La Comisión de Personal de la Policía Foral, integrada por la totalidad de las organizaciones sindicales con representación en el cuerpo, ha criticado en un comunicado la “grave situación de colapso técnico y operativo que atraviesan numerosas áreas y comisarías territoriales como consecuencia de la falta de personal”. Una situación, según advierten, que compromete “tanto las condiciones de trabajo de la plantilla como la calidad del servicio público de seguridad que se presta a la ciudadanía”.

Los representantes sindicales denuncian que el cuerpo policial navarro “cuenta con alrededor de 1.150 efectivos”, una cifra inferior a los “1.200 agentes que el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España acordaron como objetivo en la Junta de Seguridad celebrada en 2009”. Una junta que “más de quince años después” no ha vuelto a ser convocada, y alertan que la “insuficiencia de plantilla resulta especialmente llamativa si se compara con la carga de trabajo que soporta el cuerpo”. Policía Foral “dispone de un ratio aproximado de 1,7 agentes por cada 1.000 habitantes, inferior al de otras policías autonómicas como la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra y, de forma incomprensible, también inferior al del resto de cuerpos policiales que operan en Navarra”.

“Pese a representar poco más del 25 % de los efectivos policiales existentes en la Comunidad foral, la Policía Foral asume aproximadamente el 50% de los delitos denunciados, investiga el 42% de los delitos estratégicos, interviene en el 70% de los accidentes de tráfico, realiza el 80% de las investigaciones de accidentes mortales y tramita el 70% de las imputaciones por delitos contra la seguridad vial”, reclaman. Una situación a la que “se suman otros factores que agravan la situación”, como “el incremento continuado de la criminalidad, la próxima asunción en exclusiva de las competencias de tráfico, el envejecimiento de la plantilla (con una edad media cercana a los 50 años), el aumento de las jubilaciones y el escasísimo número de plazas convocadas en los últimos tres años, apenas 34 plazas de agente”.

Por ello, expresan que el cuerpo policial “ha llegado al límite de su capacidad”. “En algunas unidades especializadas, como las dedicadas a la violencia de género o a los delitos contra la libertad sexual, ya se está valorando derivar investigaciones a otros cuerpos policiales por la imposibilidad de asumir la carga de trabajo con los efectivos disponibles”, señalan. Una situación que “no responde a problemas puntuales de organización”, sino a una escasa “planificación y previsión por parte del Gobierno de Navarra”.

“Existe un riesgo real de deterioro del servicio público de seguridad”, expresaban ante la necesidad de adoptar “medidas inmediatas” en un momento en el que Navarra “afronta un periodo de máxima exigencia operativa con la celebración de Sanfermines y otros eventos multitudinarios del verano”. Desde la comisión, además de trasladar “propuestas para afrontar esta situación”, han pedido la “implicación tanto de la Jefatura de la Policía Foral como del Departamento de Interior” con el fin de “convocar la Mesa Sectorial y, especialmente, la Junta de Seguridad entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España, órgano imprescindible para planificar el desarrollo de la Policía Foral” para poder “garantizar” el futuro del cuerpo.

De otra manera, “no será posible planificar adecuadamente las próximas convocatorias de ingreso, desarrollar la incorporación de efectivos mediante la pasarela prevista para guardias civiles, ni culminar con garantías la asunción plena de competencias como la de Tráfico”. “Pero, sobre todo, seguirá comprometiéndose el ejercicio ordinario de las funciones que la Policía Foral ya desempeña”, han añadido. Exigen al Gobierno de Navarra que “apueste de manera decidida por la Policía Foral, cumpla el mandato del Parlamento de Navarra de consolidarla como policía integral y de referencia, y convoque de forma urgente la Junta de Seguridad”. “Solo así podrá garantizarse que la ciudadanía siga recibiendo el servicio público de seguridad que merece”, declaran.

Preguntado por este tema, el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha asegurado que “si algo ha hecho este Gobierno en la anterior legislatura y en esta es precisamente reforzar tanto el número de efectivos como también la ampliación de competencias de la Policía Foral”. “He de recordar también la aprobación a principios de esta legislatura del reglamento de jornadas, horarios y retribuciones de la Policía Foral”, ha apuntado.

Según Remírez, “hoy la Policía Foral está mejor preparada, está en mejores condiciones laborales, está en mejores condiciones de efectivos, de recursos y de medios”. “LLógicamente, también hay una petición por parte de la comunidad foral, que se tiene que sustanciar en esa Junta de Seguridad, de aumentar los efectivos hasta los 1.500, lo que es una petición que está encima de la mesa para que se vea satisfecha, para cubrir las necesidades primero del incremento de agentes para asumir íntegramente la competencia de tráfico y también en otras funciones que ahora mismo necesitamos reforzar”, ha señalado.

Javier Remírez ha indicado que “el Gobierno de Navarra convoca en cada momento el máximo número de efectivos que es posible convocar” en las ofertas públicas de empleo (OPE). “Ahora mismo hay una limitación de 1.200 efectivos en total, y por tanto lo que hacemos es convocar cada año, aprobar la oferta pública de empleo y luego la convocatoria oportuna para alcanzar siempre el número máximo de efectivos que tenemos posibles en cada momento”, ha afirmado.

Varias asociaciones y sindicatos de la Policía Nacional han cargado este sábado contra el último auto del juez Juan Carlos Peinado en el que envía a juicio a Begoña Gómez calificándolo de “auténtica barbaridad”, “especialmente preocupante” o “una ofensa intolerable, escandalosa y miserable”. El magistrado argumenta en el texto que el hecho de que la pareja del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que huya de España. Cree, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse.

Ante esto, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha calificado de “auténtica barbaridad” esta hipótesis que hace el juez Peinado, ya que defiende que los profesionales que integran la escolta de Presidencia “desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley”. “Garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales”, han afirmado.

Además, ha señalado que poner en duda su actuación “carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares”. Por ello, Jupol ha exigido una rectificación de unas manifestaciones que, a su juicio, “proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones”. “La confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos”, aseguran en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), por su parte, también ha expresado su “absoluto rechazo” a cualquier manifestación que pueda poner en duda “la profesionalidad, la integridad, la lealtad institucional o el sometimiento a la legalidad de los policías nacionales que prestan servicio en las unidades de protección de autoridades”. “Resulta especialmente preocupante que puedan formularse hipótesis que sugieran la posibilidad de que agentes de la Policía Nacional colaboren en actuaciones contrarias a la acción de la Justicia, ya sea por iniciativa propia o siguiendo supuestas órdenes jerárquicas”, ha afirmado en un comunicado.

Además, el SUP también ha recordado que los policías nacionales “no actúan al margen de la ley” ni están obligados a cumplir “órdenes manifiestamente ilegales”. Desde el sindicato han señalado que el “prestigio” de la Policía Nacional se sustenta en la confianza que la sociedad deposita en sus profesionales y que esa confianza “no puede verse erosionada por afirmaciones genéricas” que “proyecten” sobre los agentes “una sombra de sospecha incompatible con la realidad del servicio que prestan diariamente”.

La Confederación Española de Policía (CEP) también ha criticado las hipotesis del juez Peinado y ha dicho que “ni ha ocurrido ni va a ocurrir” que “un solo policía pueda ayudar a la mujer del presidente del Gobierno a huir de la Justicia” ya sea “por voluntad propia ni cumpliendo órdenes (que serían ilegales)”. “Al revés: de saberlo, detenida y a disposición judicial”, han añadido en un tuit en el que comparten el fragmento del auto del magistrado.

Para la CEP, estas palabras del juez Peinado son “una ofensa intolerable, escandalosa y miserable contra decenas de miles de profesionales”. “Suéltenos el brazo, señoría, y cobíjese en otra parte para armar sus resoluciones. Que aquí solo tenemos un Norte: cumplir y hacer cumplir la ley”, han apuntado.

La Unión Federal de Policía (UFP) también ha criticado esta afirmación de Peinado, que han calificado como “una salvajada fuera de lugar” que se impute un posible delito a “policías que precisamente se dedican a la prevención delictiva”. “Es un señalamiento a todo un colectivo policial, deteriorando su imagen ante la opinión pública”, ha añadido este sindicato.

Además, a través de un mensaje en sus redes sociales, también ha apuntado que esta argumentación “carece de toda fundamentación”, ya que “la misión de un juez es juzgar hechos, no señalar e imputar delitos a personas que no conoce”.

Ya a última hora de la tarde, el Sindicato Reformista de Policías (SRP) ha expresado su “más absoluto rechazo” al auto del juez en el que “cuestiona la integridad” de los agentes encargados de la protección de Begoña Gómez, y ha exigido que dicha resolución “se elimine o se rectifique por quienes tienen el poder de decisión en la Administración de Justicia”.

En un comunicado, el sindicato ha defendido que los funcionarios afectados “pertenecen a unidades especializadas que actúan bajo protocolos estrictos, supervisión permanente y criterios técnicos que garantizan la seguridad de las altas personalidades del Estado”, y ha considerado que poner en duda su integridad “supone un ataque injustificado a quienes desempeñan una labor esencial para el normal funcionamiento de las instituciones democráticas”.

El SRP ha recordado además que “las órdenes ilegales quedaron abolidas en España desde 1995” y que los policías “no son moneda de cambio” ni “se deben a políticas de ningún partido”, sino que actúan “con neutralidad, rigor y absoluta sujeción a la legalidad”.

“Señalamientos carentes de fundamento dañan no solo a los funcionarios afectados, sino también a la imagen y credibilidad del propio Cuerpo Nacional de Policía”, ha advertido el sindicato al tiempo que ha reclamado que “cualquier valoración sobre su actuación se base en hechos contrastados, no en interpretaciones que puedan generar desconfianza social o deterioro institucional”. El comunicado concluye pidiendo que no se dude de los agentes encargados de la protección de Gómez y de que el SRP “seguirá defendiendo la dignidad profesional de todos los agentes y velando por que su trabajo sea reconocido con la seriedad y el respeto que merece”.

Lo que dice Peinado en su auto

En su auto, Peinado apunta que “no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

La decisión de Peinado contrasta con la adoptada por el juez José Luis Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que decidió no poner ninguna medida cautelar por su condición pública, similar a la de Begoña Gómez. En su auto, Calama aseguró que “el investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de localización o sustraerse discretamente al procedimiento”.

Peinado ordena en este auto mandar a juicio a Begoña Gómez, a la que atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Dentro de las medidas preliminares que le impone se incluye retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer quincenalmente ante el juzgado cinco días. Esta comparecencia no podrá ser en cualquier juzgado, sino que tendrá que ser en el de Peinado, situado en la Plaza de Castilla de Madrid.

También impone idénticas medidas a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez. A Juan Carlos Barrabés, en cambio, le atribuye tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Desde Moncloa, afirman que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de sentar en el banquillo a Begoña Gómez “constata la persecución, la obsesión y la desproporción” de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción “que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos”.

Los sindicatos de la Policía Local de Cantabria APLB-USO, CC.OO, CSIF y SIEP han rechazado el borrador de las futuras normas marco del Cuerpo en la Mesa de Coordinación de Policías Locales.

En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales han explicado que esta decisión no responde a una “postura de bloqueo” sino al “convencimiento” de que el texto presentado por el Gobierno de Cantabria supone “una oportunidad perdida para avanzar en la coordinación, homogeneización y mejora de las condiciones profesionales de las policías locales de nuestra comunidad autónoma”.

Tras más de año y medio de trabajo, reuniones y negociación, durante el que se elaboró un borrador consensuado con el anterior Gobierno, los sindicatos esperaban que el texto definitivo incorporase las mejoras que eran objeto de debate desde el inicio del proceso, pero “nos encontramos con un documento que elimina o diluye cuestiones esenciales para el futuro de la Policía Local en Cantabria”.

Riesgos laborales y complemento de destino

“Especial preocupación” les produce la negativa a reconocer expresamente la toxicidad y la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos inherentes a la función policial desde una perspectiva de prevención de riesgos laborales y protección de la salud.

En este sentido, han concretado que las intervenciones en accidentes de tráfico, incendios, emergencias, situaciones con presencia de sustancias peligrosas, contacto con fluidos biológicos o actuaciones con personas en situaciones de especial vulnerabilidad exponen a los agentes a riesgos “que merecen ser reconocidos y contemplados dentro de una norma moderna y adaptada a la realidad del servicio”.

Asimismo, consideran “incomprensible” que una norma cuya finalidad principal debería ser coordinar y homogeneizar criterios en toda Cantabria “renuncie a abordar cuestiones tan importantes como la homogeneización del complemento de destino de las policías locales de la comunidad autónoma”.

