La patronal hotelera Ashotel ha mostrado su conformidad con que el Parlamento de Canarias no haya aprobado este martes una propuesta para declarar la vivienda vacacional como actividad inocua, al considerar que eliminar el control administrativo previo podría poner en riesgo la seguridad tanto de los turistas como de los residentes.

Así lo ha expresado la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro en un comunicado, donde señala que la propuesta, planteada inicialmente en una moción por PSOE, Nueva Canarias y Vox, a los que se había sumado ASG, pretendía modificar la Ley 6/2025, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de las Viviendas en Canarias.

La patronal hotelera asegura que esa moción iba enfocada en el sentido de retirar el requisito actividad clasificada, lo que “ponía en peligro al conjunto de usuarios turísticos, así como a los residentes”, algo considerado por Ashotel como un “disparate”.

Ashotel ha defendido que, al tratarse de alojamientos turísticos, estas viviendas deben estar sometidas a un control administrativo previo que permita comprobar el cumplimiento de las exigencias en materia de seguridad contra incendios, riesgos estructurales, instalaciones eléctricas y aspectos medioambientales.

La normativa de actividades clasificadas, según la patronal, refiere que una actividad no inocua es aquella que puede generar molestias, riesgos para la salud o la seguridad, o impactos ambientales significativos, y requiere permiso o licencia previa. Una actividad inocua, en cambio, no produce esos efectos y solo necesita una declaración responsable.

“¿Alguien en su sano juicio puede pensar que un alojamiento turístico, y la vivienda vacacional lo es, debe estar exento de un control previo administrativo para verificar que cumple con las exigencias en materia de seguridad, como contraincendios, riesgo estructural, instalaciones eléctricas…, así como medioambientales?”, se pregunta Ashotel.

La asociación sostiene que más del 90% de las declaraciones responsables presentadas por titulares de viviendas vacacionales incumplían la normativa y ha advertido de que muchas de estas propiedades se encuentran en edificios residenciales, por lo que un eventual siniestro podría afectar al resto de vecinos.

Ashotel ha planteado además quién asumiría la responsabilidad ante un siniestro que afectara a otras viviendas si estos alojamientos fueran declarados inocuos y no estuvieran obligados a disponer de un seguro de responsabilidad civil.

La patronal ha insistido en que el debate “no va de buenos y malos o de grandes y pequeños”, sino del cumplimiento de la legislación, y ha advertido de que flexibilizar estos requisitos puede poner en juego “la seguridad y el prestigio del destino Canarias”, concluye el comunicado.

La Asociación de Alquiler Vacacional (Ascav) ha tildado este miércoles de “atropello” que presuntamente roza la “prevaricación” el voto particular emitido por CC ante la Mesa del Parlamento para desestimar una enmienda de ASG a la ley canaria de alquiler vacacional que defiende que esta modalidad no sea actividad clasificada sino “inocua”.

Así, detalla que la aprobación de esta enmienda “podría salvar a miles de familias”, aparte de que ya se aprobó en la votación del dictamen en comisión, pero CC ha iniciado una “operación sorpresa de ingeniería política, nunca antes vista en el Parlamento de Canarias” para “tumbar” la propuesta.

En línea con lo denunciado por ASG este martes, la asociación apunta que el voto particular se presenta “sin motivación ni razonamiento alguno, ni formal, legal o material”, tal y como exige la propia norma del Parlamento regional, y también “se comete un defecto de forma” al presentarlo a la Mesa de la Cámara y no a la Presidencia.

“Pero, más sorprendente aún es lo que ha acontecido con posterioridad en la Mesa, en la que no solo se le dio trámite al voto particular, sino que se subsanó y desde la propia presidencia se decidió sobre el mismo, es decir, el órgano que no es competente, es el mismo que subsanó el escrito y lo resolvió, siendo, juez y parte a la vez”, señala.

En ese sentido indica que “ha quedado evidenciada la participación activa de Coalición Canaria contra miles de familias con el respaldo de AHI”, afeando también al Ejecutivo que “sigue enrocado en ensañarse con la vivienda vacacional”.

Ascav apunta que tras el primer semestre de aplicación de la ley de alquiler vacacional “se ha expulsado a miles de familias del negocio turístico” pero la situación del mercado de viviendas en alquiler residencial “no ha cambiado” y sigue “subiendo de precio”.

No en vano, indica, “se ha decidido acabar a toda costa con un sector alojativo que representa un complemento de renta a miles de familias en Canarias, que pagan impuestos en Canarias y que aportan un valor económico transversal a muchos sectores en nuestro destino”.

Cae el número de viviendas vacacionales

Hay que señalar que según los últimos datos analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network, a través del infome elaborado por la Eurostar sobre las reservas en plataformas de Airbnb, Booking y Expedia, Canarias se sitúa como la cuarta región con mayor presión turística de Europa. En un espacio de apenas 7.447 kilómetros cuadrados, repartidos entre sus ocho islas habitadas, se registraron alrededor de 13.000 noches reservadas en viviendas turísticas por cada 1.000 habitantes, casi el doble que en comunidades como Andalucía o la Comunitat Valenciana, lo que refleja la elevada intensidad del uso turístico del territorio en relación con su población residente.

Además, según datos del INE, Canarias es la cuarta comunidad autónoma con mayor número de viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales pese a que en un año (de mayo de 2025 a mayo de 2026) han desaparecido de las mismas 2.330.

Los datos ofrecidos este miércoles por Ascav (tomando como referencia cifras de ISTAC, INE y del Registro General Turístico del Gobierno de Canarias) elevan el número de viviendas vacacionales desaparecidas en las Islas en ese mismo período a 9.311. El número de viviendas vacacionales inscritas en el Registro Turístico es de 73.841, mientras que el número de estas viviendas anunciadas en plataformas (en mayo de 2026) es de 38.337, lo que representa un descenso de casi un 20% respecto al mismo mes del año anterior, cuando había anunciadas 47.648.

La paradoja se repite. El turismo enfrenta una vez más dos realidades que conviven en Canarias. Por un lado, una demanda que no deja de crecer y mantiene al archipiélago entre los destinos más demandados de Europa. Por otro, un debate cada vez más intenso sobre el impacto que ese éxito tiene en el acceso a la vivienda, la movilidad, los servicios públicos y el territorio.

Según los últimos datos analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network, a través del infome elaborado por la Eurostar sobre las reservas en plataformas de Airbnb, Booking y Expedia, Canarias se sitúa como la cuarta región con mayor presión turística de Europa. En un espacio de apenas 7.447 kilómetros cuadrados, repartidos entre sus ocho islas habitadas, se registraron alrededor de 13.000 noches reservadas en viviendas turísticas por cada 1.000 habitantes, casi el doble que en comunidades como Andalucía o la Comunitat Valenciana, lo que refleja la elevada intensidad del uso turístico del territorio en relación con su población residente.

Este auge tiene uno de sus principales epicentros en Tenerife. La isla concentra el mayor número de pernoctaciones del archipiélago y, entre 2018 y 2025, las noches de estancia prácticamente se duplicaron, pasando de 5,4 a 12,5 millones, un incremento del 132,9% que coloca a la provincia de Santa Cruz de Tenerife entre las que más actividad registran en España. El fenómeno se percibe con especial intensidad en Puerto de la Cruz, la séptima ciudad del país con mayor presión de este tipo de alojamientos, después de que las noches de estancia por cada 1.000 habitantes crecieran un 106,9% en esos siete años.

Un crecimiento que coincide con el aumento del debate sobre la saturación turística y sus efectos sobre la calidad de vida de la población local. El malestar social se ha hecho visible en las numerosas manifestaciones celebradas durante los últimos años, donde miles de personas reclamaron acabar con el turismo masivo y avanzar hacia un modelo más sostenible.

Y aunque el 60% de las reservas en viviendas turísticas correspondieron a visitantes internacionales, el turismo nacional también ha ganado peso en los últimos años. Desde 2018, el número de españoles que optan por este tipo de alojamiento dentro del territorio nacional se ha duplicado, aumentando la demanda de viviendas turísticas en el archipiélago.

A ello se suma el incremento de las pernoctaciones. Como ya contábamos, Tenerife es la isla donde más han aumentado, aunque el crecimiento se aprecia en todo el archipiélago. En el caso de los turistas extranjeros, la estancia media ha pasado de 11,2 noches en 2018 a más de 23 en 2025. Esto implica que las viviendas permanecen ocupadas durante más tiempo y, por tanto, se reduce la disponibilidad de inmuebles para uso residencial en un territorio con un espacio limitado como Canarias.

Este fenómeno trae consecuencias tanto para el sector turístico como para el mercado residencial. Por un lado, consolida el peso de las viviendas vacacionales como alternativa a la oferta hotelera tradicional, pero inevitablemente reduce la disponibilidad de vivienda para la población residente y contribuye al encarecimiento de los precios del alquiler con mayor actividad turística. La transformación en los hábitos de alojamiento de los turistas obliga a replantear cómo compatibilizar el crecimiento del sector con el acceso a la vivienda y la protección de un suelo finito.

El antropólogo e investigador en turismo Claudio Milano asegura que aunque “existe una descentralización” de la vivienda turística, no implica una reducción en las zonas más turísticas, es decir, que “no hay una relajación, sino al contrario”. Se le suma además el fenómeno de “estudiantes internacionales, nómadas digitales y residentes temporales, flotantes, que pasan unos meses en una ciudad” y pueden tensionar aún más el mercado de la vivienda. Asimismo, alerta que las regulaciones municipales o autonómicas tienen poco impacto porque “se enfrentan a multinacionales que no tienen sede fiscal en España” y “es complicado aplicar medidas disuasorias fiscales”, además de que existe “una falta de fiscalización real de su cumplimiento. Y hay formas de saltárselas como empadronarse en una vivienda y después alquilar”.

Canarias, destino de invierno para los extranjeros

Volviendo al turista extranjero este sigue manteniendo su preferencia por los meses de invierno para visitar las islas. Diciembre y enero son los de mayor pernoctación en viviendas turísticas por habitante foráneo.

En el caso del turismo nacional, la ruleta cambia. Los españoles prefieren los meses de julio y agosto para pasar sus vacaciones en Canarias, aunque incluso en esa temporada siguen pernoctando más extranjeros que españoles, con 189 más por cada 1.000 habitantes.

Esta marcada estacionalidad, unida al crecimiento de las estancias de larga duración y al aumento de la demanda de viviendas turísticas, ha intensificado el debate sobre los efectos de este modelo de alojamiento en el mercado residencial canario. Diversos especialistas señalan que la expansión de las viviendas vacacionales está contribuyendo a transformar el uso del parque de viviendas y a incrementar la presión sobre el acceso a la vivienda.

Es por ello que el Gobierno de Canarias echó el freno de mano al alquiler vacacional el pasado año tras las masivas protestas sociales en la isla y optó por aprobar la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas con el objetivo de atajar la crisis de la vivienda y evitar que los residentes se vayan de sus barrios. La normativa prohíbe dar de alta a nuevos pisos turísticos durante cinco años (salvo que los ayuntamientos demuestren que tienen espacio para ellos) y veta por completo el uso vacacional en las viviendas protegidas (VPO). Con un tope general del 10% por municipio, el control del territorio vuelve a las comunidades de vecinos y a los alcaldes, quienes ahora tienen el poder de decidir dónde y cuántos turistas pueden alojarse en suelo residencial para evitar el colapso del archipiélago.

