La aplicación de la amnistía al delito de malversación del procés ha desembocado en un cruce de acusaciones entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional con escasos precedentes. El auto de la Sala de lo Penal que aplica la ley de perdón al caso de varios exconsellers catalanes deja una docena de reproches al tribunal de garantías que van desde el fondo hasta la forma. Acusaciones de “injerencias” y dardos sobre la falta de unanimidad en el Constitucional en respuesta a las acusaciones de “contradicción interna” que este tribunal hizo al Supremo hace pocos días.

El pleno del Tribunal Constitucional aprobó, con los votos a favor de sus siete magistrados progresistas y en contra de los cinco conservadores, una sentencia sobre Dolors Bassa: la que ordenó por primera vez aplicar la amnistía al delito de malversación que pesa sobre los líderes del procés, tanto sobre los condenados como también sobre Carles Puigdemont. La sentencia, que tuvo como ponente a Cándido Conde-Pumpido, respondió a varias reclamaciones de la exconsellera de Trabajo en el Govern catalán. Las principales: que el Supremo había errado y vulnerado sus derechos al entender, en contra de lo afirmado en la sentencia del procés, que no solo malversaron dinero público, sino que se enriquecieron personalmente y que, además, afectaron a los intereses económicos de la Unión Europea.

La “contradicción interna” del Supremo

La sentencia del Tribunal Constitucional lanzó varios reproches al Supremo, el primero por interpretar “en un sentido claramente expansivo” cuándo la malversación no podía ser perdonada. Apuntó a continuación a una “contradicción interna” de la Sala de lo Penal: afirmar que Bassa y el resto de condenados se enriquecieron personalmente después de no afirmarlo en su sentencia. La decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación, añadió el Constitucional, “excede los límites de interpretación de la ley” y fue, en conclusión, una “interpretación impredecible” sin “nexo de coherencia”.

Más duros fueron los argumentos para reiterar, como ya hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes, que el procés no afectó a fondos comunitarios. Su sentencia de 2019, recuerda el Constitucional, destacó la “manifiesta inviolabilidad jurídica” y el carácter de “señuelo” del desafío independentista para presionar al Gobierno central. Los autos sobre la amnistía, sin embargo, constituyeron un “pronunciamiento recíprocamente irreconciliable”, una “contradicción interna” y algo “contradictorio, irrazonable y carente de sentido lógico”.

Estas no son las primeras críticas que llegan al Tribunal Supremo por su gestión de la amnistía y su aplicación a la malversación. Ana Ferrer, magistrada de la Sala de lo Penal que condenó a los líderes del procés, ya se pronunció en contra de sus propios compañeros en términos aún más contundentes. Acusó al resto de la Sala de hacer “deducciones artificiosas”, de “resquebrajar los diques de la lógica” y de introducir matices “novedosos y peligrosos”. “Retuerce los perfiles del ánimo de lucro”, llegó a decir esta magistrada.

La “injerencia” del Constitucional

El juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, ya hizo una defensa de sus compañeros de Sala cuando levantó la orden de detención que pesa sobre Carles Puigdemont en aplicación de los criterios del Constitucional. Cargó, entre otras cosas, a la falta de “mesura” del Constitucional en sus argumentos sobre el tema. Unas críticas que ha desarrollado la Sala de lo Penal con un tribunal de tres magistrados con Manuel Marchena como ponente apuntando directamente a una “injerencia”.

Algunos dardos de este auto van dirigidos tanto a la falta de acuerdo interno del Constitucional, profundamente dividido entre bloques para sentenciar la amnistía, con constantes alusiones a “el grupo mayoritario” y a la existencia de votos particulares del sector conservador para reclamar expresiones menos contundentes a la hora de calificar sus argumentos sobre la amnistía. También hay críticas a cómo el Constitucional ha “ensanchado hasta límites históricos” su labor, consumando su “mutación” en una “última instancia con capacidad revisora de interpretación” de cualquier decisión del Supremo. Algo que, añaden, “está desdibujando el diseño que quisieron los constituyentes de 1978”. Se refieren a sí mismos como “jueces independientes, inamovibles, responsables ante la ley” frente a los del Constitucional, “quienes sin esas garantías y durante un período temporal cerrado de 9 años se ocupan de preservar las garantías constitucionales”.

Los argumentos del Constitucional no gustaron en el Supremo y las críticas del Supremo han sorprendido en el Constitucional, donde consideran que no se han expresado en términos más duros que en otras resoluciones referidas a otros tribunales. Según el Supremo, el Constitucional se apartó de la “contención” que contempla su Ley Orgánica y escribió “consideraciones manifiestamente prescindibles” y “absolutamente innecesarias” para desarrollar sus argumentos.

“La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia”, afirma el Supremo en un auto que deja por escrito y a las claras la enemistad entre ambos tribunales después de una sucesión de reveses llegados a la Sala de lo Penal desde el Constitucional: ahora la amnistía, pero antes los ERE de Andalucía o el caso de Alberto Rodríguez, entre otros.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acaba de anunciar que aplica la amnistía a todos los condenados por malversación en el procés: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Lo hace, eso sí, entre críticas a los términos, la “injerencia” y la “innecesaria grandilocuencia” empleada por el Constitucional a la hora de sentenciar el caso: “Revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional”.

Se trata de la segunda decisión que toma el Tribunal Supremo sobre el caso después de que el Tribunal Constitucional declarase que la amnistía también abarcaba el delito de malversación de caudales públicos. El primero en mover ficha fue el instructor Pablo Llarena, que ha levantado la orden de detención nacional que pesaba desde 2017 sobre Carles Puigdemont. Ahora ha sido la Sala de lo Penal la que ha aplicado este fallo del Constitucional sobre los políticos catalanes que fueron condenados.

El juez Llarena ya incluyó algunas críticas contra los términos elegidos por el Constitucional para imponer su criterio al Supremo y ahora la Sala de lo Penal, con Manuel Marchena como ponente, eleva la intensidad del reproche. Apunta a “consideraciones que son manifiestamente prescindibles” y niega que el Supremo incurriera en una “drástica contradicción” a la hora de negar la amnistía a la malversación. “La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia, revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia”.

El Supremo no oculta su malestar por la decisión del Constitucional y tampoco por la dureza de la sentencia que se impuso en la aplicación de la amnistía. Llega incluso a destacar que la decisión del Constitucional sobre la amnistía no fue unánime, tal y como no lo fue la del propio Supremo. “El significativo número de magistrados que han expresado su coincidencia con la tesis que ahora rechaza la mayoría del Tribunal Constitucional hace muy difícil aceptar con naturalidad la irracionalidad que se atribuye a la decisión recurrida”.

Los jueces, con Marchena como ponente, lanzan varias críticas al Constitucional por su gestión de la amnistía después de acatar su criterio. “Se aparta de los precedentes”, añade, al “interferir en el núcleo de la potestad de juzgar” del Supremo. Tampoco cumple, añade, con el “deber de contención argumental” que establece la Ley del Tribunal Constitucional.

El final penal del procés

La resolución del Tribunal Supremo cargada de duras críticas al Tribunal Constitucional ponte punto y final a la mayor parte de la causa penal que arrancó en 2017 con una querella de la Fiscalía por rebelión contra los responsables políticos y sociales tanto del referéndum del 1 de octubre como de la Declaración Unilateral de Independencia. Las condenas iniciales de hasta 13 años de prisión impuestas en 2019 se encontraron en primer lugar con los indultos parciales firmados por el Consejo de Ministros en el verano de 2021. También con una reforma legal de los delitos de sedición y malversación que el Supremo aplicó a sus condenas.

Sin condena de cárcel por cumplir, los políticos catalanes condenados por el procés contaban con un último obstáculo para volver a la política: las condenas de inhabilitación asociadas al delito de malversación que no habían sido ni indultadas ni eliminadas con la reforma del Código Penal. Llegó entonces la ley de amnistía pero la interpretación del Tribunal Supremo también cerró esa puerta. Los jueces, con el voto en contra de la magistrada Ana Ferrer y contra el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, entendieron que la malversación del procés no cumplía con los requisitos de la ley de amnistía para ser perdonada.

El Constitucional primero y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea después rechazaron las alegaciones del Supremo y del PP contra la ley de amnistía y pasaron a resolver entonces los recursos concretos de cada condenado. Fue el caso de Dolors Bassa, con ponencia de Cándido Conde-Pumpido, el primero en salir adelante gracias a los votos de la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, el que ha obligado al Supremo a amnistiar también la malversación. La única decisión pendiente está en manos de Pablo Llarena sobre si aplica el mismo criterio a la malversación atribuida a Puigdemont tras levantar su orden de detención.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha confirmado que la orden de detención de Carles Puigdemont queda levantada y puede volver a España sin riesgo de ser detenido, pero lo hace entre críticas al Tribunal Constitucional. El instructor de la causa del procés reprocha la falta de “mesura” del tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido y asegura que las decisiones del Tribunal Supremo sobre la amnistía y la malversación no fueron “inadmisibles o imprevisibles”.

