriguilla de 493 hectòmetres per segon, que faria “saltar totes les alarmes a qui tinga idea de quin cabal va circulant i per on”. Cinc minuts després, va pujar a 584 hectòmetres per segon.

D’altra banda, la cap de Meteorologia d’À Punt va contextualitzar la dana en la seua llarga experiència informativa: “En els anys 90 i 2000 teníem temporals de pluja que, potser, registraven quantitats similars en tres o quatre dies. I ara això passa en tan sols unes hores”.

El “desemparament” per la falta d’avisos a la població

“Les dades estaven a l’abast de qualsevol”, va reblar la testimoni-perit. “No imaginàvem que en el Centre d’Emergències no estigueren informats de què passava. (...) Era inimaginable. No es pot ni imaginar el grau de frustració i de desemparament de no veure que s’avisava la població que seria afectada. Però és que era qüestió de dades i d’un coneixement mínim de la geografia”.

Victòria Rosselló va abundar que la informació que proporciona el SAIH ni està “encriptada” ni és accessible “només a determinades persones”. “Ho contàvem en directe. (...) És impensable, des de qualsevol punt de vista, que [en Emergències] no tingueren la informació que teníem nosaltres”.

A més, segons Rosselló, “és incomprensible que aquestes dades en obert no estigueren a l’abast dels responsables d’Emergències”. “Parlem de registres que no s’han mesurat mai, només això hauria d’haver posat actitud de màxima alerta als responsables”, va postil·lar.

Hi havia “hores” per a avisar de la catàstrofe

La meteoròloga va lamentar que es disposava d’“hores” per a avisar la població potencialment afectada per la riuada. “És inconcebible el 2024 aquesta xifra de morts, és inconcebible, perquè disposem de les eines, no per a evitar la catàstrofe, però sí per a avisar la població”, va manifestar.

A parer seu, la reunió del Cecopi s’hauria d’haver convocat al migdia a tot estirar:

—No és de la meua competència, però és evident. Un Cecopi a les 17.00, quan ja hi havia víctimes, no té cap sentit, perquè el Cecopi se suposa que té eines per a advertir la població i per a fer-ho ha d’estar operatiu abans que comence tot, no quan ja està en marxa. És incomprensible, de debò.

Encara que considerava que era difícil de precisar, va sostindre que hauria sigut adequat enviar l’Es-Alert a les 17.00. A més, el missatge massiu als mòbils “havia d’haver sigut molt més específic, perquè el que venia era un tsunami”. “El que calia haver advertit la població és que pujaren a les plantes superiors, que no baixaren pels cotxes, perquè seria una crescuda sobtada”, va afegir.

La meteoròloga va concloure: “230 morts són inassumibles el 2024, perquè tenim les eines per a fer arribar la informació adequada a la població perquè prenga mesures. I, evidentment, aquest nombre [de morts] indica que la informació no va arribar. És la meua opinió”.

A Victòria Roselló, jefa de Meteorología de À Punt, varios espectadores de la cadena autonómica le han agradecido su trabajo del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos: “Gracias a ver la información del Oratge de ese día a mediodía salvaron la vida”. Así lo explicó Rosselló en su testifical como testigo-perito ante la jueza de la dana del pasado 15 de abril, según consta en el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es. “A las tres de la tarde, yo misma estoy rogando a la población que no salga de sus casas, porque lo peor está por llegar”, relató la veterana meteoróloga.

“Las personas que estuvieron pendientes de À Punt salvaron sus vidas y me consta personalmente en muchos casos. Pero no todo el mundo tiene por qué ver À Punt ni tiene que estar pendiente de una situación que desconoce que le va a afectar”, dijo la testigo-perito.

Rosselló explicó que aquella mañana ya se veía que se trataba de un “temporal histórico de lluvias sin precedentes”. Y, de hecho, al menos con cuatro días de antelación “se veía que iba a pasar algo muy grave, porque la lluvia torrencial iba a caer en las cuencas medianas y altas de los ríos, no en la costa”. “No es lo mismo que caigan 700 litros en Gandía que caigan en Buñol, porque toda esa agua va a tener que llegar al mar, y sobre todo si lo hace con la intensidad que se preveía”, apostilló.

Aquella catastrófica jornada, en la televisión autonómica, “no solo los informativos, sino toda la programación de entretenimiento y demás, todos los efectivos, se dedicaron a cubrir el temporal”.

La jefa de Meteorología recordó ante la jueza sus palabras en el informativo del mediodía, cuando vislumbraron que iba a llover aún dos o tres horas con intensidad torrencial: “Estamos en aviso rojo, la situación es crítica, no salgan de sus casas. Máxima precaución, estamos ante un temporal histórico, es muy probable que se superen los récords de precipitación desde que tenemos registro. Se han superado los umbrales, se impone la vigilancia hidrológica, eviten los desplazamientos a toda costa”.

Por otro lado, Rosselló detalló que a partir de las 16.30 se produjo un “escenario sumamente preocupante” en la cabecera de la rambla del Poyo. A las 17.00, la hora en que se había convocado la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), la situación ya era “muy grave”, con varias horas de lluvia en la cabecera del Poyo.

Cuando, 20 minutos después, cayó la red de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en Turís, ya se registraban más de 340 litros , una “cosa inasumible” porque el agua cae a los barrancos de Gallego y Horteta, tributarios del Poyo.

“Las personas afectadas no saben nada de lo que está sucediendo, pero esta información la tenemos a las cinco de la tarde, nosotros y cualquiera que siguiera la información que se daba en ese momento”, declaró Victòria Rosselló.

A las 17.45, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfico del Júcar (CHJ), una rambla del Poyo “normalmente seca” registraba un caudal a la altura de Loriguilla de 493 hectómetros por segundo, que haría “saltar todas las alarmas a quien tenga idea de qué caudal va circulando y por dónde”. Cinco minutos después, subió a 584 hectómetros por segundo.

