El batle de Palma, Jaime Martínez, ha defensat aquest dilluns la multa de 240 euros imposada a l'Associació de Veïns sa Llotja-Born per col·locar cartells amb el missatge “el soroll es tortura” contra el soroll al barri en considerar que respon a un incompliment de l'ordenança cívica i que, “si s'incompleix una ordenança, l'Ajuntament té l'obligació de sancionar”.

Preguntat per aquest tema, Martínez ha sostingut que el Consistori ha d'actuar quan s'incompleix la normativa municipal i ha rebutjat que el debat se centri en el fet que la sanció hagi recaigut sobre una associació veïnal.

En aquest sentit, ha assenyalat que “el tema és complir o no complir les normes” i ha defensat el compromís de l'Ajuntament per combatre l'incivisme mitjançant l'aplicació de l'ordenança cívica.

Així mateix, ha recordat que la normativa preveu sancions per la instal·lació de cartells a la via pública, com en aquest cas, en el fet que l'associació va ser sancionada amb quatre multes de 60 euros, fins a un total de 240 euros. Al parer seu, l'ordenança constitueix una eina perquè la Policia Local pugui fer complir les normes.

L'alcalde també ha qüestionat que el debat se centri en què la sanció hagi estat imposada a una associació veïnal i ha insistit que el rellevant és que “es compleixin o no les normes”. En aquest sentit, ha plantejat si es vol “una ciutat cívica o una ciutat incívica”.

Preguntat pel nombre de sancions imposades a locals d'oci de la zona per incompliments relacionats amb sorolls, ocupació de la via pública o terrasses, Martínez ha dit no disposar de les dades en aquest moment.

D'altra banda, el 17 de juny passat, el PSIB va acusar Martínez d'“autoritarisme” per despenjar els cartells reivindicatius dels veïns del barri de sa Llotja. El portaveu PSIB a Cort, Francesc Dalmau, va assegurar que això demostraria «l'autoritarisme que tant li agrada aplicar a Martínez i Vox, que censuren la llibertat d'expressió».

“La llibertat d'expressió és un dret fonamental de la ciutadania i aquesta vulneració ha vingut per retirar uns cartells que van posar les entitats cíviques de sa Llotja, fartes de veure que l'Ajuntament de Palma no vetlla ni per la convivència, ni pel respecte, ni pel descans dels veïns”, va afirmar.

El representant local ha demanat a l'Ajuntament que “prengui part” i estigui del costat dels veïns respecte a l'“incivisme” i els “sorolls”, que seria la “principal causa de les molèsties”.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), ha defendido este lunes la multa de 240 euros impuesta a la Asociación de Vecinos sa Llotja-Born por colocar carteles con el mensaje “el ruido es tortura” para denunciar el ruido en el barrio al considerar que responde a un incumplimiento de la ordenanza cívica y que, “si se incumple una ordenanza, el Ayuntamiento tiene la obligación de sancionar”.

Preguntado por este tema, Martínez ha sostenido que el Consistorio debe actuar cuando se incumple la normativa municipal y ha rechazado que el debate se centre en que la sanción haya recaído sobre una asociación vecinal. En este sentido, ha señalado que “el tema está en cumplir o no cumplir las normas” y ha defendido el compromiso del Ayuntamiento para combatir el incivismo mediante la aplicación de la ordenanza cívica.

Asimismo, ha recordado que la normativa prevé sanciones por la instalación de carteles en la vía pública, como en este caso, en el que la asociación fue sancionada con cuatro multas de 60 euros, hasta un total de 240 euros. A su juicio, la ordenanza constituye una herramienta para que la Policía Local pueda hacer cumplir las normas.

El alcalde también ha cuestionado que el debate se centre en que la sanción haya sido impuesta a una asociación vecinal y ha insistido en que lo relevante es que “se cumplan o no las normas”. En ese sentido, ha planteado si se quiere “una ciudad cívica o una ciudad incívica”.

Preguntado por el número de sanciones impuestas a locales de ocio de la zona por incumplimientos relacionados con ruidos, ocupación de la vía pública o terrazas, Martínez ha dicho no disponer de los datos en ese momento.

Críticas socialistas

El pasado mes de junio, el PSIB-PSOE acuso a Martínez de “autoritarismo” por descolgar los carteles reivindicativos de los vecinos del barrio de sa Llotja. El portavoz socialista en Cort, Francesc Dalmau, aseguro que esto demostraría el “autoritarismo que tanto le gusta aplicar a Martínez y Vox, que censuran la libertad de expresión”.

“La libertad de expresión es un derecho fundamental de la ciudadanía y esta vulneración ha venido por la retirada de unos carteles que pusieron las entidades cívicas de sa Llotja, hartas de ver que el Ayuntamiento de Palma no vela ni por la convivencia, ni por el respeto, ni por el descanso de los vecinos”, afirmó.

El representante local ha pedido al Ayuntamiento que “tome parte” y esté del lado de los vecinos respecto al “incivismo” y los “ruidos”, que sería la “principal causa de las molestias”.

Asistir a un concierto es una experiencia emocionante: poder escuchar la música en vivo nos aporta momentos inolvidables. Sin embargo, el intenso ruido puede acabar pasando factura a nuestros oídos, sobre todo si asistimos de manera frecuente a eventos musicales tanto en interior como en exterior. Como el ruido del tráfico o de los transportes, las fuentes de ocio ruidosas como conciertos o discotecas son las principales fuentes de ruido en España, y todos pueden dañar los oídos y la salud en general, reconoce la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL CCC).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de mil millones de jóvenes en todo el mundo están expuestos a un riesgo evitable de lesiones auditivas debido a la exposición al sonido en entornos recreativos: casi el 40% está expuesto a niveles potencialmente dañinos en lugares como discotecas y bares, salas de conciertos y festivales en el exterior. Como explica Daiana Martínez, audióloga, en la consulta cada vez ven “más pacientes jóvenes con síntomas de daño auditivo relacionado con la exposición al ruido, sobre todo tras conciertos y festivales”.

Para la experta, la exposición a volúmenes elevados, sobre todo durante largos periodos, “puede tener consecuencias para la salud auditiva, especialmente acúfenos o zumbidos, la sensación de taponamiento o, en casos más graves, pérdida auditiva irreversible. Y lo preocupante es que muchas veces estos daños se acumulan de forma silenciosa, sin darnos cuenta hasta que ya es tarde”, advierte Martínez.

Un concierto al aire libre o en una sala, ¿qué es mejor para nuestra salud auditiva?

“La diferencia entre un concierto al aire libre y uno en un recinto cerrado es significativa”, reconoce la audióloga. En el interior de una sala, “el sonido rebota y se concentra más, lo que puede aumentar la presión acústica que reciben nuestros oídos. En cambio, en espacios abiertos el sonido tiende a dispersarse, aunque eso no significa que el riesgo desaparezca. En ambos casos, el volumen y la duración de la exposición son factores clave”, matiza Martínez.

Y es que podríamos hablar de varios factores que determinan el riesgo de daño auditivo: el nivel de decibelios, la duración de la exposición, la distancia a la fuente sonora y la sensibilidad individual, ya que cada oído es distinto. Los decibelios son las unidades de presión usadas para medir el sonido. El nivel recomendado por la OMS para garantizar una buena salud es de 65 decibelios (dB), que es lo que se calcula que se sitúa una conversación normal. Una exposición superior a los 85 dB ya supone riesgo de pérdida auditiva crónica y, si se repite en el tiempo y por encima de 100 dB, hay riesgo de pérdida inmediata. 

Se calcula que en un concierto de música podemos estar expuestos a unos niveles de unos 100 decibelios de presión sonora, en algunos momentos con algunos picos mayores de 125 decibelios de presión sonora. Para que un sonido sea escuchado por el oído humano debe tener una intensidad superior a 0 decibelios. La OMS recomienda no exponerse mucho tiempo a más de 85 decibelios: la duración máxima recomendada de exposición a ruidos superiores a 100 decibelios debería ser inferior a los 15 minutos.

Cómo podemos proteger nuestros oídos en conciertos

Si, con todo, no queremos perdernos ningún concierto, hay varias formas de preservar nuestra salud auditiva y seguir disfrutando de la música. El primero de ellos pasa por el uso de tapones, “una herramienta esencial de prevención, no de impedimento para disfrutar de la música”, afirma Martínez. En cuanto al tipo de tapones que deberíamos usar, la audióloga desaconseja los típicos tapones de espuma que se usan para dormir porque aíslan en exceso y “pueden empeorar la experiencia musical”. 

Sí aconseja, en cambio, los tapones con filtros acústicos, que “reducen el volumen sin distorsionar el sonido”. También hay tapones reutilizables de “alta fidelidad como tapones a medida, adaptados a la forma del oído de cada persona, que son especialmente útiles para quienes asisten con frecuencia a conciertos, festivales o trabajan en entornos ruidosos”, explica Martínez.

La experta recomienda, además, estas medidas de prevención:

Para la especialista, es importante trabajar en la conciencia y prevención con jóvenes y músicos, ya que la pérdida auditiva afecta a la calidad de vida y puede tener un impacto emocional y social. “Proteger los oídos debería ser una prioridad, igual que usamos crema solar para proteger la piel”, matiza Martínez.

Coincidiendo con el Año Nuevo 2026, se celebró durante cinco días en el entorno natural del embalse del Cenajo, dentro del término municipal de Férez (Albacete), una rave convocada de manera espontánea. Las bajas temperaturas, la lluvia y el barro, junto con el “acoso policial” que denunciaron sus organizadores, provocaron un caos en los controles de acceso que se saldó con personas atrapadas en los terraplenes y multas “aleatorias”. El alcalde del pueblo dijo estar encantado con los 'visitantes', pero como suele ocurrir en este tipo de eventos, casi siempre la polémica está servida.

Es el último ejemplo de estas fiestas, casi siempre clandestinas, en las que la música electrónica, el baile y la acampada son las protagonistas, aún más popularizadas por la fama de la película ‘Sirât', de Oliver Laxe, que triunfó en el Festival de Cannes y estuvo nominada a los Premios Oscar como Mejor Película Internacional.

Al Gobierno de Castilla-La Mancha no le gustó la experiencia. Ni esta de Albacete en concreto ni otras anteriores que ha habido en la región. Tampoco ha sido ajena la Administración autonómica a otro problema que ha generado sonoras polémicas: el ruido de los espectáculos públicos.

Por eso ha decidido tomar cartas en el asunto. Acaba de dar luz verde al anteproyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con la previsión de culminar su tramitación parlamentaria antes de fin de año, tras su paso por las Cortes regionales, donde el PSOE tiene mayoría absoluta.

La nueva ley sustituirá a la anterior normativa, de hace 15 años, e incluye la ampliación de la regulación a las actividades en espacios abiertos, incluidas las raves, así como más restricciones al ruido y el control de acceso a los recintos.

Básicamente, en palabras del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, el objetivo es que estos grandes eventos no supongan “un conflicto con el derecho al descanso de la ciudadanía”.

Reconoce el Gobierno regional, en relación con macroeventos en espacios abiertos como las raves, que existe un “vacío legal”, también con respecto al acceso de menores de edad y al control de los aforos.

El texto del anteproyecto, al que ha tenido acceso este periódico, regula tanto las actividades realizadas en establecimientos públicos (sean fijos, portátiles o desmontables) como en espacios abiertos, ya sean de titularidad pública o privada. Entre ellos, por ejemplo, se nombran cines de verano o festejos taurinos y deportivos. También incluye los pirotécnicos. Excluye las celebraciones estrictamente privadas, como las familiares, las manifestaciones y las celebraciones religiosas.

La ley no utiliza específicamente el término ‘rave', pero regula este tipo de eventos a través de otras denominaciones y categorías técnicas. Habla así de “fiestas ilegales”: reuniones o acontecimientos que congregan a personas para celebrar espectáculos o actividades recreativas sin tener el título habilitante (licencia o autorización) y sin cumplir los requisitos.

Más eventos en espacios abiertos tras la pandemia

Igualmente, la nueva norma amplía su regulación para incluir específicamente eventos en lugares “sin infraestructuras fijas”, como parques, solares, explanadas o campos. En la exposición de motivos, el Gobierno explica que se ha detectado un aumento de estas prácticas en espacios abiertos tras la crisis de la COVID-19, lo que justifica una regulación “más estricta” por “los riesgos que conllevan para la salud y la movilidad”.

Con carácter general, lo más llamativo es la ampliación del régimen sancionador para esas “fiestas ilegales”. En las infracciones más graves se contemplan multas que llegan hasta los 300.000 euros en su grado máximo: cuando su celebración sin título habilitante origine situaciones de grave riesgo para la seguridad de las personas o bienes, o den lugar a “graves alteraciones del orden público”.

Independientemente de la sanción final, las autoridades podrán también adoptar medidas de adopción directa si detectan un riesgo “inminente”- Por ejemplo, la suspensión inmediata del evento y desalojo del recinto o espacio abierto, el precinto del establecimiento y la retención de los equipos y bienes utilizados para la fiesta.

Además, la ley establece que la cuantía de la multa podrá incrementarse hasta el doble del beneficio obtenido por el infractor si este último fuera superior a los límites máximos indicados, para asegurar que la infracción “no resulte rentable”.

La cuestión, en el caso de las raves, es que en la gran mayoría de ocasiones, se convocan de manera espontánea, sin una organización clara. ¿Quién se considera por tanto responsable de una fiesta “ilegal”? De acuerdo con el anteproyecto, se establece una “jerarquía”.

Así, en los casos en que no se haya presentado una solicitud de licencia o una declaración responsable, la condición de organizador recaerá sobre “quien asuma las responsabilidades” frente a la autoridad que realice la inspección; o en su defecto, quien lo convoque, lo dé a conocer o reciba ingresos por la venta de entradas o por prestaciones de cualquier otro tipo relacionadas con la fiesta.

Las multas de hasta 300.000 euros se contemplan igualmente para eventos donde se permita el consumo ilegal o tráfico de drogas, así como el acceso de personas con armas u objetos peligrosos en los establecimientos o espacios abiertos. También si se supera el aforo máximo, siempre que origine “situaciones en grave riesgo para el orden público”, por obstrucción la autoridad, por reincidencia o por “incumplir gravemente” las normas de insonorización si supone un “riesgo para la salud ambiental”.

La convivencia entre la fiesta, el ruido y el derecho al descanso

Precisamente, el ruido tiene un papel protagonista en esta ley. Desde hace años se ha convertido en motivo de denuncia vecinal en varias localidades. Una de las más ‘sonadas’ fue con motivo del espectáculo navideño de música y luces, con una gigantesca bola navideña de luz y música que en los últimos años se instala en mitad de la céntrica Plaza de Zocodover del Casco Histórico de Toledo.

Tras las numerosas protestas vecinales, el Ayuntamiento de la ciudad se vio obligado a reducir el volumen (y los minutos de duración) de la música de villancicos que, cada pocos minutos, sonaba machaconamente en esta zona, pero que podía escucharse desde varios puntos de la ciudad.

Otro ejemplo parecido tuvo lugar en la localidad toledana de Ocaña. Desde hace más de dos años, su plaza Mayor, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), no acoge actos ni celebraciones multitudinarias que conlleven un exceso de ruido. En este caso, lo impidió la Justicia. La iniciativa de dos vecinas consiguió que se tomaran medidas judiciales para impedir celebraciones en este enclave, que afectaron a la celebración de la Navidad y también a la Semana Santa. El motivo: el ruido y las multitudes.

La nueva ley aborda esta cuestión pero sin muchas concreciones. No establece límites numéricos específicos de decibelios (dB), sino que remite a la normativa sectorial aplicable y a la legislación sobre ruidos vigente para determinar si se han superado los niveles permitidos.

No obstante, sí clasifica el incumplimiento de estos límites. Considera infracción muy grave la emisión de ruidos o vibraciones que superen los límites establecidos en la norma de aplicación y esto suponga un “grave riesgo para la salud ambiental”. Para evitar superar estos límites, la ley impone condiciones como la insonorización para establecimientos públicos, así como licencias donde se incluya normativa sobre ruidos y contaminación acústica.

De la misma forma, la nueva norma subraya que las personas afectadas por ruidos tienen derecho a presentar quejas y reclamaciones por las molestias “que afecten a su descanso”. Si la molestia se produce en el interior de un domicilio, el denunciante debe permitir el acceso a técnicos o inspectores para realizar las mediciones necesarias.

Un examen para controlar los accesos

Hay otra novedad relevante en la ley. La obligación de títulos habilitantes para las personas encargadas de los controles de acceso de eventos con grandes aforos. El texto distingue claramente entre el título habilitante (que es el permiso administrativo para el establecimiento o evento) y la habilitación profesional que debe poseer el personal encargado del control de acceso.

El primero se define como la licencia, la autorización o la documentación que acredita haber presentado una declaración responsable para celebrar una actividad con un aforo superior a 500 personas. Y en esos casos en cuando el establecimiento o la organización del evento en espacio abierto estarán obligados a disponer de personal de control de acceso habilitado.

Para ejercer estas funciones no basta con la contratación. El personal debe poseer una habilitación profesional específica. Será expedida por la dirección general competente tras la comprobación de requisitos y la superación de las pruebas que se determinen reglamentariamente.

Podrán obtenerla personas mayores de edad, con nacionalidad española o de la UE (o permiso de residencia y trabajo) y carecer de antecedentes penales. El personal habilitado deberá estar inscrito en el registro autonómico de espectáculos públicos para que la administración pueda comprobar en cualquier momento que cumplen con los requisitos exigidos.

Se llevará a cabo también un proceso de superación de exámenes. El anteproyecto no concreta a este respecto, ya que establece que se determinarán en un futuro reglamento. Lo que sí establece es que este personal tiene “estrictamente prohibido” asumir o realizar las funciones propias del servicio de seguridad privada. Por ejemplo, no podrá intervenir en alternaciones del orden (en ese caso debe informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad“.

De hecho, la norma explica que la obligatoriedad de contar con seguridad privada es “independiente” de la del control de acceso, y su exigencia depende de la naturaleza y características del evento o establecimiento.

En conclusión, aunque un evento de gran aforo (más de 500 personas) siempre estará obligado a tener control de acceso, solo tendrá que contratar seguridad privada si el tipo de actividad o recinto está incluido en la lista que la normativa determine como de “especial riesgo o impacto”.

Demanda Casco Antiguo exige al alcalde de Logroño, al que apodan “Conruido Escobar”, la adopción de “medidas inmediatas” en las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), entre ellas el centro histórico, tras el varapalo judicial a la pretensión de las principales asociaciones hosteleras de La Rioja de tumbar las mediciones acústicas realizadas en el año 2022 por la empresa especializada Sincosur.

