Una magistrada de Barcelona ha amnistiado a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O: Tània Verge, exconsellera de ERC; el abogado Marc Marsal; Josep Pagès, actual diputado de Junts en el Congreso; el catedrático de Ciencias Políticas Jordi Matas, y la abogada Marta Alsina.

Los cinco habían sido absueltos, pero la Audiencia de Barcelona ordenó repetir el juicio. Entre tanto, se aprobó la ley de amnistía, aunque no se les aplicó debido a diversos conflictos competenciales entre órganos judiciales. Ahora, según ha avanzado El Nacional y ha confirmado la agencia ACN, han sido amnistiados con el informe favorable de la Fiscalía.

Los abogados de los síndicos solicitaron que se les aplicara la amnistía desde el mismo día de su entrada en vigor, hace ahora dos años, pero el anterior juez nunca respondió a su petición. La resolución del caso también se retrasó cuando el magistrado elevó una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ya que Verge era diputada de ERC y, por tanto, aforada ante el alto tribunal catalán.

El TSJC rechazó asumir la competencia y pidió al juez que concretara mejor la imputación. Finalmente, Verge dejó su escaño y la actual magistrada desbloqueó el pasado mes de abril la petición de amnistía para los cinco, solicitando el criterio de la Fiscalía, que presentó un informe favorable a concederles la amnistía.

Los síndicos electorales fueron juzgados y absueltos en abril de 2021 por una magistrada del Juzgado de lo Penal número 11 de Barcelona. La Audiencia ordenó repetir el juicio, como reclamaba la Fiscalía, que pedía para ellos dos años y nueve meses de prisión por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas. La causa quedó estancada en ese punto, a pesar de que la ley de amnistía está en vigor desde junio de 2024. Ni el juez de lo Penal ni el TSJC quisieron aplicarles la amnistía.

El Tribunal Constitucional (TC) puso en práctica con los síndicos del 1-O su nueva competencia para imponer multas millonarias como medida cautelar, una sanción coercitiva que finalmente retiró en noviembre de 2017 al constatar que durante el 1-O no habían hecho nada más que celebrar reuniones preparatorias.

La Comisión Europea ha confirmado la recepción de la denuncia de los abogados de Carles Puigdemont para que se abra un procedimiento de infracción contra España por el supuesto incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la ley española de Amnistía. La institución europea ha señalado que “corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales remitentes aplicar las sentencias del Tribunal de Justicia”, negándose a hacer más comentarios sobre la denuncia de Puigdemont.

En un escueto comunicado, Bruselas apunta que “cuando se presentan denuncias se tramitan de acuerdo con el procedimiento habitual de la Comisión. Tras su recepción, las denuncias son examinadas, registradas y evaluadas antes de que se adopte una decisión. En esta fase no tenemos más comentarios que añadir”. El organismo explica que desde la recepción de la denuncia hasta la adopción de una decisión puede pasar hasta un año.

La respuesta oficial de la institución europea es parecida a la que ya dio del comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, que dijo el pasado viernes que “ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE” sobre la Ley de Amnistía. McGrath entonces recalcó que “la Comisión siempre respeta y acata las sentencias del Tribunal de Justicia, y por tanto tomamos nota detenidamente de todas las resoluciones del Tribunal, incluida la relativa a la ley de amnistía española. Ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia. Seguiremos de cerca este asunto”.

Hace un año, la Comisión Europea puso en duda la norma española al declarar que “no parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión” en su respuesta a las prejudiciales que mandó al TJUE a instancias del Tribunal de Cuentas.

Denuncia de Puigdemont

Puigdemont denunció a España ante la institución comunitaria por no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía. La denuncia, que firman también los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, acusa al Tribunal de Cuentas de un incumplimiento “manifiesto y deliberado” de la sentencia, después de que éste optase el lunes por no aplicar aún la medida de gracia y dar diez días a las partes para aportar nueva información.

El pasado 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó la norma española y descartó que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, que además define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

La sentencia del TJUE no tiene efectos inmediatos para Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers aún no amnistiados, que quedaron excluidos de la aplicación de la Ley de Amnistía porque el instructor del procés, Pablo Llarena, y la mayoría de la Sala del magistrado Manuel Marchena en el Tribunal Supremo determinaron que se habían enriquecido personalmente al no afrontar de su bolsillo los gastos del procés. Los políticos recurrieron esta interpretación ante el Tribunal Constitucional, que todavía tiene que dictar sentencia.

Sin embargo, la sentencia del TJUE es un espaldarazo al tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido de cara a este último y decisivo episodio. El fallo de los jueces de Luxemburgo refrenda la interpretación que ha realizado hasta ahora el Constitucional de la norma. La resolución cita textualmente la primera sentencia del tribunal de garantías que rechazó el recurso del PP y avaló la constitucionalidad de la ley en 2025.

El Tribunal Constitucional ha fijado un pleno para el próximo 22 de septiembre para resolver el primero de los recursos presentados por dirigentes independentistas contra la resolución del Tribunal Supremo que impidió la aplicación de la Ley de Amnistía a la cúpula del Gobierno catalán condenada por malversación de fondos públicos. El argumento del Supremo para negar la amnistía al expresidente Carles Puigdemont, o al exvicepresidente Oriol Junqueras, fue que se habían enriquecido patrimonialmente al ahorrarse de su bolsillo los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre pagados con fondos públicos de la Generalitat de Catalunya.

Entre los perjudicados por la decisión del Supremo estaba también Jordi Turull, consejero catalán de Presidencia, que recurrió ante el Tribunal Constitucional. El recurso de Turull será el primero que resolverá el Constitucional.

La ponencia de este caso correspondió al vocal conservador José María Macías, quien defenderá la desestimación del recurso frente a la mayoría de conservadores progresistas, favorables a la tesis de Turull. Este pronunciamiento, que entrará al fondo de la cuestión respecto a la decisión del Supremo de aplicar una interpretación muy controvertida respecto al supuesto enriquecimiento personal de los consejeros catalanes marcará el futuro del resto de los recursos presentados por dirigentes independentistas catalanes en el mismo sentido.

Si la mayoría progresista mantiene su tesis favorable a admitir los recursos, el regreso de Puigdemont a España se producirá inmediatamente después, sin obstáculos legales para que se le aplique la Ley de Amnistía. El Tribunal Constitucional esperaba a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas español y por la Audiencia Nacional.

El TJUE resolvió que la ley de amnistía no vulneraba la normativa europea y ensalzaba el objetivo declarado en la exposición de motivos de la norma para ayudar a la reconciliación social tras la amenaza de ruptura que supuesto el proceso independentista. Ese aval del TJUE desbloqueó en el Tribunal Constitucional la resolución de los recursos presentados por dirigentes independentistas.

La decisión del Constitucional, según fuentes del Constitucional conocedoras de este caso, supondrá un varapalo para el Supremo, que hizo una interpretación sobre el delito de malversación cometido por los dirigentes independentistas que ni siquiera estaba en los hechos probados de la sentencia condenatoria que firmaron por unanimidad los siete magistrados que integraron el tribunal.

La plaza 19 de la sección penal del tribunal de instancia de Barcelona ha condenado a ocho activistas independentistas por intentar impedir un acto de Societat Civil Catalana (SCC) a favor de la lengua castellana y de Miguel de Cervantes en 2018. Las condenas por delito contra las libertades fundamentales han sido de dos años de prisión para dos de ellos; medio año para otros dos y multas a los cuatro restantes.

Los procesados –en total 18, aunque los otros diez quedaron absueltos– solicitaron la amnistía, pero el magistrado alega que el acto, que se celebraba en la Universitat de Barcelona, no era independentista, sino contra la lengua castellana, según ha informado la defensa, Alerta Solidària.

Alerta Solidària critica que se les deniegue la amnistía por no considerarse un acto independentista, pero al mismo tiempo se les condene con el agravante de discriminación ideológica.

Cada uno de los 18 procesados se enfrentaba a peticiones de dos años y medio de prisión y a una multa de 6.500 euros. Se les acusaba de un delito de coacciones y de otro contra el ejercicio de derechos fundamentales y libertades. La fiscalía aplicó a todos los acusados el agravante de discriminación ideológica.

Los hechos que se remontan a la primavera de 2018. La entidad Societat Civil Catalana organizó un acto en el edificio histórico de la UB de homenaje a Miguel de Cervantes, pero un grupo de activistas independentistas irrumpió con pancartas e impidió el desarrollo del acto. Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los asistentes y la negativa del rectorado universitario a permitir la entrada de los Mossos, el acto fue suspendido.

La fiscalía aseguraba que los manifestantes impidieron el libre ejercicio de un acto legítimo mediante la intimidación. El ministerio fiscal y SCC interpusieron una querella que ha acabado con las 18 personas procesadas, aunque ningún informe policial ni de la UB registró ningún herido ni daños materiales graves.