Sin embargo, aunque la medida ha conseguido paralizar el ascenso de los pisos turísticos, no ha logrado rebajar la presión de la crisis de la vivienda. El geógrafo Agustín Cocola, miembro del Grupo de Investigación en Análisis Territorial y Estudios Turísticos de la Universitat Rovira i Virgili, en Catalunya, asegura que “el alquiler turístico ya ha transformado estructuralmente muchos mercados locales y, aunque el crecimiento se frene, el volumen acumulado sigue siendo muy alto. Por tanto, hablaría más de una fase de ajuste que de un cambio de tendencia con efectos claros sobre el acceso a la vivienda”.

Por su parte, el economista especialista en vivienda de la consultora Ksnet, Pablo Tucat, sostiene que medidas como las limitaciones municipales o el registro único estatal, tumbado recientemente por el Supremo, deberían tener algún efecto y alerta de e “limitaciones de recursos públicos a la hora de fiscalizar”. “Las multas a las viviendas turísticas han sido elevadas, por lo que también deberían disuadir”, añade.

El investigador Claudio Milano también se refiere a una “turistificación de la vida cotidiana” y sostiene que existen “evidencias científicas de sobra” sobre el impacto de este fenómeno en los precios de la vivienda. Según explica, “a partir de las plataformas, el turismo se mete en nuestras fincas”, al favorecer la incorporación de viviendas residenciales al mercado turístico. En su opinión, “nunca hubo tanta presión como en los últimos 15 años”, ya que una parte creciente del parque residencial se ha orientado al alojamiento turístico y al alquiler temporal, modalidades que ofrecen una rentabilidad superior al alquiler residencial tradicional.

Castilla-La Mancha prepara una nueva Ley de Turismo que podría ver la luz en el Consejo de Gobierno a finales de 2026. Uno de los objetivos de la nueva normativa será actualizar el marco que permite el funcionamiento de pisos y alquileres turísticos, técnicamente denominados Viviendas de Uso Turístico (VUT), con el objetivo de atajar la masificación y elevar el control administrativo.

Las cifras indican que es necesario. Castilla-La Mancha superó los dos millones de pernoctaciones en 2025 con reservas realizadas en este tipo de alojamientos. Se registraron 956 pernoctaciones por cada 1.000 habitantes, el dato más bajo de España solo por detrás de Extremadura (880 pernoctaciones por cada 1.000 habitantes), pero con una llamativa tendencia al alza: la demanda de este tipo de alojamientos turísticos ha crecido un 257% desde el año 2018.

El año pasado unas 5.500 personas se alojaron cada día (como media) en la región, según datos analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network. Es una cifra muy alejada de la comunidad que lidera el ranking, Andalucía, con más de 50 millones de pernoctaciones (136.000 personas de media se alojan allí cada día), pero sigue creciendo.

Además, si hablamos de estacionalidad, la comunidad de Castilla-La Mancha es un destino elegido durante todo el año, aunque es el mes de agosto el que acapara el 13% del total de las estancias anuales, con 125 pernoctaciones por cada 1.000 habitantes. La mayoría de ellas (103) corresponden a viajeros nacional y el resto a visitantes extranjeros.

El siguiente mes preferido, según los datos de 2025, es abril tuvo que ver con la Semana Santa, uno de los grandes atractivos de la comunidad autónoma, que concentra a miles de personas. Se registraron 103 pernoctaciones por cada 1.000 habitantes, la mayor parte con alojamiento de personas procedentes de cualquier punto de España.

Toledo ha triplicado cifras desde 2018

Uno de los datos llamativos es el que arroja la ciudad de Toledo, ciudad 'Patrimonio de la Humanidad', que en los últimos años está concentrando la atención turística y también las quejas de quienes residen en el Casco Histórico de la ciudad en fechas claves como la Navidad o la Festividad del Corpus. También el parque temático Puy du Fou atrae ya a unos dos millones de personas cada año y se ha convertido en foco turístico que genera necesidades de alojamiento. El propio parque abrirá tres hoteles en los próximos años para incrementar la capacidad de acogida que hoy están absorbiendo, en parte, las viviendas turísticas.

La evolución es significativa. La capital de Castilla-La Mancha ha triplicado desde 2018 el número de noches en viviendas turísticas.

Los viajeros eligen este tipo de alquileres vacacionales cada vez más y al mismo tiempo se incrementa el número de posibilidades porque cada vez hay más oferta, a pesar de los anuncios por parte de sucesivos gobiernos locales de poner tope a la densidad de viviendas turísticas.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en mayo de 2026 había en Toledo 750 viviendas turísticas operando con 3.814 plazas, 30 viviendas más que en noviembre de 2025 y 150 más que hace tres años, lo que supone un incremento del 25% desde la llegada del actual gobierno municipal de PP y Vox al Ayuntamiento.

Toledo cobra una tasa turística a los autobuses que traen grupos a la ciudad, pero no la impone a los viajeros ni tampoco a las viviendas turísticas. Izquierda Unida (IU) propone instaurar una tasa municipal que grave la actividad económica de estos piso o apartamentos turísticos y defiende reinvertir lo recaudado mediante la tasa a los autobuses en mejorar el transporte público de la ciudad, pero PP y Vox ponen esa pelota en el tejado del Gobierno de Castilla-La Mancha a través de la futura nueva Ley de Turismo.

En toda Europa se eligen cada vez más viviendas turísticas en vez de hoteles

Los visitantes eligen cada vez más las viviendas turísticas en lugar de los hoteles y es un fenómeno que se repite en toda Europa. Lo dicen los últimos datos de la Eurostat sobre las reservas en plataformas de Airbnb, Booking y Expedia, publicados este mes y analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network, una red de periodistas de la que forma parte este medio.

Los datos recogidos no incluyen ningún tipo de alojamiento en hoteles ni en campings que, en ocasiones, también pueden reservarse en esas mismas páginas web.

Cuatro comunidades autónomas españolas se encuentran entre las diez regiones de toda Europa donde se pasan más noches en viviendas turísticas.

Castilla-La Mancha no está entre ellas. Tampoco lo están las provincias o las ciudades castellanomanchegas que no ocupan puestos relevantes en el ranking que lideran Andalucía, la Comunitat Valenciana o Canarias, aunque el fenómeno aquí también se repite.

(*) Este artículo fue coordinado por la Urban Journalism Network y sus socios.

Gráficos y mapas: Bene Brandhofer, David Meidinger.

Coordinación: Hendrik Lehmann, Gaby Khazalova.

“Denunciam la violència de la destrucció del territori, de l'expulsió dels veïns, de no poder accedir a un habitatge, de veure com s'esgoten l'aigua i el sòl en benefici de les indústries turística i immobiliària, que viuen de fer negoci amb un patrimoni que és de tothom”. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha respost d'aquesta manera a la polèmica suscitada per la difusió d'un manual d'acció contra la turistificació que proposa actuacions com fer pintades, bloquejar panys d'habitatges de lloguer turístic amb silicona o llançar pintura contra determinats objectius relacionats amb el negoci turístic.

En un comunicat, l'organització emmarca aquestes accions en una llarga tradició de mobilitzacions ecologistes i recorda com a precedents l'ocupació de sa Dragonera o les protestes contra projectes urbanístics a la costa mallorquina. “No ens hem inventat res”, subratllen, reivindicant l'acció directa i la desobediència civil com a eines històriques dels moviments socials i de defensa del territori.

Després de les crítiques rebudes per part del sector polític i empresarial -la Delegació del Govern espanyol adverteix que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat investigaran els fets que puguin ser constitutius d'infracció o delicte, mentre que el Govern balear del PP considera que el manual “incita a la violència”-, l'entitat afirma que “la violència és executada des de dalt” i assegura que mai no ha defensat la violència física.

“No advocam per la violència; al contrari, la denunciam”, sosté, abans d'enumerar com a formes de violència la destrucció del territori, l'expulsió de veïns per l'augment del preu de l'habitatge, la impossibilitat d'accedir a un habitatge o la sobreexplotació dels recursos naturals. En aquest context, Menys Turisme defensa expressament una de les accions recollides en el manual en afirmar que “fer pintades o posar silicona als panys d'habitatges de lloguer turístic il·legal que incompleixen la llei no és violència”.

La plataforma considera que la controvèrsia generada respon a una voluntat de “tergiversar” el contingut del document i de “deslegitimar i dividir” el moviment contra la massificació turística. Segons explica, la publicació del manual pretén orientar accions de protesta que, sosté, ja s'estaven produint, fent-ho des dels paràmetres de “l'acció directa no violenta”, tal com consta expressament en el manual.

Els impulsors del text insisteixen, a més, que el document no està vinculat a la manifestació convocada per al pròxim 26 de juliol a Palma contra la massificació turística, tot i que sí que fan una crida a participar en aquesta mobilització, que arribarà després de la cadena humana celebrada el cap de setmana passat a Es Trenc i d'altres protestes desenvolupades durant els darrers mesos.

Menys Turisme sosté que la publicació del manual respon a la “nul·la actuació institucional” davant les conseqüències de la turistificació i assegura que, malgrat haver presentat propostes i haver reclamat diàleg, cap institució s'ha posat en contacte amb la plataforma després de fer públic el seu llistat de demandes.

La resposta arriba un dia després que la Delegació del Govern a les Balears advertís que les crides a causar danys en béns públics o privats “no poden compartir-se ni justificar-se”, tot i que va reconèixer la legitimitat del debat social sobre l'impacte del turisme en l'accés a l'habitatge, la convivència i la sostenibilitat de l'arxipèlag.

La difusió del manual ha reobert el debat sobre els límits de la protesta en un moment de creixent contestació social al model turístic a les Balears. Els col·lectius convocants sostenen que l'augment continuat del preu de l'habitatge, l'expulsió de residents de nombrosos barris i la pressió sobre el territori justifiquen intensificar les mobilitzacions, mentre que les administracions insisteixen que qualsevol reivindicació s'ha de desenvolupar dins el marc legal i sense causar danys a persones o béns.

Denúncia per suposada pertinença a grup criminal

Per part seva, un bufet balear ha presentat una denúncia penal en un jutjat de Palma contra 'Menys Turisme, Més Vida' i Arran, a les quals atribueix presumptes delictes de pertinença a grup criminal, coaccions agreujades, provocació als desordres públics i inducció als danys arran de la difusió del manual.

El despatx sol·licita a més la intervenció de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional per a investigar les recomanacions contingudes en el document sobre tècniques de contravigilancia, ocultació del rostre i ús de disfresses durant les accions de protesta. Segons el parer de la signatura, aquestes indicacions evidencien una planificació d'actuacions dirigides a intimidar a empresaris, immobiliàries i propietaris.

En l'escrit, recollit per Europa Press, el bufet sosté que les actuacions promogudes pel manual excedeixen l'exercici legítim del dret de manifestació i les equipés a “tàctiques coercitives típiques de la kale borroka de carrer”, en considerar que busquen acoquinar a empreses i particulars que desenvolupen una activitat econòmica lícita.