Por otro lado, la jefa de Meteorología de À Punt contextualizó la dana en su larga experiencia informativa: “En los años 90 y 2000 teníamos temporales de lluvia que, a lo mejor, se registraban cantidades similares en tres o cuatro días. Y ahora esto sucede en tan solo unas horas”.

El “desamparo” por la falta de avisos a la población

“Los datos estaban al alcance de cualquiera”, remachó la testigo-perito. “No imaginábamos que en el Centro de Emergencias no estuvieran informados de lo que sucedía. (...) Era inimaginable. No se puede ni imaginar el grado de frustración y de desamparo de no ver que se avisaba a la población que iba a ser afectada. Pero es que era cuestión de datos y de un conocimiento mínimo de la geografía”.

Victòria Rosselló abundó en que la información que proporciona el SAIH ni está “encriptada” ni es accesible “solo a determinadas personas”. “Lo estábamos contando en directo. (...) Es impensable, desde cualquier punto de vista, que [en Emergencias] no tuvieran la información que teníamos nosotros”.

Además, según Rosselló, “es incomprensible que esos datos en abierto no estuvieran al alcance de los responsables de emergencias”. “Estamos hablando de registros que no se han medido nunca, solo esto debería haber puesto actitud de máxima alerta a los responsables”, apostilló.

Había “horas” para avisar de la catástrofe

La meteoróloga lamentó que se disponía de “horas” para avisar a la población potencialmente afectada por la riada. “Es inconcebible en 2024 esa cifra de muertos, es inconcebible, porque disponemos de las herramientas, no para evitar la catástrofe, pero sí para avisar a la población”, manifestó.

A su juicio, la reunión del Cecopi se debería haber convocado a mediodía a más tardar:

—No es de mi competencia, pero es evidente. Un Cecopi a las 17.00, cuando ya había víctimas, no tiene ningún sentido, porque el Cecopi se supone que tiene herramientas para advertir a la población y para eso tiene que estar operativo antes de que empiece todo, no cuando ya está en marcha. Es incomprensible, de verdad.

Aunque consideraba que era difícil de precisar, sostuvo que habría sido adecuado enviar el Es-Alert a las 17.00. Además, el mensaje masivo a los móviles “tenía que haber sido mucho más específico, porque lo que venía era un tsunami”. “Lo que había que haber advertido a la población es que subieran a las plantas superiores, que no bajaran a por los coches, porque iba a ser una crecida súbita”, agregó.

La meteoróloga concluyó: “230 muertos son inasumibles en 2024 porque tenemos las herramientas para hacer llegar la información adecuada a la población para que tome medidas. Y, evidentemente, ese número [de fallecidos] indica que la información no llegó. Es mi opinión”.

La jueza de la dana ha rechazado citar a declarar como testigos a los consellers de Educación (José Antonio Rovira) y de Agricultura (Miguel Barrachina) del Gobierno de Carlos Mazón, tal como solicitaba la acusación popular que ejerce Compromís. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, en un auto notificado este miércoles, recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) descartó la responsabilidad del president Carlos Mazón “en la realización de actuaciones de coordinación, y la obligación de impartir instrucciones entre las distintas Consellerias durante la gestión de la emergencia”.

El auto argumenta que los dos testimonios solicitados “no podrían, en consecuencia, recaer sobre dichos extremos”. “El análisis de la referida coordinación ha de constatarse por la existencia de órdenes, comunicaciones que de forma expresa atendieran al riesgo derivado de la dana, con origen en quienes ostentaban la posición de garante, que eran los directores del Plan, en las respectivas situaciones de emergencia”.

Además, “ninguno de los dos propuestos como testigos participaron en la reunión del Cecopi [Centro de Coordinación Operativa Integrado], ni presencialmente, ni de forma telemática”.

Por otro lado, la jueza instructora recuerda que el testimonio de la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino, “puede incidir sobre parte de dichos extremos, la coordinación, partiendo por otro lado de que lo relevante no es la deliberación que pudieran tener dentro de la reunión del Consell los miembros del mismo, sino las conclusiones a las que se llegó en dicho Consell y que de forma pública se pudieran exteriorizar por la citada portavoz”.

La consellera de Justicia, Nuria Martínez, se ha reunido este miércoles con el presidente del Tribunal de Instancia de Catarroja, que le ha expresado la “preocupación existente” sobre el proceso de estabilizacion de las cuatro plazas de refuerzo con las que cuenta la jueza instructora de la causa de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. La consellera ha garantizado que la jueza seguirá contando con el refuerzo, aunque no ha confirmado si serán las mismas funcionarias, muy familiarizadas con el complejo procedimiento. La fecha prevista para la finalización del refuerzo es el próximo 30 de junio. “El proceso tiene que ser hecho en un primer momento en una comisión de servicios y después, si no se cubre en una comisión de servicios, se recurrirá a la bolsa de interinos y, si no se cubre tampoco en la bolsa de interinos, iríamos al concurso de oposición”, ha detallado.

La jueza instructora de la causa se quejó, en un auto del pasado 10 de abril, de que la decisión de Justicia suponía una “gran dilación en la instrucción” al desmantelar el “equipo” formado por las funcionarias de refuerzo. Por su parte, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) también pidió la continuidad del refuerzo, “preferentemente” con “el mismo personal”.

Martínez, por su parte, ha expresado el “firme compromiso” de la Generalitat para “garantizar” que la jueza instructora de la macrocausa de la dana “siga contando con los mismos recursos materiales y humanos” y el “mismo número de funcionarios para poder llevar a cabo la instrucción en las condiciones y con los medios adecuados”.

