En octubre de 1977, el Parlamento español daba luz verde a la Ley de Amnistía, celebrada entonces, tras casi cuatro décadas de dictadura, como uno de los hitos de la transición en el camino hacia la democracia. Aquella norma, que permitió la liberación de miles de presos políticos y el retorno de los exiliados, acabó blindando en la práctica la impunidad judicial de funcionarios, agentes del orden público y otros responsables de los crímenes cometidos por el aparato franquista. En aras a la “reconciliación” nacional, el texto amnistiaba no solo a las víctimas, sino también a los verdugos, una decisión que colisionaba con el compromiso asumido por España apenas unos meses antes: en abril de ese mismo año, el Estado había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a investigar y garantizar justicia ante las violaciones de los derechos humanos. España, sin embargo, decidió olvidar.

Sobre ello puso negro sobre blanco, en 2014, el relator de la ONU Pablo de Greiff. En un demoledor informe, puso de manifiesto la deuda estructural del país con las víctimas del franquismo, marcada por la ausencia de una política de Estado en materia de verdad, justicia y reparación. Recriminaba, asimismo, que algunos de los capítulos más oscuros de la contienda y el régimen franquista continuaban envueltos en silencio, como los trabajos forzosos de presos, las muertes en bombardeos y los niños robados. Reprochaba la “indiferencia” institucional que delegó en las familias y las asociaciones la exhumación de sus muertos. Y denunciaba las restrictivas interpretaciones que los tribunales habían realizado de la Ley de Amnistía. Pablo de Greiff lo dejó claro: una democracia no se fortalece evitando estos debates, sino afrontándolos, por muy “complejos e incómodos” que sean.

“El derecho a la Justicia ha sido denegado en España”, resume desde Mallorca Catalina Moragues, autora de uno de los quince estudios inéditos sobre memoria democrática que el Govern balear encargó durante la pasada legislatura y que el actual Ejecutivo del PP mantiene sin difundir -según su versión, porque uno de los trabajos está pendiente de ser “enmendado”-. La jurista, la primera autora de los quince estudios 'ocultados' que decide hablar con un medio de comunicación, concede, sin embargo, que el escenario comenzó a cambiar con la ley estatal de memoria democrática de 2022, que, por primera vez, incorpora de forma expresa los principios de verdad, justicia y reparación.

Figura clave para entender el antifranquismo y la lucha obrera en Mallorca, Moragues (Alaró, 1951) fue elegida en las listas del Partido Comunista en las primeras elecciones municipales democráticas y formó parte del primer despacho laboralista de Balears, desde donde defendió los derechos de los trabajadores en plena Transición. Su trayectoria combina compromiso político, ejercicio del derecho -fue magistrada en la Audiencia Provincial de Palma- y activismo social, y ofrece un testimonio directo sobre la resistencia al franquismo, la construcción del sindicalismo y los retos actuales de la izquierda.

Entre libros e ingente documentación, Moragues recibe a elDiario.es en su vivienda, donde desgrana con precisión jurídica y memoria militante las grietas de un sistema que, a su juicio, continúa sin garantizar plenamente los derechos de las víctimas del franquismo. Moragues sitúa su análisis en el ámbito de la llamada justicia transicional -el marco desarrollado por Naciones Unidas para abordar violaciones masivas de derechos humanos en contextos de dictaduras o conflictos- y analiza hasta qué punto España ha respondido ante los crímenes del régimen franquista a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. La conclusión es contundente: España no solo arrastra el legado de una represión que impuso una memoria oficial que “solo hablaba de los caídos por Dios y por España”, sino que mantiene un bloqueo estructural que impide investigar judicialmente estos crímenes, evidenciando una deuda democrática aún no resuelta.

Su diagnóstico se apoya en el análisis de la práctica judicial de las últimas décadas, durante las cuales tribunales y fiscalías han mantenido una interpretación uniforme que ha impedido aplicar plenamente los estándares internacionales de derechos humanos y abrir la vía penal a estas investigaciones, recurriendo de forma reiterada a dos argumentos: la prescripción de los delitos y la aplicación de la Ley de Amnistía. La jurista asevera que esta interpretación entra de lleno en conflicto con el derecho internacional, que considera imprescriptibles los crímenes contra la humanidad y define la desaparición forzada como un delito permanente mientras no se esclarezca el destino de la víctima. A pesar de que la propia Constitución, en su artículo 10.2, insta a interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales ratificados por España, esa cláusula apenas ha tenido efectos en la práctica judicial cuando se trata de investigar los crímenes del franquismo.

¿Qué aborda específicamente su informe?

El estudio analiza las obligaciones que tiene el Estado español, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, para dar respuesta a las violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas que se produjeron durante la guerra civil y la dictadura franquista. Estas obligaciones se encuadran en lo que Naciones Unidas denomina justicia transicional, es decir, el conjunto de mecanismos que deben aplicarse en contextos de transición de un régimen autoritario a uno democrático.

Este marco se articula en torno a cuatro pilares fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Mi trabajo examina hasta qué punto estos principios se han aplicado en España y, más en concreto, en Balears, a raíz de las dos leyes autonómicas de fosas y memoria democrática, tanto desde el punto de vista legislativo como judicial. Y la conclusión es clara: en lo que respecta al derecho a la justicia, este derecho ha sido denegado en España, es decir, no han sido investigadas judicialmente las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo pese a que existe una obligación internacional de hacerlo.

La conclusión es clara: en lo que respecta al derecho a la justicia, este derecho ha sido denegado en España para las víctimas del franquismo

Los tribunales españoles han venido argumentando que esos delitos estarían prescritos o amparados por la Ley de Amnistía de 1977. ¿Es compatible esa interpretación con el derecho internacional?

No. El derecho internacional establece que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y que la desaparición forzada es un delito permanente, mientras no se esclarezca el destino de la víctima. Por tanto, no se puede cerrar la puerta a la investigación con esos argumentos. Además, hay una cuestión jurídica de fondo que considero especialmente relevante: España ratificó en abril de 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que a través de su artículo 2 obliga a los Estados a garantizar recursos efectivos ante violaciones de derechos humanos, es decir, a investigar, perseguir y reparar. Sin embargo, apenas unos meses después, en octubre de 1977, se aprobó la Ley de Amnistía. En su artículo 2.f se incluían los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Es decir, la amnistía se extendía también a quienes habían vulnerado derechos humanos.

Desde mi punto de vista, esta inclusión plantea una contradicción clara con el propio Pacto Internacional. Si el Estado asume la obligación de investigar esas violaciones, no puede al mismo tiempo aprobar una norma que impida hacerlo. Esa tensión entre el derecho internacional y la normativa interna ha sido señalada reiteradamente por organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha advertido en varias ocasiones de que España contraviene sus obligaciones al aplicar la Ley de Amnistía en estos casos. Ya lo advirtió en 2014 relator de la ONU Pablo de Greiff: en España este tema se estaba tratando como una cuestión política, cuando debería estar por encima de cualquier interés partidista.

Si el Estado asume la obligación de investigar esas violaciones [del franquismo], no puede al mismo tiempo aprobar una norma que impida hacerlo. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido en varias ocasiones de que España contraviene sus obligaciones al aplicar la Ley de Amnistía en estos casos

Javier Pérez Royo, jurista y catedrático de Derecho Constitucional, apunta que si los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura no han sido perseguidos en la España democrática no es a causa de la Ley de Amnistía, sino por la interpretación que de la misma han hechos los jueces y magistrados del Poder Judicial en general, y del Tribunal Supremo y del Constitucional en particular. ¿Qué opina? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa interpretación por parte de los tribunales?

Estoy totalmente de acuerdo con él. Miles de denuncias presentadas por víctimas y asociaciones han sido inadmitidas o archivadas sin investigación. Hasta el punto de que puede decirse que la noticia es cuando alguna no se archiva. Esto no responde a decisiones puntuales, sino a una práctica consolidada en el sistema judicial. La consecuencia más importe, la desprotección de las víctimas, lo que supone revictimizarla.

Historiadores como Miguel Ángel del Arco, Paul Preston y Julián Casanova, y el propio informe de elaborado por Pablo Greiff, han analizado cómo el franquismo construyó un relato oficial de la guerra e incluso moldeó los libros de texto y la enseñanza para legitimar la dictadura, imponiendo una narración de vencedores y vencidos.

Efectivamente. Durante la dictadura se desarrolló una memoria de imposición basada en la exaltación de los vencedores -los llamados “caídos por Dios y por España”- y en el silenciamiento sistemático de las víctimas republicanas. Ese relato ocupó el espacio público durante cuarenta años. Consecuentemente, las víctimas de los vencidos no comenzaron a ser visibles públicamente hasta después de la muerte del dictador.

Durante la dictatura se desarrolló una memoria de imposición basada en la exaltación de los vencedores -los llamados "caídos por Dios y por España"- y en el silenciamiento sistemático de las víctimas republicanas. Ese relato ocupó el espacio público durante cuarenta años, por lo que las víctimas de los vencidos no comenzaron a ser visibles públicamente hasta después de la muerte del dictador

¿Hasta qué punto la Transición rompió con ese modelo de memoria impuesto por la dictadura?

En términos de justicia no se produjo una ruptura con ese modelo. El Estado no ofreció a los ciudadanos otro relato que no fuera el que existió durante el franquismo. No hubo investigaciones judiciales sobre los crímenes, ni se impulsaron mecanismos como una comisión de la verdad que permitiera esclarecer lo ocurrido de forma institucional. Tampoco se desarrolló una política pública orientada a garantizar el derecho a la verdad desde una perspectiva de derechos humanos.

La Ley de Amnistía tuvo como finalidad principal devolver las libertades a todos y todas aquellos que habían perdido la libertad en su lucha por la democracia. Pero también fue una ley, en cierto, de punto final, con unas consecuencias que todavía hoy perduran. En la práctica, lo que se consolidó fue un modelo basado en la no intervención judicial. Ese vacío inicial ha tenido efectos duraderos: ha condicionado la actuación de los tribunales, ha limitado las posibilidades de las víctimas y ha contribuido a que, décadas después, el acceso a la justicia siga siendo excepcional en lugar de la norma.

¿Se puede decir que hubo un pacto de silencio en relación con los crímenes del franquismo?

Totalmente. Hubo un pacto de silencio e inacción respecto a la necesidad de investigar los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil y la dictadura. Fue un acuerdo político y social en el que participaron fuerzas políticas, sindicales y otros actores, orientado a priorizar la estabilidad y el cierre del pasado.

Los representantes designados por el pueblo en unas elecciones libres pasaron la esponja sobre la inmensa mayoría de los agravios y de las injusticias. Decían que la amnistía era un acto excepcional justificado por la razón de Estado y por la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva. Hay que tener en cuenta que en ese momento había miles de personas encarceladas por motivos políticos, lo que explica en parte el consenso en torno a la amnistía. Pero esa decisión tuvo también consecuencias duraderas: supuso dejar sin respuesta judicial las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Durante la transición, hubo un pacto de silencio e inacción respecto a la necesidad de investigar los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil y la dictadura. Fue un acuerdo político y social en el que participaron fuerzas políticas, sindicales y otros actores, orientado a priorizar la estabilidad y el cierre del pasado

Las consecuencias de aquel pacto de silencio siguen siendo muy visibles. A diferencia de otros países que atravesaron procesos similares, en España nunca se desarrollaron mecanismos como una comisión de la verdad, y eso ha condicionado completamente la respuesta judicial a las demandas de las víctimas. Lo paradójico es que los tribunales españoles han avalado la anulación de leyes de amnistía en países como Argentina o Chile, donde sí se han podido juzgar los crímenes de las dictaduras, mientras aquí se sigue utilizando la Ley de Amnistía como un muro para impedir investigaciones.

Es verdad que la Ley de Memoria Democrática de 2022 incorpora explícitamente los principios de verdad, justicia y reparación y obliga a interpretar las normas conforme al derecho internacional y también que la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha abierto una cierta ventana de oportunidad. Pero, en la práctica, eso todavía no ha cambiado de forma sustancial la dinámica judicial previa ni la tendencia al archivo sistemático de las denuncias.

Desde la muerte del dictador hasta bien entrada la década de los noventa se continuaba hablando de una “memoria de reconciliación”. ¿Qué diferencia hay entre la “reconciliación” de la Transición y el concepto de reconciliación en el derecho internacional?

Es importante matizar qué significa realmente ese concepto, que desde luego no se corresponde con la idea de reconciliación que manejan hoy los organismos internacionales de derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o los relatores especiales. En el ámbito internacional, la reconciliación no puede construirse sin verdad, justicia y reconocimiento de las víctimas. Sin embargo, en el caso español, la reconciliación se planteó sobre una lógica distinta, basada en el olvido y en la idea de que “todos fuimos culpables” o de que se trató de una guerra entre hermanos.

Ese enfoque, aunque pudo tener una función política en el contexto de la Transición, implicaba diluir una cuestión fundamental: la diferencia entre víctimas y verdugos. Y una reconciliación basada en el olvido difícilmente puede sostenerse desde el punto de vista de los derechos humanos, porque deja sin resolver cuestiones esenciales como el reconocimiento de las víctimas y la exigencia de responsabilidades. Solo el pleno respeto de los derechos humanos genera verdad, justicia, paz y seguridad. En definitiva, la posibilidad de reconciliación.

Solo el pleno respeto de los derechos humanos genera verdad, justicia, paz y seguridad. En definitiva, la posibilidad de reconciliación

La ley estatal de memoria democrática aprobada en 2007 fue presentada como el primer gran intento institucional de abordar el legado del franquismo, pero juristas, asociaciones memorialistas y organismos internacionales cuestionaron desde el inicio su alcance, principalmente por no declarar la nulidad jurídica de los juicios y sentencias dictados por los tribunales franquistas contra republicanos -algo que sí llegó con la ley de memoria de 2022- así como por el limitado papel que el Estado asumía en la búsqueda de las víctimas. ¿Qué carencias cree que arrastraba aquella norma?

En mi opinión era bastante incompleta, porque hacía descansar sobre las familias la apertura de fosas y la identificación de las víctimas, cuando esta labor, de acuerdo a todos los estándares internacionales, es una obligación del Estado. El propio relator de la ONU Pablo de Greiff criticó duramente este modelo y advirtió de que esa 'privatización' alimentaba la indiferencia institucional. No puede depender de la capacidad o los recursos de una familia recuperar a una víctima de desaparición forzada. Aun así, la ley empezó a desplegarse y generó un cierto impulso, sobre todo en las comunidades autónomas, donde ya existía un movimiento fuerte que pasó de hablar de memoria histórica a memoria democrática, porque estamos hablando de quienes lucharon por la libertad y eso es una columna fundamental de cualquier Estado democrático.

En mi informe explico cómo en Balears, por ejemplo, se creó en 2009 la Fundació Balear de la Memòria. No existían todavía leyes autonómicas ni una Conselleria específica, pero se impulsó como una política pública desde el Govern, adscrita a Asuntos Sociales, con un objetivo muy claro: localizar fosas, asesorar jurídicamente a las familias y acompañar a los municipios. En ese sentido fuimos bastante pioneros, aunque Catalunya ya llevaba algo de ventaja. La Fundación fue clave porque permitió firmar convenios con entidades como la Asociación Memòria de Mallorca y el Fòrum de Eivissa y Formentera, y gracias a ese trabajo previo se pudieron iniciar las primeras excavaciones.

De hecho, en 2014 se llevó a cabo la primera exhumación en Balears, antes incluso de que hubiera una ley. Eso aceleró la aprobación de la ley de fosas de 2016, que por primera vez implicaba que una comunidad autónoma asumiera oficialmente estas actuaciones. Es importante entender este recorrido porque muestra cómo, ante la inacción del Estado, fueron los territorios los que empezaron a construir políticas públicas de memoria.

El informe de la ONU también habla de la escasa atención a la represión específica sufrida por las mujeres. ¿Cree que sigue siendo una dimensión poco abordada?