El juez de la Sala de lo Penal ya levantó de forma cautelar la orden de detención que pesaba sobre Puigdemont desde 2017 nada más conocer la decisión del Tribunal Constitucional. La malversación del procés, en contra del criterio del Tribunal Supremo, también debía ser amnistiada, y eso llevaba a la eliminación de esa orden nacional de detención a la espera de que Llarena resolviera el fondo del asunto sobre el delito que todavía se imputa a Puigdemont.

La sentencia incluía una serie de críticas al Tribunal Supremo, sobre todo por no amnistiar la malversación del procés amparándose en argumentos como la afectación de los fondos de la Unión Europea o el enriquecimiento de los políticos catalanes, que al usar medios públicos para organizar el 1-O no tuvieron que poner el dinero de su bolsillo.

Ahora Pablo Llarena reitera que la orden de detención queda anulada pero sale en defensa del Tribunal Supremo, rechaza el recurso de la acusación popular de Vox, y carga contra los argumentos del Constitucional. Su doctrina, dice, debe aplicarse “aunque no se compartan las razones”, y se apoya en el voto particular del sector conservador del tribunal para afirmar que la discrepancia interna “aconsejaba una mesura en los calificativos que no se advierte en la rotundidad de su censura. Los adjetivos no convierten en indiscutible lo que ha fracturado al Tribunal”.

Según Llarena, el criterio del Supremo y su interpretación de la amnistía estaba “jurídicamente fundada” y no fue “imprevisible o inadmisible”.

Cuando el 23 de julio de 2023 todo el mundo daba por hecho que el PP y Vox gobernarían en La Moncloa, la noche electoral brindó la sorpresa política: el PSOE podría repetir gobierno de coalición si convencía a Carles Puigdemont, huído desde 2017 a Bélgica, para que sus siete diputados votasen sí a su investidura. A cambio, Pedro Sánchez prometió y aprobó una Ley de Amnistía traumática para muchos socialistas, y que desató la furia de la ultraderecha y la derecha política, mediática y judicial. El respaldo de Junts siempre estuvo condicionado a grandes cesiones en un proceso negociador muchas veces al límite del precipicio para el Gobierno. 

Más de tres años después, cuando Puigdemont ya puede regresar a España sin ser perseguido por la justicia, es de nuevo el líder independentista catalán el artífice de accionar el botón nuclear de la política española, al votar no a los decretos de vivienda que agitan las calles estos días, y poner fin así a la legislatura. Con Neus Tomàs, directora adjunta de elDiario.es, analizamos qué hay detrás de la estrategia seguida por Puigdemont y su partido a lo largo de estos años.  

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Carles Puigdemont lleva fuera de España desde el 30 de octubre de 2017. Llegó a Bruselas tras la fallida declaración de independencia y, después de nueve años de vericuetos judiciales en los que ha jugado al gato y al ratón con la justicia española, ha ganado.

Si lo ha conseguido es gracias a una ley, la de amnistía, que fue moneda de cambio para la investidura de Pedro Sánchez. Las urnas le dieron el 23 de julio de 2023 la llave para que el presidente del Gobierno permaneciera en La Moncloa. Sánchez pasó de reclamar el cumplimiento “íntegro” de la sentencia del Supremo y presumir de que traería de vuelta a Puigdemont de la mano de la Fiscalía a votar la ley de amnistía. “Hacer de la necesidad virtud”, en palabras suyas. Ya antes había dado el paso con los indultos, en ese caso para contentar a ERC.

Por tacticismo o por convicción, el PSOE optó por buscar el apaciguamiento en Catalunya, una estrategia que funcionó pese a que, según las encuestas, no todos sus votantes comprendieron. Salvador Illa rematará pronto el plan con una foto: la de su reunión con Puigdemont en el Palau de la Generalitat cuando el líder de Junts vuelva a Catalunya

La amnistía ha sido también el instrumento para doblegar a unos jueces a los que pudo más su pulsión represora y, en más de un caso, autoritaria. Lo ha logrado por medio de la ley y de un tribunal, el de Justicia de la Unión Europea, que avaló el texto y desmontó las tesis del Supremo. Dos años y cuatro meses después de su aprobación, Puigdemont y otros líderes del procés han conseguido que se les aplique.

El expresident ha cometido muchos errores, y el que pagó más caro fue no convocar elecciones en octubre de 2017. Era su intención inicial y la acabó descartando por las presiones de ERC y la falta de garantías del Gobierno de Rajoy respecto a la aplicación del 155. El resto es conocido, aunque para Puigdemont aquel momento fue decisivo, vital y políticamente. Habrá gente que lo haya olvidado, pero él no, porque optó por una vía mucho más sombría de lo que sus adversarios y algunos medios han intentado trasladar. No estaba en la cárcel, cierto. Pero tampoco ha sido libre durante todos estos años.

Desde un principio quiso aprovechar su tirón mediático para “internacionalizar el conflicto”, aunque pronto descubrió que no sería nada fácil. Ni cuando fue eurodiputado ni después, el independentismo ha obtenido fuera los apoyos que anhelaba.

Durante estos años, el expresident ha recibido a mucha gente en Waterloo para mantener el pulso y estar al día de lo que pasaba en Catalunya, pero la distancia se ha impuesto. Comprobó también que las victorias judiciales que, incontestablemente, ha obtenido frente al juez Llarena durante todo este tiempo no se traducían en éxitos políticos.

La denominada “lucha del exilio” sirvió para que los tribunales extranjeros constataran los excesos de la alta magistratura española, pero poco más. Mientras tanto, la vida en Catalunya seguía y las preocupaciones de sus ciudadanos viraban del procés hacia las dificultades materiales, empezando por el aumento del coste de la vida y de los alquileres.

Eso explica también que Junts tumbase los decretos de vivienda. El partido ha logrado reconciliarse con sectores económicos influyentes, incluidos algunos de los que fueron más críticos con el procés y que ahora lo han recuperado como interlocutor para presionar en el Congreso de los Diputados. El ejemplo más evidente es la patronal Foment.

La legislatura empezó con la amnistía y acaba con ella. Alberto Núñez Feijóo escribió este martes en X que la amnistía es “otra mentira de Sánchez”. Lo que no dijo es que al PP ya le va bien que el futuro del expresident se haya resuelto. “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”, proclamó el pasado junio durante su discurso en el congreso del PP catalán. Precisamente esa expresión, “pasar página”, fue la que más repitió Illa durante la campaña de las autonómicas.

En su entrevista en The Sunday Times, Puigdemont anunció que su intención es hacer una gira por Catalunya para percibir cómo está “la realidad” del país. En su provincia, Girona, podrá constatar cómo el avance de Aliança Catalana parece imparable. No solo allí, pero especialmente allí y en Lleida. Se encontrará con fans, claro, pero también con antiguos votantes que ahora se han entregado a Sílvia Orriols y que lo consideran un “traidor”. Y con otros que van a votar a la extrema derecha por sus propuestas racistas y que, por más que Junts endurezca su discurso sobre inmigración, lo que quieren es un candidato netamente xenófobo.

Puigdemont se encontrará una Catalunya que ya no es la de 2017.

La mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha aprobado una sentencia que amnistía el delito de malversación atribuido a la exconsellera catalana Dolors Bassa y que abre la puerta al regreso próximo de Carles Puigdemont a España. Los magistrados han sacado adelante la ponencia del presidente Cándido Conde-Pumpido, que entre duras críticas a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acuerda extender la amnistía a este delito. Una decisión que facilita la vuelta del expresident a España sin riesgo de ser detenido: el juez Pablo Llarena ha decidido levantar la orden de detención sin esperar a que la sentencia le sea notificada formalmente.

En un primer momento el pleno convocado este martes iba a analizar dos recursos de dos exconsellers condenados por el procés: Jordi Turull y Dolors Bassa. El ponente del primer caso, el conservador José María Macías, aceptó asumir el criterio mayoritario y elaborar una ponencia que amnistiara la malversación pero finalmente ha optado por retirar el asunto del orden del día. El pleno ha pasado directamente a estudiar el caso de Dolors Bassa con la ponencia de Cándido Conde-Pumpido, teniendo todavía pendientes otros recursos como los de Oriol Junqueras, Joaquim Forn o Raül Romeva.

La ponencia de Conde-Pumpido, indican fuentes del tribunal de garantías, ha sido aprobada con siete votos a favor y cinco en contra de los magistrados del sector conservador, que emitirán votos particulares contrarios como han hecho en todos los recursos relacionados con la amnistía. La sentencia, que todavía tiene que ser notificada, incluye severas críticas al Tribunal Supremo por negar la amnistía a este delito de malversación e incluye indicaciones expresas para que la Sala de lo Penal de este tribunal aplique el criterio establecido en el recurso de Bassa.

