La indefensión vecinal ante los promotores de apartamentos turísticos en València: zonas comunes reventadas sin permiso

“Aquí hay unos señores que se están cargando las fachadas que dan a las zonas comunes a martillazos sin permiso de la comunidad, algo ilegal a todas luces, y ni la Policía Local, que se ha personado varias veces, ni el Ayuntamiento han sido capaces de paralizar las obras”.

Así se han pronunciado los vecinos consultados por elDiario.es de los residenciales ubicados en la calle Carlos Cortina con Salvador Cerveró y en la calle Encarna Albarracín, ambos situados a muy cercanos y ubicados en la zona de expansión del barrio de Benicalap, en València.

Según han informado, la mercantil Business Decission and Advice SL adquirió los bajos comerciales de ambos edificios e inició las obras para ejecutar sendos alojamientos turísticos, en principio bajo la tipología de apartahotel, de 38 estancias en el caso de la calle de Carlos Cortina y de 22 en el de Encarna Albarracín.

A las lógicas molestias por las obras, con perforaciones incluidas en los garajes para realizar los desagües que según fuentes vecinales ha causado algunos daños e inseguridad, se une la lógica preocupación por la puesta en marcha de una actividad que consideran que alterará la normal convivencia entre los residentes, que se opusieron desde el primer momento.

De hecho, la administradora de la primera comunidad ha asegurado a esta redacción que aprobaron en una junta la prohibición del uso turístico del residencial. En el caso del segundo, el de la calle Encarna Albarracín, lo tienen incluido en sus estatutos: “Nos amenazan con dar acceso a los turistas a las zonas comunes y a la piscina, generando inseguridad y pérdida de intimidad a los residentes, cuando además es algo que no pueden hacer”, afirma la presidenta de esta comunidad. En ambos casos han puesto diversas denuncias y en el primero ya hay fecha para un procedimiento judicial el próximo mes de febrero.

La tensión ha ido a más en las últimas semanas, puesto que los operarios de la obra han abierto ventanales en las fechadas que dan a los elementos comunes sin permiso de las comunidades afectadas, algo que como indican las mencionadas fuentes, prohíbe expresamente la Ley de Propiedad Horizontal: “El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad”, reza el artículo 7.1.

“Estamos totalmente indefensos ante los abusos de esta empresa. La Policía Local nos está atendiendo muy bien y viene cuando se le requiere, pero de momento no pueden parar la obra. También ha venido la inspección del Ayuntamiento sin que por el momento se haya tomado ninguna medida”, afirman los residentes, quienes explican que la propiedad de los bajos solo puede entrar al interior del residencial para acceder al cuarto de contadores.

Por su parte, este diario ha tratado de recabar la versión de la mencionada mercantil sin haber obtenido respuesta.

Dudas sobre la licencia de obras

Más allá de la actividad turística que viene regulada en la nueva normativa que aprobó el Ayuntamiento el pasado mes de marzo tras aplicar una moratoria de dos años en la concesión de nuevas licencias, las fuentes vecinales no acaban de entender que el Ayuntamiento haya concedido sendas licencias de obras si el proyecto presentado por la empresa incluía la alteración de zonas comunes sin tener permiso de la comunidad para hacerlo.

“Tenemos muchas dudas con el procedimiento administrativo. La empresa asegura que tiene un certificado validado por una Entidad Colaborada Urbanística (ECUV), lo que ha presentado al Ayuntamiento para obtener la licencia de obras. Pero es imposible que se haya dado esa licencia si el proyecto incluye la alteración de elementos comunes sin tener permiso de la comunidad. Hay algo que no cuadra”, dicen los residentes consultados.

A las dudas planteadas se unió la denuncia de Compromís respecto a resolución firmada el pasado 14 de julio por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, por la que se denegó el permiso de obras en el caso del proyecto de la calle Carlos Cortina.

La resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que los alojamientos turísticos proyectados superan el 15% permitido para la actividad en bajos por manzana, llegando “al 100%” en este caso, sobrepasando los porcentajes fijados en la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de València sobre usos terciarios hoteleros, aprobada definitivamente el 31 de marzo de 2026 y en vigor desde el 25 de mayo.

Sin embargo, desde el equipo de Gobierno aseguraron que posteriormente a esa resolución, la empresa promotora renunció al exceso de superficie terciaria, por lo que se le concedió el permiso de obras. Sin embargo, en la manzana tan solo existe un residencial y tal y como ha comprobado in situ elDiario.es, en todos los bajos se están haciendo aparentemente las mismas obras, en concreto, 38 alojamientos.

En el caso de la comunidad de la calle Encarna Albarracín, las mismas fuentes municipales han explicado que el informe elaborado por la inspección recoge que, en lo observable, se ajustan básicamente a la documentación gráfica incorporada al expediente.

La inspección recoge asimismo que la apertura de ventana en la fachada interior denunciada “figura en el proyecto modificativo y que, durante la visita, se comprobó que la constructora, de acuerdo con la propiedad y la Dirección Facultativa, ha adoptado una solución con vinilo traslúcido y apertura mínima para compatibilizar iluminación, ventilación y privacidad”. Los vecinos, sin embargo, lo desmienten: “Las ventanas se pueden abrir por completo, de hecho, los trabajadores acceden por ellas a las zonas comunes para trabajar”.

Además, desde el equipo de Gobierno que lidera la alcaldesa María José Catalá han comentaron que “la comunidad de propietarios sostiene que los estatutos comunitarios prohíben ese tipo de aperturas sobre elementos comunes”. Por ello, “el Consistorio ha decidido recabar criterio jurídico para determinar si un eventual incumplimiento de esos estatutos faculta o no al Ayuntamiento para paralizar unas obras que cuentan con título administrativo y están en ejecución”.