Los representantes sindicales también han expresado su preocupación por la aparición de informes y objeciones “de última hora” que alteran acuerdos previamente trabajados durante meses. “Tenemos la sensación de que determinadas presiones procedentes de algunos ayuntamientos han condicionado de manera decisiva el resultado final del texto”, han comentado. A su juicio, resulta “especialmente preocupante que los intereses particulares de determinadas administraciones locales parezcan imponerse sobre el interés general de la coordinación policial en Cantabria”.

Por todo ello, han rechazado el borrador “pues ni tan siquiera el Gobierno de Cantabria ha querido realizar la votación tal y como recoge el régimen de funcionamiento de dicha Comisión”.

“Seguiremos defendiendo una norma marco moderna, valiente y útil, que reconozca la realidad de la profesión, proteja la salud de los agentes, garantice criterios homogéneos en toda la comunidad autónoma y responda verdaderamente a la finalidad para la que fue concebida: coordinar y mejorar las policías locales de Cantabria”, han concluido.

La Sección Penal del Tribunal de Instancia de Pamplona ha condenado a un hombre a seis meses de prisión y a más de 950 euros de indemnización por agredir a dos agentes de la Policía Nacional que acudieron a una intervención en las inmediaciones de una discoteca de Pamplona tras producirse un altercado entre un varón y su pareja.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 12 de julio de 2025. Durante la actuación policial, el hombre “mostró una actitud violenta, obstaculizando la labor policial y llegando a agredir físicamente a los agentes intervinientes”. Como consecuencia de la agresión, “dos policías nacionales resultaron lesionados”. Uno de los agentes sufrió contusiones faciales, excoriaciones y lesiones en un brazo, además de daños en su teléfono móvil personal. El segundo agente padeció “lesiones musculares y limitación funcional derivados del forcejeo necesario para reducir al agresor”, según ha informado en una nota el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra.

El tribunal ha condenado al autor de los hechos por “un delito de atentado contra agente de la autoridad y dos delitos leves de lesiones”, imponiéndole una pena de seis meses de prisión y el pago de las costas procesales. Además, obliga al condenado a indemnizar a los policías agredidos con 375 euros por las lesiones causadas al primer agente y 575 euros por las lesiones ocasionadas al segundo agente. Además, deberá pagar por los daños provocados en el teléfono móvil del agente perjudicado.

El secretario general de SUP Navarra, Eduardo Riballo, ha advertido de “la creciente preocupación existente por el aumento de la violencia contra policías nacionales durante intervenciones ordinarias” y ha señalado que “quien agreda a un policía nacional debe saber que responderá ante la Justicia y asumirá las consecuencias penales y económicas derivadas de sus actos”. Según ha afirmado, el SUP continuará personándose en todos aquellos procedimientos en los que resulte agredido o lesionado un miembro de la Policía Nacional.

Este 26 de marzo hay elecciones. La plantilla de la Ertzaintza vota quiénes serán sus 60 representantes sindicales. Y son unos comicios con una importancia singular. Son los primeros, por ejemplo, en que se medirá qué efecto tuvo en la plantilla la irrupción, en 2023, del movimiento “asindical” llamado 'Ertzainas en lucha', que aprovechó el foco de la salida del Tour de Francia desde Bilbao para darse a conocer, aunque luego terminó diluyéndose. Son también una reválida para Erne, central mayoritaria durante dos décadas seguidas y que en la anterior cita con las urnas aún tenía como líder al veterano Roberto Seijo. Esan, la segunda fuerza, ya se acercó en 2022 y aspira ahora a un adelantamiento.

Erne, como Esan y Sipe, han firmado con el equipo del actual consejero, Bingen Zupiria, la renovación de un convenio caducado desde hace más de una década. Euspel, la cuarta central que logró representación hace cuatro años, se situó en el 'no' y es la organización más próxima a lo que fue 'Ertzainas en lucha'. Hay dos candidaturas más en liza, una nueva organización corporativa llamada Ekos y la sección de ELA. Hace cuatro años, la histórica sigla se quedó sin representación en las mesas de negociación con una fuerte caída de votos. Con ellos desapareció ya todo el sindicalismo de clase, como antes se fueron CCOO y UGT, y ahora busca darse otra oportunidad.

Este periódico ha invitado a Erne, Esan, Euspel, Sipe, Ekos y ELA a exponer su visión de estas elecciones en tres bloques, sus perspectivas internas, la valoración de lo ocurrido con 'Ertzainas en lucha' y los posteriores acuerdos y, finalmente, la situación general de la Policía vasca. Las reflexiones de ELA se han incorporado 'a posteriori' en una actualización de la primera publicación. Uno de los puntos en común de las entrevistas es que la Ertzaintza no tiene 8.000 efectivos, la plantilla prometida en 2004. Hay un acuerdo, también con Erne, Esan y Sipe internamente y entre el Gobierno de PNV y PSE-EE con el PP en el Parlamento, para que sea una realidad en 2030. El censo de estas elecciones, que no supera los 6.900 electores, da una pista de las carencias estructurales de una organización que no tiene capacidad de incorporar interinos, que ha ganado algunas competencias en los últimos años -como la seguridad portuaria- y sobre la que pesa una cifra elevada de absentismo, del entorno del 10%.

Erne: “Pelea en la calle y capacidad pactista”

El sindicato mayoritario, Erne, llega a las elecciones tras haber celebrado su congreso hace escasas semanas. Allí, las bases ratificaron con un 100% la continuidad de Sergio Gómez de Segura, el que relevó a Roberto Seijo tras las elecciones sindicales de 2022. Sobre las perspectivas propias, el líder de Erne recalca que son los que más afiliación acreditan en la plantilla. “Nuestro aval es la independencia, la profesionalidad y ser apolíticos. No vamos a cambiar nuestra manera de manejarnos. Nuestra línea es muy seria y salimos a seguir capitaneando este barco que se llama Ertzaintza, que necesita un Erne fuerte y potente”, sostiene.

Erne ofrece un modelo mixto de acuerdos y confrontación. “Es una bicefalia. Pelea en la calle y capacidad pactista”, agrega el secretario general. Sobre 'Ertzainas en lucha', sostiene que no eran “asindicales”, sino que buscaban restar afiliación a las organizaciones tradicionales. “¡Qué fácil es la vida detrás de las siglas! Otras siglas de tres letras también señalaban a ertzainas [...] No paséis por comisaría en unos días”, era la letra, con alusiones a ETA, de una de las canciones a modo de rap de 'Ertzainas en lucha' sobre las centrales con representación legal. “Querían ir a reuniones que nos correspondían a nosotros”, expone el representante de Erne sobre aquellos intensos meses de 2023.

Después del 'boom' de aquel colectivo de color amarillo llegó la “unidad” de acción entre Erne, Esan y Sipe y el acercamiento de Euspel a 'Ertzainas en lucha'. Gómez de Segura defiende los acuerdos alcanzados, el del convenio y el del plan de empleo, y recuerda que recibieron un amplio visto bueno en un referéndum hecho entre las bases. “Es una de nuestras máximas: acuerdos decididos entre todos”, subraya Erne. La organización mantiene como una demanda clásica que se reconozca el derecho a la huelga de los ertzainas.

Sobre los retos de la Ertzaintza, asegura que “lo más importante es completar la plantilla”. También demanda una “formación más actualizada” e “inversiones” de importancia. “La casa que compramos hace cuarenta años era la bomba. Ahora toca arreglarla. Literalmente, se nos siguen cayendo las puertas de las furgonetas y de los edificios”, denuncia Gómez de Segura. Interpreta que el anterior Gobierno de Iñigo Urkullu “durante muchos años ajustó muchísimo el gasto en lo público” y que las consecuencias se están notando ahora, sea en Osakidetza, en Educación o en la Policía. “Ahora se ha abierto otra ventana [con los acuerdos con el Gobierno de Imanol Pradales] y estamos esperanzados”, abunda. A Gómez de Segura le preocupan también las “campañas” del entorno abertzale desanimando a los jóvenes a entrar en Arkaute, la pérdida de autoridad de los funcionarios y la falta de “empatía” de la clase política y judicial hacia la profesión policial.

Esan: “La carga de trabajo es brutal”

Esan quiere convertirse “en la primera fuerza” en la Ertzaintza, según traslada el delegado y portavoz Iñaki Uraga. Escisión de ELA en su momento, esta sigla mantiene una línea creciente que le acercó a Erne en 2022 y que aspiran a mantener. “Hace cuatro años estuvimos a poca distancia. Hemos demostrado que trabajamos, negociamos y conseguimos avances”, defiende Uraga sobre su organización. Dice que tienen “tranquilidad” porque los ertzainas sabrán “distinguir”. “La crítica sin proyecto no aporta nada. Ofrecemos proyecto y no palabras. La Ertzaintza necesita soluciones reales”, insiste.

Uraga ve como algo “normal” que brotara 'Ertzainas en lucha' para canalizar el malestar de la plantilla. Eso le merece el “máximo respeto”. Pero recalca que, delante de unas urnas, lo que se pone en juego son “trayectorias”. Esan pone “encima de la mesa” de los electores “los acuerdos conseguidos”. “Todos los avances han sido por la actividad sindical”, insiste sobre el nuevo convenio, pero también sobre mejoras del pasado como la carrera profesional, la jubilación anticipada, el SAM y otras medidas. “Los acuerdos no son para las siglas. Son para los ertzainas”, recalca Uraga.

¿Cómo ve Esan la Ertzaintza? La plantilla es “insuficiente” y “hay unidades que trabajan constantemente al límite”, lo que obliga hacer “refuerzos y refuerzos”. Las horas extraordinarias se han multiplicado estos años, como ha constatado este periódico. “Tenemos una estructura para 8.000 y no llegamos a 7.000. La carga de trabajo es brutal. Muchas veces, hacemos el trabajo de dos y hasta de tres ertzainas”, protesta Uraga. De cara a grandes eventos y operativos especiales, Esan también quiere que la Ertzaintza vuelva a ser “una de las Policías de Europa mejor equipadas”. “Necesitamos la incorporación de materiales modernos, seguros y adaptados”, recalca el portavoz.

Esan alerta también de las campañas contra la Ertzaintza por parte de una “minoría”. Cita la aparición de pintadas como ejemplo de ello. “Todos, sin excepciones, deben condenarlo y abandonar la ambigüedad”, sostiene el sindicato, mirando de reojo a EH Bildu. “Respeto social a quienes garantizan la seguridad”, repite Uraga, aunque asegura que “el respeto también se defiende poniendo más recursos para la Ertzaintza”.

Euspel: “Son elecciones plebiscitarias”

Euspel es la tercera fuerza en la Ertzaintza. La asociación que nació desde la base de Berrozi ha ido creciendo. En los últimos años también lo han hecho, según las fuentes consultadas para este reportaje, que sienten tener el “viento de cola” por lo sucedido desde 2023. Euspel se acercó a 'Ertzainas en lucha'. Incluso los invitaron a las mesas de negociación. “Otras organizaciones lo vieron como un ataque. Nosotros como una oportunidad. Eran 3.000 ó 4.000 presionando para evitar que se firmase un primer acuerdo absurdo. Salieron a la calle. No eran de fuera. Eran los propios ertzainas y en número suficiente para, cuanto menos, respetar aquello. Hubo una sintonía con ellos”, confirman estas fuentes.

Euspel considera que las elecciones internas son “plebiscitarias”. Ellos defendieron el 'no' al nuevo convenio y quieren capitalizar todo el rechazo a lo pactado por Erne, Esan y Sipe. “No llega a lo que necesitamos. Aspirábamos a la equiparación. La Policía de Bilbao aún nos sigue sacando una pasta. Hay muchas unidades sin subidas: se han olvidado de ellas. Lo conseguido no es de entidad como para justificar dejar la lucha en la calle”, interpretan. Y añaden que no solamente es malo ahora, a corto plazo, sino también en la perspectiva de que puede pasar otra década hasta que se firme el siguiente, como ha ocurrido en la última ocasión.

Sobre la Ertzaintza, Euspel critica igualmente que los 8.000 efectivos estén muy lejos. “No hay personal. No somos suficientes. Ya todo es llamamiento forzoso. Equiparan ir al Baskonia o al Athletic, a partidos programados desde hace un año, con una 'dana'. Ahora siempre hay necesidades de refuerzos”, protestan desde esta organización.