Sí, aunque en la actualidad el panorama se está modificando en positivo: existen grupos de investigadoras y grupos de divulgación sobre la represión específica durante la guerra civil y el franquismo. Las mujeres fueron invisibilizadas, victimizadas, humilladas y no pudieron llorar a sus muertos, de manera que mientras se nieguen las desapariciones no existe duelo. Porque, ¿cómo se lloran muertos que no existen?

Las mujeres fueron invisibilizadas, victimizadas, humilladas y no pudieron llorar a sus muertos, de manera que mientras se nieguen las desapariciones no existe duelo. Porque, ¿cómo se lloran muertos que no existen?

¿Fue el caso Baltasar Garzón un punto de inflexión en el tratamiento judicial de los crímenes del franquismo?

Claramente. Las asociaciones de memoria, entre ellas la Asociación Memòria de Mallorca, decidieron dar un paso adelante cuando vieron que la ley de memoria de 2007 no incluía la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos. Era una ley claramente incompleta. Por eso, en diciembre de 2006, muchas asociaciones de todo el Estado presentaron denuncias por desapariciones forzadas ante la Audiencia Nacional invocando el derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El caso recayó en el juzgado número 5, el de Baltasar Garzón.

Pero en enero de 2008, la Fiscalía, siguiendo instrucciones del Fiscal General del Estado, emitió un dictamen en contra de admitir esas denuncias. Aun así, Garzón dictó un auto en octubre de ese mismo año asumiendo la competencia para investigar los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad e intentando aplicar el derecho internacional. Esa decisión fue recurrida y, en diciembre de 2008, el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional decidió por mayoría que no era competente para investigar. Hubo votos discrepantes que advertían que esa decisión iba en contra de los criterios de la ONU. Y, poco después, Garzón fue perseguido penalmente por haber admitido a trámite estas denuncias. Para mí, eso fue un aviso clarísimo: a partir de ahí, ningún juez se ha atrevido a investigar estos crímenes. Se consolidó un cierre judicial que explica por qué hoy la inmensa mayoría de las denuncias siguen siendo archivadas sin investigación.

A eso se sumó que en 2011, con la llegada de Mariano Rajoy, se eliminó el presupuesto destinado a memoria y se cerró la Oficina de Víctimas que había creado la ley. Es decir, desaparece la estructura institucional y, en la práctica, desaparecen también las víctimas del ámbito público.

¿Se han producido avances reales en los últimos años en materia de memoria democrática?

Sí, tanto en Balears con la ley de memoria democrática de 2018 [recientemente derogada por PP y Vox] como a nivel estatal con la de 2022. En el archipiélago, con la norma se avanzó enormemente en las políticas públicas de memoria. La norma consolidó numerosas iniciativas que ya se habían empezado a impulsar años antes, como las exhumaciones, los mapas de fosas, el reconocimiento institucional de las víctimas o la retirada de símbolos franquistas, y permitió abordar la memoria democrática como una política pública estable y no como actuaciones aisladas.

A nivel estatal, la ley de memoria democrática de 2022 también representa un avance relevante porque incorpora expresamente los principios de verdad, justicia y reparación y establece la obligación de interpretar las normas conforme al derecho internacional. Sin embargo, ese avance normativo no se ha traducido todavía en una transformación sustancial de la respuesta judicial. La creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha abierto también una cierta ventana de oportunidad, aunque de momento no ha alterado el bloqueo judicial de fondo. Seguimos lejos de una respuesta equiparable a la que se ha dado en otros países que sí han afrontado judicialmente los crímenes de sus dictaduras.

¿Cree que el debate sobre memoria democrática sigue siendo visto como una cuestión partidista?

Sí, y ese ha sido uno de los grandes problemas desde la Transición. Se ha tendido a presentar la memoria democrática como una cuestión ideológica o partidista, cuando en realidad estamos hablando de derechos humanos y de obligaciones del Estado. Eso es precisamente lo que criticó el relator de la ONU Pablo de Greiff: que determinados partidos políticos españoles siguieran tratando este tema como un problema político en lugar de abordarlo desde la verdad, la justicia y la reparación. La memoria democrática no consiste en reabrir heridas, sino en garantizar derechos y fortalecer la democracia. Derogar la ley de memoria democrática como ha ocurrido en Balears no es hacer política, ni siquiera mala política, es simplemente vulnerar los derechos humanos y revictimizar a las víctimas. La memoria democrática no es hacer política, es hacer justicia para las víctimas.

L'octubre de 1977, el Parlament espanyol donava llum verda a la Llei d'Amnistia, celebrada aleshores, després de gairebé quatre dècades de dictadura, com una de les fites de la Transició en el camí cap a la democràcia. Aquella norma, que va permetre l'alliberament de milers de presos polítics i el retorn dels exiliats, va acabar blindant, en la pràctica, la impunitat judicial de funcionaris, agents de l'ordre públic i altres responsables dels crims comesos per l'aparell franquista. En nom de la “reconciliació” nacional, el text amnistià no només les víctimes, sinó també els responsables de la repressió, una decisió que col·lidia amb el compromís assumit per Espanya tot just uns mesos abans: l'abril d'aquell mateix any, l'Estat havia ratificat el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que obliga a investigar i garantir justícia davant les violacions dels dreis humans. Espanya, però, va decidir oblidar.

Sobre això va posar negre sobre blanc, el 2014, el relator de l'ONU Pablo de Greiff. En un demolidor informe, va posar de manifest el deute estructural del país amb les víctimes del franquisme, marcat per l'absència d'una política d'Estat en matèria de veritat, justícia i reparació. Recriminava, així mateix, que alguns dels capítols més foscos de la contesa i del règim franquista continuaven envoltats de silenci, com els treballs forçats de presos, les morts en bombardeigs i els nens robats. Retreia la “indiferència” institucional que va delegar en les famílies i les associacions l'exhumació dels seus morts. I denunciava les restrictives interpretacions que els tribunals havien realitzat de la Llei d'Amnistia. Pablo de Greiff ho va deixar clar: una democràcia no s'enforteix evitant aquests debats, sinó afrontant-los, per molt “complexos i incòmodes” que siguin.

“El dret a la Justícia ha estat denegat a Espanya”, resumeix des de Mallorca Catalina Moragues, autora d'un dels quinze estudis inèdits sobre memòria democràtica que el Govern balear va encarregar durant la passada legislatura i que l'actual Executiu del PP manté sense difondre -segons la seva versió, perquè un dels treballs està pendent de ser “esmenat”-. La jurista, la primera autora dels quinze estudis 'ocultats' que decideix parlar amb un mitjà de comunicació, concedeix, però, que l'escenari va començar a canviar amb la llei estatal de memòria democràtica de 2022, que, per primera vegada, incorpora de forma expressa els principis de veritat, justícia i reparació.

Figura clau per entendre l'antifranquisme i la lluita obrera a Mallorca, Moragues (Alaró, 1951) va ser elegida a les llistes del Partit Comunista a les primeres eleccions municipals democràtiques i va formar part del primer despatx laboralista de Balears, des d'on va defensar els drets dels treballadors en plena Transició. La seva trajectòria combina compromís polític, exercici del dret —va ser magistrada a l'Audiència Provincial de Palma— i activisme social, i ofereix un testimoni directe sobre la resistència al franquisme, la construcció del sindicalisme i els reptes actuals de l'esquerra.

Entre llibres i ingent documentació, Moragues rep elDiario.es al seu habitatge, on desgrana amb precisió jurídica i memòria militant les escletxes d'un sistema que, al seu parer, continua sense garantir plenament els drets de les víctimes del franquisme. Moragues situa la seva anàlisi en l'àmbit de l'anomenada justícia transicional —el marc desenvolupat per les Nacions Unides per abordar violacions massives de drets humans en contextos de dictadures o conflictes— i analitza fins a quin punt Espanya ha respost davant els crims del règim franquista a la llum del dret internacional dels drets humans. La conclusió és contundent: Espanya no només arrossega el llegat d'una repressió que va imposar una memòria oficial que “només parlava dels caiguts per Déu i per Espanya”, sinó que manté un bloqueig estructural que impedeix investigar judicialment aquests crims, evidenciant un deute democràtic encara no resolt.

El seu diagnòstic es basa en l'anàlisi de la pràctica judicial de les últimes dècades, durant les quals tribunals i fiscalies han mantingut una interpretació uniforme que ha impedit aplicar plenament els estàndards internacionals de drets humans i obrir la via penal a aquestes investigacions, recorrent de forma reiterada a dos arguments: la prescripció dels delictes i l'aplicació de la Llei d'Amnistia. La jurista sosté que aquesta interpretació entra de ple en conflicte amb el dret internacional, que considera imprescriptibles els crims contra la humanitat i defineix la desaparició forçada com un delicte permanent mentre no s'aclareixi el destí de la víctima. Malgrat que la pròpia Constitució, en el seu article 10.2, insta a interpretar els drets fonamentals conforme als tractats internacionals ratificats per Espanya, aquesta clàusula amb prou feines ha tingut efectes en la pràctica judicial quan es tracta d'investigar els crims del franquisme.

Què aborda específicament el seu informe?

L'estudi analitza les obligacions que té l'Estat espanyol, des del punt de vista del dret internacional dels drets humans, per donar resposta a les violacions massives, sistemàtiques i generalitzades que es van produir durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Aquestes obligacions s'emmarquen en el que les Nacions Unides denominen justícia transicional, és a dir, el conjunt de mecanismes que s'han d'aplicar en contextos de transició d'un règim autoritari a un de democràtic.

Aquest marc s'articula al voltant de quatre pilars fonamentals: veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. El meu treball examina fins a quin punt aquests principis s'han aplicat a Espanya i, més concretament, a les Balears, arran de les dues lleis autonòmiques de fosses i memòria democràtica, tant des del punt de vista legislatiu com judicial. I la conclusió és clara: pel que fa al dret a la justícia, aquest dret ha estat denegat a Espanya. És a dir, les violacions de drets humans comeses durant el franquisme no han estat investigades judicialment malgrat que existeix una obligació internacional de fer-ho.

La conclusió és clara: pel que fa al dret a la justícia, aquest dret ha estat denegat a Espanya per a les víctimes del franquisme

Els tribunals espanyols han argumentat que aquests delictes estarien prescrits o emparats per la Llei d'Amnistia de 1977. És compatible aquesta interpretació amb el dret internacional?

No. El dret internacional estableix que els crims contra la humanitat són imprescriptibles i que la desaparició forçada és un delicte permanent mentre no s'esclareixi el destí de la víctima. Per tant, no es pot tancar la porta a la investigació amb aquests arguments. A més, hi ha una qüestió jurídica de fons que considero especialment rellevant: Espanya va ratificar l'abril de 1977 el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que, a través del seu article 2, obliga els estats a garantir recursos efectius davant les violacions de drets humans, és a dir, a investigar, perseguir i reparar. No obstant això, tot just uns mesos després, l'octubre de 1977, es va aprovar la Llei d'Amnistia. En el seu article 2.f s'incloïen els delictes comesos per funcionaris i agents de l'ordre públic contra l'exercici dels drets de les persones. És a dir, l'amnistia s'estenia també a qui havia vulnerat drets humans.

Des del meu punt de vista, aquesta inclusió planteja una contradicció clara amb el mateix Pacte Internacional. Si l'Estat assumeix l'obligació d'investigar aquestes violacions, no pot al mateix temps aprovar una norma que impedeixi fer-ho. Aquesta tensió entre el dret internacional i la normativa interna ha estat assenyalada reiteradament per organismes internacionals, com el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, que ha advertit en diverses ocasions que Espanya contravé les seves obligacions aplicant la Llei d'Amnistia en aquests casos. Ja ho va advertir el 2014 el relator de l'ONU Pablo de Greiff: a Espanya aquest tema s'estava tractant com una qüestió política, quan hauria d'estar per damunt de qualsevol interès partidista.

Si l'Estat assumeix l'obligació d'investigar aquestes violacions [del franquisme], no pot al mateix temps aprovar una norma que impedeixi fer-ho. El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides ha advertit en diverses ocasions que Espanya contravé les seves obligacions en aplicar la Llei d'Amnistia en aquests casos

Javier Pérez Royo, jurista i catedràtic de Dret Constitucional, apunta que si els crims de guerra, de lesa humanitat, genocidi i tortura no han estat perseguits en l'Espanya democràtica no és a causa de la Llei d'Amnistia, sinó per la interpretació que de la mateixa han fet els jutges i magistrats del Poder Judicial en general, i del Tribunal Suprem i del Constitucional en particular. Què opina? Quins han estat les conseqüències d'aquesta interpretació per part dels tribunals?

Hi estic totalment d'acord. Milers de denúncies presentades per víctimes i associacions han estat inadmeses o arxivades sense investigació. Fins al punt que es pot dir que la notícia és quan alguna no s'arxiva. Això no respon a decisions puntuals, sinó a una pràctica consolidada dins el sistema judicial. La conseqüència més important és la desprotecció de les víctimes, cosa que suposa revictimitzar-les.

Historiadors com Miguel Ángel del Arco, Paul Preston i Julián Casanova, i el propi informe elaborat per Pablo Greiff, han analitzat com el franquisme va construir un relat oficial de la guerra i fins i tot va modelar els llibres de text i l'ensenyament per legitimar la dictadura, imposant una narració de vencedors i vençuts.

Efectivament. Durant la dictadura es va desenvolupar una memòria d'imposició basada en l'exaltació dels vencedors —els anomenats “caídos por Dios y por España”— i en el silenciament sistemàtic de les víctimes republicanes. Aquest relat va ocupar l'espai públic durant quaranta anys. Conseqüentment, les víctimes dels vençuts no van començar a ser visibles públicament fins després de la mort del dictador.

Durant la dictadura es va desenvolupar una memòria d'imposició basada en l'exaltació dels vencedors -els anomenats "caídos por Dios y por España"- i en el silenciament sistemàtic de les víctimes republicanes. Aquest relat va ocupar l'espai públic durant quaranta anys, per la qual cosa les víctimes dels vençuts no van començar a ser visibles públicament fins després de la mort del dictador

Fins a quin punt la Transició va trencar amb aquell model de memòria imposat per la dictadura?

En termes de justícia no es va produir una ruptura amb aquest model. L'Estat no va oferir als ciutadans un altre relat que no fos el que havia existit durant el franquisme. No hi va haver investigacions judicials sobre els crims, ni es van impulsar mecanismes com una comissió de la veritat que permetessin esclarir el que va passar de manera institucional. Tampoc es va desenvolupar una política pública orientada a garantir el dret a la veritat des d'una perspectiva de drets humans.

La Llei d'Amnistia va tenir com a finalitat principal retornar les llibertats a totes aquelles persones que havien perdut la llibertat en la seva lluita per la democràcia. Però també va ser, en certa manera, una llei de punt final, amb unes conseqüències que encara avui perduren. En la pràctica, el que es va consolidar va ser un model basat en la no-intervenció judicial. Aquest buit inicial ha tingut efectes duradors: ha condicionat l'actuació dels tribunals, ha limitat les possibilitats de les víctimes i ha contribuït que, dècades després, l'accés a la justícia continuï sent excepcional en lloc de la norma.

És es pot dir que hi va haver un pacte de silenci en relació amb els crims del franquisme?

Totalment. Hi va haver un pacte de silenci i inacció respecte de la necessitat d'investigar els crims i les greus violacions dels drets humans perpetrades durant la Guerra Civil i la dictadura. Va ser un acord polític i social en què van participar forces polítiques, sindicals i altres actors, orientat a prioritzar l'estabilitat i el tancament del passat.

Els representants escollits pel poble en unes eleccions lliures van optar per passar pàgina davant la immensa majoria dels greuges i les injustícies. Deien que l'amnistia era un acte excepcional justificat per la raó d'Estat i per la necessitat de fer net i començar de zero. Cal tenir en compte que en aquell moment hi havia milers de persones empresonades per motius polítics, cosa que explica en part el consens al voltant de l'amnistia. Però aquesta decisió va tenir també conseqüències duradores: va suposar deixar sense resposta judicial les violacions de drets humans comeses durant la dictadura.