La titular de Justicia ha aventurado que podría haber una transición para el “intercambio” de “un par de semanas”, por las “propias características de los procesos administrativos”. Sin embargo, en el caso de Catarroja, ha agregado, no se va a quedar una “silla vacía”.

“Es decir, la magistrada va a contar en todo momento con cuatro personas que son las que van a dar cobertura para que ella pueda seguir avanzando con la instrucción, porque lo que queremos es que ella cuente con todos los medios necesarios”, ha dicho Martínez.

La “sensibilidad del caso”

Sin embargo, la consellera ha matizado que, en caso de que no se cubrieran las plazas vía comisión de servicios, “se intentaría” que se quedaran “las mismas personas”. “Ahí no hay ningún problema en que se pueda hacer así. Lo que pasa es que primero hay que abrir a una comisión de servicios, porque es lo que está pactado con las organizaciones sindicales y lo que va a hacerse en el resto de partidos judiciales”, ha afirmado Martínez.

Nuria Martínez ha aludido a la “sensibilidad del caso” de la dana, una “causa muy importante”: “Todo lo que hasta la fecha se ha ido solicitando, se ha ido atendiendo. El proceso de estabilización, asegura Martínez, atiende a ”criterios objetivos de antigüedad“. Las cuatro plazas de refuerzo del juzgado de la dana ”sí que cumplían ese requisito“

L’expresident Carlos Mazón gaudia dimarts al migdia d’un bany en una platja d’Alacant, segons diverses fotografies a què ha tingut accés elDiario.es. Mazón encara una nova etapa vital i política reclòs a la seua ciutat natal i abrigallat per la família i els amics, mentre la jutgessa de la dana espera que la decisió del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de no imputar-ho siga ferma per a posar data i hora a la seua declaració com a testimoni.

A l’espera de la testifical, Carlos Mazón gaudeix de les platges alacantines allunyat de la capital del poder autonòmic. Sota un agradable sol de primavera, l’expresident, juntament amb una altra persona, feia una capbussada a la platja del Campello, pràcticament deserta per ser un dimarts del mes d’abril. De fet, les aparicions recents de Mazón en el parlament valencià mostraven un expresident notablement bronzejat, lluint barba i amb ulleres noves.

Fonts del grup parlamentari del PP expliquen que cada diputat “organitza la seua agenda” fora dels horaris de les comissions o dels plens de la cambra. L’activitat parlamentària, indiquen les fonts consultades, no va associada a un treball presencial amb un horari fix: “Hui no han estat en les Corts els 99 diputats ni per remei”.

Mazón, per part seua, no ha contestat les telefonades i els missatges d’aquest diari. L’expresident, després de la seua dimissió a conseqüència de la gestió de la dana del 29 d’octubre de 2024, que va deixar 230 morts, continua com a diputat autonòmic del PP, condició que li assegura l’aforament. Mazón exerceix de portaveu d’una comissió parlamentària sense gaire activitat, cosa que li permet assistir únicament als plens de la cambra autonòmica. El dimarts 21 d’abril no hi havia ple ni tampoc sessió de control al president de la Generalitat, dos dels pocs esdeveniments parlamentaris en què es deixa veure el polític després de la seua dimissió.

L’excap del Consell també té una oficina de suport a l’expresident a Alacant, sufragada per la Generalitat Valenciana i en què disposa de conductor i assessor (el seu ex-cap de gabinet, José Manuel Cuenca). El despatx triat per Carlos Mazón està en un pis de luxe de la Generalitat amb unes espectaculars vistes al port esportiu d’Alacant.

L’excap del Consell, molt afectat psicològicament arran de la dimissió i la substitució per Juan Francisco Pérez Llorca al capdavant de l’executiu autonòmic, es va refugiar a Alacant i va tancar els seus comptes en xarxes socials, malgrat haver sigut molt actiu durant la seua trajectòria política en Instagram o TikTok. Tampoc ha concedit entrevistes, ni tan sols a mitjans de comunicació afins.

La llosa d’El Ventorro en la dana

Mazón arrossega, a manera de llosa pesada, la seua polèmica actuació el dia de la dana, quan en plena catàstrofe va romandre en un reservat del restaurant El Ventorro amb Maribel Vilaplana i va allargar la sobretaula pràcticament tota la vesprada.

Tant el conductor del seu vehicle oficial com els seus escortes van desmentir davant la jutgessa que instrueix la causa de la dana la versió de Mazón i del Palau de la Generalitat sobre els seus passos en plena emergència.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra va elevar una exposició raonada a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en què sol·licitava la imputació de Mazón.

No obstant això, l’alt tribunal autonòmic va rebutjar de pla aquesta possibilitat. Ha sigut l’única vegada que Mazón ha contestat les preguntes dels periodistes. Posteriorment a la decisió del TSJ, la jutgessa instructora va citar com a testimoni l’expresident. Mazón, representat per l’advocat Ignacio Gally, ha tractat —sense èxit— de personar-se en la causa.

Mentre continua amb una vida tranquil·la gaudint dels plaers de la Mediterrània, Carlos Mazón espera data per al seu examen final: la seua declaració com a testimoni de la dana.

El expresident Carlos Mazón disfrutaba este martes a mediodía de un baño en una playa de Alicante, según varias fotografías a las que ha tenido acceso elDiario.es. Mazón encara una nueva etapa vital y política recluido en su ciudad natal y arropado por su familia y amigos, mientras la jueza de la dana aguarda que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) de no imputarlo sea firme para poner fecha y hora a su declaración como testigo.

A la espera de la testifical, Carlos Mazón disfruta de las playas alicantinas alejado de la capital del poder autonómico. Bajo un agradable sol de primavera, el expresident, junto con otra persona, se daba un chapuzón en la playa de El Campello, prácticamente desierta al ser un martes del mes de abril. De hecho, las recientes apariciones de Mazón en el Parlamento valenciano mostraban a un expresident notablemente bronceado, luciendo barba y con gafas nuevas.