El Tribunal de Cuentas ha pedido a las partes sus alegaciones en el caso del presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del procés, después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) a la ley de amnistía.

Según ha comunicado este lunes, el órgano fiscalizador ha acordado reanudar la tramitación del procedimiento, que estaba suspendido desde que planteó ante el TJUE una cuestión prejudicial al considerar que el supuesto desvío de fondos para el proceso independentista catalán afecta a los intereses financieros comunitarios.

Fue en julio de 2024 cuando elevó su cuestión prejudicial y decidió suspender el procedimiento “hasta la resolución del incidente prejudicial”, descartando resolver hasta ese momento sobre las peticiones de aplicación de la amnistía a este caso.

Ahora, el órgano concede a las partes un plazo de diez días para que formulen las alegaciones que crean oportunas y “aporten la documentación que consideren pertinente en relación con el origen de los fondos utilizados para realizar los gastos objeto del procedimiento”, de acuerdo con la nota de prensa hecha pública.

El Tribunal de Cuentas incide en que el TJUE consideró en su sentencia que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no se opone a la aplicación de la ley de amnistía “cuando los actos objeto del procedimiento se refieran a fondos que no procedan del presupuesto de la Unión Europea ni estén destinados a éste”.

A ello añade que la decisión del tribunal europeo conocida la semana pasada “admite las ocho cuestiones planteadas” por el órgano español, “contestando que la ley es contraria en los aspectos que analiza al Derecho de la UE y rechaza las alegaciones de los demandados que cuestionaban” su “independencia e imparcialidad”.

En este caso abierto, el Tribunal de Cuentas tiene encausados, entre otros, a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, y a exconsejeros de la Generalitat como Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig.

Un magistrado aún en ejercicio exhibía sin disimular lo que decía: nos han mandado a hacer puñetas. Se refería a las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en respuesta a sendas cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. La verdad es que se barruntaba pero no se esperaba un tal revolcón a la justicia española por parte –si se me permite la expresión pelotera en estos días futboleros– del VAR de la justicia europea, a la que nos incorporamos con nuestra integración en la hoy Unión Europea hace unas décadas.

Una alegoría a las puñetas de los jueces vestidos con sus batas rituales, atavíos de dignidad según la doctrina, a las que se refería mi airado compañero de otras lides. Él no se sumó, sino que se indignó con aquella muestra exuberante de la soberbia de algunos jueces creídos de que su poder es superior a los otros dos poderes, el ejecutivo y legislativo. Ni más ni menos que en algarada callejera, con toga y puñetas, los jueces mostraban su oposición a que el legislativo legislare, es decir, se situaban contra la voluntad popular expresada democráticamente en las urnas y, por ello, presente en el Congreso de los Diputados.

Una expresión de la juristocracia creciente en el Estado español, no solo por la actitud insurrecta de ciertos jueces, sino también por la creencia de que ellos son los gobernantes e interpretan la voluntad popular desde su visión integrista de España. Pero lo dicho, a la calle, con togas y a lo loco, en contra de la propia normativa vigente, además, y cabe preguntarse: ¿se sienten estos jueces bajo el imperio de la ley?

Lo cierto es que de la lectura pausada y serena de las sentencias del TJUE se desprende una soberana lección y la esperanza de que prevalece el Estado de derecho sobre el carácter aventurero de los que se creen salvadores de la patria. Ha sido demasiado tiempo de zozobra, y ello a pesar de la justicia constitucional, de anteriores pronunciamientos prejudiciales, del Consejo de Europa, de la Comisión de Venecia…

Los temores intestinos del patriotismo, en juzgados, calles y plazas, papel prensa, ondas de todo tipo, y alguna que otra casa del pueblo, han sido acallados

A pesar de los argumentos publicados de muchos jueces y magistrados, a pesar de la difusión por medios de comunicación, ríos de tinta, terremotos editoriales, vapuleo tertuliano, la justicia europea ha hablado. Solo con estas palabras de uno de los fallos se impugna el núcleo argumental de la justicia patriótica: no se opone (al Derecho europeo) una ley nacional que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, establece la extinción penal...

Desde luego que los clamores publicados, los temores intestinos del patriotismo, en juzgados, calles y plazas, papel prensa, ondas de todo tipo, y alguna que otra casa del pueblo, han sido acallados. Aunque disimulen con el arte de la ocultación.

Pero no bastará, la vergüenza judicial no es recuperable ni su reputación, dado su carácter vengativo, ya a los pocos minutos de conocidos los pronunciamientos prejudiciales, sin filtraciones, porque debe ser que los periodistas europeos no son tan despiertos, el runrún cortesano dice que los jueces no piensan cumplir o emplearán todas su artillería procesal filibustera.

De nada les valdrá el artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea que a ellos también obliga ni la jurisprudencia sobre la primacía del derecho europeo sobre el derecho nacional, expresada de manera contundente, por ejemplo, en la sentencia Costa-Enel, que es de julio de 1964, de la que se deriva una jurisprudencia constante, que insiste en que es condición fundamental de la existencia y funcionamiento de la UE la aplicación uniforme y regular del Derecho comunitario en todos los Estados miembros. Claro que es de cuando en España se inauguraba flamantemente el TOP con uno de los mayores registros de enjuiciamiento de políticos disidentes. De aquellos polvos... Si los jueces no piensan cumplir, procede la misma pregunta de más arriba ¿están los jueces sometidos al imperio de la ley?

No deja de resultar asombroso cómo el calendario judicial de julio, con su sol de plomo y sus tardes de modorra, se las apaña siempre para desmontar las tramoyas más solemnes de nuestra política patria. Contemplamos estos días a don Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y autoproclamado guardián del Santo Grial de la ortodoxia constitucional, con la melancolía con la que se mira a esos hidalgos que, tras pasar años puliendo una armadura herrumbrosa, descubren que el torneo ha sido cancelado por falta de contendientes y, lo que es peor, por desinterés del público.

Durante meses, el bueno de don Emiliano ha recorrido los platós de televisión y los salones de Toledo con el gesto adusto del profeta que vislumbra el apocalipsis en cada enmienda parlamentaria. Su argumento era tan sencillo como efectista: la amnistía no era una medida de gracia para desatascar un conflicto político, sino una traición imperdonable, una bofetada a la igualdad de los españoles y, en definitiva, el fin de los días de la patria hispana. Se erigió en el único socialista con coraje para frenar la deriva sanchista, el Robin Hood de las esencias patrias que acudiría a los tribunales a desfacer el entuerto. Y, sin embargo, la realidad, que es una burócrata fría y carente de épica, le ha devuelto los papeles sin ni siquiera habérselos sellados.

Primero fue el Tribunal Constitucional, hace apenas unos días, el que despachó su recurso con la indiferencia con la que un bedel desestima una queja fuera de plazo. Pero el golpe de gracia ha llegado hoy mismo de la mano del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Desde Luxemburgo, unos señores con toga y sin especial apego a las tertulias madrileñas han dictaminado que la amnistía encaja perfectamente en las costuras del derecho comunitario. No hay drama, no hay quiebra de la civilización occidental, no hay fondos europeos en peligro. Solo hay política. Don Emiliano ha descubierto, a golpe de sentencia, que la justicia que él invocaba como escudo no comparte su visión melodramática de la existencia.

Para quienes intentamos analizar la realidad desde una óptica progresista, el caso de García-Page es el vivo retrato de una izquierda que se extravía cuando confunde rigor con punitivismo. Su error de cálculo no ha sido solo jurídico, sino fundamentalmente intelectual. Empezando por lo que se puede calificar como igualdad mal entendida, don Emiliano ha defendido una igualdad de cuartel, donde la ley solo sirve para castigar de manera uniforme, olvidando que la verdadera función del derecho en democracia es resolver los problemas de la convivencia, no cronificarlos.

Además, don Emiliano ha practicado el flirteo con el adversario, porque al adoptar el lenguaje y las tesis de la derecha más cerril, ha debido pensar que ganaba centralidad, aunque lo que ha conseguido es quedarse en tierra de nadie, y hoy es demasiado tibio para la oposición, y demasiado desleal para sus propias filas. Y como ultimo error, tenemos el de creer en el fetiche judicial, puesto que confiar la acción política exclusivamente a los tribunales es un juego peligroso. Cuando la judicatura te quita la razón de manera tan contundente, te quedas no solo sin argumentos jurídicos, sino también sin discurso político.

¿Qué le queda ahora al presidente castellanomanchego en este asunto? Le queda el regreso al palacio de Fuensalida, a la rutina de las inauguraciones de rotondas y las declaraciones de consumo interno. El problema de vestirse de salvador de la patria es que, cuando la tormenta escampa y el cielo se queda azul, el paraguas gigante que hace un momento sostenías con tanto esfuerzo se convierte en un artefacto ridículo.