La asociación vecinal recuerda que el estudio de la ingeniería independiente, basado en mediciones de ruido en 150 emplazamientos durante el día, la tarde y la noche, concluyeron que en el centro histórico se incumplen de forma sistemática las objetivos de calidad acústica OCA (65 decibelios por el día 55 por la noche), superando incluso en algunas zonas y noches de fin de semana los 80 decibelios: “Dichas mediciones, que la Asociación de Hostelería Rioja y los Hosteleros de la Zona de Laurel, pretendían tumbar en su recurso judicial, son ahora reconocidas como legítimas y objetivas por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) y dejan al Ayuntamiento sin más excusas para tomar medidas restrictivas contra la hostelería (reducción de superficies de terrazas, control exhaustivo de ruidos, limitaciones de horarios…) para garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos al descanso y la inviolabilidad de sus domicilios”.

Demanda Casco Antiguo recuerda que la portavoz municipal, Celia Sanz, justificó su “persistente inacción” en que convenía esperar a la Justicia antes de adoptar cualquier restricción en las ZPAE: “Desde el primer momento era un argumento de ‘cuñao’, de ‘cuñada’ en este caso, y más en una persona que es abogada”. Tras la sentencia del TSJR, el Ayuntamiento y sus responsables deben ser conscientes de que la asociación vecinal va a seguir reclamando en los tribunales el cumplimiento de la ley, en este caso, del acuerdo de pleno que reconoció el centro histórico como ZPAE el pasado 18 de junio de 2024: “Estamos convencidos que, después de la política promocional del turismo de borrachera seguida por el equipo de gobierno de Escobar, las mediciones de Sincosur, si se hicieran hoy, multiplicarían por tres las del año 2022”.

La asociación vecinal hace además un llamamiento a todos aquellos establecimientos hosteleros de la zona de La Laurel y de la Hostelería de La Rioja a que, si de verdad buscan la convivencia y el entendimiento vecinal como algunos de ellos han hecho público en sus redes sociales, cursen su baja de las asociaciones que han pretendido derogar las ZPAE: “No estamos en contra de la hostelería tradicional, ni mucho menos, sino de la decena de empresarios sin escrúpulos que se han apoderado del centro de Logroño, incluidas calles de primera como Bretón de los Herreros, con el beneplácito de las autoridades municipales para su propio y único beneficio”.

Demanda Casco Antiguo reclama también al comisario jefe, Héctor Ruiz, clases formativas a su plantilla sobre las ordenanzas en vigor, tanto de terrazas como de ruidos, tras detectar actitudes y respuestas “lamentables” a las denuncias telefónicas de los vecinos reclamando su actuación contra las puertas abiertas y música a todo volumen o el sobrepasamiento de los horarios de terrazas: “Hay que tener un poquito de manga ancha, no podemos hacer una medición porque el ruido externo la contaminaría, no tenemos personal capacitado en estos momentos….” son algunas de las respuestas telefónicas que, según denuncian, han recibido los vecinos estas últimas semanas. “Eso sí, mientras tanto, y como conoce perfectamente la Policía Local y su comisario, sigue habiendo locales que, pese a tener licencias de cafetería, y por tanto supuestos limitadores obligatorios de emisión de ruidos por ordenanza, actúan con absoluta impunidad y sin control alguno como si fueran discotecas”.

Un taladro a deshoras, un taconeo constante o música demasiado alta pueden romper la armonía de un edificio y poner a prueba la tolerancia de cualquiera de los inquilinos a altos niveles de ruido. Las quejas de este tipo representan una de las causas más comunes de conflicto entre vecinos. ¿Dónde termina la molestia puntual y empieza un problema que requiere de gestión comunitaria?

“La comunidad de propietarios debe intervenir cuando el ruido no es un conflicto puramente personal entre dos vecinos, sino una conducta reiterada que afecta objetivamente al descanso, a la convivencia o al uso normal del edificio”, explica la administradora de fincas colegiada Ana Belén R. Ríos, vocal de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA).

Para Ríos, es fundamental distinguir entre “lo que por normativa es denunciable” de una molestia puntual del día a día como un bebé llorando o un perro ladrando.

“En primer lugar, hay que trasladarle a quien hace ruido que está molestando al resto de propietarios y, siempre que sea posible, en el momento en el que se produce”, destaca la administradora, que asegura que, aunque la conversación directa sea el recurso más efectivo, “en numerosas ocasiones los propietarios trasladan sus quejas antes al presidente o al administrador que al vecino molesto”. 

Qué hacer si los ruidos persisten

Si el ruido persiste y no hay cambios de conducta por parte del propietario amonestado, la comunidad cuenta con herramientas legales, que tendrá que agotar por orden. La mediación vecinal es la primera opción para resolver el conflicto de forma voluntaria, pero “no todos los ruidos afectan por igual y, por tanto, no todos los problemas se tienen que atender de la misma manera”, apunta la administradora.

Cuando esta vía no da resultado, “conviene recurrir a la acción de cesación que contempla la Ley de Propiedad Horizontal”, apunta Ríos. En este punto el administrador se encarga del asesoramiento, así como de canalizar quejas y documentar el expediente; sin embargo, es el presidente de la comunidad quien debe realizar “el requerimiento previo al infractor, antes de acudir a la vía judicial”, aclara la experta, citando el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal.

La administradora advierte también sobre la importancia que tiene durante el proceso identificar correctamente al responsable, hablar previamente con él, asegurarse de que el ruido es jurídicamente perseguible, acudir a la policía cuando se esté produciendo y ser conscientes de que el problema no es exclusivamente del presidente o el administrador. “Es una labor de todos y la colaboración es vital para una resolución exitosa”, concluye Ríos.  

La sonada polèmica generada per la suspensió del Festival de les Arts després de superar els límits de soroll establerts en l'ordenança de contaminació acústica de València ha posat davall la lupa els grans projectes de la ciutat que poden suposar una font de soroll excessiu. Aquesta situació va estar provocada per una demanda d'un grup de 46 veïns i va derivar en una sentència que va condemnar l'Ajuntament a indemnitzar amb 138.000 euros 46 veïns afectats pel soroll dels festivals a la Ciutat de les Arts i les Ciències, cosa que obre la porta a noves denúncies similars.

En aquest sentit, un dels grans recintes dels quals disposarà la ciutat a partir de l'estiu que ve i que podrà acollir grans concerts és el nou estadi del València CF ubicat a l'avinguda de les Corts Valencianes, les obres del qual avancen segons els terminis previstos.

El Roig Arena és un altre gran contenidor d'espectacles musicals, però en el seu cas la contaminació acústica és més fàcilment controlable en tractar-se d'un recinte tancat, cosa que ha evitat, almenys per ara, queixes veïnals per problemes de contaminació acústica. Cert és que només en insonorització es va realitzar una inversió propera als 45 milions d'euros.

En el cas del nou estadi, segons documentació recaptada per elDiario.es, el despatx d'arquitectura de Mark Fenwick i Javier Iribarren va presentar el 30 de gener de 2024 a l'Ajuntament l'estudi d'impacte acústic de les instal·lacions, que analitza les emissions sonores de la diversa maquinària necessària per al funcionament diari del coliseu, sense entrar en aquest document en el so ambiental de l'estadi.

L'estudi conclou que s'hauran d'escometre mesures correctores perquè no se superen els límits sonors marcats per l'ordenança. D'altra banda, el club va traslladar en una reunió recent amb l'associació de veïns de Benicalap que els possibles concerts es realitzaran sobretot en els mesos de juny i juliol, quan s'atura la competició, i en horaris que generen menys molèsties.

Quant a l'estudi acústic al qual ha tingut accés aquesta redacció, estableix que “els nivells màxims de pressió sonora que poden produir les instal·lacions de l'estadi del València CF sobre les façanes dels edificis afectats, en ser l'ús residencial plurifamiliar el dominant”, són de 55 decibels entre les 8.00 i les 22.00 hores i de 45 decibels entre les 22.00 i les 8.00 hores.

El document descriu totes aquelles instal·lacions previstes per al nou estadi del València CF que, a causa de les seues característiques, poden generar nivells de soroll superiors als permesos en l'ordenança municipal de soroll i vibracions; en concret, el sistema d'extracció d'aire de l'aparcament, les unitats de sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI) i el grup electrogen, així com les instal·lacions de la planta tècnica (unitats refredadores, bombes de circulació d'aigua i climatitzadors d'aire primari).

La determinació dels nivells d'emissió de soroll s'ha realitzat “sobre diferents malles de càlcul vertical, situades a 1 m de distància de les façanes dels edificis afectats a Corts Valencianes, carrer de la Safor, Doctor Nicasio Benlloch i Amics del Corpus”.

L'estudi conclou que “els nivells de pressió sonora obtinguts sobre les façanes dels edificis afectats, considerant totes les fonts de soroll funcionant de forma simultània, superen els valors màxims admissibles segons l'ordenança de soroll i vibracions de València”.

Així, especifica que “segons s'observa en els resultats considerant les fonts per separat, es dedueix que el principal focus d'emissió de soroll són els fumerals del sistema d'extracció d'aire del pàrquing. En conseqüència, serà necessari adoptar una sèrie de mesures correctores per a reduir els nivells de soroll produïts per aquestes instal·lacions”, per la qual cosa es proposa “instal·lar silenciadors embocats en els conductes de descàrrega de l'aire”.

A més, “les unitats refredadores són les úniques instal·lacions de la planta tècnica que superen els valors màxims admesos per al període nocturn”. En concret, “els problemes es localitzen sobre les façanes dels edificis de l'avinguda de les Corts Valencianes, ja que es troben enfrontats a la façana lateral de l'estadi, on s'ubiquen les refredadores; per tant, seran necessàries mesures correctores per a reduir els nivells de soroll generats per aquestes instal·lacions”.

En el cas de les refredadores, “es proposa apantallar tot l'espai de la planta tècnica ocupat per les refredadores i les bombes de circulació, fins a una alçada de 3 metres sobre la cota de paviment d'aquesta planta (26,6 m)”. A més, es preveu “revestir totes les superfícies possibles de parets i sostre de la zona de la planta tècnica que queda tancada per l'apantallament descrit en l'apartat anterior, amb panells fonoabsorbents de xapa perforada”.

L'estudi assegura que “considerant les mesures correctores proposades, s'aconsegueix atenuar les emissions de soroll de les instal·lacions previstes per al nou estadi del València Club de Futbol, complint els objectius fixats”.

Prèviament, al començament de l'activitat i juntament amb les certificacions finals, s'haurà d'aportar un informe de certificació de medicions acústiques, subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent, acreditatiu de l'eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions, amb indicació dels resultats de les medicions in situ efectuades.

Reunió amb els veïnat de Benicalap pels concerts

El Nou Mestalla està concebut per a ser utilitzat els 365 dies de l'any, però pel que fa als concerts aquests es concentraran sobretot durant la temporada d'estiu. Així ho van explicar el passat mes de maig Javier Solís, director general del València CF; Jorge García, director comercial i de màrqueting; Franco Segarra, director d'anàlisi de dades i de l'àrea fan, i el director de projectes de Legends al València CF, Alberto Zambrana, en una entrevista al podcast ‘Sports, Inside’ de 2Playbook.

Pel que fa als esdeveniments, els directius van assenyalar que el Nou Mestalla només acollirà concerts a l'estiu i que establiran horaris compatibles amb el descans del veïnat.

“El nostre pla de negoci no passa per ser un espai de concerts permanents, només en l'època estival i en horaris que siguen compatibles amb la vida del veïnat i amb l'activitat de la zona. També ens hem reunit amb l'Associació de Veïns de Benicalap per explicar-los la nostra estratègia en matèria de concerts”, van apuntar.

La sonada polémica generada por la suspensión del Festival de les Arts tras superar los límites de ruido establecidos en la ordenanza de contaminación acústica de València ha puesto bajo la lupa los grandes proyectos de la ciudad que pueden suponer una fuente de ruido excesivo. Esta situación vino provocada por una demanda de un grupo de 46 vecinos y derivó en una sentencia que condenó al Ayuntamiento a indemnizar con 138.000 euros a 46 vecinos afectados por el ruido de los festivales en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, lo que abre la puerta a que se puedan dar otras denuncias similares.

En este sentido, uno de los grandes recintos de los que dispondrá la ciudad a partir del verano que viene en el que se podrá albergar grandes conciertos es el nuevo estadio del Valencia CF ubicado en la avenida de las Cortes Valencianas, cuyas obras avanzan según los plazos previstos.

El Roig Arena es otro gran contenedor de espectáculos musicales, pero en su caso es más la contaminación acústica es más fácilmente controlable al tratarse de un recinto cerrado lo que ha evitado, al menos por el momento, quejas vecinales por problemas de contaminación acústica. Cierto es que solo en insonorización se realizó una inversión cercana a los 45 millones de euros.

En el caso del nuevo estadio, según documentación recabada por elDiario.es, el despacho de arquitectura de Mark Fenwick y Javier Iribarren presentó el 30 de enero de 2024 al Ayuntamiento el estudio de impacto acústico de las instalaciones que analiza las emisiones sonoras de la diferente maquinaria necesaria para el funcionamiento diario del coliseo, sin entrar en este documento en el sonido ambiente del estadio.

El estudio concluye que se deberán acometer medidas correctoras para que no se superen los límites sonoros marcados por la ordenanza. Por otra parte, el club trasladó en una reciente reunión con la asociación de vecinos de Benicalap que los posibles conciertos se realizarán sobre todo en los meses de junio y julio, cuando se para la competición, y en horarios que generen menos molestias.

En cuanto al estudio acústico al que ha tenido acceso esta redacción, establece que “los niveles máximos de presión sonora que pueden producir las instalaciones del estadio del Valencia CF sobre las fachadas de los edificios afectados, al ser el uso residencial plurifamiliar el dominante” son de 55 decibelios de 8 a 22h y de 45 decibelios de 22 a 8h.

El documento describen todas aquellas instalaciones previstas para el nuevo estadio del Valencia CF, que, debido a sus características, pueden generar niveles de ruido superiores a los permitidos en la ordenanza municipal de ruido y vibraciones, en concreto, el sistema de extracción de aire del parking; las unidades de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) y grupo electrógeno; e instalaciones de la planta técnica (unidades enfriadoras, bombas de circulación de agua y climatizadores de aire primario).

La determinación de los niveles de emisión de ruido se ha realizado “sobre distintas mallas de cálculo vertical, situadas a 1 m de distancia de las fachadas de los edificios afectados en Corts Valencianes, calle de la Safor, Doctor Nicasio Benlloch y Amics del Corpus”.

El estudio concluye que “los niveles de presión sonora obtenidos sobre las fachadas de los edificios afectados, considerando todas las fuentes de ruido funcionando de forma simultánea, superan los valores máximos admisibles según la ordenanza de ruido y vibraciones de València”.

Así, especifica que “según se observa en los resultados considerando las fuentes por separado, se deduce que el principal foco de emisión de ruido son las chimeneas del sistema de extracción de aire del parking. En consecuencia, será necesario adoptar una serie de medidas correctoras para reducir los niveles de ruido producidos por dichas instalaciones”, por lo que se propone “instalar silenciadores embocados en los conductos de descarga del aire”.

Además, “las unidades enfriadoras son las únicas instalaciones de la planta técnica que superan los valores máximos admisibles para el periodo nocturno”. En concreto, “los problemas se localizan sobre las fachadas de los edificios de la avenida de les Corts Valencianes, ya que se encuentran enfrentados a la fachada lateral del estadio, donde se ubican las enfriadoras; por lo tanto, serán necesarias medidas correctoras para reducir los niveles de ruido generados por estas instalaciones”.

En el caso de las enfriadoras, “se propone apantallar todo el espacio de la planta técnica ocupado por las enfriadoras y las bombas de circulación, hasta una altura de 3 metros sobre la cota de pavimento de dicha planta (26,6 m)”. Además, se prevé “revestir todas superficies posibles de paredes y techo de la zona de la planta técnica que queda cerrada por el apantallamiento descrito en el apartado anterior, con paneles fonoabsorbentes de chapa perforada”.

El estudio asegura que “considerando las medidas correctoras propuestas, se consigue atenuar las emisiones de ruido de las instalaciones previstas para el nuevo estadio del Valencia Club de Fútbol, cumpliendo con los objetivos fijados”.

Previamente, al comienzo de la actividad y junto con las certificaciones finales se deberá aportar Informe de certificación de mediciones acústicas, suscrito por técnico competente y visado por su correspondiente Colegio Profesional, acreditativo de la eficacia de las medidas de prevención de ruidos y vibraciones, con indicación de los resultados de las mediciones in situ efectuadas.

Reunión con los vecinos de Benicalap por los conciertos

El Nou Mestalla está concebido para ser utilizado los 365 días del año, pero en materia de conciertos se concentrarán sobre en la temporada de verano. Así lo explicaron el pasado mes de mayo Javier Solís, director general del Valencia, Jorge García, director comercial y marketing, Franco Segarra, director de análisis y datos y área fan, y el director de proyectos de Legends en el Valencia CF, Alberto Zambrana, en una entrevista en el podcast de ‘Sports, inside’ de 2Playbook'.

En cuanto a los eventos, los directivos señalaron que el Nou Mestalla solo albergará conciertos en verano y que establecerán horarios para ser parte del vecindario

“Nuestro plan de negocio no pasa por ser un lugar de conciertos permanentes, solamente en la época estival y en horarios que seamos parte del vecindario y de la actividad. Nos hemos reunido también con la Asociación de Vecinos de Benicalap para contarles nuestra estrategia a nivel de conciertos”, apuntaron.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el cierre de una decena de pisos turísticos por hacer la vida imposible durante años a una familia del céntrico barrio de La Latina. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, destaca que este matrimonio con dos hijos ha pedido sin éxito a las empresas responsables de los pisos que solucionen los ruidos y molestias que les impiden dormir cada fin de semana y que el cierre total de esa actividad es la única medida eficaz para “garantizar la paz y tranquilidad de los vecinos”, a los que además deben indemnizar con un total de 34.000 euros.

El edificio que acoge esta batalla entre vecinos y pisos turísticos se encuentra en el número 77 de la calle Toledo, a unos pocos pasos de la plaza de La Latina y uno de los puntos del centro donde más pisos turísticos se anuncian en la ciudad. Un inmueble que llegó a estar completamente formado por este tipo de alojamientos y que en la actualidad cuenta con unos 40 pisos turísticos. Una propiedad repartida entre distintas empresas vinculadas a miembros de la familia Couret y con una minoría de viviendas donde residen vecinos de forma permanente. Vecinos y familias que llevan varios años denunciando la actuación de los dueños del edificio.