El despatx rebutja així mateix l'argument que l'emergència residencial tingui el seu origen en l'activitat turística. En el seu lloc, atribueix la reducció de l'oferta de lloguer residencial a la “extrema inseguretat jurídica” derivada de la inquiocupación, una tesi que ja va defensar setmanes enrere amb la presentació en el Parlament d'una proposició legislativa per a endurir la resposta enfront d'aquest fenomen.

“Denunciamos la violencia de la destrucción del territorio, de la expulsión de los vecinos, de no poder acceder a una vivienda, de ver cómo se agotan el agua y el suelo en beneficio de las industrias turística e inmobiliaria, que viven de hacer negocio con un patrimonio que es de todos”. La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida' ha respondido de este modo a la polémica suscitada por la difusión de un manual de acción contra la turistificación que propone actuaciones como realizar pintadas, bloquear cerraduras de viviendas de alquiler turístico con silicona o lanzar pintura contra determinados objetivos relacionados con el negocio turística.

En un comunicado, la organización enmarca estas acciones en una larga tradición de movilizaciones ecologistas y recuerda como precedentes la ocupación de sa Dragonera o las protestas contra proyectos urbanísticos en la costa mallorquina. “No nos hemos inventado nada”, subrayan, reivindicando la acción directa y la desobediencia civil como herramientas históricas de los movimientos sociales y de defensa del territorio.

Tras las críticas recibidas por parte del sector político y empresarial -la Delegación del Gobierno advierte de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigarán los hechos que puedan ser constitutivos de infracción o delito, mientras que el Govern balear del PP considera que el manual “incita a la violencia”-, la entidad afirma que “la violencia” es ejecutada desde arriba“ y asegura que nunca ha defendido la violencia física.

“No abogamos por la violencia; al contrario, la denunciamos”, sostiene, antes de enumerar como formas de violencia la destrucción del territorio, la expulsión de vecinos por el aumento del precio de la vivienda, la imposibilidad de acceder a un hogar o la sobreexplotación de los recursos naturales. En ese contexto, Menys Turisme defiende expresamente una de las acciones recogidas en el manual al afirmar que “hacer pintadas o poner silicona en las cerraduras de viviendas de alquiler turístico ilegal que incumplen la ley no es violencia”.

La plataforma considera que la controversia generada responde a una voluntad de “tergiversar” el contenido del documento y de “deslegitimar y dividir” al movimiento contra la masificación turística. Según explica, la publicación del manual pretende orientar acciones de protesta que, sostiene, ya se estaban produciendo, haciéndolo desde parámetros de “acción directa no violenta”, tal como consta expresamente en el manual.

Los impulsores del texto insisten además en que el documento no está vinculado a la manifestación convocada para el próximo 26 de julio en Palma contra la masificación turística, aunque sí llaman a participar en esa movilización, que llegará después de la cadena humana celebrada el pasado fin de semana en Es Trenc y de otras protestas desarrolladas en los últimos meses.

Menys Turisme sostiene que la publicación del manual responde a la “nula actuación institucional” frente a las consecuencias de la turistificación y asegura que, pese a haber presentado propuestas y reclamado diálogo, ninguna institución se ha puesto en contacto con la plataforma tras hacer público su listado de demandas.

La respuesta llega un día después de que la Delegación del Gobierno en Balears advirtiera de que los llamamientos a causar daños en bienes públicos o privados “no pueden compartirse ni justificarse”, aunque reconoció la legitimidad del debate social sobre el impacto del turismo en el acceso a la vivienda, la convivencia y la sostenibilidad del archipiélago.

La difusión del manual ha reavivado el debate sobre los límites de la protesta en un momento de creciente contestación social al modelo turístico en Balears. Los colectivos convocantes sostienen que el aumento continuado del precio de la vivienda, la expulsión de residentes de numerosos barrios y la presión sobre el territorio justifican intensificar las movilizaciones, mientras las administraciones insisten en que cualquier reivindicación debe desarrollarse dentro del marco legal y sin causar daños a personas o bienes.

Denuncia por supuesta pertenencia a grupo criminal

Por su parte, un bufete balear ha presentado una denuncia penal en un juzgado de Palma contra 'Menys Turisme, Més Vida' y Arran, a las que atribuye presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, coacciones agravadas, provocación a los desórdenes públicos e inducción a los daños a raíz de la difusión del manual.

El despacho solicita además la intervención de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional para investigar las recomendaciones contenidas en el documento sobre técnicas de contravigilancia, ocultación del rostro y uso de disfraces durante las acciones de protesta. A juicio de la firma, estas indicaciones evidencian una planificación de actuaciones dirigidas a intimidar a empresarios, inmobiliarias y propietarios.

En el escrito, recogido por Europa Press, el bufete sostiene que las actuaciones promovidas por el manual exceden el ejercicio legítimo del derecho de manifestación y las equipara a “tácticas coercitivas típicas de la kale borroka callejera”, al considerar que buscan amedrentar a empresas y particulares que desarrollan una actividad económica lícita.

El despacho rechaza asimismo el argumento de que la emergencia habitacional tenga su origen en la actividad turística. En su lugar, atribuye la reducción de la oferta de alquiler residencial a la “extrema inseguridad jurídica” derivada de la inquiocupación, una tesis que ya defendió semanas atrás con la presentación en el Parlament de una proposición legislativa para endurecer la respuesta frente a este fenómeno.

La Delegació del Govern a les Balears ha advertit que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat investigaran els fets que puguin ser constitutius d'infracció o delicte després de la difusió d'un manual que, des de l'acció no violenta, anima a sabotatge d'habitatges vacances, immobiliàries i altres negocis vinculats al turisme.

En un context de creixent malestar social per l'encariment de l'habitatge, la turistificació i la pressió sobre els recursos naturals, el document, distribuït per la plataforma Menys Turisme, Més Vida com a avantsala de la manifestació convocada per al pròxim 26 de juliol, proposa des de pintades i bloquejos de panys fins a recomanacions per evitar ser identificats durant les accions. “Justifiquem i defensem l'acció directa no violenta contra un sistema que ens ofega”, assevera el manual.

En els últims anys, desenes de milers de persones han sortit als carrers per denunciar un model econòmic que, assenyalen, ha disparat el preu de l'habitatge, ha expulsat residents de nombrosos barris i ha intensificat la pressió sobre els recursos naturals i els serveis públics. La mateixa plataforma convocant defensa un decreixement turístic i reclama mesures com reduir les places turístiques, limitar els vols o restringir la compra especulativa d'habitatges.

En aquest escenari, la Delegació del Govern ha llançat un comunicat en què apel·la a distingir entre la legitimitat de les reivindicacions i els mètodes emprats. “Som plenament conscients de la preocupació existent en la societat balear per l'impacte del model turístic sobre l'accés a l'habitatge, la convivència i la sostenibilitat de les nostres illes. Es tracta d'un debat legítim que mereix respostes des de les institucions i el diàleg democràtic”, assenyala.

Tanmateix, afegeix que “no poden compartir-se ni justificar-se les crides a causar danys en béns públics o privats ni a desenvolupar accions que excedeixin l'exercici pacífic del dret de protesta”. A parer de la institució, “les reivindicacions socials guanyen força quan s'expressen de forma cívica i respectuosa amb els drets dels altres”.

El cartell difós a les xarxes socials identifica com a objectius de les accions habitatges de lloguer turístic, immobiliàries, negocis que considera “gentrificadors” i cartells de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM). També aconsella planificar les actuacions, controlar la presència de càmeres de seguretat, ocultar la cara i altres trets identificatius i repartir funcions entre els participants. En línia similar, habitatges turístics de Madrid es van despertar recentment amb caixetins sabotejats i grafits en contra de la turistificació dels barris.

Davant d'això, la Delegació del Govern subratlla que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat “actuaran, en el marc de les seves competències, per garantir l'exercici dels drets i llibertats de tota la ciutadania, protegir les persones i els béns i investigar aquells fets que poguessin ser constitutius d'infracció o delicte”.

El Govern d'Espanya conclou reiterant el seu compromís amb un model turístic “més sostenible, compatible amb el dret a l'habitatge, l'ocupació de qualitat i la protecció del territori, sempre des del respecte a l'Estat de dret i a la convivència democràtica”.

Les Balears s'ha consolidat com un dels territoris on més s'encareix l'accés a l'habitatge en un context de forta pressió del mercat i escassetat d'oferta. Trobar una habitació assequible s'ha convertit en una carrera impossible en una comunitat on els lloguers no deixen de disparar-se i on moltes famílies destinen gran part del seu sou únicament a pagar un sostre.

A Palma, els residents de la capital balear han de destinar gairebé el 70% del seu salari brut mensual al lloguer d'un habitatge mitjà de 90 metres quadrats, el preu del qual arriba als 1.767 euros al mes, segons les últimes dades publicades per pisos.com. Mentre els preus continuen marcant màxims històrics i accedir a un pis resulta inabastable per a àmplies capes de la població, centenars de persones -moltes d'elles treballadores- s'han vist abocades a viure aclaparades en infravivendes, caravanes i edificis abandonats.

“Un manual d'instruccions de kale borroka turística”

Per la seva banda, el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzá, ha expressat la seva “condemna absoluta” davant el manual d'acció contra la turistificació difós per la plataforma 'Menys turisme més vida', que ha qualificat com a “manual d'instruccions de kale borroka turística”. “No podem tolerar aquest missatge, aquesta incitació a la violència i anar en contra de l'empresa privada”, ha declarat, asseverant que les patronals podrien adoptar accions legals al respecte i que els serveis jurídics de l'administració ho estan valorant.

Bauzá, qui ha recordat que fa al voltant d'un any ja van fer pintades a la seva Conselleria i van cremar imatges d'empresaris i polítics, entre ells la presidenta del Govern, Marga Prohens, o el propi conseller, ha assegurat que, si en algun moment es produeixen accions que vagin en contra de la seva integritat o de l'edifici, estan “disposats a denunciar”.

El conseller ha expressat el seu respecte per les manifestacions o protestes que es duguin a terme “des de la tolerància” i ha reiterat el seu “rebuig absolut” a “aquesta incitació a la violència”. Així mateix, ha assenyalat que els sindicats es “manifestaran pacíficament” juntament amb 'Menys turisme més vida', asseverant que “aquests companys de viatge no són bons”, en al·lusió a aquesta plataforma. “Sé que hi ha col·lectius com sindicats que des d'una discrepància amb el Govern es manifestaran pacíficament i no podem fer més que respectar-ho i prendre nota”, ha manifestat.

La Delegación del Gobierno en Balears ha advertido de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigarán los hechos que puedan ser constitutivos de infracción o delito tras la difusión de un manual que, desde la acción no violenta, anima a sabotear viviendas vacacionales, inmobiliarias y otros negocios vinculados al turismo.

En un contexto de creciente malestar social por el encarecimiento de la vivienda, la turistización y la presión sobre los recursos naturales, el documento, distribuido por la plataforma Menys Turisme, Més Vida como antesala de la manifestación convocada para el próximo 26 de julio, propone desde pintadas y bloqueos de cerraduras hasta recomendaciones para evitar ser identificados durante las acciones. “Justificamos y defendemos la acción directa no violenta contra un sistema que nos ahoga”, asevera el manual.