La amnistía sigue su curso, Catalunya ensaya una nueva normalidad y Europa bosteza ante lo que nos dibujaron como los temores de la meseta. Don Emiliano se ha quedado sin recurso, sin el aval de Luxemburgo y, lo que es más grave para un político de su fuste, sin razón. Siempre nos quedará la duda de si, en el fondo de su corazón, no añorará aquellos días en que se creía el último baluarte de la sensatez, antes de que el TC y el TJUE le explicaran, con la paciencia que se le tiene a los niños tercos, que el mundo real funciona de otra manera.

Hay una frase que circula por los despachos de la Moncloa como un mantra de vestuario: “Hay partido y no dejaremos de correr tras el balón hasta el minuto 90”. El símil describe con precisión el estado de ánimo de un Gobierno que, en palabras de un colaborador de Pedro Sánchez, “ha ganado ya dos mundiales, está en la final del tercero, pierde por dos goles de diferencia y aun así cree que puede hacerse otra vez con el triunfo”. El PSOE, de hecho, es el único partido de la socialdemocracia europea que mantiene punto arriba o punto abajo la misma intención de voto que en 2018 y es también el único partido de gobierno que sigue en el Ejecutivo desde la misma fecha.

Lo que pase en 2027 hoy es una incógnita y en el ámbito gubernamental saben que depende sobre todo de la “cooperación virtuosa a la izquierda del PSOE”, pero en la Moncloa ya tienen preparada toda una coreografía para arrancar septiembre con una estrategia renovada con la que aspiran activar al electorado progresista. ¿Cambio de gobierno? “Puede ser una idea para dar un nuevo impulso, pero en la práctica no está nada claro”, responde alguien con quien Sánchez suele consultar estos movimientos y que tirando de analogía deportiva entiende perfectamente que “el entrenador, con el marcador en contra, decida no arriesgar con cambios ofensivos, confiar en el plan original y esperar a que el rival se desgaste antes que uno mismo”, algo que si hablamos de Alberto Núñez Feijóo es bastante frecuente.

Hasta entonces y, a pesar de los reveses judiciales de esta semana al hermano y la esposa del presidente Sánchez, celebran que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) de Luxemburgo haya sepultado el catálogo de profecías apocalípticas de la “máquina del fango”, una sucia táctica que tiene como objetivo destruir la reputación del rival con rumores, exageraciones y mentiras hasta que la ciudadanía pierda por completo la confianza en él.

Y es en este contexto en el que desde el círculo de confianza de Sánchez defienden que hay sentencias que van más allá de lo procesal y “que pueden funcionar como un espejo”. Es el caso de la que dictó la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado jueves y no solo porque resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, sino también porque obliga a repasar, uno a uno, los pronósticos catastrofistas que durante meses se lanzaron sincronizadamente desde la derecha política y mediática a modo de certezas absolutas: que si era el fin de la separación de poderes, que si era un golpe a la democracia, que si era la transacción que hizo posible un gobierno ilegítimo, que si rompía la igualdad de derechos… Otra vez España se rompe y otra vez la traición a la patria.

Repasemos todo lo que salió por boca del aspirante del PP a presidente de Gobierno:

O lo que también defendió con vehemencia Isabel Díaz Ayuso:

Durante los últimos dos años la amnistía ha sido también territorio de titulares apocalípticos como el de que Bruselas tumbaría la ley, que Europa certificaría el “fraude constitucional” o que el precedente abriría la puerta a la impunidad general. Todo era siempre el principio del fin de la democracia, pero cuando ha llegado el momento de la verdad judicial –y no el de los exabruptos, los titulares inflamados o los platós de televisión–, el resultado no ha sido ese.

Es aquí donde para los socialistas cobra sentido hablar de una maquinaria de desgaste que funciona con lógica propia, casi independiente del desenlace: se lanza el proyectil, se invade el ciclo informativo, se instala la sospecha, y cuando los hechos llegan, el daño reputacional ya está hecho.

Bombas sin pólvora

“Todo eso se ha quedado en la nada y la oposición ahora no sabe qué decir sobre la retahíla de bulos, exageraciones e insultos que descargó sobre Pedro Sánchez”, describe un ministro socialista. Su lectura coincide con la de un miembro del equipo del presidente, para quien la sentencia es la demostración de que “la oposición crea vacíos y ruidos infundados que el tiempo y, ahora, la justicia europea se ha encargado de que desaparezcan. Son especialistas en lanzar bombas sin pólvora”.

No en vano, el TJUE avaló la compatibilidad de la amnistía con el derecho de la Unión y descartó que vulnerase la normativa comunitaria sobre protección de intereses financieros europeos o lucha contra el terrorismo, pero además le reconoció una finalidad política legítima al entender que respondía al objetivo de “reducir tensiones” y “facilitar un escenario de reconciliación”.

Y aunque en las filas del PSOE reconocen que cuando se impulsó la ley la decisión no gustó incluso a una parte de los votantes socialistas, están seguros de que poco a poco “se ha ido viendo y valorando los resultados que ha tenido en la normalización política, institucional y social en Catalunya. Hoy el presidente de la Generalitat es un socialista y el independentismo no suma la mayoría que ostentó durante años en el Parlament”.

La relación con un Junts “impredecible”

Sin embargo, mientras en la Moncloa han recibido la sentencia como una bofetada a las apocalípticas profecías de PP y Vox y un espaldarazo al Gobierno, lo cierto es que no son capaces de anticipar cómo afectará todo ello a la relación con sus socios parlamentarios, especialmente con Junts, a quien califican de partido “impredecible”. De momento, tanto ERC como los de Puigdemont han negado que la sentencia de Europa sea el fin del conflicto.

“Los junteros esperarán a que Puigdemont regrese a Catalunya para tomar decisiones estratégicas, pese a que la tendencia natural en su partido es decrecer a costa de Aliança Catalana”, subrayan desde el equipo del presidente del Gobierno. Claro que también hay quien cree que el regreso del de Waterloo llegará no antes de que resuelva en otoño el Constitucional y que ese momento coincidirá con los presupuestos para 2027 “ya muy negociados”. Una coincidencia que más que favorecer puede complicar más que Junts se avenga al acuerdo para aprobar las cuentas públicas. “En algún momento tendrán que decidir cuál es la mejor manera de cortar esa fuga de votos hacia la ultraderecha catalana y cuál será la excusa para hacerlo si no quieren ser sepultados electoralmente”, tercia otro estratega monclovita.

Hasta entonces, Sánchez trata de capitalizar el fallo y urge a aplicar la ley “lo antes posible” mientras la oposición del PP se limita a respetar la sentencia. Siempre con la excepción, claro, de Aznar que se revolvió contra ella o la de Vox, que garantiza que derogará la norma en cuanto llegue a la Moncloa. De momento, el partido continúa.

La conjura de togas contra la ley de amnistía comenzó en España meses antes de que el proyecto de la norma se registrase para su tramitación en el Congreso y continuó mucho después con intensidad creciente. El acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts en el otoño de 2023 para aprobar en un plazo breve la ley de amnistía desencadenó la rebelión de los jueces conservadores, mayoritarios en la carrera y en la cúpula judicial. Pedro Sánchez necesitaba los siete votos de la formación independentista para garantizar su investidura tras quedarse muy lejos de la mayoría absoluta en las elecciones de julio de 2023. Aunque su Gobierno rechazó meses antes una Ley de Amnistía por “inconstitucional”, el líder socialista hizo “de la necesidad virtud”, según sus propias palabras, para mantenerse en el poder.

Cientos de togados salieron a protestar a las puertas de algunos juzgados, incumpliendo la Ley del Poder Judicial que castiga como falta grave la “censura a las autoridades y poderes públicos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición”. Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenía competencias para castigar esas conductas, miró para otro lado. La derecha judicial seguía dominando el órgano de Gobierno de los Jueces porque el PP bloqueaba su renovación desde diciembre de 2018.

La asociación mayoritaria de jueces y el fin de la democracia

Las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades aprobaron comunicados muy críticos contra la futura norma. Estos órganos estaban dominados por jueces pertenecientes a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera. Dos semanas antes de que el texto de la proposición de Ley de Amnistía se hiciera público, la APM sacó un comunicado donde anunciaba el apocalipsis si los planes del Ejecutivo se hacían realidad: “Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho”. Dos años después de aquel manifiesto de la derecha judicial, la Ley de Amnistía sigue vigente, como las reglas de la Constitución de 1978 y el Estado de derecho.

Jueces de tendencia progresista, minoritarios en la carrera, se atrevieron a protestar contra las protestas: “No tenemos competencia para emitir acuerdos sobre pactos entre formaciones políticas y estamos obligados a mantener la neutralidad en el debate partidista”. Nadie les hizo caso.