Fue un matrimonio con dos hijos el que decidió llevar a los tribunales a varias de estas empresas por una decena de pisos turísticos alojados en el edificio que “rodeaban” su casa y les tenían sometidos a un “calvario”. Sufrieron ruidos, el constante trasiego de maletas, música, fiestas y despedidas de soltero además de vómitos en la escalera y vandalismo que habían derivado en consecuencias negativas para su salud. Un informe médico certifica que los cuatro integrantes de esta familia padecen diversos trastornos relacionados con el ruido: ansiedad, depresión y un trastorno no orgánico del sueño. Los dos hijos, añade el informe, están sometidos a “un estrés constante” que puede acarrear “graves consecuencias” para su desarrollo.

La familia afectada vivía en el bloque desde 2021, cuando varios pisos turísticos fueron vendidos a otra empresa y finalmente comprados para vivir. Tuvieron que acudir a los tribunales por una vía atípica para buscar el cierre de los inmuebles usados por turistas que molestaban. En franca minoría en una Junta de Propietarios dominada por los herederos de Juana Couret y otras empresas similares, decidieron presentar una demanda civil por afectación de su derecho a la intimidad. Y un juzgado, en primera instancia, decidió dar la razón a esta familia y ordenar el cierre de los diez pisos que daban problemas, una cuarta parte de los que hay en este edificio colonizado por el alquiler turístico.

Ahora ha sido la Audiencia Provincial de Madrid la que ha ratificado la mayor parte de esta sentencia, salvando de la condena al piso de una de las empresas llamada Tealrentas SL porque no hay pruebas, directamente, de que sea de uso turístico en ese edificio de la calle Toledo. Pero confirma que los cinco pisos explotados por Tolesanta SL, los dos de Mundi Quo-Vadis SL y el piso de Cavanna Real State SL deben echar el cierre como única solución posible tras años de enfrentamiento y de “caso omiso” de estos grandes tenedores frente a las reclamaciones de los vecinos.

La sección civil del tribunal entiende, por un lado, que la familia ha conseguido probar que los problemas causados por estos pisos son reales, y no unas “quejas exageradas” como llegaron a decir las empresas demandadas. “Las molestias son notorias y ostensibles, no una pequeña dificultad o trastorno, sino que son graves, afectando de manera importante a la pacífica convivencia”, dice la Audiencia Provincial. Y ordenar el cierre es la única solución posible para “garantizar la paz y tranquilidad de los vecinos” después de años de “caso omiso” por parte de los empresarios a sus “continuas denuncias y requerimientos”.

El “cese total” de los nueve pisos turísticos

El “cese total” de la actividad de estos nueve pisos turísticos, zanja el tribunal, es la vía para que las “graves perturbaciones” se acaben y los ruidos y molestias dejen de invadir el día a día de los vecinos.

La Audiencia Provincial ha tomado esta decisión después de una primera sentencia dictada por el juzgado de primera instancia número 44 de Madrid en el verano de 2025. Una resolución que ya entonces avaló tanto las pruebas que había presentado la familia afectada como el testimonio de otros vecinos y el propio portero. “Tenemos miedo por las noches, en una ocasión encontramos una jeringuilla”, explicó una de ellas que también se mudó al edificio en esas fechas.

Varios testigos coincidieron en señalar que daban cuenta de todo esto al presidente de la comunidad de vecinos pero que apenas se tomaron medidas. Una presidencia de la comunidad de propietarios que, junto con la mayoría aplastante de la junta, recaía en los propietarios de estas empresas y de los pisos turísticos. Algunos de estos pisos, relataron los vecinos, eran “constantemente sancionados” por las autoridades sin que cesara su actividad.

La mayor parte de los pisos turísticos que esta sentencia ordena cerrar, y que siguen funcionando a fecha de hoy tal y como confirman fuentes del caso a elDiario.es, pertenecen a empresas ligadas a los descendientes de la familia Couret, que también han explotado pisos similares en Santa Ana tras la escisión de la empresa original, Arrendamientos Urbanos Couret.

El caso llega al Tribunal Supremo

La causa ya está en manos del Tribunal Supremo y ahora la Sala de lo Civil debe decidir si admite a trámite el recurso presentado por las empresas. Entre otros argumentos, apuntan estas fuentes, denuncian que solo se ha cuestionado la continuidad de una decena de pisos turísticos en un inmueble donde hay más de cuarenta. Uno de los múltiples argumentos que ya han sido rechazados tanto en primera como en segunda instancia.

Ante la Audiencia Provincial, las empresas responsables de los pisos se limitaron a exponer ese argumento y también que en ese procedimiento no se podía cuestionar la legalidad de estos inmuebles. Pero ante el juzgado fueron más allá y llegaron a culpar a la propia familia afectada de la situación por haberse ido a vivir a un edificio donde la mayoría de los pisos eran turísticos.

En un momento dado, estas empresas llegaron a acusar a esta familia de actuar con egoísmo por obstaculizar su negocio de pisos turísticos. “Pretenden de forma brusca y egoístamente, truncar y abortar en su totalidad y en beneficio exclusivo suyo esa actividad muy mayoritaria en el edificio con gravísimo perjuicio de las sociedades propietarias de aproximadamente tres cuartas partes del mismo edificio”.

Llegaron incluso a cuestionar que tanto el matrimonio como sus dos hijos se hubieran visto afectados por el supuesto ruido, a pesar de los informes médicos que han presentado. “Si sufriesen realmente esos trastornos y perjuicios que describen en su demanda y relatan al médico, no hubiesen antepuesto el interés de esos hijos a cualquier otro criterio y hubiesen ya abandonado con carácter inmediato ese piso”.

Las dos sentencias del caso, a falta de un procesamiento definitivo del Tribunal Supremo, rechazaron estos argumentos y avalaron el cierre de los pisos. Los tribunales, recuerdan, llevan varios años permitiendo imponer límites a los pisos turísticos y más tiempo todavía estableciendo que un vecino no tiene por qué aguantar ruidos excesivos.

El Festival de les Arts superó el pasado viernes “en exceso” los decibelios que marca la normativa municipal del ruido en los tres escenarios, según esgrime la resolución del Ayuntamiento de València que propició la suspensión del evento, a la que ha tenido acceso este diario.

El consistorio recuerda a la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) que “se ha de dar estricto cumplimiento” a la sentencia firme de un juzgado de lo Contencioso de València que protege a los vecinos de la zona de la contaminación acústica que han sufrido durante años a consecuencia de la inacción de la Policía Local. Sin embargo, en la última edición del festival, agentes de la Policía Local acreditaron que los promotores del evento habían incumplido los niveles de decibelios “previstos” y pactados previamente.

La organización del festival, ante las numerosas quejas del público, subió el volumen a medida que crecían los gritos de los espectadores en protesta por el bajo sonido en los distintos escenarios, tal como informó este diario. Artistas como Leire Martínez o Álvaro Benito, cantante de Pignoise, se disculparon ante sus fans por el escaso sonido de sus actuaciones en directo.

En el escenario 1 se registraron niveles puntuales superiores a los 96 decibelios, en el segundo escenario superiores a los 91 decibelios y, en el tercero, superiores a los 88 decibelios. El festival, por tanto, superó de largo la limitación pactada entre la empresa promotora (House of Music Festivals SL) y CACSA de un máximo de 85 decibelios en horario diurno y de 80 decibelios en horario nocturno.

Los informes de la Policía Local y del Servicio de Inspección Municipal concluyen que “no se han respetado la limitación de los equipos limitadores-registradores previstos en la documentación acústica” presentada ante el Ayuntamiento de València, gobernado por la popular María José Catalá.

La resolución municipal acredita que en la primera jornada del festival se registraron “niveles de emisión e inmisión de ruido en vivienda muy superiores a los incluidos en estudio acústico y certificación acústica” aportados por el promotor y por CACSA. Se rebasó en seis decibelios los límites sonoros establecidos en la normativa aplicable y en la documentación acústica aportada por el promotor.

El documento, firmado por el jefe de servicio del área municipal de Licencias y Actividades, acuerda remitir la resolución al titular de la Plaza número 8 de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de València, que dictó la sentencia sobre la contaminación acústica.

Los promotores siguen apostando por el “emplazamiento habitual”

Los promotores del evento han emitido un comunicado, tras la cancelación, que arremete contra el consistorio, del que dice que declinó reunirse con ellos durante la fase de preparación del festival. “Ante esta situación nos vimos obligados a seguir trabajando hasta el final para hacer viable la celebración de Festival de les Arts en su emplazamiento habitual”, agrega el comunicado, que también desliza que la demanda que propició la sentencia fue impulsada por “unos pocos vecinos” de un edificio en concreto (del que detallan la dirección exacta).

La polémica cancelación del festival, sin embargo, no ha hecho desistir a los promotores: “Seguimos creyendo que la Ciutat de les Arts i les Ciències es un lugar extraordinario para acoger proyectos culturales que proyectan nuestra ciudad al mundo”, señala el comunicado, que apuesta por el diálogo con vecinos e instituciones.

Por su parte, dos entidades de la industria musical vinculadas a los promotores del festival (Promfest y MusicaProCV) lamentaron en un comunicado la cancelación de “uno de los acontecimientos culturales más relevantes del calendario valenciano”.

Ambas entidades piden una “planificación a largo plazo que identifique espacios adecuados para la celebración de eventos musicales, que aporte seguridad jurídica a los organizadores y que permita anticipar y resolver conflictos antes de que se conviertan en crisis que dañen la imagen de la ciudad”. 

Per arribar a l’Estació Marítima de Botafoc –d’on surten els ferris des d’Eivissa amb destinació a Dénia, València o Barcelona– cal passar pel monumental dels podencs, passar l’Avinguda Vuit d’Agost, passar per un hotel de luxe i deixar enrere la discoteca de les dues cireres, Pachá, una de les més famoses del món. En aquesta ubicació, la urbanització de veïns de s’Illa Plana està en peu de guerra perquè està previst que el Lío es traslladi a la ubicació actual de l’Ibiza Hotel Corso de cara al 2027. El Lío és un cabaret de luxe –el preu mínim per reservar un menú amb espectacle són 500 euros per a dues persones– que també funciona com a sala de discoteca, però que deixarà el seu actual emplaçament situat a Marina Ibiza, a l’anomenada Milla d’Or.

“Cal aplicar la llei per a tothom”, afirma a elDiario.es Alberto Sánchez, portaveu de la Comunitat de Veïns de s’Illa Plana. Els qui resideixen en aquesta urbanització interpreten que el Lío no pot funcionar com a sala d’espectacles o discoteca quan es traslladi a la seva nova ubicació, perquè presumptament incompliria la normativa urbanística. El Pla General d’Ordenació Urbana d’Eivissa, aprovat el 2023, estableix en l’article 47.5.4 que “queda prohibida –en tot el terme municipal– la instal·lació de noves discoteques o similars”, una qüestió la interpretació de la qual en aquest cas concret correspon als serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament. “No pot ser que vingui un fons d’inversió o capital estranger i pugui fer el que vulgui”, lamenta Sánchez.

D’altra banda, els veïns veuen amb preocupació que es puguin generar nous problemes de convivència. La zona que comprèn des de la rotonda del monument dels podencs –una de les entrades a la ciutat– fins a l’Estació Marítima de Botafoc està plena d’establiments de tota mena –cafeteries, bars, restaurants, hotels, clubs, discoteques–, cosa que la converteix en un lloc molt visitat durant la temporada turística. A aquesta situació de saturació s’hi afegeix el fet que és una zona molt transitada per vehicles de tota mena que entren i surten de l’Estació Marítima.

“La convivència és primordial”, adverteix Sánchez. El portaveu detalla que l’estratègia del grup empresarial es basa en la utilització d’una figura legal que, a parer seu, s’està forçant per encaixar el projecte a s’Illa Plana. Sánchez explica que la promotora s’empara presumptament en el fet que l’establiment adquirit —l’Ibiza Hotel Corso— disposa d’una llicència per a activitats complementàries, una categoria que els veïns consideren que s’està intentant utilitzar de manera irregular. “El tema és que les activitats complementàries són per a ús exclusiu dels clients de l’hotel”, recalca el portaveu.

La comunitat de veïns interpreta que el trasllat d’un negoci com el Lío —el model del qual es basa en un espectacle i sala de festes oberta al públic general i no restringida als hostes— a una ubicació amb aquest tipus de permís suposa, en la pràctica, la creació d’un “nou concepte”. “Requereix una sol·licitud de llicència nova”, argumenta Sánchez.

Els veïns consideren que el Lío no podria traslladar-se a l’hotel que ha adquirit l’empresa, l’Ibiza Hotel Corso, perquè aquest té llicència per a “activitats complementàries”, exclusives per als clients de l’hotel, mentre que el Lío es basa en un espectacle i sala de festes oberta al públic general

“Requereix una nova llicència”

“Ells han demanat un trasllat per a la ubicació del Lío a un hotel que té activitat complementària —de sala de festes— només per a ús de l’hotel, però ells volen dur a terme una activitat secundària, que és un nou concepte”, puntualitza el portaveu. “En primer lloc, requereix sol·licitar una nova llicència que ja no es pot concedir pel Pla General d’Ordenació Urbana”, insisteix, ja que prohibeix l’obertura de noves discoteques en tot el terme municipal. Per tant, la llicència antiga de què disposa l’hotel no serviria, segons interpreten.

És la mateixa interpretació que fa l’Associació Empresarial d’Oci Nocturn (AEON), que recorda que “no existeixen llicències específiques per a hotels que puguin funcionar com a discoteques, ja que les sales de festes tenen la seva pròpia llicència d’activitat, diferent de la d’un hotel o un restaurant”. “En aquest cas, es tractaria de la concessió d’una llicència nova en un hotel, amb els consegüents perjudicis per a la convivència, i que a més requereix els preceptius estudis de mobilitat i evacuació, per a casos d’emergències, que l’Ajuntament d’Eivissa hauria de fer públics, tal com demanen els veïns afectats i també reclamem des de l’associació”, segons manifesten en un comunicat traslladat a aquest diari.

El Pla General d’Ordenació Urbana prohibeix la implantació de noves discoteques al municipi. L’Associació Empresarial d’Oci Nocturn (AEON) recorda que “no existeixen llicències específiques per a hotels que puguin funcionar com a discoteques

Sánchez aprofundeix en el fet que a la zona de s’Illa Plana s’han concedit en el passat llicències per a determinades activitats als hotels, que permeten petites actuacions o espais de ball. A vegades fins i tot amb música ambiental o la utilització d’algun equip de so. D’aquesta manera, quan els clients de l’hotel acaben de sopar, o mentre gaudeixen del sopar, poden comptar amb una oferta d’oci limitada, així com música i ball. “No té res a veure amb obrir una macrodiscoteca, oberta al públic, com la del Lío”, lamenta el portaveu.

La zona està “absolutament col·lapsada”

Així mateix, assenyala els problemes de trànsit que es generaran, ja que aquesta zona està “absolutament col·lapsada” a causa de la quantitat de motos, cotxes, taxis, camions i transportistes que circulen entre abril i octubre. A més, recorda que s’Illa Plana compta únicament amb un carrer d’accés d’un sol carril i sentit obligatori, a més d’una altra via destinada a la sortida. I hi afegeix la quantitat de creuers que arriben a Eivissa al llarg de l’Estació Marítima, cosa que suma més càrregues i descàrregues de motos, cotxes, taxis, autobusos i passatgers. “Illa Plana està col·lapsada a qualsevol hora del dia”. “No podem tensionar més el barri”, adverteix.

Consultat sobre si han pogut parlar amb el Lío, Sánchez aclareix que el problema el té l’Ajuntament. “Ens van prometre una resposta aviat, però encara no l’han donada”, assenyala el portaveu. L’Ajuntament d’Eivissa no ha respost a les preguntes d’aquest diari en el moment en què es publica aquesta notícia. Concretament, al consistori se li preguntava si considera que el trasllat del Lío a l’Ibiza Hotel Corso pot emparar-se en les llicències actualment vigents o si requereix una nova autorització, atès que el PGOU prohibeix la implantació de noves discoteques al municipi.

També es va sol·licitar informació sobre les denúncies veïnals que apunten que suposadament les obres a l’Ibiza Hotel Corso haurien començat abans d’obtenir la corresponent llicència i sobre la possibilitat de revisar d’ofici les autoritzacions concedides. Així mateix, aquest diari va preguntar si l’empresa promotora ha presentat els estudis de mobilitat i evacuació exigibles per a una activitat d’aquestes característiques en una zona que els residents consideren ja saturada de trànsit durant la temporada turística.

“Nosaltres seguirem els nostres passos”, apunta Sánchez. Els veïns adverteixen que estan disposats a arribar “fins on faci falta” per defensar la convivència del barri, així com la legalitat urbanística del municipi, mitjançant la qual interpreten que no es pot obrir una nova discoteca al municipi.

El Lío afirma que compleix la llei

El Lío d’Eivissa, que opera sota Lío Ibiza SL, no ha respost a les preguntes d’elDiario.es en el moment en què es publica aquesta notícia. El primer missatge —en què es va posar en coneixement el contingut d’aquest reportatge— es va traslladar el passat 27 de maig, amb l’objectiu d’incorporar la versió oficial de l’empresa. No obstant això, el cabaret-discoteca manté que el “trasllat previst” s’està desenvolupant “dins del marc administratiu i urbanístic corresponent, amb ple i absolut compliment de totes les exigències legals, tècniques, mediambientals i de convivència que resultin aplicables”, segons va explicar a Diario de Ibiza.

En la mateixa línia, el Lío d’Eivissa insisteix que no vol “alimentar polèmiques ni entrar en confrontacions estèrils”, i rebutja que el trasllat no s’estigui realitzant sobre la base de la llei. “Aquest projecte es desenvolupa amb ple respecte a la normativa vigent, a les llicències aplicables i als procediments administratius corresponents”, van insistir.

L’empresa afirma que exercirà, com sempre, “els seus drets amb responsabilitat i serietat en defensa de la seva activitat, del seu projecte empresarial i dels llocs de treball que genera”. Finalment, assenyala que la seva “nova etapa a l’Hotel Corso” té com a objectiu millorar la qualitat, el disseny i el posicionament turístic de l’empresa, i suposa una oportunitat “per continuar aportant valor a l’illa, al teixit econòmic local i a la imatge d’Eivissa com a destinació internacional d’excel·lència”.

L’administrador únic de Lío Ibiza SL és la societat Galaxia Estelar SL. El president del consell d’administració d’aquesta societat és Julio Bruno Castellanos, mentre que els consellers són Manuel Garí Eguillor, Javier Bañón Treviño, María Iria Urgell Calderón, Víctor Manuel García Reymundo, Javier Fernando Olascoaga Palacio i Mediterranean Sky International SA. Excepte el president, tots ells van estar vinculats a Pacha, abans que el grup vinculat a la icònica discoteca se separés del Lío, fet que va coincidir amb l’entrada de Trilantic Capital Partners a la marca de les dues cireres.