La aplicación de la amnistía a la malversación ha sido uno de los puntos más conflictivos del desarrollo de la ley. Por un lado, la negativa del Tribunal Supremo a perdonar este delito –alegando entre otras cosas que el procés afectó a intereses económicos europeos o que los políticos se lucraron con él– mantuvo las condenas de inhabilitación que impiden a varios condenados volver a una lista electoral. Por otro, ese delito sustenta la orden nacional de detención que Pablo Llarena activó contra Carles Puigdemont y que, en la práctica, le ha impedido hasta hoy mismo volver a España sin arriesgarse a ser detenido.

La ponencia de Conde-Pumpido que ahora se transforma en sentencia incluye críticas al criterio de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en este asunto. Unas críticas basadas en que las afirmaciones de los autos que negaron la amnistía al delito de malversación no aparecían en la sentencia del procés de 2019: ni la afectación a los intereses económicos de la Unión Europea ni tampoco la posibilidad de que los condenados se hubieran lucrado con el procés porque, al usar medios públicos, no tuvieron que pagarlo de su bolsillo. Una “contradicción flagrante”, dice ahora la sentencia, en “dos pronunciamientos distintos e inconciliables”.

El pleno del Tribunal Constitucional afronta esta semana una deliberación clave sobre la amnistía y a las puertas de las próximas elecciones generales. Los magistrados tienen previsto dar luz verde a la aplicación de la ley de perdón al delito de malversación por el que fueron condenados Jordi Turull y Dolors Bassa, un movimiento que pondrá en marcha la cuenta atrás para que este criterio se aplique al caso de Carles Puigdemont y, en la práctica, pueda volver a España sin miedo a ser detenido. Los tiempos que maneja el tribunal de garantías hacen factible que todos los recursos pendientes queden solucionados antes del comienzo de la campaña electoral aunque vaya a tener una incidencia moderada en la elaboración de las listas de Junts y ERC, los dos partidos presentes en la lista de políticos pendientes de sentencia.

Los 12 magistrados tendrán este martes dos recursos encima de la mesa con los casos de los exconsellers Jordi Turull y Dolors Bassa. Los dos acudieron al Constitucional porque, después del indulto que conmutó su pena de prisión, la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación mantenía intacta su condena de inhabilitación y eso les impedía presentarse a unas elecciones. El debate sobre el fondo del asunto no parece polémico: el ponente conservador del caso de Turull se ha comprometido a asumir el criterio de la mayoría y la ponencia de Cándido Conde-Pumpido sobre Dolors Bassa tampoco tendrá problema en salir adelante gracias a la mayoría progresista del organismo.

Está previsto, por tanto, que ambos recursos queden sentenciados entre el martes y el miércoles, aunque eso no significa que las resoluciones sean dictadas y notificadas el mismo día en que se conozca el resultado de las votaciones. Además de acometer el redactado definitivo de las resoluciones, los magistrados conservadores que previsiblemente discrepen también necesitarán tiempo para elaborar sus votos particulares. Sobre su cumplimiento, el propio presidente del Tribunal Constitucional dejó claro recientemente en un desayuno informativo que los tribunales de la Justicia ordinaria, entre ellos el Tribunal Supremo, estaban obligados a acatar y aplicar sus resoluciones, deslizando una crítica: “A veces surge una cierta voluntad de no atender las resoluciones del Tribunal Constitucional”, lamentó.

Las decisiones sobre Turull y Bassa no solo afectarán a estos dos exconsellers del Govern de Carles Puigdemont. Serán las primeras sentencias en las que el Constitucional dará por amnistiado el delito de malversación del procés, la acusación que mantiene al expresident bajo una orden de detención del Tribunal Supremo que implicará su detención si pone un pie en España. La decisión del Constitucional sobre este asunto, sin embargo, no se aplicará de forma automática al político catalán. La sentencia, una vez dictada y notificada, debe ser puesta en conocimiento formal del juez Pablo Llarena, en el Tribunal Supremo, para que levante la acusación de malversación y, con ella, la orden de detención. Está por ver si antes de hacerlo pide, por ejemplo, alegaciones a las partes.

Puigdemont y el 29N

Carles Puigdemont no tiene a día de hoy ningún impedimento que le aparte de una lista electoral de su partido –ya fue cabeza de lista de Junts al Parlament en 2024 y candidato a la investidura, entre otras–, pero la orden nacional de detención que pesa sobre él limita su actividad parlamentaria a delegar su voto, algo que también ha sido discutido por los tribunales. Está previsto que eso cambie en las próximas semanas cuando el Tribunal Supremo aplique las decisiones del Constitucional y haga desaparecer su imputación con malversación, aunque con la duda de en qué momento de la campaña electoral sucederá. Si antes 26 de octubre, límite para presentar candidaturas, o si ya en noviembre con la campaña en marcha y con Junts recuperando así su mayor activo electoral.

El resto de exconsellers condenados libran su batalla en paralelo y con un calendario igualmente ajustado en caso de querer figurar en alguna lista electoral del 29N. Los recursos de Oriol Junqueras, Joaquim Forn y otros condenados todavía no están en el calendario, pero podrían quedar resueltos por aplicación de doctrina en el siguiente pleno del 20 de octubre, un día antes del comienzo del plazo para presentar candidaturas.

La aplicación de la amnistía se ha convertido en uno de los grandes choques entre Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Fiscalía. La Sala de lo Penal se negó a amnistiar el delito de malversación y, además, planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley. El procés, dijeron por primera vez a lo largo de la causa, pudo afectar a los intereses económicos europeos y, además, supuso un enriquecimiento injusto para los políticos porque no tuvieron que pagar el referéndum del 1-O de su bolsillo. Las sentencias que dicte el Constitucional en los próximos días, tal y como figura en las ponencias que se votarán y cuentan con el apoyo mayoritario del pleno, apuntan en sentido contrario con algunas críticas muy duras al criterio del Tribunal Supremo.

La ponencia de Cándido Conde-Pumpido sobre el caso de Dolors Bassa, por ejemplo, acusa al Supremo de emitir “dos pronunciamientos distintos e inconciliables” sobre si la malversación es o no amnistiable, comparando la sentencia del procés con los autos que negaron el perdón a ese delito. Una “contradicción flagrante”, entre otras críticas a los autos del Supremo sobre el caso, que ahora serán sometidas a votación en un día que supondrá el principio del fin de la causa abierta contra Carles Puigdemont en 2017 a las puertas de unas elecciones generales convocadas, entre otros factores, por la posición de su partido en cuanto a la crisis de vivienda y los decretos que el Gobierno no consiguió sacar adelante en el Congreso la semana pasada.

Desde que se conocieron los resultados electorales de julio de 2023 estuvo claro que la investidura del presidente del Gobierno exigiría el compromiso de aprobar una ley de amnistía para quienes habían participado, de una u otra manera, en el procés.

El resultado electoral del nacionalismo de origen “convergente”, por entendernos, había sido el peor de todos los obtenidos desde 1980, pero su concurso, imprescindible para la investidura de Pedro Sánchez, única posible, dada la presencia inexcusable de Vox en cualquier otra alternativa, le proporcionaba a Junts una posición inexpugnable. Con la composición del Congreso de los Diputados sin ley de amnistía sería imposible que la legislatura iniciara su andadura.

Así fue entendido por todas las fuerzas políticas desde posiciones completamente antagónicas respecto de la misma. Antes de que se constituyeran las Cortes Generales y antes de que se abriera el plazo para que el jefe del Estado hiciera la propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno, el PP presionó para que su candidato, Alberto Núñez Feijóo, aunque no tenía posibilidad de alcanzar una mayoría de investidura, fuera propuesto por el rey para ser el protagonista del primer debate de investidura. La derecha le impuso al rey una interpretación muy discutible del artículo 99 de la Constitución, inédita hasta el momento. 

Lo hizo, además, de manera fraudulenta, ya que el candidato propuesto no hizo el más mínimo esfuerzo de negociación con los demás partidos con representación parlamentaria para intentar configurar una mayoría parlamentaria ni tampoco para elaborar un programa de gobierno con base en el cual solicitar la confianza del Congreso de los Diputados. No hizo uso del encargo del rey para hacer lo que el candidato propuesto tiene que hacer, sino que se centró en una operación de anti-investidura del candidato socialista que sería propuesto a continuación. 

En la forma en que desempeñó el encargo del rey, Alberto Núñez Feijóo reconoció implícitamente que no estaba dando cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución, sino que hacía uso de manera torticera del artículo 99 de la Constitución para anunciar que ponía en marcha una oposición al futuro presidente del Gobierno sin respetar reglas de ningún tipo. 

