La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Carmona ha dictado el archivo provisional de la causa abierta contra varios dirigentes del PP en Sevilla, investigados por posibles delitos de administración desleal, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias vinculados a una supuesta trama urbanística en la concesión del tanatorio privado de Mairena del Alcor.

El juez argumenta en un auto, al que ha tenido acceso este periódico, que el resultado de las diligencias instructoras practicadas “evidencia la ausencia de elementos indiciarios que puedan sustentar otro pronunciamiento que no sea el de sobreseimiento y archivo de la causa” respecto de las seis personas investigadas, entre las que se encuentran el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, el actual alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, y un miembro de la ejecutiva regional del presidente andaluz, Francisco Rodríguez Roa.

Contra este auto, fechado el día 23 de septiembre y notificado este miércoles a las partes personadas en el procedimiento, cabe interponer recurso de reforma ante el mismo juzgado en un plazo de tres días, o de apelación ante la Audiencia Provincial en un plazo de cinco. En cualquier caso, la decisión de archivar la causa se aplica de inmediato mientras se resuelven los posibles recursos.

Archivo tras ampliar la causa

El Juzgado de Instrucción número 1 de Carmona investigaba desde junio de 2024 –a raíz de una denuncia interpuesta por el PSOE –las supuestas “irregularidades” que rodeaban la concesión por parte del Ayuntamiento de Mairena del Alcor –con el PP al frente de la alcaldía– de un tanatorio privado a la empresa familiar de un miembro de la ejecutiva regional del partido que dirige el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno. La administración local autorizó en cinco meses el proyecto privado a la promotora familiar de uno de los investigados (Rodríguez Roa), mientras que el proyecto de un tanatorio público llevaba ocho años paralizado.

Basándose en las conclusiones del atestado de la Guardia Civil, el pasado 5 de febrero el juez decidió imputar a un total de seis personas, entre ellas, el actual alcalde de Mairena del Alcor y su antecesor en el cargo, actualmente delegado de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla, por apreciar indicios de delitos de tráfico de influencias, administración desleal y prevaricación.

No obstante, tras prorrogar seis meses el periodo de instrucción para “el correcto esclarecimiento de los hechos”, el juez coincide con la Fiscalía en que procede el sobreseimiento y archivo de la causa, al concluir que no existen indicios suficientes para sostener la acusación que pesaba sobre los tres dirigentes populares mencionados.

Ni ánimo de lucro ni injerencias

El juez instructor recuerda en su auto que la causa se ha centrado en el proyecto inicial de un tanatorio público en Mairena del Alcor, al que se destinaron 21.118,76 euros, y en aclarar si, tras su abandono por la imposibilidad de modificar las normas urbanísticas, la construcción del tanatorio privado se ajustó a la legalidad o, por el contrario, existieron “irregularidades” durante el proceso. El objetivo, por tanto, era esclarecer “si los investigados cumplían o no con pleno conocimiento con la normativa urbanística”.

En este contexto, el magistrado analiza la investigación abierta al exalcalde de Mairena del Alcor y actual delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, por un posible delito de administración desleal. La hipótesis apuntaba a que el decreto que firmó en junio de 2015 para iniciar el proyecto del tanatorio público —con el que se encargó, entre otras actuaciones, un estudio de viabilidad— supuso un gasto de 21.118,76 euros sin contar con la necesaria modificación de las normas subsidiarias.

Sin embargo, el instructor concluye que dichas actuaciones formaban parte de las funciones propias del cargo, que se realizaron siguiendo el procedimiento administrativo previsto y contaron con informes técnicos que las respaldaban. Según consta en el auto, el proyecto público quedó paralizado en 2018, cuando el nuevo secretario del Ayuntamiento advirtió de la necesidad de contar con otro informe de planeamiento. Por tanto, el decreto de 2015 firmado por Sánchez “no adolecía de ninguna objeción de naturaleza administrativa en el proceso seguido, no apreciándose ningún tipo de injerencia por su parte en el desarrollo de las funciones técnicas desarrolladas por los distintos profesionales intervinientes en el expediente en cuestión”.

El juez subraya, además, que “no consta” que el entonces alcalde actuara “con ánimo de lucro” ni “con ánimo de aprensión ni de la disminución ilícita de caudales públicos”. Por todo ello, y en línea con la petición de la Fiscalía, el juez acuerda el sobreseimiento de las actuaciones contra Ricardo Sánchez.

Una irregularidad administrativa no es delito

Asimismo, el magistrado archiva la causa contra las otras cinco personas investigadas, entre ellas el actual alcalde de Mairena del Alcor, que estaba siendo investigado por posibles delitos de tráfico de infleuncias, prevaricación urbanística y administrativa. En relación con este último, la investigación trataba de aclarar si, “tras el intento fallido y la no continuación del proyecto del tanatorio público”, la construcción del tanatorio privado —impulsado por una mercantil vinculada a un familiar de su partido— se había llevado a cabo “con arreglo a la normativa vigente de aplicación, obteniendo todas las preceptivas autorizaciones e informes favorables”.

El juez recuerda que, para apreciar un delito de prevaricación, es necesario que la resolución administrativa sea claramente ilegal y dictada de forma consciente y deliberada contra el Derecho. En este caso, las resoluciones cuestionadas —la concesión de la licencia de obras en 2021, la aprobación de la reforma en 2022 o el cambio de titularidad en 2023— estaban respaldadas por informes técnicos y jurídicos favorables, y no presentan la ilegalidad manifiesta que exige el tipo penal.

En el auto también subraya que incluso una posible irregularidad administrativa no basta para constituir delito si no concurre ese elemento subjetivo, es decir, “la clara conciencia de la ilegalidad o de la arbitrariedad cometida”. Añade además que, “dada la gravedad de las penas previstas”, la interpretación en casos dudosos debe ser “restrictiva”, máxime tratándose de casos en los que “los investigados son personas modestas pertenecientes a una pequeña entidad menor”.

Tras analizar cuestiones como la caducidad del expediente —que no se había producido— o la reforma del proyecto para incluir una cafetería —considerada una modificación no sustancial que no requería nueva licencia—, el magistrado concluye que “no estamos aquí en presencia de una actuación administrativa manifiestamente injusta y arbitraria, ni que fuese dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de los denunciados y con el conocimiento de que estuviesen actuando en contra del derecho”. En consecuencia, acuerda el sobreseimiento de las actuaciones respecto a estos cinco investigados.

Tráfico de influencias no acreditado

Por último, el juez archiva también la causa abierta contra el actual alcalde y otros tres investigados por un presunto delito de tráfico de influencias, que se imputaba a un funcionario y a dos administradores de las empresas promotoras del tanatorio privado. La instrucción no ha encontrado indicios de que existiera una relación personal o profesional entre ellos que sugiriera una influencia indebida.

Los técnicos municipales que intervinieron en el expediente declararon no haber recibido presiones ni directrices para orientar sus resoluciones en un sentido determinado, y el juez subraya que actuaron con independencia y conforme a criterios técnico-jurídicos. Tampoco se acreditó que los funcionarios investigados, por su posición, tuvieran la capacidad o ejercieran alguna intervención para influir en las resoluciones.

En este sentido, el magistrado concluye que las resoluciones se dictaron como resultado del procedimiento administrativo ordinario y no por una “presión moral” o intereses particulares. Al no haberse aportado indicios suficientes que sostengan la acusación para continuar con el procedimiento penal, acuerda también el archivo de la causa por tráfico de influencias. Este auto supone el cierre judicial del conocido como caso tanatorio, a la espera de conocer si alguna de las partes recurre.

La Fiscalía ha solicitado archivar la causa que investiga al presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, y a otros altos cargos del partido por una supuesta trama urbanística en la concesión del tanatorio privado de Mairena del Alcor. Tras pedir en marzo ampliar la instrucción y citar a más testigos relevantes para la causa, el fiscal concluye que “procede ya el sobreseimiento de los hechos denunciados”, al descartar la comisión de delitos que había detectado la Guardia Civil.

Así lo recoge un escrito del Ministerio Público remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Carmona el pasado 2 de septiembre, tal y como ha avanzado ABC y ha podido comprobar este periódico. La postura del fiscal llega antes de que expire la prórroga de seis meses concedida en abril por el juez instructor, quien declaró entonces la causa “compleja” y ordenó continuar las pesquisas para valorar los indicios de delitos recabados durante meses por la Guardia Civil.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Carmona investiga desde mayo de 2024 las supuestas “irregularidades” que rodean la concesión por parte del Ayuntamiento de Mairena del Alcor –con el PP al frente de la alcaldía– de un tanatorio privado a la empresa familiar de un miembro de la ejecutiva regional del partido que dirige el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno. La administración local autorizó en cinco meses el proyecto privado a la promotora familiar de uno de los cargos investigados (Rodríguez Roa), mientras que el proyecto de un tanatorio público llevaba ocho años paralizado.

Basándose en las conclusiones del atestado de la Guardia Civil, el pasado 5 de febrero el juez decidió imputar a un total de seis personas. Entre ellas, el líder del PP de Sevilla y delegado de la Junta en la provincia, Ricardo Sánchez, el actual alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, y un miembro de la ejecutiva regional del presidente Moreno, Francisco Rodríguez Roa, por su posible implicación en delitos de tráfico de influencias, administración desleal y prevaricación.

La causa judicial parte de que la administración local “no actuó con arreglo a la normativa vigente” y sí “en favor de la mercantil” que promovió la construcción del centro privado. Todos los investigados declararon en marzo ante el juez y, al finalizar las citaciones, el fiscal consideró necesario ampliar las diligencias de instrucción “para el correcto esclarecimiento de los hechos”. Tras cuatro meses de pesquisas, concluye ahora que procede el sobreseimiento.

“Administración leal, no genial”

En primer lugar, el fiscal exculpa a Ricardo Sánchez, actual presidente del PP provincial y exalcalde de Mairena del Alcor, del delito de administración desleal que se le atribuía inicialmente por una supuesta “gestión desleal del patrimonio público”. El juez percibió que como alcalde tomó decisiones “por mero interés político” causando “un evidente perjuicio para los intereses públicos”, en alusión al dinero que se invirtió en el proyecto del tanatorio municipal que acabó estancado.

Como recuerda el Ministerio Público en su escrito firmado el 2 de septiembre, en la causa se reprocha a Sánchez una resolución de 2015, por la cual se adjudicaba la redacción del anteproyecto del futuro tanatorio municipal de Mairena del Alcor, con la posibilidad de que fuese “dictada a sabiendas de que no podía levantarse sin la previa modificación puntual” de las normas subsidiarias urbanísticas que habilitaran la construcción del centro tanatorio en el suelo del cementerio municipal, donde se pretendía llevar a cabo el proyecto.

No obstante, el Ministerio Público señala que la adjudicación de ese anteproyecto de un tanatorio municipal se basó en informes que avalaban la compatibilidad urbanística de los terrenos y que fue un informe posterior el que puso en duda la viabilidad del proyecto. “Lo contrario de administración desleal es administración leal, no administración genial”, subraya el fiscal, señalando que Sánchez contaba con respaldo técnico para tomar la decisión y que su renuncia a la alcaldía en 2019 “lo desvincula de los actos posteriores”, objetos de la causa.

Lazos familiares, pero sin trato de favor

Sobre Rodríguez Roa, coordinador del área de empresas en la Vicesecretaría de Economía, Hacienda y Empleo de la Ejecutiva del PP de Andalucía y consejero de RTVA por designación de su partido, la investigación apuntaba a un supuesto aprovechamiento de su posición política y familiar para favorecer a la empresa privada que promovió el tanatorio (Previpaz S.L).

Sin embargo, a ojos de la Fiscalía “decae dicha imputación desde el mismo punto en que el investigado no tiene cargo alguno en la empresa [en el momento de la concesión] y, como él mismo manifestó en su declaración ante el juez instructor, no intervino en ningún modo ni en la concesión del contrato ni en las negociaciones previas y posteriores al mismo”.

El escrito del Ministerio Público estima que, si bien Rodríguez Roa mantenía lazos familiares con los directivos de Previpaz y ocupaba un cargo en la Ejecutiva del PP andaluz, ningún testigo “le ha atribuido participación en la concesión y construcción del tanatorio”, ni consta “que tuviese cargo directivo alguno en la mencionada empresa en el momento en que se desarrollaron los hechos”.

Ni prevaricación ni tráfico de influencias

Por otro lado, la Policía Judicial detectó “incumplimientos reiterados de normas establecidas” en la tramitación del expediente de Previpaz S.L, que tuvo lugar bajo la alcaldía del actual regidor, Juan Manuel López. Según el atestado de la Guardia Civil, la promotora incumplió “manifiesta y reiteradamente” los trámites de audiencia legalmente exigidos, es decir, los plazos para subsanar las deficiencias que los técnicos municipales habían detectado en el proyecto presentado en la solicitud de la licencia de obra mayor, necesaria para construir el tanatorio en un polígono del municipio.

Aun así, la administración local resolvió “favorablemente” la petición, cuando debería haber notificado la “caducidad del expediente y no conceder licencia de obra”, según consta en el atestado. Con todo, el Ministerio Público descarta ahora que esas resoluciones “entren en la categoría de prevaricación” y entiende que pueden encuadrarse en prácticas habituales de una administración “de tamaño pequeño y con poco personal”.

Según el escrito del fiscal, “no podemos hablar entonces de prevaricación, porque no es una resolución que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente aceptable o que suponga la sustitución del criterio técnico-jurídico por la pura voluntad del político”. Y atribuye el modo de proceder del Ayuntamiento de Mairena del Alcor al “campo de irregularidades derivadas del funcionamiento de una administración lastrada por los escasos recursos humanos y económicos, que obliga a este tipo de soluciones”.

Respecto a los indicios de prevaricación urbanística por la ausencia de licencias de obra mayor para algunas instalaciones del tanatorio (la cafetería y el horno crematorio), la Fiscalía apunta a que sí existieron dichas licencias, pese a que la Guardia Civil no las incluyó en su atestado. Además, subraya que las obras se iniciaron siempre tras la obtención de las licencias, y que la colocación de la primera piedra del edificio fue una actividad “meramente política y publicitaria”, sin que pueda considerarse un verdadero inicio de los trabajos.

Por último, en cuanto al delito de tráfico de influencias que se atribuía por “la concesión y obtención de resoluciones contrarias a las leyes y normas” y por mostrar un “trato más favorable que el recibido por la otra empresa que había intentado levantar un tanatorio en la localidad”, el fiscal también lo descarta, al no existir pruebas documentales ni testimonios que acrediten presiones sobre los técnicos municipales.

Por todo lo anterior, el Ministerio Público zanja que “una vez que se han agotado las diligencias necesarias para el correcto esclarecimiento de los hechos”, procede ya “el dictado de auto de sobreseimiento respecto de los hechos denunciados”. La decisión final corresponde ahora al Juzgado de Instrucción número 1 de Carmona, que deberá resolver si, como solicita el fiscal, archiva la causa o la mantiene abierta.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Carmona, que investiga al presidente del PP de Sevilla y a otros altos cargos del partido por una supuesta trama urbanística en la concesión del tanatorio privado de Mariena del Alcor, ha ampliado el periodo de instrucción otros seis meses y ha citado a declarar como testigos a siete funcionarios del Ayuntamiento, que emitieron informes municipales relevantes para la causa.

En un auto emitido el pasado 2 de abril al que ha tenido acceso este periódico, el juez que instruye el llamado caso tanatorio, Francisco José de Córdoba, acuerda declarar “compleja” la causa, fijando un plazo máximo para la instrucción de seis meses a partir del 24 de mayo. Así lo había solicitado la Fiscalía, a fin de abrir nuevas vías de investigación en una supuesta causa de corrupción que salpica a la plana mayor del PP de Juan Manuel Moreno.

De esta forma, el juzgado rechaza las peticiones de sobreseimiento y archivo de la causa que habían solicitado los seis investigados, entre ellos, el líder del PP de Sevilla y delegado de la Junta en la provincia, Ricardo Sánchez, el actual alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, y un miembro de la ejecutiva regional del presidente Moreno, Francisco Rodríguez Roa, que podrían estar implicados en posibles delitos de tráfico de influencias, administración desleal y prevaricación.

Es “prematuro” archivar la causa

El juez deniega archivar la causa esgrimiendo que “no existe en este momento procesal una absoluta falta de indicios, como se derivan de las investigaciones de la Policía Judicial, que impida la prosperabilidad de la continuación de las actuaciones con el material ya existente”. Considera, por tanto, “prematuro” determinar el “sobreseimiento actual”.

En este punto, recuerda el informe del fiscal de fecha de 20 de marzo, emitido después de declarar los seis investigados, en el que solicitaba tomar declaración como testigos a varios funcionarios “necesarios para el correcto esclarecimiento de los hechos y que, a su entender, evidencia la necesidad de acordar la prórroga”. Por todo ello, el magistrado señala la “improcedencia por prematura de cualquier decisión relativa al sobreseimiento”, que habían solicitado los dirigentes del PP imputados tras declarar en el juzgado.

Lejos de archivar la causa, el juez estima “necesario continuar la instrucción para valorar todas las circunstancias (incluidas las jurídicas) que puedan influir en la calificación de los hechos investigados”. Y para ello, amplía seis meses la investigación y cita a siete testigos “que en diverso grado y cualificación han participado en el control técnico y de legalidad de las actuaciones administrativas de las personas investigadas”.

Seis meses más para investigar los hechos

La investigación judicial se debe desarrollar en un plazo máximo de 12 meses desde la incoación de la causa, que en este caso arrancó en mayo de 2024, tras la denuncia interpuesta por el PSOE de Mairena del Alcor un mes antes. Una vez concluida la ronda de citaciones de los seis investigados el pasado 18 de marzo, el juez solicitó a las partes personadas sus alegaciones para prorrogar el periodo de instrucción, a instancias de la Fiscalía. Los abogados de los dirigentes del PP imputados en la causa pidieron entonces el sobreseimiento –no reclamaron nuevos testigos ni presentaron diligencias–, mientras que la defensa de la acusación solicitó nuevas diligencias de prueba para ampliar la investigación. 

El juez también ha desestimado algunas de esas diligencias de prueba solicitadas por el PSOE, acotando la investigación a los hechos recogidos en el auto del 5 de febrero, en pro de “la celeridad del procedimiento” y de evitar “dilaciones indebidas”. Sí ha aceptado ampliar el plazo reclamado igualmente por el fiscal, así como citar a declarar en calidad de testigos a varios trabajadores del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, cuyas declaraciones “resultan necesarias y de interés para la investigación de los hechos”, según el magistrado que lleva el caso.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Carmona investiga desde mayo de 2024 las supuestas “irregularidades” que rodean la concesión por parte del Ayuntamiento de Mairena del Alcor –con el PP al frente de la alcaldía– de un tanatorio privado a la empresa familiar de un miembro de la ejecutiva regional del partido que dirige el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno. El Gobierno municipal concedió esa licencia en apenas seis meses, mientras que mantenía guardado en un cajón el proyecto de construcción de un tanatorio municipal aprobado en 2015, con Ricardo Sánchez –actual líder del PP de Sevilla– como alcalde del municipio.

Siete técnicos y funcionarios municipales citados como testigos

Basándose en las conclusiones del atestado de la Guardia Civil, el pasado 5 de febrero, el juez decidió imputar a un total de seis personas, entre ellas, los tres dirigentes populares denunciados, considerando que el informe de la Policía Judicial “apuntala” la supuesta participación de todos ellos en posibles actos delictivos. La causa judicial parte de que la administración local “no actuó con arreglo a la normativa vigente” y sí “en favor de la mercantil” que promovió la construcción del centro privado en este municipio sevillano.

Todo los investigados declararon en marzo ante el juez como imputados por posibles delitos de tráfico de influencias, administración desleal y prevaricación. Al finalizar las citaciones, el fiscal consideró que estas “no son las únicas diligencias de instrucción que se antojan necesarias para el correcto esclarecimiento de los hechos” y propuso al juez nuevas vías de investigación y más tiempo para indagar.

El Ministerio Público defendió asimismo la pertinencia de escuchar a los autores de tres informes municipales emitidos durante los más de ocho años que el Ayuntamiento dejó paralizado el tanatorio público, mientras tramitaba –en apenas seis meses y de forma “irregular”– la licencia para construir un centro funerario privado, promovido por la empresa familiar de uno de los cargos investigados (Rodríguez Roa).

Se trata de Palma Fernández Espejo, secretaria del Ayuntamiento y autora de un informe fechado el 13 de marzo de 2015; Virgilio Rivera Rodríguez, secretario municipal y responsable de otro informe, fechado el 9 de julio de 2018; y por último, Patricia Cabello Pilares, vicesecretaria y autora de dos informes, uno fechado el 2 de julio y otro del 9 de octubre de 2024.

A esos tres nombres, el juez ha añadido ahora otros cuatro más: Rubén Mellado Troncoso en su calidad de arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Alcor; Elena Navarro Domínguez, como arquitecta del Ayuntamiento mairenero; Virginia Carmona Eger en su calidad de ingeniera del departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento; y Rocío Navarro Jiménez en su calidad de técnico jurídico de la administración local.

Ante la “imposibilidad” de practicar todas las declaraciones dentro del plazo de los 12 meses estipulados –que expira el próximo día 24 de mayo de 2025–, el juez ha resuelto declarar “compleja” la causa para dilatar seis meses más el periodo de instrucción, “sin perjuicio de ulteriores prórrogas que pudieran acordarse”. Esos siete testigos prestarán declaración a lo largo del próximo mes de mayo.

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha acudido esta mañana a los juzgados de Carmona para declarar como investigado en el caso del tanatorio de Mairena del Alcor, que salpica a varios dirigentes del partido por posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y administración desleal. El también delegado de la Junta en la provincia ha sido el primero de los investigados en responder a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su abogado, aunque se ha negado a contestar las de la acusación. También ha evitado dar explicaciones a los periodistas que lo esperaban a la salida y a quienes solo ha dirigido tres palabras: “Tranquilo y confiado”.

Esos dos adjetivos definen la estrategia de defensa que ha seguido desde que estalló el caso, afirmando que actuó “conforme a la ley” durante su etapa como alcalde del citado municipio sevillano. Ricardo Sánchez está imputado en la trama urbanística del tanatorio de Mairena del Alcor por un presunto delito de administración desleal, relacionado con el “abandono” de un proyecto de tanatorio municipal que se inició durante su mandato –en 2015– y desde entonces permaneció estancado. Entretanto, el propio ayuntamiento del PP impulsó en apenas seis meses otro privado, en beneficio de la empresa familiar de un alto cargo del partido a nivel andaluz (Francisco Rodríguez Roa, también encausado).

El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Carmona atribuye a Ricardo Sánchez –como exalcalde del municipio– una supuesta “gestión desleal del patrimonio público”, al considerar que tomó decisiones “por mero interés político” que causaron “un evidente perjuicio para los intereses públicos”. El juez se refiere así a los 21.118 euros de dinero público que Sánchez invirtió en encargar la redacción del proyecto del tanatorio municipal, que nunca echó a andar y acabó paralizado durante ocho años.

Fuentes cercanas al caso indican a este periódico que las “cuatro o cinco” preguntas del magistrado han ido en ese sentido, centrándose en el gasto que se produjo en la contratación de un arquitecto para redactar un proyecto de tanatorio público en unos terrenos próximos al cementerio donde no se podía edificar, según el planeamiento urbanístico. El líder del PP de Sevilla, según estas mismas fuentes, se ha limitado a defender que ese contrato que firmó como alcalde en 2015 no fue objeto de reparo ni de ningún informe contrario por parte de la intervención ni la secretaría del ayuntamiento.

Supuestas irregularidades en el expediente

Las “cinco o seis” preguntas que ha formulado su defensa también se han enfocado en desmontar el delito de administración que se le imputa. Sánchez, a preguntas de su abogado, ha insistido en que el contrato del arquitecto para la redacción del proyecto no contó con ningún informe de reparo. Y, según trasladan fuentes cercanas al caso, el líder del PP sevillano ha señalado que se escogió a ese profesional en cuestión por ser la oferta “idónea”.

En cambio, el abogado de la acusación ha puesto el foco en las “irregularidades” que rodean esa contratación, atendiendo a las fechas del expediente, firmado en el contexto de las elecciones municipales de mayo de 2015. De acuerdo con la parte denunciante, la administración local incumplió el procedimiento legal a la hora de realizar licitaciones públicas, saltándose los plazos al adjudicar el proyecto al arquitecto en junio de 2015, un mes después de que fuera contratado por el ayuntamiento.

La acusación ha formulado en voz alta sus preguntas (cerca de 20) y ha expuesto los documentos en los que se apoyaba para señalar a Ricardo Sánchez como responsable no solo de un delito de administración desleal, por el que está imputado, sino también de tráfico de influencias. Aunque de momento no se le han atribuido cargos relacionados con el supuesto trato de favor que recibió la empresa del tanatorio privado, como sí pesan sobre el resto de investigados, el juez ha permitido que la acusación cuestionara al líder del PP de Sevilla por su relación con Rodríguez Roa, compañero en la ejecutiva autonómica del partido y quien fue apoderado de Previpaz S.L., la empresa que construyó el tanatorio privado.

De esta forma, la parte denunciante busca conectar a Sánchez con el supuesto tráfico de influencias atribuido a los otros investigados, aprovechando que el caso sigue en fase de instrucción y el juez podría ampliar los cargos. Ante ese aluvión de preguntas, Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar, eludiendo así esclarecer las dudas en torno a su relación con Rodríguez Roa y con otros implicados, como el actual alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, y el exdelegado de Urbanismo, José Navarro.

Próximas citaciones

La comparecencia de Ricardo Sánchez ante el juez ha durado menos de una hora y ha abierto la ronda de declaraciones por la que tienen que pasar los otros cinco investigados en el caso. El siguiente en hacerlo será el actual alcalde de Mairena del Alcor, quien ha estado implicado en todo el periodo que se investiga, primero como número dos de Ricardo Sánchez, y luego como su sucesor en el cargo al frente del ayuntamiento mairenero. Juan Manuel López fue, de hecho, quien autorizó en 2021 construir el tanatorio privado pese a que “incumplía” las normativas.

La próxima semana será el turno del propio Francisco Rodríguez Roa, citado para el 13 de marzo, y del administrador de la mercantil que solicitó la licencia de obra Juan Alfonso F. C., quien comparecerá ante el juez el día 14. La segunda quincena de marzo lo harán el exdelegado de Urbanismo José Navarro (el 17 de marzo), y el asesor jurídico José Antonio G. G., quien cerrará la ronda de citaciones el día 18, poniendo fin a esta primera fase del procedimiento judicial.

Aunque la declaración de Ricardo Sánchez no ha despejado aún todas las dudas que rodean su gestión como alcalde de Mairena del Alcor, ha servido para que el caso siga avanzando. La investigación en torno al tanatorio continúa dando pasos, con la mirada puesta no solo en las posibles irregularidades urbanísticas, sino también en el impacto que este proceso puede tener en el liderazgo del PP sevillano y en el tablero político andaluz.

Este lunes 3 de marzo arrancan las citaciones para declarar en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Carmona, dentro de la causa que investiga a varios dirigentes del PP en Sevilla por una supuesta trama urbanística vinculada al tanatorio de Mairena del Alcor. Durante las próximas tres semanas, comparecerán ante el juez como investigados el presidente provincial del PP y delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, el alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, y Francisco Rodríguez Roa, miembro de la ejecutiva regional del presidente Moreno, entre otros miembros del partido que podrían estar implicados en delitos de tráfico de influencias, administración desleal y prevaricación.

El caso, que ha sacudido las filas del PP sevillano, gira en torno a la parálisis de un proyecto público para la construcción de un tanatorio municipal muy demandado por los vecinos en Mairena del Alcor, que ha permanecido ocho años estancado, mientras que la administración local tramitaba –en apenas seis meses y de forma “irregular”– la licencia para construir un centro funerario privado promovido por la empresa familiar de uno de los cargos investigados (Rodríguez Roa).

Con la citación judicial que comienza este lunes, echa a andar el procedimiento penal con una fase inicial en la que los investigados deben comparecer ante el juez para declarar –o no– sobre los hechos que se les imputan. El primero en hacerlo es el presidente provincial del partido, Ricardo Sánchez, a quien se le atribuye un delito de administración desleal por haber frenado el proyecto del tanatorio público durante su etapa como alcalde de Mairena del Alcor. Repasamos las claves del caso: qué se investiga, quiénes están imputados, qué delitos se les atribuyen y por qué es relevante esta causa judicial.

¿Qué se investiga?

El caso del tanatorio se remonta al año 2015, cuando el Ayuntamiento mairenero –con Ricardo Sánchez, actual líder del PP de Sevilla, como alcalde– aprobó por unanimidad el proyecto de construcción de un tanatorio municipal. Durante su mandato, se invirtieron más de 21.000 euros en la redacción del proyecto y, un año después, en 2016, se dio luz verde al anteproyecto del tanatorio. Sin embargo, la construcción nunca arrancó y el proyecto se quedó guardado en un cajón durante ocho años. 

Entretanto, el mismo Ayuntamiento del PP –ya con Juan Manuel López al frente– autorizó en 2021 conceder la licencia de obras a la promotora familiar de un alto cargo del partido (Previpaz S.L.) para hacer un tanatorio privado (hoy ya construido) en otra ubicación del mismo municipio de 24.000 habitantes. El centro privado tardó menos de seis meses en ponerse en marcha, gracias a una “inusitada e infrecuente extremada diligencia administrativa” de los técnicos municipales, que emitieron informes favorables a pesar de “los reiterados incumplimientos” en los que incurrió la empresa a la hora de solicitar las licencias y de llevar a cabo las obras. 

Los socialistas en Mairena del Alcor llevaron el caso a los tribunales en abril de 2024, denunciando a Ricardo Sánchez, Juan Manuel López y Francisco Rodríguez Roa por prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Dos meses después, el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Carmona decidió abrir diligencias previas y encomendó a la Policía Judicial de la Guardia Civil que investigara los hechos denunciados. Tras meses de trabajo, la Guardia Civil emitió un informe que ampliaba la investigación, sumando indicios de dos nuevos delitos (prevaricación urbanística y administración desleal) y otros dos investigados a la causa.

Basándose en las conclusiones de ese atestado, el pasado 5 de febrero, el juez decidió imputar a un total de seis personas, entre ellas, los tres dirigentes populares denunciados, considerando que el informe de la Policía Judicial “apuntala” la supuesta participación de todos ellos en posibles actos delictivos. La causa judicial parte de que la administración local “no actuó con arreglo a la normativa vigente” y sí “en favor de la mercantil” que promovió la construcción del centro privado en este municipio sevillano.

¿Quiénes son los investigados?

En total, figuran seis nombres en la lista de investigados que ha elaborado el juez, tras analizar el informe de la Policía Judicial. Tres de ellos son los dirigentes populares inicialmente denunciados:

A esos nombres que ya figuraban en la denuncia, el juez ha sumado ahora tres más:

¿Qué delitos se les imputan?

El juez aprecia indicios de cuatro delitos distintos:

¿Qué indicios se han detectado?

En primer lugar, el juez se centra en el “abandono” del proyecto del tanatorio público “en el que se habían invertido” más de 21.000 euros en 2015, bajo la alcaldía de Ricardo Sánchez. De ahí que se le impute un presunto delito de administración desleal por haber causado “un perjuicio para el patrimonio público gestionado por su cargo”, según estima la Policía Judicial.

La causa también investiga las “irregularidades” que rodean la construcción del tanatorio privado vinculado a la empresa familiar de Rodríguez Roa, que se autorizó en “muy corto espacio de tiempo”, mientras el proyecto municipal permanecía paralizado desde hacía años. En este punto, el juez se remite a las conclusiones de la Guardia Civil para justificar la posible imputación de un delito de tráfico de influencias al acreditarse la “prevalencia de los cargos públicos y su relación entre sí, en favor de un interés económico de por medio” a la hora de conceder la licencia a Previpaz S.L., ya con el número dos de Ricardo Sánchez, Juan Manuel López, al frente del Ayuntamiento mairenero. 

El juez sostiene que el proyecto de la empresa familiar del miembro de la ejecutiva del PP andaluz se ha “beneficiado de esa prevalencia logrando una inusitada e infrecuente extremada diligencia administrativa, en la emisión de informes técnicos, jurídicos y resoluciones 'todas favorables' en muy corto espacio de tiempo”, a pesar de “los reiterados incumplimientos” en los que incurrió la empresa a la hora de solicitar las licencias y de llevar a cabo las obras, como constata la Policía Judicial en su investigación. 

Todo ello lleva a apuntar a un presunto delito de prevaricación administrativa, al calificar de “irregular” la emisión de las resoluciones asociadas al mismo. Según argumenta el informe, la administración local “concede la licencia de obra mayor a sabiendas de que no se había cumplido en tiempo y forma” el trámite de audiencia legalmente exigido. El juez, guiado por el informe de la Guardia Civil, incorpora también el delito de prevaricación urbanística, ya que la promotora llevó a cabo “las obras del reformado de bar/cafetería/cocina y la zona de instalación del horno crematorio, sin la preceptiva licencia de obra o declaración responsable”. 

¿Por qué es relevante el caso?

El caso del tanatorio trasciende el ámbito local y supone un terremoto político capaz de sacudir los cimientos del PP a nivel provincial y regional. Por un lado, la imputación del líder del partido en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha reabierto las heridas internas del PP sevillano, sembrando de nuevo entre sus filas la sombra de la desconfianza.

Este procedimiento judicial ha salpicado también al propio presidente Juan Manuel Moreno, en la medida en que implica a altos cargos de su círculo de confianza, como Francisco Rodríguez Roa, quien forma parte de su ejecutiva en el PP de Andalucía, o Ricardo Sánchez, delegado de su gobierno en Sevilla. Todo ello en un contexto en el que Moreno enfrenta también la imputación de la gerente del SAS por los contratos a dedo y una creciente presión parlamentaria, alimentada por su máximo rival: un PSOE andaluz que acaba de cambiar de líder y ha arrancado con fuerza su carrera electoral para reconquistar la Junta.

En definitiva, el caso del tanatorio entraña un dolor de cabeza político y judicial para los de Moreno, ya que ha devuelto la corrupción al centro del debate político en Andalucía. Y amenaza con desgarrar el traje impecable del presidente andaluz, justo cuando más necesita mantener la imagen de transparencia y pulcritud que ha proyectado hasta ahora, en un contexto que huele a campaña electoral, a año y medio de las elecciones andaluzas.

Calendario de citaciones

Las declaraciones de los seis investigados ante el juez arrancan este lunes 3 de marzo con Ricardo Sánchez. Le seguirá el alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, el martes 4. La próxima semana será el turno de Francisco Rodríguez Roa, citado para el 13 de marzo, y del administrador de Gesit S.L. Juan Alfonso F. C., quien comparecerá ante el juez el día 14. La segunda quincena de marzo lo harán el exdelegado de Urbanismo José Navarro (el 17 de marzo), y el asesor jurídico José Antonio G. G., quien cerrará la ronda de citaciones el día 18.

Esta fase representa el primer paso de una investigación judicial que busca esclarecer la legalidad de las decisiones administrativas tomadas en Mairena del Alcor desde la etapa de Ricardo Sánchez, así como dirimir si se priorizó o no beneficiar intereses privados sobre los públicos. Este calendario no solo marca los tiempos de la investigación judicial, sino también el tablero político a nivel provincial y andaluz.

El alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López (PP), imputado recientemente en la causa abierta contra varios dirigentes populares por la trama urbanística del tanatorio, “incumplió” la normativa vigente al autorizar la construcción del centro funerario privado promovido por la empresa familiar de un alto cargo del partido a nivel andaluz (Francisco Rodríguez Roa), también encausado. Así lo recoge el atestado de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que ha llevado al juez a atribuirles la condición de investigados por posibles delitos de tráfico de influencias, y prevaricación administrativa y urbanística.

Tras siete meses de investigación, la Guardia Civil concluye que la administración local “no actuó con arreglo a la normativa vigente” y sí “en favor de la mercantil Previpaz S.L.”, que promovió la construcción del tanatorio privado y de la que fue apoderado Rodríguez Roa, hoy miembro de la ejecutiva regional del presidente Juan Manuel Moreno y consejero de la RTVA por designación de su partido.

La Policía Judicial ha detectado “incumplimientos reiterados de normas establecidas” relacionados con la tramitación del expediente de Previpaz S.L. y con las normas urbanísticas aplicables al proyecto. Por un lado, el Consistorio concedió la licencia de obra aunque la documentación que había aportado la empresa estaba “fuera de plazo e incompleta”. Y por otro, se autorizó la edificación del centro privado (hoy ya construido) en unas condiciones que no estaban recogidas en ese momento en el planeamiento urbanístico, modificado a posteriori.

Trámites de audiencia “incumplidos manifiesta y reiteradamente”

En primer lugar, la Guardia Civil certifica que la promotora incumplió “manifiesta y reiteradamente” los trámites de audiencia legalmente exigidos, es decir, los plazos para subsanar las deficiencias que los técnicos municipales habían detectado en el proyecto presentado en la solicitud de la licencia de obra mayor, necesaria para construir el tanatorio en un polígono del municipio.

Según la normativa, cuando se detectan deficiencias subsanables en los informes técnicos y jurídicos, la administración debe requerir al solicitante que las subsane en un “plazo no superior a un mes”. De lo contrario, “se procederá a la declaración de caducidad del procedimiento”. La cronología de la Guardia Civil recoge que la promotora incumplió esos plazos (más de 80 días en un primer caso y más de cuatro meses en un momento posterior). Y, aun así, la administración local resolvió “favorablemente” la petición, cuando debería haber notificado la “caducidad del expediente y no conceder licencia de obra”, según consta en el atestado.

La Secretaría General de la Agencia Urbanística del Ayuntamiento reconoce que mantuvo abierto el expediente de Previpaz y lo justifica alegando que es el proceder “habitual” de la administración ante este tipo de proyectos urbanísticos. No obstante, la Guardia Civil insiste en su informe en que “cuando esos incumplimientos son reiterados en el tiempo en un mismo expediente urbanístico que dan pie a resoluciones que benefician a terceros [en este caso, a una empresa afín a su partido], las normativas deben ser cumplidas y, más aún, si así lo hace constar el asesor jurídico en sus informes”.

La Policía Judicial concluye que, por el contrario, la administración local actuó “con exquisita y sorprendente diligencia administrativa por parte de las técnicas, jurídico y políticos de la agencia de urbanismo para solucionar ellos lo incumplido por el promotor”. Se refiere a que, mientras que el interesado tardó meses en presentar la documentación requerida, los técnicos municipales firmaron las resoluciones con “extremada diligencia administrativa”, llegando a aprobar “en un solo día” varias resoluciones, incluso en domingo, para conceder la licencia en un plazo de apenas cinco meses. De ahí que se aprecien indicios de prevaricación administrativa por parte de los responsables municipales y de los promotores del proyecto.

Sin las “preceptivas licencias” para las reformas

Por otro lado, la Guardia Civil también detecta irregularidades en las siguientes fases del proyecto, que apuntan a indicios de prevaricación urbanística. La promotora tenía intención de llevar a cabo dos reformas, una para instalar un bar/cafetería y otra para un horno crematorio, lo cual requería solicitar nuevas licencias para adecuar el tanatorio a los nuevos usos que se pretendían incorporar. La Policía Judicial ha podido comprobar en sus inspecciones que estos espacios están hoy “ejecutados en su totalidad”, a pesar de que la empresa no contaba con “las preceptivas licencias de obra o declaración responsable que habiliten la ejecución” de esas obras.

En este punto del informe, se recuerda que la administración local tiene “la obligación de vigilar los servicios urbanísticos”, pero en este caso el Ayuntamiento de Mairena del Alcor obró “omitiendo en todo momento la realización de inspecciones de carácter obligatorio”, extremo también reconocido por la Secretaria General. Así lo subraya el juez en el auto emitido el pasado 5 de febrero, donde se expone que el proyecto de la empresa familiar del alto cargo del PP andaluz se ha “beneficiado” de “una inusitada e infrecuente extremada diligencia administrativa, en la emisión de informes técnicos, jurídicos y resoluciones 'todas favorables' en muy corto espacio de tiempo”, a pesar de “los reiterados incumplimientos” en los que incurrió la empresa.

Este periódico ha tratado de contactar con los responsables municipales para recoger sus impresiones sin éxito. El alcalde de Mairena del Alcor se pronunció hace unos días sobre estos aspectos del atestado, defendiendo que la Guardia Civil “ignora en el informe los escasos recursos técnicos del Ayuntamiento para realizar tales visitas de inspección, así como la forma de actuar habitual en este tipo de expedientes”. En un vídeo difundido en redes sociales, añade que “no existen medios para hacer el expediente tal como se debiera hacer” y justifica que en el caso del tanatorio se ha seguido el mismo proceder que en “todos los expedientes” que gestiona la administración local, y el que siguen “casi el 99% de los ayuntamientos de la provincia”. El líder del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, también imputado en este caso por su etapa como alcalde de este municipio, defiende “haber actuado conforme a la ley”.

“Adecuar la norma al proyecto”

El otro indicio de irregularidad que esgrime la Guardia Civil tiene que ver con las condiciones de edificación del proyecto del tanatorio privado. Según el atestado, las normas urbanísticas “se adecuaron” al proyecto a posteriori, una vez que estaba construido en el polígono industrial El Gandul. Los informes acerca del tanatorio recogían que la tipología de ese proyecto en cuestión (en relación con el cerramiento exterior y el retranqueo) estaba regulada en un artículo del planeamiento urbanístico, que requería de una modificación y en ese momento no estaba aprobada.

La obra del tanatorio de Previpaz S.L. se llevó a cabo en otoño de 2021, de acuerdo con la cronología de la Guardia Civil, pero la modificación de esas normas para “flexibilizar las condiciones de edificación y las condiciones arquitectónicas” en la zona (específicamente sobre el cerramiento exterior y el retranqueo de las naves industriales) no se aprobó en pleno del Ayuntamiento hasta un año después, el 15 de noviembre de 2022.

Para esa fecha “la obra civil está construida, o muy avanzada en su desarrollo, de hecho, están en la obtención de licencia de apertura, cambio de titularidad e incluso se empieza a solicitar autorización para la instalación de horno crematorio a la Consejería de Salud”, expone la Guardia Civil. De ahí que entiendan “que se llevó a cabo la obra sin estar vigente esa modificación que en todos los informes técnicos se señalan”, como concluye el informe.

Por todo ello, la Policía Judicial considera que la concesión de la licencia para el tanatorio privado de Mairena del Alcor está rodeada de una serie de irregularidades que han motivado la ampliación de la investigación judicial en la que varios dirigentes del PP están siendo investigados por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y administración desleal.

El presidente del PP de Sevilla y delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Ricardo Sánchez, afronta su imputación en el caso del tanatorio de Mairena del Alcor desde “la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley” durante su etapa como alcalde del citado municipio sevillano. El titular del Juzgado número 1 de Carmona lo ha citado a declarar en calidad de investigado por un posible delito de administración desleal, relacionado con haber frenado el proyecto de un tanatorio público –durante ocho años– para autorizar uno privado –en cinco meses– a la promotora familiar de un alto cargo del partido, también encausado.

El sucesor de Ricardo Sánchez al frente de la alcaldía de Mairena del Alcor, el actual regidor Juan Manuel López, también niega cualquier “pelotazo urbanístico” o “tráfico de influencias” en el proyecto del tanatorio privado que investiga el juez, que lo acaba de imputar por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias, junto a un miembro de la ejecutiva regional del PP, Francisco Rodríguez Roa, otrora apoderado de la empresa promotora (Previpaz S.L.). También figuran como investigados el anterior concejal de Urbanismo y actual presidente del PP en Mairena, José Navarro, un asesor jurídico del ayuntamiento, y el administrador de la mercantil que solicita la licencia de obra por encargo de la promotora familiar de Rodríguez Roa.

Tanto Ricardo Sánchez como Juan Manuel López confían en que la causa judicial abierta sirva para demostrar “la falsedad de las acusaciones del PSOE”, cuya denuncia interpuesta en abril de 2024 motivó la apertura de diligencias por parte del juez, que los ha citado a declarar los días 3 y 4 de marzo, respectivamente. El titular del juzgado que lleva el caso ha decidido dar este paso a raíz del atestado de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que concluye ampliando la investigación al sumar indicios de dos nuevos delitos (prevaricación urbanística y administración desleal) y otros tres investigados.

Ni especulación ni horno, pero sí “incumplimientos reiterados”

Tras meses de investigación, la Guardia Civil recopila en su informe “indicios racionales” que apuntan a un posible delito de tráfico de influencias, así como de otros “ilícitos penales relacionados con todas las acciones de los responsables municipales, sus asesores y mercantiles por haber permitido la construcción del tanatorio”, promovido por la empresa familiar de Rodríguez Roa, según figura en el informe al que ha tenido acceso este periódico.

Fruto de ese trabajo, el juez ha decidido imputar a los dirigentes del PP al considerar que el atestado de la Policía Judicial “apuntala” su supuesta participación en posibles actos delictivos. No obstante, el líder del PP de Sevilla y el actual alcalde de Mairena del Alcor se aferran en defender su inocencia asegurando que “no ha habido ningún tipo de pelotazo urbanístico ni tráfico de influencias” relacionada con la parcela del polígono industrial en la que se ha construido el tanatorio, como ha manifestado Juan Manuel López en un vídeo difundido en redes sociales.

Estos dos dirigentes populares –los únicos investigados en esta causa que se han defendido públicamente– también señalan que la Guardia Civil ha manifestado en su informe que el PSOE de Mairena del Alcor “aportó datos que no se corresponden con la realidad”. Con esta afirmación, se refieren a dos de los apartados del atestado. Uno relativo a una imagen que adjuntaron los socialistas en su denuncia, apuntando a que el horno crematorio ya estaba instalado (sin haber obtenido la licencia para ello). Y otro, sobre la supuesta especulación que denunció el PSOE en torno a la parcela.

Sobre estos dos aspectos de la denuncia, la Policía Judicial responde que “la fotografía no se ajusta a la realidad”, tras certificar en su inspección que si bien “el bar/cafetería y el lugar donde se debe ubicar el horno crematorio sí están construidos y modificados según proyecto reformado [sin licencia]”, el horno “no ha sido instalado”. Y también descarta que haya existido “especulación alguna en la enajenación directa” de las parcelas donde se ha edificado el tanatorio privado.

La Guardia Civil argumenta, asimismo, que el proyecto del tanatorio ha carecido de “las preceptivas licencias de obra o declaración responsable que habiliten la ejecución” de las reformas de la cafetería y del horno crematorio, extremo declarado expresamente por la Secretaria General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor. Así lo subraya el juez en el auto emitido este pasado 5 de febrero, donde se expone que el proyecto de la empresa familiar del alto cargo del PP andaluz se ha “beneficiado” de “una inusitada e infrecuente extremada diligencia administrativa, en la emisión de informes técnicos, jurídicos y resoluciones 'todas favorables' en muy corto espacio de tiempo”, a pesar de “los reiterados incumplimientos” en los que incurrió la empresa a la hora de solicitar las licencias y de llevar a cabo las obras, como constata la Policía Judicial en su investigación.

Petición de cese inmediato

El alcalde de Mairena del Alcor alude a esos aspectos en su vídeo, manifestando que en el atestado de la Guardia Civil “se siembran dudas sobre algunas cuestiones que pueden plantear una prevaricación, cuando no se tiene en cuenta un informe de la Secretaría que indica que no existen medios para hacer el expediente tal como se debiera hacer”, avisando de que el Ayuntamiento de Mairena del Alcor ha seguido en este caso el mismo proceder que con “todos los expedientes” que gestiona la administración local, y el que siguen “casi el 99% de los ayuntamientos de la provincia”.

Al igual que Ricardo Sánchez, Juan Manuel López dice ponerse “a disposición de la autoridad judicial” para aclarar los hechos, confiado en que “el tiempo es un juez impecable” y “nos pondrá a cada uno en su sitio”.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, ha exigido al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que “cese de inmediato” al delegado de la Junta en Sevilla, dada su supuesta implicación en el “escándalo” del tanatorio privado de Mairena del Alcor que le salpica por su etapa como alcalde del municipio. 

“Ricardo Sánchez no puede seguir al frente de la Delegación de la Junta en Sevilla ni un solo día más. No puede defender los intereses de la provincia una persona implicada en un caso de corrupción urbanística donde participan el PP local, provincial y regional”, ha condenado este miércoles Recio en nombre del PSOE sevillano. Entretanto, Ricardo Sánchez confía en poder “aclarar, colaborar y explicar al juez los hechos para demostrar la falsedad de las acusaciones del PSOE”.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Carmona ha resuelto imputar al líder del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, y a un miembro de la ejecutiva regional de Juan Manuel Moreno, Francisco Rodríguez Roa, entre otros dirigentes del partido, por su presunta participación en la trama urbanística del tanatorio de Mairena del Alcor, donde la Guardia Civil ha detectado indicios de delitos de tráfico de influencias, administración desleal y prevaricación.

En un auto emitido este mismo miércoles 5 de febrero, al que ha tenido acceso este periódico, el juez cita a declarar a los investigados el próximo mes de marzo. Ello en el marco de la causa abierta contra varios dirigentes del PP por paralizar durante ocho años el proyecto de un tanatorio público en Mairena del Alcor y autorizar –en cinco meses– otro privado a la promotora familiar de uno de los cargos investigados, Rodríguez Roa, en la que trabajó durante ocho años.

El juez también atribuye la condición de investigados por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencia al actual alcalde del municipio sevillano, Juan Manuel López, y a José Navarro, exconcejal de Urbanismo y actual presidente del PP de Mairena del Alcor. En total, figuran seis personas en la lista como investigados: los cuatro dirigentes populares mencionados, así como el asesor jurídico que autoriza la concesión del tanatorio privado y el administrador de Gesit S.L., la mercantil que solicita la licencia de obra por encargo de la promotora familiar de Rodríguez Roa (Previpaz S.L.).

En concreto, el magistrado atribuye a Ricardo Sánchez –también delegado de la Junta de Andalucía en la provincia y exalcalde de Mairena del Alcor– un presunto delito de administración desleal; a Juan Manuel López y Francisco Rodríguez Roa, un posible delito de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, en el que está implicado el asesor jurídico como “cooperador necesario”. A Roa también se le imputa prevaricación urbanística, junto al administrador de Gesit S.L. y José Navarro. Estos dos últimos también podrían incurrir en tráfico de influencias.

Sánchez niega las acusaciones y el PSOE exige su cese

Tras conocerse su imputación en la causa, el presidente del PP en Sevilla ha manifestado que afronta esta situación “desde la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley”. Ricardo Sánchez ha asegurado que se pone a disposición de la justicia en aras de “aclarar, colaborar y explicar al juez los hechos para demostrar la falsedad de las acusaciones falsas del PSOE”, según ha expresado en un comunicado.

Del otro lado, el auto del juez ha llevado al secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, a exigir al presidente andaluz que “cese de inmediato” al delegado de la Junta en Sevilla, dada su supuesta implicación en el “escándalo” del tanatorio privado de Mairena del Alcor que le salpica por su etapa como alcalde del municipio. “Ricardo Sánchez no puede seguir al frente de la Delegación de la Junta en Sevilla ni un solo día más. No puede defender los intereses de la provincia una persona implicada en un caso de corrupción urbanística donde participan el PP local, provincial y regional”, ha condenado este miércoles Recio. 

El presidente del PP sevillano prestará declaración ante el juez el próximo 3 de marzo como investigado. Una citación que, según ha apuntado el propio Sánchez, “me proporciona la oportunidad de zanjar este asunto con total transparencia”.

Indicios de posibles delitos cometidos

El juez ha decidido abrir la investigación en torno a la trama del tanatorio de Mairena del Alcor –denunciada en abril de 2024 por el PSOE local– después de estudiar el informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, donde se detallan los indicios delictivos fruto de “varios meses de arduo trabajo analizando y estudiando una profusa documental”, como remarca el auto.

En primer lugar, la resolución judicial alude al “abandono” del tanatorio público “en el que se habían invertido 21.118,76 € en 2015”, bajo la alcaldía de Ricardo Sánchez. De ahí que se le impute un presunto delito de administración desleal (castigado con una pena de prisión de dos a seis años, según el Código Penal) por haber causado “un perjuicio para el patrimonio público gestionado por su cargo”, según estima la Policía Judicial.

A continuación, el auto se centra en las “irregularidades” que rodean la construcción del tanatorio privado vinculado a la empresa familiar de Rodríguez Roa, que se autorizó en “muy corto espacio de tiempo”, mientras el proyecto municipal permanecía estancado durante años. En este punto, el juez se remite a las conclusiones de la Policía Judicial para justificar la posible imputación de un delito de tráfico de influencias (con penas de prisión de seis meses a dos años) al acreditarse la “prevalencia de los cargos públicos y su relación entre sí, en favor de un interés económico de por medio” a la hora de conceder la licencia a Previpaz S.L., ya con el número dos de Ricardo Sánchez, Juan Manuel López, al frente del Ayuntamiento mairenero.

El juez sostiene que el proyecto de la empresa familiar del miembro de la ejecutiva del PP andaluz se ha “beneficiado de esa prevalencia logrando una inusitada e infrecuente extremada diligencia administrativa, en la emisión de informes técnicos, jurídicos y resoluciones 'todas favorables' en muy corto espacio de tiempo”, a pesar de “los reiterados incumplimientos” en los que incurrió la empresa a la hora de solicitar las licencias y de llevar a cabo las obras, como constata la Policía Judicial en su investigación.

Todo ello lleva a apuntar a un presunto delito de prevaricación administrativa (castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público), al considerar “irregular” la emisión de las resoluciones asociadas al mismo. Según argumenta el informe, la administración local “concede la licencia de obra mayor a sabiendas de que no se había cumplido en tiempo y forma” el trámite de audiencia legalmente exigido.

El juez, guiado por el informe de la Guardia Civil, incorpora también el delito de prevaricación urbanística (penado con prisión de un año y seis meses a cuatro años), ya que la promotora llevó a cabo “las obras del reformado de bar/cafetería/cocina y la zona de instalación del horno crematorio, sin la preceptiva licencia de obra o declaración responsable”.

El titular del juzgado que lleva esta causa concluye la resolución judicial citando a Ricardo Sánchez para que comparezca el 3 de marzo como investigado. Al día siguiente, está citado a declarar el actual alcalde popular de Mairena del Alcor y para el 13 de marzo está convocado Francisco Rodríguez Roa, en calidad de apoderado de la empresa Previpaz S.L. y a la sazón Coordinador de Área de Empresas en la Vicesecretaría de Economía, Hacienda y Empleo de la Ejecutiva del Partido Popular de Andalucía y Consejero de RTVA por designación de su partido. El resto de investigados comparecerán ante el juez entre los días 14 y 18 de ese mismo mes.

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha detectado indicios de delitos de tráfico de influencias, prevaricación urbanística y administrativa, y administración desleal en la investigación contra tres dirigentes del PP de Sevilla, por paralizar durante ocho años el proyecto de un tanatorio público en Mairena del Alcor y autorizar –en cinco meses– otro privado a la promotora familiar de uno de los cargos investigados: Francisco Jesús Rodríguez Roa, miembro de la ejecutiva regional del presidente Juan Manuel Moreno y actual consejero de la RTVA por designación de su partido.

La Guardia Civil ha investigado estos hechos –a instancias del juez que abrió diligencias previas en junio de 2024– y ha hallado en ellos indicios de cuatro ilícitos penales, según consta en el informe remitido al juzgado con fecha de 13 de enero, al que ha tenido acceso este periódico. Además de ampliar los delitos que había denunciado el PSOE de Mairena del Alcor en abril, la Guardia Civil suma otros dos nombres a la lista de presuntos autores, donde ya figuraban Ricardo Sánchez, presidente del PP de Sevilla, delegado de la Junta de Andalucía en la capital y exalcalde de Mairena del Alcor; y Juan Manuel López Domínguez, actual alcalde del municipio sevillano.

Una de esas nuevas incorporaciones a la investigación es José Navarro Gómez, quien fue delegado de Urbanismo en el Consistorio mairenero entre 2015 y 2023. Actualmente preside el PP de Mairena del Alcor y ocupa un cargo de asesor en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla (gobernado también por los populares). El otro nombre es el de José Antonio García Gascón, el asesor jurídico que, según la Guardia Civil, autorizó de forma “irregular” la concesión de licencia de obra mayor en beneficio de la empresa familiar de Rodríguez Roa.

Los hechos investigados

El caso del tanatorio de Mairena del Alcor se remonta al año 2015. Fue entonces cuando el Ayuntamiento –con el actual líder del PP de Sevilla a la cabeza– aprobó en un pleno por unanimidad el proyecto de construcción de un tanatorio municipal, muy demandado por los vecinos. Un año después, en 2016, el Consistorio dio luz verde al anteproyecto del tanatorio. Pero la construcción nunca echó a andar y el proyecto de un centro funerario municipal se guardó en un cajón durante ocho años.

Entretanto, el mismo Consistorio –ya con Juan Manuel López al frente– autorizó en 2021 la licencia de obras para hacer un tanatorio privado (hoy ya construido) en otra ubicación del mismo municipio de 24.000 habitantes. El PSOE local denunció un “pelotazo urbanístico”, toda vez que la empresa adjudicataria de este proyecto pertenece a la familia de un alto dirigente del PP andaluz, Francisco Rodríguez Roa, y de la que formó parte como trabajador durante ocho años.

Los socialistas en Mairena del Alcor llevaron el caso a los tribunales en abril de 2024, convencidos de que la correspondiente investigación judicial desembocará en la primera imputación de dirigentes del PP en la ejecutiva del presidente Moreno. El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Carmona (Sevilla), Francisco José Córdoba, abrió diligencias previas en junio y ordenó a la Policía Judicial de la Guardia Civil que investigara si tras la paralización del tanatorio municipal de Mairena del Alcor se esconde un delito de prevaricación y tráfico de influencias, como apuntan los socialistas en su denuncia.

“Indicios racionales” de tráfico de influencias

Tras meses de investigación, durante los cuales se decretó el secreto de sumario para “evitar filtraciones indebidas” dado que afectaba “a una administración pública y a personas que regentan cargos públicos”, la Policía Judicial de la Guardia Civil concluye en su informe que “podríamos estar ante la comisión de ilícitos penales relacionados con todas las acciones de los responsables municipales, sus asesores y mercantiles, por haber permitido la construcción del tanatorio [vinculado a la empresa familiar de Rodríguez Roa]”.

Entre las infracciones al Código Penal detectadas, la Guardia Civil coincide con el denunciante en señalar que “existen indicios racionales a un presunto delito de tráfico de influencias” al acreditarse la “prevalencia de los cargos públicos y su relación entre sí, en favor de un interés económico de por medio”. La Policía Judicial lo argumenta poniendo el foco en la “excelente y exquisita diligencia administrativa” que dedicó la administración municipal a la hora de emitir los informes técnicos, jurídicos y resoluciones que requería la empresa vinculada al alto cargo del PP andaluz (Previpaz S.L.), “todas favorables en muy corto espacio de tiempo”.

Esa celeridad en la gestión –tardó cinco meses en ponerse en marcha– contrasta con la parálisis que sufre el proyecto municipal y con la lentitud con la que se tramitó otra iniciativa de naturaleza privada que surgió con anterioridad, según lo refleja el informe. La Guardia Civil considera este punto “un indicio relevante” de ese trato de favor que se denuncia, en la medida en que los responsables municipales obraron con “extremada diligencia administrativa” en el caso de la iniciativa afín a su partido (llegando a firmar “en un solo día” varios informes técnicos, jurídicos o resoluciones, incluso en domingo), mientras que el proyecto de otra mercantil que solicitó la licencia ocho meses antes se fue dilatando hasta que terminó “abandonándolo”.

Prevaricación administrativa y urbanística

A juicio de la Policía judicial, el posible tráfico de influencias también se pone de manifiesto en “la permisibilidad” de la administración a la hora de conceder la licencia requerida, a pesar de “los reiterados incumplimientos de los trámites de audiencia” que exige la ley, y de “permitir llevar a cabo las obras de los reformados sin la preceptiva licencia de obra mayor o declaración responsable” y de “no llevar a cabo labor inspectora de las obras que tiene encomendada la Agencia Urbanística en más de dos años”. Por todo ello, el informe concluye en este punto que “todos [los responsables municipales y asesores] tenían conocimiento y no se actuó con arreglo a la normativa vigente, y en favor de la mercantil Previpaz S.L.”.

La Policía Judicial también entiende que de la tramitación del tanatorio privado se deriva un presunto delito de prevaricación administrativa, al considerar “irregular” la emisión de las resoluciones asociadas al mismo. Según argumenta el informe, la administración “concede la licencia de obra mayor a sabiendas de que no se había cumplido en tiempo y forma” el trámite de audiencia legalmente exigido. El informe de la Guardia Civil apunta así como “cooperador necesario” al asesor jurídico que autorizó la concesión de licencia de obra mayor y la transmisión de la titularidad de esa licencia, aun cuando “los plazos de los trámites de audiencia han sido incumplidos manifiesta y reiteradamente”.

En relación con este punto, la Guardia Civil incorpora el delito de prevaricación urbanística, ya que la promotora llevó a cabo “las obras del reformado de bar/cafetería/cocina y la zona de instalación del horno crematorio, sin la preceptiva licencia de obra o declaración responsable”. Estos añadidos están hoy “ejecutados en su totalidad”, como así “queda patente en las inspecciones realizadas recientemente” por la propia Policía Judicial “y por los servicios técnicos del Ayuntamiento”, como garantiza el informe. En este punto se recuerda que la administración local tiene “la obligación de vigilar los servicios urbanísticos”, pero en este caso el Ayuntamiento de Mairena del Alcor obró “omitiendo en todo momento la realización de inspecciones de carácter obligatorio (...) y no se hizo nada al respecto”.

Lista de presuntos autores

Junto a esos delitos, la Guardia Civil señala también el de administración desleal, que atribuye al actual líder del PP de Sevilla y delegado de la Junta de Andalucía en la capital, Ricardo Sánchez. Según el informe, Sánchez habría causado “un perjuicio para el patrimonio público gestionado por su cargo”, durante su etapa como alcalde de Mairena del Alcor (función que desempeñó entre 2011 y 2019). En concreto, el informe menciona un “gasto de 21.118,76 euros” destinados a la redacción del proyecto constructivo y de explotación del tanatorio público, iniciado en 2015 “sin fecha concreta ni firma”, y abandonado posteriormente. Dicho proyecto, además, fue planteado sobre “suelo no urbanizable”, sin que se impulsara la modificación necesaria del planeamiento general para iniciar su construcción.

El resto de infracciones legales recaen sobre el número dos de Sánchez y actual alcalde, Juan Manuel López; sobre el anterior concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Mairena y hoy asesor técnico en la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, José Navarro Gómez; así como sobre “los administradores de las mercantiles Gesit Trazabilidad de Proyectos SL y Previpaz SL”, empresas que ejecutaron y promovieron el proyecto del tanatorio ya construido, y “quienes se han beneficiado de esa prevalencia que ha influido en beneficio del desarrollo del proyecto tanatorio”, según las conclusiones de la Guardia Civil.

A partir del contenido de este informe elaborado por la Policía Judicial, el juez encargado del caso tendrá que decidir a quién cita a declarar y a quién imputa, en función de los indicios detectados. Así, continuará avanzando el proceso judicial abierto contra varios dirigentes del PP en torno a posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencia.

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor, gobernado por Juan Manuel López Domínguez (PP), adjudicó a dedo más de dos millones de euros a empresas a lo largo de 2023 bajo la “ausencia total de procedimiento administrativo”, según consta en un informe de la intervención municipal, donde se advierte de irregularidades en la gestión económica, financiera, presupuestaria y contable de la administración local de este municipio sevillano de 24.000 habitantes.

En concreto, el interventor apunta que, durante el ejercicio de 2023, ha emitido un total de 206 “informes de reparo relativos a expedientes de gastos”. Parte de ellos invalidaban facturas correspondientes a suministros y servicios “por la ausencia total de procedimiento administrativo de contratación y presupuestario”, considerando que “devienen de actos nulos de pleno derecho”, como figura en el documento al que ha tenido acceso este periódico.

Los reparos son “advertencias de ilegalidad” que emite el órgano encargado de fiscalizar la gestión económica del Ayuntamiento. Cuando el interventor detecta visos de que la actuación de las entidades públicas no se ajusta a la legalidad, emite un reparo por escrito (es decir, una objeción a irregularidades o incumplimientos normativos), exponiendo las razones por las que considera que esa acción o gasto es improcedente. Ante esos avisos, el alcalde puede optar por acatar el reparo y subsanar las irregularidades, o puede desestimarlo y seguir adelante con el gasto previsto, como ha sucedido en el caso del regidor mairenero.

SevillaelDiario.es ha accedido a 35 resoluciones de gastos con reparos que suman en torno a 1.637 facturas de ferretería, electricidad o papelería, entre otros conceptos, contratadas a dedo por parte del Ayuntamiento y de la Agencia Pública de Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo (APAL). Todas ellas superan los dos millones de euros. Pese a estar incluidas en una resolución “fiscalizada desfavorablemente”, como figura en la propia factura, el alcalde del PP convalida el gasto de cada una de ellas y ordena su pago.

Fuentes del Consistorio consultadas por este periódico reconocen la existencia de esos reparos, pero declinan explicar cómo se ha llevado a cabo la contratación de esos suministros y servicios. Tampoco aclaran si se han subsanado las irregularidades señaladas.

Un procedimiento que “no es habitual”

Este periódico ha consultado a otros interventores municipales para conocer el alcance de este informe y señalan que “no es habitual” que un Ayuntamiento reciba en un año centenares de reparos por parte del interventor. Las mismas fuentes valoran que la cantidad adjudicada sin procedimiento administrativo –al menos dos millones de euros– es muy elevada para una administración de las dimensiones de Mairena del Alcor.

A esos más de dos millones de euros contabilizados en 35 resoluciones, habría que sumar las facturas de otros organismos autónomos (APRODI –Patronato Municipal del Centro Laboral de Disminuidos Psíquicos de Mairena del Alcor– y OAL Alconchel –Organismo Autónomo Local Alconchel gestiona los programas públicos de formación y empleo, Escuela Taller y Casas de Oficio–) en los que el interventor también ha identificado otras tantas resoluciones de facturas con reparos. 

Junto a las advertencias de intervención (órgano centrado en la fiscalización financiera), algunas facturas de las entidades públicas citadas también cuentan con un informe jurídico desfavorable emitido por la secretaría (enfocada en la legalidad jurídica del procedimiento). El secretario también encuentra irregularidades en la gestión de diversos contratos, relacionadas con falta de transparencia, incumplimiento normativo y posibles prácticas contrarias a la legislación vigente.

Entre ellas, la secretaría pone de manifiesto en sus informes una práctica recurrente por parte de la administración local: fraccionar contratos, es decir, trocear contratos en otros menores, aunque en todos ellos el objeto de la prestación es “idéntico o similar”, para así adjudicar el servicio directamente a una empresa determinada sorteando el proceso de licitación pública.

En los informes a los que ha podido acceder este periódico, la secretaría general del Ayuntamiento de Mairena del Alcor subraya que “se ha reiterado en numerosas ocasiones que, si se llevan a cabo adjudicaciones a través de distintos contratos menores con objeto idéntico o similar por cuantía superior a 15.000 se estaría fraccionando artificialmente el objeto del contrato y, por tanto, se estaría obrando en contra de lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público”.

Tres contratos para el alumbrado navideño

El informe incide en que “esta situación se vería agravada si estas adjudicaciones se llevan a cabo a un mismo proveedor, como es el caso de los suministros del área de fomento y desarrollo, donde prácticamente la totalidad de los suministros necesarios para la ejecución de los Programas” se adjudican a las mismas dos empresas de manera sistemática.