Durant la transició, hi va haver un pacte de silenci i inacció respecte a la necessitat d'investigar els crims i les greus violacions dels drets humans perpetrats durant la guerra civil i la dictadura. Va ser un acord polític i social en què van participar forces polítiques, sindicals i altres actors, orientat a prioritzar l'estabilitat i el tancament del passat

Les conseqüències d'aquell pacte de silenci continuen sent molt visibles. A diferència d'altres països que van travessar processos similars, a Espanya mai no es van desenvolupar mecanismes com una comissió de la veritat, i això ha condicionat completament la resposta judicial a les demandes de les víctimes. El més paradoxal és que els tribunals espanyols han avalat l'anul·lació de lleis d'amnistia en països com l'Argentina o Xile, on sí que s'han pogut jutjar els crims de les dictadures, mentre aquí se segueix utilitzant la Llei d'Amnistia com un mur per impedir investigacions.

És veritat que la Llei de Memòria Democràtica de 2022 incorpora explícitament els principis de veritat, justícia i reparació i obliga a interpretar les normes conforme al dret internacional, i també que la creació de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica ha obert una certa finestra d'oportunitat. Però, en la pràctica, això encara no ha canviat de manera substancial la dinàmica judicial prèvia ni la tendència a l'arxivament sistemàtic de les denúncies.

Des de la mort del dictador fins ben entrada la dècada dels noranta es continuava parlant d'una “memòria de reconciliació”. Quina diferència hi ha entre la “reconciliació” de la Transició i el concepte de reconciliació en el dret internacional?

Cal matisar què significa realment aquest concepte, que sens dubte no es correspon amb la idea de reconciliació que fan servir avui els organismes internacionals de drets humans, com el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides o els relators especials. Àmbit internacional, la reconciliació no pot construir-se sense veritat, justícia i reconeixement de les víctimes. No obstant això, en el cas espanyol, la reconciliació es va plantejar sobre una lògica diferent, basada en l'oblit i en la idea que “tots vam ser culpables” o que es va tractar d'una guerra entre germans.

Aquest enfocament, tot i que va poder tenir una funció política en el context de la Transició, implicava diluir una qüestió fonamental: la diferència entre víctimes i botxins. I una reconciliació basada en l'oblit difícilment es pot sostenir des del punt de vista dels drets humans, perquè deixa sense resoldre qüestions essencials com el reconeixement de les víctimes i l'exigència de responsabilitats. Només el ple respecte dels drets humans genera veritat, justícia, pau i seguretat. En definitiva, la possibilitat de reconciliació.

Només el ple respecte dels drets humans genera veritat, justícia, pau i seguretat. En definitiva, la possibilitat de reconciliació

La llei estatal de memòria democràtica aprovada el 2007 va ser presentada com el primer gran intent institucional d'abordar el llegat del franquisme, però juristes, associacions memorialistes i organismes internacionals van qüestionar des de l'inici el seu abast, principalment per no declarar la nul·litat jurídica dels judicis i sentències dictats pels tribunals franquistes contra republicans -cosa que sí va arribar amb la llei de memòria del 2022- així com pel limitat paper que l'Estat assumia en la cerca de les víctimes. Üuines mancances creu que arrossegava aquella norma?

En la meva opinió era bastant incompleta, perquè feia descansar sobre les famílies l' obertura de fosses i la identificació de les víctimes, quan aquesta tasca, d'acord a tots els estàndards internacionals, és una obligació de l'Estat. El propi relator de l'ONU Pablo de Greiff va criticar durament aquest model i va advertir que aquesta 'privatització' alimentava la indiferència institucional. No pot dependre de la capacitat o els recursos d'una família recuperar una víctima de desaparició forçada. Aun així, la llei va començar a desplegar-se i va generar un cert impuls, sobretot a les comunitats autònomes, on ja existia un moviment fort que va passar de parlar de memòria històrica a memòria democràtica, perquè estem parlant dels qui van lluitar per la llibertat i això és una columna fonamental de qualsevol Estat democràtic.

En el meu informe explico com a Balears, per exemple, es va crear el 2009 la Fundació Balear de la Memòria. No existien encara lleis autonòmiques ni una Conselleria específica, però es va impulsar com una política pública des del Govern, adscrita a Afers Socials, amb un objectiu molt clar: localitzar fosses, assessorar jurídicament les famílies i acompanyar els municipis. En aquest sentit vam ser bastant pioners, encara que Catalunya ja portava avantatge. La Fundació va ser clau perquè va permetre signar convenis amb entitats com l'Associació Memòria de Mallorca i el Fòrum d'Eivissa i Formentera, i gràcies a aquesta feina prèvia es van poder iniciar les primeres excavacions.

De fet, el 2014 es va dur a terme la primera exhumació a Balears, abans fins i tot que hi hagués una llei. Això va accelerar l'aprovació de la llei de fosses de 2016, que per primera vegada implicava que una comunitat autònoma assumís oficialment aquestes actuacions. És important entendre aquest recorregut perquè mostra com, davant la inacció de l'Estat, van ser els territoris els que van començar a construir polítiques públiques de memòria.

L'informe de l'ONU també parla de l'escassa atenció a la repressió específica patida per les dones. Creu que continua sent una dimensió poc abordada?

Sí, encara que en l'actualitat el panorama s'està modificant en positiu: existeixen grups d'investigadores i grups de divulgació sobre la repressió específica durant la guerra civil i el franquisme. Les dones van ser invisibilitzades, victimitzades, humiliades i no van poder plorar els seus morts, de manera que mentre es neguin les desaparicions no existeix dol. Perquè, com es ploren morts que no existeixen?

Les dones van ser invisibilitzades, victimitzades, humiliades i no van poder plorar els seus morts, de manera que mentre es neguin les desaparicions no existeix dol. Perquè, com es ploren morts que no existeixen?

El cas Baltasar Garzón va ser un punt d'inflexió en el tractament judicial dels crims del franquisme?

Clarament. Les associacions de memòria, entre elles l'Associació Memòria de Mallorca, van decidir fer una passa endavant quan van veure que la llei de memòria de 2007 no incloïa l'obligació d'investigar les violacions de drets humans. Era una llei clarament incompleta. Per això, el desembre de 2006, moltes associacions de tot l'Estat van presentar denúncies per desaparicions forçades davant l'Audiència Nacional invocant el dret internacional, com el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. El cas va recaure en el jutjat número 5, el de Baltasar Garzón.

Però el gener de 2008, la Fiscalia, seguint instruccions del fiscal general de l'Estat, va emetre un dictamen contrari a l'admissió d'aquestes denúncies. Tot i això, Garzón va dictar una interlocutòria l'octubre d'aquell mateix any assumint la competència per investigar els crims del franquisme com a crims contra la humanitat i intentant aplicar el dret internacional. Aquella decisió va ser recorreguda i, el desembre de 2008, el ple de la Sala Penal de l'Audiència Nacional va decidir per majoria que no era competent per investigar. Hi va haver vots discrepants que advertien que aquella decisió anava en contra dels criteris de l'ONU. I, poc després, Garzón va ser perseguit penalment per haver admès a tràmit aquestes denúncies. Per a mi, això va ser un avís claríssim: a partir d'aquí, cap jutge s'ha atrevit a investigar aquests crims. Es va consolidar un tancament judicial que explica per què avui la immensa majoria de les denúncies continuen essent arxivades sense investigació.

A això s'hi va afegir que el 2011, amb l'arribada de Mariano Rajoy, es va eliminar el pressupost destinat a memòria i es va tancar l'Oficina de Víctimes que havia creat la llei. És a dir, desapareix l'estructura institucional i, en la pràctica, desapareixen també les víctimes de l'espai públic.

S'han produït avenços reals en els últims anys en matèria de memòria democràtica?

Sí, tant a les Balears amb la llei de memòria democràtica de 2018 [recentment derogada per PP i Vox] com a nivell estatal amb la de 2022. A l'arxipèlag, amb aquesta norma es va avançar enormement en les polítiques públiques de memòria. La llei va consolidar nombroses iniciatives que ja s'havien començat a impulsar anys abans, com les exhumacions, els mapes de fosses, el reconeixement institucional de les víctimes o la retirada de símbols franquistes, i va permetre abordar la memòria democràtica com una política pública estable i no com actuacions aïllades.

A nivell estatal, la llei de memòria democràtica de 2022 també representa un avanç rellevant perquè incorpora expressament els principis de veritat, justícia i reparació i estableix l'obligació d'interpretar les normes conforme al dret internacional. No obstant això, aquest avanç normatiu encara no s'ha traduït en una transformació substancial de la resposta judicial. La creació de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica ha obert també una certa finestra d'oportunitat, encara que, de moment, no ha alterat el bloqueig judicial de fons. Seguim lluny d'una resposta equiparable a la que s'ha donat en altres països que sí han afrontat judicialment els crims de les seves dictadures.

Creu que el debat sobre memòria democràtica continua sent vist com una qüestió partidista?

Sí, i aquest ha estat un dels grans problemes des de la Transició. S'ha tendit a presentar la memòria democràtica com una qüestió ideològica o partidista, quan en realitat estem parlant de drets humans i d'obligacions de l'Estat. Això és precisament el que va criticar el relator de l'ONU Pablo de Greiff: que determinats partits polítics espanyols continuassin tractant aquest tema com un problema polític en lloc d'abordar-lo des de la veritat, la justícia i la reparació.

La memòria democràtica no consisteix a reobrir ferides, sinó a garantir drets i enfortir la democràcia. Derogar la llei de memòria democràtica, com ha passat a les Balears, no és fer política —ni tan sols mala política—, és simplement vulnerar els drets humans i revictimitzar les víctimes. La memòria democràtica no és fer política: és fer justícia per a les víctimes.

El Tribunal Constitucional resolverá en las próximas semanas el recurso del expresidente Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la ley de amnistía al entender que el delito de malversación cometido por el exdirigente catalán durante el procés no entra dentro de los amnistiables por la norma. 

La ley de amnistía consideraba aplicable la norma a todos los que cometieron el delito de malversación para promover y celebrar el referéndum secesionista ilegal sin incrementar por ello su patrimonio. Pero el Supremo hizo una interpretación particular —que hasta ese momento no había tenido en cuenta cuando juzgó y dictó sentencia sobre el desafío independentista— y consideró que los dirigentes catalanes se ahorraron el dinero que deberían haber puesto de su bolsillo para el referéndum ilegal y, por tanto, sí incrementaron su patrimonio, por lo que no cabría aplicarles los beneficios contemplados en la ley de amnistía. 

Ahora, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía han enviado al Tribunal sendos informes, cuyo contenido ha adelantado El Español y ha confirmado elDiario.es, donde apoyan en parte el recurso de Puigdemont y consideran que debe aplicarse al expresidente catalán la ley de amnistía, por lo que podría regresar a España.

El recurso de Puigdemont considera “manifiestamente errónea dicha interpretación” del Tribunal Supremo, y defiende que es “aplicable al delito de malversación y que una interpretación contraria a esta conclusión vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho a obtener una resolución motivada, congruente, razonada y razonable”.

La Abogacía del Estado entiende que el Tribunal Supremo “llevó a cabo una interpretación no razonable sobre la obtención de un beneficio personal de carácter patrimonial que en ninguna de las resoluciones judiciales anteriores se declaró”. “No es lógico, y es irrazonable”, señala, “interpretar una norma configurada específicamente para la amnistía entre otros, del delito de malversación, como no aplicable interpretando que el beneficio patrimonial se produjo como consecuencia de la evitación de desembolsos personales para el fin perseguido, puesto que tal interpretación es contraria a la literalidad de la norma aplicable que parte de que los gastos para las actuaciones delictivas se produjeron, como se ha expuesto con anterioridad”.

La Abogacía del Estado sostiene que “solo se debería inaplicar la amnistía, lo cual no es el caso en los ”hipotéticos supuestos en los que, aprovechando esa derivación de los fondos a favor del proyecto político independentista, alguno de los actores hubiera procurado un acrecimiento patrimonial, netamente monetario o de uso y disfrute, para sí o para un tercero. En definitiva, una ventaja económicamente evaluable que apartara los fondos de esa finalidad secesionista“. Y concluye: ”La lectura de la Ley de Amnistía manifiesta su claro propósito de amnistiar las conductas realizadas por el demandante de amparo“.

Por su parte, la Fiscalía defiende en su escrito lo siguiente: “El objeto nuclear del presente recurso concierne a la decisión de considerar aplicable o no la amnistía prevista en la ley orgánica a los hechos por los que fue procesado el recurrente. Su pretensión de amparo -en la parte que, a juicio de este Ministerio, debe ser estimada- se centra en que las decisiones judiciales que han rechazado esa aplicación no se ajustan al estándar constitucional exigible de motivación ex art. 24.1 de la Constitución, cuando además se afectan otros derechos fundamentales sustantivos”.

La Fiscalía estima parcialmente el recurso de amparo de Puigdemont y defiende “el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho, y a tal fin, que se declare la nulidad de los autos de 1 de julio y 10 de septiembre de 2024 dictados por el Magistrado instructor y los autos de 9 de abril y 17 de junio de 2025 dictados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la causa especial nº 2025/2017”.

El Tribunal Constitucional ha dictado ya varias sentencias desestimando los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que presentaron el PP, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y las autonomías de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Madrid.

El Tribunal Constitucional ha echado abajo el recurso contra la ley de amnistía presentado por la Xunta de Galicia, que se sumó en 2024 a la lista de comunidades gobernadas por el PP que llevaron la norma ante la Justicia con la pretensión de que se declarase inconstitucional. El resultado de la deliberación, dada a conocer este jueves, es un aval a la ley y un rechazo de los argumentos dados por el Gobierno gallego.

El recurso presentado por el PP había sido ya rechazado en junio de 2025. La mayoría progresista del Constitucional consideró que la ley de amnistía o es una decisión arbitraria, sino que tiene una “justificación objetiva y razonable” y busca “favorecer la reconciliación” y encauzar el conflicto político subyacente.

La Xunta no se situó a la vanguardia de las acciones judiciales de gobiernos del PP contra la norma. Anunció en julio de 2024 que iniciaba los trámites, cuando otras comunidades habían actuado ya en ese sentido. Formalizó el recurso en septiembre de ese año. El presidente gallego, Alfonso Rueda, explicó, cuando avanzó el recurso, que la Asesoría de la Xunta veía razones suficientes para ir adelante. La sugerencia de recurrir fue de esta asesoría, en coordinación “muy estrecha” con la Dirección Xeral de Asuntos Constitucionais, un gabinete que Rueda acababa de crear para centralizar la gestión de sus batallas con el Gobierno central en materia de competencias.

Rueda sostenía que la jurisprudencia reconoce a las comunidades autónomas la capacidad de dar este paso cuando entienden que “se menoscaban sus competencias o que debe ser restablecido el orden jurídico constitucional”. Consideraba que varios artículos de la ley incurrían en la arbitrariedad; que chocaba “frontalmente” con el principio de igualdad territorial, jurídica y económica; o que vulneraba el principio de separación de poderes.

El Constitucional ha mantenido su criterio también con este recurso y lo ha rechazado con el voto particular de cuatro magistrados: Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y César Tolosa Tribiño.

Alberto Núñez Feijóo es de esos líderes capaces de gritar en una manifestación “Puigdemont, a prisión” y a los pocos días ofrecer al ex molt honorable “poner el contador a cero”. Es de los que patrocinan hasta siete manifestaciones contra la ley de amnistía, pero luego reconocen que también estudió el perdón para el de Waterloo en el marco de la negociación previa a la que resultó su investidura fallida. Es de los que flirtean con la idea de ilegalizar a los partidos independentistas, pero ponen en valor la tradición y la legalidad de Junts. Es de los que un día sostienen que no tiene ningún tipo de confluencia política con los ex convergentes y al siguiente, defienden que los junteros forman parte de una formación con la que se entiende en materia económica y fiscal.