Sipe: “Hemos perdido afiliación por Ertzainas en lucha”

Sipe es la cuarta fuerza en liza. Está asociada con FEPOL, la organización mayoritaria de los Mossos d'Esquadra, y forma parte también de las dinámicas de Jupol y Jusapol, con gran peso en las Fuerzas de Seguridad del Estado en los últimos años. Una de sus iniciativas compartidas es reivindicar el derecho a la huelga. Juan Carlos Sáez, su responsable, es el único que admite que han perdido afiliación por 'Ertzainas en lucha'. Y han “expulsado” a otros por ir “contra los estatutos” en aquel movimiento. “Es muy curioso. Los que eran 'asindicales' están todos en Euspel. Tenían que haberse presentado. Es lo que pensamos que tenían que haber hecho”, plantea Sáez.

Esta organización dice haber hecho una “apuesta” por los acuerdos con Erne y Esan, que han proporcionado “el mejor convenio de la Ertzaintza”. “Si los ertzainas lo han entendido, nos darán su voto. Si no, pues no estaremos en la mesa”, asume Sáez. Sipe logró el mínimo para estar en los foros de negociación en 2022, pero venía de haberse quedado fuera en las anteriores, las de 2017. Sipe ofrece un “análisis muy crítico” de la situación de la Ertzaintza en particular y de la seguridad en general. “Hay una sensación de inseguridad manifiesta en Euskadi. No hay personal suficiente en la calle. La última promoción ha salido hace cuatro días y han ido cinco a Seguridad Ciudadana. Es una vergüenza. Van 150 a Investigación y otros tantos a Tráfico. Es una auténtica vergüenza”, protesta Sáez.

Esta central remarca, en todo caso, que tiene “recurridas” las elecciones. Como principales “irregularidades” cita que aparecieron papeletas erróneas de su candidatura en Gipuzkoa, que “no hay cabinas” para el voto diferido, el que ya pueden hacer los agentes desde hace semanas o sin esperar al día de las elecciones. “El proceso está viciado. No es transparente”, sostiene Sáez.

ELA: “Los corporativos sólo se preocupan de agradar los oídos de sus afiliados”

Desde ELA, indican por escrito que “la primera fuerza sindical de este país”, con un 40% de representación general y “más de 105.000” afiliados, tiene que “recuperar la representación perdida” en la Policía vasca hace cuatro años. “Cuando ELA era fuerte en la Ertzaintza, las condiciones laborales eran un ejemplo para el resto. Hoy, una mesa donde sólo están presentes los sindicatos corporativos es una buena noticia para el Departamento y una mala noticia para el colectivo”, inciden.

Y añaden: “Mientras ELA lideraba las huelgas y movilizaciones en el sector público para hacer frente a estos recortes, los sindicatos corporativos de la Ertzaintza sólo se preocupaban de agradar los oídos de sus afiliados y afiliadas, con acuerdos vacíos de contenido, dando a entender que la Ertzaintza es una isla”. La sección sindical de ELA critica igualmente las políticas “neoliberales” de los Gobiernos y critica que el “recorte de plantilla” deja ya “por debajo de 7.000 agentes” la dotación de la Ertzaintza.

Ekos: “Ya ha sido un triunfo poder presentarnos”

Ekos se creó el 1 de enero de 2023 y es la primera ve que se presenta. Tiene unos 200 afiliados y, según Zigor Sola, voca de la directiva, funcionan “como una asociación”. “Pensábamos que los sindicatos habían perdido el foco. Por eso empezamos. Ya ha sido un triunfo poder presentarnos”, abunda Sola, que admite que será “muy difícil” obtener representación mínima como para entrar en la mesa 125, como se conoce internamente al foro de negociación con el Departamento de Seguridad. Si lo hicieren, prometen “no tener liberados”.

Ekos asegura haber apoyado a 'Ertzainas en lucha' y entiende que los acuerdos laborales de Erne, Esan y Sipe “se han quedado cortos”. “Se podía haber conseguido más. Con los pies en la tierra, creemos que nos podíamos haber acercado más [a las demandas de la plantilla] con ese tirón de movilizar a tanta gente”, asegura Sola. ¿El gran reto de la Policía vasca? “El Departamento no hace más que coger competencias con un problema de plantilla muy grande. No damos abasto. La gente no puede más. Las cuentas no dan. ¡Están yendo compañeros de Vitoria a cubrir San Mamés!”, lamenta.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha rechazado la querella presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por unas declaraciones sobre la muerte de un migrante a manos de unos agentes en Torremolinos (Málaga). El sindicato policial acusaba a Belarra de injurias y calumnias graves a las Fuerzas de Seguridad y de un delito de odio y los magistrados del Supremo consideran que las declaraciones fueron realizadas “en el contexto del debate político” y están amparadas por la libertad de expresión.

Belarra comentó desde su cuenta de X una información del diario 'Sur' titulada 'Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos'. “Decir mueres de un infarto mientras la policía te detiene es lo mismo que decir que las mujeres mueren a manos de su pareja mientras les dan una paliza. No son muertes, son asesinatos y esto violencia policial racista que hay que parar ya”.

Hiaitam, de 35 años, murió de un infarto en un locutorio de Torremolinos después de que un agente de la Policía Nacional descargara contra él su pistola táser. El suceso despertó una ola de indignación en la ciudad malagueña y un juzgado local investiga los hechos. Los sindicatos policiales defendieron la actuación de su compañero por la supuesta agitación de la víctima, pero la familia niega esta versión y considera que Haitam fue asesinado.

El SUP entendió que la líder de Podemos acusaba a la Policía Nacional de “ser unos asesinos, violentos y racistas” y que su afirmación eran “una acusación generalizada” contra todos los miembros del Cuerpo. Sin embargo, la Sala Segunda concluye que, “por más que las expresiones proferidas sean injustas y excesivas, en su forma y contenido, las entendemos amparadas por el derecho a la libertad de expresión”.

El fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, añade: “Cuando las expresiones se producen en el contexto del debate político y se relacionan con asuntos de interés general, por las materias a que se refieren o por las personas que en ellos interviene, y contribuyen a la formación de una opinión pública libre, como es el caso, el derecho a la libertad de expresión tiene un máximo nivel de eficacia en garantía precisamente de esa opinión pública y de los valores democráticos por lo que el ejercicio de esta libertad o pera en este caso como causa excluyente de la antijuricidad penal”.

Es la segunda vez que el SUP intenta, sin éxito, que el Supremo impute a Belarra por criticar a la Policía. A raíz de los incidentes de Torre Pacheco y de la pasividad de miembros de las Fuerzas de Seguridad que mostraron los medios de comunicación, Belarra afirmó que la Policía tenía “un serio problema de infiltración neofascista”.

Como ahora, y dada su condición de aforada, el SUP se querelló contra Belarra ante el Supremo. Los jueces entendieron que las expresiones de la diputada “evidencian una falta de respeto y educación”, pero que prevalecía su libertad de expresión al estar en “un contexto político y social concreto”, en ese caso el auge del odio contra los migrantes tras la agresión a un anciano en la localidad.

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander ha hecho este miércoles una petición inédita que revela un conflicto creciente dentro del Consistorio: ha pedido el cese del concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla (PP), y del director general del área, Juan Dañobeitia, de una Alcaldía que lleva sin cambiar de siglas desde la democracia y con la misma alcaldesa al frente diez años, Gema Igual (PP).

En una comparecencia ante los medios, los representantes de los trabajadores han cuestionado la política de personal de los últimos dos años y medio, desde que la alcaldesa renovase el cargo en las últimas elecciones. Para explicar la petición de ceses, han señalado como responsable al concejal de Recursos Humanos, en este mismo periodo, de un proyecto de rediseño de la estructura organizativa, sin que se haya ejecutado.

Además, los sindicatos (Comisiones Obreras, UGT, USO, Siep y CSIF) han cuestionado al concejal la decisión de crear la Dirección General de Recursos Humanos, al inicio de la legislatura, “haciendo una inversión fuerte” en un político designado “sin experiencia previa”, han dicho desde UGT sobre Dañobeitia.

Los cinco sindicatos que integran la Junta han pedido la renuncia de los dos altos cargos de Personal por su “falta de cumplimiento” de compromisos adquiridos con la policía local, la banda de música, los trabajadores de Servicios Sociales, los vigilantes, los ordenanzas y los bomberos, además de la caducidad de diez plazas de auxiliar administrativo y la falta de promoción interna a oficial o subinspector.

Según la Junta de Personal, hay 462 plazas sin cubrir en un Consistorio de un total de 1.303 personas en plantilla, porque, entre otras razones, hay oferta de empleo público pendiente de ejecutar desde 2023.

No era solo la policía

Durante las últimas semanas, el foco de conflicto municipal parecía ser exclusivamente la Policía Local: por un lado, la alcaldesa acusaba a los agentes de multar “ocho veces más”, sin dar cifras precisas. Y, por otro, los sindicatos policiales respondían que es que ahora son más policías, pero que los datos de 2024 eran parecidos a los de 2025, sin aclarar tampoco los datos.

Pero los sindicatos han decidido reaccionar y denunciar “el despropósito” de la política de personal de la última legislatura. “Hemos llegado a plantear nosotros un calendario de negociaciones”, ha dicho sorprendido Sergio Pando, presidente de la Junta de Personal, delante de los medios y del portavoz municipal del PRC, Felipe Piña, y del concejal de Izquierda Unida, Keruin Martínez, que han asistido a la rueda de prensa.

Este nivel de tensión no tiene antecedentes: es la primera vez que la Junta de Personal pide la renuncia de dos altos cargos de Recursos Humanos. Previamente, en la anterior legislatura, solo CCOO y CSIF pidieron la renuncia del entonces concejal del área. Ahora, los cinco sindicatos de la Junta coinciden en cuestionar al departamento de personal.

El actual conflicto viene creciendo desde julio de 2025. Los sindicatos empezaron entonces a hacer concentraciones cuando había junta de gobierno local, delante del Ayuntamiento, para insistir en que los acuerdos alcanzados por cada colectivo de profesionales se fueran cumpliendo.

La fecha coincidió con el momento en que UGT empezó a ver posibles incompatibilidades en Dañobeitia, porque ejercía su cargo y era preparador de oposiciones. En septiembre, los sindicatos empezaron a protestar entrando a los plenos, coincidiendo tambien con que el Ayuntamiento reconoció que Dañobeitia tenía esos dos trabajos, pero no veía ningún problema.

Para noviembre, la Policía Local decidió no cubrir las horas extraordinarias y desde ahí detona la crisis de las multas, que sigue vigente, que opacó durante semanas el resto de conflictos de la alcaldesa con otros empleados municipales.

El culmen llegó con el brindis de navidad, cuando los sindicalistas recibieron a la alcaldesa con pitadas y pancartas. Este reciente brindis fue un parteaguas en el Ayuntamiento de Santander. Los líderes sindicales de la Junta de Personal no recuerdan el nivel de conflicto que han alcanzado por la falta de ejecución de compromisos.

En próximas semanas, el Ayuntamiento se reunirá con varios de los trabajadores, empezando por bomberos y siguiendo por Policía Local. Si la Junta de Personal aumenta o rebaja la tensión sindical se verá en el próximo pleno municipal, han advertido los representantes de los trabajadores públicos.

La Ertzaintza celebrará elecciones sindicales el 26 de marzo, tal y como ya contó este periódico. Un total de 7.482 ertzainas podrán votar, de los que 1.456 son de Álava, 3.898 de Bizkaia y 2.128 de Gipuzkoa. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco en una nota, se elegirán diecisiete representantes en Álava, veintitrés en Bizkaia y veinte en Gipuzkoa.

Las anteriores elecciones fueron en 2022. En ellas, Erne fue la primera fuerza y alcanzó veinte años consecutivos de primacía, aunque también se constató el ascenso como segunda fuerza de Esan, en sus orígenes escisión de ELA. Quedó a 200 papeletas de la victoria. Como resultado de aquellos comicios, la representación sindical actual en la Ertzaintza es la siguiente: 22 representantes de rne, 20 de Esan, diez de Euspel, siete de Sipe y 4 de ELA. Precisamente ese escrutinio dejó ya sin representación a ninguna sigla no corporativa, ya que la sección sindical de ELA en la Ertzaintza perdió todos sus delegados como en el pasado les ocurrió a los otros sindicatos de clase, CCOO y UGT. Las de 2026 serán las primeras elecciones tras la irrupción en 2023 de 'Ertzainas en lucha'.