“En ningún caso, los importes de los contratos menores con idéntico o similar objeto pueden adjudicarse a una misma empresa si estos importes superan el umbral de la contratación menor”, esto es, más de 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o de 15.000, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. Los contratos menores tampoco “podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga”, recuerda secretaría, estimando “desfavorables” los contratos en los que se dan estas circunstancias contrarias a la legislación hasta que no se subsanen.

Un ejemplo del fraccionamiento irregular que señala la secretaría tiene que ver con la contratación del alumbrado navideño para el periodo 2022-2023. Para este cometido, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor con Juan Manuel López ejecutó tres contratos que, a juicio del secretario, “deberían tramitarse como un único expediente administrativo debido a que el objeto de los mismos es idéntico o similar”. Además, “la cuantía de los tres contratos superaría con creces la cuantía del contrato menor, por lo que debería tramitarse por procedimiento abierto simplificado reducido” de acuerdo con la legislación vigente.

La secretaría abunda que “los importes de los tres contratos son idénticos y se solicitan presupuesto a las tres mismas empresas siendo el adjudicatario propuesto de los tres expedientes el mismo empresario”. Por esta razón, concluye que “se trata de un fraccionamiento injustificado del objeto del contrato con el objeto de evitar la licitación pública lo que no está amparado por la Ley de Contratos del Sector Público”. La licitación pública exige abrir el contrato a un proceso competitivo en el que varias empresas puedan presentar ofertas, garantizando así la igualdad de oportunidades y mejores precios o condiciones para la administración.

No puede asegurar la legalidad en la gestión económico-financiera

En el informe –con fecha de julio de 2024– en el que el interventor da cuenta de los reparos emitidos en 2023, también se recrimina al Gobierno local que el órgano de intervención viene realizando funciones que “no le corresponden”, como llevar a cabo ciertos trámites de gestión “incompatibles con su función de control interno y su autonomía funcional”.

El interventor lo achaca a “la falta de medios y estructura en el propio Ayuntamiento y en los organismos dependientes”. Y lo identifica como prueba de “la ineficaz estructuración” del Consistorio de Mairena del Alcor y sus organismos dependientes. Por todo ello, afirma que “el actual desglose de entes dependientes del Ayuntamiento no asegura la eficacia, eficiencia y legalidad en la gestión económico-financiera, presupuestaria y contable”.

Para terminar, informa de que “se mantienen imprecisiones en los estados contables” relativos a “la aprobación de las liquidaciones de los presupuestos 2021, 2022 y 2023 y de las cuentas generales 2021 y 2022”. Frente a ello, el interventor asegura estar “trabajando en la depuración de los registros contables y los procedimientos de contabilización para conseguir que los estados contables reflejen la imagen fiel de la situación económico-financiera y patrimonial” del Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Carmona (Sevilla), Francisco José Córdoba, ha decretado el secreto de sumario sobre el proceso judicial abierto contra tres dirigentes del PP por encontrar indicios de prevaricación administrativa en torno al caso del tanatorio de Mairena del Alcor. El secreto total de las actuaciones para todas las partes –salvo para el Ministerio Fiscal– se ha acordado “por un tiempo no superior a un mes”, a contar desde la fecha en la que se firma el auto (20 de junio), según consta en la resolución a la que ha tenido acceso este periódico.

Con esta medida adoptada a instancias de la Policía Judicial de la Guardia Civil, el juez trata de “impedir injerencias o manipulaciones que tengan como objeto obstaculizar la investigación”, que se está llevando a cabo contra el presidente del PP de Sevilla, delegado de la Junta de Andalucía en la capital y ex alcalde de Mairena del Alcor, Ricardo Sánchez; contra el actual regidor del citado municipio sevillano, Juan Manuel López Domínguez; y contra Francisco Jesús Rodríguez Roa, miembro de la ejecutiva regional de Juan Manuel Moreno y actual consejero de la RTVA por designación de su partido.

El titular del Juzgado de Carmona considera así “adecuada y eficaz” la petición de la Guardia Civil de Sevilla de decretar el secreto sumarial, en aras de “evitar filtraciones indebidas dada la entidad de la causa que afecta a una administración pública [el Ayuntamiento de Mairena del Alcor] y a personas que regentan cargos públicos”.

En un auto firmado el día 4 de junio y notificado a las partes el día 11, el juez ordenó a la Policía Judicial de la Guardia Civil que investigase a los tres dirigentes populares, denunciados por el PSOE de Mairena del Alcor, por haber paralizado el anteproyecto de un centro funerario municipal aprobado en 2015 –siendo alcalde el hoy líder del PP de Sevilla–, dejarlo en suspenso siete años y autorizar, en 2021, la construcción de otro tanatorio privado a una promotora de la familia de Rodríguez Roa, dirigente popular y empleado de esta firma durante ocho años.

Los hechos denunciados

En 2015, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor –gobernado por el PP con Ricardo Sánchez a la cabeza– aprobó en un pleno por unanimidad el proyecto de construcción de un tanatorio municipal, muy demandado por los vecinos. Un año después, en 2016, el Consistorio dio luz verde al anteproyecto del tanatorio. Pero la construcción nunca echó a andar. 

Mientras tanto, en 2021, el mismo Consistorio –ya con Juan Manuel López al frente– autorizó la licencia de obras para hacer un tanatorio privado (hoy ya construido) en otra ubicación del mismo municipio de 24.000 habitantes. El tanatorio privado tardó menos de seis meses en ponerse en marcha, desde que la promotora vinculada a la familia de Rodríguez Roa solicitó la licencia –en mayo de 2021– hasta que el Ayuntamiento gobernado por el PP se la concedió en octubre de ese mismo año. Un mes después, el actual alcalde y Ricardo Sánchez –ya como presidente del PP de Sevilla– asistieron al acto de colocación de la primera piedra de este proyecto junto a los promotores.

El juez considera ahora que estos hechos denunciados por el grupo municipal socialista son “aparentemente” constitutivos de un delito de prevaricación administrativa. Al decretar el secreto de sumario, se espera avanzar en la investigación sin “injerencias o manipulaciones” que puedan obstaculizar las averiguaciones de la Guardia Civil durante el proceso que puede aclarar si tras la parálisis del proyecto de tanatorio municipal de Mairena del Alcor se esconde o no un delito.

El presidente del PP de Sevilla y delegado de la Junta de Andalucía en la capital, Ricardo Sánchez, ha descartado recurrir el auto de diligencias previas abierto por el Juzgado de Carmona por encontrar indicios de prevaricación administrativa en el caso del tanatorio de Mairena del Alcor. Municipio que Sánchez gobernó como alcalde entre 2011 y 2019, y que lleva con un proyecto de tanatorio municipal paralizado ocho años, mientras que el Ayuntamiento impulsó uno privado vinculado a la firma familiar de un alto cargo del partido en un plazo de seis meses.

Preguntado por este periódico, el líder popular ha dicho que no iba a recurrir “porque no hay sentencia” y prefería guardar silencio para no “expandir fango”. “Cuando haya sobreseimiento, entonces hablaré y mucho”, ha manifestado a la entrada de un acto que tenía agendado este jueves en la capital junto al actual alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, también investigado en este mismo proceso.

Contra este auto –firmado por el juez el día 4 de junio y notificado el pasado día 11–, cabe presentar recurso de reforma en el plazo de tres días o interponer recurso de apelación antes de cinco días desde su notificación a las partes, según señala el juez en el documento al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es. Aun así, Sánchez ha optado por no recurrir, según lo expresado a este medio.

Un silencio con advertencia

Hasta este jueves, el PP había evitado hacer declaraciones públicas en torno al proceso de investigación iniciado el pasado martes contra tres dirigentes del partido a nivel provincial y regional: el propio Ricardo Sánchez, el actual regidor de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, y Francisco Jesús Rodríguez Roa, actual consejero de la RTVA por designación de su partido y miembro de la ejecutiva regional de Juan Manuel Moreno.

Al ser preguntado por los periodistas a la salida del acto celebrado este jueves, el presidente del PP de Sevilla ha insistido en que no quería “expandir más fango” y ha aseverado que hablará cuando se cierre el caso porque “no tiene fundamento” y, entonces, “alguien tendrá que pedir perdón”, según ha añadido.

La investigación parte de una denuncia interpuesta por el grupo municipal socialista de Mairena del Alcor el pasado 11 de abril, pero el juez ha tardado dos meses en abrir diligencias y dar traslado a la Guardia Civil y al Ministerio Público. 

Según la acusación de los socialistas en la oposición, el líder del PP de Sevilla habría obrado como “cabecilla o urdidor” de una supuesta “trama” de “pelotazo urbanístico”, que arrancó durante su mandato como regidor en Mairena del Alcor y que continuó su sucesor, al mantener el freno al proyecto de tanatorio público aprobado por el Consistorio en 2015 mientras se impulsaba otro privado, en beneficio de la empresa familiar de Rodríguez Roa, y de la que formó parte como trabajador durante ocho años hasta que asumió el cargo de consejero en RTVA.

Colaborar con los jueces

Fue Juan Manuel López –número dos de Sánchez durante la etapa de este último como alcalde– quien concedió en 2021 la licencia de obras a la firma familiar de su compañero de partido, el también denunciado Rodríguez Roa. El tanatorio privado tardó menos de seis meses en ponerse en marcha, desde que la promotora vinculada al citado dirigente del PP solicitó la licencia –en mayo de 2021– hasta que el Ayuntamiento gobernado por el PP –ya con López al frente– se la concedió en octubre de ese mismo año.

El regidor popular ha sido el único miembro de su partido en hacer públicamente unas declaraciones sobre el proceso judicial iniciado este martes. En un comunicado remitido a los medios de comunicación expresa su “predisposición, respeto y colaboración a los jueces”, así como su deseo de que “esta situación se resuelva lo más pronto posible”.

López explica que “tal como está contada la historia aportada a través de una denuncia por parte del portavoz del grupo socialista de Mairena del Alcor, el juez puede entender que puede ser constitutiva de delito y, por tanto, solicita información complementaria para aclarar la situación”. De ahí que el alcalde diga “alegrarse” de que “se pida todo tipo de documentación aclaratoria por parte de su señoría, ya que así se podrá discernir este asunto de forma definitiva”. 

El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Carmona (Sevilla), Francisco José Córdoba, redactó el auto de apertura de diligencias previas contra tres dirigentes del PP por un delito de prevaricación administrativa el día 24 de mayo, pero lo firmó el 4 de junio y no se notificó a las partes hasta este martes 11, dos días después de que se celebraran las elecciones europeas.

Para el PSOE –entidad que registró el 11 de abril la denuncia que ha abierto este proceso de investigación en torno al tanatorio de Mairena del Alcor– esa demora no es casual y la achaca a un intento de evitar que la noticia revolucionara la recta final de la campaña electoral de las europeas, como sucedió con la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar como investigada a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a cinco días de las votaciones (celebradas el pasado 9 de junio). 

Los socialistas están convencidos de que esta investigación judicial supondrá la primera imputación de dirigentes del PP durante el mandato del presidente Juan Manuel Moreno, ya que implica al presidente del PP de Sevilla, delegado de la Junta de Andalucía en la capital y exalcalde de Mairena del Alcor, Ricardo Sánchez; al actual regidor de Mairena del Alcor, Juan Manuel López Domínguez; y a Francisco Jesús Rodríguez Roa, miembro de la ejecutiva regional de Moreno y actual consejero de la RTVA por designación de su partido; en una supuesta “trama” de “pelotazo urbanístico”.

Según la acusación del PSOE, el líder del PP de Sevilla habría obrado como “cabecilla o urdidor” de un plan que arrancó durante su mandato como regidor en Mairena del Alcor y que continuó su sucesor al mantener el freno al proyecto de tanatorio público aprobado en 2015 mientras se impulsaba otro privado, en beneficio de la empresa familiar de Rodríguez Roa, y de la que formó parte como trabajador durante ocho años.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico explican que es habitual que se dilaten las fechas entre que el juez redacta el auto –de dos páginas en este caso–, lo firma y se notifica. Respecto a su posible vinculación con el contexto electoral, señalan que el motivo “solo lo sabe el juez”. Cabe recordar la “regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos”, a la que aludió el presidente Sánchez en su “nueva carta a la ciudadanía”, tras conocer la citación formal a su pareja, Begoña Gómez, para declarar el 5 de julio, a cuatro días de las elecciones.

La oposición exige explicaciones, el PP guarda silencio

“El auto se sabe desde el 4 de junio, pero, qué casualidad, lo conocemos después de las elecciones”, ha ironizado este miércoles la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, quien se ha dirigido al presidente Moreno para pedirle que dé “explicaciones en el Parlamento” sobre lo que considera un “escándalo” y una “nueva relación de amiguetes con contratos de amiguetes, el modus operandi habitual de los contratos del PP en la Junta”, según ha apostillado.

De momento, ningún responsable del PP a nivel provincial o andaluz ha entrado a valorar el proceso judicial iniciado contra dirigentes de su partido. Algo que ha reprochado desde la Cámara andaluza la portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto: “En esta sobreactuación recurrente del Partido Popular con respecto a las responsabilidades políticas que deben solicitarse de inmediato para quienes se ven incursos en un procedimiento judicial, nos sorprende que cuando les saltan en casa no haya ninguna reacción”.

Fuentes del PP de Sevilla señalan a este diario su intención de recurrir el auto, pero no aclaran cuándo se llevará a cabo esa acción, contando con que los plazos para presentar recurso de reforma (en el propio juzgado) concluye en tres días y el de apelación (recurriendo a una instancia superior) expira en cinco desde su notificación a las partes.

Tan solo se ha manifestado públicamente el alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, quien en un comunicado remitido a los medios de comunicación expresa su “predisposición, respeto y colaboración a los jueces”, así como su deseo de que “esta situación se resuelva lo más pronto posible”. Para el regidor popular, “tal como está contada la historia aportada a través de una denuncia por parte del portavoz del grupo socialista de Mairena del Alcor, el juez puede entender que puede ser constitutiva de delito y, por tanto, solicita información complementaria para aclarar la situación”. De ahí que López diga “alegrarse” de que “se pida todo tipo de documentación aclaratoria por parte de su señoría, ya que así se podrá discernir este asunto de forma definitiva”.

Contactado por elDiario.es, Francisco Rodríguez Roa ha rehusado hacer declaraciones, aludiendo a las “mentiras” que dice verter este periódico contra él, aunque no las haya especificado tras ser preguntado.

Los hechos denunciados

Al abrir diligencias previas, la Policía Judicial de la Guardia Civil comienza a investigar si tras la parálisis del proyecto de tanatorio municipal de Mairena del Alcor se esconde un delito de prevaricación, como apuntan los socialistas en su denuncia.

El proyecto de construcción de un tanatorio público en Mairena del Alcor lleva paralizado más de ocho años, desde que el Ayuntamiento –gobernado entonces por el actual presidente del PP en Sevilla, Ricardo Sánchez– lo aprobó con el voto unánime del pleno municipal, en 2016. En paralelo, el Consistorio –ya con el número dos de Sánchez al frente de la alcaldía– autorizó la licencia de obras para hacer un tanatorio privado en otra ubicación del mismo municipio de 24.000 habitantes. 

La empresa que adquiere la licencia de construcción en 2021 (Gesit S.L.) termina traspasando este segundo proyecto a uno de sus clientes, la promotora Previpaz S.L, empresa propiedad de la familia de Francisco Jesús Rodríguez Roa, también responsable del área de Empresas en la Ejecutiva regional del PP que preside Juan Manuel Moreno. 

El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Carmona (Sevilla), Francisco José Córdoba, ha abierto diligencias previas por un presunto delito de prevaricación contra el presidente del PP de Sevilla, delegado de la Junta de Andalucía en la capital y ex alcalde de Mairena del Alcor, Ricardo Sánchez; contra el actual regidor del municipio, Juan Manuel López Domínguez; y contra Francisco Jesús Rodríguez Roa, miembro de la ejecutiva regional de Juan Manuel Moreno y actual consejero de la RTVA por designación de su partido.

En un auto fechado el 4 de junio, al que ha tenido acceso este periódico, el juez ordena a la Policía Judicial de la Guardia Civil que investigue a los tres dirigentes populares, denunciados por el PSOE de Mairena del Alcor, por haber paralizado el anteproyecto de un centro funerario municipal en 2016 –siendo alcalde el hoy líder del PP de Sevilla–, dejarlo en suspenso siete años y autorizar, en 2021, la construcción de otro tanatorio privado a una promotora de la familia de Rodríguez Roa, dirigente popular y empleado de esta firma durante ocho años.

El magistrado busca esclarecer la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso de tráfico de influencias, y ordena dar traslado a la Fiscalía de la apertura del procedimiento abreviado (fórmula judicial para agilizar la instrucción, enjuiciamiento y fallo de ciertos delitos).

La investigación parte de una denuncia interpuesta por el grupo municipal socialista en la oposición el pasado 10 de abril, pero el juez ha tardado dos meses en abrir diligencias y dar traslado a la Guardia Civil y al Ministerio Público. Contra este auto, cabe presentar recurso de reforma en el plazo de tres días o interponer recurso de apelación antes de cinco días desde su notificación a las partes.