En los últimos años, decenas de miles de personas han salido a las calles para denunciar un modelo económico que, señalan, ha disparado el precio de la vivienda, ha expulsado a residentes de numerosos barrios y ha intensificado la presión sobre los recursos naturales y los servicios públicos. La propia plataforma convocante defiende un decrecimiento turístico y reclama medidas como reducir las plazas turísticas, limitar los vuelos o restringir la compra especulativa de viviendas.

En este escenario, la Delegación del Gobierno ha lanzado un comunicado en el que apela a distinguir entre la legitimidad de las reivindicaciones y los métodos empleados. “Somos plenamente conscientes de la preocupación existente en la sociedad balear por el impacto del modelo turístico sobre el acceso a la vivienda, la convivencia y la sostenibilidad de nuestras islas. Se trata de un debate legítimo que merece respuestas desde las instituciones y el diálogo democrático”, señala.

Sin embargo, añade que “no pueden compartirse ni justificarse los llamamientos a causar daños en bienes públicos o privados ni a desarrollar acciones que excedan el ejercicio pacífico del derecho de protesta”. A juicio de la institución, “las reivindicaciones sociales ganan fuerza cuando se expresan de forma cívica y respetuosa con los derechos de los demás”.

El cartel difundido en redes sociales identifica como objetivos de las acciones viviendas de alquiler turístico, inmobiliarias, negocios que considera “gentrificadores” y carteles de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM). También aconseja planificar las actuaciones, controlar la presencia de cámaras de seguridad, ocultar el rostro y otros rasgos identificativos y repartir funciones entre los participantes. En línea similar, viviendas turísticas de Madrid amanecieron recientemente con cajetines saboteados y graffitis en contra de la turistificación de las barriadas.

Ante ello, la Delegación del Gobierno subraya que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “actuarán, en el marco de sus competencias, para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de toda la ciudadanía, proteger a las personas y los bienes e investigar aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de infracción o delito”.

El Gobierno de España concluye reiterando su compromiso con un modelo turístico “más sostenible, compatible con el derecho a la vivienda, el empleo de calidad y la protección del territorio, siempre desde el respeto al Estado de derecho y a la convivencia democrática”.

Balears se ha consolidado como uno de los territorios donde más se encarece el acceso a la vivienda en un contexto de fuerte presión del mercado y escasez de oferta. Encontrar una habitación asequible se ha convertido en una carrera imposible en una comunidad en la que donde los alquileres no dejan de dispararse y en la que muchas familias destinan gran parte de su sueldo únicamente a pagar un techo.

En Palma, los residentes de la capital balear deben destinar casi el 70% de su salario bruto mensual al alquiler de una vivienda media de 90 metros cuadrados, cuyo precio alcanza los 1.767 euros al mes, según los últimos datos publicados por pisos.com. Mientras los precios continúan marcando máximos históricos y acceder a un piso resulta inalcanzable para amplias capas de la población, centenares de personas -muchas de ellas trabajadoras- se han visto abocadas a vivir hacinadas en infraviviendas, caravanas y edificios abandonados.

“Un manual de instrucciones de kale borroka turística”

Por su parte, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha expresado su “condena absoluta” ante el manual de acción contra la turistificación difundido por la plataforma 'Menys turisme més vida', que ha calificado como “manual de instrucciones de kale borroka turistica”. “No podemos tolerar este mensaje, este incitar a la violencia e ir en contra de la empresa privada”, ha declarado, aseverando que las patronales podrían adoptar acciones legales al respecto y que los servicios jurídicos de la administración lo están valorando.

Bauzá, quien ha recordado que hace alrededor de un año ya hicieron pintadas en su Conselleria y quemaron imágenes de empresarios y políticos, entre ellos la presidenta del Govern, Marga Prohens, o el propio conseller, ha asegurado que, si en algún momento se producen acciones que vayan en contra de su integridad o del edificio, están “dispuestos a denunciar”.

El conseller ha exoresado su respeto por las manifestaciones o protestas que se lleven a cabo “desde la tolerancia” y ha reiterado su “rechazo absoluto” a “esta incitación a la violencia”. Asimismo, ha señalado que los sindicatos se “manifestarán pacíficamente” junto a 'Menys turisme més vida', aseverando que “estos compañeros de viaje no son buenos”, en alusión a esta plataforma. “Sé que hay colectivos como sindicatos que desde una discrepancia con el Govern se manifestarán pacíficamente y no podemos hacer más que respetarlo y tomar nota”, ha manifestado.

L'Ajuntament de València va aprovar el passat 17 de juny la llicència ambiental i d'activitats necessària perquè Atitlan puga iniciar les obres de les dues torres terciàries en una parcel·la amb una edificabilitat de 40.000 metres quadrats, situada al costat del nou estadi del València CF, amb façana als carrers Bernardo Espanya i avinguda de les Corts Valencianes. El club va vendre aquests terrenys a l'empresa valenciana d'Aritza Rodero i Roberto Centeno per un import pròxim als 35 milions d'euros.

La magnitud del projecte ha generat controvèrsia, ja que ha eixit a la llum tan sols dos mesos després que s'aprovara la nova regulació dels usos terciaris hotelers, l'objectiu de la qual és limitar la implantació d'apartaments turístics a la ciutat. Aquesta normativa va ser qualificada per l'equip de govern del PP i Vox, encapçalat per l'alcaldessa María José Catalá, com “la més restrictiva d'Espanya”.

De fet, el regidor d'Urbanisme, Juan Giner, va afirmar que “amb aquesta normativa és molt complicat crear nous apartaments turístics a València; de fet, ja ha descendit el nombre de sol·licituds en els últims temps”.

No obstant això, poques setmanes després es va concedir a aquesta mercantil el permís per a construir un hotel de quatre estreles, amb 245 habitacions i 482 places d'allotjament, i un hotel-apartament, amb 650 unitats d'apartaments turístics i 1.300 places d'allotjament, dins del complex immobiliari terciari.

Després que es fera públic el projecte, tant l'associació de veïns de Benicalap com l'oposició van expressar dubtes sobre la seua legalitat en revelar que amb aquestes noves places turístiques se superaven els límits establerts en la nova normativa, cosa que, malgrat ser certa, no implica que la contravinga. L'explicació és que existeix una excepció en la qual encaixa el projecte immobiliari; en concret, es tracta de la disposició quarta (vegeu la imatge).

Segons la regulació, quan se superen uns determinats llindars en una zona concreta, aquesta passa a considerar-se una zona turísticament saturada. Així, aquesta situació es produeix “quan la relació entre el nombre de places turístiques totals (hoteleres + apartaments turístics + habitatges d'ús turístic) i el nombre d'habitants empadronats iguale o supere el 8%, referit a cada barri i districte”.

Quan això succeeix, el barri o districte es considera turísticament saturat, la qual cosa implica que “no s'admetrà la implantació de nous establiments d'allotjament turístic a les parcel·les a les quals el planejament atribuïsca un ús dominant residencial”.

En el cas del barri de Benicalap, segons els paràmetres recollits en els estudis annexos a la normativa, hi havia inicialment un total de 2.022 places turístiques, la qual cosa, en relació amb els seus 44.075 habitants, suposava un 4,59%. Si s'hi afegeixen les noves 1.782 places de les torres d'Atitlan, s'assoleix el 8,6%.

En aquest cas, la regulació estableix que, quan un barri no està turísticament saturat, com seria el cas de Benicalap, però amb l'actuació proposada se supera el nivell de saturació, “la zona, districte o barri passarà a tenir la consideració de zona saturada (...), cas en el qual l'allotjament turístic en qüestió no serà autoritzable, llevat de l'adequació del projecte als límits màxims d'aquests nivells”. És a dir, només es podria autoritzar la diferència de places necessària fins a arribar a aquest 8%.

Tanmateix, tant en el cas de les zones ja saturades com en el de les que encara no ho estan però que poden arribar a estar-ho amb un nou projecte, com és aquest cas, s'hi afegeix una excepció en la qual encaixaria el projecte situat al costat del nou estadi: “En les parcel·les a les quals el planejament atribuïsca un ús exclusiu terciari, industrial o dotacional, cal ajustar-se al que disposen les ordenances particulars corresponents a la seua qualificació urbanística, sense que hi tinguen efecte les limitacions establertes per a les parcel·les residencials”. És a dir, com que la parcel·la adjacent al coliseu és exclusivament d'ús terciari, no li és aplicable la limitació del 8%.

A més, quan això succeeix, el que es desenvolupe en aquestes parcel·les “sí computarà a l'efecte dels indicadors de saturació objecte d'aquesta regulació”. D'aquesta manera, a Benicalap ara mateix ja no hi cabria cap apartament turístic en sòl d'ús predominant residencial, ja que amb aquest projecte el barri ja té la consideració de “turísticament saturat”.

Compromís i PSPV denuncien l'enganyifa de l'ordenança

La portaveu municipal de Compromís, Papi Robles, ha denunciat que “estava clar que en aquesta ordenança hi havia excepcions preparades i pactades amb parts interessades. Ací ha saltat la llebre. Ara s'entén per què es va apartar el sòl terciari de la resta de la norma: per a permetre, de colp i volta, la construcció de 1.700 places turístiques”.

Robles ha recordat que ja van advertir que “aquesta normativa fa aigües per la quantitat d'excepcions que incorpora i, al final, ens trobarem amb una obertura total a continuar construint apartaments turístics, tal com ha quedat demostrat”.

Per la seua banda, la regidora del PSPV, Elisa Valía, ha afirmat que ja van advertir que la normativa del PP era “un engany” i ha afegit: “Tracten que semble restrictiva, però suposa barra lliure perquè els apartaments turístics s'instal·len als barris, desvirtuant completament la convivència. No han tardat ni dos mesos a demostrar-nos ells mateixos que la seua normativa només serveix per a enganyar la gent. A Benicalap, segons els seus càlculs, hi cabien 340 apartaments i acaben d'aprovar-ne 650. A més, el PP no té en compte els que operen il·legalment a l'hora de calcular la saturació, quan representen el 85% del total d'apartaments”.

El Ayuntamiento de València aprobó el pasado 17 de junio la licencia ambiental y de actividades necesarias para que Atitlan pueda iniciar las obras de las dos torres de terciario en una parcela con una edificabilidad de 40.000 metros cuadrados ubicada junto al nuevo estadio del Valencia CF recayente a la calle Bernardo España con la avenida de las Corts Valencianes. El club vendió estos terrenos a la empresa valenciana de Aritza Rodero y de Roberto Centeno por un importe cercano a los 35 millones de euros.

La magnitud del proyecto ha generado controversia puesto que ha salido a la luz tan solo dos meses después de validarse la nueva regulación de usos terciarios hoteleros cuyo objetivo limitar la implantación de apartamentos turísticos en la ciudad, una normativa que el equipo de Gobierno del PP y de Vox, dirigido por la alcaldesa María José Catalá, calificó como “el más restrictivo de España”.

De hecho, el concejal de urbanismo, Juan Giner, afirmó que “con esta normativa es muy complicado crear nuevos apartamentos turísticos en València, de hecho ya ha descendido el número de peticiones en los últimos tiempos”.

Sin embargo, a las pocas de semanas se concedió a la mencionada mercantil el permiso para la construcción de un hotel de cuatro estrellas que dispondrá de 245 habitaciones y 482 plazas de alojamiento y el hotel-apartamento (apartamentos turísticos) con 650 unidades y 1300 plazas de alojamiento dentro del complejo inmobiliario terciario.