Para llegar a la Estación Marítima de Botafoc –de donde salen los ferris desde Eivissa con destino a Dènia, València o Barcelona– hay que pasar por el emblemático monumento de los podencos, cruzar l’Avinguda Vuit d’Agost, pasar por un hotel de lujo y dejar atrás la discoteca de las dos cerezas, Pachá, una de las más famosas del mundo. En esta localización, la urbanización de vecinos de s’Illa Plana está en pie de guerra porque está previsto que el Lío se traslade a la ubicación actual del Ibiza Hotel Corso de cara a 2027. El Lío es un cabaret de lujo –el precio mínimo para reservar un menú con espectáculo son 500 euros para dos personas– que funciona también como sala de discoteca, pero que dejará su actual emplazamiento situado en Marina Ibiza, en la denominada Milla de Oro.

“La ley se tiene que aplicar para todos”, afirma a elDiario.es Alberto Sánchez, portavoz de la Comunidad de Vecinos de s’Illa Plana. Quienes residen en esta urbanización interpretan que Lío no puede funcionar como sala de espectáculos o discoteca cuando se traslade a su nueva ubicación debido a que presuntamente incumpliría la normativa urbanística. El Plan General de Ordenación Urbana de Eivissa, aprobado en 2023, establece en su artículo 47.5.4 que “queda prohibida –en todo el término municipal– la instalación de nuevas discotecas o similares”, una cuestión cuya interpretación en este caso concreto corresponde a los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento. “No puede ser que venga un fondo de inversión o capital extranjero y pueda hacer lo quiera”, lamenta Sánchez.

Por otro lado, los vecinos ven con preocupación que se puedan generar nuevos problemas de convivencia. La zona que comprende desde la rotonda del monumento de los podencos –una de las entradas a la ciudad– hasta la Estación Marítima Botafoc está repleta de establecimientos de todo tipo –cafeterías, bares, restaurantes, hoteles, clubes, discotecas–, lo que la convierte en un lugar muy visitado durante la temporada turística. A esta situación de saturación se añade el hecho de que sea una zona muy transitada por vehículos de todo tipo que entran y salen de la Estación Marítima.

“La convivencia es primordial”, advierte Sánchez. El portavoz detalla que la estrategia del grupo empresarial se basa en la utilización de una figura legal que, a su juicio, se está forzando para encajar el proyecto en s'Illa Plana. Sánchez explica que la promotora se ampara presuntamente en que el establecimiento adquirido –Ibiza Hotel Corso– dispone de una licencia para actividades complementarias, una categoría que los vecinos consideran que se está pretendiendo usar de forma irregular. “El tema es que las actividades complementarias son para uso exclusivo de los clientes del hotel”, recalca el portavoz.

La comunidad de vecinos interpreta que el traslado de un negocio como el Lío —cuyo modelo se basa en un espectáculo y sala de fiestas abierto al público general y no restringido a los huéspedes— a una ubicación con este tipo de permiso supone, en la práctica, la creación de un “nuevo concepto”. “Requiere una solicitud de licencia nueva”, argumenta Sánchez.

Los vecinos consideran que Lío no podría trasladarse al hotel que ha adquirido la empresa, el Ibiza Hotel Corso, porque este tiene licencia para 'actividades complementarias', exclusivas par los clientes del hotel, mientas que Lío se basa en un espectáculo y sala de fiestas abierto al público general

“Requiere una nueva licencia”

“Ellos han pedido un traslado para la ubicación de Lío a un hotel que tiene actividad complementaria –de sala de fiestas– solo para uso de hotel, pero ellos quieren llevar a cabo una actividad secundaria, que es un nuevo concepto”, puntualiza el portavoz. “En primer lugar, requiere solicitar una nueva licencia que ya no se puede dar por el Plan General de Ordenación Urbana”, insiste, ya que prohíbe la apertura de nuevas discotecas en todo el término municipal. Por tanto, la licencia antigua de la que dispone el hotel no serviría, según interpretan.

Es la misma interpretación que hace la Asociación Empresarial de Ocio Nocturno (AEON), que recuerda que “no existen licencias específicas para hoteles que puedan funcionar como discotecas, ya que las salas de fiestas tienen su propia licencia de actividad, distinta a la de un hotel o un restaurante”. “En ese caso, se trataría de la concesión de una licencia nueva en un hotel, con los consiguientes perjuicios para la convivencia, y que además requiere los preceptivos estudios de movilidad y evacuación, para casos de emergencias, que el Ayuntamiento de Eivissa debería hacer públicos, tal y como piden los vecinos afectados y también reclamamos desde la Asociación”, según manifiestan en un comunicado trasladado a este diario.

El Plan General de Ordenación Urbana prohíbe la implantación de nuevas discotecas en el municipio. La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno (AEON) recuerda que 'no existen licencias específicas para hoteles que puedan funcionar como discotecas'

Sánchez profundiza en que en la zona de s’Illa Plana se han concedido en el pasado licencias para determinadas actividades en los hoteles, que permiten pequeñas actuaciones o espacios de baile. A veces incluso con música ambiental o la utilización de algún equipo de sonido. De este modo, cuando los clientes del hotel terminan de cenar, o mientras disfrutan de la cena, pueden contar con una oferta de ocio limitada, así como música y baile. “No tiene nada que ver con abrir una macrodiscoteca, al público, como la de Lío”, lamenta el portavoz.

La zona está “absolutamente colapsada”

Asimismo, señala los problemas de tráfico que se van a generar, ya que esta zona está “absolutamente colapsada”, debido a la cantidad de motos, coches, taxis, camiones y transportistas que circulan entre abril y octubre. Además, recuerda que s'Illa Plana cuenta con únicamente una calle de acceso de un solo carril y sentido obligatorio, además de otra vía destinada a la salida. Y añade la cantidad de cruceros que llegan a Eivissa a través de la Estación Marítima, lo que suma más cargas y descargas de motos, coches, taxis, autobuses y pasajeros. “Illa Plana está colapsada a cualquier hora del día”. “No podemos tensionar más el barrio”, advierte.

Consultado sobre si han podido hablar con el Lío, Sánchez aclara que el problema lo tiene el Ayuntamiento. “Nos prometieron una respuesta en breve, pero aún no la han dado”, señala el portavoz. El Ajuntament d’Eivissa no ha respondido a las preguntas de este diario en el momento en que se publica esta noticia. Concretamente, al Consistorio se le preguntaba si considera que el traslado del Lío al Ibiza Hotel Corso puede ampararse en las licencias actualmente vigentes o si requiere una nueva autorización, dado que el PGOU prohíbe la implantación de nuevas discotecas en el municipio.

También se solicitó información sobre las denuncias vecinales que apuntan a que supuestamente las obras en el Ibiza Hotel Corso habrían comenzado antes de obtener la correspondiente licencia y sobre la posibilidad de revisar de oficio las autorizaciones concedidas. Asimismo, este diario preguntó si la empresa promotora ha presentado los estudios de movilidad y evacuación exigibles para una actividad de estas características en una zona que los residentes consideran ya saturada de tráfico durante la temporada turística.

“Nosotros vamos a seguir nuestros pasos”, apunta Sánchez. Los vecinos advierten de que están dispuestos a llegar “hasta donde haga falta” con tal de defender la convivencia del barrio, así como la legalidad urbanística del municipio, mediante la cual interpretan que no se puede abrir una nueva discoteca en el municipio.

El Lío afirma que cumple la ley

El Lío de Ibiza, que opera bajo Lío Ibiza SL, no ha respondido a las preguntas de elDiario.es en el momento en que se publica esta noticia. El primer mensaje –en el que se puso en conocimiento el contenido de este reportaje– se trasladó el pasado 27 de mayo, con el objetivo de incorporar la versión oficial de la empresa. Sin embargo, el cabaret-discoteca mantiene que el “traslado previsto” se está desarrollando “dentro del marco administrativo y urbanístico correspondiente, con pleno y absoluto cumplimiento de todas las exigencias legales, técnicas, medioambientales y de convivencia que resulten aplicables”, según explicó a Diario de Ibiza.

En la misma línea, Lío Ibiza insiste en que no quiere “alimentar polémicas ni entrar en confrontaciones estériles”, rechazando que el traslado no se esté realizando en base a la ley. “Este proyecto se desarrolla con pleno respeto a la normativa vigente, a las licencias aplicables y a los procedimientos administrativos correspondientes”, insistieron.

La empresa afirma que ejercerá, como siempre, “sus derechos con responsabilidad y seriedad en defensa de su actividad, de su proyecto empresarial y de los puestos de trabajo que genera”. Finalmente, señala que su “nueva etapa en el Hotel Corso” tiene como objetivo mejorar la calidad, diseño y posicionamiento turístico de la empresa, y supone una oportunidad “para seguir aportando valor a la isla, al tejido económico local y a la imagen de Ibiza como destino internacional de excelencia”.

El administrador único de Lío Ibiza SL es la sociedad Galaxia Estelar SL. El presidente del consejo de administración de esta sociedad es Julio Bruno Castellanos, mientras que los consejeros son Manuel Garí Eguillor, Javier Bañón Treviño, María Iria Urgell Calderón, Víctor Manuel García Reymundo, Javier Fernando Olascoaga Palacio y Mediterranean Sky International SA. Excepto el presidente, todos ellos estuvieron vinculados a Pachá, antes de que el grupo vinculado a la icónica discoteca se separara del Lío, lo que coincidió con la entrada de Trilantic Capital Partners en la marca de las dos cerezas.

Dos germans juguen a futbol a la gegantina vorera que serveix d’accés al Coliseu Balear, la plaça de toros de Palma. Per un moment, el boix fonya la pilota –la boixa protesta, vol que li la torni a passar– i es queda mirant quatre dones que formen una pinya. S’atraquen per fer-se una foto: abans que el fotògraf premi el botó, despleguen una pancarta de fons vermell on es llegeix una sentència en majúscules:

“El ruido es tortura”.

A sota hi ha un hashtag que entrellaça tres paraules: silenci, respecte, civisme. A na Maria, n’Ana, na Begonya i na Cecilia les va unir la lluita contra els decibels. Fa unes setmanes, van saber que acabaven de guanyar un judici a Cort, el nom popular que rep entre els mallorquins l’ajuntament de la capital. La sentència, en teoria, evitarà que torni a encendre’s la música al recinte que tenen a l’esquena. Elles són vesines d’aquesta plaça de toros gairebé centenària. Una joia de l’arquitectura neomudèjar on, durant les darreres dècades –i sobretot en els darrers anys–, s’han celebrat més concerts que corregudes. També altres esdeveniments –tardeos, festes privades o, fins i tot, espectacles acrobàtics de motos– on la remor era la norma.

“Al meu marit i a mi ens va fer viure en un estat d’ira constant”, explica la Vanessa per telèfon. No ha pogut afegir-se a la foto amb les seues vesines perquè es troba malament. Pateix fibromiàlgia –síndrome crònica del sistema nerviós– i lupus –una malaltia autoimmune crònica en què el sistema immunitari ataca per error els teixits i els òrgans sans–, dos patologies –que ha agreujat el fet de no poder dormir–. Ella viu en un pis situat a l’Arxiduc, un dels principals carrers de l’eixample palmesà, i gaudeix d’una terrassa amb vistes a la plaça de toros. Llum, aire fresc i, a l’abast de la mà, els ornamentats arcs que va dissenyar Gaspar Bennàssar i Moner a finals dels anys vint del segle passat. Estar tan a prop d’una de les obres més brillants del tòtem del modernisme mallorquí va ser un dels atractius que van portar na Vanessa i el seu marit a comprar aquell pis el 2012.

–Jo estic en contra de la tauromàquia –explica na Vanessa–, però som historiadora de l’art, sé molt bé quin és el valor que té aquest edifici. Viure a prop seu va ser un estímul per mudar-nos aquí.

–I no imaginaves que podia ser una trampa? Al Coliseu Balear ja s’hi organitzaven concerts als anys vuitanta.

–Bé... ens vam informar, vam fer una petita enquesta, i ens van dir que, a més de la correguda que sempre organitzen a l’agost, hi havia renou sobretot algunes nits d’estiu, però que es podia suportar. El problema de debò l’hem sentit els darrers dos anys, quan va entrar l’empresa que va gestionar la plaça fins a la tardor passada. Aquests concerts i totes les festes que s’hi han fet dins m’han fet patir el doble. D’una banda, ens empassàvem la remor dels camions que transportaven el material, les proves de so, la llum dels focus ens entrava dins casa, i l’enrenou, no només dels altaveus, sinó del públic. Quan l’ésser humà es reuneix en una gran multitud s’oblida de respectar certes normes. És una cosa natural. Però és que després també m’ha angoixat veure com utilitzaven grues per introduir materials a la plaça que no cabien per les portes. El Coliseu Balear té un valor enorme i se li han donat alguns usos que, encara que sigui privat, crec que no li correspondrien. Cal entendre que l’ús dels edificis ha de canviar, adaptar-se als temps. Quan es va construir, aquesta zona era l’extrarradi de la ciutat. Ara és el centre. No és el lloc per organitzar concerts per a milers de persones.

Quan l’ésser humà es reuneix en una gran multitud s’oblida de respectar certes normes. És una cosa natural. Quan es va construir, aquesta zona era l’extrarradi de la ciutat. Ara és el centre. No és el lloc per organitzar concerts per a milers de persones

Vanessa — Veïna del barri de Plaça de Toros

–Al novembre, Cort va retirar el permís per organitzar esdeveniments al darrer promotor que explotava la plaça de toros. Com ha canviat la vostra vida de llavors ença?

–Tenc dues filles, de set i de cinc anys. La gran és més reservada i ho havia duit amb més estoïcisme, però la petita no para de dir-me: “Mumare, que bé que ara podem dormir”.

La demanda que ho va canviar tot

Quan l’Ajuntament de Palma va obligar Es Coliseu Centre Cultural a suspendre la programació que havia dissenyat per a aquesta primavera –havien d’omplir un recinte amb capacitat per a 8.000 espectadors amb grups com La Gossa Sorda o Fito y Fitipaldis–, tres persones ja havien denunciat davant la Justícia la “tortura acústica” que patien. Van ser n’Ana, na Maria i un tercer vesí que s'ha estimat no aparèixer en aquest reportatge. Les dos primeres són amigues, de fet, gràcies al seu activisme en favor del descans.

Des que na Maria es va traslladar a Mallorca des de Barcelona per treballar a la banca –tanmateix, no va tardar a aconseguir una “bona indemnització per acomiadament per dedicar-se a altres menesters”–, n’Ana –que, curiosament, era administrativa a Cort– i ella diuen haver-se reunit amb set alcaldes diferents: Joan Fageda (PP), Catalina Cirer (PP), Aina Calvo (PSIB-PSOE), Mateu Isern (PP), Antoni Noguera (Més), José Hila (PSIB-PSOE) i Jaime Martínez (PP, l’actual).

“Tots els que ha tengut Palma menys Ramon Aguiló, amb qui vaig jurar el càrrec quan vaig entrar a treballar a l’ajuntament”, diu irònicament n’Ana. Na Maria, encara més mordaç, reprèn el fil:

–I de tots ells, l’única que ens va fer una mica de cas va ser l’Aina Calvo. La majoria ens va tractar amb menyspreu i alguns, directament, ens van arribar a insultar. Tant d’esquerres com de dretes, eh? Va ser en temps de Catalina Cirer [1999-2003] quan es va donar carta blanca als promotors perquè poguessin fer qualsevol cosa aquí dins.

Fartes de predicar en el desert «durant anys» i de cercar advocats “que no es volien comprometre i donaven llargues quan veien que s’haurien d’enfrontar a Cort”, na Maria, n’Ana i el tercer demandant van decidir canviar d’estratègia. Després de la pandèmia, es van posar en mans del despatx d’Andrés Morey Navarro. Aquest advocat és membre de Juristes Contra el Soroll. Com es pot llegir al seu web, és “una associació integrada per professionals del dret sensibilitzats i especialitzats en contaminació acústica”.

El conflicte que posaven damunt la taula resultava molt familiar a Morey. També s’havia implicat en el procés judicial mitjançant el qual desenes de vesins cercaven fer callar els concerts que se celebraven a la Ciutat de les Arts i les Ciències. Aquesta primavera, valencians i palmesans van guanyar totes dues causes.

Indemnitzacions que no cobreixen les despeses

El 26 de març, una sentència va condemnar l’Ajuntament de València a pagar 138.000 euros als afectats pel soroll del Festival de Les Arts, el Big Sound o el Love the 90’s. El 19 de maig, n’Ana, na Maria i el seu company de fatigues van rebre una telefonada amb gust de victòria: l’Ajuntament de Palma renunciava a recórrer contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB). A l’abril, l’havia condemnat a pagar 9.000 euros als demandants com a compensació per les molèsties sofertes a causa de les activitats que s’havien celebrat a la plaça de toros amb permís municipal. La raó de la diferència entre les quantitats? El nombre de vesins que van litigar. A València en van ser quaranta-sis. A Palma, només tres. La indemnització és la mateixa: 3.000 euros per cap. “El que marca la jurisprudència del Tribunal Suprem per danys morals si no hi ha informes mèdics que demostrin un dany físic acreditat”.

En termes econòmics, va ser un mal negoci per a n’Ana, na Maria i el tercer demandant. Reunir les proves que van necessitar per guanyar el judici els va costar 24.000 euros. En altres termes, va ser un negoci rodó. Na Maria ho explica de manera breu i contundent:

–No saps com es dorm de bé quan et donen la raó.

Cort no dóna explicacions després de perdre el judici

La sentència que Cort no va recórrer va confirmar que suspendre els concerts al Coliseu Balear no eximia l’Administració de pagar indemnitzacions. “Sol ser una pràctica habitual dels ajuntaments per confondre els jutges i, de fet, en aquest cas ho van aconseguir”, expliquen per escrit des del despatx d’Andrés Morey: “Nosaltres vam presentar una reclamació a l’Ajuntament per a la protecció dels drets fonamentals que s’estaven vulnerant a través de la contaminació acústica; la reclamació sol·licitava una indemnització de 3.000 euros per veí i la clausura de l’activitat sorollosa. En no contestar, vam anar al contenciós i, en primera instància, abans que recaigués sentència, l’Ajuntament va adoptar la mesura de clausura i els van donar la raó. Nosaltres vam presentar un recurs d’apel·lació i el TSJIB va fallar a favor dels nostres representats”.

elDiario.es va contactar en diverses ocasions amb el gabinet de premsa de l’Ajuntament de Palma per recollir el seu punt de vista. L’única resposta que va obtenir per part de l’equip de govern –minoria del PP, amb suport extern de Vox als plens– va ser: “No s’ha presentat recurs. El consistori ja va adoptar mesures en la mateixa línia [de la resolució judicial] en suspendre l’activitat”.