El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, elegido a propuesta del PP, no entendía el papel de algunos jueces en aquella cruzada contra la Ley de Amnistía y censuró que sus compañeros vocales conservadores propusieran un comunicado contra la norma: “Entiendo que la independencia judicial tiene una vertiente bidireccional: es deseable la falta de injerencia de otros poderes en lo que resulta ser actividad jurisdiccional y, paralelamente, lo es también el que desde el Poder Judicial evitemos la injerencia en la actividad política”. Nadie le hizo caso.

El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya instruían causas con decenas de independentistas imputados a los que deberían aplicar la Ley de amnistía cuando se aprobase. Todos ellos anunciaron que impugnarían la futura Ley ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo hicieron, pero fracasaron con estrépito.

Maniobras judiciales para imputar terrorismo a Puigdemont

El magistrado Manuel García Castellón, ya jubilado, instruía desde 2019 una causa relacionada con las protestas independentistas, el caso Tsunami Democratic. Aunque durante cuatro años la investigación apenas avanzaba, la tramitación de la Ley de Amnistía despertó al instructor, quien comenzó a dictar resoluciones para torpedear la futura norma que se tramitaba en las Cortes. En noviembre de 2023, envió una exposición razonada al Supremo, que incumplía los principales requisitos establecidos por la jurisprudencia de ese tribunal, para investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de terrorismo.

Los indicios que García-Castellón envió al Supremo ―una reunión en Ginebra sin conocer su contenido, dos conversaciones de WhatsApp donde se cita al expresidente y un intercambio de mensajes donde Puigdemont expresa su temor a que haya muertos en los disturbios― fueron despreciados como inverosímiles por el fiscal encargado de esa causa en la Audiencia Nacional. Pero muchos de sus compañeros en el Supremo, fiscales conservadores mayoritariamente, no tuvieron en cuenta su criterio y plantaron cara al Fiscal General del Estado para que se apoyase la imputación por terrorismo a Puigdemont. Fracasaron.

El Tribunal Supremo, con el informe en contra de la Fiscalía, admitió la exposición razonada e imputó a Puigdemont por terrorismo, uno de los delitos no amnistiable según la Ley pactada con Junts. Un fallecido por infarto en el aeropuerto del Prat durante una protesta ciudadana contra la sentencia del Procés servía entonces a García Castellón para construir la nueva causa contra el expresidente catalán. El Tribunal Supremo, dominado por magistrados conservadores, aceptó sin rechistar. Pero aquellas maniobras judiciales se frustraron por culpa de los errores detectados en la instrucción de García Castellón, quien incumplió los plazos de prórroga en la investigación. La causa fue anulada. El intento, con la inestimable colaboración de los magistrados del Supremo, fue inútil.

Las diligencias del magistrado García Castellón no se detuvieron ahí. Aprovechando el recurso de un imputado, escribió un párrafo para establecer que los delitos que investigaba – los daños ocasionados por manifestantes independentistas a dos policías antidisturbios- eran los pertenecientes a la categoría de no amnistiables en la Ley que se tramitaba en el Congreso. El párrafo en cuestión era una copia literal de una de las enmiendas que se había registrado en el parlamento.

Pieza separada por alta traición contra el expresidente catalán

Mientras García Castellón trabajaba desde la Audiencia Nacional contra la Ley de Amnistía, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, se afanaba con un objetivo parecido aprovechando el caso de la denominada trama rusa del proceso independentista que investigaba desde hacía seis años.

Aunque la Audiencia de Barcelona le había ordenado poner fin a la instrucción, el juez Joaquín Aguirre decidió abrir una pieza separada para investigar un posible delito de alta traición cometido por el expresidente Carles Puigdemont. Ese delito figuraba en la categoría de los no amnistiables por la futura norma.

Jurisprudencia creativa del Supremo contra líderes del Procés

La aprobación de la Ley de Amnistía el 30 de mayo de 2024 por 177 votos a favor y 172 en contra desencadenó un nuevo movimiento del Tribunal Supremo para evitar su aplicación a los principales dirigentes del proceso independentista: Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Para conseguirlo, el Supremo tiró de jurisprudencia creativa. Los legisladores habían escrito que eran amnistiables los delitos de malversación cometidos en el Procés -la utilización de dinero público para los gastos del referéndum- siempre que sus responsables, altos cargos de la Generalitat de Catalunya, no hubieran tenido “un propósito de enriquecimiento, es decir, de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”.

El Supremo interpretó que esos altos cargos debían haber pagado de su bolsillo los gastos del referéndum y, por tanto, se habían ahorrado ese dinero incrementando su patrimonio. Sus delitos se declararon no amnistiables. Y así continúan. Carles Puigdemont, huido de la justicia, no puede regresar a España hasta que el Constitucional resuelva su recurso contra la decisión del Supremo sobre la malversación que cometió. Oriol Junqueras no puede presentarse a las elecciones. Aunque fue indultado parcialmente, mantiene la pena de inhabilitación por malversación. La Fiscalía rebatió, sin éxito, el argumento principal de los magistrados: “Los condenados destinaron la totalidad de los fondos públicos malversados al referéndum de secesión [y] su patrimonio no experimentó incremento alguno como consecuencia de la malversación”. Los magistrados conservadores no hicieron caso.

Jueces del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya aplicaron la Ley de Amnistía a un exconseller, Miquel Buch, condenado por malversación. Esa sentencia consideró que Buch no tuvo ningún beneficio patrimonial por malversar fondos para impulsar el proceso independentista.

La conjura de la derecha judicial en España contra la Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya ha fracasado. El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, el belga Koens Lennaert, lo contó así. “El Derecho de la Unión no se opone a la ley que concede la amnistía (…) su objetivo es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación”.

El pasado jueves se resolvió uno de los asuntos políticos más controvertidos de la legislatura: la legalidad de la ley de amnistía aprobada en 2024. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) anunció su aval a la norma, cuya aplicación no ha sido completada. Y el PP, que tras conocer la decisión se limitó a expresar su “respeto”, si bien aseguró que no borra la “responsabilidad política” del independentismo, llevaba semanas rebajando su discurso sobre el procés sospechando que la decisión del TJUE iba a ser favorable a la polémica normativa. Una década después de la crisis abierta en Catalunya, Alberto Núñez Feijóo ha pedido a su partido “pasar página” de uno de los momentos más delicados para la integridad territorial de España.

El Tribunal Supremo se ha negado hasta ahora a aplicar plenamente la ley de amnistía. El caso más relevante es el que afecta a quien dirigía la Generalitat en octubre de 2017. Fue Puigdemont quien verbalizó la brevísima declaración unilateral de independencia, para suspenderla en el mismo acto y, tres días después, escapar hacia Bélgica. Desde entonces, reside en Waterloo a la espera del perdón que no llega y que permitió a Pedro Sánchez obtener los siete votos de Junts para su investidura.

La respuesta europea deja ya casi en imposible cualquier nueva petición del Tribunal Supremo para extraditar a Puigdemont, aunque deberá ser el alto tribunal el que ahora decida qué hacer con el expresident tras conocer la decisión del TJUE. También determina el futuro de los CDR acusados de terrorismo, que ya pueden ser amnistiados según la sentencia del tribunal comunitario, por lo que ha caído el último obstáculo a su aplicación plena.

Desde su aprobación en 2023, el PP ha visto en la ley de amnistía uno de sus principales ejes de crítica al Gobierno. En septiembre de ese mismo año, antes incluso de su fallido intento de investidura, Feijóo sacó a la calle a miles de personas contra la medida de gracia y acusó a Pedro Sánchez de “vender” España. Insistió en noviembre. Y en enero de 2024.

Feijóo puso sus esperanzas en las instituciones comunitarias. “Tengo fe en los tribunales y en los foros jurisdiccionales españoles y europeos”, aseguró a finales de 2023. También Isabel Díaz Ayuso lanzó una “llamada de auxilio a todas las instituciones, sobre todo las europeas” en uno de esos actos multitudinarios.

Las acusaciones vertidas contra Sánchez fueron de grueso calibre. Se le señaló de “traidor”, de hacer una “transacción” a cambio de permanecer en el poder, de protagonizar “un pacto entre un prófugo de la justicia y un preso de la ambición”. Tanto desde los partidos como desde instancias judiciales se ha señalado al Gobierno por una norma cuyo objetivo era rebajar la tensión en Catalunya y desjudicializar la vida política en esa comunidad.

Feijóo y las dos barajas

Pero mientras la derecha se lanzaba con todo contra Sánchez, el PP de Feijóo mantuvo línea directa con Junts. Desde el principio de la legislatura, aunque los españoles no se enteraron hasta febrero de 2024, cuando un alto cargo del partido reconoció ante un grupo de periodistas que habían negociado con los de Puigdemont la investidura de su jefe de filas.