Tras hacerse público el proyecto, tanto la asociación de vecinos de Benicalap como la oposición mostraron sus dudas sobre la legalidad de la iniciativa al revelar que con estas nuevas plazas turísticas se sobrepasaban los límites establecidos en la nueva normativa, algo que pese a ser cierto, no implica que la contravenga. La explicación es que existe una excepción en la que encaja el proyecto inmobiliario, en concreto se trata de la disposición cuarta (ver imagen).

Según la regulación, cuando se superan unos determinados umbrales en una determinada zona se le considera zona turísticamente saturada. Así, se da esta situación “cuando la relación entre el número de plazas turísticas totales (hoteleras + apartamentos turísticos + viviendas de uso turístico) y el número de habitantes empadronados iguale o supere el 8%, referido a cada barrio y distrito”.

Cuando esto sucede, el barrio o distrito se considera turísticamente saturado y esto implica que “no se admitirá la implantación de nuevos establecimientos de alojamiento turístico en las parcelas a las que el planeamiento atribuya un uso dominante residencial”.

En el caso del barrio de Benicalap, según los parámetros recogidos en los estudios anexos a la normativa, había inicialmente un total de 2.022 plazas turísticas, lo que en relación a sus 44.075 habitantes supone un 4,59%. Si se añaden las nuevas 1.782 plazas de las torres de Atitlan, se alcanza el 8,6%.

En este caso, la regulación establece que cuando un barrio no está turísticamente saturado, como sería el caso de Benicalap, pero con la actuación propuesta se sobrepasara el nivel de saturación “la zona distrito o barrio pasará a tener la consideración de zona saturada (...) en cuyo caso el alojamiento turístico en cuestión no será autorizable, salvo la adecuación del proyecto a los límites máximos de dichos niveles”, es decir, solo cabría la diferencia de plazas hasta alcanzar ese 8%.

Sin embargo, tanto en el caso de las zonas ya saturadas como en el de las no saturadas pero que pueden pasar a serlo con un nuevo proyecto, como es el caso, se añade una excepción que es en la que encajaría el proyecto ubicado junto al nuevo estadio: “En las parcelas a las que el planeamiento atribuya un uso exclusivo terciario, industrial o dotacional se estará a lo dispuesto en las ordenanzas particulares correspondientes a su calificación urbanística, sin que sobre ellas tengan efecto las limitaciones establecidas para las parcelas residenciales”., es decir, al ser la parcela aledaña al coliseo exclusivamente de uso terciario, no tiene efecto la limitación del 8%.

Además, cuando esto sucede, lo realizado en estas parcelas “sí computará a efectos de los indicadores de saturación objeto de esta regulación”. De este modo, en Benicalap ahora mismo no cabría ya ningún apartamento turístico en suelo de uso dominante residencial puesto que con este proyecto el barrio ya tiene la consideración de “turísticamente saturado”.

Compromís y PSPV denuncian el “engaño” de la ordenanza

La portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, ha denunciado al respecto que “estaba claro que en esa ordenanza había excepciones preparadas y habladas con partes interesadas y aquí ha saltado la liebre, ahora se entiende poir qué se apartó el suelo terciario del resto de la norma, para permitir de golpe y porrazo la construcción de 1.700 plazas turísticas”.

Robles ha recordado que ya avisaron de que “esta normativa está hace aguas por la cantidad de excepciones que tiene y al final nos vamos a encontrar con una apertura total a seguir haciendo apartamentos turísticos tal y como ha quedado demostrado”.

Por su parte, la concejala del PSPV, Elisa Valía, ha comentado que ya advertieron de que la normativa del PP era “un engaño” y ha añadido: “Tratan de que parezca restrictiva, pero supone barra libre para que los apartamentos turísticos se instalen en los barrios, desvirtuando completamente la convivencia. No han tardado ni dos meses en demostrarnos ellos mismos que su normativa sólo vale para engañar a la gente. En Benicalap, según sus cálculos cabían 340 apartamentos y acaban de aprobar 650. Además, el PP no tiene en cuenta los que están operando ilegalmente para calcular la saturación, cuando representan el 85% de los apartamentos totales”.

Canarias es la cuarta comunidad autónoma con mayor número de viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales pese a que en un año han desaparecido de las mismas 2.330.

El dato corresponde al pasado mayo, en comparación con el quinto mes de 2025, y figura en la estadística experimental que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) dos veces al año.

La provincia de Las Palmas es la tercera que más viviendas vacacionales acapara (26.998) y Santa Cruz de Tenerife, la quinta (21.358).

Y en el top diez de los municipios españoles, La Oliva (3.979) figura en el número ocho, y Arona (3.976), en el nueve.

En el conjunto de España, el número de viviendas turísticas descendió en mayo pasado el 10,7 %, hasta 341.001, lo que supone su segunda mayor caída interanual de la serie histórica. En concreto, se anunciaban 40.836 unidades menos que un año antes.

Sin embargo, si se compara con la estadística anterior, correspondiente a noviembre de 2025, el número de pisos turísticos aumentó en mayo un 3,4 %, lo que equivale a 11.237 más.

Desde que hay registros, el mayor número de viviendas turísticas anunciadas en plataformas se contabilizó en agosto de 2021 con 403.267.

Más de 1,7 millones de plazas

En suma, las viviendas turísticas que se registraron en mayo ofrecieron 1.714.702 plazas, lo que supuso una media de 5 plazas por vivienda.

Las comunidades autónomas con más viviendas turísticas en mayo fueron Andalucía (90.649); Cataluña (51.305); Comunidad Valenciana (51.268); Canarias (48.356) y Baleares (21.304).

Sin embargo, todas ellas presentaron caídas en 5.527, 5.546; 11.922; 2.330 y 3.057 unidades, respectivamente.

Las provincias con más viviendas turísticas el pasado mes de mayo fueron Málaga (45.176); Alicante (32.148); Las Palmas (26.998); Santa Cruz de Tenerife (21.358); Baleares (21.304) y Gerona (20.821).

El número de viviendas turísticas solo aumentó en las provincias de Badajoz (16 %), Cáceres (14 %), Jaén (7 %), Cuenca (6 %) y La Rioja (1 %).

Además, los municipios con más viviendas turísticas fueron Madrid (10.836), Málaga (8.288), Barcelona (8.231), Marbella (6.987), Sevilla (6.937), Valencia (5.393), Mijas (4.465), La Oliva (3.979) y Arona (3.967).

Tras conocerse estos datos, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana achaca esta caída a la entrada en vigor de la Ventanilla Única Digital y la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que permite a los vecinos vetar este tipo de usos no residenciales de la vivienda.

El pasado 21 de mayo, el Tribunal Supremo acordó la nulidad del procedimiento de registro único de arrendamientos de corta duración que quieran publicitarse en plataformas digitales al entender que el Estado carece de competencia para establecer esta regulación “exhaustiva”, que se superpone a los autonómica.

El Ministerio insiste en que continúa trabajando para garantizar que el mayor número de viviendas disponibles se destinen al alquiler residencial a precios asequibles y recalca las diferentes ayudas e instrumentos que contiene el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para atraer de nuevo al mercado residencial estas viviendas.

Asimismo, entiende que es imprescindible que el resto de administraciones se sumen a ese compromiso, sobre todo después de conocer que el Banco de España estima que 900.000 viviendas que podrían acoger a familias se están usando como pisos turísticos o segundas (o terceras) residencias de no residentes.

“Hasta la fecha, los gobiernos autonómicos en manos del PP se han dedicado a recurrir todas las medidas impulsadas por el Gobierno para limitar la presencia de pisos turísticos que no solo colisionan con el derecho a la vivienda, sino que también desdibujan las ciudades y perjudican la convivencia”, apunta el ministerio que dirige Isabel Rodríguez.

El número de viviendas vacacionales en Canarias disponibles en plataformas digitales de intermediación ha caído un 20% este mes de mayo respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en las 38.337 unidades conocidas, ha informado este jueves el Instituto Canario de Estadística (Istac).

En su Estadística Experimental de Vivienda Vacacional, el Istac ha destacado en conclusiones que de las 47.648 viviendas vacacionales disponibles que había en 2025, actualmente solo hay 38.337, con un total de 156.9967 plazas a disposición de los visitantes, frente a las cerca de 200.000 que había el año pasado, es decir, un 21% menos.

El Istac no entra a valorar las posibles causas por las que se ha producido este descenso, que coincide con la entrada en vigor en los últimos meses de la normativa reguladora de las viviendas vacacionales que ha implantado el archipiélago.

La mayor parte de este tipo de viviendas está en la isla de Tenerife, que cuenta con el 41%, a la que le sigue Gran Canaria, con un 22%; Lanzarote, con un 16% , y Fuerteventura, donde están el 14% de las mismas.

Desde el Istac también han apuntado que durante el mes de mayo, 30.066 viviendas recibieron alguna reserva, lo que supone un 78,43% del total de las que hay disponibles en el archipiélago dentro de las plataformas digitales analizadas.

El porcentaje es mayor en la isla de El Hierro, donde recibieron alguna reserva el 86,21% de las viviendas vacacionales en oferta, seguida de Lanzarote, con el 82,22%, y de La Palma, con el 80,53%.

El objetivo de esta operación estadística experimental es ofrecer indicadores mensuales de la capacidad, la ocupación y la rentabilidad de la vivienda vacacional que esté disponible en las plataformas analizadas en el mes de referencia, entre otros datos de interés para el sector, ha precisado el instituto.

Ha aclarado que para este estudio, se publican datos de las viviendas vacacionales que prestan servicio de alojamiento en Canarias y que se ofertan en plataformas digitales de intermediación. 

La Guardia Civil ha esclarecido una estafa cometida contra un ciudadano residente en Italia, engañado mediante una sofisticada maniobra de suplantación digital cuando trataba de alquilar una vivienda en Barcelona para una estancia vacacional.

Las pesquisas determinaron que el presunto responsable es un vecino de Ciudad Real, que ya ha sido puesto a disposición judicial.

Una web falsa diseñada para engañar

Todo comenzó cuando la víctima localizó en Internet un inmueble que se ajustaba a sus necesidades y contactó con los supuestos arrendadores a través de una aplicación de mensajería instantánea,.

Para dotar de credibilidad a la oferta, los presuntos estafadores facilitaron información detallada de la vivienda e incluso remitieron vídeos del inmueble, alimentando así una falsa sensación de confianza.

Poco después, le hicieron llegar un enlace que conducía a una página web fraudulenta, diseñada para reproducir con gran fidelidad la imagen y el funcionamiento de una reconocida plataforma inmobiliaria.

Apremiado por una supuesta y elevada demanda del inmueble, el perjudicado realizó una transferencia bancaria superior a los 3.000 euros en concepto de reserva. Tras efectuar el pago, toda comunicación con los supuestos propietarios cesó de forma repentina.

Ante la falta de respuesta, la víctima contactó con el servicio de atención al cliente de la plataforma original, donde le confirmaron que el dominio utilizado no pertenecía a la empresa y que había sido víctima de una estafa basada en la suplantación de identidad digital.

Una vez constatado el fraude, presentó la correspondiente denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. Activación inmediata de la investigación La denuncia fue recibida y gestionada por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), que activó de inmediato al Equipo de la Cibercomandancia para el esclarecimiento de los hechos.