Alberto Núñez Feijóo es el presidente de un partido que, como tantos otros, cabalga a lomos de las contradicciones. Y es, en definitiva, un político que, como Pedro Sánchez, cambia de opinión en función de la coyuntura, como acredita un buen repaso a la hemeroteca.

Ahora, tras el aval del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía, todos los análisis especulan con una posible reconciliación de Junts con el Gobierno o sobre si el regreso de Carles Puigdemont a España está hoy más cerca. Nunca el viejo proverbio del dedo y la luna resultó más oportuno, porque de lo que apenas se habla, y será asunto nuclear para la futura gobernabilidad del país, es de si despejadas las dudas de la ley del perdón sobre su constitucionalidad y su encaje en la normativa europea, ante lo que verdaderamente estamos es ante un camino ya expedito para una próxima entente entre populares y 'junteros'. 

No es descartable. El diálogo existe porque los canales de comunicación nunca estuvieron del todo cerrados. Y, por tanto, la convergencia es posible. Ahora o más adelante. Lo barrunta el Gobierno, se susurra en algunos círculos populares y lo tiene meridianamente claro el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha sido el único en dar la voz de alerta desde hace tiempo: “Por mucho que se crea que no, el PP llegará a la Moncloa por Junts”. 

Rufián ha puesto voz a lo que otros callan, temen o disimulan y es que, con o sin moción de censura, el PP necesitará a Junts para llegar a la Moncloa y, los de Puigdemont, desmarcarse urgentemente de Sánchez para frenar la sangría de votos que se le está yendo a Aliança Catalana. De ahí la ruptura en diferido que los exconvergentes vienen anunciando desde hace semanas y sobre la que no han dado un paso atrás después del aval del abogado general del TJUE a la amnistía. Todo lo contrario. Mientras en el Gobierno celebraban “la validación jurídica y política” de la norma, los de Puigdemont redoblaron la presión contra Sánchez. Tanto que el diputado Josep Pagès exigió el viernes al presidente Sánchez que disolviera las Cortes y convocara elecciones anticipadas durante una comparecencia del ministro de Justicia en el Congreso. Una conminación que Puigdemont, Turull o Nogueras habían evitado hasta el momento y que en el Gobierno interpretaron como síntoma de que la anunciada ruptura era reversible. 

En la Moncloa saben que las palabras de Pagès representan lo que piensa y quiere Miriam Nogueras, pero hasta que “no salgan por boca de Puigdemont” prefieren no darlas por buenas. En el fondo, están seguros de que el dictamen del TJUE es un “paso más” para que el olvido penal alcance a todos los líderes del procés, incluido Puigdemont y que, ante ese escenario, Junts carece de “argumentos sólidos y creíbles” para la “ruptura definitiva”. Pero también saben que la aplicación de la amnistía está en manos de los jueces y que muchos de ellos se han rebelado contra la norma dilatando su ejecución desde hace año y medio porque quien la impulsó fue un gobierno de coalición progresista y no uno de derechas.

Es ahí donde entra en juego un PP cuya influencia sobre los togados está fuera de toda duda. En la memoria colectiva resuenan aún las palabras del que fuera portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó: “Controlaremos la sala segunda (del Supremo) desde detrás”. Dicho de otro modo: si hay un partido que puede convencer a los jueces de que es el momento de la reconciliación política con Catalunya y de que hay que pasar página ese es el de Feijóo, y no el de Pedro Sánchez. Y esto es algo que, según fuentes del independentismo, ya deslizaron los populares durante la negociación con Junts previa a la investidura de Feijóo que en septiembre de 2023 resultó baldía. 

El propio Puigdemont ya sugirió hace tiempo en una carta enviada a los eurodiputados que Junts recibió ofertas secretas del PP durante el verano de aquel año cuando los independentistas aún no habían decidido si apoyarían la investidura de Pedro Sánchez. “Hay otra cosa de la que estoy completamente convencido”, decía el texto del expresident. “Si mi partido hubiera permitido la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, o hubiera impedido la de Pedro Sánchez, estos espectáculos se habrían ahorrado. Y de esto también hablaremos cuando toque”.

A elDiario.es también le consta de fuentes de aquella negociación que los populares ofrecieron a Junts la aprobación del uso del catalán en el Congreso y en el Senado, algo que el Gobierno de Sánchez puso finalmente en marcha en medio de una implacable crítica de los de Feijóo.

“Ilegal, inmoral e inconstitucional”

El caso es que los socialistas ya auguraron en su día que la amnistía era una ley impulsada y aprobada por su Gobierno, pero de la que se beneficiaría en el futuro la derecha si algún día llegaba a la Moncloa. Ese será el momento en que la derecha política, mediática y judicial harán borrón y cuenta nueva. Nadie recurrirá a la hemeroteca para recordar aquello de que la amnistía era “ilegal, inmoral y un obús contra la separación de poderes”. O que rompía los principios básicos del Estado de Derecho, que era un golpe contra la Constitución, la seguridad jurídica y la igualdad de los españoles ante la ley. Y ese será el momento también en que ya no habrá choques entre poderes del Estado, ni asaltos a la Constitución, ni democracias en peligro. Todo será en aras del interés general, por y para el bien de España. 

La única incógnita es si ese momento ya se está explorando. En el Congreso, por el momento, varios grupos sí han percibido que, desde hace semanas, la interlocución entre Junts y PP es constante en la Junta de Portavoces y en comisiones. Algo que no sucedía hasta que los de Puigdemont anunciaron la ruptura en diferido con el Gobierno. “Se alejan y se acercan, pero buscan interlocución a toda costa”, aseguran fuentes parlamentarias sobre 'junteros' y populares. 

Contador a cero y atentos a la nueva pantalla.

Continuará…

Toda amnistía plantea un dilema entre la búsqueda de justicia y la necesidad de reconciliación. Esta máxima, que se repite desde la antigua Grecia, es la que encabeza el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Dean Spielmann sobre la ley de amnistía al procés. Sus conclusiones se sitúan en una línea favorable a las tesis del Gobierno: la norma se aprobó en un contexto de “reconciliación política y social” y no es una “autoamnistía” de los independentistas a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.

Tanto en el fondo como en la forma, las conclusiones del abogado general son contrarias a las posiciones mantenidas por el Tribunal Supremo y los demás tribunales españoles refractarios a la ley. También suponen una respuesta contundente a la consideración de “autoamnistía” que alegó el abogado de la Comisión Europea, en una inusual crítica política a la norma en el seno de un procedimiento de cuestión prejudicial ante el TJUE.

Aunque el Gobierno y los independentistas han cantado victoria, cabe remarcar que las conclusiones de este jueves del abogado general del TJUE no son la sentencia del caso, que se emitirá en invierno. Es cierto que los magistrados de Luxemburgo suelen seguir las opiniones del abogado general, pero en casos sensibles e inéditos también son especialistas en dar giros de guion. Sirvan de ejemplo causas enviadas desde España como las cláusulas hipotecarias abusivas o la de derecho al olvido de Google, en las que los magistrados enmendaron a su abogado general. 

El propio abogado general Spielmann admite en su dictamen que tiene que argumentar sobre una “cuestión inédita y de primera importancia”: hasta dónde puede llegar el TJUE en el control sobre una ley de amnistía aprobada por un estado miembro. Los detractores de la amnistía que soñaban con un desguace de la ley por parte de los magistrados de Luxemburgo no pueden estar satisfechos con las conclusiones del abogado general.

Salvo volantazo, de seguir las conclusiones de su abogado general, el TJUE se situaría en una posición de prudencia y de no injerencia en los grandes aspectos de la amnistía. Así, el abogado general hace mucho hincapié en que no se trata de que Luxemburgo se adentre a valorar el “alcance material o temporal” de la norma, esto es, si la ley precisa lo suficiente sus beneficiarios o sus años de aplicación, sino en si alguno de sus artículos incluye “actos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos”.

La respuesta a este extremo también es negativa. Lo hace en uno de los aspectos de la norma que más preocupaba a los independentistas, el relativo a la causa por terrorismo de los CDR en la Audiencia Nacional, uno de los cuatro tribunales que ha planteado cuestiones prejudiciales ante el TJUE sobre la amnistía. El límite fijado en la ley, consistente en no amnistiar únicamente los actos terroristas que supongan violaciones graves de derechos humanos (lo que no es el caso de los CDR), es correcto y compatible con la normativa europea e internacional.

A criterio del abogado general, la ley solo es contraria al derecho europeo en dos aspectos menores y ya superados: los dos plazos que la ley daba en junio de 2024 a los jueces para decidir si la aplicaban y la obligación de retirar las cautelares.

Pero en sus aspectos nucleares, la norma no presenta inconvenientes, en opinión de Spielmann. Además de no ser contraria a los intereses financieros de la UE y a la normativa antiterrorista, el abogado general también remarca que la norma no vulnera los principios generales de seguridad jurídica, confianza mutua, igualdad ante la ley y primacía del derecho de la UE consagrados en los tratados comunitarios. 

Lo contrario había mantenido el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal realizó varias manifestaciones sobre la norma y su encaje en el derecho europeo, aunque optó no por enviarla al TJUE, sino por realizar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Entre sonoras alusiones a los independentistas como “golpistas”, los magistrados de la máxima instancia judicial española dejaron caer que la vulneración que, a su juicio, suponía la norma al principio de seguridad jurídica o a la igualdad ante la ley no eran “ajenas” al Derecho de la Unión Europea.

En cambio, el abogado general insiste en que los principios de seguridad jurídica y confianza mutua “no se oponen” a la ley. Es más, cree que ese debate debe quedar fuera del TJUE, que solo ha de analizar si la norma incluye graves vulneraciones de derechos humanos, algo que no ocurre con la amnistía.

“Aunque la amnistía presenta un ámbito de aplicación material y temporal amplio, se inscribe en una lógica interna que le confiere una coherencia propia”, resuelve el abogado general, que también da la razón al Gobierno español al señalar que la norma “identifica con precisión” los hechos amnistiados, abarca “un periodo determinado” y guarda “relación directa” con el objetivo de “normalización institucional y reconciliación social”.

Esta tesis del abogado general también choca con lo planteado por el letrado de la Comisión Europea en el pleito por la amnistía, Carlos Urraca, y varias resoluciones del Supremo contrarias a la norma. 

En un ejemplo de puño de hierro con guante de seda, el abogado general considera “oportuno tocar la cuestión de la autoamnistía” que sacó a colación Urraca durante la vista celebrada el pasado mes de julio. “Aunque no sea objeto de una problemática específica en la petición de decisión prejudicial”, apostilla Spielmann en velada referencia a la crítica política desplegada por el letrado de la Comisión.

“No parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, proclamó Urraca. “Nada permite calificar a la ley de amnistía como autoamnistía”, replica el abogado general de la UE, que también descarta que sustraiga de funciones al poder judicial y que exista “un vínculo directo entre el ejercicio del poder político y el beneficio de la medida”.

La palabra “vínculo” también apareció en uno de los autos del Supremo contrarios a la norma, pero en un sentido opuesto al del abogado general del TJUE. La Sala de lo Penal consideró que había un “vínculo inseparable” entre la aprobación de la ley de amnistía y la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que además había sido “proclamado con orgullo” por los partidos favorables a la norma.

La conclusión del abogado general es cristalina: “La ley no pretende proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles situaciones judiciales, sino dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

La futura sentencia y sus efectos

Las futuras sentencias del TJUE sobre la amnistía desplegarán efectos en los cuatro tribunales españoles que elevaron sus cuestiones prejudiciales: la Audiencia Nacional en el caso de los CDR; el Tribunal de Cuentas en la causa por los gastos del procés; el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el caso de los colaboradores de Junqueras y el 1-O; y un juzgado penal de Vilanova y la Geltrú (Barcelona) en un juicio por desobediencia. 

Las fuentes jurídicas consultadas apuntan a que, si la sentencia sigue la opinión del abogado general, estas causas deberán archivarse con celeridad, ya que los planteamientos de Spielmann no dan margen de maniobra para otra interpretación que no sea la aplicación de la amnistía. 

Otra cosa es lo que ocurra en el Supremo y si el Alto Tribunal, una vez el Constitucional emita su sentencia sobre la amnistía a Puigdemont a principios del año que viene, quiere retrasar la aplicación de la norma con una cuestión prejudicial al TJUE.

Para ello el Supremo tendría que argumentar que una nueva cuestión prejudicial después de la sentencia del TJUE no aborda aspectos ya respondidos por Luxemburgo. La normativa del TJUE impide emitir una nueva sentencia respecto a aquello que ya se ha aclarado (como podría ser el caso de la malversación y la afectación de la norma a los principios de seguridad jurídica, que aborda el abogado general en su dictamen).

Además, un aval total del TJUE a la amnistía restaría posibilidades de éxito a una eventual nueva petición de extradición de Puigdemont, cuyos anteriores intentos se han saldado con sonoros fracasos del Supremo. Uno de los motivos que la directiva europea sitúa como motivo para denegar una extradición es que el hecho delictivo haya sido amnistiado. Así lo recuerda también el abogado general este jueves.

El dictamen de Spielmann recuerda que Aristóteles dejó escrito en La Constitución de los atenienses que la amnistía de Atenas a la Tiranía de los Treinta en el año 403 a.C. ya incluía la “voluntad explícita de reconciliación política”. Lo mismo ocurre más de 2000 años después en otra orilla del Mediterráneo.

Carles Puigdemont ha marcado este lunes el punto final a su acuerdo de investidura con el PSOE, aunque el líder de Junts se ha cuidado de alejarse también de cualquier posible alianza con PP y Vox para derribar al Ejecutivo. “No ayudaremos a este Gobierno ni a ningún otro que no ayude a Catalunya”, ha dicho el expresident, que, sin embargo, ha mencionado una larga retahíla de reproches para dar cuenta de que, pese al esfuerzo que él ha empleado, la negociación con los socialistas no ha funcionado.

Han sido 24 meses de relación accidentada, de gran desconfianza mutua pese a que ha habido acuerdos relevantes, con la amnistía como principal hito.

Sintonía inicial y acuerdos por el catalán

La relación entre el PSOE y Junts era inesperada hasta la noche del 23 de julio de 2023, cuando los votos de los independentistas decantaban la balanza sobre la investidura de Pedro Sánchez. El entonces secretario de organización socialista, Santos Cerdán, ya había abierto una discreta vía de relación con ellos, por eso el inicio de las conversaciones fue más sencillo.

Con todo, desde la propia noche electoral quedó claro que Junts, contra lo que había dicho en campaña, estaba abierto a hablar de la investidura de Sánchez. Las elecciones le habían dado a Puigdemont una llave que no estaba dispuesto a perder.

Antes de negociar el acuerdo de investidura, socialistas y junteros ya mostraron su capacidad de entenderse con el pacto que llevó a Francina Armengol a la presidencia del Congreso. Lo hicieron a cambio de nuevos pasos para el catalán. Por un lado, se permitiría hablar en cualquier lengua oficial en el Congreso. Por otro, España pediría oficialmente al Consejo Europeo reconocer al catalán, el gallego y el euskera como oficiales a nivel europeo.

Ambas cosas sucedieron, por lo que Junts acabó apoyando a Armengol. Pocos meses después, el 9 de noviembre de 2023, Junts y el PSOE cerraron el llamado “acuerdo de Bruselas”, que permitió la investidura de Pedro Sánchez

La difícil negociación de la amnistía

La primera gran prueba que tuvo que pasar la relación entre Junts y el PSOE fue la negociación de la ley de amnistía, una norma jurídicamente complicada y difícil de encajar constitucionalmente. Los equipos de los dos partidos independentistas y el Gobierno negociaron sin descanso durante los primeros meses de 2024. Hubo idas y venidas, innumerables modificaciones del borrador y negociaciones 'in extremis'. En paralelo, el Supremo se movía para tratar de cerrar las posibles vías de amnistía a Puigdemont.

Finalmente, el Congreso aprobó la ley de amnistía a finales de mayo de 2024. Hubo decenas de personas que dejaron de tener causas penales, pero la medida de perdón no ha afectado aún a la mayoría de los principales líderes políticos de 2017. Ni el líder de ERC, Oriol Junqueras, ni Puigdemont, han disfrutado de la amnistía, lo que les ha impedido volver a la política activa, al primero; y a territorio español, en el caso del de Junts.