El PP estudió la amnistía, aunque la descartó casi sobre la marcha. No ocurrió lo mismo con los indultos: los de Feijóo los pusieron sobre la mesa de negociación para conquistar los votos de los siete diputados de Junts. Una oferta que no convenció al expresidente catalán, ya que implicaba entregarse a la justicia española, cumplir pena de prisión y, dentro de unos años, recibir el perdón.

Feijóo planteó así para Puigdemont una hoja de ruta similar a la que el Gobierno ideó para los líderes del procés que no huyeron y que provocó multitudinarias manifestaciones en toda España. Entre otras, la famosa foto de Colón. Cuando Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull o Dolors Bassa, entre otros, recibieron el perdón oficial, las críticas de las derechas contra el Ejecutivo fueron muy duras. “Humillan al poder judicial, humillan al poder ejecutivo”, dijo en su día Alberto Núñez Feijóo. Apenas dos años después, se los ofreció a Puigdemont.

Pero hubo más detalles en aquella revelación. Por ejemplo, que eran conscientes de la extrema dificultad de condenar a Puigdemont por terrorismo, lo que sí hubiera vetado definitivamente cualquier opción de amnistía.

Mientras en público alentaban esas acusaciones, en privado asumían que no iban a ningún lado. Un doble juego que el PP de Feijóo ha mantenido durante toda la legislatura: críticas a los pactos del Gobierno con Junts y, a la vez, negociaciones con los independentistas para sacar en el Congreso iniciativas propias o tumbar las del Ejecutivo.

Quizá uno de los ejemplos más palmarios de este doble lenguaje sea Miguel Tellado. Como portavoz parlamentario lanzó duras diatribas contra su homóloga de Junts, Míriam Nogueras, pero hace apenas un año confirmó formalmente ante las cámaras que mantenían relaciones con Junts.

En realidad, Feijóo ha intentado atraer al independentismo catalán de derechas durante toda la legislatura. También al PNV, aunque con los primeros ha funcionado más que con los segundos. Esta misma primavera, el líder del PP les arengó en público para apoyarle en una moción de censura contra Sánchez, sin mucho éxito.

“Pasar página”

Los guiños del PP a Junts han sido muchos. Uno de los que fueran principales dirigentes de Feijóo, Esteban González Pons, dijo en 2023 que “es un grupo parlamentario que más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”.

Pero quizá nunca se habían expresado como lo hizo Feijóo el pasado 27 de junio: “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”, dijo durante la clausura del PP catalán que reeligió a Alejandro Fernández como líder. Pese a Feijóo. Porque la dirección nacional no lo quería al frente de la organización autonómica, aunque no ha tenido más remedio que tragar.

Fernández tiene un discurso opuesto al de su jefe de filas. El líder del PP catalán, respaldado afectuosamente por Cayetana Álvarez de Toledo y toda el ala dura del partido, sostiene no solo que no hay que “pasar página” del procés, sino que este sigue en marcha. Este mismo mes de junio aseguró que el actual procés es más peligroso porque lo lideran los socialistas, con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a la cabeza.

“Ahora lo que queremos es mirar al futuro, queremos más porque Cataluña merece más”, dijo Feijóo. Sus palabras las ratificó esta misma semana su portavoz nacional, Borja Sémper, en una entrevista en Rac 1. “Estamos preocupados por la España de 2026 y no por la de 2018”, dijo. Dos afirmaciones que colocan al PP donde está la mayoría del arco parlamentario. Con un lustro de retraso, eso sí.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que asuma responsabilidades políticas tras el respaldo del Tribunal de Justicia la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía. Torres ha reprochado al líder popular haber augurado un revés para el Gobierno.

En declaraciones a los periodistas, Torres ha recordado que el líder de los populares aseguró que la Justicia europea “daría un varapalo al Gobierno de España”, cuando lo ha hecho es, a su juicio, “dárselo al PP por votar en contra, por llevarla al Tribunal Constitucional y por atacar de una manera desmesurada la Ley de Amnistía”.

“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es absolutamente tajante”, ha asegurado Torres, pues la Ley de Amnistía, “además de ser constitucional, es un mecanismo legislativo que tiene toda su lógica si acaba en la reconciliación y la mejor convivencia de los países, de los territorios y en este caso de los españoles”.

El ministro ha argumentado que la España actual “en nada se parece a la que había en el año 2017 (durante el procés independentista en Cataluña), fragmentada y rota, donde unos españoles miraban a otros diciendo que no querían que estuviésemos juntos, incluso a la inversa, con referéndum ilegales”, ha señalado el ministro.

“Hoy eso no existe y eso ha sido un triunfo de la democracia, del poder legislativo y de la valentía del Gobierno”, ha dicho Torres.

El ministro se ha referido también a la polémica suscitada por la representación institucional en los actos del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid y ha considerado que “sería bueno que pudiéramos restituir la normalidad institucional, y podamos estar y ser invitados a los actos que la presidenta (Isabel Díaz Ayuso) organiza en la Comunidad de Madrid el resto de las instituciones”.

Y también, ha continuado, que pueda acudir “por ejemplo” el delegado del Gobierno en Madrid o el Gobierno de España, “a quienes no se invita institucionalmente, cuando eso es una falta importante de respeto institucional”.

A juicio de Torres, es preciso “volver a los cauces de la convivencia normalizada y no de la permanente bronca y el disenso en cualquier cuestión que se plantee”.

El aval de la justicia europea a la ley de amnistía para los líderes del procés despeja el camino a una estrategia de acercamiento al partido de Puigdemont que Feijoó lleva cultivando cada vez con menos disimulo. A pesar de que el PP ha hablado de terrorismo, de delincuencia, de humillación y traición a España, el presidente del partido lleva tiempo apostando por “pasar página”, y ya no tendrá que negociar amnistías ni indultos para negociar votaciones, mociones y quizá gobiernos con un Junts regularizado para la política estatal.

Hablamos con Neus Tomàs, directora adjunta de elDiario.es, sobre los efectos políticos del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, y cómo debemos interpretar los movimientos de los últimos meses en el PP y en Junts a partir de ahora en un contexto político donde el auge de la ultraderecha condiciona las alianzas entre ambos.

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España se rompía, Pedro Sánchez era un traidor a la patria y las plazas del país clamaban, jaleadas por la derecha política y mediática, contra una transacción “corrupta e inadmisible” que vulneraba los principios de independencia judicial, la separación de poderes y hasta el Derecho Europeo. El mismo PP inflamado, exaltado e hiperventilado en estos meses por los casos de corrupción que afectan al PSOE, calentó la calle contra la amnistía con la convocatoria de hasta cinco grandes manifestaciones entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, además de secundar decenas de concentraciones frente a la sede del PSOE . Hoy, sin embargo, calla tras el espaldarazo de la justicia europea, salvo para decir que respeta el fallo del TJUE (Tribunal de Justicia Europea) que allana el regreso de Puigdemont a Catalunya y da la razón al Gobierno de España.

Ya no hay duda: la norma es constitucional y conforme al Derecho Europeo, ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, uno de los principales artífices de la ley, después de que el TJUE haya escrito negro sobre blanco que la medida de gracia ni choca contra los intereses financieros de la Unión ni es contraria tampoco a la directiva en materia de terrorismo. Eso sí, nadie saldrá a la calle para pedir que Feijóo se vaya a su casa por azuzar el enfrentamiento, ni insultará a los jueces por poner todos los palos a su alcance en la rueda de la normalización institucional, política y social en Catalunya, ni tampoco se pedirá a los magistrados del Supremo que cuelguen la toga por torpedear su aplicación. Lo que toca ahora es que se cumpla con la ley contra la que también se manifestaron los togados antes incluso de que fuera aprobada.

En lo jurídico, el fallo de Luxemburgo es rotundo porque los jueces entienden que el perdón de la responsabilidad contable no ha mermado los recursos propios de la Unión y que la norma no vacía de contenido la directiva europea contra el terrorismo, puesto que excluye expresamente los delitos que atentan contra la vida y la integridad física. En lo político, resuelve algo mucho más importante, y es si España puede permitirse cerrar, por ley, una herida que llevaba abierta más de una década.

Para quienes quieran leer el fallo más allá del mero trámite procesal, habría que detenerse en la razón que el propio TJUE esgrime para avalarla, esto es que la ley busca reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación. Algo que no es baladí porque es el tribunal de la Unión Europea quien reconoce que el derecho, cuando se aplica con generosidad, puede ser un instrumento de concordia, y no solo de castigo.

Que la más alta instancia judicial europea haya puesto esa palabra —reconciliación— en el centro de su argumentación jurídica dice mucho sobre lo que estaba en juego, que no es solo la interpretación de un artículo del Tratado de Funcionamiento de la UE, sino si una democracia madura puede permitirse pasar página sin renunciar al Estado de derecho.