La unió entre vesins fa la força

“A mi m’ha canviat la vida conèixer-les: elles demostren que quan la ciutadania protesta, persisteix i insisteix perquè es compleixin els seus drets... pot guanyar. La festa de molts no pot passar per davant del descans d’una sola persona”, explica na Cecilia. Aquesta professora de Literatura va néixer a San Isidro, una de les ciutats que integren el Gran Buenos Aires, més de quinze milions d’habitants en una superfície –13.000 km²– que no quadruplica la de Mallorca: “I mai, ni quan vivia allà ni des que visc aquí, fa més de vint anys, havia patit el mateix des que ens vam mudar tan a prop de la plaça de toros”.

A mi m’ha canviat la vida conèixer-les: elles demostren que quan la ciutadania protesta, persisteix i insisteix perquè es compleixin els seus drets... pot guanyar. La festa de molts no pot passar per davant del descans d’una sola persona

Cecilia — Veïna del barri de Plaça de Toros

Na Cecilia, el seu marit i la filla –una jove d’uns vint anys que aleshores estudiava Biotecnologia– es van mudar a un pis que fins al novembre va tenir dos cares. Un passadís llarguíssim connecta les habitacions que queden al costat de la porta d’entrada amb les estances –la sala d’estar, la cuina– que donen al carrer. Tot l’habitatge és molt lluminós perquè la zona interior, en realitat, no ho és: dóna al Coliseu Balear. Allà la Cecilia hi va instal·lar el seu estudi, una biblioteca carregada de clàssics –les obres completes de Dostoievski, La Regenta de Clarín...– a la qual renunciava cada vegada que hi havia concert. Després veuria a la premsa que l’Ajuntament de Palma havia suspès el permís musical als promotors que gestionaven la plaça. Va voler llavors assabentar-se de si altres vesines protestaven d’alguna manera perquè la gresca no tornàs. Va travessar el carrer.

El 19 de desembre de 2025, na Cecilia va creuar Arxiduc per anar a una reunió que havia convocat l’Associació de Veïns Coliseu. Un únic punt a l’ordre del dia: debatre sobre la suspensió dels concerts. Hi havia opinions de tota mena. La junta directiva del col·lectiu veïnal estava a favor del retorn de la música. Va ser allà on na Cecilia va conèixer n’Ana i na Maria. Ara, totes tres, a més de na Begonya i altres afectats pel soroll, tenen previst constituir una associació pròpia.

“És que no hi ha barri sense silenci... i sense relacions entre les persones. Noltros vivim a només uns quants portals de distància, però mai no ens hauríem conegut sense ser conscients que patíem el mateix problema. El meu marit i jo vivim aquí des de finals dels vuitanta i hem vist com tot ha anat canviant. Encara no som al rovell turístic de Palma, però han anat desapareixent comerços i bars de tota la vida. Aquest barri era treballador i tranquil. Sense aquesta xarxa, és difícil evitar que vengui algú a fer negoci davant ca teva i et deixi sense dormir”, explica n’Ana.

És que no hi ha barri sense silenci... i sense relacions entre les persones. Noltros vivim a només uns quants portals de distància, però mai no ens hauríem conegut si no haguéssim estat conscients que patíem el mateix problema

Ana — Veïna del barri de Plaça de Toros

El soroll vist des d’un octau pis

“Estant tan amunt, és impossible que el soroll no hi arribi: rebota i s’expandeix cap aquí”, diu la Begonya. La veu de l’administrativa jubilada és l’única que falta a la seva terrassa. Després de fotografiar-se a la porta de la plaça, n’Ana ha tornat a ca seua mentre na Maria i na Cecilia han pujat a casa d’aquesta geòloga que fa més de dues dècades que hi viu.

És un octau pis: des d’allà dalt es veu una panoràmica espectacular de la Serra de Tramuntana, la mola del Galatzó sobresurt entre les muntanyes. Na Begonya no viu gaire lluny de les seues vesines. El seu pis és “en un carrer paral·lel a Jaume Ferran, dos carrers per damunt de la plaça”, un lloc que coneix com a espectadora. Allà hi era, per exemple, l’11 de setembre de 2001. El dia dels atemptats contra les Torres Bessones, Manu Chao va tocar davant 14.000 persones al centre de Palma.

–No et sabria dir a quina hora va ser... però record que el concert va acabar just després que es fes fosc, no a mitjanit. Els grans saraus van venir després.

–Quan algú es fa gran es torna més llepafils davant la festa que volen gaudir els jóvens?

–No ho crec. El que va passar aquí va ser un canvi de model. El punt d’inflexió va ser un festival de motos acrobàtiques. L’endemà, al diari Última Hora, l’organitzador presumia d’haver superat els 120 decibels. Any rere any va anar augmentant la quantitat d’esdeveniments. Van arribar els festivals per a estudiants de viatge de final de curs.

–Com aquell concert de reggaeton del 2021 que va acabar expandint un brot de coronavirus per Espanya.

–Exacte! Després, passada la pandèmia, es va concedir un permís perquè hi hagués festes des de les dotze del migdia fins a les dotze de la nit. Dotze hores! Va ser aleshores, a través de les xarxes socials, que vaig conèixer la Maria i l’Ana.

Quan es va unir a l’equip, la Begonya va assessorar les seves companyes perquè contractessin una empresa de sonometries: “Necessitaven professionals i jo tenia algun contacte. La Policia Local les havia fet durant anys en moments en què no hi havia tant de soroll”. Els resultats que van obtenir oscil·laven entre els 75 i els 80 decibels. Una intensitat límit: si aquest volum es converteix en rutina, les oïdes en surten perjudicades i l’organisme se’n ressent.

“Quan acabaven els concerts”, comenta na Maria, “durant hores et quedava el brunzit dins el cap... i no te’l podies llevar, no hi havia manera. Mira que m’encanta pintar i m’encanta cosir, i tenc el pis ple de quadres i de màquines, però ni tan sols a això em podia dedicar. No em concentrava”. Les migranyes no són la pitjor seqüela que el soroll de la plaça de toros va deixar a na Maria. Fa uns mesos va patir un ictus que ella relaciona amb la tortura acústica i prolongada dels concerts.

“Per això no em llevo les ulleres de sol, perquè em treguis més guapa”, dirà al fotògraf quan la retrati al balconet de ca seua, on hi ha tantes plantes que sembla un jardí botànic.

Mentre sona el flaix, la Maria deixarà anar:

–El millor és que mai no ens han llevat les ganes de riure. Quan sentia dir que nosaltres estàvem donant aquesta batalla perquè algú ens pagava per darrere... riure era l’únic que podia fer!

Dos hermanos juegan a fútbol en la gigantesca acera que sirve de acceso al Coliseu Balear, la plaza de toros de Palma. Por un momento, el niño pisa la pelota –la niña protesta, quiere que se la vuelva a pasar– y se queda mirando a cuatro mujeres que forman una piña. Se acercan para sacarse una foto: antes de que el fotógrafo apriete el botón, despliegan un cartel de fondo rojo donde se lee una sentencia en mayúsculas blancas: 

“El ruido es tortura”. Debajo hay un hashtag que entrelaza tres palabras: silencio, respeto, civismo.

A María, Ana, Begonya y Cecilia las unió la lucha contra los decibelios. Hace unas semanas, supieron que acababan de ganarle a Cort –el nombre popular que recibe entre los mallorquines el ayuntamiento de la capital– un juicio. La sentencia, en teoría, evitará que vuelva a encenderse la música en el recinto que tienen a su espalda. Ellas son vecinas de este coso taurino y casi centenario. Una joya de la arquitectura neomudéjar donde en las últimas décadas –y, sobre todo, en los últimos años– se han celebrado más conciertos que corridas. También, otros eventos –tardeos, fiestas privadas o, incluso, espectáculos acrobáticos de motos– donde el ruido era la norma.

“A mi marido y a mí nos hizo vivir en un estado de ira constante”, explica Vanessa por teléfono. No ha podido sumarse a la foto con sus vecinas porque se encuentra mal. Sufre fibromialgia –síndrome crónico del sistema nervioso– y lupus –una enfermedad autoinmunitaria crónica en la que el sistema inmunológico ataca por error los tejidos y órganos sanos–, dos patologías “que ha agravado no poder dormir”. Ella vive en un piso situado en Arxiduc, una de las principales calles del ensanche palmesano, y disfruta de una terraza con vistas a la plaza de toros. Luz, aire fresco y, al alcance de la mano, los ornamentados arcos que diseñó Gaspar Bennàssar i Moner a finales de los años veinte del siglo pasado. Estar tan cerca de una de las obras más brillantes del tótem del modernismo mallorquín fue uno de los atractivos que llevaron a Vanessa y a su marido a comprar aquel piso en 2012. 

– Yo estoy en contra de la tauromaquia –explica Vanessa–, pero soy historiadora del arte, sé muy bien cuál es el valor que tiene este edificio. Vivir cerca de él fue un estímulo para mudarnos aquí. 

– ¿Y no imaginabas que pudiera ser una trampa? En el Coliseu Balear ya se organizaban conciertos en los años ochenta.

– Bueno… nos informamos, hicimos una pequeña encuesta y nos dijeron que, además de la corrida que siempre organizan en agosto, había jaleo sobre todo algunas noches de verano, pero que se podía soportar. El problema de verdad lo hemos sentido en los últimos dos años, cuando entró la empresa que gestionó la plaza hasta el pasado otoño. Esos conciertos y todas las fiestas que se han hecho allí dentro me han hecho sufrir el doble. Por una parte, nos tragábamos el ruido de los camiones que transportaban el material, las pruebas de sonido, la luz de los focos nos entraba en casa y el barullo, no solo de los altavoces, sino del público. Cuando el ser humano se reúne en una gran multitud se olvida de respetar ciertas normas. Es algo natural. Pero es que luego me ha dado angustia también ver cómo usaban grúas para meter materiales en la plaza que no cabían por las puertas. El Coliseu Balear tiene un valor enorme y se le han dado algunos usos que, aunque sea privado, creo que no le corresponderían. Hay que entender que el uso de los edificios tiene que cambiar, adaptarse a los tiempos. Cuando se construyó, esta zona era el extrarradio de la ciudad. Ahora es el centro. No es el lugar para organizar conciertos para miles de personas.

Cuando el ser humano se reúne en una gran multitud se olvida de respetar ciertas normas. Es algo natural. Cuando se construyó, esta zona era el extrarradio de la ciudad. Ahora es el centro. No es el lugar para organizar conciertos para miles de personas

Vanessa — Vecina del barrio de Plaza de Toros

–En noviembre, Cort le quitó el permiso para organizar eventos al último promotor que explotaba la plaza de toros. ¿Cómo ha cambiado vuestra vida desde entonces?

–Tengo dos hijas, de siete y de cinco. La mayor es más reservada y lo había llevado con más estoicismo, pero la pequeña no para de decirme: “Mamá, qué bien que ahora podamos dormir”.

La demanda que lo cambió todo

Cuando el Ajuntament de Palma obligó a Es Colisseu Centre Cultural la programación que había diseñado para la presente primavera –iban a llenar un recinto con capacidad para 8.000 espectadores con grupos como La Gossa Sorda o Fito y Fitipaldis–, tres personas ya habían denunciado “la tortura acústica” que sufrían ante la Justicia. Fueron Ana, María y un tercer vecino que ha preferido no aparecer en este reportaje. Las dos primeras son amigas, de hecho, gracias a su activismo en pro del descanso.

Desde que María se trasladó a Mallorca desde Barcelona para trabajar en banca –no tardó, sin embargo, en conseguir una “buena indemnización por despido para dedicarse a otros menesteres”—, Ana –que, curiosamente, era administrativa en Cort– y ella dicen haberse reunido con siete alcaldes diferentes: Joan Fageda (PP), Catalina Cirer (PP), Aina Calvo (PSIB-PSOE), Mateu Isern (PP), Antoni Noguera (Més), José Hila (PSIB-PSOE) y Jaime Martínez (PP, el actual). “Todos los que ha tenido Palma menos Ramon Aguiló, con el que juré el cargo cuando entré a trabajar en el ayuntamiento”, dice irónica Ana. María, aún más mordaz, recoge el hilo: “Y de todos ellos, la única que nos hizo algo de caso fue Aina Calvo. La mayoría nos trató con desprecio y algunos, directamente, nos llegaron a insultar. Tanto de izquierdas como de derechas, ¿eh? Fue en época de Carolina Cirer [1999-2003] cuando se dio carta blanca a los promotores para que pudieran hacer cualquier cosa aquí dentro”.

Hartas de predicar en el desierto “durante años” y de buscar abogados “que no se querían comprometer y daban largas cuando veían que tendrían que enfrentarse a Cort”, María, Ana y un tercer demandante decidieron cambiar de estrategia. Después de la pandemia, se pusieron en manos del despacho de Andrés Morey Navarro. Este abogado es miembro de Juristas Contra el Ruido. Como se lee en su web, “una asociación integrada por profesionales del derecho sensibilizados y especializados en contaminación acústica”. El conflicto que ponían encima de la mesa le resultaba muy familiar a Morey. También se había involucrado en el proceso judicial mediante el que decenas de vecinos buscaban acallar los conciertos que se celebraban en la Ciutat de les Arts i les Ciències. Esta primavera, valencianos y palmesanos ganaron las dos causas.

Indemnizaciones que no cubren los gastos

El 26 de marzo, una sentencia condenó al Ajuntament de València a pagar 138.000 euros a los afectados por el ruido del Festival de Les Arts, el Big Sound o el Love the 90’s. El 19 de mayo, Ana, María y su compañero de fatigas recibieron una llamada con sabor a victoria: el Ajuntament de Palma renunciaba a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJB). En abril, le había condenado a pagar 9.000 euros a los demandantes como compensación por las molestias sufridas a causa de las actividades que se habían celebrado en la plaza de toros con permiso municipal. ¿La razón de la diferencia entre las cantidades? El número de vecinos que pleiteó. En Valencia fueron cuarenta y seis. En Palma, sólo tres. La indemnización es la misma: 3.000 euros por cabeza. “Lo que marca la jurisprudencia del Tribunal Supremo por daños morales si no hay informes médicos que demuestren un daño físico acreditado”.

En términos económicos, fue un mal negocio para Ana, María y el tercer demandante. Reunir las pruebas que necesitaron para ganar el juicio les costó 24.000. En otros términos, fue un negocio redondo. María lo explica de forma breve y contundente:

– No sabes lo bien que se duerme cuando te dan la razón.

Cort no da explicaciones tras perder el juicio

La sentencia que no recurrió Cort confirmó que suspender los conciertos en el Coliseu Balear no eximía a la Administración de pagar indemnizaciones. “Suele ser una práctica habitual de los ayuntamientos para confundir a los jueces y, de hecho, en este caso lo consiguieron”, explican por escrito desde el despacho de Andrés Morey: “Nosotros presentamos una reclamación al Ayuntamiento para la protección de los derechos fundamentales que se estaban violando a través de la contaminación acústica, la reclamación solicitaba una indemnización de 3.000 euros por vecino y la clausura de la actividad ruidosa. Al no contestar fuimos al contencioso y, en primera instancia, antes de que recayera sentencia, el Ayuntamiento adoptó la medida de clausura y les dieron la razón. Nosotros presentamos recurso de apelación y el TSJB falló a favor de nuestros representados”.

elDiario.es contactó en diversas ocasiones con el gabinete de prensa del Ajuntament de Palma para recabar su punto de vista. La única respuesta que obtuvo por parte del equipo de gobierno –minoría del PP, apoyo externo de Vox en los plenos– fue: “No se ha presentado recurso. El Consistorio ya adoptó medidas en la misma línea [del fallo judicial] al suspender la actividad”.

La unión vecinal hace la fuerza

“A mí me ha cambiado la vida conocerlas: ellas demuestran que cuando la ciudadanía protesta, persiste e insiste en que se cumplan sus derechos… puede ganar. La fiesta de muchos no puede pasar por delante del descanso de una sola persona”, cuenta Cecilia. Esta profesora de Literatura nació en San Isidro, una de las ciudades que integran el Gran Buenos Aires, más de quince millones de habitantes en una superficie –13.000 kilómetros cuadrados– que no cuadriplica la de Mallorca: “Y nunca, ni cuando vivía allá ni desde que vivo acá, hace más de veinte años, había sufrido lo mismo desde que nos mudamos tan cerca de la plaza de toros”.

A mí me ha cambiado la vida conocerlas: ellas demuestran que cuando la ciudadanía protesta, persiste e insiste en que se cumplan sus derechos… puede ganar. La fiesta de muchos no puede pasar por delante del descanso de una sola persona

Cecilia — Vecina del barrio de Plaza de Toros

Cecilia, su marido y su hija –una veinteañera que estaba estudiando entonces Biotecnología– se mudaron a un piso que hasta noviembre tuvo dos caras. Un pasillo larguísimo conecta las habitaciones que quedan junto a la puerta de entrada con las estancias –el salón, la cocina– que da a la calle. Toda la vivienda es muy luminosa porque la zona interior, en realidad, no lo es: mira al Coliseu Balear. Allí instaló Cecilia su estudio, una biblioteca cargada de clásicos –las obras completas de Dostoievski, La Regenta de Clarín…– a la que renunciaba cada vez que había concierto. Después vería en la prensa que el Ajuntament de Palma había suspendido el permiso musical a los promotores que gestionaban la plaza. Querría entonces enterarse si otras vecinas estaban protestando de alguna manera para que la farra no regresara. Cruzaría la calle. 

El 19 de diciembre de 2025, Cecilia atravesó Arxiduc para ir a una reunión que había convocado la Associació de Veïnats Coliseu. Un único punto en el orden del día: debatir sobre la suspensión de los conciertos. Había voces de todo tipo. La junta directiva del colectivo vecinal estaba a favor del retorno de la música. Allí fue donde Cecilia conoció a Ana y a María. Ahora, las tres, además de Begonya y otros afectados por el ruido, planean constituir una asociación propia. “Es que no hay barrio sin silencio… y sin relaciones entre las personas. Nosotras vivimos a sólo unos portales de distancia, pero nunca nos hubiéramos conocido sin ser conscientes de que sufríamos el mismo problema. Mi marido y yo llevamos aquí desde finales de los ochenta y hemos visto cómo ha ido cambiando todo. No estamos todavía en el meollo turístico de Palma, pero han ido desapareciendo comercios y bares de toda la vida. Este barrio era trabajador y tranquilo. Sin esa red, es difícil evitar que venga alguien a hacer negocio a la puerta de tu casa y te deje sin dormir”, explica Ana.