La irrupción de 'Ertzainas en lucha' ha marcado un antes y un después en la Ertzaintza. La tercera fuerza sindical, Euspel, mantuvo una estrecha colaboración con el movimiento, que usaba el amarillo como color corporativo y que llegó a hacer vídeos de tono muy duro contra otras centrales, y llevó sus reivindicaciones a los foros de negociación. Los otros tres, Erne, Esan y Sipe, que en su día participó en movilizaciones dentro del novimiento Jusapol de las Fuerzas de Seguridad del Estado, han actuado desde entonces en unidad de acción.

Así, con Erne, Esan y Sipe, el nuevo equipo al frente de Seguridad, con Bingen Zupiria a la cabeza, ha logrado en estos meses cerrar el primer convenio de la Policía vasca tras una década con el anterior caducado. Se plantearon subidas salariales generalizadas. También se ha cerrado un “plan de empleo” para intentar que la plantilla pactada en 2004 por los Gobiernos central y vasco, 8.000 efectivos, pueda ser una realidad en 2030.

Los sindicatos policiales de Sevilla han lanzado este jueves un aviso: “Con la plantilla actual, es imposible cubrir toos los actos navideños”, una avalancha que se dispara sobre todo desde el 1 de enero “porque aquí todo el mundo saca ya un heraldo”. “No queremos boicotear, es que no podemos”, han insistido, fruto de un círculo vicioso en el que se suceden una plantilla infradotada, la falta de fondos del Ayuntamiento para pagar horas extras y la cascada de eventos que acoge la ciudad, más de 3.700 hasta octubre.

Por eso, han instado también al alcalde, José Luis Sanz (PP), a que imponga una tasa por la celebración de actos, lo que por un lado los limitará para no pagar y por otro permitirá recaudar para así abonar horas extra. “Lo que no puede ser es que dos personas que salgan a la calle hagan una procesión”, y es que precisamente las cofradías requieren una presencia policial continua. El Consistorio ya ha incluido un pago de este tipo en las ordenanzas fiscales para 2026, pero eximiendo a las hermandades y a todo evento benéfico.

Los tres sindicatos con representación en la Policía Local (Sppme, CSIF y SPLS) han explicado hoy su versión del pulso que mantienen con el regidor, una situación en la que “quien está perdiendo es Sevilla, la ciudad no se merece esto”. Y aunque aseguran que se mantienen abiertos al diálogo, culpan directamente a José Luis Sanz, “un cobarde” que no se ha atrevido a imponer el Plan de Navidad por decreto (“porque sabe que lo pierde”) y ha recurrido a activar el plan de emergencias en nivel 1 –propio de situaciones meteorológicas adversas– cuando “en Sevilla no hay ninguna emergencia y sí muchos eventos programados, que se pueden posponer o anular”.

El PP: “No hay ausencia de policías”

El gobierno municipal ha respondido por medio de su portavoz, Juan Bueno (PP), para subrayar que la ciudad “está funcionando con normalidad” y que “no hay ausencia de policías” precisamente gracias a la activación del plan de emergencias el viernes 28 de noviembre, horas antes del encendido del alumbrado navideño. Bueno ha señalado que el alcalde sigue con la mano tendida para dialogar, y de paso ha agradecido el trabajo de “muchos agentes” de la Policía Local que están “anteponiendo su vocación de servicio público a pesar de las presiones”, en referencia a los sindicatos.

Precisamente, sus representantes Luis Val (Sppme), Santiago Raposo (CSIF) y Roberto Echevarría (SPLS) han defendido la “dignidad” de los agentes ante las acusaciones de “mercenarios” que sólo están dispuestos a hacer horas extra si se las pagan a precio de oro. Ante la falta de acuerdo entre las partes, el 19 de diciembre se activará el Plan de Navidad vigente (que data de 2004) pero con el aviso de que los agentes no harán horas extraordinarias por la sencilla razón de que el gobierno local del PP ya no tiene dinero para ello.

Los responsables sindicales han denunciado la “crispación” que está generando el regidor, al que han pedido que “baje el balón”. Eso no quita para que hayan recurrido judicialmente la declaración del estado de emergencia, y ya avanzan que si se les acaba dando la razón irán por la vía penal contra un Sanz al que acusan, como mínimo, de un presunto delito de prevaricación.

“Nadie le quiere poner el cascabel al gato”

Según las cifras del propio Ayuntamiento, la plantilla de la Policía Local tiene ahora 341 vacantes por cubrir, lo que lleva a los sindicatos a denunciar que cuesta mucho reunir a 800 efectivos en la calle cuando debería haber al menos 1.500 por las dimensiones de la ciudad. E insisten en que la dotación de medios es “tercermundista” y que por ejemplo todavía siguen poniendo multas con papel y boli, que no todo es una cuestión económica: “No queremos ganar más dinero, queremos cobrar lo que trabajamos”.

El caso es que para 2025 se habían previsto 17 millones de euros para pagar productividades, récord histórico, pero el dinero se acabó en mayo porque el gobierno local autoriza todo lo habido y por haber, “son malos gestores y no destinan el dinero a lo más esencial”. “Hay 24 cabalgatas, aquí ya tiene heraldo todo el mundo y no se pone coto a nada” para no indisponerse con nadie, “pero tendrán que decirle a las hermandades que en un mes no pueden salir siete veces, nadie le quiere poner el cascabel el gato por interés político” aunque sea a base de “regalar servicios municipales”.

“Todo tiene un límite”, se ha insistido, porque además que no habría dinero para las horas extra de final de año ya se sabía desde antes del verano, pero no fue hasta que quedaban tres semanas para activar el Plan de Navidad que se les llamó a la primera de las dos únicas reuniones celebradas. Sanz puso en la primera 4,5 millones de euros encima de la mesa, que elevó a 5,6 en la segunda, pero los sindicatos exigieron que fuera un plan continuado, no de jornadas sueltas. No hubo acuerdo y el PP lo llevó dos veces al pleno municipal, con el rechazo de la oposición en bloque, “con lo que nos han dado la razón de que hacen falta policías todos los días”.

Con el objetivo de apoyar a Iker Arana, el joven que denuncia que perdió un testículo por las cargas policiales de la Ertzaintza en los disturbios registrados el pasado mes de abril durante el desalojo del gaztetxe de Rekalde, en Bilbao, han creado una plataforma llamada Justizia Aranarentzat. “Justizia Aranarentzat no nace solo para Iker. Es una herramienta colectiva para frenar la violencia institucional, para visibilizar los abusos y para exigir justicia donde solo hay encubrimiento. No vamos a permitir que el caso de Iker quede silenciado. Vamos a seguir organizadas hasta que la verdad y la justicia prevalezcan”, han explicado durante la presentación de la plataforma en la que ha participado el joven herido.

Según han criticado, aquel día los vecinos de Rekalde sufrieron “brutalidad policial”, porque los agentes de la Ertzaintza actuaron “con total impunidad, ocultando pruebas y encubriendo al agente responsable”. “Existen indicios suficientes para afirmar que el proyectil que impactó en Iker fue disparado de forma directa, en un contexto en el que no se producía ningún tipo de altercado ni situación de riesgo”, han asegurado.

También han lamentado la “lentitud y opacidad” con la que se ha desarrollado el proceso de identificación del agente responsable, pese a la existencia de múltiples pruebas audiovisuales obtenidas desde el entorno vecinal ya que, fue identificado la semana pasada, tres meses después de lo ocurrido. En cuanto a las imágenes, la plataforma ha subrayado que tuvieron que ser “amistades y vecinos” quienes recopilaran imágenes “esenciales para la investigación”, sin la colaboración activa de las autoridades policiales, a las que han acusado de “falta de transparencia” en el uso de las cámaras corporales por parte de la Ertzaintza.

En este sentido, la investigación interna de la Ertzaintza sigue abierta, como lo aseguró el pasado consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a principios de mayo en el Parlamento Vasco en una comparecencia a petición propia y confirmaron hace unos días fuentes de su equipo. En su intervención Zupiria sostuvo que la Policía intervino de modo justificado y “no se puede aceptar con normalidad que la Ertzaintza reciba agresiones y se produzcan disturbios cuando tiene que cumplir con su labor legal, cuando tiene que hacer cumplir la ley”. Aun así, señaló estar “preocupado” por la denuncia que interpuso el joven tras lo ocurrido. “Mi preocupación ha aumentado viendo la dura denuncia que ha hecho un ciudadano ante la actuación de la Ertzaintza. Según esta denuncia, ha recibido un daño como consecuencia de la incorrecta actuación de la Ertzaintza en los disturbios que se produjeron en Rekalde”, señaló.

La plataforma ha denunciado que “pese a que había numerosos agentes presentes equipados con cámaras, no se ha podido extraer ninguna prueba concluyente de ellas lo que evidencia una actitud de encubrimiento y que la Ertzaintza dificulta deliberadamente la investigación de los hechos”. “En lugar de asumir responsabilidades, los agentes presentes se han limitado a protegerse entre sí, reforzando un muro de silencio que impide el acceso a la verdad y obstaculiza la justicia y es una muestra más de la brutalidad y de la impunidad con la que actúa la Ertzaintza, dentro de un patrón más amplio de represión policial”, han argumentado.

La plataforma ha asegurado que trabajará para que “el caso no quede enterrado en el silencio, se esclarezcan completamente los hechos y todos los responsables de la actuación policial comparezcan ante la justicia”. Entre las medidas “urgentes” que han solicitado para evitar que se produzcan casos como este está la prohibición del uso de escopetas y balas de 'foam', que se introdujeron precisamente para evitar el uso de pelotas de goma tras el fallecimiento en una carga de Íñigo Cabacas. También demandan la identificación “obligatoria” de los agentes y mandos policiales en cualquier intervención, como garantía de transparencia y rendición de cuentas, y, por último, la disolución de la Brigada Móvil, el grupo de antidisturbios, ya que entienden que esta unidad policial está “especializada en la represión de protestas y representa un riesgo constante para quienes ejercen su derecho a la movilización social y la protesta pacífica”.

Zupiria mostró en el Parlamento Vasco su firme confianza tanto en el dispositivo policial como en los jefes de la Ertzaintza que lo llevaron a cabo aquel día. “Si ha ocurrido como el denunciante asegura, ha sido un comportamiento inadecuado. Creo que el dispositivo policial que tuvo lugar en la víspera del desalojo era necesario y tengo toda la confianza en los jefes de la Ertzaintza que organizaron dicho dispositivo. Conocí de cerca lo que ocurrió y las decisiones que se tomaron e hicieron lo necesario para cumplir con una orden judicial. Los disturbios no los provocó la Ertzaintza, los provocaron quienes actuaron contra la presencia de la Ertzaintza. En ese contexto, ha podido ocurrir que un agente haya tenido una actuación incorrecta. Si eso es cierto, nos corresponde a nosotros investigarlo y ponerlo en manos de la Justicia, quien tendrá la última palabra”, indicó.

“La Ertzaintza tiene legitimidad para utilizar la fuerza a la hora de hacer su trabajo, pero si alguna vez ocurre algo, una conducta, una actuación aislada que pueda poner en duda la actuación correcta de la Ertzaintza, creo que debemos responder con firmeza. La sociedad vasca debe ser exigente con la Ertzaintza. La sociedad ha dado la legitimidad a los miembros de la Ertzaintza para que cuando sea necesario, utilice la fuerza siempre dentro de la ley. Por eso, porque les hemos dado la legitimidad, debemos ser exigentes con el uso de la fuerza, fuerza legítima sí, pero violencia, de ninguna manera”, afirmó el consejero.

Preguntado por el material y equipamiento policial que se utilizó en el dispositivo, Zupiria confirmó que hubo salvas -disparos en vacío- y balas de 'foam' cuando se detectó “peligro”. Las hay de dos tipos, las SIR y las SIRX, más duras. “En la actuación no se utilizaron pelotas de goma. En un momento determinado, porque vieron un peligro, sacaron las escopetas y las pelotas de los furgones, pero no fueron utilizadas”, matizó. De hecho, este material no se ha empleado nunca desde el fallecimiento de Cabacas, en abril de 2012. “Se utilizaron proyectiles de salva y balas de 'foam'. En la operación hubo 40 'bodycam', se han visto las imágenes de todas y en ninguna ha aparecido la situación que describe el denunciante. Aunque eso no quiere decir nada. El despliegue no está finalizado. Si lo que relata el denunciante es verdad, estaríamos ante una situación grave y considero que ante situaciones graves hay que tener respuestas claras”, subrayó.

