El consejero socialista Denis Itxaso va ofreciendo con cuentagotas detalles de cómo será la nueva reforma de la ley de Vivienda de 2015, la segunda en menos de un año y que golpea de lleno a la principal preocupación ciudadana del momento. A la idea inicial de poner coto al fraude “generalizado” en la venta de viviendas protegidas tasadas -que suelen incorporar un sobreprecio camuflado de pago por muebles o similar para acercar su coste al del mercado-, se unirá la de impedir la pérdida de protección de casas previas a 2003, cuando ya se hizo permanente el blindaje, siempre que estén en zonas tensionadas. No se ha aclarado aún si será un proyecto del Gobierno o una proposición de los partidos en el Parlamento -esto segundo es lo más probable porque fue la fórmula del pasado año y porque le evita al Ejecutivo trámites e informes- ni se han los plazos precisos, aunque Itxaso ha explicado a los periodistas que 2027 sería un horizonte deseable para su entrada en vigor.

“La técnica legal no la tenemos definida. Lo estamos valorando. Estamos viendo diferentes alternativas. Mi propuesta, mi promesa, es que que el año que viene pueda estar aprobada. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Mire, la política de vivienda es una fotografía en movimiento y diría más, en movimiento muy rápido. Se está moviendo todo a toda velocidad. En todo momento, este Gobierno ha asumido un papel reformista y honesto desde el punto de vista de ir monitorizando los problemas e ir tomando decisiones y medidas que nos permitan afrontar esos desafíos”, ha explicado Itxaso en una comparecencia ante los medios de comunicación. El consejero ha señalado que Catalunya, por ejemplo, ya ha adoptado medidas similares con perfecta seguridad jurídica.

¿Cómo se traducirá en datos la nueva reforma legal? “En Euskadi, las viviendas protegidas calificadas a partir de 2003 cuentan con protección permanente y, sin embargo, 1.071 viviendas anteriores a esa fecha van a perder su calificación temporal en los próximos años, de las cuales 901 se encuentran en zonas tensionadas”, ha señalado el propio consejero. Más en detalle, “se evitará la descalificación de 510 viviendas en alquiler de Benta Berri en San Sebastián”, un caso que ha ganado relevancia por las denuncias vecinales al ser un fondo buitre su nuevo casero. También hay otras 119 en Donostia, además de 248 en Vitoria y 21 en Bilbao que se salvarían de pasar a ser totalmente libres, lo que dispararía su atractivo en el mercado.

En cuanto a los sobreprecios ocultos de las viviendas protegidas de venta, si hasta ahora era el titular el que buscaba un comprador y la Administración sólo visaba los requisitos, en el futuro será el Gobierno el que asuma la búsqueda de un nuevo morador. Por un lado, se evitarán cobros ocultos y, por otro, las asignaciones responderán a los baremos de las listas de Etxebide. Son “más de 1.000 transmisiones” anuales las que se verían condicionados.

Se da la circunstancia de que, en diciembre de 2025, el Parlamento ya aprobó una reforma de la ley de Vivienda, y de otros adyacentes, con una primera batería de medidas urgentes. Fue la reconciliación legislativa entre el PSE-EE, el partido que gestiona esta cartera en Euskadi, y el PNV, el socio mayoritario del Gobierno de Imanol Pradales. En 2015, con los nacionalistas en minoría en el Ejecutivo, el PSE-EE logró sacar adelante desde la oposición la ley ahora en vigor con apoyos de EH Bildu y UPyD. Y, en 2023, el PNV se opuso a la normativa estatal de Pedro Sánchez y en Euskadi la recurrió al Tribunal Constitucional contra el criterio del consejero socialista del ramo, entonces Iñaki Arriola.

Itxaso, a la luz de que la nueva propuesta viene pactada de nuevo con el PNV, ha querido “poner en valor” que “después de muchos años” esta legislatura “está siendo la del consenso” entre los socios. “Estamos aplicando las zonas tensionadas que devienen de la ley estatal, en ayuntamientos de todos los colores”, ha puesto como otro ejemplo del nuevo clima. Fuentes del PNV consultadas por este periódico confirman la sintonía con esta nueva iniciatva. Ambos partidos tienen mayoría absoluta para aprobarlo en la Cámara.