Y, en efecto, las democracias no debieran medirse solo por su capacidad de perseguir el delito, sino también por su competencia para decidir a través de sus instituciones, cuándo cerrar un ciclo de confrontación. España no es el primer país que recurre a una amnistía para desactivar una crisis territorial. Ya lo hizo durante la Transición y lo han hecho también otros países europeos con sus propios conflictos internos. La diferencia esta vez es que la medida ha nacido de una negociación parlamentaria polémica para investir a un presidente de Gobierno, y por eso necesitaba la confirmación de que no vulnera las reglas comunes que todos los estados miembros se comprometieron a respetar.

La alternativa a la reconciliación que Sánchez se propuso como objetivo de su mandato no era solo la aplicación estricta del ordenamiento jurídico, sino también la prolongación sine die de un conflicto político que, ante la incapacidad de la derecha para resolverlo, decidió trasladarlo a los tribunales de justicia. Una Catalunya con sus líderes políticos fugados o inhabilitados, con causas judiciales abiertas durante años y con la cuestión territorial convertida en el centro del debate político, no era un escenario más justo, sino la cronificación de una fractura con la que la derecha ha buscado siempre enfrentar territorios y sacar rédito electoral.

Por supuesto, la sentencia del TJUE no borra lo ocurrido en 2017 y que tampoco obliga a nadie a estar de acuerdo con el independentismo y lo que hizo, pero sí abre la puerta a que España deje de organizar su política en torno a esa fractura y empiece a discutir sobre otros asuntos. El fallo servirá para desbloquear judicialmente el asunto, pero también para que en la próxima década la política deje de hablar de quién tiene que pedir perdón a quién y dedicarse a hacerlo de vivienda, de sanidad o de educación.

Aval europeo a la ley de amnistía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado la norma y ha descartado que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles.

El presidente del TJUE, el belga Koen Lenaerts, ha leído en castellano el fallo de la sentencia. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, y la define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

La sentencia supone un respaldo a la amnistía como forma de resolver el problema político y judicial que supuso el procés, y tan solo cuestiona dos aspectos menores y ya superados de la norma: la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación (la norma se publicó en el BOE en 2024) y retirar toda medida cautelar mientras el TJUE resuelva una eventual cuestión prejudicial.

La resolución va en la línea de las conclusiones del abogado general del TJUE, una figura jurídica que orienta al tribunal, y que apoyó la legalidad de la amnistía al enmarcarla en “una respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

El fallo del TJUE desbarata una de las vías que encontraron algunos togados para oponerse a la norma. La mayoría de juzgados aplicó la amnistía (hay más de 300 beneficiados por la norma), pero una minoría se resistió a hacerlo en los casos más sensibles para los independentistas.

El Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional optaron por enviar al TJUE en 2024 los casos de los gastos del 1-O y la acusación por terrorismo contra los Comités de Defensa de la República (CDR) con el objetivo de que Luxemburgo respaldara excluirlos de la amnistía. A ellos se sumaron el TSJ catalán y un juzgado penal de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Luxemburgo rechaza, tal y como sí mantenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión “se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

En el caso del terrorismo, los jueces europeos destacan que ley de amnistía “no menoscaba” la directiva europea, ya que el olvido penal del procés excluye expresamente aquellos delitos de terrorismo que causaran graves violaciones de derechos humanos y daños físicos (algo que no ocurrió en el caso de los CDR).

Ahora los jueces nacionales están obligados a amnistiar a los encausados, una treintena de exaltos cargos de la Generalitat por los gastos del procés y 13 activistas de los CDR acusados de terrorismo. Son los principales beneficiaros de la sentencia de este jueves.

Distinto es el caso de los dos protagonistas del procés. El Supremo optó directamente por negar la amnistía a los dos principales candidatos de la misma, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras.

Su caso depende de que el Constitucional corrija al Supremo. Esto ocurrirá a la vuelta del verano, si bien el fallo de Luxemburgo es un espaldarazo al tribunal de garantías ante una de sus resoluciones más decisivas.

En suma, para el retorno definitivo de Puigdemont (y la rehabilitación de Junqueras para presentarse a las elecciones) habrá que esperar por lo menos hasta otoño.

El Supremo tomó la delantera contra la amnistía mediante una argumentación particular que fue criticada por dos magistradas. El Alto Tribunal dejó la malversación fuera de la aplicación de la ley porque, a su juicio, supuso un beneficio personal para sus impulsores al no financiar de su bolsillo el referéndum y porque ponía en riesgo la aportación de España a la Unión Europea. El TJUE desmiente este último extremo y descarta que el procés pusiera en riesgo los intereses financieros de la Unión.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anunciado que el 16 de julio hará pública la sentencia sobre la ley de amnistía. Con dicha sentencia, sea en el sentido que sea, se pondrá fin al debate sobre la juridicidad de la ley de amnistía. Si la ley de amnistía no tiene cabida en el derecho europeo, tampoco puede tenerla en el derecho español y tendría, en consecuencia, que ser expulsada del ordenamiento jurídico lato sensu.

Si, por el contrario, la ley tiene cabida en el derecho europeo, quedaría despejada la única duda que quedaba sobre su vigencia. Podrá continuar el debate jurídico académico o el debate político, como ocurre con cualquier norma jurídica después de que el máximo intérprete de la Constitución o del Derecho Europeo haya resuelto las dudas sobre la misma, pero su inclusión en el derecho español y europeo sería ya indiscutible. La última palabra estaría ya dicha.

Dado que la legislatura que se inició con las elecciones del 23 de julio de 2023 ha girado desde el primer momento sobre la amnistía, el alcance de la decisión que se va a conocer el 16 de julio no puede ser mayor. El TJUE avalará la estrategia de acoso y derribo del PP, Vox y de buena parte de la judicatura o, por el contrario, avalará la legitimidad y legalidad de la mayoría parlamentaria y su Gobierno.

En el primer caso, nos encontraríamos ante una crisis constitucional prácticamente inmanejable. Es muy poco probable que se produzca. En el segundo el nacionalismo catalán recuperaría la posición que ha ocupado en el sistema político español desde la entrada en vigor de la Constitución.

La sentencia va a ser, inevitablemente, una sentencia extraña ya que en el asalto a la ley de amnistía se ha practicado avant la lettre, la consigna de José María Aznar del “que pueda hacer que haga”. Han sido tres años de una guerra de guerrillas contra la ley en la que han participado los grupos parlamentarios de PP y Vox en el Congreso de los Diputados y en el Senado (en esta última cámara de manera fraudulenta); el Tribunal Supremo en varias ocasiones, así como también la Audiencia Nacional y algunos Tribunales Superiores de Justicia de varias comunidades autónomas y el propio Tribunal de Cuentas. Además de algunas de las asociaciones de jueces, que llegaron a convocar manifestaciones en las puertas de las Audiencias Provinciales e incluso huelgas, que carecen de cobertura constitucional. Y la “Brunete” mediática, por supuesto.

No todas las acciones han acabado siendo judicializadas, pero muchas sí lo han sido. Cada una ha tenido el recorrido judicial que le correspondía. En consecuencia, el debate sobre la ley de amnistía no ha sido un debate nítido. No ha sido un debate con base en un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diputados o senadores del PP y Vox o en una cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo, a las que se podría haber anudado una cuestión prejudicial ante el TJUE. Ha sido un debate con múltiples voces y ante diferentes instancias. Como consecuencia de ello, la cacofonía jurídica ha sido enorme.

Como consecuencia de esta enorme cacofonía, el TJUE se va a pronunciar este próximo 16 de julio sobre dos cuestiones prejudiciales menores, se podría decir, elevadas por el Tribunal de Cuentas la primera y por la Audiencia Nacional la segunda. Pero ambas van a despejar las dudas sobre la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el derecho europeo.

El Tribunal de Cuentas analiza la responsabilidad contable del expresident Carles Puigdemont y otros miembros del Govern, y pregunta si amnistiar el desvío de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del procés vulnera la directiva europea de protección de los intereses financieros de la Unión.

La cuestión elevada por la Audiencia Nacional se produjo en relación con la causa que afecta a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). La Audiencia Nacional considera que el TJUE debe decidir si la cobertura que da la ley de amnistía a la actuación de estos Comités es compatible con la Directiva europea de lucha contra el terrorismo o si, por el contrario, genera un espacio de impunidad incompatible con el marco comunitario.

En noviembre del año pasado, el Abogado General descartó que la ley de amnistía fuera incompatible con la normativa europea sobre protección de fondos o sobre terrorismo.

También descartó la alegación de que la ley de amnistía fuera una ley de “autoamnistía”, es decir, que se aprobaba por quienes había cometido delitos durante el procés para eximirse de cualquier tipo de responsabilidad. Los redactores de la ley serían, pues, los beneficiarios de la misma, con lo que se produciría un intercambio de votos por impunidad.