El Tribunal Constitucional ha dictado ya sentencias que avalan el grueso de la ley de amnistía: su legalidad, su encaje en la Constitución y que, entre otros delitos, pueda perdonar la malversación de caudales públicos relacionada con el procés. Pero todavía no ha decidido sobre el caso concreto de Carles Puigdemont y eso, en la práctica, mantiene al expresident en búsqueda y captura dentro de España por orden del juez Pablo Llarena y el Tribunal Supremo.

Su recurso fue recientemente admitido a trámite y las deliberaciones del Constitucional pondrán a prueba los argumentos del Supremo para no amnistiar la malversación atribuida a Puigdemont y a otros políticos ya condenados: que al usar medios públicos para organizar el referéndum de 2017 evitaron poner ese dinero de su bolsillo, y por tanto se enriquecieron. También que se vieron comprometidos los intereses económicos de la Unión Europea.

El tribunal ya rozó este debate cuando rechazó el recurso de Aragón aunque la ponente, Laura Díez, llegó incluso a modificar su ponencia para retirar varios párrafos que podían interpretarse como una estimación por adelantado de los argumentos de Puigdemont. La sentencia que decidirá si puede o no volver a España sin miedo a ser detenido no llegará antes del año que viene.

“Sánchez no es de fiar”

Pese al optimismo inicial y los acuerdos alcanzados, el final de 2024 supuso un momento de zozobra en la negociación que Junts y el PSOE mantenían en Suiza. La partida era ahora sobre la delegación de competencias en materia de inmigración, una medida que los de Puigdemont habían puesto en primer plano después de que la formación xenófoba Aliança Catalana diera la sorpresa y se colara en el Parlament, en junio de ese año.

La negociación estaba bloqueada, según entendía Junts, porque el Ministerio del Interior se negaba a delegar a la Generalitat algunas competencias más medulares en materia de extranjería. Fue entonces cuando Puigdemont hizo la comparecencia que supuso el gran toque de atención al PSOE. “Sánchez no es de fiar”, aseguró el líder de Junts, que añadió que el PSOE incumplía el acuerdo firmado y reclamaba al presidente someterse a una cuestión de confianza.

Esa cuestión de confianza, que Junts podía reclamar pero que solo competía a Sánchez plantear ante el Congreso, dio mucho que hablar en las siguientes semanas. Finalmente el PSOE logró que Junts retirara la moción en la que exigía a Sánchez dar ese paso y, en paralelo, se acabó pactando un texto de delegación de competencias.

Aquella proposición para el traspaso de competencias, sin embargo, quedó descartada en septiembre pasado, cuando no logró mayoría en el Congreso por el rechazo de Podemos. Un fiasco que supuso un duro golpe en la dirección de Junts.

Junts flirtea con PP y Vox

Uno de los fenómenos que han dominado la relación entre Junts y el PSOE en la última etapa ha sido una distancia cada vez más irreconciliable. La caída en desgracia de Cerdán, por su implicación en la llamada trama Koldo, dejó a los independentistas sin uno de sus puntales, que fue sustituido oficiosamente en las reuniones suizas por un nombre de tanto peso como el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero.

En cuanto a la dinámica parlamentaria, si bien durante el primer año de colaboración Junts solo se retiró del 25% de las propuestas del Gobierno, según el recuento de este diario, el segundo año esa relación quedó eclipsada por los desencuentros. Los de Puigdemont tumbaron el impuesto a las energéticas, la reducción de jornada, la creación de una agencia anticorrupción y tampoco apoyaron uno de los últimos decretos ómnibus por considerar que camuflaba medidas que no habían negociado con ellos.

Las votaciones en las que Junts acababa apareciendo en la foto con el PP y Vox, que antes eran un tabú para los de Puigdemont, se hicieron frecuentes en el Congreso durante los últimos meses del pasado curso parlamentario. “El discurso de que si no votas a Pedro Sánchez vienen el PP y Vox no nos impresiona para nada”, avanzaba Jordi Turull el año pasado.

El fin: más divorcio que infidelidad

Carles Puigdemont ha solemnizado este lunes un final para la alianza interesada que había formado hace dos años. Lo ha hecho con reproches duros y reconociendo que, aunque inicialmente creyó posible superar la desconfianza, dos años después creía que se había equivocado.

Pero Puigdemont ha dejado claro que, si bien con el PSOE hay un divorcio evidente, Junts no está pensando en buscar nuevas parejas de investidura. La moción de censura es un fantasma al que los independentistas invocan como amenaza, pero que no aparece hoy entre las opciones realistas que barajan.

La idea de la Ejecutiva de Junts es un PSOE que se sienta en soledad en el Gobierno y sin capacidad de sacar adelante nada de su agenda legislativa. “Tendrán el poder, pero no podrán gobernar”, ha resumido Puigdemont. El expresident sigue manteniendo unos votos que son claves para la gobernabilidad y sigue necesitando que se le aplique la ley de amnistía, exactamente la situación con la que nació la relación que ahora se rompe, pero que nadie sabe si podría reconstruirse.

La Junta General de Jutges de Palma ha designat com a degà Alejandro González Mariscal de Gante, càrrec que li atorga una posició clau en la coordinació de l'activitat judicial de la capital balear. Portaveu de la conservadora i majoritària Associació Professional de la Magistratura (APM), González Mariscal compta amb un historial d'intervencions públiques no exemptes de controvèrsia: ha participat en actes del PP en què ha carregat contra l'amnistia catalana o la reforma 'Bolaños', i va signar la sentència que va anul·lar la gratuïtat del túnel de Sóller, la construcció del qual es va convertir en l'epicentre del primer gran cas de corrupció impulsat a Balears i va derivar als anys noranta en el primer gran cop judicial contra els populars a les illes.

El magistrat ha aconseguit 42 vots dels 57 possibles. En aquestes eleccions estaven cridats a votar tots els magistrats titulars dels òrgans unipersonals de la ciutat, així com els jutges d'adscripció territorial que es troben en funcions de substitució.

González Mariscal va ingressar a la carrera judicial el 2014 i va exercir la seva primera destinació al Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma, del qual continua sent titular. Va promocionar a la categoria de magistrat el novembre de l'any 2022. El seu nou nomenament ha de ser ratificat pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

A nivell judicial, el portaveu de l'APM va avalar l'anul·lació del rescat del túnel de Sóller. El 2017, el Consell de Mallorca havia apel·lat a l'interès general per aconseguir l'explotació de la infraestructura previ pagament de 17,4 milions d'euros a la concessionària Globalvia, que en reclamava 31 milions. Era, segons la institució, “un acte de justícia, encara que tardà, amb els habitants de la Vall de Sóller”. La institució buscava així alliberar el túnel del peatge -un dels més cars d'Espanya- i garantir-ne la gratuïtat per a veïns i transportistes. Tot i això, el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) va tombar el 2021 aquella decisió. La nul·litat del rescat, confirmada pel Suprem, va reobrir el debat sobre fins a quin punt la justícia va actuar a favor o en contra de la ciutadania.

En una altra de les seves resolucions, González Mariscal va suspendre el 2017 l'acord de l'Ajuntament de Palma -governat llavors pel PSOE, Més i Podem- de licitar per via d'urgència les obres de demolició de sa Feixina, erigit pel franquisme el 1947 per glorificar els“herois”del Crucero Baleares, enfonsat el març de 1938 i responsable del bombardeig dut a terme un any abans contra la població civil que fugia de Màlaga a Almeria en plena ofensiva feixista –episodi històricament conegut com 'la Desbandà'–. Convertit en un dels símbols més controvertits del paisatge urbà de Palma, aquest vestigi de l'arquitectura feixista ha estat durant dècades focus de diversos intents de resignificació, campanyes en pro de la seva demolició i diverses batalles judicials. Finalment, el Consistori de la capital balear -actualment governat per PP i Vox- l'ha inclòs, amb la màxima protecció integral, al catàleg municipal de béns d'interès històric, artístic i arquitectònic.

El 2023, el mateix jutge va concloure en una sentència que els fills de les mares solteres no estan discriminats respecte als nascuts en una família de dos progenitors, motiu pel qual va rebutjar que una funcionària pogués gaudir de 32 setmanes de permís de maternitat, com va informar Diario de Mallorca.

Al marge de la seva activitat als tribunals, les declaracions de González Mariscal contra les decisions del Govern de Pedro Sánchez són recurrents. Entre altres, s'ha pronunciat durament en contra de les reformes del ministre Félix Bolaños, sobretot per la inclusió d'una prova escrita a l'oposició que dóna accés a la carrera, fins ara únicament oral i memorística, i pel seu pla per regularitzar els jutges substituts —la majoria dones— que cobreixen baixes i tiren endavant jutjats en situacions precàries. Va ser, en aquest sentit, un dels promotors –entre les cinc associacions del centredreta judicial– que van anar a la vaga en protesta pels projectes amb què l'Executiu pretén modificar l'accés a la carrera i l'Estatut de la Fiscalia.

Així mateix, en una jornada del Grup Popular organitzada al Congrés el febrer del 2024, González Mariscal de Gante va qüestionar els principis que inspiren la Llei d'Amnistia, si bé va sostenir que els magistrats hauran d'aplicar-la encara que la considerin “materialment il·legítima” i impròpia d'un Estat de Dret. “Sempre complirem amb un Estat de Dret, amb una norma que pugui ser fins i tot contradictòria amb ell”, va incidir el jutge, per qui la normativa que el PSOE va pactar amb ERC i Junts posa en perill “les bases fonamentals de l'Estat de dret” perquè “implica privilegis” i acaba amb la igualtat.

També s'ha mostrat severament crític amb l'ús del concepte lawfare com un intent de desacreditar la judicatura. A parer seu, es tracta d'“un eufemisme preciós per no dir prevaricació”.

Respecte a la imputació del Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per un presumpte delicte de revelació de secrets, Mariscal de Gante ha afirmat que la seva permanència en el càrrec causa “un greu dany a la imatge de la Fiscalia”, un pronunciament que va ser interpretat com a pressió pública en un moment políticament sensible.

La Junta General de Jueces de Palma ha designado como decano a Alejandro González Mariscal de Gante, cargo que le otorga una posición clave en la coordinación de la actividad judicial de la capital balear. Portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), González Mariscal cuenta con un historial de intervenciones públicas no exentas de controversia: ha participado en actos del PP en los que ha arremetido contra la amnistía catalana o la reforma 'Bolaños', y firmó la sentencia que anuló la gratuidad del túnel de Sóller, cuya construcción se convirtió en el epicentro del primer gran caso de corrupción impulsado en Balears y derivó en los años noventa en el primer gran golpe judicial contra los populares en las islas. 

El magistrado ha conseguido 42 votos de los 57 posibles. En estas elecciones estaban llamados a votar todos los magistrados titulares de los órganos unipersonales de la ciudad, así como los jueces de adscripción territorial que se encuentran en funciones de sustitución.

González Mariscal ingresó en la carrera judicial en 2014 y desempeñó su primer destino en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Palma, del que continúa siendo titular. Promocionó a la categoría de magistrado en noviembre del año 2022. Su nuevo nombramiento debe ser ratificado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A nivel judicial, el portavoz de la APM avaló la anulación del rescate del túnel de Sóller. En 2017, el Consell de Mallorca apeló al interés general para hacerse con la explotación de la infraestructura previo pago de 17,4 millones de euros a la concesionaria Globalvia, que reclamaba 31 millones. Era, según la institución, “un acto de justicia, aunque tardío, con los habitantes de la Vall de Sóller”. La institución buscaba así liberar el túnel del peaje -uno de los más caros de España- y garantizar la gratuidad para vecinos y transportistas. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) tumbó en 2021 aquella decisión. La nulidad del rescate, confirmada por el Supremo, reabrió el debate sobre hasta qué punto la justicia actuó a favor o en contra de la ciudadanía.

En otra de sus resoluciones, González Mariscal suspendió en 2017 el acuerdo del Ayuntamiento de Palma -gobernado entonces por por el PSOE, Més y Podemos- de licitar por vía de urgencia las obras de demolición de sa Feixina, erigido por el franquismo en 1947 para glorificar a los “héroes” del Crucero Baleares, hundido en marzo de 1938 y responsable del bombardeo llevado a cabo un año antes contra la población civil que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista –episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'–. Convertido en uno de los símbolos más controvertidos del paisaje urbano de Palma, este vestigio de la arquitectura fascista ha sido, durante décadas, foco de varios intentos de resignificación, campañas en pro de su demolición y distintas batallas judiciales. Finalmente, el Consistorio de la capital balear -en la actualidad gobernado por PP y Vox- lo ha incluido, con la máxima protección integral, en el catálogo municipal de bienes de interés histórico, artístico y arquitectónico.

En 2023, el mismo juez concluyó en una sentencia que los hijos de las madres solteras no están discriminados respecto a los nacidos en una familia de dos progenitores, motivo por el que rechazó que una funcionaria pudiera disfrutar de 32 semanas de permiso de maternidad, como informó Diario de Mallorca.

Al margen de su actividad en los tribunales, las declaraciones de González Mariscal contra las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez son recurrentes. Entre otras, se ha pronunciado duramente en contra de las reformas del ministro Félix Bolaños, sobre todo por la inclusión de una prueba escrita en la oposición que da acceso a la carrera, hasta ahora únicamente oral y memorística, y por su plan para regularizar a los jueces sustitutos —la mayoría mujeres— que cubren bajas y sacan adelante juzgados en situaciones precarias. Fue, en este sentido, uno de los promotores -entre las cinco asociaciones del centroderecha judicial- que fueron a la huelga en protesta por los proyectos con los que el Ejecutivo pretende modificar el acceso a la carrera y el Estatuto de la Fiscalía.

Asimismo, en una jornada del Grupo Popular organizada en el Congreso en febrero de 2024, González Mariscal de Gante cuestionó los principios que inspiran la Ley de Amnistía, si bien sostuvo que los magistrados deberán aplicarla aunque la consideren “materialmente ilegítima” e impropia de un Estado de Derecho “moderno y razonable”. “Siempre vamos a cumplir con un Estado de Derecho, con una norma que pueda ser incluso contradictoria con él”, incidió el juez, para quien la normativa que el PSOE pactó con ERC y Junts pone en peligro “las bases fundamentales del Estado de derecho” porque “implica privilegios” y acaba con la igualdad.

También se ha mostrado severamente crítico con el uso del concepto lawfare como un intento de desacreditar a la judicatura. En su opinión, se trata de “un eufemismo precioso para no decir prevaricación”.

Respecto a la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, Mariscal de Gante afirmó que su permanencia en el cargo causa “un grave daño a la imagen de la Fiscalía”: “¿Cómo se presenta mañana un fiscal a solicitar instrucción contra personas cuando la cúspide está imputada?”.

El Tribunal Constitucional ha rechazado este martes apartar a cuatro de sus magistrados de las deliberaciones sobre los recursos de amparo presentados por los líderes del 'procés', entre ellos el ex presidente catalán Carles Puigdemont y el que fuera su 'número dos', Oriol Junqueras, por la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiarles la malversación del 1-O.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el Pleno ha desestimado por unanimidad la recusación planteada por la Abogacía del Estado contra el magistrado conservador José aría Macías; la de Vox contra el presidente del Constitucional, el progresista Cándido Conde-Pumpido; y las dirigidas por el propio Puigdemont y el exconseller Antoni Comín contra Macías y los también magistrados conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.

La Abogacía del Estado solicitó apartar a Macías de las deliberaciones sobre estos recursos de amparo por haberse pronunciado en contra de la ley de amnistía en textos oficiales cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Se trata del mismo argumento por el que fue apartado, a instancias de Fiscalía, de las discusiones sobre la ley de amnistía en los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad registrados contra la misma, cuya primera sentencia se conoció el pasado junio para avalarla.