Es que no hay barrio sin silencio… y sin relaciones entre las personas. Nosotras vivimos a sólo unos portales de distancia, pero nunca nos hubiéramos conocido sin ser conscientes de que sufríamos el mismo problema

Ana — Vecina del barrio de Plaza de Toros

El ruido visto desde un octavo piso

“Al estar tan alto, es imposible que no llegue el ruido: rebota y se expande hacia arriba”, dice Begonya. La voz de la administrativa jubilada es la única que falta en su terraza. Después de fotografiarse en la puerta del coso, Ana se ha retirado a su hogar mientras María y Cecilia han subido a casa de esta geóloga que lleva viviendo desde hace más dos décadas. Es un octavo piso: desde allí arriba se ve una panorámica de la Serra de Tramuntana espectacular, la mole del Galatzó sobresale entre las montañas. Begonya no vive muy lejos de sus vecinas. Su piso está “en una paralela a Jaume Ferran, dos calles por encima de la plaza”, un lugar que conoce como espectadora. Allí estuvo, por ejemplo, el 11 de septiembre de 2001, el día que atentaron contra las Torres Gemelas, Manu Chao tocó ante 14.000 personas en el centro de Palma.

– No sabría decirte a qué hora fue… pero recuerdo que el concierto acabó justo después de que oscureciera, no a medianoche. Los grandes saraos vinieron después.

– ¿Cuando alguien se hace mayor se vuelve más quisquilloso ante la fiesta que quieren disfrutar los jóvenes?

– No lo creo. Lo que sucedió aquí fue un cambio de modelo. El punto de inflexión fue un festival de motos acrobáticas. Al día siguiente, salió en el diario Última Hora el organizador presumiendo de haber superado los 120 decibelios. Año tras año fueron aumentando la cantidad de eventos. Llegaron los festivales para estudiantes de viaje de fin de curso. 

– Como aquel concierto de reguetón de 2021 que terminó expandiendo un brote de coronavirus por España.

– ¡Exacto! Luego, al pasar la pandemia, se concedió un permiso para que hubiera fiestas desde las doce del mediodía hasta las doce de la noche. ¡Doce horas! Entonces, a través de redes sociales, fue como conocí a María y a Ana.

Al unirse al equipo, Begonya asesoró a sus compañeras para que contrataran a una empresa de sonometrías: “Necesitaban profesionales y yo tenía algún contacto. La Policía Local las había hecho durante años en momentos en los que no había tanto ruido”. Los resultados que consiguieron se movían entre los 75 y los 80 decibelios. La potencia límite: si ese volumen se convierte en rutina, ensordecen los oídos, el organismo se resiente. “Cuando terminaban los conciertos”, comenta María, “durante horas se te quedaba el runrún dentro de la cabeza… y no te lo podías quitar, no había manera. Mira que me encanta pintar y me encanta coser, y tengo el piso lleno de cuadros y de máquinas, pero ni a eso podía dedicarme. No me concentraba”.

Las jaquecas no son la peor secuela que le dejó a María el ruido de la plaza de toros. Hace unos meses sufrió un ictus que ella relaciona con la tortura, acústica y prolongada, de los conciertos. “Por eso no me quito las gafas de sol, para que me saques más guapa”, le dirá al fotógrafo cuando la retrate en el balconcillo de su casa, tantas plantas hay que parece un jardín botánico. Mientras suena el flash, María soltará:

–Lo bueno es que nunca nos han quitado las ganas de reír. Cuando escuchaba decir que nosotras estábamos dando la batalla porque alguien nos pagaba por detrás… ¡reírme era lo único que podía hacer!

La calle Laurel se sigue enfrentando al debate entre la convivencia y el negocio, entre la identidad de la zona y el turismo de masas, personificado en las despedidas de soltero. Cada fin de semana se repiten imágenes de descontrol y falta de civismo que el vecindario denuncia como insostenibles. Personas orinando en la calle, suciedad, cánticos y gritos a altas horas de la noche y hasta se han visto personas trepando por las fachadas hasta subirse a los balcones. La medida de obligar a cerrar e impedir el consumo en la calle más allá de las 12 no parece ser suficiente.

El debate viene de lejos, pero la situación cada vez evidencia más un cambio de modelo en el emblema gastronómico de Logroño, que no solo señala al público también a los propios hosteleros.

El responsable de la Pulpería La Universidad, abierto desde 1978, ha escrito una carta dejando clara su posición ante la situación: “Si vienes a Logroño y, en especial, a la Laurel, tu comportamiento tiene que ser civilizado y acorde a una zona de tapas familiar y acogedora. No es de recibo que, para ciertas cuadrillas, todo valga”.

En este sentido, admite que los hosteleros también “tienen que poner de su parte y, en la medida de lo posible, no favorecer este tipo de comportamientos”. Se refiere por ejemplo al consumo de copas, algo a lo que antes no se dedicaba la calla, y que “por desgracia”, según considera este hostelero, últimamente se están sirviendo más que nunca, “algo que no favorece el ambiente de la calle”. “Lógicamente, cada uno en su casa puede actuar como considere, pero cuando eso afecta a los demás deja de ser lo correcto”, ha subrayado.

Así se refiere a las diferencias entre los hosteleros. “Entre nosotros tampoco conseguimos ponernos de acuerdo y es una pena no dar el verdadero valor que tiene esta maravillosa zona”, ha dicho el responsable de Pulpería La Universidad. La Academia Riojana de Hostelería ya evidenció también su preocupación por la “evidente decadencia y pérdida de identidad de la calle Laurel”, en referencia a algunos grupos empresariales que “se están aprovechando”, según denunciaron, “del atractivo que la calle Laurel y su historia y de esa afluencia de consumidores, ofreciendo unos productos y una manera de hacer que no tiene nada que ver con aquellas condiciones que han hecho famosa a esta calle”, señalando que se ofrecen en algunos locales “productos de quinta gama, servicio no adecuado, o tratamiento del vino insuficientemente adecuado”.

Hace ya años que algunos bares de La Laurel decidieron restringir la entrada de despedidas de soltero. La Pulpería La Universidad era uno de ellos y aunque estuvo tiempo sin atenderles, admite que le fue imposible mantenerlo. “Hay fines de semana, y sobre todo sábados, en lo que solo hay despedidas y, o atiendes de dentro de un orden o no trabajas nada”, explica. Desde hace unos años, según evidencian muchas críticas y denuncias vecinales, este “turismo de borrachera”, como lo denomina la asociación vecinal Demanda Casco Antiguo, ha desplazado a los vecinos de Logroño, que reconocen que han dejado de ir a esta zona de pinchos.

Ante ello, este hostelero lanza una reflexión a la ciudadanía y a sus compañeros: “Valoremos no solo el beneficio económico a corto plazo, sino también el largo plazo, pensando en clientes habituales, familias y visitantes. Debemos preguntarnos si realmente merece la pena este desgaste”. Finaliza su carta asegurando que “todo el mundo es bien recibido en su bar”, pero “cumpliendo unas normas básicas y lógicas de convivencia y civismo”. Unas reglas básicas de respeto y educación que hace tiempo han desaparecido en el referente gastronómico de Logroño.

Feli Marcos està farta de desmentir que ca seva està en un lloc “fantàstic”. Aquest és l’adjectiu que surt per la boca de molts quan s’assabenten que el domicili d’aquesta vesina de Palma està en un número d’Antoni Maura. L’avinguda dedicada al pròcer de la Restauració borbònica és el quilòmetre zero de la ciutat. Són només cent metres que enllacen el passeig del Born amb el Moll Vell. A un costat, la Seu de Mallorca; a l’altre, sa Llotja de Mercaders. Massa atractius junts per a no haver-se transformat en un actiu econòmic. Les dos voreres d’aquesta recta –tan ampla, tan rectilínia, tan arbrada– són un formiguer turístic. Una font de contaminació acústica que va començar a rajar fa ja diverses dècades: així ho denuncien alguns dels veïns que encara hi viuen.

“El renou és tortura i des de temps immemorials s’ha utilitzat amb aquesta finalitat. Noltros vivim davant la mar, però no podem obrir les finestres perquè sempre hi ha aldarull sota casa. Vam haver de posar-les dobles i instal·lar aire condicionat a casa”, diu Feli Marcos, descrivint un problema que “va començar uns anys després” que el seu marit i ella es mudassin, el 1986, al pis en el qual continuen vivint: “Antoni Maura és un exemple del que no hauria de ser una ciutat. Crec que no hi ha un altre carrer a Palma que estigui més ple de bars i restaurants. És un menjador a l’aire lliure que no respecta les normes. Quan els vaixells arriben plens de turistes, toca fer colzes per arribar al portal. Les terrasses ens deixen molt poc espai i no han deixat de créixer. On abans hi havia sis taules ara n’hi ha vint-i-dues. A això suma-hi la càrrega i descàrrega, la neteja… i no és el pitjor: el Parc de Mar s’ha convertit en una revetla. Quan no hi ha un concert, hi posen casetes o, si no, hi ha una cursa que posa els altaveus a tot volum el diumenge al matí”.

A mitjan noranta, el Center for Hearing and Communication –una entitat estatunidenca dedicada a la salut auditiva– va impulsar el 29 d’abril com a Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Soroll. Per aquesta raó, Feli Marcos va sortir la tarda del passat dimarts de ca seua per recórrer els vint minuts que separen l’avinguda Antoni Maura de l’inici del carrer Fàbrica, just on es troben el parc de sa Feixina i Santa Catalina. Allí l’esperaven una altra dotzena de persones. Totes, censades a Palma. La majoria, residents als carrers i places que Feli Marcos va haver de recórrer per arribar fins al punt de trobada. Un triangle –és Puig de Sant Pere, ses Drassanes, també es Jonquet i el passeig Marítim– on l’oci ha arrelat. Sota la lluna i a plena llum del dia.

Noltros vivim davant la mar, però no podem obrir les finestres perquè sempre hi ha aldarull sota casa. Vam haver de posar-les dobles i instal·lar aire condicionat a casa. [El meu carrer] és un menjador a l’aire lliure que no respecta les normes. Quan els vaixells arriben plens de turistes, toca fer colzes per arribar al portal. Les terrasses ens deixen molt poc espai i no han deixat de créixer. On abans hi havia sis taules ara n’hi ha vint-i-dues

Feli Marcos — Veïna

El anhel d'un barri cívic

Esperança Lliteras té una lona enrotllada entre les seues mans. Quan la desplegui per fotografiar-se amb la resta de vesins, sobre un fons vermell es llegirà la mateixa afirmació que proclama Feli Marcos. El renou és tortura. Ella també assegura patir-ho. Va néixer a Porreres, però la seua feina d’infermera la va portar a Palma. Fa vint anys que viu en un dels carrers frontissa que uneixen es Jonquet amb Santa Catalina i ha acabat convertint-se en la presidenta de l’associació veïnal que representa aquestes dos barriades limítrofes amb molt en comú. Ambdós van ser un dia llar de pescadors i mariners. Avui, en canvi, estan consagrades al turisme. Amb totes les molèsties que comporta.

Com si volguessin recalcar que encara queden vesins d’altres temps en un dels exemples més clars de gentrificació que poden trobar-se a Espanya, l’associació que encapçala Esperança Lliteras ha incorporat les paraules barri cívic després dels topònims de Santa Catalina i es Jonquet. Més que un eloqüent sintagma, és un anhel. En alguns dels balcons d’aquestes cases d’una o dos plantes que fan les delícies dels inversors del centre i el nord d’Europa poden veure’s cartells com el que ella acaba de desenrotllar. “Quan [fa tres anys] va canviar el govern municipal [d’un pacte de centreesquerra a una majoria simple del PP] tant el batle [Jaime Martínez Llabrés] com els nous regidors van ser molt amables: qualsevol cosa, ens ho deis... Després, a poc a poc, costa més accedir a les persones que són les responsables d’arreglar el problema que patim”, diu Esperança Lliteras abans de llançar una reflexió:

–És una llàstima que molts dels problemes començassin quan es va convertir en zona de vianants el carrer Fàbrica. Abans hi havia comerços de tota la vida i, ara, restaurants i tardeo. Els qui patim el renou que generen les terrasses o els locals d’oci vivim en barris plens de contrastos.

–En quin sentit?

–El diumenge al matí resulta agradable passejar pels mateixos carrers de Santa Catalina que s’omplen de cotxes i de motos, de gent que crida i acaba tirant el tassó a terra, a partir del dissabte a la tarda. Quan passa, gairebé prefereixes ficar-te a casa i no veure-ho, però noltros no ens rendim, no ens quedarem de braços plegats. Aquí també hi ha veïnats de la plaça de Toros: fa uns mesos van aconseguir que se suspengués el permís per organitzar concerts i festes allà dins. És un precedent que crea jurisprudència i ens dóna esperança.

A una illa de distància del grup d’afectats per les remors, un bar té abaixada la persiana metàl·lica. Tanca els dilluns i els dimarts, obre de dijous a diumenge, de cinc de la tarda a dos de la matinada, i a Instagram la paraula copas acompanya el seu nom comercial. Devora el marc de la porta –com passa en altres restaurants amb els quals comparteix carrer– hi ha un mescladís de plaques. Demanen –en català, en castellà, en anglès– “respecte” perquè els vesins puguin descansar. Sota els lemes apareix el logotip de l’Asociación Balear del Ocio y el Entretenimiento. eldiario.es es va posar en contacte amb aquesta patronal, que agrupa les principals discoteques i pubs de Mallorca, per conèixer el seu punt de vista, però no va obtenir resposta. El seu president, Miguel Pérez-Marsá, en una entrevista realitzada aquest hivern a la sintonia d’Onda Cero, va acusar les institucions de convertir Palma “en la ciutat més avorrida del Mediterrani”.

El president de l’Associació Balear d’Oci i Entreteniment va acusar les institucions de convertir Palma 'en la ciutat més avorrida del Mediterrani'

La Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM) assegura que no existeixen negocis de restauració associats a aquesta patronal a Santa Catalina, es Jonquet, el passeig Marítim, sa Llotja o es Born. La Confederació d’Associacions Empresarials de Balears “no té constància de les protestes” relacionades amb l’excés de decibels. I Cort –la manera popular de referir-se al consistori palmesà entre els mallorquins– no va concedir declaracions a eldiario.es per a aquest reportatge. Tampoc xifres d’expedients per contaminació acústica iniciats en el present mandat. Una portaveu de l’equip de govern es va limitar a apuntar que el setè municipi més poblat d’Espanya –Palma frega ja els 480.000 habitants– compta amb la seva “ordenança corresponent” per regular el soroll i amb una “nova ordenança cívica que té la patrulla verda de la Policia Local treballant en aquest àmbit”.

El pessimisme cansat de Feli Marcos

–No crec que les protestes canviïn res.

El llenguatge de Feli Marcos per explicar la seua convivència amb la remor és sec. No utilitza floritures quan explica que el seu pessimisme es deu “al cansament” que provoca una lluita veïnal que va arrencar als noranta. La mobilització, conta aquesta vesina de sa Llotja, ve “de tan enrere” que abasta els mandats de set dels vuit alcaldes que ha tengut Palma des que es van tornar a celebrar eleccions municipals després del final de la dictadura. Els dotze anys del socialista Ramon Aguiló –1979-1991–, just quan aquesta veïna i el seu marit es van mudar a Antoni Maura, serien l’excepció.

–Jo he estat molt generosa per reivindicar que volíem viure en silenci –conta Feli Marcos– i he donat part de la meva salut, i com jo sé que hi ha molta gent en aquesta ciutat. Ja estic mig retirada: a la protesta de l’altre dia hi vaig ser perquè el president [de l’Associació de Veïnats de sa Llotja i es Born, el metge Jaume Herrero] tenia guàrdia i em va demanar que hi anàs per ell.

–Mai ha pensat a mudar-se a un altre lloc més silenciós, Feli?

–No. Noltros seguim aquí perquè l’edifici on hi ha ca nostra era de la família del meu marit: vam venir fa quaranta anys –quan a la zona només hi havia un bar, el Líric, on els cambrers i els clients ens coneixíem– i hem fet un gran esforç per mantenir-lo, però la xarxa tan guapa que es va crear entre els residents –més que un barri d’una ciutat gran, semblava un poble– ha desaparegut… Molts altres, és clar, se n’han anat per culpa del renou. Noltros hem arribat a passar nits senceres a casa d’uns amics perquè no es podia dormir al nostre pis. Passa a molts barris de Palma: si es fessin mesuraments i s’afrontés de debò el problema s’adonarien que no es pot estar a casa. Com en aquell del carrer Vallseca [també a sa Llotja] quan van sortir vuitanta decibels! Lògicament, la persona que hi vivia se’n va haver d’anar.

Molts altres, és clar, se n’han anat per culpa del renou. Nosaltres hem arribat a passar nits senceres a casa d’uns amics perquè no es podia dormir al nostre pis

Feli Marcos — Veïna

–Aquest nivell de soroll supera el que pot causar una autovia. A quina sonometria es refereix? Quan es va fer?

–Ui! Ja fa molts anys d’això. Va ser quan en Fèlix Pons va deixar la política i va portar el nostre cas. Crec que el batle era Fageda. Aconseguírem que Cort declaràs el barri com a zona de protecció acústica: som l’única que hi ha a la ciutat i no ens va sortir gratis. Aconseguírem que les terrasses tanquessin a les onze. Per desgràcia, el nostre advocat es va morir i vam haver de deixar-ho. Llavors hi va haver un altre plet i l’horari es va allargar fins a dos quarts d’una.

Estira-i-arronsa a causa dels decibels

El primer volum de La gentrificació a Palma. Barri a barri ofereix una cronologia molt detallada –dates, noms, decisions– de la història que esbossa Feli Marcos. El llibre, publicat per l’associació ciutadana Palma XXI i la Fundació Iniciatives del Mediterrani, va aparèixer a l’octubre de 2019. Per entendre el context, els seus autors –Carlota Cabeza, Jaume Garau i Juanjo Suárez– es remunten a 1995. Llavors, Cort va desenvolupar la seua primera ordenança de remors. La norma ja va néixer amb polèmica. La PIMEM va tractar de tombar-la sol·licitant-ne la suspensió. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJB) ho va rebutjar. Començava un estira-i-arronsa a causa dels decibels que encara no ha acabat. Una vinyeta publicada a la premsa local de l’època ironitza amb el suposat mareig al qual l’Administració sotmetia els residents que protestaven: un grup de vesins armats amb botzines i cassoles, dos fletxes que indiquen camins oposats (a l’esquerra, Ajuntament; a la dreta, Govern) i dos fumets que es demanen: “Bé, al final qui té les competències dels sorolls de la Llotja?” “No serà que volen dividir-nos?”.

Durant els quatre anys següents –segon mandat de l'alcalde popular Joan Fageda–, l’associació veïnal de sa Llotja va aconseguir per al barri la declaració de Zona Acústicament Contaminada. Les limitacions, denuncia el llibre, no es van aplicar. Per demostrar-ho, en citen dos exemples. El Defensor del Poble –Fernando Álvarez de Miranda, el president del Congrés dels Diputats que va aprovar la Constitució de 1978– ho va recordar a l’Ajuntament de Palma amb l’objectiu de preservar “el dret al descans, la salut i la inviolabilitat del domicili”. Temps després, vist que el PP “rebutjava prendre mesures i els empresaris exigien nous mesuraments”, el TSJB va llançar un altre recordatori: l’Ajuntament de Palma tenia “l’obligació de defensar el medi ambient”.

La batalla legal va acabar a Madrid. El 2004, una sentència del Tribunal Suprem va donar la raó als veïns. La següent batlessa –Catalina Cirer Adrover: consellera de Famílies i Serveis Socials en el Govern fins que Marga Prohens la va cessar el juliol de 2025 per pressions de Vox– va haver d’avançar el tancament dels locals. Els problemes no van cessar, tanmateix. La gentrificació a Palma. Barri a barri explica que els habitants de sa Llotja van sol·licitar “sonometries independents” l’octubre de 2005 (i tornarien a fer-ho el 2012, 2013 i 2017). El motiu? L’associació veïnal assenyalava que els mesuraments que s’havien fet fins llavors es duien a terme “en punts estratègics” i “a l’hivern”, quan el volum era “més baix”. El 2012, continua el llibre, “el Govern va eliminar per decret les restriccions”. Fins set anys després no tornarien els límits a un dels barris històrics i institucionals de la capital balear: envoltada pels bars de la plaça de sa Drassana hi ha la porta posterior del Consolat de Mar, el despatx de la presidència autonòmica.

Com recorda la recerca de Cabezas, Garau i Suárez, el febrer de 2019 va ser com tornar a començar. Es va tornar a declarar llavors sa Llotja com a àrea lliure de soroll i les terrasses van avançar el tancament a les onze de la nit. Una decisió presa també per decret. A l’Ajuntament de Palma governava de nou una coalició de centreesquerra: PSIB, Més per Mallorca i Podem. Havien elaborat un mapa acústic de la ciutat i semblaven tenir una mirada diferent respecte a l’assumpte.

El TSJB falla a favor dels empresaris

Els nous horaris no van tenir una vida gaire llarga. CAEB Restauració va presentar un contenciós i el va acabar guanyant en un moment clau. Començava el maig de 2023. Setmanes després se celebrarien eleccions municipals i el PP aconseguiria la vara de comandament a l’Ajuntament de Palma gràcies al suport extern de Vox. A l’octubre, el nou equip de govern complia la sentència i donava permís per obrir a sa Llotja fins a mitjanit, amb mitja hora extra els caps de setmana. A diferència del que havia ocorregut vint anys abans davant la mateixa problemàtica, el TSJB es pronunciava aquesta vegada a favor dels empresaris. Hi havia, tanmateix, una diferència: la nova sentència no concedia la possibilitat de presentar recurs a instàncies superiors.

Com apuntava Feli Marcos, Fèlix Pons Irazábal no va poder defensar en segona instància els interessos dels veïns de sa Llotja. El polític socialista que va tornar a l’advocacia després de presidir el Congrés dels Diputats durant la major part del felipisme (1986-1996) havia mort el 2010 a causa d’un càncer de pàncrees. Quan va comparèixer davant el Tribunal Suprem per defensar la regulació que havia d’evitar que sa Llotja fos una font de contaminació acústica, l’advocat Pons va dir:

–La Llei 8/1987 d’1 d’abril de la CAIB d’ordenació territorial de les Illes Balears assenyala en el seu preàmbul que, en regular l’ús del sòl, l’ordenació del territori ha de perseguir “el màxim benestar de l’home que l’ocupa”. (...) Pot algú imaginar o sostenir que és una societat “a escala autènticament humana” aquella en què es demana el sacrifici del descans, el son i la tranquil·litat de centenars de veïns perquè altres milers ocupin sorollosament carrers i places per pur plaer i interès privat, durant la nit i la matinada? Quina classe d’humanitat inspira aquest model?

Feli Marcos está harta de desmentir que su casa está en un sitio “estupendo”. Ese es el adjetivo que sale por la boca de muchos cuando se enteran de que el domicilio de esta vecina de Palma está en un número de Antoni Maura. La avenida dedicada al prócer de la Restauración borbónica es el kilómetro cero de la ciudad. Son apenas cien metros que enlazan el Passeig des Born con los muelles del Moll Vell.

A un costado, la Seu de Mallorca; al otro, sa Llotja de Mercaders. Demasiados atractivos juntos como para no haberse transformado en un activo económico. Las dos aceras de esa recta –tan ancha, tan rectilínea, tan arbolada– son un hormiguero turístico. Una fuente de contaminación acústica que empezó a manar hace ya varias décadas: así lo denuncian algunos de los vecinos que todavía viven allí. 

“El ruido es tortura y desde tiempos inmemoriales se ha utilizado con ese fin. Nosotros vivimos frente al mar, pero no podemos abrir las ventanas porque siempre hay barullo debajo de casa. Tuvimos que ponerlas dobles e instalar aire acondicionado en casa”, dice Feli Marcos, describiendo un problema que “empezó unos años después” de que su marido y ella se mudaran, en 1986, al piso en el que siguen viviendo: “Antonio Maura es un ejemplo de lo que no debería ser una ciudad. Creo que no hay otra calle en Palma que esté más tomada por bares y restaurantes. Es un comedor al aire libre que no respeta las normas. Cuando los barcos llegan llenos de turistas, toca hacer codos para llegar al portal. Las terrazas nos dejan muy poco espacio y no han dejado de crecer. Donde antes había seis mesas ahora hay veintidós. A eso súmale la carga y descarga, la limpieza… y no es lo peor: el Parque de la Mar se ha convertido en una verbena. Cuando no hay un concierto, ponen casetas o, si no, hay una carrera que pone los altavoces a tope el domingo por la mañana”.

A mediados de los noventa, el Center for Hearing and Communication –una entidad estadounidense dedicada a la salud auditiva– impulsó el 29 de abril como Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido. Por esa razón, Feli Marcos salió la tarde del pasado martes de su casa para recorrer los veinte minutos que separan la Avinguda Antoni Maura del inicio del Carrer Fàbrica, justo donde se encuentran el Parc de sa Feixina y Santa Catalina. Allí la esperaban otra docena de personas. Todas, censadas en Palma. La mayoría, residentes en las calles y plazas que Feli Marcos tuvo que caminar para llegar hasta el punto de encuentro. Un triángulo –es Puig de Sant Pere, ses Drassanes, también es Jonquet y el Passeig Marítim– donde el ocio ha arraigado. Bajo la luna y a plena luz del día.

Nosotros vivimos frente al mar, pero no podemos abrir las ventanas porque siempre hay barullo debajo de casa. Tuvimos que ponerlas dobles e instalar aire acondicionado en casa. [Mi calle] es un comedor al aire libre que no respeta las normas. Cuando los barcos llegan llenos de turistas, toca hacer codos para llegar al portal. Las terrazas nos dejan muy poco espacio y no han dejado de crecer. Donde antes había seis mesas ahora hay veintidós

Feli Marcos — Vecina

El anhelo de un barrio cívico

Esperança Lliteras tiene una lona enrollada entre sus manos. Cuando la despliegue para fotografiarse con el resto de vecinos, sobre un fondo rojo se leerá la misma afirmación que proclama Feli Marcos. El renou és tortura, el ruido es tortura. Ella también asegura sufrirlo. Nació en Porreres, pero su trabajo de enfermera la llevó a Palma. Lleva veinte años viviendo en una de las calles-bisagra que unen es Jonquet con Santa Catalina y ha acabado convirtiéndose en la presidenta de la asociación vecinal que representa a estas dos barriadas limítrofes con mucho en común. Ambas fueron un día hogar de pescadores y marineros. Hoy, en cambio, están consagradas al turismo. Con todas las molestias que conlleva. 

Como si quisieran recalcar que todavía quedan vecinos de otros tiempos en uno de los ejemplos más claros de gentrificación que pueden encontrarse en España, la asociación que encabeza Esperança Lliteras ha incorporado las palabras barrio cívico tras los topónimos de Santa Catalina y es Jonquet. Más que un elocuente sintagma, es un anhelo. En algunos de los balconcillos de esas casas de una o dos plantas que hacen las delicias de los inversores del centro y el norte de Europa pueden verse carteles como ella acaba de desenrollar. “Cuando [hace tres años] cambió el gobierno municipal [de un pacto de centroizquierda a una mayoría simple del PP] tanto el alcalde [Jaime Martínez Llabrés] como los nuevos concejales fueron muy amables: cualquier cosa, nos decís... Luego, poco a poco, cuesta más acceder a las personas que son las responsables de arreglar el problema que sufrimos”, dice Esperança Lliteras antes de lanzar una reflexión:

–Es una lástima que muchos de los problemas empezaran cuando se peatonalizó la calle Fàbrica. Antes había comercios de toda la vida y, ahora, restaurantes y tardeo. Quienes sufrimos el ruido que generan las terrazas o los locales de ocio vivimos en barrios llenos de contrastes.

–¿En qué sentido?

–El domingo por la mañana resulta agradable pasear por las mismas calles de Santa Catalina que se llenan de coches y de motos, de gente que grita y acaba tirando el vaso al suelo, a partir del sábado por la tarde. Cuando ocurre, casi prefieres meterte en casa y no verlo, pero nosotras no nos rendimos, no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Aquí también hay vecinos de la Plaça de Toros: hace unos meses consiguieron que se suspendiera el permiso para organizar conciertos y fiestas allí dentro. Es un precedente que crea jurisprudencia y nos da esperanza.

A una manzana de distancia del grupo de afectados por el ruido, un bar tiene echada la persiana metálica. Cierra los lunes y los martes, abre de jueves a domingo, de cinco de la tarde a dos de la mañana, y en Instagram la palabra copas acompaña a su nombre comercial. Junto al marco de la puerta –como ocurre en otros restaurantes con los que comparte calle– hay una macedonia de placas metálicas. Piden –en catalán, en castellano, en inglés– “respeto” para que los vecinos puedan descansar. Bajo los lemas aparece el logo de la Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento. elDiario.es se puso en contacto con esta patronal que agrupa a las principales discotecas y pubs de Mallorca para conocer su punto de vista, pero no obtuvo respuesta. Su presidente, Miguel Pérez-Marsá, en una entrevista realizada este invierno en la sintonía de Onda Cero acusó a las instituciones de convertir a Palma “en la ciudad más aburrida del Mediterráneo”. 

El presidente de la Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento acusó a las instituciones de convertir a Palma 'en la ciudad más aburrida del Mediterráneo'

La Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM) asegura que no existen negocios de restauración asociados a esta patronal en Santa Catalina, es Jonquet, el Passeig Marítim, sa Llotja o es Born. La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears “no tiene constancia de las protestas” relacionadas con el exceso de decibelios. Y Cort –la manera popular de referirse al consistorio palmesano entre los mallorquines– no concedió declaraciones a elDiario.es para este reportaje. Tampoco, cifras de expedientes por contaminación acústica iniciados en el presente mandato. Una portavoz del equipo de gobierno se limitó a apuntar que el séptimo municipio más poblado de España –Palma roza ya los 480.000 habitantes– cuenta con su “ordenanza correspondiente” para regular el ruido y con una “nueva ordenanza cívica que tiene a la patrulla verde de la Policia Local trabajando en ese ámbito”.

El pesimismo cansado de Feli Marcos

–No creo que las protestas cambien nada.

El lenguaje de Feli Marcos para contar su convivencia con el ruido es seco. No utiliza florituras cuando explica que su pesimismo se debe “al cansancio” que provoca una lucha vecinal que arrancó en los noventa. La movilización, cuenta esta vecina de sa Llotja, viene “de tan atrás” que abarca los mandatos de siete de los ocho alcaldes que ha tenido Palma desde que volvieron a celebrarse elecciones municipales tras el final de la dictadura. Los doce años del socialista Ramon Aguiló –1979-1991–, justo cuando esta vecina y su marido se mudaron a Antoni Maura, serían la excepción.

–Yo he sido muy generosa para reivindicar que queríamos vivir en silencio –cuenta Feli Marcos– y he dado parte de mi salud y como yo sé que hay mucha gente en esta ciudad. Ya estoy medio retirada: en la protesta del otro día estuve porque el presidente [de la Associació de Vesins de sa Llotja i es Born, el médico Jaume Herrero] tenía guardia y me pidió que fuera por él.

–¿Nunca ha pensado en mudarse a otro lugar más silencioso, Feli?

–No. Nosotros seguimos aquí porque el edificio donde está nuestra casa era de la familia de mi marido: vinimos hace cuarenta años –cuando en la zona sólo había un bar, el Lírico, donde los camareros y los clientes nos conocíamos– y hemos hecho un gran esfuerzo en mantenerlo, pero la red tan bonita que se creó entre los residentes –más que un barrio de una ciudad grande, parecía un pueblo– ha desaparecido… Muchos otros, claro, se han ido por culpa del ruido. Nosotros hemos llegado a pasar noches enteras en casa de unos amigos porque no se podía dormir en nuestro piso. Ocurre en muchos barrios de Palma: si se hicieran mediciones y se tomaran realmente en serio el problema se darían cuenta de que no se puede estar en casa. ¡Como en aquella de la calle Vallseca [también en sa Llotja] cuando salieron ochenta decibelios! Lógicamente, la persona que vivía allí se tuvo que marchar.

Muchos otros, claro, se han ido por culpa del ruido. Nosotros hemos llegado a pasar noches enteras en casa de unos amigos porque no se podía dormir en nuestro piso

Feli Marcos — Vecina

–Ese nivel de ruido supera al que puede causar una autovía. ¿A qué sonometría se refiere? ¿Cuándo se hizo?

–¡Uy! Ya hace muchos años de eso. Fue cuando Fèlix Pons dejó la política y llevó nuestro caso. Creo que el alcalde era Fageda. Conseguimos que Cort declarara el barrio como zona de protección acústica: somos la única que hay en la ciudad y no nos salió gratis. Conseguimos que las terrazas cerraran a las once. Por desgracia, nuestro abogado se murió y tuvimos que dejarlo. Entonces hubo otro pleito y el horario se alargó hasta las doce y media.

Estira y afloja a causa de los decibelios

El primer volumen de La gentrificació a Palma. Barri a barri ofrece una cronología muy detallada –fechas, nombres, decisiones– de la historia que esboza Feli Marcos. El libro, publicado por la asociación ciudadana Palma XXI y la Fundació Iniciatives del Mediterrani, apareció en octubre de 2019. Para entender el contexto, sus autores –Carlota Cabeza, Jaume Garau y Juanjo Suárez– se remontan a 1995. Entonces, Cort desarrolló su primera ordenanza de ruidos. La norma ya nació con polémica. La PIMEM trató de tumbarla solicitando su suspensión. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJB) lo rechazó. Comenzaba un estira y afloja a causa de los decibelios que aún no ha terminado. Una viñeta publicada en la prensa local de la época ironiza con el supuesto mareo al que la Administración sometía a los residentes que protestaban: un grupo de vecinos armados con bocinas y cacerolas, dos flechas que indican caminos opuestos (a la izquierda, Ajuntament; a la derecha, Govern) y dos bocadillos que se preguntan: “Bueno, ¿al final quién tiene las competencias de los ruidos de la Lonja?” “¿No será que quieren dividirnos?”.

Durante los siguientes cuatro años –segundo mandato del alcalce popular Joan Fageda–, la asociación vecinal de sa Llotja consiguió para el barrio la declaración de Zona Acústicamente Contaminada. Las limitaciones, denuncia el libro, no se aplicaron. Para demostrarlo, citan dos ejemplos. El Defensor del Pueblo –Fernando Álvarez de Miranda, el presidente del Congreso de los Diputados que aprobó la Constitución de 1978– se lo recordó al Ajuntament de Palma en aras de preservar “el derecho al descanso, la salud y la inviolabilidad del domicilio”. Tiempo después, visto que el PP “rechazaba tomar medidas y los empresarios exigían nuevas mediciones”, el TSJB lanzó otro recordatorio: el Ajuntament de Palma tenía “la obligación de defender el medio ambiente”. 

La batalla legal terminó en Madrid. En 2004, una sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a los vecinos. La siguiente alcaldesa –Catalina Cirer Adrover: consellera de Famílies i Serveis Socials en el Govern hasta que Marga Prohens la cesó en julio de 2025 por presiones de Vox– tuvo que adelantar el cierre de los locales. Los problemas no cesaron, sin embargo. La gentrificació a Palma. Barri a barri explica que los habitantes de sa Llotja solicitaron “sonometrías independientes” en octubre de 2005 (y volverían a hacerlo en 2012, 2013 y 2017). ¿El motivo? La asociación vecinal señalaba que las mediciones que se habían realizado hasta entonces se llevaban a cabo “en puntos estratégicos” y “en invierno”, cuando el volumen era “más bajo”. En 2012, continúa el libro, “el Govern eliminó por decreto las restricciones”. Hasta siete años después no volverían los límites a uno de los barrios históricos e institucionales de la capital balear: rodeada por los bares de la Plaça de sa Drassana está la puerta trasera del Consolat de Mar, el despacho de la presidencia autonómica.

Como recuerda la investigación de Cabezas, Garau y Suárez, febrero de 2019 fue como volver a empezar. Se volvió a declarar entonces sa Llotja como área libre de ruidos y las terrazas avanzaron su cierre a las once de la noche. Una decisión tomada también por decreto. En el Ajuntament de Palma mandaba de nuevo una coalición de centroizquierda: PSIB, Més per Mallorca y Podem. Habían elaborado un mapa acústico de la ciudad y parecían tener una mirada diferente respecto al asunto. 

El TSJB falla a favor de los empresarios

Los nuevos horarios no tuvieron una vida demasiado larga. CAEB Restauració presentó un contencioso y lo acabó ganando en un momento clave. Comenzaba mayo de 2023. Semanas después se celebrarían elecciones municipales y el PP conseguiría la vara de mando en el Ajuntament de Palma gracias al apoyo externo de Vox. En octubre, el nuevo equipo de gobierno cumplía con la sentencia y daba permiso para abrir en sa Llotja hasta medianoche, con media hora extra los fines de semana. A diferencia de lo que había ocurrido veinte años antes frente a la misma problemática, el TSJB fallaba esta vez a favor de los empresarios. Había, sin embargo, una diferencia: la nueva sentencia no concedía la posibilidad de presentar recurso a instancias superiores.

Como apuntaba Feli Marcos tirando de memoria, Fèlix Pons Irazábal no pudo defender en segunda instancia los intereses de los vecinos de sa Llotja. El político socialista que volvió a la abogacía tras presidir el Congreso de los Diputados durante la mayor parte del felipismo (1986-1996) había fallecido en 2010 a causa de un cáncer de páncreas. Cuando compareció ante el Tribunal Supremo para defender la regulación que debía evitar que sa Llotja fuera una fuente de contaminación acústica, el abogado Pons dijo:

–La Ley 8/1987 de 1 de abril de la CAIB de ordenación Territorial de las Islas Baleares señala en su preámbulo que, al regular el uso del suelo, la ordenación del territorio debe perseguir “el máximo bienestar del hombre que lo ocupa”. (...) ¿Puede alguien imaginar o sostener que es una sociedad “a escala auténticamente humana” aquella en la que se pide el sacrificio del descanso, el sueño y a tranquilidad de cientos de vecinos para que otros miles ocupen ruidosamente calles y plazas por puro placer e interés privado, durante la noche y la madrugada? ¿Qué clase de humanidad inspira ese modelo?