De ahí que su discurso del debate de investidura se dedicara a la ley de amnistía que todavía no existía. No se centró en lo que haría como presidente del Gobierno de ser investido, sino en descalificar lo que haría el candidato socialista, una vez que, tras su fracaso, fuera propuesto por el rey. 

Desde antes de que la legislatura diera su primer paso con la investidura real y efectiva de un candidato propuesto por el monarca, la ley de amnistía ya había hecho acto de presencia. En torno a ella, directa o indirectamente ha girado toda la legislatura. 

Con base en el rechazo frontal a la ley de amnistía se intentó impedir la investidura de Pedro Sánchez, llegándose incluso a mendigar un “tamayazo” para hacerla imposible. Y una vez fracasado ese intento, se ha recurrido a toda suerte de trampas reglamentarias para dilatar la aprobación de la ley. Con éxito parcial, ya que no se consiguió impedir la aprobación de la ley, pero si se retrasó considerablemente dicha aprobación, condicionando de esta manera la ejecutoria parlamentaria de Junts, que era el partido beneficiado por la ley de amnistía, pero que no estaba dispuesto a pagar ningún precio por ello más allá del que consideraba que había pagado con la investidura de Pedro Sánchez. El retraso en la aprobación de la ley dificultaba sobremanera cualquier acuerdo entre Junts y el partido socialista sobre cualquier otro tema, es decir, dificultaba que la mayoría de investidura fuera mayoría de Gobierno. 

La dilatación de la tramitación parlamentaria posibilitó que se incorporara a la oposición política el poder judicial propiamente dicho, así como su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial. Operaciones inéditas de constitucionalidad más que dudosa, por no decir abiertamente anticonstitucionales, como las manifestaciones de jueces ante las sedes de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas, redacción de manifiestos por el CGPJ y utilización de las redes sociales contra la Ley se han sucedido de manera ininterrumpida a lo largo de la tramitación parlamentaria. 

Una vez aprobada la ley y publicada en el BOE, la oposición (¿rebelión?) judicial se mantuvo, incorporándose a la jurisdicción propiamente dicha, la jurisdicción contable, ya que el Tribunal de Cuentas recurrió la ley ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por considerarla contraria al Derecho de la Unión. De hecho, ha sido el primer recurso que ha resuelto el TJUE en un sentido claramente favorable a la Ley parlamentaria.

Pero ha sido el Tribunal Supremo (TS) quien ha dirigido en parte la oposición a la ley y en parte la rebelión contra ella. Primero la rebelión y después la oposición. 

La rebelión primero, porque el TS decidió hacer algo que no puede hacerse, como es trocear la ley de amnistía y decidir pronunciarse sobre el artículo 2 de la misma antes de hacerlo sobre el artículo 1. 

La finalidad de ese troceamiento no era otra que la de retrasar lo más posible la aplicación de la ley. La Sala Segunda sabía perfectamente que no podía hacer lo que estaba haciendo, pero daba prioridad a su oposición política a la ley que a su análisis jurídico. 

De elevar la cuestión de constitucionalidad de la ley de amnistía al Tribunal Constitucional tal como había sido aprobada, el asunto quedaría resuelto de manera relativamente rápida y Carles Puigdemont estaría en España desde hace meses. 

Para evitar que fuera así, el TS decidió pronunciarse en primer lugar sobre el delito de malversación, afirmando que no tenía dudas de que era constitucional siempre que se lo interpretara de una manera contraria a lo que la Ley decía. Carles Puigdemont y los demás consejeros se habían enriquecido porque no habían pagado el referéndum del 1 de octubre con su dinero, sino con dinero público y habían cometido, por tanto, el delito de malversación. Con esta condena se mantenía la orden de detención dictada contra todos ellos, así como la inhabilitación de Oriol Junqueras y demás dirigentes nacionalistas.

A continuación, elevó una cuestión de inconstitucionalidad respecto de la Ley de Amnistía salvo el artículo 2. Cuestión completamente anómala, ya que el TS se limita a un corta y pega de lo que se ha publicado por diferentes profesores y juristas sobre la anticonstitucionalidad de la Ley. 

Esta cuestión de inconstitucionalidad ya ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional en un sentido favorable a la decisión parlamentaria. La ley de amnistía es inequívocamente constitucional. 

Quedaba la decisión del TS sobre la condena por el delito de malversación, que en esta semana ya sabemos que el Tribunal Constitucional va a anular otorgando el amparo a Carles Puigdemont y a los demás condenados por la esperpéntica interpretación del delito de malversación. 

El 6 de octubre se harán públicas las sentencias del TC en los recursos de amparo que se resolverán ese día, pero cuya doctrina será de aplicación inmediata a todos los que están pendiente de solución. 

La amnistía se habrá producido. Pero el coste para el sistema político ha sido enorme, porque ha desbaratado el debate parlamentario sobre todos los demás temas sobre los que había que debatir y porque ha generado una deriva política en el poder judicial, que está poniendo en riesgo la supervivencia del Estado social y democrático de derecho definido en la Constitución.

Pero esto queda para un próximo artículo. 

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este martes redactar una sentencia que amnistíe la malversación atribuida a los líderes políticos del procés, el delito que a día de hoy impide que Carles Puigdemont vuelva a España sin riesgo de ser detenido. La mayoría progresista ha rechazado la ponencia del conservador José María Macías, que apostaba por no perdonar este delito en el caso del exconseller Jordi Turull, y abre la puerta a que los tribunales también levanten esa acusación contra el expresident cuando estudien su caso.

Fuentes del organismo explican que el magistrado Macías tendrá que redactar una nueva ponencia y que, además, el pleno estudiará próximamente el caso de Dolors Bassa con ponencia del presidente Cándido Conde-Pumpido. Estas dos ponencias que se votarán más adelante, añaden estas fuentes, serán para estimar la petición de amparo. Ese pleno, según ha informado el Tribunal Constitucional, será el próximo 6 de octubre.

El tribunal de garantías ha estudiado el primer recurso de uno de los condenados por el procés independentista de 2017 después de que el Tribunal Supremo se negara a amnistiar el delito de malversación, y también después de que tanto el mismo Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hayan avalado la ley. En el caso de Jordi Turull, exconseller de Carles Puigdemont y alto cargo de Junts, una vez indultada su pena de cárcel el recurso se centraba en amparar bajo el paraguas de la amnistía la inhabilitación que acarrea el delito de malversación y que le impide presentarse a unas elecciones.

La mayoría progresista del pleno ha rechazado la ponencia del conservador José María Macías, que respaldaba la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación. Ahora el borrador de la sentencia tendrá que ser repetido y la mayoría del pleno entiende que sí debe otorgarse el amparo. El Supremo entendió que no era amnistiable ya que el dinero que los políticos no tuvieron que poner de su bolsillo supuso un enriquecimiento ilegal proscrito en la ley.

La decisión del Tribunal Constitucional, por tanto, todavía tendrá que esperar al redactado y votado de un nuevo borrador, pero pone en marcha la cuenta atrás para que Carles Puigdemont pueda volver a España sin exponerse a una detención, aunque tendrá que esperar a que se resuelvan sus propios recursos.

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers fueron los primeros candidatos a la amnistía y serán sus últimos beneficiarios. Más de dos años después de la publicación de la norma, el Tribunal Constitucional empieza a debatir esta semana los recursos de los dirigentes del procés contra la negativa del Tribunal Supremo a amnistiarles al plantear una novedosa interpretación al delito de malversación. Ahora sí, arranca la cuenta atrás para la materialización de la ley que facilitó la investidura de Pedro Sánchez y permitió arrancar la legislatura en 2023.

La fase final de la aplicación de la amnistía vuelve a moverse a caballo entre la política y la judicatura, igual que la última década del procés. El Tribunal Constitucional debate a partir de este martes la petición de amparo del secretario general de Junts y exconseller de Presidència, Jordi Turull, que marcará la pauta para el resto de exmiembros del Govern.

Se trata del primer caso particular de las negativas del Supremo a amnistiar a los líderes del procés que estudia el tribunal de garantías tras 22 sentencias en las que ya ha respaldado la constitucionalidad de la Ley en sentido general.

La deliberación de los recursos más sensibles le llega al Constitucional con el espaldarazo a sus tesis que supuso el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía, en contra de lo que pretendían los juzgados españoles refractarios a aplicar la norma.

No cabe esperar una decisión del Constitucional a favor de los líderes del procés este mismo martes. El magistrado José María Macías, del grupo conservador del tribunal y ponente del recurso de Turull, quiere dar la razón al Supremo en su rechazo a aplicar la amnistía. No es una sorpresa: en 2024, mientras era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), arremetió contra la Ley en una entrevista en OKDiario.