Con EH Bildu

La reflexión sobre la sintonía entre PNV y PSE-EE tenía una segunda derivada, porque este viernes se ha producido una reunión entre el consejero socialista y el líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, para hablar del plan de vivienda lanzado hace unas semanas por la principal fuerza de la oposición. La formación abertzale insiste en ver “neoliberal” al PNV en materia de vivienda y en sentirse más próximo a los socialistas, en un intento de meter cuña en la coalición. Según Otxandiano, las posiciones “antagónicas” entre los socios no son cosa del pasado y ha señalado, por ejemplo, que los nacionalistas, en Donostia, van de la mano del PP para que parcelas de la zona llamada Infierno sean cedidas a promotores privados para levantar pisos de 400.000 euros, cuando podrían ir al Gobierno vasco para construir casas protegidas.

Sobre la reforma legislativa, una EH Bildu que consideró la anterior una “contrarreforma” esperará a tener la “letra pequeña” de la nueva para posicionarse. Eso sí, el portavoz de la coalición ha recordado que “hace cuatro años” propusieron atajar el fraude en la venta de viviendas protegidas y que el predecesor de Itxaso, el también socialista Arriola, se opuso con rotundidad porque era “más difícil que nunca” que hubiese irregularidades. “Se han perdido cuatro años”, ha lamentado Otxandiano, que en todo caso ha recordado que la normativa vigente permite a la Administración ejercer el derecho de tanteo y quedarse con los pisos que se enajenan para luego destinarlos al alquiler social. “Y esto apenas se ha hecho”, ha asegurado el dirigente de EH Bildu.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha vuelto a cargar con dureza contra la gestión de Sumar en el Gobierno de España. Cambiando los papeles habituales en las sesiones de control, Pradales ha pasado a ser la oposición de la oposición en la respuesta a una pregunta de la coalición de izquierdas en el Parlamento Vasco sobre los escasos avances que aprecian en las negociaciones sobre la reforma del Estatuto.

A falta de detalles sobre lo que se le requería, el lehendakari ha señalado a tres de los cinco ministros de Sumar. A la vicepresidenta Yolanda Díaz le ha afeado que las negociaciones sobre el traspaso del Fogasa estén siendo “decepcionantes”. A la ministra de Sanidad, Mónica García, convertida ya en diana habitual del PNV, le ha vuelto a acusar de “provocar” la huelga médica que está disparando las listas de espera de Osakidetza. Y, si no desea “negociar” con los facultativos, debería ceder a las comunidades autónomas las competencias sobre el estatuto marco, ha recalcado. Y, finalmente, al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, le ha reprochado que no acceda al traslado “temporal” del cuadro 'Guernica' de Pablo Picasso con motivo del nonagésimo aniversario del bombardeo nazi, que se conmemorará el año próximo.

“Den la cara, no se pongan de perfil. [...] Póngase el buzo de trabajo vasco”, le ha dicho el lehendakari al único representante de Sumar en la Cámara vasca, Jon Hernández, que es de IU. El pasado año Pradales ya criticó que la parte de Sumar del Gobierno de España frenara el acuerdo en torno al Sepe y las prestaciones de paro. Incluso estando en La Moncloa le pidió “orden” a Pedro Sánchez en su gabinete para que controlara a los ministros de la coalición de Díaz.

De su lado, Hernández quería concreciones sobre cómo marchan las negociaciones sobre el Estatuto. Es algo prometido en 2012 que ha naufragado varias veces y ahora mismo los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, llevan meses hablando fuera de la Cámara sin que se sepa muy bien cuáles son los avances o los plazos. Pradales, en septiembre, dijo que en junio haría una ronda con los partidos para valorar ese asunto.

El lehendakari, sin dar muchos detalles, ha confiado en que “los partidos sigan avanzando”. Eso sí, ha indicado que él tiene como misión principal completar el Estatuto en vigor, el de 1979. De cara a julio se prevé cerrar un acuerdo en torno a la gestión económica de la Seguridad Social, la más relevante de las transferencias pendientes.

Críticas de EH Bildu por Osakidetza

Al hilo de las críticas del Gobierno vasco al central, el líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha asegurado en la Cámara, en declaraciones a los periodistas, que Osakidetza no puede escudarse en la huelga y en la ministra García para explicar las listas de espera porque los indicadores ya estaban empeorando antes de la convocatoria de las movilizaciones.

Otxandiano aprecia “cierta irresponsabilidad” en la gestión sanitaria y emplaza al consejero del ramo, Alberto Martínez, del PNV, ha que mire menos “a terceros” y dé pasos donde puede darlos. Ha subrayado, por ejemplo, que el convenio de Osakidetza lleva sin ser renovado desde 2008.