Ya el Tribunal Constitucional argumentó que el objetivo de la norma no era un beneficio personal, sino un fin legítimo de Estado: buscar la normalización política y la convivencia en Cataluña tras la crisis constitucional de 2017. Con esta opinión es con la que coincide el Abogado General.

La opinión del Abogado General no es vinculante, pero estadísticamente suele anticipar el fallo definitivo.

De ser así, el TJUE estaría desbloqueando la situación jurídica de los líderes independentistas condenados o encausados, aunque todavía no condenados, como es el caso de Carles Puigdemont.

El nacionalismo catalán del que procede Junts ha sido una pieza muy importante en el sistema político español desde la entrada en vigor de la Constitución. Materialmente, representa una parte importante de la Constitución de España. La guerra de guerrillas contra la ley de amnistía lo ha descolocado. ¿Será posible que, resuelta la cuestión de la amnistía, esa forma de manifestación del nacionalismo catalán vuelva a hacer política de la forma en que demostró que sabe hacerlo?

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de Castilla-La Mancha presentó en octubre de 2024 contra la Ley Orgánica aprobada meses antes por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para la normalización institucional, política y social en Catalunya, denominada como 'Ley de Amnistía'.

La sentencia aplica la doctrina establecida en resoluciones anteriores del Tribunal, como la que avaló esta normativa del Gobierno de manera parcial y que ya resolvió las principales cuestiones de constitucionalidad planteadas respecto de la Ley de Amnistía.

En relación con la impugnación de la ley en su conjunto, la sentencia se remite a la doctrina conforme a la cual de la Constitución no se deriva una prohibición de amnistiar. Asimismo, recuerda que el legislador no incurrió en arbitrariedad al aprobar esta Ley y que, por tanto, “no vulnera la reserva de jurisdicción ni los principios de separación de poderes, solidaridad e igualdad territorial y seguridad jurídica”.

El Tribunal desestima igualmente la alegación que el Gobierno de Castilla-La Mancha hizo referente a que el Estado carezca de competencia para aprobar una ley de amnistía. La sentencia señala que los recurrentes “no suscitan una verdadera controversia competencial ni identifican competencia autonómica alguna que hubiera resultado vulnerada”, sino que reiteran la tesis de que la amnistía “solo podría incorporarse al ordenamiento mediante una previa reforma de la Constitución”.

Asimismo, rechaza que la ley vulnere las competencias que la Constitución atribuye al Rey y al Gobierno en materia de derecho de gracia.

No es “exigible” un acto del Rey refrendado por el Gobierno

Concretamente, la sentencia recuerda que la amnistía y el indulto son “instituciones distintas” y que, por su propia naturaleza, la amnistía solo puede ser establecida mediante una ley aprobada por el Parlamento, “sin que resulte exigible” un acto del Rey refrendado por el Gobierno para su concesión o aplicación.

El Tribunal también descarta que la ley “menoscabe” las funciones constitucionales del Ministerio Fiscal. Razona que la imposibilidad de ejercer la acción penal respecto de los hechos amnistiados es “una consecuencia inherente a la extinción de la responsabilidad penal acordada por el legislador”,

El Gobierno castellanomanchego presentó este recurso de inconstitucionalidad en octubre de 2024 después de que en julio de ese mismo año el Consejo de Gobierno le diera luz verde, tras un informe del Consejo Consultivo a requerimiento del presidente regional.

Este es uno de los muchos frentes que Emiliano García-Page tiene abiertos con el Gobierno de Pedro Sánchez, que van desde una demanda judicial para exigir las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, hasta el modelo de financiación autonómica y la petición de elecciones generales anticipadas.

“Hubo cosas que cambiaron, pero no tantas”. Esta idea preconcebida con la que Francisco Pastor (Madrid, 1986) comenzó a escribir Vosotros no ha ido transmutando a base del trabajo colectivo. Porque si algo ha marcado la primera experiencia como dramaturgo de este periodista y reportero de televisión ha sido la labor en equipo. Su historia sobre los homosexuales que en 1976 quedaron fuera del primer decreto de Amnistía en plena Transición, ya que fueron tratados como presos comunes encarcelados mediante la Ley de Peligrosidad Social franquista, nació y se ha desarrollado al calor de los lazos tejidos por la comunidad LGTBI.

Fran es miembro de GMadrid, asociación sin ánimo de lucro que fomenta los espacios seguros “sin homofobia” a través del deporte, la música o la cultura. De hecho, algunos de los miembros del reparto se conocieron en el coro o en el grupo de senderismo. El autor entró en 2024 al de artes escénicas y en este segundo curso no se ha contentado con interpretar, sino que se ha lanzado a escribir una obra que ahora van a interpretar sus compañeros.

“Siempre me había apetecido escribir, aunque al principio te puede la timidez”, explica en conversación con Somos Madrid. El verano pasado comenzó a hilvanar una primera versión de 22 páginas que se ha ido ampliando hasta las 80, de forma que los 16 componentes del grupo (incluido él mismo) cuenten con un personaje cada uno. Todos ellos comandados por Rafael Molina (Madrid, 1980), tutor y profesor de arte dramático que colabora con GMadrid que ejerce de director en Vosotros no. “Sus clases son como las de Operación Triunfo”, describe Fran. Emociones a flor de piel, comentarios precisos y una sensibilidad que ya quisieran para sí los Javis.

El ambiente en los ensayos a solo una semana de la representación, que tiene lugar el viernes 26 de junio a las 19.00 en el centro cultural Lope de Vega (calle Concejo de Teverga, 1), es tan distendido como emocionado. Antes de ponerse manos a la obra, la mayoría del reparto se dedica a pegar carteles anunciándolo en los alrededores del local de ensayo, ubicado en la calle Libertad de Chueca. El nombre va que ni pintado.

En el proceso, van contando a este periódico cómo llegaron a GMadrid, qué opinan de sus personajes o cómo encaran estos últimos preparativos. Sergei Kosarev, de origen ruso, se enfrenta al reto de hacer de narrador. Tiene más texto que nadie, cosa que no le preocupa. Su español es fluido, aunque no pierde un ápice de acento, y va sobrado de alegría y de carisma. Jaime Iglesias llegó hace solo un mes para suplir una baja. Encarna a Herminio, el criado de un preso de clase alta llamado Benjamín (José Camacho). La escena entre ambos, representada durante la visita de este medio, ilustra las desigualdades existentes dentro de la desigualdad a cuenta de las cuestiones de clase o de procedencia (Jaime lleva su andalucismo por bandera y lo traslada a su personaje). También la vergüenza social con la que se trataban de reprimir maneras de ser, de querer y de sentirse.

El crisol de personajes incluye además diez presos (entre ellos un cura, dos enamorados que ven el mundo de formas muy distintas, un activista por los derechos igualitarios, una travesti, un hombre que no acepta quién es o un escritor de cartas que son también esperanza), tres policías (el demócrata, el franquista y el tibio) y un visitante que abandona a su pareja cuando descubre que el perdón o la libertad no le llegará con la muerte de Franco.

La implicación del elenco, desde el actor que da vida al personaje más pequeño hasta el que cuenta con más minutos, ha sido palpable desde que empezaron a ensayar la obra a comienzos de año. “Todos vinieron el primer día con su texto escrito y encuadernado. Me pareció increíble que se lo tomaran tan en serio”, cuenta Fran. “Nos lo podríamos haber tomado como un trabajo de clase, pero el trabajo colectivo ha dado a las cosas otra escala. Se nos ha ido de las manos, que diría Carles Tamayo”, añade. Todo en la obra es autogestionado, desde el vestuario o el atrezzo (pese a ello bastante cuidado) hasta la sala donde ensayar o la de la representación. Han complementado el pequeño presupuesto que les concede GMadrid con actividades con las que recaudar fondos, como una representación de monólogos hace unos meses.

Practican en ratos libres, por quedadas de los participantes en escenas concretas y hasta por audios de WhatsApp. Ese esfuerzo, junto a unas clases de Rafa que “sacaban unas cosas en las que yo no había pensado”, han sido para el autor el motor de un texto que con el paso del tiempo fue reforzando además la arquitectura que asienta su trama y su profundidad. Todo “al servicio del grupo, aunque a cambio de ello se hayan clasificado cosas del virtuosismo, cosa me da igual”. “Luego te apetece darle un regalito a la gente que conoces, te adaptas al romántico o al que le gusta hacer el tonto”, admite. “No sé qué sentiremos a partir del 26, si satisfacción o vacío. En cualquier caso, después nos encantaría llevarlo a más escenarios”, concluye Fran.