La mayoría progresista del Constitucional, salvo sorpresa, rechazará la ponencia de Macías y designará a un nuevo magistrado para que elabore un texto que avale la aplicación de la ley de amnistía a los investigados o condenados por malversación al entender que la interpretación que hizo el Tribunal Supremo no es válida. Esta ponencia alternativa podría aprobarse en el pleno del 6 de octubre. Esta es la fecha que tiene marcada en rojo todo el independentismo, ya que la decisión sobre el recurso de Turull señalará el camino del resto de impugnaciones.

Se espera que la mayoría progresista del Constitucional estime las peticiones de los exconsellers y los magistrados conservadores formulen votos particulares.

Las consecuencias del fallo del tribunal de garantías son notables: el aval a considerar que es amnistiable el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del procés abre la puerta a la vuelta a España definitiva de Puigdemont, que permanece en Bélgica desde 2017, y a que Junqueras pueda volver a ser candidato a las próximas elecciones catalanas, previstas para 2028.

El expresident y el exvicepresident son los únicos líderes independentistas de 2017 que permanecen al frente de sus respectivas organizaciones. Especialmente relevante es para Junts el retorno de su presidente, en quien confían para lograr un revulsivo al trasvase de votos que todas las encuestas detectan hacia la extrema derecha de Aliança Catalana.

Aunque durante meses se especuló con que el Supremo buscara otra vía para no aplicar la amnistía pese a la decisión del Constitucional, en los últimos días las señales que llegan desde la plaza Villa de París, sede del Alto Tribunal, son más moderadas.

Fuentes próximas a los magistrados del Supremo trasladaron a la prensa en la apertura del año judicial que el juez Pablo Llarena no esperaría a conocer el fallo del recurso de amparo de Puigdemont, sino que tiene previsto actuar cuando el Constitucional dicte la sentencia de Turull, desbloqueando la aplicación de la amnistía a todos los dirigentes independentistas que recurrieron.

Es decir, si el tribunal de garantías estima el recurso de Turull, Llarena haría lo propio con el expresident, y la Sala de lo Penal con el resto de exconsellers, sin esperar a un goteo de sentencias caso por caso.

La pasada semana, el juez Llarena rechazó la petición de Puigdemont para aplicar la amnistía al delito de malversación tras la sentencia del TJUE, a la espera de lo que ocurra con el fallo del Constitucional.

Este cambio de actitud contrasta con la hemeroteca del propio juez. El año pasado, durante una intervención pública en Granada, Llarena aseguró que los recursos de amparo de los líderes del procés ante el Constitucional no tenían “ningún recorrido”.

El magistrado defendió que la particular interpretación del Supremo sobre la malversación, que por primera vez en el caso procés provocó la división del tribunal, se ajustaba “perfectamente al contenido semántico” de la Ley de amnistía. En consecuencia, agregó, no se daban las razones de seguridad jurídica ni previsibilidad para que el Constitucional enmendara la plana al Alto Tribunal, como reclaman las defensas de los líderes del procés.

La decisión sobre la malversación

El Constitucional tiene que decidir sobre una de las argumentaciones recientes más controvertidas del Tribunal Supremo. Pese a que la sentencia de 2019 descartó que los dirigentes se llevaran un euro al bolsillo, los jueces rechazaron aplicarles la amnistía al considerar que el delito de malversación cometido en el procés incluyó un “beneficio personal de carácter patrimonial” para Puigdemont y los exconsellers por el dinero ahorrado como consecuencia de haber pagado los gastos del referéndum ilegal con fondos públicos y no de su propio bolsillo.

La interpretación del Supremo sobre la malversación en el procés, convertida ahora en un acto de enriquecimiento personal para impedir la amnistía, chocó con su propia sentencia, en la que el tribunal constató que los dirigentes soberanistas “no solo ejecutaron actos de manifiesta deslealtad en la administración de fondos, sino que, además, lo anunciaron públicamente”.

Tan controvertida fue la argumentación del Supremo que, por primera vez en el procés, se rompió la unanimidad en el seno del tribunal. Ana Ferrer, una de las magistradas que firmó la sentencia que condenó a los exconsellers por sedición, malversación y desobediencia, quiso dejar por escrito que “la única interpretación razonable” de la ley de amnistía era perdonar la malversación, no la “deducción artificiosa” de sus compañeros. Otros jueces catalanes también desoyeron la interpretación del Supremo y amnistiaron sin problemas el delito de malversación.

Tras casi diez años de causa especial en el Tribunal Supremo y dos años de trabas del Constitucional para aplicar al completo la Ley, Junts y ERC solo creerán en la materialización de la amnistía cuando la lean en papel timbrado. 

“Queremos ver las sentencias”, resumió el portavoz de Junts, Josep Rius. Este otoño, salvo giro de guion, será el definitivo para poner punto y final a la judicialización del procés.

El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a Meritxell Serret, de ERC, que se convierte así en la primera consellera del Govern promotor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía.

Serret, exconsellera de Agricultura, fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave, al facilitar el 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont, y posteriormente interpuso un recurso de casación contra su sentencia condenatoria.

En una resolución a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera “amnistiados los actos” por los que fue acusada Serret “y, en consecuencia, se declara extinguida la responsabilidad penal que pudiera haber contraído”.

“Desde ERC estamos satisfechos de la amnistía a la consellera Meritxell Serret que ha resuelto hoy el Tribunal Supremo. Se avala la estrategia sólida seguida con la ley de amnistía”, ha celebrado ERC en un comunicado.

Los republicanos ponen de relieve que la decisión del Supremo llega menos de dos semanas después del aval “contundente” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía. Por ello, añade el comunicado, “ya era inevitable que por fin el Tribunal Supremo hiciese lo que debería haber hecho desde el primer día: aplicar la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados”.

“Esto mismo es lo que debe pasar inmediatamente con el resto de causas, para poder restaurar todos los derechos políticos de todas las personas represaliadas, que los exiliados puedan volver a casa y poder discutir política y democráticamente sobre el conflicto entre Cataluña y el Estado español sin represión”, subraya ERC.

Condenada por desobediencia

En abril de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Serret, entonces consellera de Acción Exterior del Govern que presidía Pere Aragonès, a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave.

Según la sentencia del TSJC, como miembro del Govern de Puigdemont, Serret era “perfectamente conocedora” de los cinco requerimientos del Tribunal Constitucional que impedían seguir adelante con el 1-O, dado que le fueron notificados personalmente, pero los ignoró de forma “consciente y deliberada”, sin llevar a cabo ninguna actuación para detener el referéndum.

La sentencia recordaba que Serret hizo un “reconocimiento directo” del delito cuando se negó a responder a las preguntas de las acusaciones y se limitó a pronunciar un alegato en el que reconoció que no hizo nada para impedir el referéndum por sus “convicciones personales del derecho de autodeterminación del pueblo catalán”.

Serret, que estuvo tres años huida en Bruselas tras la declaración unilateral de independencia, volvió a España en 2021 para ponerse a disposición del Supremo, al ver despejado su horizonte procesal después de que los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, con un rol similar que ella en el 1-O, fueran condenados solo por desobediencia -sin penas de cárcel- y no por malversación.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha culminado la resolución de los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía interpuestos por varias comunidades autónomas, casi todas gobernadas por el PP, después de haber rechazado también el que presentó la Junta de Extremadura. Así lo ha comunicado el Constitucional en una nota de prensa en la que confirma el 'no' al recurso de inconstitucionalidad de Extremadura por los mismos motivos que lo hizo con el resto.

Al igual que el resto de sentencias sobre la medida de gracia, ha contado con el voto particular de los magistrados del sector conservador Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa. De este modo, quedan resueltos definitivamente los 16 recursos de inconstitucionalidad promovidos por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, los grupos 'populares' del Congreso y Senado y Castilla-La Mancha, dirigida por el socialista Emiliano García-Page, así como las cuestiones de constitucionalidad interpuestas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y las salas de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, informa Europa Press.

Fue hace poco más de un año cuando el órgano de garantías avaló con los seis votos a favor de la mayoría progresista la ley de amnistía destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del proceso independentista catalán, que alcanzó su clímax con el 1 de octubre de 2017, al concluir que la medida de gracia no está prohibida en la Carta Magna y que persigue una finalidad legítima, descartando la “autoamnistía”.

En Domenico Scarlatti validaron la amnistía porque “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente”, subrayando que “su porqué es jurídicamente indiferente”, dado que toda ley obedece a “criterios de oportunidad política”, centrándose únicamente en si existen circunstancias excepcionales que la justifiquen para afirmar que no es un “capricho” porque busca “mayor paz ciudadana”.