El procedimiento abreviado se utiliza para las infracciones castigadas con pena de prisión inferior a nueve años u otras penas no privativas de libertad, a las que podrían enfrentarse los dirigentes populares.

Los hechos

En 2015, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, gobernado por el PP, aprobó en un pleno por unanimidad el proyecto de construcción de un tanatorio municipal, que lleva paralizado siete años. Entonces gobernaba el municipio Ricardo Sánchez. Durante ese tiempo de parálisis, en 2021, el mismo Consistorio –ya con Juan Manuel López al frente– autorizó la licencia de obras para hacer un tanatorio privado (hoy ya construido) en otra ubicación del mismo municipio de 24.000 habitantes.

El PSOE local denunció un pelotazo urbanístico, toda vez que la empresa adjudicataria de este proyecto pertenece a la familia de un alto dirigente del PP andaluz, Francisco Rodríguez Roa, y de la que formó parte como trabajador durante ocho años. Los socialistas están convencidos de que la investigación judicial supondrá la primera imputación de dirigentes del PP del presidente Moreno.

La empresa que adquiere la licencia de construcción del tanatorio privado en 2021 (Gesit S.L.) termina traspasando el proyecto a uno de sus clientes, la promotora Previpaz S.L, empresa propiedad de la familia de Rodríguez Roa, dirigente del PP andaluz y actual consejero de la RTVA por designación de su partido. Rodríguez Roa es el responsable del área de Empresas en la Ejecutiva regional del PP de Moreno, y ha trabajado “ocho años como uno más” para la promotora de su familia [fundada por Francisco Jesús Rodríguez Morales y especializada en servicios funerarios, seguros de decesos y tanatorios], según confirmó él mismo a este periódico, desvinculándose de la adjudicación del contrato del tanatorio mairenero.

Cronología

La cronología de los hechos se remonta a 2015, cuando el pleno de esta localidad sevillana (gobernada con mayoría absoluta por los populares y siendo alcalde Ricardo Sánchez) aprueba el proyecto de construcción y explotación de un tanatorio municipal “en el solar junto al cementerio de San José que resulte tras el derribo de la casa del sepulturero, sin uso desde hace años”.

Un año después, en 2016, el Consistorio dio luz verde al anteproyecto del tanatorio “con dos plantas y un semisótano, tres salas de duelo y túmulo, capilla, aseos y zona de administración y restauración”. Pero la construcción nunca echó a andar y el proyecto no pasó de ahí.

En los últimos siete años, el Ayuntamiento popular no ha avanzado con el tanatorio público –que volvió a prometer durante la campaña electoral de 2019–. Pero en octubre de 2021 autorizó la licencia de obras para otro tanatorio privado en otro punto del municipio, ubicado en un polígono a dos kilómetros del cementerio, y en noviembre de ese mismo año el actual alcalde, Juan Manuel López, participó en el acto de colocación de la primera piedra de este proyecto junto a los promotores.

La inversión privada –que contemplaba un edificio de “una sola planta”, con “tres salas de duelo con sus correspondientes túmulos, capilla, cafetería”, etc. según consta en el proyecto– superaba los 2,2 millones de euros. Tras el acto de la primera piedra del centro funerario privado, el actual alcalde escribió en sus redes sociales “hoy estamos de enhorabuena”, celebrando que “este servicio tan demandado por nuestros vecinos empieza a ser una realidad”. Aun así, aseguró que este proyecto no implicaba el “abandono” del tanatorio municipal, sino que venía a “complementarlo”. Tres años después, el tanatorio público está sin empezar y el privado está ya construido.

La denuncia socialista

La denuncia del PSOE, a la que ha tenido acceso este periódico, señala a Sánchez –quien fue alcalde de Mairena del Alcor entre 2011 y 2019– como “cabecilla o urdidor” de la supuesta “trama” del tanatorio privado. El hoy líder del PP en la provincia, ya como dirigente del partido, también asistió al inicio de las obras, mientras el proyecto municipal continuaba paralizado.

Los socialistas acusan a Ricardo Sánchez de incurrir en “dejación de funciones” durante su etapa como regidor al congelar la ejecución del proyecto municipal, que desde 2015 constaba en los informes como “viable tanto técnica como económicamente”, constituyendo además “una necesidad real de la población”, según recoge la denuncia.  

No fue hasta 2018 cuando Sánchez volvió a retomar el expediente del tanatorio público, requiriendo un nuevo informe al secretario general de la corporación, que avaló que los servicios funerarios eran “servicios de competencia municipal que debía de gestionarse desde la Administración”. Aun así, el Ayuntamiento mairenero mantuvo el proyecto de tanatorio público guardado en un cajón hasta hoy. 

El PSOE considera que el actual presidente del PP de Sevilla obró en “perjuicio del interés público” y en beneficio de intereses particulares, vinculados a su partido, toda vez que la promotora del tanatorio privado pertenece a la familia de un alto dirigente del PP andaluz, tal y como adelantó este periódico. La acusación que vierten los socialistas contra Ricardo Sánchez va más allá de sus funciones como alcalde, considerándolo el responsable de instar a su sucesor en el cargo, Juan Manuel López, a mantener el freno a la iniciativa municipal.

Fue López quien concedió en 2021 la licencia de obras a la firma familiar de su compañero de partido, el también investigado Rodríguez Roa. El tanatorio privado tardó menos de seis meses en ponerse en marcha, desde que la promotora vinculada al citado dirigente del PP solicitó la licencia –en mayo de 2021– hasta que el Ayuntamiento gobernado por el PP se la concedió en octubre de ese mismo año. 

El PSOE de Mairena del Alcor ha presentado una denuncia contra el líder del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, al que acusa de un delito de prevaricación y tráfico de influencias por frenar un tanatorio público para impulsar otro privado, en beneficio de la empresa de un alto cargo de su partido a nivel andaluz.

El grupo municipal socialista en la oposición señala a Sánchez –quien fue alcalde de Mairena del Alcor entre 2011 y 2019– como “cabecilla o urdidor” de la “trama” del “pelotazo urbanístico” que denuncia, toda vez que la empresa adjudicataria del tanatorio privado (hoy ya construido) pertenece a la familia de un alto dirigente del PP andaluz, Francisco Rodríguez Roa, y de la que formó parte como trabajador durante ocho años, tal y como adelantó este periódico.

La denuncia, registrada este jueves ante el Juzgado de Instrucción de Carmona, también va dirigida contra el propio Rodríguez Roa, hoy consejero de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) por designación de su partido, y el actual alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López Domínguez.

El proyecto de construcción de un tanatorio municipal en Mairena del Alcor lleva paralizado ocho años, desde que el Ayuntamiento –gobernado entonces por el actual presidente del PP en Sevilla, Ricardo Sánchez– lo aprobó con el voto unánime del pleno municipal, en 2016. En paralelo, el Consistorio autorizó la licencia de obras para hacer un tanatorio privado en otra ubicación del mismo municipio de 24.000 habitantes. 

Prevaricación por omisión

En la denuncia del PSOE, a la que ha tenido acceso este periódico, se acusa a Sánchez de incurrir en “dejación de funciones” al congelar la ejecución del proyecto municipal, que desde 2015 constaba en los informes como “viable tanto técnica como económicamente”, constituyendo además “una necesidad real de la población”.

No fue hasta 2018 cuando Sánchez volvió a retomar el expediente del tanatorio público, requiriendo un nuevo informe al secretario general de la corporación, que avaló que los servicios funerarios eran “servicios de competencia municipal que debía de gestionarse desde la Administración”. Aun así, el Ayuntamiento mairenero mantuvo el proyecto de tanatorio público guardado en un cajón hasta hoy.

Entretanto, en junio de 2017, el Gobierno local puso a la venta dos parcelas de titularidad municipal en las que hoy se ubica el tanatorio privado, construido en un polígono del municipio a dos kilómetros del cementerio. Los terrenos salieron a subasta pública por un precio total de 173.693,01 euros. Y, tras quedar desierta la subasta, el Consistorio –con Ricardo Sánchez al frente y Juan Manuel López como número dos– adjudicó las dos parcelas a un empresario del municipio vecino de El Viso del Alcor, que figuró el año pasado en las listas electorales del PP de El Viso del Alcor y que es representante de Copial Compañía Pineda Álvarez S.L, una firma dedicada a la “comercialización de electrodomésticos”.

El PSOE considera que el actual presidente del PP de Sevilla obró en “perjuicio del interés público” y en beneficio de intereses particulares, vinculados a su partido; de ahí que le atribuyan una “actuación prevaricadora por omisión”. La acusación que vierte el PSOE contra Ricardo Sánchez va más allá de sus funciones como alcalde, considerándolo el responsable de instar a su sucesor en el cargo, Juan Manuel López, a mantener el freno a la iniciativa municipal.

Supuesto trato de favor

Fue López quien concedió en 2021 la licencia de obras a la firma familiar de su compañero de partido, el también denunciado Rodríguez Roa. El tanatorio privado tardó menos de seis meses en ponerse en marcha, desde que la promotora vinculada al citado dirigente del PP solicitó la licencia –en mayo de 2021– hasta que el Ayuntamiento gobernado por el PP se la concedió en octubre de ese mismo año.

La inversión privada –que contemplaba un edificio de “una sola planta”, con “tres salas de duelo con sus correspondientes túmulos, capilla, cafetería”, etc. según consta en el proyecto– superaba los 2,2 millones de euros. “Hoy estamos de enhorabuena”, escribió en 2021 el actual alcalde en sus redes sociales, tras asistir al acto de colocación de la primera piedra del tanatorio privado, celebrando que “este servicio tan demandado por nuestros vecinos empieza a ser una realidad”. También Sánchez –ya como dirigente del PP en la provincia– asistió al inicio de las obras, mientras el proyecto municipal continuaba paralizado desde 2015.

La celeridad en la tramitación de ese proyecto privado –frente a la parálisis que sufre el municipal desde hace años– ha llevado al PSOE a denunciar ante los tribunales un supuesto “trato de favor”. A este respecto, la denuncia señala que la iniciativa impulsada por la empresa familiar de Rodríguez Roa no solo se impuso al proyecto de tanatorio municipal, sino también a otras iniciativas de naturaleza privada.

En concreto, el escrito presentado ante el Juzgado de Carmona alude a la solicitud de obras de otro promotor interesado en instalar un centro funerario en un polígono del municipio, presentada ocho meses antes de que lo hiciera la firma ligada al PP. “El Ayuntamiento tardó un año en analizar la propuesta presentada [en septiembre de 2020] para emitir las liquidaciones tributarias correspondientes [...], mientras que en el supuesto del Sr. Rodríguez Roa, desde que se presentó la propuesta inicial, hasta que se iniciaron las obras, se tardó en su tramitación menos de cinco meses”, expone el denunciante para argumentar la “diferencia de trato” que le achacan al actual alcalde mairenero.

La “empresa pantalla”

Según señala la denuncia, “el motivo de la paralización de dicha iniciativa municipal no es otro que no perjudicar los intereses económicos de su amigo y compañero de partido, el Sr. Rodríguez Roa, ya que la existencia de otro tanatorio en el municipio [previsto para ubicarse en el entorno del cementerio y no en un polígono industrial a más de dos kilómetros del mismo], haría peligrar la viabilidad económica del privado de su amigo, toda vez que la tasa de mortalidad del municipio suele rondar las 200 defunciones al año, es decir, al año un fallecido por cada dos días”.

La empresa que adquiere la licencia de construcción en 2021 (Gesit S.L.) termina traspasando este segundo proyecto a uno de sus clientes, la promotora Previpaz S.L, empresa propiedad de la familia de Francisco Jesús Rodríguez Roa, también responsable del área de Empresas en la Ejecutiva regional del PP que preside Juan Manuel Moreno.

El propio Roa, señalado por los denunciantes como “beneficiario de la trama”, ha trabajado “ocho años como uno más” para la promotora de su familia [especializada en servicios funerarios, seguros de decesos y tanatorios, fundada por Francisco Jesús Rodríguez Morales], según ha confirmado él mismo a este periódico, desvinculándose de la adjudicación del contrato del tanatorio mairenero.

El PSOE considera en su denuncia que la compañía familiar de Roa utilizó a Gesit S.L. como “empresa pantalla” para tramitar la licencia de obras sin “levantar sospechas”. La promotora beneficiaria Previpaz S.L no aparece en el inicio del expediente del centro funerario, pero sí termina adquiriendo los derechos de explotación en febrero de 2023, una vez construido el centro.

Rodríguez Roa es designado por su partido miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) en octubre de 2022. Un mes más tarde, en el número 226 del Boletín Oficial del Registro Mercantil aparece su nombre como apoderado entre las revocaciones de su empresa familiar. Aunque ya no conste como trabajador de la empresa propiedad de su familia para cuando Previpaz S.L. adquiere los derechos de explotación del tanatorio de Mairena del Alcor, el consejero de la RTVA reconoció a este periódico haber tenido conocimiento del proyecto del tanatorio mairenero durante su etapa en la compañía.

Al denunciar estos hechos ante los tribunales, el PSOE de este municipio sevillano solicita al juzgado que abra las diligencias correspondientes, en aras de que sea un juez el que investigue si tras la parálisis del proyecto de tanatorio municipal, se esconde un delito de prevaricación o tráfico de influencias, como apuntan los socialistas en su denuncia.

El Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) ha autorizado la instalación de una estatua antiabortista en una plaza del municipio. La iniciativa de impulsar un 'Monumento a la vida' parte de la asociación local Pro-Vida, que se ha encargado de recaudar fondos para sufragar los costes. Para su colocación en la vía pública, ha contado con el beneplácito del equipo de Gobierno, que ha acometido “los trámites para que pueda instalarse”, según confirman a este periódico fuentes municipales.

La estatua en defensa del “derecho a la vida” y de los “no nacidos” representa en bronce “la valentía de una mujer embarazada para seguir adelante con sus hijos”, como explica el presidente de la organización promotora, Manuel Fernández. La asociación Pro-Vida de Mairena del Alcor ha participado en diversas movilizaciones antiaborto y ha repartido insignias con forma de piececitos de feto a las mujeres que acuden a clínicas de interrupción del embarazo en Sevilla.

El 'Monumento a la vida' se inauguró el pasado 25 de marzo y, desde ese día, reposa en la plaza que también lleva el nombre de la Asociación Pro-Vida. Así fue bautizada oficialmente en 2016, cuando el pleno municipal de entonces –siendo alcalde Ricardo Sánchez, actual presidente del PP de Sevilla– aprobó por unanimidad (con los votos a favor del PP, PSOE y PA) concederle su nombre a una plaza cercana a la sede de esta entidad antiabortista. Pro-Vida cuenta en Mairena del Alcor con “el favor de la opinión pública del municipio por la labor social que desempeña desde hace 40 años”, apuntan fuentes de la corporación municipal.

La estatua que encierra un alegato en contra del aborto se ha colocado “a pie de calle, y a la altura del ciudadano, para que el mensaje cale hondo entre aquellos que lo contemplen”, como reza en el anuncio que difundió la asociación promotora de la iniciativa. Los operarios municipales fueron quienes instalaron la escultura en la plaza Asociación Pro-Vida, una vez aprobados los informes preceptivos por parte del Ejecutivo local gobernado por el PP.

Todo ello se llevó a cabo sin consultarlo con el resto de grupos políticos que conforman el pleno municipal, trasladan concejales de la oposición en el Ayuntamiento mairenero. Aun así, los partidos de la oposición (PSOE e IU) no han querido cuestionar esta acción, dado el peso social que ostenta la organización antiabortista en el municipio.

El actual alcalde de Mairena del Alcor, el popular Juan Manuel López, participó en el “homenaje a la defensa de la vida, al derecho del no nacido y a la fortaleza de las madres que conmemora los 40 años de la asociación”, como informó el Ayuntamiento en sus redes sociales tras el acto de inauguración del “'Monumento a la vida'”.

Una donación al pueblo de Mairena

La costes derivados de la fundición de la obra provida se han financiado mediante las aportaciones de los ciudadanos. “La única condición que puso la autora, Constanza Gavira, era que la financiación no saliera de los fondos de Pro-Vida con los que ayudamos a madres y bebés, sino que fuera por suscripción popular, gracias a muchas personas de Mairena y de fuera que han contribuido”, informa el presidente de Pro-Vida, integrada por 460 socios en esta localidad de menos de 24.000 habitantes.

Esta asociación contraria al aborto ha donado la estatua al Ayuntamiento de Mairena del Alcor, de modo que su mantenimiento corre a cargo de la administración pública, como indica Manuel Fernández, quien es también trabajador en el Consistorio.

Un gobierno local, en el uso de sus competencias en la gestión del espacio público, puede autorizar la colocación de monumentos en la vía pública sin debatirlo previamente en el pleno, indican expertos en Urbanismo consultados por este periódico. “Otra cosa es que sea moral si es algún tema sensible o relacionado con cuestiones de ideologías”, añaden.

De un modo u otro, se requiere que la administración local apruebe el correspondiente proyecto de ubicación. Algo que ha llevado “mucho tiempo”, de acuerdo con Fernández, quien asegura que se han aprobado los informes correspondientes.