Pello Otxandiano (Otxandio, 1983) es el líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, donde se celebra la entrevista. El encuentro tiene lugar en una semana en que la formación abertzale ha lanzado, desde la oposición, un plan para abordar la emergencia habitacional. Plantean construir 30.000 viviendas mediante la “colaboración público-comunitaria” y movilizar otras 30.000 con iniciativas como, por ejemplo, retirar el uso turístico a 5.000 pisos. Dice Otxandiano que, al lanzar estas ideas, se ha sentido un poco como en el Gobierno mientras PNV y PSE-EE, con sus críticas, hacían las veces de oposición. En materia de Vivienda, EH Bildu se ve más cerca de los socialistas. En otros temas, como las negociaciones para blindar las exigencias de euskera en la Administración, negocian con el PNV, aunque considera “trumpiana” su forma de proceder. En realidad, opinan que nacionalistas y socialistas tienen muchas discrepancias en variados asuntos. A lo largo de la conversación, Otxandiano desliza que volverá a ser candidato a lehendakari en 2028, siempre que las bases lo ratifiquen. Y también insiste en que “sin duda, sin duda” España necesita una nueva legislatura de Pedro Sánchez, porque la alternativa de Alberto Núñez Feijóo, bien con el PP en solitario o con Vox de aliado, será una “amenaza”.

Esta semana han presentado un plan de vivienda desde la oposición. ¿Quieren mostrarse como un Gobierno en la sombra?

Lo que queremos es atender la primera preocupación de la ciudadanía y dar una respuesta determinante a una crisis que tiene consecuencias sociales y económicas de primer nivel. Nos corresponde actuar en ese sentido. Siendo oposición, en primer lugar, haciendo una crítica política a la política de vivienda del Gobierno, pero, a la vez, planteando alternativas. Lo que hemos presentado este sábado es el buque insignia de una política de vivienda capaz de dar respuesta a la crisis habitacional.

Lo decía porque este viernes, en el Parlamento, señalaba usted mismo que están pareciendo más el Gobierno que el Gobierno. Y que ellos parecen la oposición.

Sí. Durante esta semana he tenido un poquito esa sensación. Nosotros hacemos una crítica política medida en cuanto a formas, aunque sea intensa. Porque eso forma parte del juego político y democrático. Pero si se hace desde el respeto y con rigor, no sólo creo que sea legítimo, es que además es necesario. Y las reacciones han sido bastante viscerales, tanto por parte de los portavoces parlamentarios como incluso por parte del propio consejero de Vivienda. Y en redes sociales también se ha escuchado mucho ruido. Ya digo, tenía la sensación de que en algún momento que el Gobierno éramos nosotros y de que los partidos de Gobierno eran la oposición.

Sobre su plan, el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha pedido “bajar de las musas al teatro”, que se dejen de diagnósticos. Y también ha dicho que “hasta hace diez minutos” los ayuntamientos de EH Bildu no cedían suelos para construir vivienda.

Es mentira. Y tenemos datos y testimonios de numerosos alcaldes y exalcaldes, de alcaldesas y exalcaldesa. Tengo el teléfono ardiendo de mensajes de primeros ediles que me cuentan su experiencia personal con el Departamento de Vivienda. Ningún alcalde se ha opuesto a que se construyesen viviendas públicas en su municipio en los últimos diez años. Otra cosa es que los desarrollos urbanísticos hay que hacerlos de forma racional y ordenada, porque afecta al desarrollo social y económico del municipio. En ningún momento, repito, los ayuntamientos han estado en contra de ceder suelos al Gobierno vasco. El problema ha sido, más bien, la incapacidad operativa en muchos casos del Departamento a la hora de ejecutar los convenios. Hay muchos convenios que no se han ejecutado, otros que todavía que nos han firmado y proyectos que se han planteado al Gobierno que no le han interesado. En fin, entiendo que los ayuntamientos son un eslabón importante en política de vivienda porque el suelo es patrimonio municipal, pero no se pueden comparar las capacidades y el rol de los ayuntamientos con el del Gobierno vasco. Aquí lo que ha habido es una falta de política vivienda durante los últimos diez años y los datos son evidentes. 3.000 viviendas públicas promovidas por Visesa, que es la promotora pública.

Ustedes plantean construir 30.000 viviendas, diez veces más. ¿Es realmente viable construir 30.000 viviendas en una década?

Si se produce un salto en capacidades institucionales y en recursos económicos y financieros, es posible. Tenemos ciertas capacidades institucionales aquí. Visesa y Alokabide son estructuras administrativas que tienen experiencia en promoción de vivienda pública. Y hay que multiplicar esas capacidades. Eso exige la creación de una nueva entidad que haga promoción de vivienda asequible, una entidad profesional que tenga capacidad de gestionar suelo. Y de gestionar esa vivienda pública tanto en alquiler como en derecho de superficie. Hace falta un punto de inflexión, un salto de escala.