Fuentes del grupo parlamentario del PP explican que cada diputado “organiza su agenda” fuera de los horarios de las comisiones o de los plenos de la cámara. La actividad parlamentaria, indican las fuentes consultadas, no va asociada a un trabajo presencial con un horario fijo: “Hoy no han estado en las Corts los 99 diputados ni por asomo”.

Mazón, por su parte, no ha contestado las llamadas y mensajes de este diario. El expresident, tras su dimisión a consecuencia de la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos, sigue como diputado autonómico del PP, condición que le asegura el aforamiento. Mazón ejerce de portavoz de una comisión parlamentaria sin apenas actividad, lo cual le permite asistir únicamente a los plenos de la cámara autonómica. Este martes 21 de abril no había pleno ni tampoco sesión de control al president de la Generalitat, dos de los pocos acontecimientos parlamentarios en los que se deja ver el político tras su dimisión.

El exjefe del Consell también cuenta con una oficina de apoyo al expresident en Alicante, sufragada por la Generalitat Valenciana y en la que dispone de conductor y asesor (su exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca). El despacho elegido por Carlos Mazón está en un piso de lujo de la Generalitat con unas espectaculares vistas al puerto deportivo de Alicante.

El exjefe del Consell, muy afectado psicológicamente tras su dimisión y sustitución por Juan Francisco Pérez Llorca al frente del Ejecutivo autonómico, se refugió en Alicante y cerró sus cuentas en redes sociales, a pesar de haber sido muy activo durante su trayectoria política en Instagram o TikTok. Tampoco ha concedido entrevistas, ni siquiera a medios de comunicación afines.

La losa de El Ventorro en la dana

Mazón arrastra, a modo de pesada losa, su polémica actuación el día de la dana, cuando en plena catástrofe permaneció en un reservado del restaurante El Ventorro con Maribel Vilaplana y alargó la sobremesa prácticamente toda la tarde.

Tanto el conductor de su vehículo oficial como sus escoltas desmintieron ante la jueza que instruye la causa de la dana la versión de Mazón y del Palau de la Generalitat sobre sus pasos en plena emergencia.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra elevó una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) solicitando la imputación de Mazón.

Sin embargo, el alto tribunal autonómico rechazó de plano esa posibilidad. Ha sido la única vez que Mazón ha contestado las preguntas de los periodistas. Posteriormente a la decisión del TSJ, la jueza instructora citó como testigo al expresident. Mazón, representado por el abogado Ignacio Gally, ha tratado —sin éxito— de personarse en la causa.

Mientras sigue con una vida tranquila gozando de los placeres del Mediterráneo, Carlos Mazón espera fecha para su examen final: su declaración como testigo de la dana.

Los diputados del PP y de Vox que se han quejado en repetidas ocasiones de la ausencia de responsables de los organismos del Estado entre los comparecientes de la comisión de investigación de la dana en el Congreso trataron de impedir que el jefe de climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, respondiera a la retahíla de mentiras vertidas durante sus intervenciones en la sesión que tuvo lugar este lunes (comparecencia completa aquí).

Por un lado, el diputado del partido de extrema derecha, Ignacio Gil Lázaro, dedicó todo el tiempo del que disponía a articular un relato plagado de bulos e inexactitudes. Cuando la presidenta de la mesa, la socialista Carmen Martínez, le dio la réplica a Núñez para que pudiera rebatirlas, el representante de Vox se quejó enérgicamente argumentando que como no le había hecho ninguna pregunta y ya había terminado su tiempo, el compareciente no tenía derecho a réplica. Martínez esgrimió el reglamento de las comisiones para otorgar entre 4 y 5 minutos por alusiones directas entre gritos de protesta de los miembros de Vox y del PP, llegando a decir que “nunca se ha visto esto” y que es “una vergüenza”. Es decir, a ambos partidos les resulta vergonzoso e inaudito dejar hablar, explicarse y defenderse al compareciente al que han llamado a declarar.

En la misma línea, el diputado popular César Sánchez, quien casi al final de su intervención fue expulsado tras tres llamadas al orden, trató de impedir también en todo momento las explicaciones de Núñez pidiéndole respuestas cortas (sí, no, bien, mal, etc).

Sin embargo, gracias al tiempo concedido por alusiones pudo desmentir varias de las mentiras y acusaciones de ambos diputados, especialmente en dos casos en los que utilizó sendos audios que desmontaron parte de los argumentarios de Gil Lázaro y de Sánchez, dejándoles en evidencia.

En primer lugar, el representante de extrema derecha, en sus 20 minutos de monólogo, usó un informe de la Guardia Civil descartado por la jueza por sus carencias para acusar a la Aemet de que no avisó a tiempo de la dana. En su réplica, Núñez explicó que ese informe es “equivocado de principio a fin porque el que lo hizo no sabe de meteorología” y reprodujo un audio del propio Gil Lázaro en el que afirmaba que existió “con anterioridad avisos oficiales sobre la llegada de una fuerte dana sobre el territorio nacional” (ver vídeo).

También rebatió la supuesta ausencia de legitimidad del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, como presidente de la Aemet: “Señor Gil Lázaro, lo que se ha hecho es cumplir la ley, el presidente de la Aemet es el secretario de Estado de Medio Ambiente, si usted algún día es secretario de Estado de Medio Ambiente, también será presidente de la Aemet”.