Durante la presentación de la plataforma, Iker Arana ha asegurado que, durante el desalojo del gaztetxe de Rekalde, “de repente y sin venir a cuento”, la Ertzaintza les disparó un pelotazo y que, cuando algunos de ellos les reprocharon la actitud agresiva que habían tenido al dispararles sin motivo alguno, les volvieron a disparar, “siendo ese segundo disparo el que me impactó en los testículos”. “El pelotazo fue directo y de forma intencionada, como lo estoy demostrando a través de diferentes pruebas. No se pudo sacar ninguna evidencia de ninguna de las 35 cámaras analizadas, puesto que estaban apagadas, se veían borrosas o apuntaban hacia otro lado”, ha reprochado.

Tras el suceso el joven permaneció seis días ingresado en el hospital de Basurto. Él mismo convocó una rueda de prensa cuando le dieron el alta para informar de que procedería a denunciar a la Policía vasca. “La Ertzaintza puede utilizar elementos para disolver concentraciones, pero eso nunca debe ser un uso desmedido de la fuerza. Lo que ocurrió fue injustificable, gratuito, un abuso de poder completamente fuera de lugar, además pude ver cómo me apuntaban y disparaban de forma directa. Quiero decirlo claro: fue represión pura, una vez más. Fue una agresión directa a las personas que estábamos ejerciendo nuestro derecho a concentrarnos y no pienso quedarme callado porque lo que me pasó a mí podría haberle pasado a cualquiera de los que estábamos allí y, porque si no lo contamos, lo normalizan”, denunció tras la salida del hospital.

La orden de desalojo del gaztetxe, un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de del pasado viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes, en los que resultó herido Arana, detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, aunque ya han sido puestas en libertad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad.

Finalmente, a las 10.20 se produjo el desalojo y se identificó a las cuatro personas que pasaron la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Durante estos desórdenes públicos se cruzaron numerosos contenedores en la calzada y a seis de ellos les prendieron fuego. Según el Ayuntamiento de Bilbao los daños materiales, según un recuento inicial, ascienden a más de 6.000 euros. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, que asegura que al tratarse de un edificio privado y al tratarse de un desalojo ordenado por un juzgado, no van a realizar comentarios al respecto.

El gaztetxe de Rekalde, de nombre Etxarri, se puso en marcha por jóvenes de la zona en 2014, en la misma zona en la que se produjo el desalojo de Kukutza en 2011 en el que hubo una veintena de detenidos, disturbios y denuncias de “violencia policial” que llegaron hasta la Defensoría del Pueblo, el Ararteko. “Se abrió con el objetivo de darle una respuesta colectiva a los problemas de la juventud trabajadora del barrio que dejó la perdida Kukutza III Gaztetxea. Durante todos estos años Etxarri ha sido un espacio para la socialización y politización de la juventud, un refugio para diferentes organizaciones del barrio y un lugar para el desarrollo de un modelo de ocio alternativo”, informan desde el gaztetxe, que aseguran que a lo largo de estos años se han realizado decenas de charlas, exposiciones, conciertos y asambleas dentro del edificio.

El malestar en el Cuerpo de Policía Nacional que depende de la Generalitat Valenciana no hace más que crecer. Al conflicto por las medallas y las acusaciones de crear plazas a medida para beneficiar a afines, la deuda con el complemento salarial de compensación por los trabajos en la DANA y las denuncias públicas por falta de material de seguridad se suma, de nuevo, la falta del complemento retributivo que depende del Gobierno valenciano.

El Consell de Mazón no ha abonado en mayo el complemento salarial a los agentes de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, la llamada 'Policía de la Generalitat'. Se trata de una retribución que reciben como incentivo por formar parte de este cuerpo que depende orgánicamente del Ministerio de Interior y funcionalmente de la Conselleria de Emergencias, y que tiene varios componentes. Los 370 agentes llevan años operando con un convenio caducado, lo que les dificulta realizar las reclamaciones. Ya tuvieron el mismo conflicto con esta retribución en los meses de enero y febrero, que se abonó con retraso.

El sindicato Unión Federal de Policía (UFP) ha denunciado la falta de esta compensación por rendimiento, que se abona a todos los funcionarios desde la fecha de adscripción a la unidad. Los representantes sindicales apuntan al interventor de la conselleria de Interior, que depende del conseller Juan Carlos Valderrama, y piden que se regularice la forma de pago mensual, como parte de la nómina: “Son 370 familias que necesitan de este complemento para el día a día en su vida familiar, puesto que no somos unos proveedores más para la Generalitat”, denuncia UFP en un comunicado.

La delegación sindical en Valencia insiste en que la unidad está infradotada, operando con dos tercios del personal previsto. Los agentes, que se encargan de cuestiones que van desde la seguridad de los representantes públicos hasta el patrimonio, pasando por cuestiones ambientales, ya trasladaron la queja al conseller de Interior en una reunión en otoño. Según subrayan, “se dispone un catálogo de puestos de trabajo de una cantidad de 500 efectivos, si bien, se viene perdiendo personal paulatinamente al cabo de los años, bien por jubilaciones, bien por cambios de destino o promoción del personal que la compone, siendo actualmente muy mermada la plantilla de la misma Unidad, estando a un 74% del Catálogo, y con un aumento de funciones y estadística, que de no aumentar los efectivos de la misma, se deberían replantear operativamente”.

El PSPV ha preguntado al Conseller de Emergencias por esta nueva tanda de impagos a los agentes de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana. La diputada Alicia Andújar ha denunciado denunciamos “la dejadez y el escaso compromiso que demuestra Valderrama con la policía de la Generalitat” y considera que “está ocupado intentando tapar la nefasta gestión de la DANA”.

Respecto al complemento de productividad por la DANA de octubre, el Gobierno central se comprometió a asumirlo el pasado marzo tras la negativa de la GeneralitatValenciana, pero, hasta la fecha, los agentes no lo han recibido.

El malestar en el Cos de Policia Nacional que depén de la Generalitat Valenciana no fa més que créixer. Al conflicte per les medalles i les acusacions de crear places a mesura per a beneficiar afins, el deute amb el complement salarial de compensació per les faenes en la DANA i les denúncies públiques per falta de material de seguretat se suma, de nou, la falta del complement retributiu que depén del Govern valencià.

El Consell de Mazón no ha abonat al maig el complement salarial als agents de la Unitat de Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, l’anomenada Policia de la Generalitat. Es tracta d’una retribució que reben com a incentiu per formar part d’aquest cos que depén orgànicament del Ministeri d’Interior i funcionalment de la Conselleria d’Emergències, i que té diversos components. Els 370 agents ja fa anys que operen amb un conveni caducat, cosa que els dificulta fer les reclamacions. Ja van tindre el mateix conflicte amb aquesta retribució en els mesos de gener i febrer, que es va abonar amb retard.

El sindicat Unió Federal de Policia (UFP) ha denunciat la falta d’aquesta compensació per rendiment, que s’abona a tots els funcionaris des de la data d’adscripció a la unitat. Els representants sindicals apunten a l’interventor de la Conselleria d’Interior, que depén del conseller Juan Carlos Valderrama, i demanen que es regularitze la forma de pagament mensual, com a part de la nòmina: “Són 370 famílies que necessiten aquest complement per al dia a dia en la seua vida familiar, ja que no som uns proveïdors més per a la Generalitat”, denuncia UFP en un comunicat.

La delegació sindical a València insisteix que la unitat està infradotada, i opera amb dos terços del personal previst. Els agents, que s’encarreguen de qüestions que van des de la seguretat dels representants públics fins al patrimoni, passant per qüestions ambientals, ja van traslladar la queixa al conseller d’Interior en una reunió a la tardor. Segons subratllen, “es disposa un catàleg de llocs de treball d’una quantitat de 500 efectius, si bé, va perdent-se personal gradualment al cap dels anys, bé per jubilacions, bé per canvis de destinació o promoció del personal que la compon, i actualment és molt minvada la plantilla de la mateixa Unitat, que està a un 74% del Catàleg, i amb un augment de funcions i estadística, que, si no se n’augmenten els efectius, s’haurien de replantejar operativament”.

El PSPV ha preguntat al conseller d’Emergències per aquesta nova tanda d’impagaments als agents de la Unitat de Policia Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana. La diputada Alicia Andújar ha denunciat “la deixadesa i l’escàs compromís que demostra Valderrama amb la policia de la Generalitat” i considera que “està ocupat intentant tapar la nefasta gestió de la DANA”.

Pel que fa al complement de productivitat per la DANA d’octubre, el Govern central es va comprometre a assumir-lo el març passat arran de la negativa de la Generalitat Valenciana, però, fins a la data, els agents no l’han rebut.

Els ‘herois del silenci’ de la DANA. Policies, polítics i la periodista Maribel Vilaplana encara mantenen els secrets més inconfessables del president de la Generalitat, Carlos Mazón, el dia 29 d’octubre passat, quan es va desentendre durant hores de la catàstrofe més important que ha viscut la Comunitat Valenciana en el segle XXI i que s’emetia en viu i en directe per televisió, mitjans digitals i xarxes socials. Malgrat la pressió social i l’energia de les víctimes de la catàstrofe, que continuen exigint respostes, aquests protagonistes de l’omertà en la Generalitat Valenciana van rebent premis i afalacs. 

Aquesta setmana, gràcies als sindicats policials i a fonts valentes del cor de la policia autonòmica, en elDiario.es hem pogut explicar com va el repartiment de medalles i condecoracions amb motiu del servei d’aquest cos durant el dia de la DANA i les setmanes posteriors. Algunes decisions són, com a mínim, cridaneres. Altres, escandaloses. La comissària en cap de la Unitat Adscrita de la Policia Nacional a la Generalitat Valenciana, Marisol Conde, ha proposat Pilar Bojo per a la medalla blanca al mèrit policial. Aquest distintiu el lliura el Ministeri de l’Interior i, a més de la medalla i els honors públics, implica mèrits en la baremació per a futures convocatòries i ascensos de lloc i sou. Entre els seus brillants serveis als ciutadans de les zones afectades, custodiar les imatges que certifiquen les entrades i les eixides de Carlos Mazón de la seu del Govern autonòmic. Incloses les imatges que es van esborrar. 

Bojo només respon davant Marisol Conde i, segons fonts de la policia, la manté informada de totes les situacions estranyes que esdevenen al Palau. Coneixen, pels vídeos, l’arribada de Carlos Mazón el dia 29 d’octubre abans d’anar al Cecopi. Les dues ja van protagonitzar una polèmica interna quan van utilitzar imatges internes de les càmeres de seguretat del Palau per a amonestar uns agents arran d’una fallada de seguretat en la protecció de la vicepresidenta, Susana Camarero, prop de la plaça de Manises. Bojo no va participar en cap de les accions de la policia autonòmica de protecció o rescats en la zona de la DANA. 

Per part seua, l’Agència Valenciana d’Emergències, organisme autònom del qual depén la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, també reconeixerà la tasca dels policies que van acompanyar Mazón durant el 29 d’octubre, quan va dinar en El Ventorro i durant les seues hores desaparegut abans d’acudir al Cecopi, sobretot el periple entre les 18.30 i les 19.43, quan va parlar amb Salomé Pradas. Els escortes del president rebran la medalla d’or al mèrit policial, un distintiu sense assignació econòmica, però el màxim que atorga la Generalitat. Els set agents de la policia autonòmica que van fer nombrosos rescats la nit del 29 d’octubre i la matinada del 30 seran condecorats amb la medalla de plata. Un dels escortes del president Carlos Mazón que el va acompanyar el dia de la seua visita a Paiporta juntament amb el rei Felip VI i el president del Govern, Pedro Sánchez, també tindrà una insígnia banyada en or. De moment, es desconeixen els expedients de motivació d’aquests reconeixements. 

La mateixa cap de la policia autonòmica també ha optat pel silenci. Des d’elDiario.es hem intentat contactar amb ella unes quantes vegades, però no hem obtingut resposta. I això que ens va oferir una entrevista quan va ser designada comissària en cap. Ara no deu tindre tant d’interés. Marisol Conde ha d’acudir com a testimoni a declarar davant la jutgessa de la DANA, encara que serà difícil que la magistrada li pregunte pel full de servei del 29 d’octubre dels escortes que van acompanyar Mazón per tal com el president és aforat. Marisol Conde va ser nomenada el 2020 per la consellera de Justícia en el Consell de Ximo Puig, Gabriela Bravo, després de destituir el seu antecessor Álvaro Rodríguez per les seues tirades conservadores. De moment, Conde aguantarà en el càrrec i disposa d’informació clau de l’actuació del president. 

També és interessant veure els moviments laborals i processals de l’exconsellera Salomé Pradas. Aquesta ha fitxat per la Universitat Internacional Valenciana (VIU), una entitat que va privatitzar el PP, però en què la Generalitat encara manté un 30% del capital. En la VIU han recalat càrrecs importants de governs del PP en els seus poc més de 20 anys d’història. Per a la seua defensa, Pradas ha buscat un dels advocats més cars de Madrid, l’exjutge Eduardo de Urbano. L’exconsellera haurà d’invertir la resta dels estalvis per a pagar una defensa tan cara, mentre encara manté per a ella mateixa el contingut de les converses que va mantindre amb Mazón en les hores crítiques de les inundacions: a les 17.37, 18.16, 18.25, 18,30, 19.43 i 20.10, aquesta última ocultada per Mazón i a un minut del llançament de l’alerta massiva. Moltes telefonades perquè no fora conscient de la gravetat de la situació o del llançament de l’Es-Alert. 

Una altra testimoni clau i que també manté un silenci sepulcral és Maribel Vilaplana. La periodista ha sigut la corretja de transmissió del Palau de la Generalitat i ha ajudat a exculpar a Mazón defensant com de treball un dinar que va ser privat. Vilaplana té la major part de la seua faena en empreses privades, però continua donant cursos en el Centre Europeu d’Empreses i Innovació de València, una entitat sense ànim de lucre per a diferents entitats que es finança amb fons públics, la major part de la Generalitat. Defensen en el CEEI que Vilaplana ja hi treballava abans de l’afer amb Mazón i que les decisions en el seu si es prenen de manera independent. Siga com siga, Vilaplana continua oferint els seus serveis a l’entitat i la Generalitat continua finançant-la. 

Los Héroes del Silencio de la DANA. Policías, políticos y la periodista Maribel Vilaplana todavía guardan los secretos más inconfesables del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el pasado día 29 de octubre, cuando se desentendió durante horas de la catástrofe más importante que ha vivido la Comunitat Valenciana en el siglo XXI y que se emitía en vivo y en directo por televisión, medios digitales y redes sociales. Pese a la presión social y la energía de las víctimas de la catástrofe, que siguen exigiendo respuestas, estos protagonistas de la omertá en la Generalitat Valenciana van recibiendo premios y agasajos.

Esta semana, gracias a los sindicatos policiales y a fuentes del corazón de la policía autonómica, en elDiario.es hemos podido contar cómo está siendo el reparto de medallas y condecoraciones con motivo del servicio de este cuerpo durante el día de la DANA y las semanas posteriores. Algunas decisiones son, cuanto menos, llamativas. Otras, escandalosas. La comisaria jefe de la Unidad Adscrita de la policía nacional a la Generalitat Valenciana, Marisol Conde, ha propuesto a Pilar Bojo, para la medalla blanca al mérito policial. Este distintivo lo entrega el Ministerio del Interior y, además de la medalla y los honores públicos, implica méritos en la baremación para futuras convocatorias y ascensos de puesto y sueldo. Entre sus brillantes servicios a los ciudadanos de las zonas afectadas, custodiar las imágenes que certifican las entradas y salidas de Carlos Mazón de la sede del Gobierno autonómico. Incluidas las imágenes que fueron borradas.

Bojo solo responde ante Marisol Conde y, según fuentes de la policía, la mantiene informada de todas las situaciones extrañas que acontecen en el Palau. Conocen, por los vídeos, la llegada de Carlos Mazón el día 29 de octubre antes de ir al Cecopi. Ambas ya protagonizaron una polémica interna cuando utilizaron imágenes internas de las cámaras de seguridad del Palau para amonestar a unos agentes tras un fallo de seguridad en la protección de la vicepresidenta, Susana Camarero, cerca de la plaza de Manises. Bojo no participó en ninguna de las acciones de la policía autonómica de protección o rescates en la zona de la DANA.

Por su parte, la Agencia Valenciana de Emergencias, organismo autónomo del que depende la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana, también reconocerá la labor de los policías que acompañaron a Mazón durante el 29 de octubre, cuando comió en El Ventorro y durante sus horas desaparecido antes de acudir al Cecopi, sobre todo el periplo entre las 18.30 y las 19.43 (cuando habló con Salomé Pradas). Los escoltas del presidente recibirán la medalla de oro al mérito policial, un distintivo sin asignación económica, pero el máximo que otorga la Generalitat. Los siete agentes de la policía autonómica que realizaron numerosos rescates la noche del 29 de octubre y la madrugada del 30 serán condecorados con la medalla de plata. Uno de los escoltas del presidente Carlos Mazón que le acompañó el día de su visita a Paiporta junto al rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también tendrá una insignia bañada en oro. De momento, se desconocen los expedientes de motivación de estos reconocimientos.

La propia jefa de la policía autonómica también ha optado por el silencio. Desde elDiario.es hemos intentado contactar en diversas ocasiones, pero no hemos obtenido respuesta. Y eso que nos ofreció una entrevista cuando fue designada comisaria jefa. Ahora no debe de tener tanto interés. Marisol Conde tiene que acudir como testigo a declarar ante la jueza de la DANA, aunque será difícil que la magistrada le pregunte por la hoja de servicio del 29 de octubre de los escoltas que acompañaron a Mazón, al estar el presidente aforado. Marisol Conde fue nombrada en 2020 por la consellera de Justicia en el Consell de Ximo Puig, Gabriela Bravo, tras destituir a su antecesor Álvaro Rodríguez por sus querencias conservadoras. De momento, Conde aguantará en el cargo y dispone de información clave de la actuación del presidente.

También es interesante ver los movimientos laborales y procesales de la exconsellera Salomé Pradas. Ha fichado por la Universidad Internacional Valenciana (VIU), una entidad que privatizó el PP, pero en la que la Generalitat todavía mantiene un 30% del capital. En la VIU han recalado importantes cargos de Gobiernos del PP en sus poco más de 20 años de historia. Para su defensa, Pradas ha buscado uno de los abogados más caros de Madrid, el exjuez Eduardo de Urbano. La exconsellera tendrá que tirar el resto de ahorros para pagar tan cara defensa, mientras todavía mantiene para sí misma el contenido de las conversaciones que mantuvo con Mazón en las horas críticas de las inundaciones: a las 17.37, 18.16, 18.25, 18,30, 19.43 y 20.10, esta última ocultada por Mazón y a un minuto del lanzamiento de la alerta masiva. Muchas llamadas para que no fuera consciente de la gravedad de la situación o del lanzamiento del Es-Alert.

Otra testigo clave y que también guarda un silencio sepulcral es Maribel Vilaplana. La periodista ha sido la correa de transmisión del Palau de la Generalitat y ha ayudado a exculpar a Mazón defendiendo como de trabajo una comida que fue privada. Vilaplana tiene la mayoría de su trabajo en empresas privadas, pero sigue dando cursos en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Valencia, una entidad sin ánimo de lucro para distintas entidades que se financia con fondos públicos, la mayoría de la Generalitat. Defienden en el CEEI que Vilaplana ya trabajaba allí antes de todo el lío de El Ventorro, y que las decisiones en su seno se toman de manera independiente. Sea como fuere, Vilaplana continúa ofreciendo sus servicios a la entidad y la Generalitat la sigue financiando.

El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Sipe) ha denunciado que dos mujeres agentes de la Ertzaintza han sufrido “graves episodios de acoso laboral, sexual y sexista”. El sindicato, que tilda la situación de “caso flagrante de violencia institucional”, ha elevado formalmente sus quejas al consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria; al viceconsejero, Ricardo Ituarte; a la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, y a la directora general de la academia de Arkaute, Miren Dobaran. “Los hechos, documentados con testimonios, grabaciones y pruebas objetivas, reflejan una situación de hostigamiento continuado y encubrimiento sistemático por parte de la jerarquía policial”, abunda el sindicato en una nota de prensa hecha pública este martes.

¿Cuáles son los dos casos? Según explica el sindicato, en uno de ellos la víctima es una funcionaria de carrera, mientras que en el otro se ha visto perjudicada una agente en prácticas. En el caso de la agente de carrera, que estaría adscrita a la sección de Tráfico en Álava, el sindicato habla de “comentarios machistas, presiones y un deterioro de su salud mental que le ha impedido continuar con su labor profesional”. A la agente en prácticas en Arkaute, siempre según el sindicato, se le ha sometido a “una estrategia de aislamiento y presión psicológica con el objetivo de declararla no apta y expulsarla del cuerpo”.

La dirección de Recursos Humanos del Departamento de Seguridad, en un informe hecho público este mismo martes, ha respondido a las quejas de Sipe con información adicional. En cuanto al caso de la agente de carrera, indica que el 6 de febrero de este año 2025 recibió un escrito en el que se trasladaba “una posible situación de acoso moral y por razón de sexo”. El comité de mediación de acoso de la Ertzaintza se reunió el 12 de febrero, siempre según Recursos Humanos, y acordó que hubiera una reunión con ella y con las personas que se identificaban en el escrito.

La agente, se explica, “en dos ocasiones muestra su negativa a mantener una reunión de mediación impidiendo con ello que la mediación pudiera realizarse”. Esto, añade Recursos Humanos, llevó al comité a acordar por unanimidad que no era posible determinar si había existido acoso laboral o no, “ya que la información recogida en las entrevistas realizadas a todas las partes implicadas es contradictoria”. Sí recogía ese acuerdo del comité lo siguiente: “se concluye que existen problemas de relaciones interpersonales en el marco laboral y que la comunicación y trato carecen de la formalidad requerida en una Organización de la entidad que tiene la Ertzaintza”. Se acordó igualmente solicitar la impartición de “una jornada de sensibilización del uso del lenguaje inclusivo y no sexista”.

En el caso de la agente en práticas, el 17 de marzo de 2025 ya se acordó la incoación de oficio de un expediente “de acoso moral”. El comité de mediación se reunió para analizar este caso al día siguiente. Los integrantes del comité mantuvieron reuniones tanto con la denunciante como con las personas que se identificaban como presuntas agresoras, además de con testigos. “Para que el procedimiento fuese lo más garantista posible y objetivo, se consideró necesario no iniciar dichas entrevistas hasta que el equipo de seguimiento de la [academia de Arkaute] no finalizase las suyas”, se explica desde Recursos Humanos. En total, según los datos brindados desde el Gobierno vasco, se ha entrevistado a diez personas. “No se considera que exista estrategia o complot del grupo para influenciar en el resultado de la prueba del test de relaciones socio-laborales contra la funcionaria en prácticas, ni indicios de acoso laboral”, concluyó el comité de mediación por unanimidad después de las reuiones, el 14 de abril.

“Lo más alarmante es que, pese a la activación de protocolos internos por parte del comité de mediación, las instituciones han omitido abrir procedimientos sancionadores reales o medidas de protección eficaces”, se quejan desde Sipe. “En la Ertzaintza hay mujeres que están siendo acosadas por ser mujeres, y la institución lo permite. El silencio y la inacción también son formas de violencia”, ha protestado el secretario de Organización del sindicato, Juan Carlos Sáenz Alonso.

Reclamaciones de Sipe

Ante estos dos casos concretos, el sindicato Sipe ha exigido que el Gobierno vasco, el Departamento de Seguridad encabezado por el consejero Zupiria y a la dirección de la academia acometan una “actuación inmediata y ejemplarizante”. Las exigencias, detalladas en el comunicado, son varias: que se abran expedientes disciplinarios (“contra los superiores jerárquicos y compañeros implicados”, se subraya), que se revisen de forma integral los protocolos antiacoso (los actuales “son ineficaces y se han convertido en herramientas burocráticas sin impacto real”), que se brinda una protección real y urgente a las víctimas, que se investigue de forma independiente lo ocurrido en Arkaute (que “no puede resolverse internamente”), que se depuren responsabilidades entre los mandos (“ceses inmediatos y responsabilidades políticas”, pide el sindicato) y que se esboce un plan de “prevención real” ante el acoso en la Ertzaintza (“basado en la transparencia, la formación obligatoria en igualdad, mecanismos de denuncia seguros y protección efectiva de la víctima”).

“La Ertzaintza debe ser una institución ejemplar en la defensa de los derechos humanos y no un entorno donde se perpetúe el machismo con respaldo institucional. No vamos a permitir que se convierta en un espacio de impunidad ni que se silencie a las víctimas. El silencio mata. La pasividad institucional es cómplice”, remacha el sindicato.

La polémica suscitada por el acuerdo suscrito el pasado agosto entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la empresa Desokupa no tendrá consecuencias para los agentes. El expediente que anunció el Ministerio del Interior ha sido cerrado sin propuesta de sanción ni de una investigación más profunda, según han informado a elDiario.es fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. 

El acuerdo, según anunciaron ambas organizaciones en agosto, implicaba la posibilidad de que Desokupa diera formación en “defensa personal” a 30.000 policías nacionales. La secretaria general del SUP, Mónica Gracia, calificó el acuerdo de “histórico” y justificó los cursos de adiestramiento por parte de Desokupa en la “violencia desmedida” que, según ella, se ejerce a día de hoy contra las Fuerzas de Seguridad. “La autoridad se ha perdido”, alegó Gracia en ese momento. 

El acuerdo entre una organización representativa de policías nacionales y una organización conocida por sus métodos violentos y sus posicionamientos ultraderechistas suscitó una polémica que Interior quiso atajar con el anuncio de la apertura del expediente. Pero también con el mensaje desde el ministerio de que estaban en riesgo las subvenciones públicas al sindicato policial, principal fuente de financiación junto a las cuotas de sus afiliados. Una vez comprobado que no hay policías nacionales trabajando para Desokupa, el expediente informativo ha sido cerrado, confirma un portavoz oficial.  

El pasado octubre el director general de la Policía, Francisco Pardo, compareció en el Congreso de los Diputados y fue requerido por el diputado de Sumar Enrique Santiago para que explicara los avances de la investigación interna al SUP. Su respuesta no parecía anticipar una resolución rápida ni muy contundente. “Nosotros hacemos lo que la ley nos permite hacer”, respondió Pardo el pasado 14 de octubre. 

“Los expedientes disciplinarios son extraordinariamente garantistas, pero extremadamente garantistas. Hay algunos que acaban pesando muchos kilos por toda la documentación, las pruebas que se aportan, etc. Si en este momento pudiera facilitarle alguna información más allá de la que ya le he facilitado, que ha sido bastante amplia, lo haría. Pero le insisto: confíe”, dijo Pardo en la comisión de Interior.

El SUP fue el sindicato líder en la Policía española hasta la irrupción de Jupol, heredero de la asociación Jusapol. La asociación exige desde su creación la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con los mossos d’Esquadra y adquirió una adhesión muy destacada en el seno de las fuerzas de seguridad al calor del proceso soberanista en Catalunya. 

Los métodos de Jusapol fueron desde su inicio muy agresivos hacia los sindicatos tradicionales, incluido el SUP. Algunas de estas organizaciones sindicaldes se han dejado arrastrar hacia posiciones extremas, ya sea en su acercamiento a Vox o lanzando mensajes radicalizados, tratando de recuperar el favor de la mayoría perdida. En las últimas elecciones, el SUP recuperó posiciones hasta igualar en número de representantes den el Consejo de la Policía a Jupol, pero con menos votos. 

Desde el primer momento, el Ministerio del Interior desmintió la afirmación del SUP de que el curso en defensa personal de Desokupa resultaría “baremable” para los agentes, esto es, que puntuaría en sus intentos por ascender. En una respuesta al ahora diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos, el Ministerio del Interior explica que es la División de Perfeccionamiento de la Policía quien se encarga de realizar una formación continua de los agentes. Ábalos realizó esa pregunta indignado por el acuerdo con Desokupa y como miembro honorífico del SUP que es desde hace más de 40 años. 

La respuesta de Interior al hoy diputado del Grupo Mixto también afirma que el SUP tiene “personalidad jurídica y plena capacidad para obrar, por lo que cualquier acuerdo que formalice con entidades privadas corresponde a decisiones propias de este sindicato y es ajena a los planes y programas de formación de los miembros de la Policía Nacional”. 

Desokupa comenzó su andadura como una empresa de desalojos a la que podía contratar cualquier propietario que quería expulsar, sin esperar a la demora de un proceso judicial, a personas que hubieran ocupado ilegalmente su casa o que dejaban de pagar el alquiler. Los métodos intimidatorios de la empresa, con frecuente uso de la fuerza, pronto hicieron virales sus actuaciones. A las redes sociales se sumaron los programas de televisión que se dedican a convencer de que la ocupación de viviendas es un problema de dimensiones que no cuadran con las cifras oficiales.

Al calor de esa promoción televisiva y en redes, el líder de Desokupa, Daniel Esteve, se ha significado como líder de manifestaciones de extrema derecha, ya fuera contra la alcaldesa Ada Colau o frente a la sede socialista de Ferraz con motivo de la negociación de la ley de amnistía. Con parafernalia militar y mensajes xenófobos y racistas, esas manifestaciones han derivado en ocasiones en incidentes. 

El 'número tres' de Interior, en un acto del SUP

La relación del actual Ministerio del Interior y el Sindicato Unificado de Policía se visualiza en un acto celebrado hace un par de semanas. El comisario de la Policía Nacional José Antonio Rodríguez, 'número tres' en la toma de decisiones de Interior, protagonizó un acto reservado que organizó el SUP.

José Antonio Rodríguez fue el invitado de la última edición del denominado Foro Cibeles, una cena en la que el SUP reúne de forma periódica a una selección de sus afiliados y a un reducido grupo de periodistas alrededor de una personalidad. El acto tuvo lugar antes de que trascendiera el cierre del expediente abierto al sindicato.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha anunciado que esta semana han puesto en marcha una prueba piloto con los ertzainas de la comisaría de Sestao (Bizkaia), que serán los primeros en llevar cámaras de seguridad en el uniforme. En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Zupiria ha explicado que, ahora mismo, se está iniciando el despliegue de esta nueva herramienta y, esta misma semana, van a comenzar con una prueba piloto en la zona de la Margen Izquierda desde la comisaría de Sestao.

Zupiria ha asegurado que esta medida va a suponer, “desde un punto de vista jurídico, una mayor seguridad para todos”. Así, ha indicado que va a suponer “una mayor seguridad para los ertzainas”, que “van a activar estos dispositivos de grabación y, cuando se produzcan situaciones de conflicto, van a poder garantizar y demostrar que han tenido un comportamiento debido porque va a quedar registrado”.

Además, en caso de que los ciudadanos se puedan sentir “maltratados” por la Policía, habrá un “elemento de prueba muy importante que los jueces solicitan una y otra vez” y que va a permitir tener “una idea cabal de lo que ha sucedido y cuáles son las responsabilidades que se han producido”. Por todo ello, el consejero de Seguridad ha defendido que las cámaras que utilizarán los ertzainas son “un elemento de transparencia y de seguridad jurídica para todos”.

Sindicatos

En otro orden de cosas, Zupiria ha señalado que ha establecido una relación “discreta e informal” con los sindicatos de la Ertzaintza y ha indicado que están en unos primeros contactos con “la voluntad de hablar con todos y llegar a acuerdos” que sean “sostenibles y razonables” para la sociedad vasca y que permitan “modernizar la Ertzaintza como un cuerpo de seguridad integral, como un servicio público que presta servicios de seguridad a la ciudadanía vasca”. “Se está hablando y supongo que nos estamos tomando la medida todos como sucede en todas las negociaciones”, ha dicho, para recordar, en relación a la plantilla, que los efectivos acordados en la Junta de Seguridad con el Gobierno central, son 8.000 ertzainas, pero “estamos por debajo de esa cifra”.

Por ello, ha destacado el compromiso adquirido por el Ejecutivo vasco de “intentar llegar a esos 8.000 efectivos cuanto antes” porque “en su día se decidió que esa era la cifra necesaria para atender todos los servicios que la Ertzaintza debe ofrecer como servicio público y policía integral que es”. Por otro lado, preguntado si existe más inseguridad en Euskadi o es más bien un problema de percepción de seguridad, Zupiria ha dicho que “todos somos conscientes de la importancia que tiene la seguridad para nuestra calidad de vida” por lo que ha considerado importante que quienes tienen la responsabilidad de gestionar sean conscientes de que “esa sensación de seguridad o inseguridad, más allá de los índices delincuenciales, es muy importante”,

En ese sentido, ha apuntado que, “si en un barrio concreto se producen situaciones que perturban la convivencia entre las personas que viven en ese barrio por parte de personas nuevas y desarraigadas que han llegado, esa sensación genera una preocupación por la seguridad y por el bienestar”. “Eso ha sucedido en algunos puntos de nuestra comunidad, como en Trintxerpe, en la zona de Egia-Gross en Donosti o en la zona de Coronación y Aldabe en Gasteiz, donde hay personas que ven que la convivencia que ha caracterizado a esos barrios en algunos momentos se ve perturbada por actuaciones incívicas de algunas personas y también por algún delito”, ha señalado.

Zupiria ha asegurado que esa es “una realidad” que desde el Departamento de Seguridad, la Ertzaintza y las policías locales se está “siguiendo con atención y hay miles de actuaciones preventivas en todos estos lugares para intentar evitar esos problemas de convivencia y la comisión de delitos y, si estos se producen, buscar a los malhechores y detenerlos”. El consejero ha afirmado que la inseguridad y la percepción de la isneguridad son “dos cuestiones que van íntimamente ligadas”, por lo que hay que trabajar “en los dos frentes: tenemos que ser eficientes en la lucha contra el delito y contra quienes delincan y, a la vez, trabajar, para que la población se sienta lo más segura posible, teniendo en cuenta que nos movemos en un entorno que está lleno de incertidumbres y de inseguridades”.

Por otro lado, en relación a los delicuentes reincidentes, ha remarcado la importancia de la colaboración de Ertzaintza y el sistema judicial, jueces y fiscales, para encontrar los “medios oportunos” con el objetivo de que “estas personas que está demostrado que son reincidentes y actúan una y otra vez contra el bien común, reciban cuanto antes la respuesta que la justicia les debe dar, en el sentido que la justicia decida”. “Es verdad que estas personas que delinquen 15 veces, con el ritmo de la justicia, en su momento llegarán a un tribunal y seguramente serán condenadas y terminarán en prisión, pero desde el momento en el que se produce el delito hasta que la justicia finaliza su trabajo, pasa un tiempo en el que estas personas, en muchos casos, siguen delinquiendo”, ha dicho, para reconocer que eso genera frustración o impotencia en los agentes de Ertzaintza y también “una sensación de inseguridad en la ciudadanía”.

Protección a las mujeres

Por otro lado, en relación al aumento de las denuncias por violencia de género y agresiones sexuales, el consejero de Seguridad ha afirmado que la Ertzaintza tiene “un funcionamiento ejemplar en esta cuestión” y hay “toda una organización de agentes del ámbito de la investigación que dedican su tiempo y su trabajo a mantener una relación estrecha con mujeres que han denunciado casos de violencia de género y, por lo tanto, son víctimas”. “Es una actuación estratégica para la Ertzaintza en la que se invierten muchos medios personales y materiales porque se considera que es un elemento estratégico y, al final, lo que está en riesgo es la integridad de muchas mujeres y sus derechos humanos más básicos”, ha subrayado.

Además, cree que ahora se denuncian más los delitos de violencia de género “porque hay una conciencia mayor y una aceptación general de que éste es un hecho inadmisible y cada vez hay más mujeres que, encontrándose en una situación como ésta, deciden recurrir a los recursos que existen para denunciar ese delito y solicitar la protección que se les debe”. “Es un tipo de delito que ha ido creciendo estos últimos años, probablemente porque hay una conciencia mayor de que deben ser denunciados esos hechos y de que las instituciones instituciones y la sociedad deben ofrecer una protección especial a esas víctimas”, ha reiterado, para recordar que en la actualidad hay más de 1.000 mujeres en Euskadi que reciben un seguimiento de la Ertzaintza y una atención especial.

Por otro lado, ha confirmado que se ha producido la interconexión entre el sistema de VioGén del Ministerio del Interior Biogen y el sistema EBA del Gobierno vasco contra la violencia doméstica y de género, de forma que “cualquier mujer con riesgo de sufrir violencia de género de la Comunidad Autónoma vasca, cuando salga al exterior, va a encontrar con que Policía Nacional y Guardia Civil tienen un acceso directo y automático a la información tiene la Ertzaintza, y viceversa”. Por último, se ha referido al aumento de hechos violentos entre menores y las consecuencias de la “facilidad” en el acceso a las nuevas herramientas de información, sobre todo a contenidos pornográficos, por lo que ha considerado “muy importante establecer algunos sistemas de control parental o de control educativo sobre el acceso de los menores de edad a los contenidos que les llegan a través de internet”.