Esa primera sentencia, de 205 páginas, rechazó que la amnistía requiera una “habilitación expresa” de la Carta Magna, indicando que “el silencio constitucional, por sí solo, no equivale a la prohibición”. “De otro modo, se estaría privando a la mayoría parlamentaria de opciones legislativas que no le han sido sustraídas por decisión del constituyente, lo que conllevaría la infracción del principio democrático”, avisó.

Tras ello, se detuvo en el análisis de si esta amnistía en particular respeta la Constitución, respondiendo con ello al alegato 'popular' de que se trata en realidad de una “autoamnistía” proscrita. “Por principio”, enfatizó, “una ley debatida y aprobada por el Parlamento de un Estado democrático de derecho que contempla la extinción de la responsabilidad penal por amnistía no puede calificarse de autoamnistía”.

Apostilla, además, que la “autoamnistía” es “propia de sistemas políticos autoritarios o de estados en transición, dictadas o autorizadas por quienes se benefician de tal inmunidad o por las instituciones que han perpetrado esos actos o amparado a sus autores, para impedir la investigación y persecución de conductas constitutivas de los más graves crímenes”.

El aval de la justicia europea

Las consecutivas resoluciones sobre la ley de amnistía han recogido los argumentos de la primera, rechazando todos y cada uno de los recursos interpuestos. Precisamente, el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, destacó el martes en la entrega de la memoria anual del órgano de garantías al rey “el esfuerzo y la labor” en relación con las 20 sentencias dictadas a lo largo del 2025 y del 2026 sobre la ley de amnistía.

Conde-Pumpido remarcó “la dedicación de la institución para resolver los numerosos recursos y cuestiones de inconstitucionalidad en un plazo razonable”, esto es, “menos de un año para el primer recurso y menos de dos para la totalidad de los mismos”.

Tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la amnistía, el Constitucional comenzará el próximo 22 de septiembre a estudiar los recursos de amparo presentados por dirigentes del 'procés' contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la ley. Comenzará ese día con el recurso de amparo interpuesto por el secretario general de Junts, Jordi Turull. El resto, presentados por el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras o los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa, se señalarán “en los plenos sucesivos”.

Una magistrada de Barcelona ha amnistiado a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O: Tània Verge, exconsellera de ERC; el abogado Marc Marsal; Josep Pagès, actual diputado de Junts en el Congreso; el catedrático de Ciencias Políticas Jordi Matas, y la abogada Marta Alsina.

Los cinco habían sido absueltos, pero la Audiencia de Barcelona ordenó repetir el juicio. Entre tanto, se aprobó la ley de amnistía, aunque no se les aplicó debido a diversos conflictos competenciales entre órganos judiciales. Ahora, según ha avanzado El Nacional y ha confirmado la agencia ACN, han sido amnistiados con el informe favorable de la Fiscalía.

Los abogados de los síndicos solicitaron que se les aplicara la amnistía desde el mismo día de su entrada en vigor, hace ahora dos años, pero el anterior juez nunca respondió a su petición. La resolución del caso también se retrasó cuando el magistrado elevó una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ya que Verge era diputada de ERC y, por tanto, aforada ante el alto tribunal catalán.

El TSJC rechazó asumir la competencia y pidió al juez que concretara mejor la imputación. Finalmente, Verge dejó su escaño y la actual magistrada desbloqueó el pasado mes de abril la petición de amnistía para los cinco, solicitando el criterio de la Fiscalía, que presentó un informe favorable a concederles la amnistía.

Los síndicos electorales fueron juzgados y absueltos en abril de 2021 por una magistrada del Juzgado de lo Penal número 11 de Barcelona. La Audiencia ordenó repetir el juicio, como reclamaba la Fiscalía, que pedía para ellos dos años y nueve meses de prisión por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas. La causa quedó estancada en ese punto, a pesar de que la ley de amnistía está en vigor desde junio de 2024. Ni el juez de lo Penal ni el TSJC quisieron aplicarles la amnistía.

El Tribunal Constitucional (TC) puso en práctica con los síndicos del 1-O su nueva competencia para imponer multas millonarias como medida cautelar, una sanción coercitiva que finalmente retiró en noviembre de 2017 al constatar que durante el 1-O no habían hecho nada más que celebrar reuniones preparatorias.

La Comisión Europea ha confirmado la recepción de la denuncia de los abogados de Carles Puigdemont para que se abra un procedimiento de infracción contra España por el supuesto incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la ley española de Amnistía. La institución europea ha señalado que “corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales remitentes aplicar las sentencias del Tribunal de Justicia”, negándose a hacer más comentarios sobre la denuncia de Puigdemont.

En un escueto comunicado, Bruselas apunta que “cuando se presentan denuncias se tramitan de acuerdo con el procedimiento habitual de la Comisión. Tras su recepción, las denuncias son examinadas, registradas y evaluadas antes de que se adopte una decisión. En esta fase no tenemos más comentarios que añadir”. El organismo explica que desde la recepción de la denuncia hasta la adopción de una decisión puede pasar hasta un año.

La respuesta oficial de la institución europea es parecida a la que ya dio del comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, que dijo el pasado viernes que “ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE” sobre la Ley de Amnistía. McGrath entonces recalcó que “la Comisión siempre respeta y acata las sentencias del Tribunal de Justicia, y por tanto tomamos nota detenidamente de todas las resoluciones del Tribunal, incluida la relativa a la ley de amnistía española. Ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia. Seguiremos de cerca este asunto”.

Hace un año, la Comisión Europea puso en duda la norma española al declarar que “no parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión” en su respuesta a las prejudiciales que mandó al TJUE a instancias del Tribunal de Cuentas.

Denuncia de Puigdemont

Puigdemont denunció a España ante la institución comunitaria por no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía. La denuncia, que firman también los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, acusa al Tribunal de Cuentas de un incumplimiento “manifiesto y deliberado” de la sentencia, después de que éste optase el lunes por no aplicar aún la medida de gracia y dar diez días a las partes para aportar nueva información.

El pasado 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó la norma española y descartó que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, que además define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

La sentencia del TJUE no tiene efectos inmediatos para Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers aún no amnistiados, que quedaron excluidos de la aplicación de la Ley de Amnistía porque el instructor del procés, Pablo Llarena, y la mayoría de la Sala del magistrado Manuel Marchena en el Tribunal Supremo determinaron que se habían enriquecido personalmente al no afrontar de su bolsillo los gastos del procés. Los políticos recurrieron esta interpretación ante el Tribunal Constitucional, que todavía tiene que dictar sentencia.

Sin embargo, la sentencia del TJUE es un espaldarazo al tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido de cara a este último y decisivo episodio. El fallo de los jueces de Luxemburgo refrenda la interpretación que ha realizado hasta ahora el Constitucional de la norma. La resolución cita textualmente la primera sentencia del tribunal de garantías que rechazó el recurso del PP y avaló la constitucionalidad de la ley en 2025.

El Tribunal Constitucional ha fijado un pleno para el próximo 22 de septiembre para resolver el primero de los recursos presentados por dirigentes independentistas contra la resolución del Tribunal Supremo que impidió la aplicación de la Ley de Amnistía a la cúpula del Gobierno catalán condenada por malversación de fondos públicos. El argumento del Supremo para negar la amnistía al expresidente Carles Puigdemont, o al exvicepresidente Oriol Junqueras, fue que se habían enriquecido patrimonialmente al ahorrarse de su bolsillo los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre pagados con fondos públicos de la Generalitat de Catalunya.

Entre los perjudicados por la decisión del Supremo estaba también Jordi Turull, consejero catalán de Presidencia, que recurrió ante el Tribunal Constitucional. El recurso de Turull será el primero que resolverá el Constitucional.

La ponencia de este caso correspondió al vocal conservador José María Macías, quien defenderá la desestimación del recurso frente a la mayoría de conservadores progresistas, favorables a la tesis de Turull. Este pronunciamiento, que entrará al fondo de la cuestión respecto a la decisión del Supremo de aplicar una interpretación muy controvertida respecto al supuesto enriquecimiento personal de los consejeros catalanes marcará el futuro del resto de los recursos presentados por dirigentes independentistas catalanes en el mismo sentido.

Si la mayoría progresista mantiene su tesis favorable a admitir los recursos, el regreso de Puigdemont a España se producirá inmediatamente después, sin obstáculos legales para que se le aplique la Ley de Amnistía. El Tribunal Constitucional esperaba a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas español y por la Audiencia Nacional.

El TJUE resolvió que la ley de amnistía no vulneraba la normativa europea y ensalzaba el objetivo declarado en la exposición de motivos de la norma para ayudar a la reconciliación social tras la amenaza de ruptura que supuesto el proceso independentista. Ese aval del TJUE desbloqueó en el Tribunal Constitucional la resolución de los recursos presentados por dirigentes independentistas.