En el caso del popular César Sánchez, reprodujo también un audio de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para desmentir que afirmó que la alerta roja finalizaba a las 18.00 horas. En el audio, Bernabé afirma: “La previsión de esta alerta roja es en principio hasta las 18.00 horas, eso no obsta que pueda alargarse porque hay previsión de lluvia durante todo el día”. De hecho, poco antes de las 18.00 horas se prolongó el aviso rojo hasta las 22.00 horas.

Entre otros bulos vertidos por Sánchez, Núñez desmintió que pidiera un coche para irse a À Punt a las 19.15 horas o que en otro episodio de lluvias intensas en Grazalema el umbral del aviso rojo se subiera a 350 litros por metro cuadrado.

“Todas las afirmaciones que se han hecho son falsas. Como dije yo también, el aviso estaba dado en principio hasta las 18.00 horas, pero hacemos seguimiento continuo, por tanto hay que estar muy pendientes. El aviso no dejó de estar rojo hasta las 22.00 horas. El señor Sánchez ha dicho que estuvimos siete horas sin actualizar el aviso, pero cómo vamos a actualizarlo era el máximo, si no se podía subir más, se emite un aviso y no se actualiza hasta que hay cambios o hasta que finaliza”, ha explicado Núñez.

Sobre el supuesto cambio de umbrales, el jefe de Climatología valenciano ha denunciado que hay un comunicado del PP del 5 de febrero en el que se afirmaba que Aemet había subido el umbral del aviso rojo de 180 a 350 litros por metro cuadrado. Durante su intervención, Núñez mostró el documento que “todavía está colgado en la web del PP” y aseguró que “todo lo que hay ahí está equivocado”.

Asimismo, explicó que los umbrales no se han modificado desde el 31 de mayo de 2022. En este sentido, mostrando el aviso, comentó que la diferencia con Grazalema --localidad que sufrió lluvias intensas el pasado mes de febrero-- se explica por las dos zonas de aviso que tiene España, con umbrales distintos para la zona mediterránea y el resto del país. En este caso, en el apartado de comentarios que puede realizar el meteorólogo en el aviso, añadió que podrían alcanzarse “los 350 litros en 24 horas, es un comentario opcional, no se han cambiado los umbrales”.

Sobre el asunto del coche, Núñez explicó que a las 19.15 horas se hablaba en el Cecopi que el medio oficial de comunicación iba a ser À Punt: “Me llamó el subdirector de informativos de À Punt y me dice que van a hacer un programa especial y que si quiero ir al programa. Le dije que estaba en el Cecopi, pero aun así lo consulté por si mi testimonio en ese momento podía ser útil. La secretaria general de la Delegación del Gobierno lo consultó a la consellera Salomé Pradas como directora de la emergencia y esta dijo que no porque la información se iba a transmitir desde el gabinete de comunicación de la conselleria, lo cual me pareció muy bien. Llamé al subdirector de informativos de À Punt y dije que no iba a ir. Y esa es la historia del taxi”.

La cap de Protecció Civil de la Delegació del Govern, Patricia García, va alertar una alta funcionària del Centre de Coordinació d’Emergències sobre la situació del barranc de Poio mitja hora abans de l’enviament de l’Es-Alert el 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts. Això es desprén d’un missatge de WhatsApp aportat per García a la jutgessa de la dana, a què ha tingut accés elDiario.es. 

El WhatsApp, acarat per la lletrada de l’Administració de Justícia (LAJ), es va enviar a les 19.42 per García, que va declarar dilluns com a testimoni, a la funcionària Immaculada Piles. La responsable de Protecció Civil informava la seua interlocutora sobre una telefonada de l’alcalde de Picanya, Josep Almenar, en què alertava de la situació al carrer de l’Almassereta del municipi de la comarca de l’Horta Sud, situada “a prop [del] barranc de Poio”. Els veïns d’unes “cases baixes” no podien pujar en altura i el 112, el telèfon d’emergències de la Generalitat, “no els atén”. 

“Inma, intenteu respondre a això”, pregava la funcionària de la Delegació del Govern, que postil·lava que la Guàrdia Civil estava “desbordada”. “Doncs, estem tots desbordats, a veure què pot fer-se”, va contestar Inmaculada Piles. “Ja ho sé, Inma. El que es puga”, va intervindre Patricia García. 

Es tracta de la mateixa funcionària de la Delegació del Govern que va demanar que s’enviara l’Es-Alert amb una hora i mitja d’antelació, segons un missatge de WhatsApp que consta en el procediment. 

García també va declarar davant la jutgessa instructora que la delegada del Govern, Pilar Bernabé, va advertir en la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) de la situació a Paiporta, una altra localitat afectada greument pel desbordament del barranc de Poio. 

Un Es-Alert “molt tardà” i “erroni”

La jutgessa, en una interlocutòria dictada dilluns, va reiterar que l’Es-Alert, enviat a les 20.11 (quan “ja hi havia un gran nombre de morts, i altres lluitaven per salvar la seua vida de l’ofegament que va arribar poc després”) va ser “molt tardà” i “erroni en el text”, que ni tan sols demanava a la població que es refugiara en altura.

De fet, Patricia García va explicar en la seua testifical que el Cecopi va acordar enviar un primer Es-Alert a les poblacions aigua avall de la presa de Forata i de l’Horta Sud, recomanant buscar refugi en altura, i un segon missatge als mòbils a tota la província de València, sol·licitant a la població que romanguera en els seus domicilis. 

“Jo sempre vaig pensar que aniria primer el de plantes altes i no vaig entendre que enviaren primer el de la província”, va manifestar García

La jefa de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, Patricia García, alertó a una alta funcionaria del Centro de Coordinación de Emergencias sobre la situación del barranco del Poyo media hora antes del envío del Es-Alert el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. Así se desprende de un mensaje de WhatsApp aportado por García a la jueza de la dana, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El whatsapp, cotejado por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), fue enviado a las 19.42 por García, que declaró este lunes como testigo, a la funcionaria Inmaculada Piles. La responsable de Protección Civil informaba a su interlocutora sobre una llamada del alcalde de Picanya, Josep Almenar, alertando sobre la situación en la calle de la Almassereta del municipio de la comarca de l'Horta Sud, situada “cerca [del] barranco del Poyo”. Los vecinos de unas “casas bajas” no podían subir en altura y el 112, el teléfono de emergencias de la Generalitat, “no les atiende”.

