El juez amplía seis meses la investigación a dirigentes del PP en Sevilla por el caso tanatorio y cita a siete nuevos testigos

El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Carmona, que investiga al presidente del PP de Sevilla y a otros altos cargos del partido por una supuesta trama urbanística en la concesión del tanatorio privado de Mariena del Alcor, ha ampliado el periodo de instrucción otros seis meses y ha citado a declarar como testigos a siete funcionarios del Ayuntamiento, que emitieron informes municipales relevantes para la causa.

En un auto emitido el pasado 2 de abril al que ha tenido acceso este periódico, el juez que instruye el llamado caso tanatorio, Francisco José de Córdoba, acuerda declarar “compleja” la causa, fijando un plazo máximo para la instrucción de seis meses a partir del 24 de mayo. Así lo había solicitado la Fiscalía, a fin de abrir nuevas vías de investigación en una supuesta causa de corrupción que salpica a la plana mayor del PP de Juan Manuel Moreno.

De esta forma, el juzgado rechaza las peticiones de sobreseimiento y archivo de la causa que habían solicitado los seis investigados, entre ellos, el líder del PP de Sevilla y delegado de la Junta en la provincia, Ricardo Sánchez, el actual alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, y un miembro de la ejecutiva regional del presidente Moreno, Francisco Rodríguez Roa, que podrían estar implicados en posibles delitos de tráfico de influencias, administración desleal y prevaricación.

Es “prematuro” archivar la causa

El juez deniega archivar la causa esgrimiendo que “no existe en este momento procesal una absoluta falta de indicios, como se derivan de las investigaciones de la Policía Judicial, que impida la prosperabilidad de la continuación de las actuaciones con el material ya existente”. Considera, por tanto, “prematuro” determinar el “sobreseimiento actual”.

En este punto, recuerda el informe del fiscal de fecha de 20 de marzo, emitido después de declarar los seis investigados, en el que solicitaba tomar declaración como testigos a varios funcionarios “necesarios para el correcto esclarecimiento de los hechos y que, a su entender, evidencia la necesidad de acordar la prórroga”. Por todo ello, el magistrado señala la “improcedencia por prematura de cualquier decisión relativa al sobreseimiento”, que habían solicitado los dirigentes del PP imputados tras declarar en el juzgado.

Lejos de archivar la causa, el juez estima “necesario continuar la instrucción para valorar todas las circunstancias (incluidas las jurídicas) que puedan influir en la calificación de los hechos investigados”. Y para ello, amplía seis meses la investigación y cita a siete testigos “que en diverso grado y cualificación han participado en el control técnico y de legalidad de las actuaciones administrativas de las personas investigadas”.

Seis meses más para investigar los hechos

La investigación judicial se debe desarrollar en un plazo máximo de 12 meses desde la incoación de la causa, que en este caso arrancó en mayo de 2024, tras la denuncia interpuesta por el PSOE de Mairena del Alcor un mes antes. Una vez concluida la ronda de citaciones de los seis investigados el pasado 18 de marzo, el juez solicitó a las partes personadas sus alegaciones para prorrogar el periodo de instrucción, a instancias de la Fiscalía. Los abogados de los dirigentes del PP imputados en la causa pidieron entonces el sobreseimiento –no reclamaron nuevos testigos ni presentaron diligencias–, mientras que la defensa de la acusación solicitó nuevas diligencias de prueba para ampliar la investigación. 

El juez también ha desestimado algunas de esas diligencias de prueba solicitadas por el PSOE, acotando la investigación a los hechos recogidos en el auto del 5 de febrero, en pro de “la celeridad del procedimiento” y de evitar “dilaciones indebidas”. Sí ha aceptado ampliar el plazo reclamado igualmente por el fiscal, así como citar a declarar en calidad de testigos a varios trabajadores del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, cuyas declaraciones “resultan necesarias y de interés para la investigación de los hechos”, según el magistrado que lleva el caso.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Carmona investiga desde mayo de 2024 las supuestas “irregularidades” que rodean la concesión por parte del Ayuntamiento de Mairena del Alcor –con el PP al frente de la alcaldía– de un tanatorio privado a la empresa familiar de un miembro de la ejecutiva regional del partido que dirige el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno. El Gobierno municipal concedió esa licencia en apenas seis meses, mientras que mantenía guardado en un cajón el proyecto de construcción de un tanatorio municipal aprobado en 2015, con Ricardo Sánchez –actual líder del PP de Sevilla– como alcalde del municipio.

Siete técnicos y funcionarios municipales citados como testigos

Basándose en las conclusiones del atestado de la Guardia Civil, el pasado 5 de febrero, el juez decidió imputar a un total de seis personas, entre ellas, los tres dirigentes populares denunciados, considerando que el informe de la Policía Judicial “apuntala” la supuesta participación de todos ellos en posibles actos delictivos. La causa judicial parte de que la administración local “no actuó con arreglo a la normativa vigente” y sí “en favor de la mercantil” que promovió la construcción del centro privado en este municipio sevillano.

Todo los investigados declararon en marzo ante el juez como imputados por posibles delitos de tráfico de influencias, administración desleal y prevaricación. Al finalizar las citaciones, el fiscal consideró que estas “no son las únicas diligencias de instrucción que se antojan necesarias para el correcto esclarecimiento de los hechos” y propuso al juez nuevas vías de investigación y más tiempo para indagar.

El Ministerio Público defendió asimismo la pertinencia de escuchar a los autores de tres informes municipales emitidos durante los más de ocho años que el Ayuntamiento dejó paralizado el tanatorio público, mientras tramitaba –en apenas seis meses y de forma “irregular”– la licencia para construir un centro funerario privado, promovido por la empresa familiar de uno de los cargos investigados (Rodríguez Roa).

Se trata de Palma Fernández Espejo, secretaria del Ayuntamiento y autora de un informe fechado el 13 de marzo de 2015; Virgilio Rivera Rodríguez, secretario municipal y responsable de otro informe, fechado el 9 de julio de 2018; y por último, Patricia Cabello Pilares, vicesecretaria y autora de dos informes, uno fechado el 2 de julio y otro del 9 de octubre de 2024.

A esos tres nombres, el juez ha añadido ahora otros cuatro más: Rubén Mellado Troncoso en su calidad de arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Alcor; Elena Navarro Domínguez, como arquitecta del Ayuntamiento mairenero; Virginia Carmona Eger en su calidad de ingeniera del departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento; y Rocío Navarro Jiménez en su calidad de técnico jurídico de la administración local.

Ante la “imposibilidad” de practicar todas las declaraciones dentro del plazo de los 12 meses estipulados –que expira el próximo día 24 de mayo de 2025–, el juez ha resuelto declarar “compleja” la causa para dilatar seis meses más el periodo de instrucción, “sin perjuicio de ulteriores prórrogas que pudieran acordarse”. Esos siete testigos prestarán declaración a lo largo del próximo mes de mayo.