Marchas y campañas antiabortistas

Además de convocar manifestaciones en contra de la ley del aborto y en apoyo de los movimientos antiabortistas de Hispanoamérica (en el contexto del proceso de legalización de la interrupción del embarazo en Argentina que se vivió en 2020), la asociación Pro-Vida Mairena del Alcor ha participado en la campaña “Cuarenta días por la vida”. El objetivo de esta campaña es disuadir a las mujeres que acuden a clínicas especializadas para interrumpir su embarazo.

Para ello, aparcan un vehículo –apodado por la organización como “furgón vidamóvil”– frente al centro en cuestión con mensajes contra el aborto. Los voluntarios que participan rezan el rosario y reparten folletos y los llamados “pies preciosos”, un pin que tiene patentado Pro-Vida de Mairena del Alcor y que representa, a tamaño real, los pies de un feto de diez semanas de gestación. Una imagen “que llega muy bien al corazón de las mujeres”, como remarcó el presidente de la asociación en una entrevista con motivo del décimo aniversario de la patente.

En paralelo a estas acciones, la organización desempeña en el municipio su particular obra social en beneficio de madres y familias necesitadas, gozando de una “valoración muy positiva” en Mairena del Alcor. De ahí que el pleno del Ayuntamiento al completo aprobara en 2016 bautizar con su nombre una plaza del municipio.

Referentes de Pro-Vida

La plaza Asociación Pro-Vida ha sido el enclave escogido para instalar el “'Monumento a la vida'”. El acto de inauguración celebrado el 25 de marzo, en plena Semana Santa, arrancó con la reproducción de una grabación del Papa, pero no el actual –Francisco–, sino el Papa Juan Pablo II (santificado por la Iglesia Católica) durante su primera visita a España: “Quien negara la defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona ya concebida, aunque todavía no nacida, cometería una gravísima violación del orden moral. ¡Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente!”.

Palabras que inspiraron el nacimiento de Pro-Vida Mairena, según recordó su presiente en redes sociales, citando también a Teresa de Calcuta cuando dijo “el aborto es el mayor destructor de la paz”.

El alcalde Juan Manuel López fue el encargado de concluir la ceremonia, celebrando que Mairena del Alcor, localidad sevillana que cuenta con la primera plaza de España dedicada a una asociación en contra del aborto, siga “aumentando así su patrimonio”.

La empresa ligada a un alto cargo del PP solicitó licencia de obra para construir un “tanatorio sin crematorio” en Mairena del Alcor en mayo de 2021. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, se la concede cinco meses después. Un año más tarde, en septiembre de 2022, la promotora solicita calificación ambiental para incorporar un horno crematorio a este centro funerario privado ya construido en un polígono del municipio.

Tras conocer este propósito, parte de la población se organiza “de manera espontánea” en torno a una plataforma ciudadana y apolítica denominada No al crematorio de Mairena del Alcor. Durante el periodo de alegaciones, recopilan casi 2.000 firmas de maireneros unidos por el objetivo común de frenar la instalación de un horno que, sostienen, está “demasiado cerca” de una zona residencial, un colegio y un club deportivo. Y que consideran “innecesario” porque ya existen otros dos en un radio de 12 kilómetros (en El Viso del Alcor y en Alcalá de Guadaíra).

Con estos argumentos, unos 200 vecinos respaldados por Ecologistas en Acción se han concentrado este sábado ante el Ayuntamiento, por ser la administración que tiene la competencia para conceder o no la calificación ambiental solicitada con objeto de implantar un crematorio. Además de precisar la calificación ambiental, dicha actividad está sujeta a evaluación de impacto en la salud por parte de la delegación territorial de la Consejería de Salud.

Por su parte, la arquitecta municipal dio luz verde al proyecto solicitado, entendiendo que “no altera los parámetros urbanísticos de aplicación, ya que el crematorio se sitúa en el espacio anteriormente destinado a almacén de cajas [en el tanatorio proyectado]”, tal y como consta en un informe firmado el 19 de enero de 2023. El crematorio quedaba así a expensas de lo que determinara la evaluación de Salud.

“Hoy no hay horno crematorio”, pero podría haberlo

La última novedad al respecto se ha conocido horas antes de que se celebrase la convocatoria de protesta. La tarde del viernes, el alcalde Juan Manuel López anunció que “precisamente ayer” recibió informe de Salud con resultado “desfavorable”. De modo que “actualmente no se puede conceder la calificación ambiental ni la licencia de obras del horno crematorio”, según declaró el propio regidor mairenero a través de un medio local.

“Hoy no hay horno crematorio ni posibilidad de que haya horno crematorio”, enfatizó el alcalde, para matizar a continuación: “Distinto es lo que suceda si se pueden subsanar todas las deficiencias que ese informe recoge”. Esta redacción se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para solicitar el informe, pero no ha tenido respuesta hasta el momento.

Al no ser “una resolución definitiva”, los vecinos temen que “el proyecto del crematorio siga adelante”. Y por eso han expresado su rechazo en un acto de protesta secundado por unos 200 maireneros y maireneras, de acuerdo con las estimaciones de la plataforma convocante.

Reapertura del periodo de alegaciones

Las declaraciones del alcalde informando sobre el informe desfavorable –difundidas la tarde previa a la convocatoria de protesta– contrasta con el “ocultismo” que le han recriminado los vecinos durante los meses que ha durado el procedimiento. De hecho, vecinos y ecologistas venían denunciando el “incumplimiento de las leyes de transparencia” por parte del Gobierno local. Se referían al hecho de que el Consistorio no publicó el expediente de calificación ambiental del crematorio en el portal de transparencia del Ayuntamiento durante el periodo de información pública que finalizó el 29 de noviembre de 2023, como estipula la ley.

La publicación del expediente en la web municipal se ha producido casi dos meses después porque su ausencia “no había sido advertida técnicamente con anterioridad”, según indica la agencia de urbanismo en uno de los documentos publicados en el expediente, con firma de 23 de enero. La misma semana en que este periódico informó sobre el proyecto del tanatorio privado promovido en tiempo récord por Previpaz S.L. (la empresa familiar de Francisco Rodríguez Roa, miembro de la ejecutiva de Juanma Moreno, consejero de RTVA y empleado de esta firma durante 8 años), mientras que el anteproyecto de un centro funerario municipal aprobado en 2016 lleva paralizado siete años.

Al publicarse ahora, se ha iniciado un nuevo trámite de información y participación pública durante un plazo de 20 días. El grupo vecinal y Ecologistas en Acción avanzan a SevillaelDiario.es que volverán a presentar las mismas alegaciones, así como las 1.856 firmas recogidas en el periodo anterior contra “una actividad que afectaría directamente a más de cuatro mil residentes, un colegio y un campo de deportes muy próximos”.

Población vulnerable afectada

El movimiento ciudadano surgió precisamente de la inquietud de vecinos como Pablo, que vive a menos de 400 metros de la parcela en la que se pretende llevar a cabo la obra, en una barriada que define como “de muchas familias, de jóvenes entrenando, de parques y colegios”. 

Después de conocer que un crematorio funciona como “una instalación industrial que emite gases contaminantes a la atmósfera incompatibles con usos residenciales”, como informan desde Ecologistas en Acción, inició junto a otros vecinos una campaña informativa para explicar a la ciudadanía los riesgos que entrañaba este proyecto por su ubicación. No sólo por estar próximo a un área residencial, sino también porque “la dirección de los vientos predominantes en Mairena del Alcor llevaría las emisiones y los malos olores directamente al pueblo”, según estiman los vecinos.

Las reivindicaciones de esta plataforma se sustentan en las apreciaciones que recoge el primer y segundo informe emitido por Salud el 20 de diciembre de 2022 y el 23 de junio de 2023, respectivamente. En sendos documentos, la delegada territorial de Salud advierte al promotor del futuro crematorio de la necesidad de subsanar una serie de aspectos de su proyecto que podrían condicionar la concesión de una evaluación favorable.

Entre otras deficiencias, se indicaba que la población afectada (aquella que reside dentro de un radio de 1.000 metros alrededor de la ubicación prevista para el proyecto) asciende a un total de 4.266 personas, frente a las 2.387 que contemplaba la documentación preliminar presentada por la empresa. Asimismo, instaba a la empresa a precisar la población vulnerable a la que alcanzarían las emisiones (pues dentro del radio se encuentra un colegio de infantil y primaria, entre otros centros de carácter social y deportivo).

Tanatorio sí, crematorio no

A todo esto los vecinos suman el argumento de que “no es necesario” un crematorio (como sí lo es un tanatorio donde celebrar los velatorios junto al cementerio, de acuerdo con el deseo que trasladan los vecinos). En este sentido, recuerdan que en un radio de 12 kilómetros existen ya dos hornos crematorios: el de Alcalá de Guadaíra y el de la localidad vecina de El Viso del Alcor. Dado que no lo consideran una necesidad ni una demanda del pueblo, presumen que estas instalaciones están pensadas para “desatascar” otros centros funerarios de la provincia. 

“Detrás de la demanda de un tanatorio, se ha camuflado la puesta en marcha de un crematorio, se ha tratado de presentar ese proyecto como necesario y de provecho para Mairena, algo que no lo es en absoluto: este crematorio no reportará beneficio alguno al pueblo”, han advertido los vecinos durante la concentración, asegurando que “los beneficios se los llevará la empresa que lo va a explotar”.

“Aquí quedará una chimenea que estará emitiendo constantemente y, para siempre, sustancias nocivas para nuestra salud. Todas las personas que vivimos o trabajamos cerca de esa chimenea estaremos absorbiendo y acumulando lentamente en nuestro cuerpo esas sustancias, consideradas dañinas y cancerígenas por distintos organismos oficiales”, como lamentan.

Idea que cuenta también con el respaldo de Ecologistas en Acción. Según explica a este periódico Isidoro Albarreal, uno de los portavoces de esta entidad medioambiental, Ecologistas rechaza la instalación del crematorio en Mairena del Alcor porque se pretende ubicar “en un sitio demasiado cercano a zonas residenciales”, cuando se tienen constancia de que los humos de estos hornos “generan emisiones a la atmósfera bastante perjudiciales para la salud”. Albarreal apela también a que “no hay necesidad” para instalarlo, pues los maireneros cuentan con “dos opciones muy cercanas que tienen ubicaciones que no afectan a los vecinos”.

Ante el temor de que la empresa pueda subsanar los aspectos señalados por Salud en su evaluación desfavorable, la plataforma ciudadana ha insistido este sábado en la necesidad de “no abandonar la movilización hasta que no esté dada una calificación ambiental negativa por parte del Ayuntamiento, ya que parece que el proceso de licitación del crematorio sigue adelante”.

La promotora Previpaz S.L., empresa familiar de un alto cargo del PP andaluz, Francisco Rodríguez Roa, adquirió la parcela del tanatorio privado de Mairena del Alcor (Sevilla) y obtuvo el permiso de obras del Ayuntamiento del PP en octubre de 2021, cuando el dirigente popular aún trabajaba para esta firma.

La promotora de la familia de Rodríguez Roa -miembro de la ejecutiva de Juanma Moreno y actual consejero de la RTVA- compró el solar del tanatorio privado sólo cuatro días antes de obtener la licencia de obras a través de una constructora que figura como una de sus “clientes” [Gesit S.L.], y que posteriormente le traspasó los derechos de explotación del centro funerario [en febrero de 2023].

Un mes después, en noviembre de 2021, fue el propio alcalde del municipio, el popular José Manuel López, quien puso la primera piedra del tanatorio privado, que hoy ya está construido a espera de inaugurarse.

El proyecto del tanatorio privado en Mairena del Alcor tardó menos de seis meses en ponerse en marcha, desde que la promotora vinculada a un dirigente del PP solicita la licencia -en mayo de 2021- hasta que el Ayuntamiento gobernado por el PP se la concede en octubre de ese mismo año.

El proyecto del tanatorio público, en cambio, lleva siete años bloqueado –desde que el Pleno municipal aprobó el anteproyecto en 2016– y el actual alcalde aún no aclara por qué, tras un parón inicial que achaca a “problemas urbanísticos”, sigue parado en 2024. Y por qué en 2021 autorizó en tiempo récord la construcción de un tanatorio privado en un municipio de 24.000 habitantes que será competencia directa del tanatorio público si algún día llega a realizarse.

Compra de última hora

Detrás del tanatorio privado de Mairena del Alcor, un proyecto de 2,2 millones de euros, hay dos empresas que mantienen vínculos contractuales: la constructora Gesit S.L, que solicita y obtiene la licencia de obras al Ayuntamiento, y la promotora Previpaz S.L. que compra el solar donde irá ubicado el tanatorio antes de que su “cliente” obtenga el permiso para construir.

La promotora ligada a la familia de Rodríguez Roa compró el solar donde se ubica el centro funerario privado el 15 de octubre de 2021, según consta en el Registro de la propiedad al que ha tenido acceso este periódico. Cuatro días después, el 19 de octubre, el Ayuntamiento le otorga la licencia de obras y un mes después se pone la primera piedra.

El mismo solar -sito en el número 11 de la calle Camino del Chorrillo de Mairena- aparece desde el principio en el proyecto de construcción del tanatorio que la constructora Gesit presenta al Ayuntamiento, como consta en el expediente registrado ante la Gerencia de Urbanismo.

El permiso de obra para construir en ese solar es de mayo de 2021, cinco meses antes de que Previpaz comprase el terreno. De modo que la adquisición del solar en el que se había proyectado el tanatorio se adquiere al final del proceso de tramitación de la licencia. Concretamente, un día después de que la ingeniera técnico industrial y la arquitecta municipales emitiesen sendos informes favorables. Y cuatro días antes de que el alcalde popular firmase la licencia de obra mayor a la constructora Gesit S.L.

En ese momento, Gesit S.L. es la empresa promotora. Pero Previpaz S.L. compra la parcela y, dos días antes, abona la tasa que le requiere la Gerencia de Urbanismo como requisito previo a concederle la licencia. Esta redacción ha contactado con ambas empresas y ninguna ha querido hacer declaraciones.

Empresa ligada a un alto cargo del PP

Francisco Jesús Rodríguez Roa, responsable del área de Empresas en la ejecutiva regional del PP andaluz y consejero de la RTVA por designación de su partido, trabajó durante ocho años para esta empresa, confirma él mismo, hasta que se desvincula oficialmente el 28 de noviembre de 2022, de acuerdo con el Registro mercantil.

Rodríguez Roa trabajaba para Previpaz S.L. en octubre de 2021, cuando ésta adquiere el solar donde se ubica el tanatorio privado con licencia de obras del Ayuntamiento gobernado por su partido. El dirigente del PP confirmó a este periódico que, en su etapa como empleado de la promotora, “tuvo conocimiento” del proyecto del centro funerario de Mairena del Alcor, “como otros tantos”, apostilla. “No era mi área, por eso no aparezco en las imágenes de colocación de la primera piedra”, puntualiza al respecto, negando haber ostentado ningún cargo de responsabilidad dentro del organigrama de esta empresa.

Aun así, en el Registro mercantil figuraba como “apoderado” de Previpaz S.L. Y como su representante, firmó en 2022 un contrato de concesión del servicio de otro centro funerario en el municipio onubense de Ayamonte, entonces gobernado por el PSOE, también con la empresa de su familia, según ha podido constatar este periódico.

Un proyecto público parado durante 7 años

Los terrenos donde hoy se erige el tanatorio privado en Mairena del Alcor eran municipales hasta 2018, cuando el Ayuntamiento gobernado por el PP se los vende a otro empresario –José Manuel Pineda Álvarez– que figuró como número 6 en la candidatura del PP de El Viso del Alcor en las elecciones municipales del año pasado. El alcalde del municipio en ese momento era Ricardo Sánchez, hoy presidente del PP de Sevilla, que ha declinado explicar a este periódico su relación con Pineda. O por qué entre 2016 y 2019, siendo él regidor, el prometido y aprobado proyecto de un tanatorio público ni siquiera llegó a iniciarse.

En declaraciones a este periódico, el empresario Pineda admite que formó parte de la candidatura del PP de su pueblo en las municipales del año pasado, pero niega estar afiliado al partido de Juanma Moreno –“Ir en las listas no significa ser del partido”–. Pineda Álvarez ha declinado hablar sobre las operaciones comerciales que realizó su empresa con el Ayuntamiento mairenero del PP porque, dice, “son confidenciales”.

La escritura de compraventa por la cual Previpaz S.L. adquiere la parcela del tanatorio privado de Mairena del Alcor está firmada el 15 de octubre de 2021 en El Viso del Alcor, municipio vecino donde está la sede social de la empresa de Pineda.

En 2021, cuando tiene lugar la operación exprés de constructora, promotora y Ayuntamiento de Mairena del Alcor para impulsar un tanatorio privado en seis meses, el proyecto del tanatorio municipal junto al cementerio llevaba cinco años empantanado.

Dos años antes de colocar la primera piedra, en la campaña electoral de 2019, el entonces alcalde en funciones y candidato del PP, volvió a prometer que haría "efectiva la construcción del tanatorio municipal” y explicó que “no se había podido ejecutar aún porque cuando fuimos a licitar las obras nos encontramos con que había un problema de calificación urbanística que afectaba a toda la zona del cementerio”.

López ha reconocido a este periódico que su predecesor, el ex alcalde de Mairena del Alcor y hoy presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, aprobó el anteproyecto del tanatorio público sin saber que la superficie elegida para su construcción (“en el solar junto al cementerio de San José”) era “suelo rústico y no se podía urbanizar”.

Ese parón inicial, no obstante, no explica que siete años después el Ayuntamiento no haya avanzado el proyecto público, en ese solar o en otra ubicación del municipio (por ejemplo, el terreno municipal que se adjudicó en 2018 a un empresario cercano al PP de El Viso del Alcor, que terminó en manos de la promotora vinculada a otro alto cargo del PP, donde se ha terminado construyendo el tanatorio privado).

El actual alcalde insiste en que el proyecto de un centro público “no se ha desechado” y asegura que “se va a realizar”. Preguntado por este periódico, el actual equipo de gobierno no ha aclarado si en estos siete años se ha barajado una ubicación alternativa, una recalificación del citado solar o una “declaración de actuación de interés público” para poder urbanizar en el suelo rústico anexo al cementerio, donde se proyectó la obra inicial.

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla), gobernado por el PP, aprobó en 2016 el anteproyecto de la construcción y explotación de un tanatorio público junto al cementerio. Un año después, en 2017, el Gobierno local puso en venta dos parcelas de titularidad municipal en otra ubicación del pueblo, donde hoy se levanta un tanatorio privado aún sin inaugurar.

El empresario que compró esos terrenos al Consistorio mairenero figura en las listas electorales del PP de El Viso del Alcor, un municipio vecino, en las municipales de 2023. Y la empresa promotora que hoy tiene los derechos de explotación del tanatorio privado –Previpaz S.L.– pertenece a la familia de un alto cargo del PP andaluz, miembro de la ejecutiva de Juanma Moreno, actual consejero de la RTVA designado por su partido.

Siete años después de dar luz verde al tanatorio público, el Ayuntamiento ni siquiera ha empezado el proyecto, no ha acreditado con pruebas documentales por qué ha permanecido parado todo este tiempo y no ha explicado por qué, en ese intermedio, autorizó y promocionó un tanatorio alterativo privado en un solar municipal comprado por un miembro del PP y construido y explotado por la empresa familiar de otro alto cargo del PP.

Dos parcelas y una subasta desierta

El terreno donde se ubica el tanatorio privado lo conforman dos parcelas que eran de titularidad municipal, hasta que en junio de 2017 el Ayuntamiento –siendo alcalde Ricardo Sánchez, actual presidente del PP de Sevilla– las pone en venta en subasta pública por un precio total de 173.693,01 euros.

La subasta queda desierta, permitiendo al Consistorio la adjudicación directa de los terrenos. Y es en julio de 2018 cuando adquiere las dos parcelas José Manuel Pineda Álvarez, “en nombre y representación de la entidad mercantil Copial Compañía Pineda Álvarez S.L”, con sede fiscal en El Viso del Alcor, según consta en el acta de adjudicación de la Gerencia de Urbanismo al que ha tenido acceso ese periódico.

El nombre de Pineda figura en la candidatura del PP de El Viso del Alcor en las elecciones municipales del año pasado, si bien no consta en las anteriores de 2019. La empresa con la que adquiere los terrenos municipales de Mairena donde se construye el tanatorio privado se anuncia en internet como una firma que tiene “varias vías de negocio”, entre las que destaca la “comercialización de electrodomésticos”.

El anterior alcalde, Ricardo Sánchez, y el actual regidor del municipio, Juan Manuel López, aparecen en el acta de la Gerencia de Urbanismo que aprobó la adjudicación del contrato de enajenación de los terrenos a este empresario ligado al PP.

Este periódico ha consultado a Ricardo Sánchez sobre el proyecto paralizado del tanatorio público durante los años que él fue regidor [entre 2016 y 2019] y sobre la venta, en 2018, de los terrenos municipales donde hoy está ubicado el tanatorio privado, pero el dirigente popular ha rehusado responder, remitiendo a su sucesor para cualquier explicación.

El precio de compra del solar es el mismo con el que salió a subasta. Sin embargo, esa cifra dista mucho de los 548.982,50 euros en los que estaban valorados estos terrenos, de acuerdo con la estimación que figura en el I Plan Municipal de Vivienda y Rehabilitación elaborado por la Gerencia Municipal de Urbanismo en abril de 2015. Salió a subasta por cuatro veces menos.

El solar que finalmente alberga el tanatorio privado se vendió en 2018. Un año después, en plena campaña de las municipales, el alcalde en funciones y candidato del PP, Juan Manuel López explicó en un vídeo que el centro funerario público “no se ha podido ejecutar aún porque cuando fuimos a licitar las obras nos encontramos con que había un problema de calificación urbanística que afectaba a toda la zona del cementerio”.

Urbanizar en “suelo rústico”

López ha reconocido a este periódico que su predecesor, Ricardo Sánchez, aprobó el anteproyecto del tanatorio público sin saber que la parcela elegida para su construcción era “suelo rústico y no se podía urbanizar”. El alcalde rehusó este lunes aclarar si en estos siete años, tras ese parón inicial, se ha barajado una ubicación alternativa, una recalificación del citado solar o una “declaración de actuación de interés público” para poder urbanizar en suelo rústico.

En cambio, en 2021 López puso la primera piedra del centro privado, que hoy ya es una realidad, y que cuenta con el rechazo de una plataforma vecinal por haber derivado en un proyecto de tanatorio-crematorio, a pesar de colindar con una zona residencial frecuentada por familias y deportistas, según trasladan los vecinos.

¿Por qué el Ayuntamiento mairenero autorizó la licencia de obras a una empresa privada para construir otro tanatorio que, presumiblemente, competiría con el proyecto público en un municipio de 24.000 habitantes? En conversación con este periódico, el regidor llegar a comentar que podría replantearse el proyecto anunciado como tanatorio municipal –inicialmente “con dos plantas y un semisótano, tres salas de duelo y túmulo, capilla, aseos y zona de administración y restauración”– y dejarlo en una “sala de duelos”.

Esta redacción ha vuelto a trasladar estas dudas y reclamado el expediente del proyecto inicial del tanatorio público al actual equipo de gobierno de Mairena del Alcor, que por ahora ha declinado responder. También ha tratado de contactar (sin éxito) con el empresario que adquirió el solar, José Manuel Pineda Álvarez, a través del PP de El Viso del Alcor, donde figuró como candidato en 2023. Fuentes del partido en este municipio han rehusado valorar la compra del solar para el tanatorio privado en el municipio vecino por parte de uno de sus candidatos.

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, sí ha valorado el asunto este lunes, a preguntas de los periodistas. Repullo defiende que el “pelotazo urbanístico” que denuncia el PSOE de Mairena del Alcor no puede afectar a su partido, por cuanto se trata de “una iniciativa privada que ha seguido el cauce administrativo legal para adquirir sus correspondientes autorizaciones”.

El número dos del PP andaluz alega que el tanatorio público “no es que no se quisiera hacer, sino que no se podía por motivos urbanísticos”, aunque no ha sabido explicar por qué estos supuestos problemas urbanísticos no se han sorteado en los últimos siete años. En cuanto a la vinculación de la promotora que va a explotar el centro funerario privado, vinculada a un alto cargo de su partido, el dirigente popular subraya que en cuanto asumió el cargo de consejo de RTVA se desvinculó de sus lazos empresariales.

El proyecto de construcción de un tanatorio municipal en Mairena del Alcor (Sevilla) lleva paralizado siete años, desde que el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, lo aprobó con el voto unánime del pleno municipal, en 2016. En paralelo, el Consistorio autorizó la licencia de obras para hacer un tanatorio privado (hoy ya construido) en otra ubicación del mismo municipio de 24.000 habitantes.

La oposición socialista denuncia un pelotazo urbanístico, toda vez que la empresa adjudicataria pertenece a la familia de un alto dirigente del PP andaluz y de la que formó parte como trabajador durante ocho años.

La empresa que adquiere la licencia de construcción (Gesit S.L.) termina traspasando este segundo proyecto a uno de sus clientes, la promotora Previpaz S.L, empresa propiedad de la familia de Francisco Jesús Rodríguez Roa, dirigente del PP andaluz y actual consejero de la RTVA por designación de su partido.

Rodríguez Roa es el responsable del área de Empresas en la Ejecutiva regional del PP que preside Juan Manuel Moreno, y ha trabajado “ocho años como uno más” para la promotora de su familia [especializada en servicios funerarios, seguros de decesos y tanatorios, fundada por Francisco Jesús Rodríguez Morales], según ha confirmado él mismo a este periódico, desvinculándose de la adjudicación del contrato del tanatorio mairenero.

Cronología de una obra pública sin empezar

La cronología de los hechos se remonta a 2015, cuando el pleno de esta localidad sevillana (gobernada con mayoría absoluta por los populares y siendo alcalde Ricardo Sánchez, actual presidente del PP de Sevilla) aprueba por unanimidad el proyecto de construcción y explotación de un tanatorio municipal “en el solar junto al cementerio de San José que resulte tras el derribo de la casa del sepulturero, sin uso desde hace años”.

Un año después, en 2016, el Consistorio dio luz verde al anteproyecto del tanatorio “con dos plantas y un semisótano, tres salas de duelo y túmulo, capilla, aseos y zona de administración y restauración”. Pero la construcción nunca echó a andar y el proyecto no pasó de ahí.

En los últimos siete años, el Ayuntamiento popular no ha avanzado con el tanatorio público –que volvió a prometer durante la campaña electoral de 2019–. Pero en octubre de 2021 autorizó la licencia de obras para otro tanatorio privado en otro punto del municipio, ubicado en un polígono a dos kilómetros del cementerio, y en noviembre de ese mismo año el actual alcalde, Juan Manuel López, participó en el acto de colocación de la primera piedra de este proyecto junto a los promotores.

Una inversión privada de 2,2 millones de euros

La inversión privada –que contemplaba un edificio de “una sola planta”, con “tres salas de duelo con sus correspondientes túmulos, capilla, cafetería”, etc. según consta en el proyecto– superaba los 2,2 millones de euros. “Hoy estamos de enhorabuena”, escribió en 2021 el alcalde en sus redes sociales tras el comienzo de las obras, celebrando que “este servicio tan demandado por nuestros vecinos empieza a ser una realidad”.

El regidor aseguró entonces que el nuevo centro funerario privado no implicaba el “abandono” del tanatorio municipal, sino que venía a “complementarlo”. Tres años después, el tanatorio público está sin empezar y el privado está ya construido.

¿Por qué el Gobierno local de Mairena del Alcor no ha iniciado el tanatorio municipal desde que aprobó el anteproyecto, hace siete años? ¿Por qué autorizó la licencia de obras a una empresa privada para construir otro tanatorio que, presumiblemente, competiría con el proyecto público en un municipio de tamaño medio (24.000 habitantes)?

“Problema urbanístico”

En la campaña electoral de las municipales de 2019, el alcalde en funciones y candidato del PP explicó en un vídeo que el centro funerario público “no se ha podido ejecutar aún porque cuando fuimos a licitar las obras nos encontramos con que había un problema de calificación urbanística que afectaba a toda la zona del cementerio”. En ese momento, López volvió a comprometerse a impulsar la “reordenación urbanística conveniente a fin de hacer efectiva la construcción del tanatorio municipal”, que incluyó de nuevo entre sus promesas electorales.

Consultado por este periódico, el alcalde sostiene que el tanatorio público no se ha realizado en estos siete años porque, después de aprobar el anteproyecto en el Pleno municipal, en 2016, se percataron de que la parcela anexa al cementerio donde iba a ubicarse tenía “la calificación de suelo rústico, por lo que no se podía construir nada que no fueran nichos”.

Un proyecto municipal no precisa de una licencia por parte del Ayuntamiento, como sí ocurre con iniciativas privadas, ni requiere supervisión técnica de la Gerencia de Urbanismo cuando está en fase embrionaria. Con todo, no es nada habitual que un consistorio autorice un proyecto urbanístico en unos terrenos municipales sin conocer la calificación de los mismos, según expertos en esta materia consultados por este periódico.

La solución para levantar un tanatorio público en el solar elegido, al ser suelo rústico, pasa por dos opciones: una es autorizar la construcción excepcional en suelo rústico, para lo cual el Gobierno local debe justificarlo aprobando una “declaración de actuación de interés público”, que requiere previamente un informe preceptivo de la Consejería de Fomento y Articulación del Territorio de la Junta de Andalucía.

La otra posibilidad es acometer una recalificación del suelo rústico a “suelo urbano con uso dotacional”, a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio. El regidor mairenero no aclara por qué, en siete años, no se optó por ninguna de estas dos opciones para desatascar el proyecto de un tanatorio público que se anunció en 2016 y se volvió a prometer en la campaña de las municipales de 2019. Tampoco explica por qué no se ha valorado una ubicación distinta todos estos años, sobre todo, una vez que en 2021 se autoriza la licencia de obras para el tanatorio privado.

A todas estas dudas sobre un expediente público empantanado durante siete años, el gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Mairena del Alcor ha respondido a este periódico con esta frase: “Está iniciado, aunque ahora es noticia el proyecto privado”. El propio alcalde insiste en que el expediente inicial sigue en vigor. “No se ha desechado ni ha dado orden de paralizar nada”, apostilla para redundar en que “se va a realizar”. Pero, acto seguido, y una vez que el tanatorio privado ya es una realidad, admite que podría replantearse el proyecto anunciado para hacer el público –“con dos plantas y un semisótano, tres salas de duelo y túmulo, capilla, aseos y zona de administración y restauración”– y dejarlo en una “sala de duelos”.

El portavoz del grupo municipal socialista en la oposición, Pedro Madroñal, critica que Juan Manuel López se haya “arrogado esa construcción [en referencia al centro privado] como un logro político”, e infiere que existen “indicios suficientes para pensar que hay una vinculación política” entre el Ayuntamiento mairenero y la promotora que ha construido el tanatorio privado, vinculada a un alto dirigente del PP andaluz. También José Manuel Morales, concejal de Izquierda Unida en este municipio sevillano, recrimina al equipo de Gobierno el “ocultismo” con el que se ha abordado el tema.

Un promotor familiar ligado al PP andaluz

La lista de preguntas sin responder sobre la paralización del tanatorio público durante siete años y la posterior autorización de un tanatorio privado conducen hasta la promotora beneficiaria Previpaz S.L, que no aparece en el inicio del expediente, pero sí termina adquiriendo los derechos de explotación en febrero de 2023. Esa empresa es propiedad de la familia de Francisco Jesús Rodríguez Roa, coordinador del área de Empresas en la Vicesecretaría de Economía, Hacienda y Empleo de la Ejecutiva regional del PP-A.

Rodríguez Roa es designado por su partido miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) en octubre de 2022. Un mes más tarde, en el número 226 del Boletín Oficial del Registro Mercantil aparece su nombre como apoderado entre las revocaciones de su empresa familiar.

Por tanto, para cuando Previpaz S.L. adquiere los derechos de explotación del tanatorio de Mairena del Alcor, el dirigente popular ya no consta como trabajador de la empresa propiedad de su familia. No obstante, en conversación con este periódico, reconoce haber tenido conocimiento del proyecto del tanatorio durante su etapa en la firma, aunque matiza: “No era mi área, por eso no aparezco en las imágenes de colocación de la primera piedra”.

El dirigente popular lamenta las acusaciones que le achaca la oposición socialista, que califica como “un malentendido”. Defiende que no hay ninguna irregularidad en este proyecto privado, que se ha llevado a cabo siguiendo el cauce administrativo legal, al igual que otros tantos que ha promovido esta empresa en otros municipios (buena parte de ellos gobernados por socialistas).

De hecho, Rodríguez Roa firmó como representante de Previpaz S.L. un contrato de concesión del servicio de otro tanatorio privado en el municipio onubense de Ayamonte, entonces gobernado por el PSOE. El consejero de la RTVA niega tener vínculos en la actualidad con la promotora del tanatorio privado de Mairena del Alcor, como denuncia el grupo socialista de la oposición, que acusa al equipo de Gobierno de “trato de favor”.

La empresa Previpaz S.L. asume la titularidad del proyecto y licencia del tanatorio en Mairena del Alcor en febrero de 2023. A partir de ese momento, Gesit S.L. (la firma que desde 2021 figuraba como promotora) asume el rol de constructora, tal y como consta en el cartel que se colocó en la parcela para anunciar las obras. Este periódico ha contactado con el responsable de Gesit S.L. (en cuya página web figura Previpaz S.L. como “cliente”) para preguntar por ese cambio de titularidad, pero ha declinado hacer declaraciones.

El Grupo La Paz (Previpaz S.L.) se dedica a los seguros de decesos, servicios funerarios y explotación de tanatorios. Cuenta con casi una docena de estas instalaciones en la provincia de Huelva, desde Ayamonte hasta La Palma del Condado, y algunas en municipios de Sevilla, como el de Mairena del Alcor, que aún no se ha inaugurado. En 2022, su fundador y presidente, Francisco Jesús Rodríguez Morales, recogió la distinción de Bandera de Andalucía que otorga la Delegación del Gobierno andaluz en Huelva en nombre de su empresa.