“Inma intentad responder a esto”, rogaba la funcionaria de la Delegación del Gobierno, que apostillaba que la Guardia Civil estaba “desbordada”. “Porque estamos todos desbordados, a ver qué puede hacerse”, contestó Inmaculada Piles. “Ya lo sé Inma. Lo que se pueda”, terció Patricia García.

Se trata de la misma funcionaria de la Delegación del Gobierno que pidió que se enviara el Es-Alert con una hora y media de antelación, según un mensaje de WhatsApp que consta en el procedimiento.

García también declaró ante la jueza instructora que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, advirtió en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la situación en Paiporta, otra localidad gravemente afectada por el desbordamiento del barranco del Poyo.

Un Es-Alert “muy tardío” y “erróneo”

La jueza, en un auto dictado este lunes, reiteró que el Es-Alert, enviado a las 20.11 (cuando “ya había un gran número de fallecidos, y otros luchaban por salvar su vida del ahogamiento que llegó poco después”) fue “muy tardío” y “erróneo en su texto”, que ni siquiera pedía a la población que se refugiara en altura.

De hecho, Patricia García explicó en su testifical que el Cecopi acordó enviar un primer Es-Alert a las poblaciones aguas abajo de la presa de Forata y de l'Horta Sud, recomendando buscar refugio en altura, y un segundo mensaje a los móviles a toda la provincia de Valencia, solicitando a la población que permaneciera en sus domicilios.

“Yo siempre pensé que iba a ir primero era el de plantas altas y no entendí que mandaran primero el de la provincia”, manifestó García.

José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, ha señalado en la comisión de investigación de la dana en el Congreso que había información “suficiente y precisa” para tomar medidas preventivas ante aquel episodio, pero que el Consell “de los mejores no supo interpretarla”.

Núñez ha contrapuesto el papel del Gobierno de la Generalitat aquella jornada con el de universidades, ayuntamientos o pequeñas escuelas infantiles que sí suspendieron actividades tras interpretar correctamente los avisos.

La Comisión ha retomado este lunes sus sesiones por primera vez desde el 23 de marzo. La semana pasada, sin embargo, tres asociaciones de víctimas de la dana acudieron al Congreso para exigir justicia, pedir políticas adaptadas al cambio climático y recordar que las alertas “se tienen que lanzar en tiempo y forma”.

El diputado popular César Sánchez, último en interpelar al compareciente, ha tenido que abandonar la sala tras ser llamado al orden tres veces por la presidenta de la comisión debido a sus interrupciones.

Núñez ha dicho que la gestión de la dana fue “catastrófica” y que la población sigue “teniendo miedo cuando llueve”.

Ha indicado asimismo que en el Cecopi del 29 de octubre de 2024 hubo temor a “tomar decisiones que parecían muy agresivas”, como confinar, pero que “habrían salvado vidas”.

“Hay dos formas de gestionar una emergencia, bien o mal, de forma preventiva o de forma reactiva. Hacerlo de forma reactiva cuando el agua ya está en los barrancos es como intentar curar un cáncer cuando ya hay metástasis”, ha expresado el jefe de Climatología.

“Hay que empezar a tomar medidas antes de que empiece a llover, porque el tiempo de respuesta en los barrancos es muy pequeño”, ha insistido al hablar del episodio que causó 230 muertos en Valencia.

“Todos los catedráticos que han pasado por el juzgado han dicho que la información fue suficiente y precisa”, ha dicho tras detallar las notas, avisos especiales y otras comunicaciones emitidas por la Aemet con motivo de la dana.

“Llegó un momento en que no hacía falta aviso, solo había que encender la televisión, era una situación excepcional y se veía así desde el mediodía. Nosotros no tenemos una televisión pública, no tenemos el teléfono de los alcaldes, no tenemos la competencia de alertar... Hicimos todo lo que teníamos que hacer”, ha continuado.

“Desde 2003 siempre se habían gestionado las emergencias de manera preventiva y se habían convocado los Cecopis” con antelación, ha afirmado.

“Son reuniones en las que se dan informaciones muy importantes. Normalmente el meteorólogo habla primero sobre los posibles escenarios”, ha relatado. En cambio, en el Cecopi del 29 de octubre le dieron paso “el último” porque “a la hora que empezó ya no había un problema meteorológico, sino hidrológico”.

“Todas las veces que me dieron paso hablé de las lluvias torrenciales, pero creo que nadie me escuchó”, ha apuntado.

Núñez ha comentado su asombro porque “nadie haya explicado” por qué la reunión se cortó de 18 a 19 horas. Según sus cálculos, en el Cecopi que empezó sobre las cinco de la tarde y concluyó sobre las 12.30 de la noche “hubo parones por un periodo de cuatro horas”.

Los grupos políticos ha mostrado su apoyo y su agradecimiento a la labor de la Aemet y del propio Nuñez con la excepción de Vox y Grupo Popular, que le han acusado de “no ser fiel a la verdad” y de “mentir”, respectivamente.

Ignacio Gil Lázaro, de Vox, ha indicado que los grupos mayoritarios habían convocado a Núñez “para hacer política” y ha afirmado que este ejerce “una especie de portavocía oficiosa” del Gobierno.

“Usted no ha sido fiel a la verdad” sobre el ámbito geográfico de los avisos, le ha dicho, y se ha remitido al informe de la Guardia Civil que señala que la Aemet no emitió avisos en tiempo real. Un informe que, según Núñez, “está equivocado”.

El popular César Sánchez ha dicho que el jefe de Climatología “falló” en las predicciones de litros caídos, que propició un vacío informativo durante horas y que comparecía ante la comisión “con un sesgo”.

Su debate con el compareciente, con interrupciones continuas, motivó que la presidenta de la comisión le llamase al orden por tercera vez, por lo que tuvo que abandonar la sala. Sus compañeros de grupo se marcharon igualmente.

Núñez ha opinado que en el futuro se necesitan “sistemas de emergencias mas cohesionados y más robustos, mejor con una oficina única en la que todos los organismos puedan trabajar de forma permanente”.

“Es evidente que el negacionaismo y los recortes en ciencia cuestan vidas”, ha indicado también.

La presidenta de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la crisis de la dana, la socialista Carmen Martínez, ha expulsado este lunes de la sesión al portavoz del PP en dicho órgano, César Sánchez, tras las correspondientes tres llamadas al orden. Con él se han ido los demás miembros del Grupo Popular.

Cuando el diputado popular ha comenzado a interrogar al jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, que comparecía este lunes, han sido varias las ocasiones que la presidenta de la comisión ha llamado la atención a Sánchez y a otros diputados presentes en la sala por el tenso debate que su testimonio ha generado.

Presidencia “sectaria”

Pero la tercera vez que lo ha hecho, y que ha derivado en su expulsión de la comisión, ha sido durante el turno del diputado popular, que ha iniciado su intervención acusando a la presidenta de la misma de actuar “de manera discrecional y sectaria” con el formato pregunta respuesta.

Frente a esto, Martínez ha procedido a leerle el Reglamento y a informarle de que si tiene alguna queja sobre su forma de ejercer la Presidencia, remita el correspondiente escrito para que la Mesa lo valore.

El diputado del PP ha replicado que “nadie cuestiona el Reglamento” y ambos se han enzarzado en una discusión que ha acabado con la advertencia de la presidenta de que ya le había llamado al orden por segunda vez y que si lo hacía una tercera, tendría que abandonar la sala.

“Le están intentando poner nervioso”

Y así ha sido unos minutos más tarde cuando durante el interrogatorio tanto el diputado del PP como el compareciente se han enzarzado en diversas discusiones que han acabado con la presidenta de la comisión pidiendo a Sánchez que dejara hablar al ponente y que no le replicara a ella, e informando al compareciente de que estaban intentando ponerle nervioso y que ella le daría amparo. Cuando Martínez le ha advertido de que si le volvía a llamar al orden tendría que abandonar la sala, Sánchez le ha respondido: “¿Le parece que quiero estar aquí?”

Ante el caso omiso del parlamentario popular, le ha acabado expulsado de la Sala Prim, donde se están celebrando las distintas sesiones de la comisión de investigación sobre las inundaciones de la dana.

“No hubo coordinación alguna”. Así describe la jueza de la dana, en un auto dictado este lunes, la actuación del Consell de Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos. La resolución recuerda que “lo decisivo” era que el “foco de peligro” suponía una “amenaza” por el desbordamiento de barrancos y ríos, que conllevaba una “amenaza constante de desestabilizarse” y que “exigía un control específico”.

La magistrada también reitera que el Es-Alert, enviado a las 20.11 (cuando “ya había un gran número de fallecidos, y otros luchaban por salvar su vida del ahogamiento que llegó poco después”) fue “muy tardío” y “erróneo en su texto”, que ni siquiera pedía a la población que se refugiara en altura.

Además, la gestión de una emergencia “de tal calibre”, afirma la jueza, “requería la coordinación entre órganos de diversas Consellerias”, especialmente con el departamento de Emergencias que dirigía Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa. El auto alude a las conselleries de Servicios Sociales, Agricultura, Medio Ambiente y Educación.

Del departamento de Medio Ambiente, destaca la falta de despliegue de los agentes medioambientales. “La vigilancia personal era especialmente importante en los barrancos en los que no hay medidores de caudal, y en los que, por sus características, la crecida es muy rápida y de corto recorrido hasta el lugar en que desembocan”, afirma la jueza.

Además, también recuerda que el Plan Especial de Inundaciones establece el control de los barrancos, que “exige que se combinen los recursos de todos los organismos, que no existan duplicidades y que se mantenga de manera permanente”.

La instructora recuerda que À Punt, la televisión autonómica, previó con varios días de antelación su despliegue informativo de cara a la dana, por lo que considera “difícilmente comprensible” la actuación de los investigados, en referencia a Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, “encargados del control de la emergencia y de la vigilancia de las fuentes de riesgo y la ulterior alerta a la población”.

El auto recuerda que el director general de Medio Natural, Luis Gomis, ofreció en una comunicación interna remitida al Centro de Coordinación de Emergencias el despliegue de los agentes medioambientales para vigilar el caudal de los barrancos. “Por qué no se solicitaron por el Sr. Emilio Argüeso Torres, siendo director del plan, por qué no se hicieron servir, es una pregunta que al mismo corresponde exclusivamente responder”. Gomis, por su parte, “cumplió sobradamente su labor”, apostilla el auto.

La jueza acuerda que se cite a declarar a los tres funcionarios de Emergencias que aparecen como receptoras de la comunicación interna con el ofrecimiento de los agentes medioambientales, tal como solicitaba el sindicato CGT, que ejerce una de las acusaciones populares en la causa.

“Difícilmente se puede solicitar información de otros medios personales en una cuantía extraordinariamente elevada, como es el caso de los agentes medioambientales, cuando ni siquiera se solicita su colaboración, a pesar de ser un medio específicamente previsto en el Plan de Inundaciones”, concluye.