Lo que comenzó como una medida excepcional para salvar a la hostelería durante la pandemia se ha convertido, para algunos vecinos del centro de Santander, en una “ocupación desmedida del espacio público” que ha alcanzado un “límite insostenible”. Mientras el equipo de gobierno municipal del PP defiende su nuevo borrador de ordenanza de terrazas como un ejercicio de equilibrio, la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche denuncia una “falta absoluta de voluntad política” y una “gestión presidida por la desidia”.

Y es que la indignación y malestar de los vecinos se ha vuelto a reavivar tras el anuncio de la alcaldesa, Gema Igual (PP), de un nuevo aplazamiento en la tramitación de la Ordenanza de Terrazas bajo la premisa de que “no hay tiempo” y que mantendrá durante el verano a Santander en un limbo normativo obsoleto. Esta decisión es vista por los vecinos como una “auténtica tomadura de pelo” y una “estrategia para permitir la ocupación masiva” durante la temporada estival.

Según la portavoz vecinal, Ana Gómez, el equipo de gobierno municipal está “sometido a los deseos” de un “grupo de presión muy poderoso” vinculado a la Asociación de Hostelería. “Llego a la conclusión de que el caos se busca, porque si hay voluntad de regir una ciudad, eso se lleva a cabo”, añade en conversación con este periódico.

Gómez llega a comparar el estado de las calles de la capital cántabra con un “síndrome de Diógenes”, argumentando que “la ciudad está llena de colillas, de mobiliario de terraza por todas partes y coches mal aparcados” ante la inacción de las autoridades.

Desde el colectivo vecinal denuncian que la normativa vigente no solo es obsoleta, sino que se incumple sistemáticamente. “Se dan licencias que están concedidas por el Ayuntamiento por encima de lo que permite la ordenanza”, afirma Gómez, quien critica que se permita a los clientes “arremolinarse” fuera de los espacios delimitados, invadiendo aceras de forma abusiva.

Gómez describe lo que, en su opinión, responde a un patrón de conducta en el Consistorio santanderino. “Tras una queja vecinal, el Ayuntamiento anuncia inmediatamente que ya tenían todo el plan en marcha”, una casualidad que la portavoz tilda de poco creíble.

En este caso concreto, argumenta que el Ayuntamiento solo ha reaccionado presentando su propio borrador, el 14 de octubre de 2025, cuando los vecinos hicieron público su estudio en septiembre de 2025: “Fue claramente una reacción a nuestro borrador”, sostiene Gómez.

Modelo de otras ciudades que funciona

Frente a la propuesta municipal, los vecinos han presentado un documento basado en el estudio comparativo de ordenanzas de otras ciudades como Oviedo, San Sebastián, Madrid o Sevilla. Ana Gómez recalca que su propuesta no es “un invento”, sino un compendio de medidas que ya garantizan la convivencia posible entre ocio y respeto al descanso en otras capitales: “Uno va de turismo y se puede tomar algo sin problemas, pero la gente también puede dormir”, asegura.

La propuesta vecinal es mucho más restrictiva en puntos clave como los horarios, exigiendo el cierre a las 23.00 horas en invierno y las 00.00 horas los fines de semana; frente a las 00.30 horas que plantea el borrador municipal.

Respecto al control de ruido, la asociación de vecinos propone sonómetros y 'semáforos de ruido', además de la prohibición total de estufas y televisores. Asimismo la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche insta a la responsabilidad del hostelero.

Gómez rechaza el argumento de que los hosteleros “no son policías”, para lo que utiliza una analogía clara: “En una boutique, si un cliente tira las prendas al suelo, el dependiente le dice que tiene que respetar las normas. En los bares debería de ser igual”, opina.

La ilegalidad de las fachadas y la accesibilidad

La asociación denuncia que la ordenanza vigente es ilegal desde 2019. Según explican, no se está aplicando la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a dejar las fachadas libres de obstáculos para garantizar la accesibilidad universal. “Esta ordenanza ya tenía que estar aplicada hace tiempo. La planta de las fachadas tiene que estar absolutamente libre de muebles”, insiste Gómez, señalando que otras ciudades ya modificaron sus normas para cumplir con este requisito legal.

El borrador del Ayuntamiento sí contempla ahora que las terrazas no se sitúen adosadas a la fachada para adaptarse a la Orden de accesibilidad vigente desde hace un lustro. Sin embargo, introduce medidas de “simplificación administrativa” que preocupan a los vecinos, como la eliminación de la renovación obligatoria, lo que daría carácter permanente a las autorizaciones.

Derecho al descanso

Ana Gómez lamenta que la prioridad del Consistorio parezca ser únicamente “pensar en cuatro días de fiesta” y “tener las calles llenas”, olvidando el derecho a la salud y al descanso de quienes habitan la ciudad todo el año. La portavoz critica la falta de una “policía de barrio” efectiva que vigile no solo las terrazas, sino también el cumplimiento de las normativas de ruido y limpieza.

Ante este escenario, la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche ha advertido que no se quedará de brazos cruzados. Exigen una rectificación inmediata y aseguran que utilizarán “todos los medios a su alcance”, incluyendo la vía judicial y las movilizaciones en la calle, para defender sus derechos fundamentales. “Si no hay voluntad de regir una ciudad, pasa lo que estamos viendo”, concluye Gómez.

En marzo de 2010 el por aquel entonces alcalde de Getxo, Imanol Landa, del PNV, inauguró la reurbanización del parque de Txabarri Zuazo (conocido también como el parque de Gobelaurre), con un presupuesto de 1.778.000 euros en el que crearon un emplazamiento para el ocio y esparcimiento de más de 6.100 metros cuadrados de superficie total con zona de juegos infantiles cubierta y unas canchas de fútbol y baloncesto. Ese fue el inicio de la pesadilla de Anton, quien prefiere no dar su verdadero nombre, y de la lucha de casi 15 años contra el ruido que estas canchas asegura que generan. “Mi casa es un primero que está justo al lado de las canchas, que están perimetradas y suena cada vez que el balón choca contra alguna de las vallas. Hay balonazos a todas horas. El ruido es insoportable, porque hay niños jugando por la mañana y la tarde, que hacen un ruido que se puede tolerar, pero el problema es por la noche, porque aunque hay un cartel que indica que no se puede jugar a partir de las 22.00 horas, hay veces que el ruido se oye hasta las 05.00 de la madrugada”, lamenta el vecino.

Según reconoce, son “demasiadas” las veces que ha llamado a la Policía municipal a causa del ruido, que asegura que traspasa los límites permitidos en la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones de Getxo que son en horario diurno, es decir, de 08:00 a 22:00 horas, un máximo de 60 decibelios ponderados A, mientras que en horario nocturno el límite se reduce a 40 decibelios. “He solicitado al Ayuntamiento una sonometría, porque el ruido es insoportable, pero llevan más de 15 años negándose a hacerla. También he escrito al Ararteko, al lehendakari y a partidos políticos, pero no dan una solución. Hay otros parques parecidos, pero lejos de las urbanizaciones. No se puede permitir que un parque así esté tan cerca de las viviendas”, critica el afectado, quien asegura que al igual que él, otros vecinos también muestran sus quejas ante la Policía, pero por el momento no han llegado a organizarse para realizar una denuncia conjunta.

La Defensoría del Pueblo vasca (Ararteko), en una resolución del año 2014, instó al Ayuntamiento de Getxo a “tomar las medidas sean necesarias para respetar los máximos sonoros permitidos”. “A raíz de la remodelación del parque se instalaron estas canchas donde practican deporte muchos jóvenes. Según nos comunicó este ciudadano, a pesar de que las instalaciones se encuentran semicerradas con plafones de madera acrílica, el nivel de ruido que alcanza durante el día, y sobre todo de noche, resulta excesivo y afecta a la convivencia diaria de la comunidad, especialmente, en horas de descanso. También dijo ser consciente de que estas instalaciones son una interesante alternativa de ocio para los jóvenes del municipio. Sin embargo, considera que su uso no debe ir en detrimento del derecho del resto de vecinos y vecinas a disfrutar de una vivienda sin molestias”, recoge la resolución.

El Ararteko explicó en el documento que el afectado puso “varias denuncias en el ayuntamiento solicitando que estudiara medidas para paliar las molestias, pero este solo exigió bajar el tono de voz a los jugadores y que finalizaran el juego si era horario nocturno”. “No obstante, el interesado consideraba que para corregir con carácter definitivo los ruidos provocados era necesario realizar, primero, mediciones en las viviendas afectadas, para contrastar los niveles de ruido alcanzados. Así, dependiendo de los resultados obtenidos, se podrían concretar las medidas a adoptar”, indica.

“Tras realizar varias gestiones con el Ayuntamiento de Getxo, este nos ha informado que, tras comprobar que los paneles de cierre de las porterías de la cancha eran el foco principal del ruido, se ha procedido a sustituirlos por otros elementos más absorbentes que evitan el ruido producido. Si esto no es suficiente, el ayuntamiento se ha comprometido a adoptar cuantas medidas sean necesarias para respetar los máximos sonoros permitidos durante el horario diurno. Además, se ha colocado un panel informativo en el parque prohibiendo el uso de las instalaciones en horario nocturno”, recoge la resolución del Ararteko realizada hace más de 15 años sin resolver el problema.

Desde el Ayuntamiento reconocen a este periódico que se acordó con la Policía municipal en una reunión de la pasada semana que se “cambiará el cierre de paneles por cierres de barrotera”, como existen en otras zonas similares del municipio. El Ayuntamiento considera que con el cambio del material de las canchas “se solventará el problema”.

Para una persona mayor, el cambio no parece tan importante al principio. Quizá en las reuniones familiares ya no le resulta fácil seguir el hilo de las conversaciones, y lo atribuye al ruido, o a lo mal que hablan los jóvenes. Quizá más adelante, cuando la sordera sea más evidente, se resigne. “Para lo que hay que oír”, puede que comente. Pero lo que no es tan conocido es que la pérdida de audición no solo es un inconveniente o una molestia, sus consecuencias van mucho más allá del oído y pueden afectar a las capacidades del cerebro.

“En fases iniciales, puede manifestarse con olvidos frecuentes, dificultad para seguir conversaciones o una menor agilidad mental. En estadios más avanzados, se ha relacionado con un incremento del riesgo de demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer”, explica la doctora Carmen Terrón del equipo de neurología del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela. 

Según datos de la OMS, se prevé que, para 2050, casi 2.500 millones de personas padezcan algún grado de pérdida auditiva, y que más de 700 millones necesiten rehabilitación. Según la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), la pérdida de audición por la edad, afecta ya al 80% de las personas mayores de 75 años. El 75% de las personas que tienen discapacidad auditiva en España son mayores de 65 años.

“La pérdida de audición presenta una mayor incidencia a partir de los 60 o 65 años, en relación con el envejecimiento progresivo del sistema auditivo. No obstante, su aparición no se limita a estas edades y puede manifestarse antes en función de distintos factores”, dice el otorrinolaringólogo Francisco Márquez Dorsch.

En estadios más avanzados, se ha relacionado con un incremento del riesgo de demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer

Carmen Terrón — neuróloga

Por qué falla el oído con los años

La pérdida auditiva asociada a la edad, conocida médicamente como presbiacusia, no es solo volverse 'duro de oído', sino un proceso complejo que afecta a las células ciliadas del oído interno, el caracol o cóclea. Estas células, provistas de unos 'pelillos' microscópicos, son las responsables de transformar las ondas sonoras en señales eléctricas que el cerebro interpreta. Pero a lo largo de la vida, estas células mueren por el simple paso del tiempo, pero también por la exposición acumulada al ruido, factores genéticos y problemas vasculares como la diabetes o la hipertensión, y no se regeneran.

Los hombres tienden a perder audición antes y con mayor severidad que las mujeres, probablemente por una mayor exposición histórica a ruidos laborales. El factor de riesgo más determinante, además de la edad, es la exposición al ruido: desde conciertos hasta maquinaria, pasando por auriculares a todo volumen. La pérdida casi siempre comienza afectando las frecuencias más agudas, lo que explica que la persona afectada oiga pero no entienda. Las palabras suenan confusas, como en un teléfono con mala cobertura.

“La pérdida de audición en personas mayores no solo afecta a la capacidad de escuchar, sino que también puede condicionar la calidad de vida si no se detecta y aborda de forma adecuada”, afirma el doctor Márquez. “Por un lado, puede influir en el equilibrio. El oído interno participa en la orientación espacial y, cuando existe deterioro, aumenta la inestabilidad al caminar y el riesgo de caídas, con el impacto que eso tiene en la autonomía. Además, la dificultad para seguir conversaciones favorece el aislamiento social”, añade.

La pérdida de audición en personas mayores no solo afecta a la capacidad de escuchar, sino que también puede condicionar la calidad de vida si no se detecta y aborda de forma adecuada

Francisco Márquez Dorsch — otorrinolaringólogo

La pérdida de audición y el cerebro

En la edad avanzada, a medida que el oído se deteriora, acecha otra epidemia: la de las enfermedades neurodegenerativas. Se estima que en España más de 800.000 personas padecen Alzheimer, una cifra que, al igual que la pérdida auditiva, se duplica cada cinco años a partir de los 65, según la Sociedad Española de Neurología. Lo que la ciencia ha comenzado a desvelar es que las dos pérdidas de función, la auditiva y la cognitiva, están relacionadas.

Durante años, los médicos pensaron que pérdida de audición y de memoria eran consecuencias naturales de la vejez. Ahora sabemos que la primera puede llevar a la segunda. Un amplio metaanálisis de 2024 de más de 50 estudios y 1,5 millones de participantes concluyó de manera contundente que la pérdida auditiva en la edad adulta aumenta el riesgo de demencia en un 35% y el de enfermedad de Alzheimer específicamente en un 56%. 

Pero, ¿cómo se explica que no oír bien pueda dañar el cerebro? Hay varias hipótesis, que probablemente actúan a la vez. “Por una parte, la reducción de estímulos auditivos implica una menor activación de las áreas cerebrales implicadas en el procesamiento del sonido y del lenguaje. Esta falta de estimulación sostenida puede favorecer una pérdida progresiva de función en determinados circuitos”, explica la doctora Terrón.

A esto se suma el llamado “sobreesfuerzo cognitivo”, un término que aclara la especialista: “Cuando la audición falla, el cerebro destina más recursos a descifrar el mensaje, lo que reduce la capacidad disponible para otras funciones como la memoria o la comprensión global de la información”. Este deterioro se ha podido observar en estas zonas del cerebro que se deterioran, acumulando placas de beta-amiloide y ovillos de proteína tau, proteínas asociadas con el Alzheimer. 

Cuando alguien deja de oír bien, deja de tener contacto con otras personas por la dificultad de mantener una conversación. La soledad y la depresión, consecuencias directas de la sordera no tratada, son factores de riesgo para el deterioro cognitivo.

Los audífonos como protectores del cerebro

“No siempre es posible evitar la pérdida de audición asociada a la edad, pero sí se pueden adoptar medidas para reducirlo y frenar su progresión”, dice el doctor Márquez. “Desde el punto de vista paliativo, la detección precoz es clave. Ante la sospecha de dificultad para oír, la valoración por un especialista permite confirmar el diagnóstico y ajustar las medidas necesarias”, recomienda el otorrinolaringólogo.

Un metaanálisis publicado en JAMA Neurology con datos de más de 137.000 personas reveló que quienes utilizaban audífonos o implantes cocleares reducían su riesgo de deterioro cognitivo a largo plazo en un 19%. Incluso a corto plazo, el uso de estos dispositivos mejoró las puntuaciones en pruebas cognitivas generales en un 3%. “En muchos casos, el uso de audífonos mejora la capacidad de comunicación y facilita mantener la actividad social”, corrobora el doctor Márquez.

“También es importante mantener actividades sociales. Participar en conversaciones y mantener rutinas que impliquen interacción, ayuda a sostener la estimulación mental y reduce el riesgo de aislamiento”, recuerda la doctora Terrón. “Cuando aparecen síntomas de ánimo bajo, irritabilidad o retraimiento, la valoración por un profesional permite detectar un posible impacto en la salud mental y plantear un acompañamiento adecuado”, añade.

También es importante mantener actividades sociales. Participar en conversaciones y mantener rutinas que impliquen interacción, ayuda a sostener la estimulación mental y reduce el riesgo de aislamiento

Francisco Márquez Dorsch — otorrinolaringólogo

Otras investigaciones secundan estas conclusiones. Un estudio en Australia en 2026 encontró que los audífonos se asociaban a una reducción del 33% en el riesgo de demencia a siete años. Es importante también empezar pronto para evitar que el deterioro pueda progresar. En un estudio de 2025 se observó que las personas que comenzaron a usar audífonos antes de los 70 años tenían un 61% menos de riesgo de desarrollar demencia en comparación con aquellas que, teniendo pérdida auditiva, no los usaban. Por el contrario, iniciar el tratamiento después de los 70 años no mostró el mismo nivel de protección.

La prevención, sin embargo, debe empezar mucho antes. A lo largo de toda nuestra vida, controlar la exposición al ruido evitará la pérdida de esas preciosas células ciliadas que se van para no volver con cada noche de concierto o discoteca. Aquí los tapones para los oídos son una necesidad. “Conviene limitar la exposición a ruidos intensos a lo largo del día y utilizar protección auditiva cuando sea necesario. También resulta relevante el control de enfermedades crónicas, ya que algunas pueden afectar al funcionamiento del oído interno”, recuerda el doctor Márquez, ya que la hipertensión, el colesterol desregulado y la glucosa en sangre elevada son factores de riesgo no solo para el corazón, sino también para la audición.

Una vez que la pérdida ya ha comenzado, la corrección temprana con audífonos es la medida de protección por excelencia. “Facilita la entrada de estímulos sonoros y reduce el esfuerzo necesario para comprender el entorno, lo que contribuye a preservar la función cognitiva”, afirma la doctora Terrón.

Usar el audífono no puede ser una cuestión de conveniencia o gusto personal. No hacerlo es una decisión que pone en riesgo la salud cerebral en los años que siguen. Acudir al otorrinolaringólogo ante la menor sospecha, realizarse una audiometría y, si es necesario, ponerse el audífono, es un acto de responsabilidad con la salud personal.

Darío Pescador es editor y director de la Revista Quo y autor del libro Tu mejor yo.