Las fuentes consultadas han explicado que en este caso las recusaciones contra Macías se han rechazado porque una cosa es el control abstracto sobre la constitucionalidad de la ley, que se hace a través de dichos recursos y cuestiones, y otra es su aplicación al caso concreto, que se estudia en los amparos.

Puigdemont y Comín recusaron a Macías por motivos similares a los esgrimidos por la Abogacía del Estado, mientras que a Arnaldo y Espejel les afearon su “estrecha relación con el PP”. Además, recriminaron a Arnaldo que en un reciente libro mostrara su “animadversión” hacia el ex presidente catalán y, a la magistrada, su voto particular contra la absolución en 2020 del mayor de los Mossos D'Equadra Josep Lluís Trapero por el 1-O.

Hacia la admisión y el rechazo de las cautelares

Estaba previsto que en el Pleno anterior, celebrado la semana pasada, los magistrados admitieran a trámite los recursos de amparo registrados por Puigdemont, Comín y el también ex consejero Lluís Puig.

Sin embargo, las recusaciones efectuadas por Puigdemont y Comín contra Macías, Arnaldo y Espejel obligaron a retrasar la admisión para ventilar antes las recusaciones, que finalmente se han acumulado todas en un mismo Pleno para poder avanzar en los procedimientos de amparo.

Los recursos de amparo presentados por Junqueras y los ex consejeros Raül Romeva y Dolors Bassa ya fueron admitidos a trámite el pasado febrero, mismo curso que siguió el del también ex consejero Jordi Turull en abril. Como medida cautelar, reclamaban que se les levantara la pena de inhabilitación que se les impuso por el 'procés'. En la misma línea, Puigdemont ha pedido que se le retire cautelarmente la orden de detención nacional que pesa en su contra.

Las citadas fuentes han señalado respecto a ambas peticiones cautelares que, aunque es frecuente que se soliciten, es “rarísimo” que se concedan y prevén que los casos de Junqueras y Puigdemont no serán una excepción, por lo que tendrán que esperar a la decisión de fondo sobre sus recursos de amparo.

Pleno al completo

En estas deliberaciones participará el Pleno al completo, con sus doce magistrados, a diferencia de lo que ocurrió con la primera sentencia sobre la amnistía, que contestó al recurso de inconstitucionalidad del PP.

Entonces, decidieron diez magistrados --seis progresistas y cuatro conservadores-- porque Macías quedó apartado y el progresista Juan Carlos Campo se abstuvo porque cuando era ministro de Justicia dijo en el informe a favor de indultar a los condenados del 'procés' que la amnistía era “claramente inconstitucional”.

Campo, abstenido para todos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, no se ha apartado voluntariamente en los amparos por las mismas razones que aducirá el Pleno esta semana para rechazar las recusaciones contra Macías, diferenciando entre el análisis de constitucionalidad de la ley de amnistía y su aplicación a cada caso.

Así las cosas, los doce magistrados --con una mayoría progresista de siete magistrados frente a cinco-- intervendrán en los procedimientos de amparo.

Una de las fotos más esperada por Carles Puigdemont ha tenido lugar este martes en Bruselas. El expresident de la Generalitat ha conseguido una instantánea varias veces reclamada que le facilite la redención política. Puigdemont se ha reunido con el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la sede del Gobierno catalán en la capital europea en un encuentro a puerta cerrada.

Bajo una incipiente lluvia, Puigdemont ha llegado una hora después que el president de la Generalitat a la sede catalana en la capital europea. Cuando estaba entrando, una mujer ha increpado e insultado al líder independentista, sin que se produjeran más incidentes.

Posteriormente han permitido que los medios de comunicación hicieran fotos y tomaran imágenes de los dos líderes dándose un saludo y en una de las salas de la delegación catalana en Bruselas donde iban a seguir con la reunión. Pese a la expectación mediática por la primera reunión entre ambos políticos, que está planificada con una hora de duración, tanto desde la Generalitat como por el equipo de Puigdemont se aseguró que no habría declaraciones tras el encuentro.

Al terminar la reunión han salido por separado de la sede de la Generalitat de Catalunya en Bruselas. El president Illa ha lanzado un mensaje en la red X (antes Twitter) en el que ha reiterado su discurso de que “el diálogo es el motor de la democracia para que Catalunya siga avanzando. Hoy damos un buen ejemplo”.

El mensaje de Illa ha tenido su respuesta por parte de Carles Puigdemont en la misma red social. El líder independentista ha agradecido “la amabilidad y la conversación”, pero también ha resaltado que “en situación de normalidad democrática, esta reunión habría tenido que producirse hace muchos meses y no en Bruselas sino en el Palau de la Generalitat, en la capital de Catalunya. Hoy volvió a quedar claro que no vivimos en situación de normalidad”.

Ambos partidos han hecho suyo el dicho de hacer de la necesidad virtud, ya que se tienen que apoyar mutuamente para afrontar un nuevo y tenso curso político. El Ejecutivo de Pedro Sánchez requiere el respaldo de Junts para sacar los Presupuestos adelante, una palanca que le permitiría consolidar su posición para finalizar la legislatura. Mientras que Junts quiere hacer visible su concepto de “amnistía política” ante los obstáculos en los tribunales que se está encontrando la Ley de Amnistía para que Puigdemont pueda volver a España.

A pesar de la evidente necesidad del Gobierno de recabar el apoyo de Junts para sacar adelante las cuentas anuales, en la entrevista que realizó Sánchez este lunes en TVE descartó que la reunión de Illa y Puigdemont tenga que ver con recabar apoyos para la aprobación de los Presupuestos, y se limitó a decir que “desde el punto de vista político” es “acertado” ya que supone mirar “hacia adelante, como está haciendo la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española”. Esta mañana la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogerá la Orden Ministerial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

De hecho, este martes por la mañana el secretario general de Junts, Jordi Turull, avisó en una entrevista en TV3 que su partido adoptará una “reacción estructural” sobre “cuál tiene que ser la relación de un partido independentista con el Estado” según las negociaciones que se alcancen con el PSOE: en caso de que “no haya un avance notorio en los próximos días semanas o meses, que pierda Sánchez, será porque lo ha hecho muy mal”.

Con la caída del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por un supuesto caso de corrupción, los independentistas catalanes se habían quedado sin interlocutor con los socialistas en la mesa de negociación establecida en Suiza. Aunque la exigencia de los independentistas catalanes era una reunión entre el presidente del Gobierno y Puigdemont, que el propio Sánchez admitió como posible durante el verano, en Moncloa han optado porque sea el primer secretario de los socialistas catalanes el que abra el primer encuentro realmente institucional con Puigdemont, que está en Bélgica desde 2017, cuando huyó para escapar de la Justicia.

De todas maneras, Turull ha insistido en que también sería necesaria una reunión entre Pedro Sánchez y Puigdemont para engrasar la relación entre ambos partidos: “Para nosotros es importante que se miren a los ojos”. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha respondido en la rueda de prensa tras el consejo de ministros que “esa reunión se producirá”, aunque no ha querido confirmar fecha ni lugar: “Cuando ese encuentro se formalice y se vaya a producir se informará con toda la normalidad”.

El president Illa declaró en una entrevista en Catalunya Radio que le hubiera gustado que la reunión hubiera tenido lugar en la sede de la Generalitar en Barcelona, pero la situación judicial del líder de Junts lo impide. Este otoño se espera que el Tribunal Constitucional resuelva si revoca la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía a Puigdemont, aunque la decisión podría venir precedida de un permiso para que el expresident pueda volver sin que sea arrestado.

No es el único frente judicial abierto del independentismo, este jueves se conocerán las conclusiones del abogado general de la UE sobre el recurso interpuesto por Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí contra la sentencia del Tribunal General que desestimó su recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de suspender su inmunidad.

En el Congreso de los diputados, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, acusó a Sánchez y a Illa de “comenzar el curso poniéndose a las órdenes” de Puigdemont.

No ha sido una buena semana para el Gobierno de Pedro Sánchez en la UE. El presidente siempre ha encontrado en la agenda europea y en su sintonía con Ursula von der Leyen, acostumbrada a agradar a los jefes de Gobierno, que es al final con los que tiene que negociar cada propuesto u orientación que sale de la Comisión Europea. Desde que llegó a Moncloa, Sánchez siempre ha encontrado oxígeno en Bruselas, que ha puesto a España en numerosas ocasiones como el alumno aventajado en materia económica y, en su momento, también en la implementación del plan de recuperación de la pandemia, pese a las dudas que sembraba el Partido Popular.

Incluso con la mayor ofensiva de la derecha en Bruselas, donde intentaron doblegar a los socialistas con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ejecutivo encontró una cierta empatía por parte del gobierno comunitario, que evitó posicionarse más allá de alertar de las consecuencias del bloqueo en sus informes sobre el estado de derecho. Al final, la Comisión Europea actuó de árbitro en una inédita mediación para que PSOE y PP renovaran el organismo, que llevaba con su mandato caducado casi cinco años.

Para entonces, el PP ya había iniciado una campaña en la UE contra la amnistía al procés en la que de nuevo intentó un posicionamiento en contra de la Comisión Europea, que ha evitado pronunciarse durante todo este tiempo. Más allá de decir que haría una evaluación de esa normativa, el silencio ha imperado tanto antes como después de su aprobación el 30 de mayo de 2024.

Hasta ahora. La Comisión Europea ha tenido que pronunciarse en el marco de las prejudiciales que se analizan en el Tribunal de Justicia de la UE a instancias de los tribunales españoles. El gobierno comunitario avaló la amnistía en tanto en cuanto que descarta que haya afectado a los intereses financieros de la UE y tampoco entra a cuestionar si el olvido penal de los delitos de terrorismo por los que están acusados los CDR vulneraría la directiva europea sobre ese asunto. Sin embargo, introdujo una crítica política al asegurar que la medida era una “autoamnistía”.

En la vista celebrada el martes, el representante de la Comisión Europea reprodujo inicialmente los argumentos que los servicios jurídicos habían planteado en las observaciones por escrito. “No parece que la Ley Orgánica de Amnistía [LOA] responda efectivamente a un objetivo de interés general dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, fue uno de los argumentos del letrado, Carlos Urraca Caviedes, que como hizo el documento del gobierno comunitario también apuntó a la “división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española” que, a su juicio, ha provocado la amnistía.

Pero el abogado, miembro de los servicios jurídicos de la Comisión Europea experto en materia de competencia, fue un paso más allá en su última frase tras ocho horas de sesión: “La Comisión Europea cree que en último término este asunto suscita una cuestión importante: si es compatible con los valores de la Unión Europea conceder amnistía a cambio de apoyo para la investidura de un gobierno –planteó–. La Comisión Europea cree que la respuesta tiene que ser negativa”.

La gran pregunta que planea sobre la Comisión Europea es por qué en un año no ha abierto un procedimiento de infracción contra España si considera que la normativa va en contra de los valores europeos y contra el estado de derecho.

Está por ver si la argumentación política influye en los jueces de Luxemburgo, que tendrán que determinar el encaje en el derecho de la UE del olvido penal a los casos de malversación y terrorismo. En el Gobierno están convencidos de que el TJUE avalará la amnistía y señalan a un funcionario de la órbita del PP, que era el jefe de los servicios jurídicos, como el instigador de los comentarios más políticos recogidos en la posición de la Comisión Europea sobre la amnistía. No obstante, tras la elaboración del informe, Daniel Calleja fue designado jefe de la oficina de la institución en Madrid y fue uno de sus subalternos el responsable de defender la postura comunitaria.

Bruselas quiere vía libre a la fusión BBVA-Sabadell

El segundo revés llegó 48 horas después y también vinculado a posición del Gobierno compleja ante la presión de sus socios independentistas: las trabas a la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España por las leyes en las que se basó para poner condiciones a esa operación.

El ejecutivo comunitario considera que las normas españolas permiten al Gobierno extralimitarse en el control de las operaciones o concentraciones empresariales. En el caso de la compra de Sabadell por BBVA, en Bruselas consideran que sólo el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades nacionales de Competencia (CNMC) deberían haberse pronunciado y cuestiona que la decisión se elevara al Consejo de Ministros, que puso condiciones extra, como la prohibición de que haya una fusión efectiva de las dos entidades en tres años.

El apercibimiento se produce tras un diálogo entre la Comisión Europea y el Gobierno de España que se ha prolongado durante casi un año, a raíz de las dudas que expresó Bruselas sobre las normas españolas en las que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, basó su capacidad de veto a la operación. El Ejecutivo optó por condicionar la OPA, desoyendo las advertencias que, finalmente, se han convertido en un expediente formal. Ahora España tiene un plazo de dos meses para “subsanar las deficiencias”, que básicamente pasan por cambiar las leyes de las que se ha servido el Gobierno para tratar de torpedear la operación. Por el momento, en el Gobierno se limitan a decir que cumplirán con ese plazo y que la normativa “lleva bastantes años vigente y se ha aplicado desde entonces en varias ocasiones”.

El expediente de Bruselas supone un varapalo a los argumentos que había utilizado el Gobierno contra una operación que no gusta a sus socios catalanes y refuerza la artillería del BBVA contra las trabas puestas por el Ejecutivo, aunque el procedimiento de infracción, en caso de llegar a último término, tardará meses en resolverse. Y la Comisión Europea no interviene directamente en la operación en sí, pero la decisión es un golpe para el Gobierno, acostumbrado hasta ahora a la buena sintonía con Von der Leyen.

El fracaso de la oficialidad del catalán

Ya para acabar la semana, el Gobierno se ha topado de nuevo con el rechazo de un puñado de países a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE. Alemania, Italia, Croacia, Austria, Suecia, Finlandia y República Checa son los que más claramente han expresado sus dudas respecto a la propuesta española, que parte del acuerdo de Pedro Sánchez con Junts y ERC de cara a la investidura. Esos países, a los que se suman de forma más ambigua otros, como Francia, que también ha reconocido que se deben solventar “preocupaciones” legales, financieras y prácticas respecto a la posible implementación de esa medida.

El ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, que a priori estaría dispuesto a apoyar la iniciativa, ha afeado a España que plantee ese debate en este momento. “Comprendemos que para la gente de España y para el multilingüismo y las tradiciones es muy importante. Pero el momento no es el correcto”, reprochó en declaraciones a los periodistas. El mensaje ya se lo había hecho llegar a las autoridades españolas.

El Gobierno se ha revuelto contra esos países y ha elevado el tono al asegurar que “no pueden secuestrar o retrasar los debates innecesariamente”. Lo que sostienen en el Ministerio de Exteriores es que, con el último documento que han circulado entre los 27, ya se despejan todas las dudas que puede haber al respecto. Sin embargo, tanto los servicios jurídicos del Consejo de la UE como varias capitales cuestionan que la propuesta española se pueda resolver de forma sencilla y apuntan a la necesidad de reformar los tratados de funcionamiento del club comunitario. “Nosotros ya hemos resuelto todas las dudas que nos han planteado. Si hay dudas nuevas, que las planteen”, afirmó el secretario de Estado, Fernando Sampedro, antes de la reunión con los responsables de Asuntos Europeos este viernes.

“Quizá hay otros motivos que explican sus posiciones, pero desde luego no es la falta de información, no es la falta de explicaciones. Y no hay ningún argumento ni económico, ni en términos legales, ni en términos de precedentes que pueda justificar retrasar esta iniciativa”, dijo sugiriendo que hay motivos políticos detrás de ese bloqueo en línea con la posición que mantuvo Junts a finales de mayo, cuando se aplazó la decisión sobre la oficialidad por el veto de una decena de países y Carles Puigdemont señaló al PP de Alberto Núñez Feijóo por maniobrar contra la iniciativa ante los gobiernos de su familia política.

La amnistía ha quedado vista para sentencia en Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establecerá en los próximos meses el encaje en el derecho de la UE del olvido penal a los casos de malversación y terrorismo. La vista de esta martes ha estado marcada por el choque entre el representante de la Comisión Europea, muy crítico con la ley, con los representantes de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las defensas de los encausados, que han defendido la legalidad de la norma.