El látigo y la pluma

Gran admirador de las películas sobre la Guerra Civil, tenía claro que quería abordar la Memoria Histórica en su primer trabajo. En cuanto empezó a documentarse, decidió abordar el pasado, pero uno algo más reciente, el de las cuentas pendientes de una Transición modélica solo en el papel. “La Ley de Peligrosidad Social nos suena a las personas LGTBI. A partir de ahí empecé a documentarme en Internet y la biblioteca. También fue muy importante el libro El látigo y la pluma: homosexuales en la España de Franco [Fernando Olmeda, 2023], que tenía por casa”.

En su investigación, el periodista tuvo pronto claro que “es difícil sistematizar las violencias: el sistema que determinaba si te detenían por maricón o te lo dejaban en una multa era pura arbitrariedad”. Por ello, dice, “siempre te vas a encontrar alguien que te diga que no le hicieron nada”. Lo mismo ocurría con los encarcelamientos, algunos de apenas un mes y otros de hasta dos años. Cree que “había que perder el miedo a una historia en la que no se reconozca todo el mundo”. Lo compara con la pandemia, de la que “todos tenemos un recuerdo distinto”. Rubén Martín-Vas, que interpreta a Héctor (personaje en el armario), destaca los valores “teatrales pero también pedagógicos” de la pieza.

De hecho, subraya que “otra negociación cuando te documentas mucho es que la obra no te quede como una Wikipedia”. Así, “aunque sepas que en la radio sonaba Tú y yo de Cecilia, no puede entrar todo y hay que sacrificar”. No se quedaron fuera algunas revistas de prensa rozan que aportan un retrato muy certero de la esfera social española en la segunda mitad de los setenta.

Igual que no hay una historia absoluta con la que cualquier víctima pueda identificarse, no había presos perfectos que entiendan el mundo como lo hacemos hoy. Fran Pastor lo expone así: “Las relaciones en las cárceles eran muy distintas, muy crudas. No soñaban con una historia del amor al uso. Hubo un trabajo de suavizar mucho, al final somos un grupo de voluntarios y mostrar una realidad cruda nos queda grande. Tienes que negociar un poco, el código es el de 2026. En la obra los presos se decepcionan cuando descubren que no les van a dar la Amnistía. No pasó en la realidad, porque nunca esperaban que se les tratara como presos políticos en vez de comunes”.

En su cabeza estaba en todo momento “reflejar la diversidad del colectivo, también la conservadora, aunque que te duelen algunas cosas si eres de izquierdas”. Además, su investigación le ayudó a comprobar que la realidad no entiende solo de blancos y negros: “Descubrí que la homosexualidad se despenalizó antes en Alemania del Este o Checoslovaquia que en la Europa Occidental. En las primeras elecciones democráticas, ningún programa mencionaba la diversidad sexual. Incluso en los partidos de izquierdas podías sentirte poco bienvenido, aunque que luego cogieron esa bandera”.

40 años después, con una creciente ola reaccionaria que amenaza unos derechos que se dan por sentado mientras quedan otros por conquistar, Vosotros no rescata la historia de quienes se resignaban a su marginación no por inmovilismo sino por falta de horizontes. Una historia que mira al pasado y que precisamente por ello es más actual que nunca. Fran resume lo que ha cambiado en estas cuatro décadas con una anécdota más pedestre de los ensayos: “Como la obra está ambientada en el palomar de la cárcel de Carabanchel, cuando estamos un poco nerviosos o alterados comentamos que el palomar está revuelto”. Que la revuelta estalle sobre las tablas el próximo día 26.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará el 16 de julio sobre la ley de amnistía. La sala grande del tribunal con sede en Luxemburgo debe resolver las dudas del Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de la amnistía en la causa por los gastos vinculados al 1-O y las de la Audiencia Nacional por el caso de la 'Operación Judas' contra los CDR.

Dean Spielmann, abogado general del TJUE, ya se mostró favorable a la norma en una opinión hecha pública el pasado noviembre y avaló su aplicación tanto para los gastos del referéndum como para el caso de los CDR, pero puso algunas objeciones de procedimiento. Su opinión no es vinculante para el TJUE, pero los magistrados parten de esa posición para emitir una sentencia.

Decenas de líderes y activistas independentistas están pendientes de Luxemburgo para beneficiarse de la amnistía, aunque también dependen del Tribunal Constitucional. Ahora, la justicia europea resolverá el caso justo un año después de la audiencia sobre las cuestiones prejudiciales de ambos tribunales españoles.

La ley de amnistía impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez entró en vigor el 11 de junio de 2024. La norma dice que busca la “normalización institucional, política y social” en Catalunya y exime de responsabilidad penal, administrativa y contable a los implicados en el 'proceso'.

Pactada con los partidos independentistas como parte del acuerdo de investidura de Sánchez, la amnistía ha generado polémica. Aparte de las denuncias de PP y Vox, los tribunales que deben aplicar la amnistía han cuestionado su validez.

El Tribunal Supremo directamente no ha querido aplicarlo en los casos de malversación que afectan a dirigentes como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, y se ha limitado a hacer una cuestión de inconstitucionalidad sobre la legalidad de la norma por el posible “trato discriminatorio” en función de la “ideología”, pero el TC ya la ha desestimado.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y un juzgado de Vilanova han optado por preguntar al TJUE si la norma es compatible con el derecho de la Unión Europea.

Ahora el TJUE está examinando las prejudiciales del TdC y la AN sobre la aplicación de la amnistía a la responsabilidad contable por los gastos del 'proceso' y los presuntos delitos de terrorismo en el caso de los CDR.

La opinión del abogado general

En el procedimiento de preguntas prejudiciales en el TJUE, el abogado general del tribunal presenta una opinión no vinculante a los magistrados para que elaboren la sentencia. La sala grande del TJUE que baraja la ley de amnistía tendrá en cuenta su posición. El tribunal no está obligado a mantenerlo, pero en la mayoría de los casos se pronuncia en el mismo sentido. 

El 13 de noviembre, el abogado general del TJUE Daniel Spielmann defendió que la amnistía para los gastos del 'procés' y el caso de los CDR es compatible con el derecho de la UE, pero puso reparos de procedimiento al considerar que algunas disposiciones de la ley vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva. 

En respuesta a las preguntas prejudiciales del Tribunal de Cuentas, Spielmann aseguró que los hechos del 'procés' no afectan a los intereses financieros de la UE porque no existe “un vínculo directo” con la reducción “actual o potencial” de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la UE. Una interpretación que se opone a la del Tribunal Supremo en la causa del 1-O.

Eso sí, consideró insuficientes los plazos que la ley impone al TdC para resolver sobre la aplicación de la amnistía y criticó que se impida la comparecencia de algunas partes.

En cuanto al caso de los CDR en la Audiencia Nacional, Spielmann sostuvo en su dictamen que la ley de amnistía es compatible con la directiva europea de lucha contra el terrorismo porque se aplica a determinados hechos, limitados en el tiempo y por su naturaleza. Además, establece una “exclusión explícita” de los actos que hayan causado violaciones graves de los derechos humanos, particularmente del derecho a la vida ya la integridad física.

Más allá de las cuestiones prejudiciales planteadas por ambos tribunales, Spielmann replicó a las críticas de la Comisión Europea a la legitimidad de la ley de amnistía: “Desde mi punto de vista, nada permite calificar la ley de amnistía de autoamnistía en este caso”, sentenció.

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Aragón, con Jorge Azcón al frente, contra la ley de amnistía al 'procés' usando los mismos argumentos por los que desestimó los recursos que interpusieron otras comunidades del PP.

Así lo ha comunicado el órgano de garantías en una nota de prensa, en la que ha detallado que en su sentencia, cuya ponente ha sido la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, el tribunal “aplica la doctrina establecida” en fallos anteriores.

Sobre la impugnación de la ley en su conjunto, el Constitucional explica que la sentencia se remite a la doctrina fijada en otras dos sentencias anteriores –una de ellas la que avaló casi la totalidad de la ley en junio de 2025– que acordaron que “de la Constitución no se deriva una prohibición de amnistiar”.

Asimismo, recuerda que “el legislador no incurrió en arbitrariedad” al aprobar la ley de amnistía “y que esta no vulnera la reserva de jurisdicción ni el principio de separación de poderes”. “En consecuencia, se desestiman las alegaciones formuladas contra la ley en su conjunto”, concluye.

El Ejecutivo aragonés “alegaba que la exclusión del ámbito de aplicación de la amnistía de quienes hubieran cometido los delitos amnistiados con la finalidad de oponerse al proceso secesionista catalán vulneraba el derecho a la igualdad”, indica el TC.

Desde el tribunal de la calle Domenico Scarlatti indican que “esta cuestión ya fue resuelta” en una sentencia anterior, “que declaró la inconstitucionalidad de dicho precepto”.

El TC ha comunicado que la sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados del sector conservador: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa.