La Dirección General de Turismo del Gobierno de Navarra ha creado un buzón para denuncias anónimas de pisos turísticos clandestinos tras haber detectado en 2025 40 alojamientos de este tipo sin licencia. La creación de este mecanismo forma parte del nuevo plan de inspección que ha aprobado el Gobierno foral para los años 2026 y 2027 y que contempla entre sus líneas estratégicas los objetivos de asegurar el mantenimiento de unos estándares de calidad de la oferta turística de Navarra, detectar y perseguir los servicios turísticos clandestinos, garantizar los derechos de las personas usuarias de los servicios turísticos, evitar el destino fraudulento de subvenciones concedidas en materia turística, asesorar en el cumplimiento de la normativa vigente y unificar criterios ante circunstancias homogéneas de la actividad empresarial.

Según explican desde el Ejecutivo navarro, “en su compromiso con el sector turístico reglado y de calidad”, la Dirección General de Turismo “vuelve a situar como prioridad” de su nuevo Plan de inspección la lucha contra la oferta clandestina, especialmente en el ámbito de los apartamentos y viviendas turísticas que ejercen la actividad de forma clandestina. “Para maximizar la eficacia de este control, se habilita un buzón de denuncias anónimas para que la ciudadanía pueda colaborar en la detección de ofertas clandestinas que, además de suponer una competencia desleal, pueden afectar a la convivencia vecinal y al mantenimiento de un modelo turístico sostenible y de calidad”, añaden.

Cada una de las líneas estratégicas se desglosa en una serie de programas, como el dedicado al control y verificación del cumplimiento de la normativa turística de aquellos alojamientos turísticos que inicien su actividad o que hayan efectuado modificaciones, especialmente las que hayan dado lugar a reclasificación del establecimiento.

Se realizarán controles a través de la información obtenida fundamentalmente a través de internet o de cualquier otro medio de difusión o a través del nuevo buzón de colaboración ciudadana

Balance de inspecciones 2025

En el marco del Plan de Inspección de Turismo 2025, la Dirección General de Turismo realizó más de 600 actuaciones. El desglose de las inspecciones fue el siguiente: 299 de comprobación de inicio de actividad; 144 de modificación de actividad; 69 por cese de actividad y 116 por cumplimiento de la normativa turística. También se realizaron 71 comprobaciones destinadas a la eliminación de las actividades y servicios turísticos clandestinos. Por último, se emitieron 73 informes de adecuación a la normativa turística solicitados por promotores, entidades locales, otros departamentos del Ejecutivo o grupos de acción local. Además, se atendieron 172 consultas acerca de la normativa turística.

De las 71 actuaciones destinadas a la eliminación de la actividad clandestina 37 (52%) se iniciaron a instancia de la ciudadanía y 34 (48%) por la actuación inspectora de la Sección de Ordenacion, Calidad e infraestructuras de Turismo. Como consecuencia de estas actuaciones, se han abierto 41 expedientes sancionadores, 40 de alojamientos clandestinos y 1 sobre incumplimiento de garantías de AAVV, de los cuales 32 ya han concluido con sanciones económicas que alcanzan una media de 5.000 € por sanción. El resto de los expedientes se encuentran en tramitación. 

La mayor parte de estos alojamientos irregulares se localizan en Pamplona / Iruña (24) y su comarca (10)

El Plan de Inspección no solo busca la sanción, sino la protección de un modelo turístico equilibrado. Al eliminar la oferta ilegal, la Administración asegura que los visitantes reciban servicios seguros y profesionales, a la vez que se mitigan los efectos negativos del turismo descontrolado sobre el precio de la vivienda y el descanso de los residentes.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado la decisión del Ayuntamiento de Valencia de suspender la tramitación y otorgamiento de las licencias para la implantación de nuevos usos terciarios hoteleros como las viviendas turísticas en determinadas zonas de la ciudad.

Los magistrados han tomado esta decisión en una sentencia notificada este jueves en la que estiman parcialmente el primer recurso interpuesto contra esta moratoria municipal.

La razón de la nulidad parcial del acuerdo dictado por unanimidad de todos los grupos en el Pleno del Consistorio valenciano el 28 de mayo de 2024 reside en que este se remitió a un precepto legal, el artículo 68.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, vigente en ese momento, que no permitía adoptar esa medida.

“El precepto no incluía en el texto original, por tanto, ni la suspensión de la tramitación y otorgamiento de las licencias de cambio de uso, ni la suspensión de la eficacia de las declaraciones responsables, que se añadieron al citado artículo 68.1 en la modificación operada por el decreto-ley 7/2024 (redacción en la actualidad vigente, tras la Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de simplificación administrativa”, según recoge la resolución judicial a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La Sala cita jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual la suspensión cautelar de la tramitación y otorgamiento de licencias acordada por la administración promotora de un plan urbanístico con el fin de facilitar el estudio o reforma de la ordenación urbanística, en cuanto se trata de una medida limitativa de derechos individuales, “ha de interpretarse de manera restrictiva”.

El Alto Tribunal valenciano considera por ello contrario a derecho el acuerdo del Pleno, en tanto que suspende la tramitación y otorgamiento de esas licencias para el cambio de uso a otros usos terciarios hoteleros como la eficacia de las declaraciones responsables que se hubieran presentado para implantar esos nuevos usos.

Los magistrados rechazan en cambio -de ahí la estimación parcial y no total del recurso- declarar la nulidad de la suspensión de la tramitación y otorgamiento de las licencias de edificación para nuevos usos terciarios hoteleros.

En este caso, según establece la sentencia, el Ayuntamiento sí justificó suficientemente con datos “la procedencia de la medida cautelar” a fin de “proteger el entorno urbano y garantizar el derecho a disfrutar de la vivienda, que constituyen, cabe reiterarlo, imperiosas razones de interés general a efectos de aquella normativa”.

A juicio de la Sala, la moratoria que afecta a las licencias de edificación resulta “necesaria y proporcionada”, ya que -como argumentaba el acuerdo del Pleno- solo por ese medio “se puede impedir con garantías de éxito (…) la consolidación de nuevos usos terciarios hoteleros mediante la obtención de nuevas licencias contrarias a la ordenación urbanística en estudio”. La sentencia dictada ahora por el TSJCV no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

El Ayuntamiento estudia recurrir al Supremo

Están por ver las consecuencias derivadas del fallo teniendo en cuenta que la moratoria decayó el pasado mes de marzo por la entrada en vigor de la nueva ordenanza reguladora.

Sin embargo, fuentes municipales han comentado que el TSJCV confirma que la suspensión de licencias para nuevos usos hoteleros y turísticos era necesaria, proporcionada y fundada en razones de interés general: proteger el entorno urbano y el derecho a una vivienda digna ante el crecimiento descontrolado de las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad.

Las mismas fuentes han explicado que la única matización del tribunal se refiere a una cuestión estrictamente técnico-jurídica: “Si la redacción del artículo 68.1 del TRLOTUP, vigente en mayo de 2024, amparaba expresamente la suspensión de licencias de cambio de uso y la eficacia de las declaraciones responsables. El Ayuntamiento defendió —y sigue defendiendo— que las licencias de edificación incluyen los cambios de uso, interpretación que comparte la propia legislación urbanística estatal”.

En este sentido, han añadido que el Decreto-Ley 7/2024 del Consell, posterior al acuerdo municipal, clarificó y amplió el artículo 68.1 del TRLOTUP incluyendo expresamente la potestad de la administración promotora de acordar la suspensión de la tramitación y otorgamiento de licencias por cambios de uso y otros títulos habilitantes distintos a las licencias, como las declaraciones responsables. “Todo ello confirma que el Ayuntamiento actuó en la dirección correcta y con la debida diligencia para proteger los barrios residenciales de Valencia”, han asegurado.

El PRC propondrá limitar la construcción de segundas residencias en suelo rústico en Cantabria, en el proceso de aprobación de la Ley de Vivienda. Así lo ha avanzado este miércoles el portavoz regionalista, Pedro Hernando, en una comparecencia ante los medios en el Parlamento, sin adelantar detalles de su futura enmienda, justo antes de advertir que el turismo no puede convertirse en un “elemento disfuncional” del mundo rural.

“Convertir el mundo rural en una segunda residencia de las comunidades autónomas cercanas y de la gente que viene a utilizar Cantabria como un elemento vacacional no es el modelo”, ha señalado ante las medidas que está tomando en este sentido el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP).

La reacción de Hernando responde a la reciente petición del Ejecutivo del PP a los ayuntamientos para que faciliten las autorizaciones de uso turístico en las viviendas construidas en suelo rústico. Tal y como ha publicado El Diario Montañes, esa orden llegó específicamente desde la Consejería de Urbanismo, en la última reunión de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

El departamento que dirige Roberto Media (PP) instó a los ayuntamientos de Cantabria a no denegar permisos de actividad turística a las viviendas levantadas en suelo rústico con licencias de construcción de la CROTU, propuesta que fue autorizada por la comisión.

La Consejería presentó la aclaración para los alcaldes, después de comprobar que algunos secretarios y técnicos municipales se negaban a autorizar las licencias o mostraban dudas al respecto porque consideraban que contravenía el sentido de fijar población en las zonas rurales que tiene la Ley del Suelo —modificada en 2024 con el apoyo del PRC—.

Un año después, el Gobierno aprobó otra modificación clave: la del decreto de viviendas turísticas, dejando en manos de los municipios las autorizaciones para que un propietario inscribiese su vivienda en el registro autonómico. Por lo tanto, sin la aprobación, la actividad de vivienda turistica sería ilegal. En la actualidad, la Consejería de Turismo analiza las peticiones, mientras la de Urbanismo pide ahora a los ayuntamientos que relajen las autorizaciones para uso turístico para construcciones legales.

Los tres colegios profesionales que recientemente se negaron a votar el futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) rechazaron la iniciativa de Urbanismo, aprobada en la CROTU gracias a la mayoría con la que cuenta el Gobierno en este órgano.

El argumento que utiliza el Gobierno de Buruaga es que, si el inmueble se ha construido legalmente, su uso es secundario. Consultado sobre si esta situación no pervertiría el sentido de la Ley del Suelo pactada con el PP, el portavoz regionalista ha elegido enfocarse en el decreto y ha reconocido que es “llamativo” que el Gobierno de Cantabria haya aprobado un decreto para limitar las viviendas turísticas y por “inacción”, lo anule mediante una orden: “Resulta que todas las viviendas que hayan pedido un informe al ayuntamiento, se haya emitido o no, van a poder ser este verano viviendas turísticas. Ese no era el objetivo del decreto”, ha recordado.

En algunos estatutos de las comunidades de vecinos es habitual encontrar un artículo que señala que dentro de los domicilios no podrá ejercerse “ninguna profesión y oficio”. En los textos más antiguos, se apunta que las casas deberán destinarse “única y exclusivamente a honesta vivienda”. Esta formulación, que se empleaba mucho antes de que Airbnb fuera uno de los lugares de referencia donde encontrar alojamiento vacacional, ha sido uno de los motivos principales por los que miles de viviendas no han obtenido el número de registro que las habilita para anunciarse en plataformas.

“Las limitaciones estatuarias son las que más limitaciones han generado”, explicaba en un acto organizado por el Colegio de Registradores el vocal de usuarios Ángel Chacón. En total, de las más de 412.000 solicitudes recibidas se han rechazado 86.275, que no cumplen con los requisitos. Algunas son fácilmente subsanables, como la falta de contratos de gestión entre propietarios y agencias o discrepancias en el número de ocupantes. Otras, como el veto de las comunidades, habilitadas desde abril de 2025 a prohibir estos usos por una mayoría de tres quintos o la propia limitación en los estatutos, o el uso de viviendas de protección oficial para alojamiento vacacional, son insalvables.

Los datos no responden a una estadística concreta, sino a la percepción de los encargados de gestionar esa ventanilla única, obligatoria desde el 1 de julio de 2025. Pero hay una serie que sí permite evaluar, en parte, el efecto de la medida. Desde 2020, el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza dos veces al año un web scraping, una técnica de rastreo que permite estimar el número de viviendas de uso turístico que se anuncian en todo el territorio.

El último dato del INE se publicó hace unas semanas, con datos de noviembre. La cifra total muestra un descenso en términos interanuales de más de 46.000 anuncios. Desde mayo, el último registro antes de la entrada en vigor de la obligatoriedad de la ventanilla única, fueron más de 52.000.

Aunque los expertos consultados consideran que es pronto para medir el impacto de la ventanilla única, sí apuntan a una profesionalización. “Desde distintas administraciones se está trabajando para regularizar el sector. Antes era una especie de ley de la selva, en la que se ponían las casas en las plataformas sin ningún requerimiento. En el momento en el que hay más trámites, registros, etc. buena parte de la oferta más amateur va saliendo del mercado y se queda el núcleo duro del negocio, agencias y grandes propietarios”, explica el vicedecano de la Facultad de Turismo en la Universidad Complutense de Madrid, Manuel de la Calle Vaquero.

“El hecho de que haya un mayor control hace que quieren quiera operar de manera oculta lo tenga aún más difícil y, quien está pensándoselo pero que hay una tramitación más complicada, tal vez se eche para atrás”, coincide el profesor de Derecho Público de la Universidad de Málaga, Manuel Moreno. La clave es qué ocurrirá con esas 50.000 viviendas turísticas menos, que el Gobierno quiere canalizar al alquiler de larga estancia. Los expertos tienen dudas de que ese trasvase se vaya a producir de forma automática. En un contexto de auge de discursos vinculados a una supuesta inseguridad jurídica de los caseros, mantener esas casas vacías o venderlas también puede ser una opción.

De lo que hay más evidencia es de los efectos colaterales de este tipo de alojamientos. Fedea publicó un documento de trabajo en el que analiza la literatura económica empírica sobre las externalidades de los alquileres turísticos y de corta duración. Entre las aportaciones positivas se sitúa una mayor variedad y flexibilidad de la oferta vacacional, sobre todo en periodos de alta ocupación, una redistribución del gasto hacia zonas residenciales, un impulso al sector servicios y aumento del empleo y los ingresos empresariales.

Al otro lado de la balanza, la documentación analizada señalaba efectos perniciosos sobre la asequibilidad de la vivienda, impactos adversos en los residentes y una mayor competencia para el sector hotelero tradicional. Unos efectos que se dan cuando el alquiler turístico alcanza “una concentración elevada”.

En el siguiente mapa se puede consultar la concentración y el número de viviendas de uso turístico por sección censal. Un análisis al detalle permite diferenciar grandes núcleos urbanos saturados de zonas rurales donde este tipo de servicios pueden suponer un revulsivo para la economía local o las regiones costeras, donde este tipo de alojamiento ha ido ganando terreno.

Fevitur, la patronal del alquiler de corta estancia, emitió un comunicado en el que lamentaba que el registro estatal deja fuera del mercado a “más de 64.000 viviendas turísticas legales”, que en realidad solo tienen vetada su promoción en plataformas y defienden que la salida de 46.000 viviendas “tan solo supone un 0,17% del parque residencial construido”. Sin embargo, si se analiza por zonas, ese porcentaje se dispara en las áreas más tensionadas, porque estos alojamientos se encuentran en muchos casos en zonas residenciales.

“En los grandes destinos urbanos, hay una concentración absoluta, fundamentalmente en el centro de las ciudades”, señala De la Calle, que apunta a una “tensión en el mercado de alquiler y venta”. En las zonas más céntricas de Madrid, como algunos distritos censales en torno a la Puerta del Sol, Malasaña o Chueca, estos alojamientos turísticos llegan a bloquear hasta el 20% de las viviendas para uso residencial. En Barcelona, son el 15,9% en la zona de Plaça de Catalunya. Y, en Sevilla, superan el 20% en buena parte del centro de la ciudad, con picos por encima del 30% en Santa Cruz.

Estos son solo tres ejemplos, porque la dinámica se repite en varias ciudades con atractivo turístico, como Granada, Mallorca o Canarias. Uno de los casos más claros de la tensión es Málaga, donde hay secciones céntricas con más del 50 y más del 90% de viviendas dedicadas al alquiler vacacional. Sin embargo, hay siete provincias donde han aumentado los anuncios y la malagueña es donde más se han incrementado, hasta el 6%, con un total de 48.261 viviendas.

“En muy poco tiempo, en [la ciudad de] Málaga se ha pasado de decir que las viviendas de uso turístico no tenían ningún impacto y eran buenas para la ciudad a una intervención a partir de 2024, con una modificación del plan general de ordenación urbanística, que les pone coto”, explica Moreno Linde. Este experto apunta también a un fenómeno de reubicación, ante determinadas normativas que buscan limitar esta actividad allí donde tensionan el acceso al uso residencial o la convivencia en los barrios. “Lo que hacen estos planteamientos es impedir que se implanten más en estas zonas, pero no en el resto”, explica.

Con matices, es algo similar a lo que ocurre en Madrid. El Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida aprobó el Plan Reside, con el que restringe la dispersión de pisos turísticos en edificios de viviendas en la almendra central, pero sí permite reconvertir bloques completos. Esto ha provocado, por un lado, la expulsión de inquilinos de escaleras enteras, en los casos en los que los caseros quieran cambiar el uso de los inmuebles, como ha pasado con dos bloques propiedad de la Casa de Alba. Por otro, se prevé una traslación de la presión a aquellos distritos donde las restricciones son más laxas.

“En general, la normativa que se está aplicando parte de una situación en la que los que están se quedan y los nuevos no pueden entrar”, señala De la Calle, que coincide en que, “en Madrid, se intenta limitar la presión sobre los centros urbanos, mientras las condiciones de implantación son más flexibles en las zonas más periféricas”. Estas no se verán afectadas por igual, porque las lógicas de inversión se decantan hacia aquellas áreas mejor comunicadas. “Carabanchel, Lucero o Usera son zonas muy dinámicas, donde se trasladará parte de la presión. En Vallecas irá hacia la parte más cercana a Pacífico”, razona el experto.

Al margen de la reducción de anuncios interanual, si se amplía el foco al inicio de la estadística experimental, la comunidad autónoma donde más se han reducido las ofertas es en Catalunya. La comparativa no es del todo exacta, porque el INE cambió la fecha en la que hacía el rastreo, al considerar que el mes de noviembre se ajustaba más a la demanda turística. Sin embargo, si se compara el último dato con el publicado en febrero de 2020, los pisos en alquiler turístico aumentaron en 35.000 unidades en el conjunto del Estado, pese a una caída en esta comunidad de más de 8.000, algo superior a Balears. En Madrid ha habido un descenso de 2.500 anuncios en estos cinco años, especialmente desde agosto de 2024; además de una caída testimonial, de apenas un centenar en Murcia.

“La referencia siempre ha sido Barcelona”, indica el vicedecano de turismo de la Complutense, “mientras el resto de ciudades van aplicando las medidas que empezaron implantarse allí hace años”. En esta localidad, el alcalde Jaume Collboni se comprometió, ya en 2024, a no renovar ninguna de las 10.000 licencias que había en la ciudad, lo que supone la eliminación de esta actividad para 2028, cuando todas caduquen.

Pese a los datos y las normativas más o menos laxas que tratan de poner coto a una actividad que ha tensionado ya las zonas más centricas de las principales ciudades españolas, los expertos señalan que el fénomeno, extendido a escala global, ha llegdo para quedarse. Lo harán, eso sí, los actores más profesionalizados: “La lógica de la economía colaborativa era una estrategia de márketing”.

El número de viviendas vacacionales disponibles en Canarias el pasado febrero (las registradas oficialmente) ascendía a 42.896, un 4% menos que el mismo mes de 2025 y el dato más bajo en dos años.

Mayor fue el descenso del número de plazas disponibles en esta modalidad alojativa (176.657), concretamente un 6,6% menos respecto a febrero de 2025, según la estadística experimental de vivienda vacacional que publica el Instituto Canario de Estadística (Istac).

En el segundo mes del año, 42.262 viviendas vacacionales recibieron alguna reserva, lo que supone un 92,7% del total de las disponibles en Canarias en las plataformas digitales analizadas.

La mayor parte de este tipo de viviendas está en Tenerife, que concentra el 41% del total; en Gran Canaria están ubicadas el 23%, y en Lanzarote y Fuerteventura, el 15% y el 14%, respectivamente.

Arona es el municipio con mayor oferta de viviendas vacacionales en Canarias, con 4.231, seguido de Adeje (3.815), San Bartolomé de Tirajana (3.670), La Oliva (3.335), Yaiza (2.362) y Tías (2.079).

Cifras superiores a las totales de La Palma (1.972), La Gomera (824) y El Hierro (461).

Los municipios con menor implantación del alquiler vacacional son Valleseco (16 viviendas ofertadas en plataformas), Artenara (23), San Andrés y Sauces (26), La Victoria (26), Barlovento (33), Betancuria (35), Firgas (39), Arafo (39) y Vilaflor (42).

En cuanto a las capitales de provincia, Las Palmas de Gran Canaria cuenta con 2.101 viviendas vacacionales disponibles por 910 en Santa Cruz de Tenerife.

La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Cantabria tramita la construcción en suelo rústico de seis apartamentos turísticos más en Liencres. Con esta nueva promoción ya son 20 los alojamientos vacacionales proyectados desde principios de año, a los que suman siete piscinas.

Todo ello sobre suelo rústico, que el Gobierno de Cantabria del Partido Popular permite urbanizar con el argumento contribuir a reducir la despoblación, en la estrategia de liberalización del suelo rústico que impulsó esta legislatura para permitir la construcción de viviendas unifamiliares y “asentar población” en núcleos rurales. Frente a este objetivo, un gran número de los expedientes presentados ante la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) son para el negocio de viviendas turísticas, que no generan más habitantes en los pueblos.

De los 20 alojamientos turísticos que se están tramitando en suelo rústico desde principios de año, 14 se localizan en el pueblo de Liencres, dentro del municipio de Piélagos, a través de dos proyectos. Uno de ellos estará ubicado en una parcela rústica de 1.846 metros cuadrados en el barrio de Las Mazas, en la entrada del pueblo, a la orilla de la carretera comarcal que lleva hasta el Parque Natural de las Dunas de Liencres. El otro, que tramita ahora Urbanismo, es un proyecto para otros 6 alojamientos turísticos en una parcela de 3.610 metros cuadrados de superficie en el barrio El Cutío.

Actualmente en la parcela hay dos construcciones deterioradas: un cobertizo y una estructura de dos plantas sin cerramiento. Los promotores proyectan construir un edificio con forma rectangular cuyo cuerpo principal se corresponde con la estructura de hormigón existente. Se distribuirá en apartamentos turísticos, cuatro en planta baja y dos en planta primera.

Según detalla el proyecto, consultado por elDiario.es, la intervención aprovecha la estructura existente de hormigón que formaliza un volumen de planta cuadrada de dos alturas, que se completa con construcciones de planta baja y obra nueva tras demoler la construcción de bloque existente. Su acceso principal se realiza por el sur por una calle municipal.

Un apartamento en la playa a mejor precio gracias a las ayudas públicas para la vivienda. Este era el chollo que anunciaba la promotora de viviendas de VPO en el sector Nou Nazareth de Sant Joan d'Alacant. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, ya mantenía bajo investigación esta promoción debido a diversas anomalías detectadas en el proceso de comercialización, un escenario que el PSPV atribuye a la dejadez de funciones del gobierno local encabezado por Santiago román.

Los socialistas denuncian que se ha permitido una gestión opaca en un suelo de titularidad pública, lo que recuerda inevitablemente al reciente escándalo de las VPO en Alicante capital, donde el PP también se vio salpicado por irregularidades en la adjudicación y el control de inmuebles protegidos.

La polémica ha cobrado fuerza tras difundirse la publicidad de la promotora adjudicataria, Promored, que en su portal web invitaba a adquirir estos inmuebles como destino vacacional. El anuncio especificaba textualmente que la promoción resulta “excelente tanto para residir todo el año como para una segunda vivienda: más luz, más aire libre y el mar cerca”. Esta oferta choca frontalmente con la legislación vigente, que prohíbe taxativamente el uso de viviendas de protección pública como segunda residencia, ya que su fin social es garantizar el derecho a un hogar habitual y permanente para personas con recursos limitados.

El origen del conflicto radica en la vulneración de los principios de transparencia y concurrencia competitiva que deben regir cualquier adjudicación de suelo público. Según las denuncias del PSPV, la mercantil habría estado captando clientes y solicitando adelantos económicos de 1.750 euros en concepto de reserva para unas viviendas que todavía no contaban con la calificación provisional obligatoria ni con el contrato de venta del suelo formalizado. Esta práctica no solo supone un riesgo financiero para los solicitantes, sino que evidencia una falta de tutela administrativa por parte del consistorio, que habría permitido que una empresa privada gestionara a su arbitrio un recurso público destinado a las familias más vulnerables del municipio.

Asimismo, las sospechas sobre el proceso de selección de los beneficiarios han aumentado tras conocerse registros de entrada en el Ayuntamiento que alertan sobre adjudicaciones presuntamente arbitrarias. El PSPV ha destacado casos de ciudadanos que consiguieron una vivienda de tres dormitorios de forma casi inmediata tras presentar una queja formal, mientras cientos de inscritos que mostraron interés meses antes de la adjudicación de la parcela fueron ignorados por la comercializadora. Esta gestión discrecional de las listas de espera, sumada al silencio de la concejala de Vivienda, Charo Tomás, ha llevado a los socialistas a exigir una comisión de investigación urgente y a advertir con elevar el expediente a la Fiscalía si no se depuran responsabilidades políticas ante lo que califican como un fraude al interés general.

Apenas un 17,2% de las viviendas turísticas de Andalucía cumplen los requisitos para poder anunciarse en las principales plataformas, como Booking o Airbnb. Así lo admite la patronal de propietarios y gestoras de viviendas turísticas de Andalucía (AVVAPro), que alerta de un “colapso” por la “barrera burocrática insalvable” del nuevo Registro Único puesto en marcha por el Ministerio de Vivienda, al que pide una moratoria que evite la retirada de miles de anuncios. AVVAPro alerta de “graves perjuicios económicos, jurídicos y reputacionales” para “familias y profesionales”. Desde julio, la inscripción y puesta al día en ese registro es requisito para obtener el código con el que anunciarse en las plataformas de referencia.

En Andalucía hay 153.517 viviendas que cuentan con una licencia vigente concedida por la Junta de Andalucía para operar como vivienda turística, pero una inmensa mayoría no han completado los dos procesos obligatorios para inscribirse en el Registro Único, aprobado en diciembre de 2024 y puesto en marcha en julio de 2025. De esta forma, 86.411 (el 57%) no se han inscrito, y de las 67.106 que sí lo han hecho, sólo el 40% (unas 26.840) han presentado en tiempo (antes del 2 de marzo) el nuevo modelo con las estancias de 2025, según los datos de AVVAPro. Según estas cifras, casi 130.000 estarían en el limbo.

En teoría, a partir de este martes sólo una mínima parte de las viviendas con licencia, poco más de 25.000, podrían anunciarse en plataformas como Airbnb o Booking. El resto, tendrán una licencia en vigor concedida por la administración competente en materia de turismo (la Junta de Andalucía), pero podrían ver revocado su acceso al principal canal de comercialización de estos alojamientos al no haber recibido un número de registro por no cumplir con las exigencias del Ministerio.

Según la patronal, el impacto sobre la actividad turística en algunos municipios puede ser mayúsculo. Los bajos porcentajes de inscripción “amenazan con paralizar la oferta turística legal en zonas que dependen en gran medida de las VUT para diversificar su economía”, alerta AVVAPro.

Dos registros

El atasco afecta a viviendas que operan de acuerdo con los criterios establecidos por la Junta de Andalucía y están inscritas en el registro autonómico. Es decir, legalmente; al menos, a priori. Esas viviendas deben ahora inscribirse también en el Registro Único estatal para poder anunciarse en las principales webs. Y Andalucía, cuyo turismo representa en torno al 13% del PIB, es la comunidad autónoma en las que el registro único ha rechazado más inscripciones, 21.000, según las cifras ofrecidas por el Ministerio hace un mes. Siete de los 20 municipios con mayor número de peticiones denegadas están en Málaga: Marbella (2.993), Málaga (1.845), Benalmádena (1.035), Fuengirola (719), Mijas (664) y Estepona (505).

Fuentes del Ministerio apuntan a la laxitud de algunas comunidades autónomas para verificar los requisitos legales para obtener la licencia, mientras que en el Registro único “se comprueba verdaderamente” la documentación. “Hay CCAA que no comprueban si las viviendas tienen las licencias necesarias, si las comunidades de propietarios han autorizado la actividad económica...”, explican.

En Andalucía, basta una declaración responsable de que la vivienda no incumple ninguna normativa municipal y es compatible con el PGOU para poder inscribirla en el registro, sin perjuicio de que luego pueda revisarse esa inscripción a petición de los ayuntamientos. La Junta de Andalucía dice haber desinscrito más de 13.000 viviendas turísticas hasta febrero de 2026, si bien este medio desveló que en Málaga caducaron cientos de expedientes de desinscripción por la inacción combinada de Ayuntamiento y Junta.

Con todo, el Ministerio rebaja el impacto sobre la operatividad del sector del nuevo registro único. Fuentes del departamento que dirige Isabel Rodríguez explican que de las más de 150.000 con licencia en vigor, hay muchas que no están operando realmente o que se comercializan por otras vías. En noviembre de 2025, el INE calculaba 91.757 viviendas turísticas operativas en Andalucía en las principales plataformas, por las 150.000 inscritas en el Registro. “El registro andaluz no tiene por qué ser una foto de las viviendas que se quieren publicar en plataformas”, subrayan.

De esta forma, las que no han cumplido aún los dos requisitos del nuevo registro no serían 130.000, como da a entender la patronal, sino como máximo unas 65.000 (91.757 del total que se anunciaban menos 26.840 que ya están inscritas y han presentado el registro de estancias de 2025).

Choque de competencias

De fondo, late una disputa entre la Junta de Andalucía (además de otras comunidades autónomas y las patronales) y el Gobierno central sobre cómo afrontar el fenómeno de los pisos turísticos y su impacto sobre la disponibilidad de vivienda, particularmente en zonas con una abundante oferta turística disparada en los últimos años y escasez de vivienda asequible, como Málaga, la Costa del Sol, Cádiz o algunos barrios de Sevilla. El Gobierno central no oculta su voluntad de sacar viviendas del mercado turístico para reincorporarlas al residencial. El Gobierno andaluz, a través del consejero Arturo Bernal, ha calificado esta visión de “ideologizada”.

El choque es de competencias, porque la Junta de Andalucía tiene las de Turismo (y por tanto, la concesión de licencias de pisos turísticos) y la administración central tiene las de Vivienda. En Andalucía existe desde 2016 un registro para todas las viviendas turísticas, pero el Ministerio impuso la obligación de que, desde julio de 2025, estas viviendas se inscribieran también en un nuevo registro, aduciendo que la Unión Europea obliga a contar con uno “único” para todo el territorio. Si no están inscritas en ese registro las viviendas no obtienen un código con el que anunciarse en las principales plataformas.

La Comisión ha dado hasta finales de mayo para que Junta y Gobierno central eliminen esta duplicidad, mientras en el Tribunal Supremo se dirime cuál de las dos administraciones es competente.

Plazo “suficiente”

En medio de esta batalla legal, la denuncia del lobby de las viviendas turísticas apunta a un problema práctico, que algunos operadores trasladan desde hace tiempo: las delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía en algunas provincias con muchas viviendas turísticas (Cádiz o Málaga) están tardando en entregar la acreditación de que la vivienda tiene uso turístico; además, los registros de la propiedad (que operan el nuevo registro del Ministerio) también están saturados.

A esto se ha sumado la entrada en vigor de un nuevo requisito, previsto en el Decreto de diciembre de 2024 pero cuyo cumplimiento no se ha exigido hasta este 2 de marzo: un modelo en el que se consignen las estancias en cada vivienda turística a lo largo del año, a presentar también ante el Registro de la Propiedad, al que se carga con un nuevo trámite.

Fuentes del Ministerio aseguran que se han presentado la “inmensa mayoría” de los modelos, sin cuantificar ni desglosar por comunidades. El Ministerio cree que el plazo de un mes que ha dado es suficiente “dada la simplicidad del modelo” y que ha ofrecido ayuda presencial y telefónica a quien la ha necesitado. “En cualquier caso, el Colegio de Registradores está trabajando con el Ministerio de Justicia para determinar la forma de proceder con los restantes casos en los que no ha habido depósito.

Según la patronal, el problema es de gestión. “No se puede penalizar a propietarios legales por la incapacidad del sistema para procesar las solicitudes”, señala AVVAPro.

El “muro burocrático” sería generalizado en todas las provincias, pero afecta especialmente a provincias como Málaga, Cádiz o Huelva. En Málaga, la provincia con mayor volumen de licencias (87.370, el 57% de todas las de Andalucía), sólo se han completado 36.939 registros. En Cádiz, se han completado 7.306 registros de 23.497 viviendas con licencia.

Según AVVAPro, los peores datos se dan en municipios costeros y pueblos pequeños donde las viviendas turísticas “representan la principal fuente de ingresos”, como El Bosque (2% de registros sobre licencias), Barbate (12%), Arcos de la Frontera (11%), Chipiona (8%), Chiclana de la Frontera (28%), Conil de la Frontera (31%), Jabugo (4%), Almonte (17%), Isla Cristina (27%), Lepe (24%), Benahavís y Benalmádena (25%).

La Comisión Europea acaba de remitir al Gobierno español sus observaciones al anteproyecto de Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, que se tramita ahora ante el Parlamento andaluz. En el documento, el Ejecutivo comunitario alerta de que la obligación de que los pisos turísticos se inscriban en el Registro de Turismo de Andalucía para anunciarse en plataformas se añade a la obligación similar de inscribirlos también en el registro recién creado por el Ministerio de Vivienda, y que esa duplicidad es “contraria” a una norma europea que está a punto de entrar en vigor.

La Comisión pide a las “autoridades españolas” que corrijan esto con urgencia, pero ni Junta de Andalucía ni Gobierno de España parecen dispuestos a ceder, porque implicaría eliminar uno de los dos registros o, como mínimo, modificarlo sustancialmente. Hay dos registros y solo puede quedar uno.

El asunto se dirime en clave de competencias, y sobre ello deberá pronunciarse próximamente el Tribunal Supremo, ante el que el Gobierno andaluz impugnó el registro único que el Gobierno central puso en marcha el año pasado, por entender que no tiene competencias para ello. La Junta de Andalucía tiene competencias exclusivas en materia de Turismo, el Gobierno las tiene de Vivienda. El registro único obliga a obtener un código para anunciar el piso turístico en Airbnb o Booking, no para ejercer la actividad.

La divergencia entre el Gobierno central y el andaluz es también de modelo: la Junta de Andalucía acusa al Gobierno central de enfocar el asunto desde un punto de vista “exclusivamente ideológico” que daña al turismo, mientras el Gobierno apunta a Andalucía por la manga ancha con la que operan las viviendas turísticas, tensionando el mercado del alquiler, como demuestran algunos estudios. “Emplazamos a la Junta de Andalucía a seguir la línea del Gobierno y a priorizar la vivienda para vivir”, dicen fuentes del Ministerio.

La Comisión Europea deja claro que los establecimientos de alojamiento turístico de Andalucía no pueden estar obligados a inscribirse en dos registros (el del Ministerio y el de la Junta), porque eso contraviene el Reglamento sobre alquileres de corta duración de la UE, que entrará en vigor para todos los países el próximo 20 de mayo. Antes de esa fecha, la duplicidad debe estar corregida.

Además, la Comisión cree que “existe el riesgo” de que la nueva ley andaluza sea contraria al Reglamento comunitario de Servicios Digitales, ya en vigor, por imponer requisitos adicionales a las web y plataformas, como facilitar datos a las autoridades o retirar anuncios de los que incumplan, bajo posibilidad de sanción de hasta 100.000 euros si no cumplen. Las autoridades europeas recuerdan que España ya designó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para supervisar la aplicación del Reglamento, y que la facultad de la Junta de Andalucía para imponer sanciones podría entrar en colisión. A esto se suma la complejidad jurídica de exigir el cumplimiento a plataformas web radicadas fuera de España.

Ambas interpretan la advertencia europea como un respaldo

Tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio interpretan a su favor la advertencia de la Comisión, que en ningún caso señala cuál de las dos administraciones debe suprimir o modificar su registro, ni cuál tiene competencias.

La Consejería de Turismo de Andalucía emitió este jueves una nota en la que asegura que “la UE da la razón a Andalucía”. “Bruselas ha ratificado nuestra tesis de que una misma vivienda no puede estar sometida a más de un procedimiento de registro cuando ya existe uno obligatorio”, asegura el consejero Arturo Bernal.

La tesis de la Junta es que, si no puede haber dos registros, sólo debe quedar el suyo, que llegó primero y además tiene las competencias en Turismo. Andalucía tiene este registro desde 2016. La inscripción es sencilla: basta presentar una declaración responsable de que se cumple la normativa municipal (por ejemplo, que no hay una moratoria a nuevas VUT en el municipio, que no está en una zona declarada saturada, o que cumple con la zonificación del PGOU) y, recientemente, acreditar que la comunidad de propietarios no las ha prohibido en el edificio.

En la práctica, incluso las VUT que no cumplen pueden operar durante meses porque la comprobación de la declaración responsable ocurre a posteriori y es lenta, sobre todo en puntos con mucha demanda como Cádiz o Málaga. La Junta ha firmado protocolos con algunos ayuntamientos mecanismos para agilizar la vigilancia, pero en la práctica se producen casos como el de Málaga, donde el Ayuntamiento dejó caducar expedientes de desinscripción que él mismo inició en el verano de 2024, unos 1.500 según algunas fuentes, de modo que ahora debe reiniciarlos. Mientras, las VUT que no cumplen los requisitos siguen operando.

El otro registro, el estatal, fue creado en diciembre de 2024, y es obligatorio desde el pasado 1 de julio. La Junta de Andalucía lo llevó al Tribunal Supremo por entender que invade sus competencias. Fuentes del Ministerio recalcan que el Registro estatal se crea precisamente para trasponer una directiva europea, que obliga tener un registro único de viviendas de corta duración, y subrayan el éxito de su puesta en marcha, gestionado por el Colegio de Registradores. Desde julio, en toda España han denegado la solicitud de 86.000 viviendas turísticas o de temporada para obtener un número de registro y, por tanto, para anunciarse en plataformas.

A la cabeza está Andalucía, con 21.872 viviendas turísticas o de temporada a las que el Ministerio ha denegado la inscripción, y para las cuales puede pedir a las plataformas que retiren los anuncios. Málaga, meca del alquiler turístico, copa siete de los 20 primeros municipios con más solicitudes denegadas. Sin embargo, esto no implica que dejen de estar inscritas en el registro autonómico. El Gobierno andaluz las sigue considerando legales, e insiste en que la Junta es la única administración competente para declarar la ilegalidad de una vivienda turística. El hecho de que el Gobierno las haya “declarado como ilegales no tiene ninguna consecuencia jurídica”, dice el Ejecutivo de Moreno.

Un proyecto de ley ya en el Parlamento

En medio de una disputa con evidentes trazas políticas, la intervención del sistema de control de disposiciones normativas de la Comisión Europea (TRIS, en la jerga comunitaria) supone una advertencia técnica que puede acabar desembocando en un procedimiento de infracción contra España.

El TRIS es un mecanismo de evaluación previa de disposiciones normativas de un Estado miembro que pueden afectar al mercado interior. Es decir, España consulta con la Comisión si una determinada norma (de rango autonómico o estatal) impone nuevas barreras al comercio, dificulta la libre circulación de bienes o servicios o rompe la armonización del mercado único. Y esa es la advertencia que ha lanzado el Ejecutivo comunitario.

España envió el proyecto de Ley de Turismo Sostenible de Andalucía en octubre, y ha recibido respuesta ahora. El anteproyecto de Ley de Turismo Sostenible comenzó su tramitación parlamentaria la semana pasada superando varias enmiendas a la totalidad. Entre sus muchas disposiciones, introduce obligaciones para webs, canales o plataformas que publicitan establecimientos o servicios turísticos sujetos a inscripción obligatoria, señalando que sólo pueden publicitarse los establecimientos inscritos en el Registro andaluz.

Deberá debatirse en comisión antes de su aprobación final en Pleno, si es que no decae antes por la convocatoria de elecciones autonómicas, previstas como tarde para el próximo mes de junio.

La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria ha tramitado durante el primer mes del año la construcción de seis piscinas y doce alojamientos turísticos sobre suelo rústico en la comunidad autónoma. Lo ha hecho gracias a la reforma de la Ley del Suelo que impulsó el Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) para, según señalaron con esta modificación de la normativa urbanística, fijar población rural favoreciendo la construcción de viviendas unifamiliares en las parcelas no urbanizables de los vecinos de estas localidades rurales.

Sin embargo, la política de liberalización urbanística de Cantabria empieza a generar un efecto contrario al objetivo con la, cada vez más frecuente, construcción de segundas residencias, alojamientos turísticos y piscinas privadas, como evidencia las cifras de los proyectos tramitados a lo largo del mes de enero de 2026.

Los proyectos de alojamientos turísticos consultados por elDiario.es estarán ubicados en suelo rústico de Liencres -donde se tramita una vivienda con ocho apartamentos-, Liaño y Cabezón de la Sal. Además, en San Pedro del Romeral y Soba se han solicitado autorizaciones para reconvertir tres cabañas para uso turístico.

Más piscinas privadas

Los permisos para construir piscinas en suelo no urbanizable también crecen. Solo en enero, la Dirección de Urbanismo y Ordenación del Territorio ha tramitado seis, vinculadas a viviendas particulares en localizaciones como Cabezón de la Sal, Liencres, Orejo, Galizano y San Miguel de Meruelo.

Las piscinas en suelo rústico de protección ordinaria tienen la consideración de “instalaciones deportivas al aire libre” aunque sean privadas y estén vinculadas a una vivienda particular.

Por tanto, no hay limitaciones para que puedan construirse en suelo rústico, incluso protegido. Se adscriben a la categoría de usos deportivos y de ocio que comprende la instalación de piscinas públicas o privadas, tirolinas, parques de aventuras, paint-ball, campos de golf, pistas deportivas (tenis, pádel, etcétera), motocross, campos de fútbol, pistas de motos, cross, karts, ciclismo, laberintos, junto con las instalaciones cubiertas necesarias.

Mayor control y más estricto. El Gobierno de Asturias endurece la normativa que regula las Viviendas de Uso Turístico (VUT) con la aprobación de un decreto donde, entre otras novedades, prohibe la entrega de llaves mediante el sistema de cajetines en la calle e incluye la obligatoriedad de contar con un baño por cada cuatro plazas y disponer de sistema de monitorización de ruido.

Esta es una de las principales actuaciones que han sido aprobadas este lunes por el Ejecutivo autonómico en su sesión del Consejo de Gobierno.

El decreto aprobado regula las viviendas vacacionales y de uso turístico. La vicepresidenta Gimena Llamedo ha explicado que esta normativa busca aumentar la calidad de la oferta, facilitar la convivencia entre visitantes y población y combatir prácticas ilegales.

La nueva normativa, que desarrolla la reciente reforma de la Ley de Turismo, responde a la evolución del mercado y al incremento de alojamientos gestionados a través de plataformas digitales y, según expone el Gobierno asturiano, está diseñada para facilitar el derecho a la vivienda.

Los requisitos

El decreto incorpora las medidas relativas a publicidad, normas internas, recepción o estándares de calidad que deben reunir estas viviendas. Entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).

Las viviendas turísticas deberán incluir su número de signatura del Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado y su localización exacta en cualquier tipo de publicidad o plataforma de comercialización.

Contactos de emergencia

Los alojamientos deberán facilitar información sobre normas internas, accesos, condiciones de uso, contactos de emergencias (policía, 112, bomberos y servicios sanitarios), horarios de entrada y salida y precios.

Además se requiere un servicio de recepción presencial o a distancia de la clientela. Por tanto, no será posible la entrega de llaves a través de cajetines o similares ubicados en la vía pública.

Internet “salvo en zonas sin cobertura”

La normativa establece estándares precisos de calidad y seguridad que deben cumplir estas viviendas, entre los que destacan la instalación de un baño por cada cuatro plazas, límites de ocupación por superficie, con un máximo de ocho plazas, un botiquín, un extintor de seis kilogramos de polvo ABC por planta, conexión a internet o teléfono, salvo en zonas sin cobertura, un plano de evacuación y señalización de salidas al exterior, así como un sistema de monitorización de ruido.

La normativa establece entre otros requisitos unos límites de ocupación por superficie, con un máximo de ocho plazas, la dotación de un botiquín, un extintor de seis kilogramos de polvo ABC por planta, conexión a internet o teléfono salvo en zonas sin cobertura, un plano de evacuación y señalización de salidas al exterior, así como un sistema de monitorización de ruido

Los alojamientos tendrán que ofertar servicios de reparación y mantenimiento, limpieza diaria (excepto cocina y menaje) y cambio de lencería cada cuatro días. También se ofrecerá información turística sobre el entorno en el que se ubican.

Los plazos para cumplir estos requisitos se dividen en dos tramos: 12 meses para alcanzar la ratio de baños y las superficies mínimas y seis para el resto.

Los incumplimientos

El texto también detalla los plazos de suspensión que pueden aplicarse en caso de incumplimiento, que van desde un período mínimo de seis meses a un máximo de cuatro años. Entre esos incumplimientos figuran la falta del certificado de la comunidad, la inexistencia de seguro de responsabilidad civil, el incumplimiento de habitabilidad o seguridad o falsedad en la declaración responsable.

La norma también reconoce la función clave de las entidades locales en el ejercicio de sus competencias, de manera particular las urbanísticas, para establecer limitaciones a las viviendas de uso turístico por razones de interés general.

El papel de los ayuntamientos

También se prevé la suscripción de convenios entre la Administración autonómica y las entidades locales para facilitarles asesoramiento y formación técnica e impulsar medidas de simplificación.

En el procedimiento de comprobación del cumplimiento de requisitos posterior a la declaración responsable que deben presentar los promotores, el Principado recabará al ayuntamiento correspondiente un informe sobre aquellos que afecten a su competencia y comprobará la existencia de las cédulas de ocupación en los casos en que sean necesarias. De este modo, la persona titular de la actividad tendrá que aportar la documentación acreditativa del resto de los requisitos.

Aumentan las inspecciones

La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Gimena Llamedo, ha señalado en rueda de prensa, tras la celebración del Consejo de Gobierno, que la norma ha sido elaborada en “diálogo” con los sectores implicados, supone dar un “salto de calidad” y “pondrá coto” a quienes no cumplan con los requisitos exigidos.

Además, ha destacado el aumento del número de inspecciones realizadas en este tipo de alojamientos, que han pasado de 248 al inicio de la legislatura a 3.070 a finales del pasado año, con 261 sanciones. También se han retirado 115 anuncios ilegales en plataformas digitales de un total de 177, dado que “no atendían a la normativa vigente”.

Retirada de anuncios

Por otro lado, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado a las plataformas a distancia la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales, de las que 1.560 corresponden a Asturias, y les ha pedido que retiren sus anuncios.

Se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos.

Desde el pasado mes de julio, es obligatorio un código, que otorgan los Registradores de la Propiedad y que se comparte con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para poder comercializar en las plataformas los alquileres de corta duración.

“Empezamos 2026 con una mala noticia: las dueñas del local han puesto La Libre en venta y nos han dado un estrecho margen de maniobra. La Libre quiere seguir existiendo y para ello va a necesitar todo tu apoyo”. Así arrancaba el correo que le mandó en enero el colectivo sociocultural y librería La Libre, en Santander, a diversos colectivos sociales de la ciudad para buscar alternativas.

Los colectivos de dos centros sociales autogestionados en Santander, Smolny y La Libre, enfrentan la finalización de los contratos de alquiler de los locales donde llevan 8 y 15 años, respectivamente. Los caseros de Smolny se lo anunciaron a inicios de 2025 y los sacarán del barrio santanderino del Carmelo en septiembre de 2026. A los de La Libre se lo dijeron en diciembre, y la finalización de su alquiler aún no tiene fecha cerrada.

Además de la extinción de estos alquileres, hay otro centro sociocultural -cuyos gestores prefieren no dar su nombre-, al que los propietarios le suben “hasta casi el doble” el arrendamiento este año, en una zona en proceso de gentrificación como es el entorno de la calle San Simón. Aunque están en negociaciones y no les habían subido el alquiler en 16 años, la subida es inminente.

La presión inmobiliaria tiene efecto rebote: no son tres colectivos los afectados, cada centro social es punto de encuentro de decenas de organizaciones más. La Libre ha convocado una asamblea, que se celebrará el próximo 30 de enero, para evaluar opciones, como recaudar fondos para comprar el local o ampliar la cuota de socios, y afrontar un panorama crítico porque un local de sus características hoy cuesta el doble “necesitando reforma”, advierten desde La Libre.

Junto a la Oficina de Vivienda

La Libre -que funciona de forma autogestionada igual que Smolny- es un local de 100 metros cuadrados, en el número 1 de la Rampa de Sotileza. Es una de las calles más antiguas de Santander, la última que mantiene el empedrado, a 62 metros de distancia exactamente de la Oficina de Vivienda de Cantabria.

Las caseras de La Libre, cuentan desde el colectivo, les han cobrado 550 euros desde que llegaron al local en 2009. Pero 2026, cuando cumplen 25 años de existencia, lo afrontan sin certezas. Deben asumir una probable salida del local en el que el colectivo sociocultural y librería está desde 2009.

“Es un proyecto militante y la casa de muchos colectivos más”, describen. “No hay nada oscuro, los propietarios querrían que nos quedaramos el local, pero es el problema de la gentrificación y de la burbuja, porque es imposible encontrar un local en las mismas condiciones”, explican desde el colectivo, que aglutina alrededor de 300 socios y en cuyo local se reúnen una docena de organizaciones sociales de todo tipo.

En Smolny sospechan que el local en el que están hasta junio pasará también a tener uso turístico. Su barrio, El Carmelo, ha sufrido una mutación en los últimos tres años, entre antiguos comercios reconvertidos en locales cerrados sin uso y plantas bajas destinadas al turismo.

Smolny está en un local, en la calle Santa Teresa de Jesús, de 160 metros cuadrados. Desde ahí hacen recogida y reparto de comida a familias en situación vulnerable y, cada tarde, dan clases de apoyo a niños del barrio El Carmelo. La relación con sus caseros, a los que pagaban 600 euros más IVA, siempre ha sido cordial.

Hasta que, en 2025, les contactaron para hacerles un anuncio: “No os vamos a renovar”, le dijo por WhatsApp la propietaria a Luis de la Mata, de Smolny. “Véndenoslo”, le propuso a la casera, cuya familia posee más locales en el entorno. La respuesta fue negativa. “Nos echan, pero en general no culparía a los dueños de los locales. ¿Cuántos locales tiene cerrados el Ayuntamiento”, se pregunta Luis de la Mata.

Hace ocho años que Smolny está en este espacio a pie de calle. Antes estaban en la misma zona, pero en otro local que, irónicamente, pasó a tener uso turístico. “En los últimos tres años, el barrio suena a trajín de ruedas de maleta”, cuenta Luis, que se ha criado en El Carmelo, como toda la junta directiva.

“Tenían ofertas”

Los colectivos afectados están en espacios amplios y céntricos de Santander, en pleno proceso de gentrificación de las ciudades medianas españolas, como Santander. “No nos querían echar, pero tenían ofertas para pagarles más de 1.000 euros de alquiler”, dice una de las portavoces de un tercer colectivo sociocultural, que pide no dar su nombre. Llevan más de 15 años en la misma sede, en el entorno de Entrehuertas. Cuenta que tienen buena relación con los caseros y nunca les habían subido el alquiler, que hasta ahora era de 450 euros.

El problema es que son una asociación sin ánimo de lucro e -igual que sucede con Smolny y La Libre- organizan actividades de muchos otros colectivos, aunque en su caso, sí piden subvenciones para conciertos, charlas y talleres, además de ser la sede permanente de otra organización de carácter social. “Tenemos relacion con la vecindad: algunos vienen a nuestros intercambios de esquejes, los locales de alrededor nos cuidan y hemos apoyado en intentos de desahucio”, describe.

Dicen que esperan encontrar una fórmula justa y ampliar el contrato otros tres años, ya que hasta ahora renovaban cada año. Sobre qué ha cambiado, la portavoz del colectivo que no se identifica, es clara: “Al final, ellos (los propietarios) ven que ahora pueden y ahora piden”.

El Colegio de Registradores ha recordado a los propietarios de viviendas de alquiler de corta duración que antes del 2 de marzo tienen la obligación anual de presentar la información del ejercicio anterior en el Registro de la Propiedad o de Bienes Muebles.

Los registradores han iniciado una campaña divulgativa con el objetivo de ayudar a los ciudadanos en los trámites del depósito de arrendamientos de corta duración, de acuerdo con la orden ministerial del pasado enero que estableció la obligación anual de presentar cada mes de febrero la información del ejercicio anterior en el Registro de la Propiedad o de Bienes Muebles, aunque este año el plazo se ha ampliado al 2 de marzo, según recoge Europa Press.

El trámite debe realizarlo, según señalan, los titulares del inmueble o, en su caso, cualquier persona que acredite ser el responsable de su gestión. En caso de no cumplir con la nueva normativa, advierten los registradores, los inmuebles perderán el Número de Registro Único de Alquiler (NRUA) y no podrán comercializar estas propiedades en las plataformas en línea.

Hasta la fecha, según registra la organización, se han otorgado más de 400.000 números NRUA, desde que la orden ministerial del pasado dos de enero estableciese que el trámite debe realizarse anualmente cada mes de febrero.

Se trata de una medida que, según los registradores, permite “centralizar la información sobre las viviendas de uso turísticos en una base de datos común”, y facilitar esa información para que las administraciones públicas tengan más control sobre los alquileres temporales.

El Gobierno ha impuesto a Airbnb la segunda mayor multa de una administración de consumo española de la historia a una empresa privada. “Cuando los poderes públicos actúan con determinación, ningún poder económico puede eludir sus responsabilidades”, afirmó este lunes el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, que se comprometió a “erradicar prácticas especulativas y lesivas” en el marco de sus competencias. La sanción, de 65 millones de euros, supone seis veces el beneficio ilícito que la empresa obtuvo durante el tiempo que se negó a eliminar más de 65.000 páginas de viviendas que no tenían licencia para anunciarse o que mostraban un número de registro falso: unos 10 millones.

La mayoría de estos pisos sin permiso para ofrecerse como alojamiento vacacional se encuentran en algunas de las comunidades con zonas más tensionadas por la presión turística. Según los datos a los que ha podido acceder elDiario.es, uno de cada tres de estos anuncios se encuentra en la Comunitat Valenciana, con casi 22.000 páginas sin número de registro. Como muestra el siguiente mapa, Canarias, con 12.486, y Galicia, con 6.897, completan los primeros puestos de esta lista.

Canarias, como Balears con más de 4.300 anuncios ilegales, son comunidades eminentemente turísticas donde algunos operadores tratan de sacar provecho a toda costa. En Galicia, por su parte, la tensión por la crisis de la vivienda tampoco es baladí. A Coruña ha sido declarada zona tensionada, pese a las pegas de la Xunta del PP, que ha terminado aceptando los requerimientos del consistorio socialista, mientras Santiago espera lo propio.

Con todo, el mapa debe mirarse teniendo en cuenta las competencias del Ministerio y la idiosincrasia de cada comunidad. Cuando Consumo inició este procedimiento, en diciembre de 2024, no existía el registro único que arrancó este 1 de julio, por lo que cada gobierno autonómico o ayuntamiento tenía capacidad para exigir que los anuncios incluyeran el número de registro.

“Como se puede comprobar, las sanciones por no incluir el número de registro están presentes en todo el territorio del Estado, menos en Madrid, Andalucía y Extremadura”, territorios donde “la normativa autonómica no recogía la obligatoriedad de incluir un número de registro, por lo que el número de pisos retirados es mucho menor que en el resto de comunidades y los casos de anuncios retirados se limitan a un número de registro falso”, indican fuentes del Ministerio de Consumo.

Por ejemplo, solo en la ciudad de Madrid, el equipo de Bustinduy identificó en el mes de marzo más de 15.000 anuncios que no cumplían con la normativa local, pero que “no pudieron ser eliminados por el Ministerio al tratarse de una competencia municipal”.

El conflicto entre Airbnb y Consumo se remonta a octubre de 2024. “El Ministerio notificó a esta plataforma la existencia de publicidad ilícita relativa a más de 65.000 pisos turísticos”, explicó Bustinduy este lunes en una rueda de prensa, pero “ante la inacción [de la compañía], se inició el expediente sancionador en diciembre de 2024”. Es decir, la millonaria multa llega por la negativa de la empresa a retirar esos anuncios, una vez advertida. La administración ya entendía entonces que esta actitud insumisa “podría generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”.

Hasta ahora, esta es la segunda multa más cuantiosa a la que se enfrenta una empresa privada, tras los 107 millones de euros a Ryanair. Consumo condenó a la aerolínea por prácticas abusivas, como cobrar suplemento por el equipaje de mano o reservar servicios contiguos para acompañar a personas dependientes. Esta compañía recurrió al Tribunal Superior de Madrid, que estimó las medidas urgentes solicitadas con la condición de que se presentase un aval bancario por la cantidad de la multa impuesta.

En esta ocasión, Airbnb ya ha anunciado que recurriría la sanción de Consumo ante los tribunales, al considerar que “ha cumplido en todo momento con la normativa aplicable en España”. La compañía estima que “la obligación de las plataformas de garantizar que los anuncios muestren el número de registro se incorporó en esta nueva normativa, por lo que no es aplicable, cuando se inició esta contienda en 2024, un año antes de la entrada en vigor de las mencionadas obligaciones a plataformas”.

El 1 de julio entró en vigor la nueva ventanilla única de arrendamientos, que obliga a los propietarios de viviendas que quieran anunciarlas en plataformas para uso turístico o alquiler de temporada a contar con un número de identificación, expedido por los registradores de la propiedad. Ese mismo día, la mitad de los pisos no podían anunciarse en plataformas y a principios de septiembre el Ministerio de Vivienda había notificado más de 53.000 pisos ilegales, que habían solicitado el número de registro obligatorio, pero que no cumplían los requisitos legales.

Al margen de estos alojamientos vacacionales ilícitos, a finales de julio, Airbnb accedió a bloquear los 65.000 anuncios por los que Consumo tenía en marcha el expediente sancionador que siguió su curso, al considerar que una infracción no queda impune por dejar de cometerla. Sin embargo, lo hizo tras un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, a quien consideran “la autoridad competente en esta materia a nivel estatal”.

Previamente, el Tribunal Superior de Madrid respaldó una primera actuación de Consumo y rechazó la petición de medidas cautelares de la plataforma, a la que obligó a retirar una primera actuación de una tanda de 5.800 de estos 65.000. Bustinduy ha defendido que su departamento “aplica la legislación española con todo el rigor y con toda la determinación” y ha insistido en que “no puede haber modelos de negocio construidos al margen de la ley”.

La Asociación de Alojamientos de Corta Estancia Casocia ha anunciado que llevará a los tribunales la nueva normativa preparada por el Gobierno asturiano para regular los pisos turísticos, una medida con la que el Ejecutivo pretende frenar la expansión descontrolada de este tipo de alojamientos y garantizar estándares mínimos de seguridad y convivencia. La patronal del sector considera que las nuevas obligaciones —como la recepción presencial en las primeras 24 horas o la limpieza diaria— son “inasumibles”, pese a que muchas de ellas ya forman parte de la operativa habitual en otros modelos de alojamiento reglado.

El Principado plantea exigir un baño por cada cuatro plazas, sistemas de monitorización de ruido, señalización de emergencias, extintores, planos de evacuación, botiquín y un límite máximo de ocho plazas por vivienda, así como conexión a internet o teléfono. Para Casocia, estas obligaciones suponen una carga “excesiva”, aunque el decreto establece plazos de adaptación de hasta doce meses en algunos casos.

Reducir economía sumergida

El borrador también obligará a incluir el número de registro y la ubicación exacta en todas las plataformas de comercialización, una medida destinada a mejorar la trazabilidad y reducir la economía sumergida, que se ha disparado en los últimos años al calor del turismo de corta estancia.

Casocia considera “preocupante” que el decreto no haya sido modificado tras las alegaciones del sector y sostiene que el Gobierno asturiano “avanza en sentido contrario” al resto del país. Sin embargo, la mayoría de comunidades autónomas —incluidas algunas gobernadas por el PP— han comenzado a endurecer las regulaciones ante el impacto creciente del turismo de plataforma en el acceso a la vivienda y en la convivencia vecinal.

Costes a “niveles de hotel”

Para la patronal, la propuesta del Principado “elevará los costes a niveles propios de un hotel”, aunque buena parte de las viviendas turísticas se comercializan con precios comparables o superiores sin ofrecer garantías ni servicios equivalentes. El sector reclama una normativa “más flexible” y amenaza con exigir que estos requisitos se extiendan también a hoteles pequeños, albergues, casas rurales o pensiones, en un intento de trasladar la presión regulatoria a ámbitos que ya cuentan con controles públicos.

El Gobierno asturiano defiende que el objetivo del decreto es ordenar un mercado que ha crecido sin apenas regulación, proteger a los usuarios, mejorar la seguridad y, sobre todo, evitar que el negocio de las plataformas siga tensionando el mercado de la vivienda, especialmente en las zonas urbanas. Mientras tanto, la patronal de los pisos turísticos insiste en su estrategia de confrontación jurídica para frenar cualquier avance en materia de control público.

Las plazas en viviendas de uso turístico han aumentado un 14,5% en Cantabria desde diciembre de 2024 hasta noviembre de este año, al pasar de 25.238 a 28.910, según la información sobre equipamientos turísticos difundida este martes por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), que cifra en 6.465 el número de este tipo de establecimientos en la comunidad, un 13,9% más que el pasado diciembre.

Por municipios, Santander tiene 8.177 plazas en viviendas de uso turístico, el 28,8% del total de Cantabria, con un incremento del 6% en comparación con diciembre de 2024; mientras que Suances alcanza las 1.474 (el 5,1%), con un alza del 12,4%; y Ribamontán al Mar las 1.303 (el 4,5% del total) y un repunte del 17,8%.

Junto con estos tres, también superan las mil plazas en viviendas de uso turístico Noja, con 1.043, que son un 26,5% más que en diciembre pasado; y Comillas, con 1.022, un 3% más.

Por su parte, por encima del medio millar están Piélagos (953), Miengo (824), Santoña (811), Laredo (717), Castro Urdiales (694) y Bareyo (569).

Otros municipios con un centenar o más de plazas en viviendas de uso turístico son Arnuero (448), Alfoz de Lloredo (417), Val de San Vicente (412), Torrelavega (375), Marina de Cudeyo (351), Santillana del Mar (327), Camargo (270), Voto (258), Valdáliga (244), Bárcena de Cicero (239), Ruiloba (222), Entrambasaguas, Udías y Ramales de la Victoria (215), Ampuero (201), Ribamontán al Monte (199), Meruelo (192), Santa María de Cayón (179), Reocín (175), Potes (161), Cabezón de la Sal (159), Astillero (155), Hazas de Cesto (146), Cillorigo de Liébana (143), Liérganes (141), Agoños (130), Liendo (124), Camaleño (123), Mazcuerras (114), Cartes (112), Limpias (110), Santiurde de Toranzo (109), Cabuérniga (104) y Polanco (100).

Durante el verano de 2024, en plena ola de protestas por la falta de vivienda asequible, el Ayuntamiento de Málaga instó a la Junta de Andalucía a que “desinscribiera” cientos de viviendas turísticas del registro andaluz. Sin embargo, durante los meses posteriores no hizo nada más en muchos de estos procedimientos, ignorando el requerimiento expreso de la Junta de Andalucía para que justificara los motivos por los que debía cancelarse la vivienda turística. Al cabo de meses sin recibir respuesta, la administración autonómica no ha tenido más opción que declarar la caducidad del procedimiento de cancelación de la vivienda turística y “restituirla” en el registro, dependiente de la Consejería de Turismo.

Así consta en al menos media docena de resoluciones dictadas durante la primera semana de noviembre, según ha podido saber este medio. Se trata de viviendas turísticas cuya desinscripción solicitó el Ayuntamiento y que se daba por hecha, por no cumplir el requisito de contar con salida y suministros independientes del resto de la finca, vigente desde febrero de 2024.

El Ayuntamiento no ha cuantificado a este medio el total de casos en los que su inacción ha permitido la reincorporación de viviendas turísticas al registro autonómico, aunque abogados y fuentes conocedoras de la situación estiman que serán numerosas. En su día, el Ayuntamiento ya pidió más tiempo para responder. Ahora, fuentes conocedoras de la situación explican que el problema está en la pretendida aplicación retroactiva de la norma para desinscribir, que en Urbanismo no ven posible.

En su día, la aplicación retroactiva de este requisito por parte del Ayuntamiento de Málaga indignó a la Asociación de Profesionales de Viviendas Turísticas, que animó a propietarios y gestores a oponerse, y ofreció incluso un modelo de escrito.

Tanto la Junta como el Consistorio aseguran que esos expedientes volverán a iniciar el procedimiento para cancelar las viviendas que incumplan la normativa. Por su parte, AvvaPro mantiene un perfil discreto que contrasta con la vehemencia con la que denunció en su día la desinscripción. Sin cuantificar el número de viviendas “reinscritas”, insiste en la necesidad de “respetar los procedimientos”, que sean transparentes y con “plazos adecuados”, “evitando aplicar normativas de forma retroactiva que puedan causar inseguridad jurídica”.

Tres medidas restrictivas y un discurso más duro

Las viviendas se registraron una simple declaración responsable durante la primavera de 2024; durante el verano el Consistorio pidió a Turismo que las desinscribiera; Turismo inició el procedimiento para cancelar su registro casi de inmediato y notificó a los particulares, que alegaron contra esa decisión. Así que Turismo se dirigió al Ayuntamiento de Málaga, para que respondiera. Pero durante un año eso no ocurrió, así que Turismo ha acabado declarando la caducidad del expediente y la vivienda vuelve al Registro con todas las de la ley.

La secuencia de hechos permite atisbar una incoherencia entre la actuación administrativa y el discurso público sostenido en los últimos meses por el Consistorio malagueño.

Ante el éxito de las manifestaciones que vinculaban la masificación turística con la escasez de vivienda asequible (una relación apuntalada desde ámbitos académicos), el relato de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento cambió entre la primavera y el verano de 2024: tras años de carta blanca a las VUT, ayuntamientos como Málaga, Sevilla o Cádiz impusieron límites basados en su propia normativa urbanística, alegando que podían hacerlo porque la Junta había modificado la norma autonómica en febrero. Málaga cambió el tono y la normativa; mientras, la administración autonómica empezó a airear el número de VUT que cancelaba de la mano de los municipios.

En junio de 2024, en vísperas de la masiva protesta ciudadana por la falta de vivienda asequible, el Ayuntamiento anunció por sorpresa que a partir de entonces sólo podrían inscribirse nuevas viviendas turísticas si cumplían la condición de disponer de un acceso diferenciado. Además, ese requisito tendría efecto retroactivo a febrero de ese año.

La Asociación de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía (AvvaPro) protestó y anunció entonces que sostendría una batalla legal dando apoyo a quien quisiera recurrir estas cancelaciones, por entender que vulneraban la seguridad jurídica. “Un atropello a los derechos legítimos de quienes gestionan este tipo de propiedades”, se quejó su presidente, Juan Cubo, apuntando a la posible responsabilidad patrimonial en que podría incurrir el Ayuntamiento de Málaga.

Como consecuencia del cambio normativo y del discurso político, cientos de viviendas inscritas en el registro andaluz como turísticas entre febrero de 2024 y el verano de ese mismo año con la mera declaración responsable de sus titulares quedaron en el alambre. Esas son las que, si sus propietarios alegaron, quedan salvadas por la inacción municipal.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía suscribieron hace ahora un año un convenio de colaboración para coordinar y reforzar el control y el intercambio de información sobre las viviendas de uso turístico (VUT) ubicadas en la capital. Se trata de un acuerdo similar al firmado entre la administración autonómica y los municipios con mayor número de VUT (Sevilla, Málaga, Cádiz, Almería, Jerez de la Frontera, Granada, Córdoba) para articular un “ágil sistema de intercambio de información” entre administraciones.

Más viviendas turísticas, pese a las limitaciones

En todo caso, esta medida no aplacó el descontento ciudadano en Málaga ni las críticas al alcalde Francisco De la Torre, cuya indolencia (o connivencia) con el problema de la vivienda durante años está detrás de que miles de malagueños tengan que marcharse de Málaga, según la oposición.

El problema ahora sí preocupa al regidor, que ha dado dos pasos más para limitar el número de VUT: en enero de 2025 el Ayuntamiento prohibió la inscripción de nuevas VUT en barrios ya saturados, y en septiembre estableció al fin la moratoria de nuevas VUT en toda la ciudad que había anunciado seis meses antes. El Ayuntamiento ha anunciado cada una de las tres medidas que han restringido las VUT en vísperas de una manifestación, y cada una de ellas ha entrado en vigor meses después.

El resultado de todas ellas es que desde la primavera de 2024 hasta ahora se han cancelado definitivamente 1.333 VUT en Málaga capital, según datos de la Consejería de Turismo. Sin embargo, ninguna de las medidas ha sido capaz de frenar la expansión de estos alojamientos en la capital de la Costa del Sol. A 22 de febrero de 2024 (fecha desde la que se aplica la prohibición de inscribirlas si no tienen salida independiente) había 10.691 viviendas turísticas inscritas en Málaga. El 14 de enero de 2025 (prohibición en algunos barrios) eran 12.324. El 23 de agosto de 2025 (moratoria total) eran 12.821. En la actualidad hay 12.839 inscritas en el Registro de la Junta, un 20% más que hace año y medio.

La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (AVUTCAN) ha presentado una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad contra el decreto que regula las viviendas de uso turístico, respecto al que también ha pedido su suspensión cautelar.

El recurso de la asociación se apoya en un informe pericial elaborado por la empresa inAtlas que concluye que la aplicación del decreto supondrá para Cantabria “un daño económico de 1.015 millones de euros en solo dos años y la destrucción de 2.371 empleos anuales”, además de una fuerte sobrecarga administrativa en los ayuntamientos.

AVUTCAN subraya que el decreto “golpea de lleno un modelo no especulativo”, pues defiende que “la mayoría” de las viviendas de uso turístico (VUT) en Cantabria son segundas residencias de propietarios locales, viviendas familiares que se alquilan para complementar ingresos, pagar hipotecas o mantener vivo un patrimonio en pueblos y barrios donde “apenas hay otra oferta”.

Así, expone que la “retirada forzada de hasta un 62%” de la oferta de VUT que supone la nueva regulación significa “vaciar de visitantes muchos pueblos del interior, recortar ingresos en tiendas, bares y restaurantes, y romper la cohesión territorial, concentrando todavía más el turismo en Santander y en la franja costera mientras el medio rural pierde oportunidades y se empobrece”.

Su demanda recuerda, además, que el Consejo de Estado ya “advirtió las debilidades del Decreto 50/2025 antes de su aprobación”: falta de un análisis jurídico completo, ausencia de valoración económica real pese al peso estratégico del turismo en el PIB regional y “ninguna evaluación seria” de las cargas administrativas que recaerían sobre ayuntamientos y ciudadanos.

AVUTCAN lamenta que el Gobierno cántabro aprobó el decreto este verano “sin corregir las carencias señaladas, sin una memoria de impacto rigurosa y sin medir los riesgos que generaba”.

En el plano jurídico, añade además que el decreto es “inconstitucional e ilegal”, puesto que aplica una retroactividad “prohibida” al obligar a 6.445 viviendas ya legales a volver a tramitar su actividad “bajo amenaza de cese y cancelación registral”; invade competencias municipales en materia urbanística; incumple el procedimiento europeo de notificación previa y vulnera los principios de buena regulación al aprobarse “sin motivación suficiente ni verdadero análisis de impacto”.

La asociación destaca que, durante toda la tramitación, los propietarios mantuvieron una “postura responsable y dialogante”, pero el Gobierno de Cantabria (PP) “ignoró” tanto estas aportaciones como las advertencias de varios ayuntamientos que alertaban del peso del sector -en torno al 11 % del PIB regional- y del “riesgo de colapso administrativo”.

Finalmente, AVUTCAN advierte en un comunicado que, de no suspenderse el decreto, “Cantabria caminará hacia un modelo turístico más concentrado, más frágil y más desigual, con una costa saturada y un interior cada vez más vacío”. Por ello, solicita al Ejecutivo “la apertura de un nuevo proceso de regulación basado en datos, jurídicamente sólido y respetuoso con los municipios y con las familias”.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha presentado una moción para debatir en el próximo Pleno con el objetivo de promover una modificación urgente del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que regule las viviendas de uso turístico en la ciudad. La iniciativa llega tras las recientes sentencias judiciales que obligan al Ayuntamiento a reabrir varios pisos turísticos.

Según el portavoz socialista, José Luis Mateos, las resoluciones judiciales ponen de manifiesto la necesidad de actualizar el marco normativo. Mateos ha defendido que la Justicia ha determinado que el Ayuntamiento aplicó una interpretación retroactiva del PGOU de 2007 “sin respaldo normativo”, lo que ha derivado en una situación de inseguridad jurídica.

El grupo socialista plantea que la modificación del Plan General permita definir con claridad los usos residenciales y turísticos, establecer límites por zonas, regular la densidad de viviendas turísticas y ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a los vecinos como a los propietarios.

El socialista ha indicado que “lo más grave es que pisos turísticos que deberían haber sido ilegales pueden acabar siendo legales por culpa de la inacción del PP”. Asimismo, ha recordado también que el Plan General “ya establece que no puede situarse ningún uso no residencial en la misma planta o superiores a las ocupadas por viviendas, pero el equipo de gobierno no ha aplicado esta norma y ahora cambia su criterio”.

Mateos ha señalado que una actualización del PGOU “habría evitado la actual falta de claridad y las resoluciones judiciales adversas”, y ha recordado que el alcalde, Carlos García Carbayo, fue concejal de Urbanismo cuando el problema comenzó a surgir.

Por su parte, el concejal Álvaro Antolín ha recordado que el PSOE lleva desde 2017 solicitando una regulación más estricta. El edil ha señalado que la propia ordenanza municipal desveló que “más del 40%” de las viviendas turísticas de Salamanca funcionaban al margen de la normativa, “con más de 200 pisos irregulares y sin sanciones”, una cifra que “evidencia la falta de gestión y la pasividad del Ayuntamiento”.

Los socialistas se ha preguntado “por qué no quiere el PP modificar el Plan General” y si “su negativa tiene que ver con que una revisión del PGOU podría paralizar nuevas licencias”. Asimismo, han considerado que la revisión del PGOU es una cuestión de modelo urbano y no solo urbanística, y pide una actuación “estructural” que garantice el equilibrio entre la actividad turística, el derecho a la vivienda y la convivencia vecinal.

Antolín también se ha referido a la situación que van a sufrir muchos residentes: “cientos de salmantinos van a tener que convivir con pisos turísticos que, de haberse aplicado correctamente las normas, no deberían existir.

El PSOE ha reclamado una actuación estructural y no cosmética. “El debate no es solo urbanístico, sino de modelo de ciudad. Modificar el PGOU es poner orden en la ciudad, proteger el derecho a la vivienda, garantizar la convivencia y evitar que los tribunales sigan desautorizando al Ayuntamiento”.

El diputado y portavoz del PRC en materia de Turismo, Javier López Marcano, defenderá una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento de este lunes, 13 de octubre, para proponer al Gobierno de Cantabria medidas orientadas a reforzar el control de las viviendas de uso turístico (VUT), mejorar la coordinación con los ayuntamientos e incorporar las irregulares al mercado de alquiler residencial, con el fin de “aliviar la tensión de precios y favorecer el acceso a la vivienda”.

Según ha explicado en un comunicado, el objetivo de esta iniciativa es “garantizar un modelo de turismo sostenible y equilibrado que no comprometa el derecho a la vivienda de los cántabros”, así como “evitar que la proliferación descontrolada de alojamientos turísticos genere distorsiones en los núcleos urbanos y en el mercado del alquiler”.

El diputado ha incidido en que las últimas comprobaciones realizadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana detectaron 955 viviendas turísticas que “no cumplen la normativa”. “No podemos mirar para otro lado. Las normas deben aplicarse con recursos, con coordinación y con una estrategia clara de vivienda”, ha subrayado.

En este sentido, ha reiterado que el decreto de ordenación de las viviendas turísticas aprobado por el Ejecutivo cántabro “traslada responsabilidades a los ayuntamientos sin darles medios ni competencias”, lo cual “aboca a la norma al fracaso” y genera “descontento y confusión en el ámbito local”.

El regionalista también ha advertido del “riesgo de especulación inmobiliaria” que supone permitir que personas jurídicas y fondos de inversión puedan ser titulares de VUT, “una puerta abierta a la compra de edificios enteros para uso turístico, con el consiguiente impacto en los precios del alquiler y en la cohesión vecinal”.

En la proposición que someterá a la consideración del Pleno se recoge actualizar el Registro Autonómico de VUT, conectándolo con el registro estatal y los municipales para facilitar la identificación de aquellas que operan sin licencia; crear un mapa de riesgo VUT por municipios, que analice densidad variación interanual de la oferta, porcentaje de vivienda vacía y evolución del alquiler, y obligar a las plataformas digitales a verificar las licencias antes de publicar anuncios.

Además, aboga por ofrecer incentivos para que las viviendas irregulares se incorporen al alquiler permanente y dotar de medios humanos y tecnológicos a la Administración autonómica y a los ayuntamientos para realizar inspecciones periódicas.

“La vivienda y el turismo no pueden ser enemigos. Tenemos que lograr un equilibrio que garantice el derecho a la vivienda, proteja a los vecinos y mantenga el atractivo turístico de Cantabria sin hipotecar su futuro”, ha concluido López Marcano.