Los tribunales han confirmado una sanción de un mes de suspensión para Víctor Duque, subinspector de la Policía Nacional y secretario general de la Unión Federal de Policía, por increpar a un agente que le pidió el DNI en un altercado de la Feria de Algeciras de 2018. El Tribunal Superior de Madrid ha rechazado el recurso del dirigente del sindicato policial contra su sanción por una falta grave de desconsideración después de que un juzgado, por lo penal, le impusiera además una multa de 180 euros por desobediencia. Duque se encuentra, además, a la espera de juicio por supuesta malversación en el manejo de los fondos del sindicato.

Los agentes relataron que esa noche acudieron a la Feria de la localidad gaditana por un altercado entre el portero de una carpa del recinto y varios hombres. Uno de ellos era Duque, que reaccionó increpando a los policías nacionales que acudieron a la zona y le pidieron que se identificara. “Eres un niñato, no me digas lo que tengo que hacer que lo sé antes de que tu nacieras. No tienes idea de quién soy”, dijo a uno de ellos. Siguió con los improperios cuando le pidieron el DNI: “No me voy a identificar ante ti, que eres un niñato inútil. Si quieres me detienes”.

Las palabras de este subinspector acabaron en el atestado policial y tuvieron consecuencias por dos vías distintas: la penal y la disciplinaria. En la primera, un juzgado de Algeciras le impuso una multa de 180 euros por un delito de desobediencia al haberse negado a identificarse ante las reiteradas peticiones de los policías. En la segunda, la Dirección General de la Policía le impuso un mes de suspensión de funciones, un proceso que llegó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid después de un recurso del secretario general de la UFP.

Los jueces, según ha podido comprobar elDiario.es, han confirmado su sanción y ahora el líder sindical de la Policía Nacional podrá acudir al Tribunal Supremo si quiere seguir pleiteando. Entre otros argumentos, el subinspector consideraba que su condena por la vía penal impedía ser sancionado también de forma disciplinaria, que existieron irregularidades formales en el procedimiento, que la trifulca en el recinto ferial fue ajeno a su condición de agente de la autoridad o que se le ha sancionado de manera desproporcionada y sin pruebas.

La respuesta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Madrid, según ha podido comprobar este periódico, ha sido rechazar todas sus alegaciones. Que haya sido multado por lo penal, razonan los jueces, no “extingue” su responsabilidad disciplinaria, y que esa noche no estuviera de servicio “no implica que no pueda verse que actuó como policía” cuando increpó al agente que le quería identificar.

A lo largo del procedimiento, la Dirección General de la Policía afirmó que su conducta fue “inadmisible” acusando a Víctor Duque de “carecer por completo de autocontrol y disciplina”. La “intención subjetiva” del secretario general de la UFP al dirigirse así al policía, explicó la resolución ahora confirmada en la vía judicial, era “hacer valer su condición de máximo responsable sindical” frente a un agente más joven. También le acusó de transgredir los “elementales valores policiales” de “servicio, dignidad y lealtad”.

Causa penal por malversación

El procedimiento disciplinario arrancó varios años después del incidente, cuando su condena por un delito de desobediencia fue declarada firme. La sentencia del Tribunal Superior de Madrid, además de confirmar la sanción de 30 días de suspensión, también le impone las costas del proceso hasta un máximo de 800 euros aunque todavía puede presentar recurso ante la sala tercera del Supremo.

Al margen de este proceso disciplinario, Víctor Duque está procesado por un juzgado de instrucción de Madrid por la supuesta malversación de fondos en su gestión de la Unión Federal de Policía. La causa, ahora a la espera de juicio, arrancó en 2018. En todos estos años Duque ha seguido al frente de la organización, que cuenta con representación en el Consejo de la Policía y tiene varios portavoces como colaboradores en programas de televisión en temática de sucesos.

En esa causa judicial Duque está acusado de gastar dinero del sindicato, procedente de cuotas de afiliados y subvenciones públicas, en llevar una vida de lujo. También está imputado su secretario de Organización y Finanzas, José Manuel Heredia. Entre los gastos que ha examinado la magistrada en este caso pendiente de juicio está la sospecha de que usó la tarjeta del sindicato que lideraba para comprar joyas o pagar comidas y copas, algo que según los informes recogidos en la causa “no estarían justificados por una simple comida de reunión sindical, es un gasto desmesurado en beneficio propio”.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado este domingo un acuerdo de “formación” en “defensa personal” para 30.000 policías que impartirá la empresa de desalojos Desokupa, liderada por Daniel Esteve.

El sindicato policial ha publicado un vídeo en el que Esteve firma el acuerdo por parte del “Club Desokupa” junto a Mónica Gracia, secretaria general del sindicato mayoritario en la Policía. Según afirma Esteve, “Club Desokupa es un curso de formación de defensa personal muy real”, en el que van a adiestrar “tanto a civiles como a policías”. Se trata de cursos impartidos por “18 formadores” con hasta “500 policías a la vez”.

Gracia ha calificado el acuerdo de “histórico” y lo ha justificado con la existencia de “un problema en las calles” donde hay “una violencia desmedida” y “la autoridad se ha perdido”. El sindicato policial ha defendido así su colaboración con una empresa que desde hace varios años se dedica a difundir bulos y mensajes racistas en las redes sociales, entre otras iniciativas.

Pese a que el SUP ha asegurado que el curso será “homologado y baremable”, fuentes del Ministerio del Interior informan de que no es así, y que este Ministerio estudiará “la apertura de un expediente para analizar la posible impugnación del convenio y estudiar si conculca los valores democráticos”.

La cartera de Grande-Marlaska señala que la formación evaluable que realizan los agentes se realiza dentro del marco establecido por la Dirección General de la Policía, a través de la División de Formación y Perfeccionamiento, de la Escuela Nacional de Policía de Ávila y del Centro Universitario de la Policía Nacional. Por tanto, la formación externa realizada en virtud de convenios de sindicatos con distintas entidades, “carece de valor alguno de cara a evaluaciones profesionales”. 

En un vídeo posterior publicado en redes sociales, Esteve ha recalcado que las formaciones las realizarán agentes de policía.

Durante las pasadas elecciones generales, Desokupa se responsabilizó de haber desplegado una pancarta contra el presidente Pedro Sánchez y contra su Gobierno. La empresa también ha estado detrás de las protestas contra el Ejecutivo ante la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, que durante varios meses, desde el pasado noviembre y con motivo de la ley de amnistía, convocó a decenas de personas llegando a obligar a cerrar la vía al tráfico en numerosas ocasiones.

Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso, anunció este domingo el registro de varias preguntas al Ministerio del Interior, “que tiene que actuar contra la infiltración ultraderechista en las fuerzas y cuerpos de seguridad”. Errejón ha calificado a Desokupa de “banda escuadrista de extrema derecha dando cursos de formación que puntuarán para miles de policías nacionales”.

A través de las preguntas registradas este lunes en el Congreso, Sumar quiere saber si Interior va a realizar “actuaciones para que los tribunales ilegalicen grupos escuadritas como Desokupa”, “a la vista de su interés en penetrar en las fuerzas de seguridad y atendiendo a la prohibición de grupos paramilitares que se incluye en el articulo 22 de la Constitución?”.

La secretaria de organización de Podemos, Ione Belarra, se ha sumado a las críticas contra este acuerdo. “Desokupa es una organización paramilitar que debería estar ilegalizada en España”, ha escrito Belarra en un mensaje en X. El pasado mes de junio, Podemos anunció una proposición de ley en el Congreso para ilegalizar y perseguir penalmente a empresas de desokuapción como la liderada por Esteve. “Creemos que es urgente actuar ya para ilegalizar y para castigar penalmente de una vez por todas a esta gentuza, que se lucra persiguiendo y aterrorizando a las personas más vulnerables”, defendió entonces el portavoz de la formación, Pablo Fernández.

“Estupor, indignación, incredulidad, decepción y sobre todo mucha preocupación de que el SUP se haya dejado engatusar por la empresa Desokupa”, ha dicho el exministro José Luis Ábalos en su cuenta de X, donde ha mostrado su carné como afiliado honorífico del sindicato SUP, con el número 1, datado en 1985.

La nueva estrategia intimidatoria de Desokupa

Para lograr sus objetivos, Desokupa ya no solo utiliza la presencia de hombres hipermusculados a las puertas de un domicilio. Ahora también dispone de las redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores, para intimidar.

El líder de esta empresa se ha acabado haciendo famoso al albor de programas televisivos como el de Ana Rosa, en Telecinco, o el de Susanna Griso, en Antena 3, donde ha aparecido en directo en decenas de ocasiones explicando sus actuaciones más polémicas. Sus seguidores han subido como la espuma gracias a estos programas y ahora ya vuela solo.

La empresa dispone de dos cuentas de Instagram que suman 150.000 seguidores y de un canal de YouTube con 213.000 más. Su perfil de Facebook tiene más de 40.000 seguidores. Él mismo se define actualmente en su página web como un “influencer”.

Desde estas cuentas se dedica a publicar los rostros de los okupas a los que quiere expulsar para ejercer presión sobre ellos. En ocasiones también revela su nombre completo, el municipio en el que viven o incluso sus números de teléfono y pide a sus seguidores que le inunden a llamadas. También dispara mensajes racistas, tránsfobos y machistas y muestra apoyo a iniciativas y periodistas de extrema derecha.

Según diversos juristas consultados, este tipo de publicaciones vulneran claramente la normativa de protección de datos. “Utiliza la publicación de datos personales en una cuenta corporativa para ejercer presión social y coaccionar a personas”, apunta Pere Simón, abogado, doctor en derecho constitucional y consultor especializado en protección de datos. “Evidentemente esto no es una finalidad legítima prevista en la normativa”.

El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) ha denunciado al alcalde de Santo Domingo de la Calzada, Raúl Riaño, por quebrantamiento de condena, prevaricación omisiva y desobediencia grave. Así, desde el sindicato explican que la denuncia se presentó el pasado 21 de junio.

El motivo que ha originado esta denuncia comienza en 2022 cuando “el ex alcalde de la localidad y ahora diputado regional, David Mena, echó a la calle a un funcionario agente de Policía Local por un expediente disciplinario y por una supuesta infracción muy grave”. Este funcionario y agente de la Policía Local de la localidad calceatense acudió a justicia “y durante dos años y medio ha demostrado su inocencia en todos los juicios a los que el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada le ha obligado a acudir”. Y es que al parecer, “a cada sentencia favorable, el Consistorio apelaba sistemáticamente elevándolas a instancias superiores”. Así el periplo comenzó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Logroño, después el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y, por último, el Tribunal Supremo en Madrid.

“Y ha sido esta última sala, la que con fecha de 29 de mayo terminó con la huida hacia delante de la corporación calceatense al inadmitir a trámite la apelación y ratificar la inocencia del agente de policía, sin posibilidad esta vez de recurso, por lo que se obligaba al Ayuntamiento a cumplir la condena impuesta, que no es otra que reincorporar a este funcionario inmediatamente con todos los derechos inherentes de los que fue ilegalmente privado (sueldo no percibido en estos años, vacaciones, días de asuntos particulares, etc. con los preceptivos intereses de demora)”. Sin embargo, el sindicato policial asegura que “pasados más de dos meses del fallo del Tribunal Supremo, el Alcalde Raúl Riaño no obedece la condena ordenada”.

Ha pedido hasta seis veces la reincorporación

El funcionario y Policía Local despedido es el delegado sindical del SRPF. “Nuestro compañero ha solicitado oficialmente su reincorporación inmediata hasta en seis ocasiones, solicitud que ha sido ignorada de forma intencionada por el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada”. Es más, el agente advirtió en sus solicitudes que “de no cumplimentarse de manera inmediata el fallo del Tribunal Supremo se estaría incurriendo en un delito de desobediencia por prevaricación omisiva y se activarían acciones penales contra aquellas personas que pudiendo haber dado cumplimiento a la resolución judicial citada no se hubieron prestado a ello”. De ahí la denuncia interpuesta por este sindicato.

Ahora, apuntan, “estamos esperando la sentencia del juzgado número 1 de Haro, para conocer los detalles de la condena que se imponga al alcalde Raúl Riaño”. Una condena que esperan sea “contundente porque este funcionario lleva sin trabajo de manera injusta dos años y medio por un expediente disciplinario falso, y porque el Ayuntamiento ha apelado todas las sentencias para alargar su tortura; y ahora que la sentencia es firme el alcalde se niega a cumplir la condena desobedeciendo a la Justicia Española”. En definitiva, desde el sindicato confían que “la condena sea ejemplarizante porque estamos hablando de delitos muy graves con penas de multa e incluso inhabilitación para cargo público”.