Entre las primeras actuaciones llevadas a cabo por los investigadores se solicitó el bloqueo cautelar de la cuenta bancaria receptora de los fondos con el objetivo de evitar nuevos movimientos y preservar posibles indicios.

El análisis de las comunicaciones mantenidas con la víctima, unido al estudio de la operativa bancaria asociada al fraude, permitió reconstruir el itinerario de los fondos e identificar plenamente al presunto autor de la estafa, que resultó ser un vecino de Ciudad Real.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha abogado este miércoles por que prevalezca el acceso a la vivienda de los ciudadanos en aquellas zonas tensionadas por encima de “otras figuras” como pueden ser los apartamentos y pisos turísticos.

Así se ha pronunciado el ministro a preguntas de los medios en una rueda de prensa en Toledo donde ha indicado que el turismo es un fenómeno que “hay que gobernar”. “La clave está en el buen gobierno del turismo, lo que significa que, ante un fenómeno como este, lo que nos toca a los gobiernos de un país, de una región o de las ciudades, es el gobernar”.

“Significa el poder controlar la oferta para acomodar este fenómeno con la sostenibilidad social”, ha señalado, para afirmar que poner “límites al mercado” y regular la figura de los pisos turísticos, como la hostelería o la urbanización en la costa para que tenga “una relación coherente” con la calidad de vida de los ciudadanos, “será una tendencia que se seguirá ampliando”.

En este sentido, ha afirmado que en España se deja estas decisiones, con “buen criterio”, al liderazgo local de cada una de las ciudades.

“En todo caso, en zonas tensionadas, el criterio claro es que prevalece el derecho al acceso a la vivienda de los ciudadanos por encima de otras figuras y esto lleva a limitar la oferta de esta figura como de otras figuras”.

“Para defender el armónico desarrollo del turismo tenemos que hacer compatible con la calidad de vida”, ha manifestado el titular de a cartera de Turismo, quien ha añadido que “ya se están tomando decisiones y allí donde no se han tomado estoy seguro que se tomarán”.

Movimiento Sumar Castilla-La Mancha ha reclamado al Gobierno de Emiliano García-Page que actúe “de manera inmediata” para impedir que las viviendas turísticas puedan anunciarse en plataformas digitales sin disponer del correspondiente registro autonómico.

La formación realiza esta petición después de que el pasado 19 de mayo el Tribunal Supremo anulase la ventanilla habilitada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para la gestión de estos registros, al considerar que dicha competencia corresponde a las comunidades autónomas.

Para el responsable de Vivienda de Movimiento Sumar Castilla-La Mancha, José Luis Resuela, la sentencia deja claro que la Junta “no puede seguir mirando hacia otro lado”.

Recuerda que “Emiliano García-Page siempre está dispuesto a acudir a los tribunales cuando considera que el Estado invade competencias autonómicas” y espera que “ejerza esas competencias con la misma contundencia”.

Datos que no concuerdan: “Estarían operando sin inscripción”

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre de 2025 existían 721 viviendas turísticas en la ciudad de Toledo, 320 en Cuenca, 207 en Albacete, 61 en Ciudad Real y 42 en Guadalajara.

Sin embargo, los datos del Registro de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla-La Mancha correspondientes a mayo de 2026 reflejan cifras significativamente inferiores en la mayoría de las ciudades analizadas. En Toledo figuran registradas 641; en Cuenca, 330; en Albacete, 99; en Ciudad Real, 41; y en Guadalajara, 22.

La diferencia entre ambas fuentes apunta, dice Movimiento Sumar, “a la posible existencia de un número relevante de viviendas turísticas que estarían operando sin inscripción en el registro autonómico”. En Toledo la diferencia supera el 10% del total estimado por el INE, mientras que en Albacete y Guadalajara ronda el 50%.

La situación, abundala formación, “resulta especialmente llamativa en municipios turísticos de menor tamaño”. En Sigüenza, el INE estima la existencia de 79 viviendas turísticas, mientras que únicamente 22 figuran registradas ante la Junta. En Almagro, las estimaciones del INE alcanzan las 110 viviendas frente a las 64 registradas.

Movimiento Sumar recuerda que muchas de estas ciudades han experimentado importantes incrementos en los precios de la vivienda durante los últimos años, especialmente en alquiler, y considera imprescindible reforzar los mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

“Si una vivienda turística no puede anunciarse sin acreditar su inscripción en el registro autonómico, desaparece el incentivo para operar al margen de la ley. La Junta tiene capacidad para actuar y debe hacerlo de inmediato”, sostiene Resuela.

La formación reclama al Ejecutivo regional que establezca mecanismos de colaboración con las plataformas digitales, refuerce las labores de inspección y garantice que ningún alojamiento turístico pueda comercializarse sin cumplir previamente todos los requisitos legales.

Vivienda pide recuperar los inmuebles ilegales para programas de vivienda asequible

Precisamente hoy, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha alentado a las comunidades autónomas a recuperar las más de 111.000 viviendas de uso turístico (VUT) ilegales que hay repartidas por todo el territorio nacional para incorporarlas a programas de vivienda asequible.

Cree que ese proceso podría llevarse a acabo “ahora mismo” porque las comunidades autónomas “tienen los recursos”. En este contexto, ha recordado que el próximo mes de julio el Gobierno repartirá los primeros 800 millones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2031, que cuenta con una dotación total de 7.000 millones para todo el periodo, de la que el 60% corre a cuenta del Estado y el 40% de las comunidades autónomas.

El Parlament balear ha instat aquest dimarts el Govern de Marga Prohens (PP) a impedir que futures reformes normatives permetin noves places turístiques en edificis plurifamiliars, si bé PP i Vox han rebutjat estendre aquesta prohibició als adossats, aparellats i habitatges unifamiliars aïllats que comparteixen parcel·la amb altres edificacions.

La negativa de conservadors i extrema dreta ha impedit tirar endavant el punt més ambiciós d'una iniciativa amb la qual el PSIB-PSOE pretenia blindar qualsevol possibilitat de creixement de l'oferta turística en tipologies residencials que, segons els socialistes, continuen funcionant en la pràctica com a conjunts plurifamiliars.

Entitats com Terraferida fa anys que alerten, a més, de l'expansió massiva de xalets i macrourbanitzacions en sòl rústic -molts d'ells amb piscina-, un procés que, segons els ecologistes, està transformant progressivament l'illa. Segons el darrer inventari elaborat per l'entitat, entre 2021 i 2024 es varen construir o ampliar 846 habitatges d'aquest tipus —cinc cada setmana— sobre 546 hectàrees de sòl agrari i forestal. Terraferida alerta que el fenomen ja no respon al model tradicional d'habitatge aïllat, sinó a grans xalets de luxe amb piscines i jardins, molts d'ells vinculats al lloguer turístic.

La proposta partia d'una crítica directa a les successives excepcions introduïdes per l'Executiu de Prohens al seu compromís de no permetre “ni una plaça turística més” en habitatges residencials. Mentre que la prohibició afecta els edificis plurifamiliars -els tradicionals blocs de pisos-, PP i Vox han mantingut fora del veto els adossats, aparellats i determinats habitatges unifamiliars situats en parcel·les amb altres edificacions.

L'esquerra sosté que aquestes tipologies, tot i que jurídicament no siguin considerades plurifamiliars, compleixen en molts casos una funció residencial similar i podrien continuar incorporant-se al mercat turístic, mantenint oberta una via per a la creació de noves places en plena crisi d'accés a l'habitatge.

En concret, el Govern del PP va deixar fora de la prohibició de noves places turístiques els adossats i aparellats a través del decret turístic aprovat l'abril de 2025. No només això. Amb el suport de Vox, els populars varen ampliar de manera encoberta aquesta via en incloure, a través de la seva llei òmnibus, els habitatges unifamiliars aïllats que comparteixen parcel·la amb altres edificacions. Una excepció que, per als socialistes, no és menor, atès que podria afectar al voltant de 12.000 immobles a les Balears.

Les novetats introduïdes recentment pels dos socis d'investidura reserven, a més, un 25% de les places de la borsa temporal turística per a allotjaments que s'implantin en edificis declarats Bé d'Interès Cultural (BIC) o catalogats, tant en sòl urbà com rústic. El percentatge fins i tot podrà ampliar-se o reduir-se mitjançant una simple resolució del conseller insular de Turisme.

Els socialistes sostenen que aquestes modificacions contradiuen el discurs oficial de contenció turística i poden acabar traslladant més habitatges del mercat residencial cap a usos turístics en un moment de màxima tensió habitacional. A l'exposició de motius de la iniciativa debatuda aquest dimarts alerten que cada habitatge que abandona el mercat residencial per convertir-se en allotjament turístic redueix les possibilitats d'emancipació dels joves, dificulta la contractació de treballadors essencials i agreuja els problemes d'accés a l'habitatge en un territori sotmès a una forta pressió turística i urbanística.

La Cambra sí que ha aprovat reclamar al Govern que garanteixi que cap modificació normativa permeti noves places turístiques en edificis plurifamiliars, prioritzi el dret a l'habitatge davant el lloguer vacacional i reforci la inspecció i el control de l'oferta turística il·legal.

Cultura sostenible

La comissió parlamentària també ha donat llum verda a una àmplia bateria de mesures per impulsar una estratègia de cultura sostenible a les Balears, una iniciativa defensada per la diputada socialista Malena Riudavets que ha comptat amb un ampli suport parlamentari. Vox, tanmateix, ha quedat pràcticament tot sol en la seva oposició a bona part de les propostes, incloses les dirigides a reforçar la presència del català i del patrimoni cultural de les illes en les polítiques públiques.

La proposició no de llei insta el Govern a elaborar una estratègia balear de cultura sostenible amb participació dels consells, ajuntaments, agents culturals i professionals del sector. La iniciativa també reclama incorporar criteris de sostenibilitat social, ambiental, territorial i de governança en les convocatòries públiques, programes i equipaments culturals dependents de la comunitat autònoma.

Entre les mesures aprovades figuren també l'elaboració d'un mapa d'equipaments i projectes culturals per millorar la coordinació entre illes, la posada en marxa de programes de suport a la mobilitat interinsular d'artistes i creadors, l'impuls de xarxes estables de col·laboració entre teatres, auditoris i centres culturals i l'adopció de mesures per garantir l'accessibilitat universal i la inclusió cultural.

La Cambra autonòmica també ha donat suport a promoure línies de suport a la professionalització i estabilització del sector cultural mitjançant el foment de condicions laborals dignes i la sostenibilitat dels projectes culturals. Aquest punt ha tirat endavant malgrat el vot en contra de Vox.

Un dels aspectes que ha evidenciat més diferències ha estat el relatiu a la llengua catalana. El Parlament ha aprovat instar el Govern a reforçar la presència del català i del patrimoni cultural material i immaterial de les Balears dins les polítiques públiques culturals. La proposta ha rebut dotze vots favorables i l'únic rebuig de Vox, que s'ha tornat a desmarcar del consens de la resta de formacions.

L'extrema dreta també ha votat en contra de l'elaboració d'una estratègia cultural sostenible, de la incorporació de criteris de sostenibilitat en l'acció cultural pública, del mapa cultural balear i de les mesures destinades a la professionalització del sector, mentre que ha optat per l'abstenció en qüestions com la mobilitat interinsular d'artistes, la creació de xarxes de col·laboració entre equipaments culturals o les polítiques d'accessibilitat i inclusió.