La resolución también alude a la “ineficacia” del desplazamiento de Pradas a Carlet y a la “minimización del riesgo” por parte de Argüeso la víspera de la dana.

elDiario.es y la fundación Placemaking Europe lanzan este lunes su segundo proceso participativo para la recuperación de las zonas afectadas después de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos. A partir del día de hoy y durante dos semanas se realizará una encuesta a miles de vecinos y vecinas de las comarcas afectadas por la dana para que señalen sus prioridades y las necesidades que tienen de cara a la reconstrucción.

El próximo 29 de abril, en Paiporta y coordinado por la fundación que dirige el economista y urbanista valenciano Ramón Marrades, se celebrará un focus group con líderes y lideresas sociales de las zonas inundadas, expertos y expertas de la universidad y el CSIC y empresas para complementar los resultados conseguidos en la encuesta.

Finalmente, el 7 de mayo en el Museu de la Rajoleria de Paiporta, una de las instalaciones públicas afectadas por las inundaciones y ya recuperada para la ciudadanía, se celebrará la segunda edición del acto 'Innovación para la recuperación. Reconstruyendo València después de las inundaciones de la dana'. La idea es reunir a expertos internacionales, valencianos y responsables políticos de los municipios afectados y del Gobierno de España para que pongan en común las experiencias propias y de otros territorios similares. Tras las conclusiones del acto, la encuesta y el focus group, elDiario.es presentará a todos sus socios, lectores y a la sociedad en general las conclusiones del primer proceso participativo.

Un año después de la primera jornada, celebrada en Catarroja apenas unos meses después de la catástrofe, resulta necesario no confundir la recuperación con la reparación. No basta con quitar el barro, arreglar calles, reponer mobiliario, reabrir servicios y tramitar ayudas, como si el territorio fuera una máquina estropeada y bastara cambiar algunas piezas para que todo volviera a funcionar. Habrá que dar un paso más, porque una sociedad golpeada no se reconstruye solo con obra pública, certificaciones técnicas y notas de prensa.

“Debemos poner sobre la mesa la necesidad de mirar la recuperación como un proceso social, territorial y político que hay que entender, discutir y seguir de cerca”, explica el director de Placemaking Europe, Ramon Marrades. “Porque reconstruir no es únicamente reparar aquello que se ha roto. También es preguntarse por la confianza, por la capacidad de coordinación, por la lectura compartida del momento, por unas instituciones capaces de escuchar y por una ciudadanía que no quede reducida al papel de testigo pasivo de un proceso que la afectará en todo”, argumenta.

La encuesta se puede contestar aquí:

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La comisión de investigación sobre la dana de 2024 de las Corts Valencianes se reunirá el próximo 28 de abril, tras dos meses sin hacerlo, para que comparezcan los vicepresidentes del Consell Susana Camarero y Vicente Martínez Mus, así como el portavoz y conseller de Agricultura, Miguel Barrachina. A falta del entonces conseller de Educación, son los tres consellers del Gobierno de Carlos Mazón señalados por sus responsabilidades durante la dana, con competencias en Servicios Sociales (a cargo de las residencias), infraestructuras y de la presa de Buseo, titularidad de la Generalitat.

Así lo ha acordado este lunes la mesa de esta comisión de investigación, que ha fijado la fecha de la que será la sexta reunión de este órgano para comparecencias, en la que dos representantes de sindicatos policiales y un técnico de la presa de Buseo comparecerán por la mañana y los tres consellers por la tarde, han indicado fuentes parlamentarias.

La anterior reunión de la comisión fue el pasado 24 de febrero, en la que comparecieron las asociaciones de víctimas de la dana, 482 días después de la tragedia en la que murieron 230 personas en la provincia de Valencia y tras haber hablado en el Parlamento Europeo, el Congreso y la Diputación de Valencia.

A principios de abril, la oposición criticó el retraso en convocar esta comisión, que preside Vox y suma mayoría absoluta con el PP, y afirmó que no hay voluntad de investigar la tragedia, ante lo que los partidos de la derecha atribuyeron a las fiestas de La Magdalena, Fallas y Semana Santa que no hubiera habido reunión en marzo.

El Parlamento valenciano fue la primera institución que aprobó crear una comisión de investigación sobre la dana, el 28 de noviembre de 2024, aunque se constituyó el 27 de enero de 2025, aprobó su plan de trabajo en mayo y las comparecencias no empezaron hasta julio, con técnicos y expertos.

El diputado del PP Vicente Betoret ha explicado que han tramitado dos informes sobre la presa de Buseo y un escrito de su grupo para incorporar los diarios de sesiones de las comparecencias en las comisiones de la dana de las Cortes Generales del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la exconsellera Salomé Pradas.

El síndic socialista, José Muñoz, ha afirmado que después de año y medio van a comparecer “tarde y mal” y “arrastrando los pies” tres responsables del Consell “cuya nulidad y cuya incompetencia produjeron la pérdida de vidas humanas”, por lo que espera que pidan perdón a las víctimas, digan la verdad y dimitan, y ha acusado al PP de “obstruir” la labor de la comisión.

Isaura Navarro, de Compromís, ha coincidido en que los consellers deben “pedir perdón y dimitir”, pues Camarero fue “la gran encubridora” del expresident de la Generalitat Carlos Mazón cuando era portavoz, función que ejerce ahora Barrachina, y ha criticado que ni el PP ni el Consell quieren que se sepa qué ocurrió y por eso no envían documentación “básica”.

La diputada de Vox y presidenta de la comisión, Míriam Turiel, ha justificado el retraso en convocar la comisión en que “ha habido unos días festivos en medio” y, en consecuencia, “la agenda no ha sido tan fácil de cuadrar como hubiera podido ser en otra época del año”.