La decisión del Constitucional, según fuentes del Constitucional conocedoras de este caso, supondrá un varapalo para el Supremo, que hizo una interpretación sobre el delito de malversación cometido por los dirigentes independentistas que ni siquiera estaba en los hechos probados de la sentencia condenatoria que firmaron por unanimidad los siete magistrados que integraron el tribunal.

La plaza 19 de la sección penal del tribunal de instancia de Barcelona ha condenado a ocho activistas independentistas por intentar impedir un acto de Societat Civil Catalana (SCC) a favor de la lengua castellana y de Miguel de Cervantes en 2018. Las condenas por delito contra las libertades fundamentales han sido de dos años de prisión para dos de ellos; medio año para otros dos y multas a los cuatro restantes.

Los procesados –en total 18, aunque los otros diez quedaron absueltos– solicitaron la amnistía, pero el magistrado alega que el acto, que se celebraba en la Universitat de Barcelona, no era independentista, sino contra la lengua castellana, según ha informado la defensa, Alerta Solidària.

Alerta Solidària critica que se les deniegue la amnistía por no considerarse un acto independentista, pero al mismo tiempo se les condene con el agravante de discriminación ideológica.

Cada uno de los 18 procesados se enfrentaba a peticiones de dos años y medio de prisión y a una multa de 6.500 euros. Se les acusaba de un delito de coacciones y de otro contra el ejercicio de derechos fundamentales y libertades. La fiscalía aplicó a todos los acusados el agravante de discriminación ideológica.

Los hechos que se remontan a la primavera de 2018. La entidad Societat Civil Catalana organizó un acto en el edificio histórico de la UB de homenaje a Miguel de Cervantes, pero un grupo de activistas independentistas irrumpió con pancartas e impidió el desarrollo del acto. Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los asistentes y la negativa del rectorado universitario a permitir la entrada de los Mossos, el acto fue suspendido.

La fiscalía aseguraba que los manifestantes impidieron el libre ejercicio de un acto legítimo mediante la intimidación. El ministerio fiscal y SCC interpusieron una querella que ha acabado con las 18 personas procesadas, aunque ningún informe policial ni de la UB registró ningún herido ni daños materiales graves.

El Tribunal de Cuentas ha pedido a las partes sus alegaciones en el caso del presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del procés, después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) a la ley de amnistía.

Según ha comunicado este lunes, el órgano fiscalizador ha acordado reanudar la tramitación del procedimiento, que estaba suspendido desde que planteó ante el TJUE una cuestión prejudicial al considerar que el supuesto desvío de fondos para el proceso independentista catalán afecta a los intereses financieros comunitarios.

Fue en julio de 2024 cuando elevó su cuestión prejudicial y decidió suspender el procedimiento “hasta la resolución del incidente prejudicial”, descartando resolver hasta ese momento sobre las peticiones de aplicación de la amnistía a este caso.

Ahora, el órgano concede a las partes un plazo de diez días para que formulen las alegaciones que crean oportunas y “aporten la documentación que consideren pertinente en relación con el origen de los fondos utilizados para realizar los gastos objeto del procedimiento”, de acuerdo con la nota de prensa hecha pública.

El Tribunal de Cuentas incide en que el TJUE consideró en su sentencia que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no se opone a la aplicación de la ley de amnistía “cuando los actos objeto del procedimiento se refieran a fondos que no procedan del presupuesto de la Unión Europea ni estén destinados a éste”.

A ello añade que la decisión del tribunal europeo conocida la semana pasada “admite las ocho cuestiones planteadas” por el órgano español, “contestando que la ley es contraria en los aspectos que analiza al Derecho de la UE y rechaza las alegaciones de los demandados que cuestionaban” su “independencia e imparcialidad”.

En este caso abierto, el Tribunal de Cuentas tiene encausados, entre otros, a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, y a exconsejeros de la Generalitat como Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig.

Un magistrado aún en ejercicio exhibía sin disimular lo que decía: nos han mandado a hacer puñetas. Se refería a las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en respuesta a sendas cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. La verdad es que se barruntaba pero no se esperaba un tal revolcón a la justicia española por parte –si se me permite la expresión pelotera en estos días futboleros– del VAR de la justicia europea, a la que nos incorporamos con nuestra integración en la hoy Unión Europea hace unas décadas.

Una alegoría a las puñetas de los jueces vestidos con sus batas rituales, atavíos de dignidad según la doctrina, a las que se refería mi airado compañero de otras lides. Él no se sumó, sino que se indignó con aquella muestra exuberante de la soberbia de algunos jueces creídos de que su poder es superior a los otros dos poderes, el ejecutivo y legislativo. Ni más ni menos que en algarada callejera, con toga y puñetas, los jueces mostraban su oposición a que el legislativo legislare, es decir, se situaban contra la voluntad popular expresada democráticamente en las urnas y, por ello, presente en el Congreso de los Diputados.

Una expresión de la juristocracia creciente en el Estado español, no solo por la actitud insurrecta de ciertos jueces, sino también por la creencia de que ellos son los gobernantes e interpretan la voluntad popular desde su visión integrista de España. Pero lo dicho, a la calle, con togas y a lo loco, en contra de la propia normativa vigente, además, y cabe preguntarse: ¿se sienten estos jueces bajo el imperio de la ley?

Lo cierto es que de la lectura pausada y serena de las sentencias del TJUE se desprende una soberana lección y la esperanza de que prevalece el Estado de derecho sobre el carácter aventurero de los que se creen salvadores de la patria. Ha sido demasiado tiempo de zozobra, y ello a pesar de la justicia constitucional, de anteriores pronunciamientos prejudiciales, del Consejo de Europa, de la Comisión de Venecia…

Los temores intestinos del patriotismo, en juzgados, calles y plazas, papel prensa, ondas de todo tipo, y alguna que otra casa del pueblo, han sido acallados

A pesar de los argumentos publicados de muchos jueces y magistrados, a pesar de la difusión por medios de comunicación, ríos de tinta, terremotos editoriales, vapuleo tertuliano, la justicia europea ha hablado. Solo con estas palabras de uno de los fallos se impugna el núcleo argumental de la justicia patriótica: no se opone (al Derecho europeo) una ley nacional que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, establece la extinción penal...

Desde luego que los clamores publicados, los temores intestinos del patriotismo, en juzgados, calles y plazas, papel prensa, ondas de todo tipo, y alguna que otra casa del pueblo, han sido acallados. Aunque disimulen con el arte de la ocultación.

Pero no bastará, la vergüenza judicial no es recuperable ni su reputación, dado su carácter vengativo, ya a los pocos minutos de conocidos los pronunciamientos prejudiciales, sin filtraciones, porque debe ser que los periodistas europeos no son tan despiertos, el runrún cortesano dice que los jueces no piensan cumplir o emplearán todas su artillería procesal filibustera.

De nada les valdrá el artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea que a ellos también obliga ni la jurisprudencia sobre la primacía del derecho europeo sobre el derecho nacional, expresada de manera contundente, por ejemplo, en la sentencia Costa-Enel, que es de julio de 1964, de la que se deriva una jurisprudencia constante, que insiste en que es condición fundamental de la existencia y funcionamiento de la UE la aplicación uniforme y regular del Derecho comunitario en todos los Estados miembros. Claro que es de cuando en España se inauguraba flamantemente el TOP con uno de los mayores registros de enjuiciamiento de políticos disidentes. De aquellos polvos... Si los jueces no piensan cumplir, procede la misma pregunta de más arriba ¿están los jueces sometidos al imperio de la ley?

No deja de resultar asombroso cómo el calendario judicial de julio, con su sol de plomo y sus tardes de modorra, se las apaña siempre para desmontar las tramoyas más solemnes de nuestra política patria. Contemplamos estos días a don Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y autoproclamado guardián del Santo Grial de la ortodoxia constitucional, con la melancolía con la que se mira a esos hidalgos que, tras pasar años puliendo una armadura herrumbrosa, descubren que el torneo ha sido cancelado por falta de contendientes y, lo que es peor, por desinterés del público.

Durante meses, el bueno de don Emiliano ha recorrido los platós de televisión y los salones de Toledo con el gesto adusto del profeta que vislumbra el apocalipsis en cada enmienda parlamentaria. Su argumento era tan sencillo como efectista: la amnistía no era una medida de gracia para desatascar un conflicto político, sino una traición imperdonable, una bofetada a la igualdad de los españoles y, en definitiva, el fin de los días de la patria hispana. Se erigió en el único socialista con coraje para frenar la deriva sanchista, el Robin Hood de las esencias patrias que acudiría a los tribunales a desfacer el entuerto. Y, sin embargo, la realidad, que es una burócrata fría y carente de épica, le ha devuelto los papeles sin ni siquiera habérselos sellados.