L'únic punt de la iniciativa que no ha prosperat ha estat el que plantejava crear mecanismes d'avaluació i indicadors d'impacte cultural, social i territorial per mesurar els resultats de les polítiques impulsades pel Govern. La proposta ha estat rebutjada pels vots del PP i del diputat no adscrit Llorenç Córdoba, mentre que PSIB i Més per Mallorca hi han votat a favor i Vox s'ha abstingut.

La comissió ha aprovat finalment impulsar accions de formació i sensibilització en matèria de cultura sostenible dirigides tant a les administracions públiques com als professionals i agents culturals de les illes, una mesura que ha tornat a comptar amb l'oposició dels de Santiago Abascal.

El Parlament balear ha instado este martes al Govern de Marga Prohens (PP) a impedir que futuras reformas normativas permitan nuevas plazas turísticas en edificios plurifamiliares, si bien PP y Vox han rechazado extender esta prohibición a adosados, pareados y viviendas unifamiliares aisladas que comparten parcela con otras edificaciones.

La negativa de conservadores y extrema derecha ha impedido sacar adelante el punto más ambicioso de una iniciativa con la que el PSIB-PSOE pretendía blindar cualquier posibilidad de crecimiento de la oferta turística en tipologías residenciales que, según los socialistas, continúan funcionando en la práctica como conjuntos plurifamiliares.

Entidades como Terraferida llevan años alertando, además, de la expansión masiva de chalés y macrourbanizaciones en suelo rústico -muchos de ellos con piscina-, un proceso que, según los ecologistas, está transformando progresivamente la isla. Según el último inventario elaborado por la entidad, entre 2021 y 2024 se construyeron o ampliaron 846 viviendas de este tipo -cinco cada semana- sobre 546 hectáreas de suelo agrario y forestal. Terraferida alerta de que el fenómeno ya no responde al modelo tradicional de vivienda aislada, sino a grandes chalés de lujo con piscinas y jardines, muchos de ellos vinculados al alquiler turístico.

La propuesta partía de una crítica directa a las sucesivas excepciones introducidas por el Ejecutivo de Prohens a su compromiso de no permitir “ni una plaza turística más” en viviendas residenciales. Mientras la prohibición afecta a los edificios plurifamiliares -los tradicionales bloques de pisos-, PP y Vox han mantenido fuera del veto a los adosados, pareados y determinadas viviendas unifamiliares situadas en parcelas con otras edificaciones.

La izquierda sostiene que estas tipologías, aunque jurídicamente no sean consideradas plurifamiliares, cumplen en muchos casos una función residencial similar y podrían seguir incorporándose al mercado turístico, manteniendo abierta una vía para la creación de nuevas plazas en plena crisis de acceso a la vivienda.

En concreto, el Govern del PP dejó fuera de la prohibición de nuevas plazas turísticas a adosados y pareados a través del decreto turístico aprobado en abril de 2025. No solo eso. Con el apoyo de Vox, los populares ampliaron de forma encubierta esa vía al incluir, a través de su ley ómnibus, a las viviendas unifamiliares aisladas que comparten parcela con otras edificaciones. Una excepción que, para los socialistas, no es menor, dado que podría afectar a alrededor de 12.000 inmuebles en Balears.

Las novedades introducidas recientemente por los dos socios de investidura reservan además un 25% de las plazas de la bolsa temporal turística para alojamientos que se implanten en edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC) o catalogados, tanto en suelo urbano como rústico. El porcentaje incluso podrá ampliarse o reducirse mediante una simple resolución del conseller insular de Turismo.

Los socialistas sostienen que estas modificaciones contradicen el discurso oficial de contención turística y pueden acabar trasladando más viviendas desde el mercado residencial hacia usos turísticos en un momento de máxima tensión habitacional. En la exposición de motivos de la iniciativa debatida este martes alertan de que cada vivienda que abandona el mercado residencial para convertirse en alojamiento turístico reduce las posibilidades de emancipación de los jóvenes, dificulta la contratación de trabajadores esenciales y agrava los problemas de acceso a la vivienda en un territorio sometido a una fuerte presión turística y urbanística.

La Cámara sí ha aprobado reclamar al Govern que garantice que ninguna modificación normativa permita nuevas plazas turísticas en edificios plurifamiliares, priorice el derecho a la vivienda frente al alquiler vacacional y refuerce la inspección y el control de la oferta turística ilegal.

Cultura sostenible

La comisión parlamentaria también ha dado luz verde a una amplia batería de medidas para impulsar una estrategia de cultura sostenible en Balears, una iniciativa defendida por la diputada socialista Malena Riudavets que ha contado con un amplio respaldo parlamentario. Vox, sin embargo, se ha quedado prácticamente solo en su oposición a buena parte de las propuestas, incluidas las dirigidas a reforzar la presencia del catalán y del patrimonio cultural de las islas en las políticas públicas.

La proposición no de ley insta al Govern a elaborar una estrategia balear de cultura sostenible con participación de consells, ayuntamientos, agentes culturales y profesionales del sector. La iniciativa también reclama incorporar criterios de sostenibilidad social, ambiental, territorial y de gobernanza en convocatorias públicas, programas y equipamientos culturales dependientes de la comunidad autónoma.

Entre las medidas aprobadas figuran además la elaboración de un mapa de equipamientos y proyectos culturales para mejorar la coordinación entre islas, la puesta en marcha de programas de apoyo a la movilidad interinsular de artistas y creadores, el impulso de redes estables de colaboración entre teatros, auditorios y centros culturales y la adopción de medidas para garantizar la accesibilidad universal y la inclusión cultural.

La Cámara autonómica también ha respaldado promover líneas de apoyo a la profesionalización y estabilización del sector cultural mediante el fomento de condiciones laborales dignas y la sostenibilidad de los proyectos culturales. Este punto ha salido adelante pese al voto en contra de Vox.

Uno de los aspectos que ha evidenciado mayores diferencias ha sido el relativo a la lengua catalana. El Parlament ha aprobado instar al Govern a reforzar la presencia del catalán y del patrimonio cultural material e inmaterial de Balears dentro de las políticas públicas culturales. La propuesta ha recibido doce votos favorables y el único rechazo de Vox, que ha vuelto a desmarcarse del consenso del resto de formaciones.

La extrema derecha también ha votado en contra de la elaboración de una estrategia cultural sostenible, de la incorporación de criterios de sostenibilidad en la acción cultural pública, del mapa cultural balear y de las medidas destinadas a la profesionalización del sector, mientras ha optado por la abstención en cuestiones como la movilidad interinsular de artistas, la creación de redes de colaboración entre equipamientos culturales o las políticas de accesibilidad e inclusión.

El único punto de la iniciativa que no ha prosperado ha sido el que planteaba crear mecanismos de evaluación e indicadores de impacto cultural, social y territorial para medir los resultados de las políticas impulsadas por el Govern. La propuesta ha sido rechazada por los votos del PP y del diputado no adscrito Llorenç Córdoba, mientras que PSIB y Més per Mallorca han votado a favor y Vox se ha abstenido.

La comisión ha aprobado finalmente impulsar acciones de formación y sensibilización en materia de cultura sostenible dirigidas tanto a las administraciones públicas como a los profesionales y agentes culturales de las islas, una medida que ha vuelto a contar con la oposición de los de Santiago Abascal.

Las fachadas y los portales de bloques de apartamentos turísticos han aparecido vandalizadas en las últimas horas en varias localidades asturianas con mensajes contra el negocio de la vivienda, la turistificación de los barrios y la especulación inmobiliaria.

Las pintadas llevan inscrito el lema 'Su negocio, nuestra ruina. 6J XIXÓN', que es el elegido para la manifestación que el Sindicatu Vivienda d'Asturies y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias han convocado para el próximo sábado, día 6, que saldrá al mediodía desde la Plaza del Humedal y recorrerá las calles de Gijón/Xixón.

Con esta movilizacion, ambas organizaciones quieren reivindicar la expropiación de viviendas vacías y pisos turísticos para destinarlas a uso social.

Acabar con los desahucios y alquileres indefinidos, así como condicionar la compra de vivienda a uso residencial, la desmercantilización de la vivienda pública y el desmantelamiento de las empresas de desocupación son algunos de los objetivos que persiguen con estas acciones.

Sin embargo, la fórmula elegida para denunciar esta situación y la celebración de la manifestación no se ha limitado a una convocatoria a los medios de comunicación para exponer sus reivindicaciones o a su difusión a través de las redes sociales, sino que se ha recurrido a vandalizar las fachadas como acción de protesta contra el modelo turístico en la comunidad autónoma.

Reivindicada a través de redes sociales

Estas acciones han sido reivindicadas y difundidas posteriormente a través de las redes sociales por colectivos y organizaciones vinculados al movimiento por la vivienda.

Estos colectivos aseguran que esta forma de protesta es “una denuncia valiente y contundente de la situación habitacional desesperada de las familias y juventud trabajadora de Asturias, que viven dedicando la mayor parte de sus ingresos a pagar sus viviendas para que rentistas y fondos buitre se forren a costa de su miseria”.

La presión turística

Desde los sindicatos convocantes de la manifestación mantienen que “en Asturias la presión turística es uno de los principales problemas para el acceso a una vivienda, en la que las instituciones han hecho entre poco y nada por solucionarlo, y en muchos casos han agravado el problema, favoreciendo el negocio privado mediante colaboración público-privada”.

Los sindicatos se han unido para convocar esta manifestación con la que quieren denunciar la precaria situación que se registra en Asturias ante el empeoramiento progresivo del acceso a la vivienda que achacan a la “inacción y falta de voluntad” de las administraciones.

La primera Ley de Vivienda de Cantabria, en tramitación en el Parlamento, refleja la fijación del Gobierno de Cantabria (PP) con un sí y un no rotundos: sí a la lucha contra la ocupación y no a poner límites a los precios de alquiler y venta. Y, tras más de un año de proceso, las posiciones de los partidos de la oposición también empiezan a entreverse, con un PRC que se queda de perfil mientras pide “cambios profundos” en el documento y un PSOE (impulsor con el PRC de una liberalizadora ley del Suelo en la pasada legislatura) en contra.

Pero quien ha mantenido su prioridad legislativa bien visible ha sido, dentro y fuera del hemiciclo, el consejero de Vivienda de Cantabria, Roberto Media (PP): ha dedicado la legislatura a posicionar la ocupación de viviendas sin contrato, que sistemáticamente llama “okupación”, como el principal problema a atajar para resolver el acceso a la vivienda.

La posibilidad de poner topes a los precios de venta y alquiler no es una opción, pese a las solicitudes de municipios como Castro, Comillas o Astillero. En la última comisión estatal de vivienda, en Madrid, Media ha enfatizado que la declaración de zonas tensionadas no va a incorporarse a la ley autonómica con el PP: “En Cantabria no vamos a aplicar zonas tensionadas, por mucho que la ministra se empeñe en ello, y que aumente las cantidades de dinero para aquellas comunidades autónomas que así lo hagan; nosotros no lo vamos a hacer”.