De la decisión del TJUE depende el futuro judicial de una docena de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que están pendientes de juicio en la Audiencia Nacional acusados de delitos por los que se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión. También 33 altos cargos, entre ellos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas, después de que el Tribunal de Cuentas también elevara una cuestión prejudicial al TJUE para determinar si la amnistía tiene cabida dentro del derecho comunitario. Los jueces tienen ya los argumentos de las defensas de los acusados y de las acusaciones (Sociedad Civil Catalana y la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo), aunque el epicentro de la vista celebrada este martes ha sido el choque entre España (abogacía del Estado y Fiscalía) y la Comisión Europea.

En línea con lo que el gobierno comunitario expresó en sus observaciones por escrito, el letrado ha cuestionado el “interés general” que el Gobierno le atribuye a la normativa. Pedro Sánchez siempre ha defendido que se trata de una iniciativa para enterrar el conflicto político en Catalunya. “No parece que la Ley Orgánica de Amnistía [LOA] responda efectivamente a un objetivo de interés general dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, ha expresado el agente Carlos Urraca Caviedes.

También ha mantenido los argumentos con un mayor calado político que generaron malestar en el Gobierno, que consideró que los servicios jurídicos de la Comisión Europea se excedieron en su interpretación y lo vincularon con la cercanía al PP del jefe del departamento, que ha desarrollado su carrera en Bruselas de la mano de los conservadores. A pesar del cambio en la cúspide de ese organismo, la línea se ha mantenido en los argumentos esgrimidos por el gobierno comunitario, que también chocan con la posición del Tribunal Constitucional.

“Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse, garantizándose su inmunidad jurídica, son contrarias al principio del Estado de Derecho; en opinión de la Comisión, el mismo criterio debería aplicarse cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario”, ha afirmado Urraca Caviedes en referencia a la ley, que nació de la negociación del PSOE Junts y ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez.

Y el colofón ha llegado en el alegato final, tras ocho horas de vista. “La Comisión Europea cree que en último término este asunto suscita una cuestión importante, que es la siguiente: si es compatible con los valores de la Unión Europea conceder la amnistía a cambio de apoyo para la investidura de un gobierno. La Comisión Europea cree que la respuesta tiene que ser negativa”.

En contra se ha topado con la Fiscalía, que ha justificado que las amnistías sean el resultado de una negociación política. En la misma línea se ha pronunciado la abogada del Estado, Andrea Gavela Llopis, que ha recordado que el afán de la recuperación de la normalidad y la convivencia dentro Catalunya y con el resto de España. “Por principio una ley debatida y aprobada por el parlamento de un Estado democrático de derecho que contempla la extinción de la responsabilidad penal por amnistía no puede calificarse de autoamnistía”, ha defendido.

La parte de las preguntas que ha planteado el Tribunal de Cuentas se ha centrado fundamentalmente en el límite de dos meses para aplicar la amnistía. Ahí se ha producido el otro gran choque con la Comisión Europea, que considera que no da margen a que investigue si los gastos del procés perjudicaron a los intereses de la UE. Y sostiene que ese es el organismo jurisdiccional que lo tiene que determinar, aunque la Comisión Europea, que es la guardiana de los tratados y de los intereses del bloque comunitario. De hecho, la Comisión Europea rechaza que el procés afectara a las cuentas europeas.

El fiscal ha recordado que ese precepto no ha surgido en ninguno de los procesos judiciales que durante años se han celebrado en torno al secesionismo catalán hasta el momento en el que se promulgó la amnistía. La abogada del Estado ha defendido la necesidad de establecer plazos procesales y ha apuntado a que no ha habido ninguna consecuencia para los organismos que no hayan adoptado aún las medidas de la ley de amnistía. Igualmente, se han suspendido en el momento en el que se han elevado las cuestiones prejudiciales al TJUE, que tardará unos meses en pronunciarse.

Aunque a priori la parte de la malversación, por la afectación a altos cargos como Puigdemont o Junqueras, se llevaba el foco, no ha sido así para los jueces que componen la Gran Sala, que han formulado muchísimas más preguntas sobre el encaje de la amnistía a los acusados por terrorismo en el marco de la directiva con la que la UE armonizó esos delitos con unos tipos mínimos.

Los jueces han interrogado a las partes por la aplicación de la amnistía a esos delitos, que quedaron excluidos en la ley en aquellos casos en los que no hubiera vulneración de los derechos humanos, es decir, que no hubiera resultado de muerte o tortura. Ese es el asunto que mayor interés ha suscitado para los magistrados.

No despenaliza conductas punibles

Los argumentos de la abogada del Estado han sido que es que la amnistía no despenaliza las conductas punibles, ni modifica su descripción típica o elimina o introduce elementos determinantes de la punibilidad con proyección hacia el futuro. “Se limita a suprimir los efectos jurídicos de la aplicación de unas normas cuya validez y vigencia no cuestiona”, señala la letrada en referencia a que los efectos del perdón tienen que ver con conductas del pasado sin que ello suponga un riesgo sistémico que pueda comprometer la efectividad del Derecho de la Unión.

Ahí también hay una diferencia de criterio con la Comisión Europea, que ha sugerido que el ámbito de aplicación de la amnistía es demasiado amplio, aunque ha dado varios giros en la argumentación. “Observamos que el ámbito de aplicación es muy amplio y hay mucha indeterminación. Por eso se puede violar el efecto útil de la directiva”, ha dicho el representante de la Comisión Europea, que después ha asegurado que corresponde determinar ese tipo de cuestiones al tribunal nacional. Pero apenas se ha centrado en ese asunto en su intervención final, en la que ha dejado el gran golpe político a la amnistía al asegurar que no es compatible con los valores de la UE.

Serán los jueces los que tengan la última palabra, aunque todavía tardarán unos meses en pronunciarse. Y, entre tanto, en Madrid, Sánchez trata de mantener las alianzas con las fuerzas independentistas.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha celebrado este martes la vista sobre las cuestiones prejudiciales de la amnistía que establecerán el encaje en el derecho de la UE del olvido penal a los casos de malversación y terrorismo. La primera parte de la jornada se ha desarrollado en torno a la causa que afecta al Tribunal de Cuentas y por la tarde le ha tocado el turno a las preguntas elevadas por la Audiencia Nacional respecto al perdón a los CDR. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y los abogados de los encausados han unido fuerzas en su defensa de la norma frente a los denunciantes de Sociedad Civil Catalana, que ven incompatible la amnistía con las normas europeas. Por su parte, la Comisión Europea ha cuestionado el “interés general” detrás de la normativa, aunque rechaza el elemento fundamental por el que el asunto ha llegado a Luxemburgo al negar que el procés afectara a los intereses económicos de la UE. Y, en el alegato final, el representante ha lanzado el dardo más político al asegurar que la medida “a cambio de la investidura de un Gobierno” es “incompatible con los valores de la UE”.

“No parece que la Ley Orgánica de Amnistía [LOA] responda efectivamente a un objetivo de interés general dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, ha afirmado el representante de la Comisión Europea, Carlos Urraca Caviedes, que también pone en duda que las autoridades españolas atendieran “a las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación”. En ese sentido, censura que se tramitara por la vía de urgencia y ha recriminado que no hubiera informes de organismos independientes.

La abogada del Estado ha precisado que la tramitación urgente no elimina la presentación de informes preceptivos (que sólo se requieren cuando la iniciativa parte del Consejo de Ministros) sino que se limita a acortar los plazos. “Se cumplieron todos los trámites de ese procedimiento”, ha dicho letrada al recordar que la proposición de ley la presentó el PSOE en el Congreso.

“Una división profunda y virulenta”

En contra del principal argumento político de Pedro Sánchez para justificar la amnistía, que se fundamenta en la convivencia y la resolución del conflicto político en Catalunya, la Comisión Europea apunta a “una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española”. La derecha llevó incluso a Bruselas su ofensiva contra la amnistía.

“Las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo, con un espíritu de cooperación leal entre las instituciones estatales, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la invocada reconciliación social y política”, ha reiterado el letrado en línea con lo que el ejecutivo comunitario reflejó ya en sus observaciones por escrito. Ese texto no sentó nada bien al Gobierno, que señaló al jefe de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, Daniel Calleja, cuya carrera en Bruselas ha estado ligada al PP. Carlos Urraca Caviedes, también español y experto en asuntos de competencia, está por debajo en el escalafón.

“Existen dudas sobre el requisito de que las disposiciones de la LOA sean claras y precisas”, ha agregado el letrado que, sin embargo, ha reconocido que determinarlo correspondería al Tribunal de Cuentas, que ha planteado cuestiones prejudiciales en el marco de la presunta malversación que afecta a 33 altos cargos, entre ellos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas.

La Fiscalía defiende la negociación política de la amnistía

Por su parte, la Fiscalía ha recordado que lo normal es que los procesos de amnistía se negocien políticamente. El fiscal también ha rechazado el concepto de “autoamnistía” que introdujo la Comisión Europea en sus alegaciones por escrito y que el agente de la Comisión Europea ha reiterado. “Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse, garantizándose su inmunidad jurídica, son contrarias al principio del Estado de Derecho; en opinión de la Comisión, el mismo criterio debería aplicarse cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario”, ha afirmado Caviedes en referencia a la ley, que nació de la negociación del PSOE Junts y ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez.

La Abogacía del Estado, que representa al Gobierno, ha recordado que la norma siguió la correspondiente tramitación parlamentaria y ha asegurado que “no puede considerarse en ningún caso una autoamnistía”. “Por principio, una ley debatida y aprobada por el parlamento de un Estado democrático de derecho que contempla la extinción de la responsabilidad penal por amnistía no puede calificarse de autoamnistía”, ha afirmado.

No obstante, el énfasis de su defensa lo ha puesto en que la amnistía no supone un perjuicio para los intereses económicos de la UE que, según ha recordado la representante, Andrea Gavela Llopis, es el único supuesto en que el TJUE podría rechazarla.

La Abogacía del Estado y la Fiscalía, que se han aferrado al aval del Tribunal Constitucional, han recordado que los procedimientos judiciales en España no apuntaron en esa dirección en ningún momento. El representante del Ministerio Público, Manuel Martín-Granizo, ha asegurado que el asunto sólo se suscitó una vez que se había aprobado la ley.

Tampoco la Comisión Europea encuentra perjuicio para los intereses de la UE. “No parece que la disminución de la renta nacional bruta de un Estado miembro provocada por una secesión ilegal y unilateral de una parte de su territorio constituya un perjuicio suficientemente directo para la protección de los intereses financieros de la Unión”, ha defendido el letrado en contra de lo que sugiere el Tribunal de Cuentas.

A pesar de que da por hecho que no hay ese daño para las finanzas comunitarias, el gobierno comunitario cuestiona que se imponga un plazo de dos meses para aplicar la amnistía: “Ciertas disposiciones de la ley impiden al Tribunal de Cuentas garantizar la aplicación del derecho de la Unión y en particular verificar si los intereses financieros de la Unión se ven afectados en el asunto principal”. “En opinión de la Comisión las cuestiones prejudiciales no son hipotéticas ya que el Tribunal de Cuentas se ve en la imposibilidad de constatar una posible violación del derecho de unión debido a que el Derecho procesal nacional no se lo permite o sólo dificulta el sentido de la jurisprudencia mencionada en la cuestión del Tribunal”, ha expresado Urraca Caviedes.

Ese planteamiento choca con la realidad procesal: no ha habido consecuencias ante la decisión de algunos órganos jurisdiccionales de no aplicar la amnistía. Es el argumento que ha utilizado la abogada del Estado, que ha asegurado que “la independencia del tribunal no está en juego”: “Ha transcurrido con creces el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Amnistía sin que se haya materializado ninguno de los peligros que plantea: la realidad es que el Tribunal de Cuentas no ha resuelto sobre la aplicación de la ley a los demandados, ha suspendido el procedimiento principal y no ha procedido al alzamiento de las medidas cautelares adoptadas en su seno, quedando a la espera de la resolución del asunto ante el Tribunal de Justicia”.

En esa misma línea se ha pronunciado el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que ha recordado que los jueces del procés tardaron más de 300 días en dictar sentencia. “No afecta a la aplicación. No es un plazo real”, ha asegurado sobre el plazo establecido en la norma, que se ha incumplido ya: “Dos meses no limitan la justicia, la garantizan”.

Una de las preguntas del tribunal a la abogada del Gobierno ha tenido que ver precisamente con ese plazo de dos meses. En concreto, le ha interrogado sobre si el fallo del Constitucional impide elevar nuevas prejudiciales y la letrada ha asegurado que “cabe un planteamiento ulterior”.

El alcance del terrorismo

En el turno de la tarde se ha examinado el alcance de la amnistía respecto a los delitos de terrorismo por los que están acusadas una docena de personas, pendientes de juicio en la Audiencia Nacional y que se juegan penas de cárcel de más de 20 años. La negociación de la ley tuvo en esta parte uno de los puntos de más fricción y finalmente se planteó como única excepción a la amnistía los actos terroristas que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, como muerte o torturas. Eso no ocurrió durante el procés ni el 1-O ni en los disturbios.

La vista se ha centrado en aspectos fundamentalmente técnicos en este caso y serán los jueces de Luxemburgo los que tendrán que hacer una interpretación del encaje de la norma respecto al derecho comunitario. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han asegurado que el olvido tiene cabida sin vulnerar la directiva y han recordado que la amnistía “tiene una finalidad que no es otra que superación de un conflicto de naturaleza política y el restablecimiento de la paz social”.

Como hizo en sus observaciones escritas, la Comisión Europea considera que amnistiar a los CDR acusados de terrorismo “no se opone” a la “primacía” del Derecho de la UE a priori, pero deja el asunto en manos de los tribunales nacionales, que son los que tendrán que determinar el alcance de la norma respecto al tiempo y los objetivos que persigue.

“La Comisión considera que una amnistía tan amplia que excluyera en gran medida la persecución efectiva de las infracciones definidas en la directiva durante un largo periodo y sin limitar suficientemente su alcance a los objetivos que persigue, o mediante definiciones excesivamente vagas que podrían generar inseguridad jurídica, excedería los límites los requisitos del Estado de Derecho para las amnistías”, afirmó el representante de la Comisión, que dejó en manos de la Audiencia Nacional determinar “si las disposiciones de la ley de amnistía cumplen con las condiciones requeridas por los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley y, por tanto, entre otros, si la diferencia de trato que introducen se basa en un criterio objetivo y razonable”.

En España hay aproximadamente 17 millones de personas que nacieron después de 1996, el año en el que Felipe González salió de La Moncloa, después de 13 años y 155 días como presidente de Gobierno. Algunos de ellos no sabrán de su innegable aportación a la democracia. Ni que fueron sus gobiernos los que construyeron el Estado del Bienestar. Ni que dejó un innegable legado de estabilidad y de progreso. Tampoco que fue un líder que subordinó el PSOE al culto a su personalidad. O que durante sus mandatos fueron muchos los casos de corrupción que fueron juzgados y sentenciados. Todo arrancó con Juan Guerra, el hermanísimo de su todopoderoso vicepresidente, pero luego vinieron los casos Filesa , Ibercorp, Roldán, las escuchas del Cesid, el terrorismo de estado y hasta la entrada en prisión de uno de sus ministros del Interior, tras ser condenado por secuestro.

Su historia tiene tantas luces como sombras, pero hay varias generaciones de españoles que no guardan recuerdo alguno de ese personaje avinagrado que de vez en cuando asoma por la escena pública para proyectar sólo tiniebla. Como mucho, habrán oído hablar de un tal González como el hombre que se prodiga en momentos muy puntuales por los medios de comunicación -siempre en los alineados con la derecha política- para poner a caldo a Pedro Sánchez. Siempre la crítica feroz. Nunca un elogio. Siempre todo mal. Nunca una medida puesta en valor.

Este jueves, precisamente este jueves que se conocía la sentencia del Constitucional que avala la ley de amnistía, tenía programada una entrevista en Onda Cero en la que lo ha vuelto a hacer: “Esta autoamnistía es una vergüenza para cualquier demócrata. Es un acto de corrupción política en el peor sentido de la palabra. Si esto se consolida tal como lo ha predicho el presidente del Gobierno, conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. No es perdonarlos, es pedirles perdón. Es el Estado el que se somete”.