Primero fue el Tribunal Constitucional, hace apenas unos días, el que despachó su recurso con la indiferencia con la que un bedel desestima una queja fuera de plazo. Pero el golpe de gracia ha llegado hoy mismo de la mano del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Desde Luxemburgo, unos señores con toga y sin especial apego a las tertulias madrileñas han dictaminado que la amnistía encaja perfectamente en las costuras del derecho comunitario. No hay drama, no hay quiebra de la civilización occidental, no hay fondos europeos en peligro. Solo hay política. Don Emiliano ha descubierto, a golpe de sentencia, que la justicia que él invocaba como escudo no comparte su visión melodramática de la existencia.

Para quienes intentamos analizar la realidad desde una óptica progresista, el caso de García-Page es el vivo retrato de una izquierda que se extravía cuando confunde rigor con punitivismo. Su error de cálculo no ha sido solo jurídico, sino fundamentalmente intelectual. Empezando por lo que se puede calificar como igualdad mal entendida, don Emiliano ha defendido una igualdad de cuartel, donde la ley solo sirve para castigar de manera uniforme, olvidando que la verdadera función del derecho en democracia es resolver los problemas de la convivencia, no cronificarlos.

Además, don Emiliano ha practicado el flirteo con el adversario, porque al adoptar el lenguaje y las tesis de la derecha más cerril, ha debido pensar que ganaba centralidad, aunque lo que ha conseguido es quedarse en tierra de nadie, y hoy es demasiado tibio para la oposición, y demasiado desleal para sus propias filas. Y como ultimo error, tenemos el de creer en el fetiche judicial, puesto que confiar la acción política exclusivamente a los tribunales es un juego peligroso. Cuando la judicatura te quita la razón de manera tan contundente, te quedas no solo sin argumentos jurídicos, sino también sin discurso político.

¿Qué le queda ahora al presidente castellanomanchego en este asunto? Le queda el regreso al palacio de Fuensalida, a la rutina de las inauguraciones de rotondas y las declaraciones de consumo interno. El problema de vestirse de salvador de la patria es que, cuando la tormenta escampa y el cielo se queda azul, el paraguas gigante que hace un momento sostenías con tanto esfuerzo se convierte en un artefacto ridículo.

La amnistía sigue su curso, Catalunya ensaya una nueva normalidad y Europa bosteza ante lo que nos dibujaron como los temores de la meseta. Don Emiliano se ha quedado sin recurso, sin el aval de Luxemburgo y, lo que es más grave para un político de su fuste, sin razón. Siempre nos quedará la duda de si, en el fondo de su corazón, no añorará aquellos días en que se creía el último baluarte de la sensatez, antes de que el TC y el TJUE le explicaran, con la paciencia que se le tiene a los niños tercos, que el mundo real funciona de otra manera.

Hay una frase que circula por los despachos de la Moncloa como un mantra de vestuario: “Hay partido y no dejaremos de correr tras el balón hasta el minuto 90”. El símil describe con precisión el estado de ánimo de un Gobierno que, en palabras de un colaborador de Pedro Sánchez, “ha ganado ya dos mundiales, está en la final del tercero, pierde por dos goles de diferencia y aun así cree que puede hacerse otra vez con el triunfo”. El PSOE, de hecho, es el único partido de la socialdemocracia europea que mantiene punto arriba o punto abajo la misma intención de voto que en 2018 y es también el único partido de gobierno que sigue en el Ejecutivo desde la misma fecha.

Lo que pase en 2027 hoy es una incógnita y en el ámbito gubernamental saben que depende sobre todo de la “cooperación virtuosa a la izquierda del PSOE”, pero en la Moncloa ya tienen preparada toda una coreografía para arrancar septiembre con una estrategia renovada con la que aspiran activar al electorado progresista. ¿Cambio de gobierno? “Puede ser una idea para dar un nuevo impulso, pero en la práctica no está nada claro”, responde alguien con quien Sánchez suele consultar estos movimientos y que tirando de analogía deportiva entiende perfectamente que “el entrenador, con el marcador en contra, decida no arriesgar con cambios ofensivos, confiar en el plan original y esperar a que el rival se desgaste antes que uno mismo”, algo que si hablamos de Alberto Núñez Feijóo es bastante frecuente.

Hasta entonces y, a pesar de los reveses judiciales de esta semana al hermano y la esposa del presidente Sánchez, celebran que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) de Luxemburgo haya sepultado el catálogo de profecías apocalípticas de la “máquina del fango”, una sucia táctica que tiene como objetivo destruir la reputación del rival con rumores, exageraciones y mentiras hasta que la ciudadanía pierda por completo la confianza en él.

Y es en este contexto en el que desde el círculo de confianza de Sánchez defienden que hay sentencias que van más allá de lo procesal y “que pueden funcionar como un espejo”. Es el caso de la que dictó la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado jueves y no solo porque resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, sino también porque obliga a repasar, uno a uno, los pronósticos catastrofistas que durante meses se lanzaron sincronizadamente desde la derecha política y mediática a modo de certezas absolutas: que si era el fin de la separación de poderes, que si era un golpe a la democracia, que si era la transacción que hizo posible un gobierno ilegítimo, que si rompía la igualdad de derechos… Otra vez España se rompe y otra vez la traición a la patria.

Repasemos todo lo que salió por boca del aspirante del PP a presidente de Gobierno:

O lo que también defendió con vehemencia Isabel Díaz Ayuso:

Durante los últimos dos años la amnistía ha sido también territorio de titulares apocalípticos como el de que Bruselas tumbaría la ley, que Europa certificaría el “fraude constitucional” o que el precedente abriría la puerta a la impunidad general. Todo era siempre el principio del fin de la democracia, pero cuando ha llegado el momento de la verdad judicial –y no el de los exabruptos, los titulares inflamados o los platós de televisión–, el resultado no ha sido ese.

Es aquí donde para los socialistas cobra sentido hablar de una maquinaria de desgaste que funciona con lógica propia, casi independiente del desenlace: se lanza el proyectil, se invade el ciclo informativo, se instala la sospecha, y cuando los hechos llegan, el daño reputacional ya está hecho.

Bombas sin pólvora

“Todo eso se ha quedado en la nada y la oposición ahora no sabe qué decir sobre la retahíla de bulos, exageraciones e insultos que descargó sobre Pedro Sánchez”, describe un ministro socialista. Su lectura coincide con la de un miembro del equipo del presidente, para quien la sentencia es la demostración de que “la oposición crea vacíos y ruidos infundados que el tiempo y, ahora, la justicia europea se ha encargado de que desaparezcan. Son especialistas en lanzar bombas sin pólvora”.

No en vano, el TJUE avaló la compatibilidad de la amnistía con el derecho de la Unión y descartó que vulnerase la normativa comunitaria sobre protección de intereses financieros europeos o lucha contra el terrorismo, pero además le reconoció una finalidad política legítima al entender que respondía al objetivo de “reducir tensiones” y “facilitar un escenario de reconciliación”.

Y aunque en las filas del PSOE reconocen que cuando se impulsó la ley la decisión no gustó incluso a una parte de los votantes socialistas, están seguros de que poco a poco “se ha ido viendo y valorando los resultados que ha tenido en la normalización política, institucional y social en Catalunya. Hoy el presidente de la Generalitat es un socialista y el independentismo no suma la mayoría que ostentó durante años en el Parlament”.

La relación con un Junts “impredecible”

Sin embargo, mientras en la Moncloa han recibido la sentencia como una bofetada a las apocalípticas profecías de PP y Vox y un espaldarazo al Gobierno, lo cierto es que no son capaces de anticipar cómo afectará todo ello a la relación con sus socios parlamentarios, especialmente con Junts, a quien califican de partido “impredecible”. De momento, tanto ERC como los de Puigdemont han negado que la sentencia de Europa sea el fin del conflicto.

“Los junteros esperarán a que Puigdemont regrese a Catalunya para tomar decisiones estratégicas, pese a que la tendencia natural en su partido es decrecer a costa de Aliança Catalana”, subrayan desde el equipo del presidente del Gobierno. Claro que también hay quien cree que el regreso del de Waterloo llegará no antes de que resuelva en otoño el Constitucional y que ese momento coincidirá con los presupuestos para 2027 “ya muy negociados”. Una coincidencia que más que favorecer puede complicar más que Junts se avenga al acuerdo para aprobar las cuentas públicas. “En algún momento tendrán que decidir cuál es la mejor manera de cortar esa fuga de votos hacia la ultraderecha catalana y cuál será la excusa para hacerlo si no quieren ser sepultados electoralmente”, tercia otro estratega monclovita.

Hasta entonces, Sánchez trata de capitalizar el fallo y urge a aplicar la ley “lo antes posible” mientras la oposición del PP se limita a respetar la sentencia. Siempre con la excepción, claro, de Aznar que se revolvió contra ella o la de Vox, que garantiza que derogará la norma en cuanto llegue a la Moncloa. De momento, el partido continúa.