Y el consejero, ha dicho, tiene un argumento: las políticas de zonas tensionadas, que forman parte del Plan Estatal de Vivienda del que Cantabria recibe (y aporta) fondos, “se ha visto que son absolutamente equivocadas, que no llevan más que a la ruina del futuro del las políticas de vivienda y del futuro de nuestros hijos; y no vamos a hipotecar el futuro de nuestros hijos”, ha dicho como si arrendar una vivienda fuera una profesión.

La ocupación, según ha defendido Media durante la legislatura, mantiene “más de 50.000” viviendas vacías en Cantabria por “el miedo” que infunde en los propietarios. Por eso, como medida principal de su ley de vivienda, la iniciativa del gobierno incluye una oficina, que puso en marcha en 2025, para denunciar por teléfono o por email casos de ocupaciones. La inclusión de la oficina en la ley buscaría blindar el servicio público. Teóricamente, una vez resuelto el conflicto con la futura legislación, destrabaría la problemática de vivienda asequible, según un consejero que rechaza unos datos oficiales que minimizan la dimensión de los casos de ocupación.

Los datos van a la baja

En Cantabria hubo, en 2025, un total de 10 demandas en juzgados civiles por ocupaciones ilegales de vivienda. Esta cifra supuso una reducción del 47% respecto al año anterior y un 77% menos respecto a 2020, cuando hubo 43 demandas, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De 2020 a 2025, Cantabria pasó de 52 a 115 denuncias por allanamiento/usurpación de inmuebles, según datos consultados en el portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior. De los hechos constitutivos de delito, Guardia Civil y Policía Nacional pasaron de esclarecer 31 casos, por los que se produjeron dos detenciones, a 76, por los que hubo 11 detenciones.

La Fiscalía de Cantabria habla de usurpaciones para definir los actos que el Gobierno de Cantabria califica de “okupaciones”. Y tambien ofrece una panorama estadístico a la baja: un 24% menos de casos de diligencias previas en la fase de instrucción (búsqueda de indicios para evaluar si hay pruebas para un juicio). Si en 2024 contabilizó 113 diligencias previas, en 2025 hubo 86 diligencias.

Fuentes de la Fiscalía aclaran que “la mayoría” de las registradas bajo el concepto de 'usurpacion', son las llamadas “okupaciones” de casas: “Se ocupan pisos deterioriados, en desuso, o no terminada la construcción y con tiempo prolongado de abandono”, especifican.

El dato comprobable en cada institución es testimonial en relación a la población y va a la baja, pero choca con la retórica sostenida.

El Gobierno autonómico ha justificado en varias ocasiones que los datos de los juzgados son bajos por los procesos de mediación previos y porque los casos se dilatan hasta llegar a los tribunales, lo cual alteraría las cifras. Los datos del Ministerio del Interior indican un crecimiento, pero son cifras testimoniales en relación a la población. Y, sobre todo, la estadística estatal no distingue si la vivienda está habitada o no lo está, por lo que no es posible establecer una correlación entre estos datos, los casos judicializados de ocupación que reflejan los juzgados y la teoría de Media sobre el porqué de la vivienda vacía.

La radiografía de la vivienda en Cantabria, en los últimos cinco años, es una panorama de escasa oferta de vivienda pública de alquiler asequible-; de un aumento modesto de la vivienda nueva (de 742 a 1867, según el Colegio de Aparejadores), y de un incomprobable número oficial de vivienda vacía —el Gobierno solo ha informado verbalmente de las 50.000 viviendas—. Todo esto en un contexto de suelo rústico disponible para construir vivienda (tras el acuerdo PSOE-PRC en la pasada legislatura) y una visión liberalizadora del suelo por parte del PP para aumentar la construccción.

“La sensación” de Media

En los últimos cinco años, las cifras de desahucios no han dejado de bajar: 191 en 2025, dejando a Cantabria 12 puntos por debajo de la media nacional en la tasa por cada 10.000 habitantes (32 frente a 50), según datos del CGPJ. Pero la sensación que Media busca trasladar es que alguna vez, alguna persona, puede ocupar la casa de alguien. Y la palabra 'sensación' es una literalidad. El consejero de Vivienda, Roberto Media, lleva toda la legislatura enroscado en que un solo caso es suficiente. En febrero de 2025, tres meses antes de que la iniciativa saliese a exposición pública, Media dijo: “Da igual una o mil, la sensación de los ciudadanos es de que le puede tocar a cualquiera”.

Un año después, en abril de 2026, Media encontró un caso: denunció públicamente y ante la Guardia Civil “la ocupación ilegal” de una de las tres viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, rehabilitadas por la empresa cántabra de la vivienda, Gesvican, en Orejo (Marina de Cudeyo).

En su nota de prensa, citó también “intentos de ocupación” en viviendas públicas en Cerrias (Piélagos), que “obligaron al Ejecutivo a contratar servicios de vigilancia”. Una situación de intento de ocupación que, según Media, se repitió en Arnuero, donde “tras varios intentos” de ocupación, el Gobierno invirtió “250.000 euros de dinero público” en seguridad.

Media, gran defensor de la colaboración público-privada en la construcción de vivienda, tiene por delante un proceso de discusión parlamentaria. Por ahora, el Gobierno autonómico, en 2026, ha vuelto a subir, por tercera vez esta legislatura, el precio del metro cuadrado de la VPO para compensar a las constructoras, no piensa declarar zonas tensionadas ni se plantea tampoco poner freno a la vivienda turística, esté o no regularizada. Y, mientras no contempla poner tope al precio del alquiler o de la venta, la compraventa sigue cayendo y el alquiler sigue subiendo.

El Ayuntamiento de Castro fue famoso durante los años del ladrillo por un nivel de polémicas urbanísticas que lo llevó a ser bautizado como 'La Marbella del norte'. Ese mismo municipio se convierte, veinte años después, en el primero de Cantabria que pone coto a la urbanización en suelo rústico ordinario y echa el freno a la Ley del Suelo autonómica que ha favorecido así la construcción de viviendas en este tipo de suelo, provocando un aumento de las segundas residencias de uso turístico.

La Ley del Suelo, impulsada por el PP con apoyo del PRC en 2022 y modificada en 2024, liberalizó la construcción en suelo rústico ordinario. La medida fue vendida como una fórmula contra la despoblación, para fijar habitantes mediante “áreas de desarrollo rural”. Pero el efecto, en parte, está siendo la tramitación de vivienda de segundo uso, los alojamientos turísticos y las piscinas. Y aunque el PRC avanzó recientemente una propuesta para frenar este uso en zonas rurales, el PP ha rechazado la idea.

El Ayuntamiento de Castro, una coalición del PSOE y la formación local CastroVerde, se ha amparado en un resquicio de autonomía que deja la Ley del Suelo, que permite a los consistorios para limitar la construcción total o parcial en suelo rústico ordinario, mediante la aprobación definitiva de una ordenanza municipal, que entra ahora en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

En la práctica, Castro con 9.500 hectáreas de superficie, regresa al sistema previo a la Ley del Suelo, en el que la figura que manda su Plan General de Ordenación (PGOU), que data de 1996 y que impide la construcción en suelo rústico en un municipio que dispone de alrededor de 8.000 hectáreas de suelo rústico protegido y solo 115 hectáreas de suelo rústico ordinario, siendo estas últimas hectáreas donde se ha podido urbanizar en los cuatro años previos, según cálculos de la concejalía de Urbanismo de Castro.

La iniciativa de crear un decreto que impida el uso del suelo rústico ordinario provino de CastroVerde, el socio del gobierno municipal del PSOE, en 2024. Dos años después, la ordenanza es una realidad, en un municipio donde solo alrededor del 10% del suelo rústico carece de protección. “En Castro, la Ley del Suelo no iba a tener mucha incidencia”, reconoce el concejal de Urbanismo, Eduardo Amor (Castro Verde).

La ordenanza solo recibió dos alegaciones, pero además el concejal de Urbanismo también es consciente de que Castro ya cuenta con un PGOU con unas condiciones restrictivas sobre los usos del suelo, pero también tiene claro el mensaje que buscaba trasladar con la limitación: “Que se entienda que es un tipo de suelo donde no se puede urbanizar porque queríamos dar protección ecológica y de servicios a la ciudadanía, como el agua”, en un extenso municipio como Castro, con nueve juntas vecinales diseminadas, marcado por el urbanismo desaforado durante años.

“El Ayuntamiento cuenta ahora con más técnicos y herramientas que, en los años dos mil, no tenía. Siempre he defendido que Castro tuvo un crecimiento que no pudo asumir, el Ayuntamiento no tenía los recursos”, dice Amor, en política desde 2011.

En Castro, la memoria histórica urbanística es un tema sensible. A partir de 2008, hubo un estallido de casos vinculados a la corrupción urbanística tras la explosión de la burbuja de la construcción: fueron imputados y en varios casos condenados alcaldes, concejales, funcionarios y políticos de diversas siglas. El entonces titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2, Luis Acayro Sánchez, instruyó una veintena de causas por corrupción en el municipio. Diez años después, todavía quedaban 110 imputados en siete causas pendientes de juicio o sentencia. En 2025, Acayro fue inhabilitado por el Tribunal Supremo para la carrera judicial. Hoy, al menos los casos más emblemáticos por su alto impacto, como los casos 'Sobresueldos' o 'Proconor', estan cerrados.

El municipio donde hace dos décadas se normalizaron los juicios por delitos por prevaricación administrativa y urbanística, era ya entonces uno de los municipios más turísticos de Cantabria. Pero solo en verano de 2025, recibió más de 30.400 visitantes, 4.000 más que el verano anterior, convirtiéndose, en uno de los “más concurridos”, según el Gobierno autonómico. Hace años que tiene la categoría autonómica de de 'Zona de Gran Influencia Turística', que permite a los comercios de más de 300 metros cuadrados abrir cuando quieran.

“Vista la importancia de preservar el territorio frente a la expansión urbana descontrolada, la especulación y la degradación ambiental, se justifica la regulación del suelo rústico con figuras de protección”, reza el preámbulo de la ordenanza.

“Aumentar la oferta”

El municipio —como ocurre en el resto del país— afronta un panorama con el alquiler y la compra de vivienda complicado, que ya solicitó con poco éxito al Gobierno de Cantabria ser declarado como zona tensionada, para limitar las rentas a grandes propietarios y subidas al alquiler, pero el consejero de Urbanismo, Roberto Media, rechazó frontalmente la idea: “La solución no pasa por declarar zonas tensionadas, sino por aumentar la oferta de vivienda asequible y de calidad”, dijo antes de pedir un estudio a la Universidad de Cantabria que lo avalase.

La propuesta de zona tensionada, planteada por el Grupo Municipal Podemos, buscaba, en parte, responder a una realidad que se suma al decreto que impide la construcción en suelo rústico: “Castro tiene poco suelo rústico, pero es relativo, tiene unos 100 kilómetros cuadrados”, advierte Alberto Martínez, concejal de Podemos en el ayuntamiento.

Con la nueva ordenanza sobre suelo rústico, si llegan solicitudes de tramitación de viviendas en Castro sobre suelo rústico ordinario, con autorización de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), que es el organismo autonómico que regula las peticiones de edificar, entre otras materias, serán frenadas en este Ayuntamiento que, durante los cuatro años de vigencia de la Ley, solo ha recibido “dos o tres solicitudes”.