Y añadía, para rematar, que no votará al PSOE si Pedro Sánchez es el candidato. En otros tiempos, sus palabras hubieran hecho temblar los cimientos del socialismo, la dirigencia hubiera entrado en pánico y habrían saltado todas las alarmas en las sedes del partido. Hoy no es el caso. Sus palabras ya no solo computan entre la militancia a beneficio de inventario, sino que son también un acicate para el cierre de filas con Sánchez.

Será porque, como dice Patxi López, ha abrazado el argumentario completo de la derecha. Será porque se ha perdido en el laberinto del tiempo y no sabe que la España de 1982 no es la de 2025. Será porque no ha habido una sola vez en 8 años que haya utilizado el verbo para destacar un solo acierto. Será porque ese tal González, al que los socialistas un día idolatraban, hoy es una voz agotada para una militancia que no se inmuta porque no la reconoce como propia. O será porque ya no es Dios, como se refería a él en los noventa del siglo pasado el ya desaparecido Txiqui Benegas.

Y no únicamente por una cuestión generacional, sino también porque ese tal González del que no guardan recuerdo alguno millones de españoles, no es la voz de todos sus coetáneos socialistas, por más que así la presenten algunos medios. Habrá, claro, quien comparta con el expresidente aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor, que los de entonces eran mejores políticos, más listos y más estadistas y que Sánchez es el anticristo, el enemigo de España y un presidente que tiene que dimitir ya. Pero no es esa la opinión mayoritaria ni de la militancia ni de la dirigencia. Y tampoco la que representa a todos los que formaron parte del círculo más estrecho del propio González durante su primer gobierno. No es, desde luego, la de Javier Solana, ni la de Carlos Solchaga, ni la de José María Maravall, ni la de Joaquín Almunia, ni la de Narcís Serra, ni la de Javier Moscoso (padre), ni la de Enrique Barón… Y tampoco la de otros exministros que formaron parte de sus posteriores gabinetes, como Josep Borrell o Abel Caballero.

Y esto es algo sobre lo que llama la atención un veterano socialista que formó parte de la estructura de sus gobiernos, que recomienda a González que relea -porque le consta que ya lo hizo- Memorias de Adriano, una reflexión sobre el poder, la muerte, la amistad y la búsqueda del conocimiento a través de la mirada de un emperador sabio pero melancólico. Quizá para que recuerde que un día dejó de ser Dios, y no se enteró.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado contra la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la amnistía al 'procés' catalán, tachando de “muy infantiles y flojos” los argumentos expuestos por el Alto Tribunal para llegar a esta resolución y considerando que su actuación es “muy grave y muy inmoral”.

Así lo ha expuesto García-Page este jueves en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, donde ha aseverado además que esta decisión del TC le hace plantearse que haya que “pensarse muy en serio el papel del Constitucional” en una futura reforma constitucional. “Hasta ahora nadie planteaba eso, pero yo sería de los que lo plantearía”.

“El Constitucional no es infalible. No lo es. No es como el Papa. De manera que no solo se puede discrepar, sino que probablemente acaba de firmar una etapa muy negra del propio Tribunal. Una ulterior reforma --de la Constitución-- tendrá que revisar a fondo el propio papel, composición y definición del Tribunal Constitucional”, ha asegurado.

El Constitucional no es infalible. No lo es. No es como el Papa. De manera que no solo se puede discrepar, sino que probablemente acaba de firmar una etapa muy negra del propio Tribunal

En cuanto a los razonamientos del Tribunal para su decisión de avalar la amnistía, García-Page ha expuesto que si es legal todo lo que no prohíbe la Constitución “no tendría que haber recursos en casi nada”. En este sentido, ha manifestado que el TC “está para ver cuáles de los valores superiores de la Constitución prevalecen cuando se producen colisiones”, considerando que en este caso se viola el principio de igualdad, “que es sagrado”.

“Y ha abierto la puerta a un argumento peligrosísimo de incertidumbre constitucional si todo lo que no está expresamente prohibido cabe. ¿Y si mañana a una nueva mayoría le da por amnistiar otros muchos delitos de corrupción o de tantas y tantas cosas? Es peligrosísimo y acaba de abrir la puerta de una manera muy temeraria”, ha incidido.

El presidente regional, además, ha asegurado que el PP “tendría que callar bastante” porque cometieron “un grave error”, a su juicio, por cómo habían acordado con el PSOE pactar el TC. “Realmente consintieron este acuerdo que se tradujo luego en múltiples engaños a la hora de configurar el Constitucional”, ha opinado.

Por contra, ha considerado que su gobierno cumplió al recurrir la amnistía. “Recurrí porque creímos que había que recurrir”, ha enfatizado, alegando que la amnistía “se hizo saltándose todos los filtros jurídicos” y es “la crónica de un bochorno anunciado”.

Por todo ello, ha pedido “por favor” al Ejecutivo de Sánchez que “no presuma” de este aval del TC a la norma. “Yo no presumiría de contradecir la palabra que se dio”, ha apostillado, aseverando que “en Cataluña se han desinflamado mucho las cosas a costa de inflamarse en el resto de España”.

Irá al Comité Federal “a escuchar”

Por otro lado, preguntando por los casos de presunta corrupción que afectan a los dos últimos secretarios de Organización del partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ha apuntado que quiere creer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no conocía sus supuestas actuaciones.

“Quiero creerme al presidente Sánchez, llevo muchos años en política para saber que te pueden engañar por cien euros o por cien millones y tener gente que disimula mucho en tu presencia y luego hace otra cosa”, ha desgranado.

En todo caso, ha apuntado que en el próximo Comité Federal del PSOE, más que hablar, lo que le interesa “sobre todo es ir a escuchar explicaciones y sobre todo una pregunta, ¿esto dónde acaba?”.

A su juicio, la “actitud normal de un socialista es estar indignado por lo que está pasando. ”Y no voy a hacer culpable a Pedro Sánchez, pero no estamos hablando de culpables, estamos hablando de responsables y lo que quiero ver es en qué consiste ser responsable de lo que ha pasado“, ha esgrimido.

En todo caso, ha argumentado que “lo verdaderamente importante” son “los valores y los principios” del PSOE y es lo que hay que preservar “muy por encima de los dirigentes”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado de “ilegal” la ley de amnistía pocos minutos después de hacerse público que el Tribunal Constitucional ha rechazado su recurso contra la norma y, por tanto, la ha avalado. “Es una vergüenza para cualquier demócrata, diga lo que diga un Constitucional dividido. Y lo digo desde el respeto institucional al tribunal”, ha sostenido en una rueda de prensa en Bruselas tras reunirse con los líderes del PP Europeo. “Es un obús contra la separación de poderes”, ha sostenido Feijóo, quien se ha comprometido a cumplir con el 5% de gasto militar que exige la OTAN si llega al Gobierno.

El pleno del tribunal de garantías, tras varios días de deliberaciones, ha rechazado el recurso que presentó el Partido Popular contra la norma de perdón del procés con los seis votos favorables del sector progresista y cuatro en contra de los conservadores. Un borrador ahora aprobado que ponía pequeñas pegas a la amnistía, sobre todo que perdonara delitos consumados después de noviembre de 2023, pero que da luz verde al grueso de la ley al entender que es compatible con la Constitución, que su tramitación parlamentaria fue correcta y que no es un indulto general.

El PP mantiene así la misma línea argumental contra la amnistía que ya planteó en origen, cuando el Congreso comenzó a tramitar la ley. Pese a sus intentos, la norma ya está plenamente integrada en el ordenamiento español. De poco han servido los intentos de colocar a las instituciones europeas contra el perdón a los responsables del procés: desde la Comisión de Venecia a la propia Comisión.

Eso cayó en saco roto, pero Feijóo va a repetir la estrategia contra las dos leyes judiciales que ha aprobado el Gobierno: la reforma del sistema de acceso a la Justicia y de la Fiscalía. El líder del PP ha anunciado en la capital comunitaria que pedirá “formalmente” a la Comisión Europea que “active todas las alarmas en la tramitación de la 'ley Bolaños' de politización de la Justicia”.

“Esto atenta contra el Estado de derecho europeo”, ha afirmado, para asegurar que ambas leyes están impulsadas por “un ministro de Justicia investigado por un juez, que quiere dar más poder a un fiscal general investigado por el Tribunal Supremo”.

El PP cumplirá el 5% de gasto militar de Trump

El grueso de la comparecencia de Feijóo lo ha ocupado el reciente acuerdo firmado por la OTAN para aumentar el gasto militar de los aliados hasta un mínimo del 5% del PIB en 2035. Un documento que, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exime a España de este cumplimiento.

La posición del jefe del Ejecutivo español ha provocado las amenazas del presidente de EE UU, Donald Trump, impulsor del acuerdo.

Feijóo ha intentado el imposible de mezclar una doble crítica contradictoria a Pedro Sánchez. Primero, ha dicho que el presidente español “ha avalado con su voto y firma el plan de rearme de la OTAN y un incremento del gasto en defensa del 3,5 más el 1,5, el 5% para los próximos 10 años”. “Da igual que haya intentado engañar a los socios en España o que intente engañar a los socios europeos”, ha añadido. “El papel tiene cuenta de lo que se le pone. El señor Sánchez ha votado y firmado el acuerdo de incremento del gasto en defensa del 5% en los próximos 10 años”, ha sostenido.

El líder del PP ha pasado entonces a criticar a Sánchez por “romper la unidad de la OTAN”. “Europa solo tiene un camino, la unidad”, ha dicho, para alertar de un “enorme riesgo de romper la unidad”, para reiterar: “Ayer ha roto la unidad el señor Sánchez de forma ficticia, porque pacta, vota y firma el 5% y en la rueda niega lo que él ha pactado, votado y firmado. Eso es inadmisible”.

Feijóo ha considerado que Sánchez es responsable de un “daño irreparable” y ha dado por buenas las amenazas comerciales de Trump contra España. “No vamos a consentir las mentiras de Sánchez”, ha dicho. “Sus excentricidades las pueden pagar los sectores económicos y productivos. Pido que al otro lado del Atlántico no se confunda la precariedad del presidente español con los sectores productivos”, ha planteado en referencia a EE UU.

“Ha sido un enfrentamiento forzado, interesado, de Sánchez con Trump, pero es otra mentira”, ha asegurado. “Lo que hay es un choque de España con todos sus socios europeos”, ha reconocido minutos después de asegurar que España sí ha firmado el 5%. “El choque artificial y buscado es un choque inédito de España con la unidad europea”, ha reiterado.

Feijóo ha asegurado así que “Sánchez ha firmado” y que “no puede desandar y desautorizarse a sí mismo”. Según esta tesis, España se ha comprometido a cumplir con un 5% del PIB en gasto militar en 2035. Un compromiso que el PP hace suyo y que cumplirá, según ha asegurado su líder.

“Ese documento está custodiado en la OTAN”, ha asegurado sobre el acuerdo hecho público ayer. “Le está haciendo un daño irreparable al país”, ha asegurado, para anunciar su posición: “He transmitido a mis colegas que habrá una España mejor, que cumpla los compromisos con los socios. Si firmamos un documento, lo cumpliremos”.

¿Y cómo lo hará? Feijóo ha dicho que tiene que “echar bien las cuentas” sobre el gasto militar y que “si necesita algún año más de flexibilidad” para cumplir el acuerdo, “lo pediría”. Pero que su determinación es hacerlo efectivo.

Feijóo ha dado por hecho que Sánchez no será presidente en 2029, primer hito cronológico de la nueva senda de gasto acordada en la OTAN. Lo será él, según ha dicho. “Veremos las necesidades en 2029, igual han disminuido”, ha asegurado. “Es un acuerdo que hay que interpretar y ajustar en el tiempo, tenemos una década para ello”, ha añadido. “Seamos previsibles con nuestros socios”, ha defendido, para concluir: “La mentira es incompatible conmigo”.

El expresidente del Gobierno Felipe González ha desvelado este jueves que cuando haya elecciones no va a votar al PSOE, el partido que lideró durante 23 años, por haber participado en la “barrabasada” de la ley de amnistía. González ha amenazado con no votar, de hecho, a ningún partido que haya aprobado la ley de amnistía que este jueves avalará el Tribunal Constitucional (TC), asegurando que la norma es una “vergüenza” para cualquier demócrata.

“Si esto se consolida tal como lo ha predicho el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez), conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. No es perdonarlos, es pedirles perdón. Es el Estado el que se somete” ha dicho en una entrevista en Onda Cero. Preguntado sobre si está diciendo que no apoyaría en las urnas a los promotores de la amnistía, González ha confirmado que no, “ni el PSOE ni ningún partido que haya apoyado la ley de amnistía” contaría con su voto.

Eso sí, ha asegurado que ningún caso de plantea votar al PP, “entre otras cosas” porque no ve que “planteen un proyecto de país”. “Veo a Feijóo haciendo figuras con Mazón o con el propio Abascal ayer”, ha puesto como ejemplo para justificar su rechazo.

En su crítica a la amnistía, Felipe González ha lamentado que todo el trabajo de los socialistas durante años “se deshaga como un azucarillo por una frase absolutamente inaceptable de que hay que hacer de la necesidad virtud” que pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al defender la amnistía. “¿Dónde está la virtud”, ha añadido González, quien ha considerado que Sánchez ha tenido una “absoluta falta de respeto al Tribunal Constitucional” por adelantar que el fallo de la amnistía que se votará este jueves será a favor.

Según el expresidente, “el debate es sobre si es posible la autoamnistía” porque “gente que se va a beneficiar”, ha agregado, redactó el texto de la ley.

En mayo de 2024, el entonces vicepresidente valenciano Vicente Barrera (Vox) leía una declaración institucional del Consell de rechazo a la Ley de Amnistía aprobada por el Ejecutivo Central, que calificó como “el mayor ataque posible a la democracia que destruye el principio de igualdad entre los españoles”. Barrera, en nombre del Gobierno valenciano, hacía un llamamiento “a toda la sociedad española para que alcen la voz en defensa del Estado de derecho, la democracia y la igualdad de todos los españoles”. Con anterioridad, el vicepresidente de Vox ya había hecho un llamamiento a la movilización ciudadana contra dicha legislación.

En junio, la Junta Electoral Provincial de Valencia, a raíz de una denuncia presentada por el PSPV, consideró que Barrera había vulnerado el artículo 50.2 de la Loreg (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) al romper este la neutralidad institucional con sus declaraciones, que también se quedaron recogidas en una nota de prensa de la Generalitat. De igual modo, se ordenaba la incoación de procedimiento sancionador a los responsables del controvertido comunicado oficial y de su difusión, al exvicepresidente primero y exconseller de Cultura y Deporte, y al director general de Comunicación y Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana. La resolución de la Junta Electoral fue recurrida por Vox.

Ahora, el Tribunal Supremo ratifica la resolución de la Junta Electoral al desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el partido ultra, ratifica la retirada del comunicado publicado en su día y le impone el pago de las costas a los recurrentes al ratificar la vulneración de la neutralidad institucional.

Vox recurrió la resolución al enmarcar las declaraciones de Barrera dentro del ejercicio ordinario de un cargo público, así como también defendían que no existió intención de influir electoralmente, igual que aseguraban que tampoco hubo alusión a logros partidistas. La formación ultra defendía el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a recurrir las leyes ante el Tribunal Supremo y alegaron que se había producido un trato desigual, ya que no se actuó del mismo modo con otros cargos públicos que realizaron manifestaciones similares.

La Sala insiste en que el acuerdo impugnado no es sancionador, sino un acto previo que inicia una investigación, y destaca que no se han vulnerado derechos fundamentales, porque no hay aún una sanción, solo indicios que justifican el procedimiento. Así mismo, recuerda que actos como la incoación de un expediente no son recurribles por sí solos, salvo que causen indefensión o perjuicio grave, lo que insisten en que no ocurre en este caso.