¿Y quién paga eso?

Por una parte, hay un capital público. Hay que disponer de 1.000 millones por parte del Gobierno vasco, que tiene ese margen económico y financiero. Por otra parte, las fundaciones bancarias son un actor relevante porque su función social encaja perfectamente con esto. Están para hacer obra social. ¿Qué mejor obra social que promover vivienda pública en estas condiciones? De hecho, tienen la oportunidad de plantear una inversión que sea una obra social autofinanciada. Y, por otra parte, las EPSV también pueden ser un actor importante. Ese capital privado de orientación social que tenemos aquí, en los tres territorios, y que no existe en ningún otro lugar, nos permite, en colaboración con el capital público, constituir una sociedad de capital mixto, un vehículo de inversión, de promoción y de gestión de la vivienda asequible. Es posible ofrecer precios realmente asequibles, muy por debajo de los actuales del mercado.

¿Y esto de la colaboración público-privada no es una vía para privatizar?

No, es público-social. O diría que es público-comunitaria. Porque estamos contando con un capital privado de orientación social, que tiene una función social, que tiene un arraigo en el país, que tiene un sentido social. Claramente. Por otra parte, aquí se reconfigura el ecosistema institucional. Se introduce un nuevo elemento. En euskara, nosotros le hemos llamado EESE, Etxebizitza Eskuragarriaren Sustapen Erakundea.

Pero eso…

Se mantiene Visesa como promotora 100% pública para la promoción de vivienda social o VPO de régimen especial. Es multiplicar las posibilidades institucionales, económicas y financieras mediante una colaboración público-comunitaria.

Las EPSV también pueden ser un actor importante. Ese capital privado de orientación social que tenemos aquí, en los tres territorios, y que no existe en ningún otro lugar, nos permite, en colaboración con el capital público, constituir una sociedad de capital mixto, un vehículo de inversión

Viviendas de alquiler, pero también para venta.

Alquiler y derecho de superficie. Al cabo de 75 años, el suelo y el vuelo pasan a ser patrimonio de la Administración pública.

Se plantea también captar otras 30.000 viviendas. Por ejemplo, movilizando la vivienda vacía. Los ayuntamientos, con la honrosa excepción de Azpeitia, nunca han aplicado el canon de vivienda vacía que se introdujo en la ley de 2015. Tampoco los de EH Bildu. Con la excepción de Azpeitia, insisto.

Hay que construir. En ningún momento nosotros hemos estado en contra de construir vivienda pública. Pero no sólo hay que construir. Tenemos un parque de viviendas ya construido y aprovechando lo ya construido se pueden movilizar hasta 30.000, sí. Estimamos que se pueden captar 15.000 de las 25.000 viviendas vacías que existen, las que son movilizables. Parece que es una cifra ambiciosa, pero es realista. Además, 5.000 viviendas turísticas tendrían que pasar a tener uso residencial. Y, después, hay otra fórmula que es interesante, la redensificación urbana. Esto hay que hacerlo bien, no de cualquier manera, respetando los equipamientos, los espacios públicos, pero es posible. Desde nuestro punto de vista, se pueden crear nuevas viviendas también sin ocupar más suelo.

¿El canon?

El decreto de vivienda vacía lo aprobó el Consejo de Gobierno en 2021, después de seis años de aprobarse la ley vasca. Tal como ha dicho, el único Ayuntamiento que lo ha aplicado es Azpeitia. La alcaldesa, Nagore Alkorta, que de profesión es secretaria municipal, explica muy bien que ese decreto es muy deficiente en términos jurídicos. Azpeitia, siendo un municipio mediano pero que cuenta con recursos administrativos y financieros que no son muy comunes en municipios o ayuntamientos de ese tamaño, ha contado con asesoramiento externo para poder aplicar ese decreto y el canon. Es un proceso complejo. Se ha hecho un decreto que el PNV no comparte, porque critica su aplicación de su decreto siendo del Gobierno de Iñigo Urkullu. Y no ha planteado ningún tipo de asesoramiento a los ayuntamientos para su implementación. Es un proceso complejo realmente, porque se trata de intervenir. Esto es una forma de intervención y hay bastante inseguridad jurídica. Desbrozar el camino no es tarea fácil. Azpeitia ya lo ha hecho. Los resultados son positivos y de aquí en adelante otros ayuntamientos, también de EH Bildu, recorrerán ese camino.

¿Cuáles?

Me guardo un poco la información porque me parece que tienen que ser los responsables municipales quienes den cuenta de su política municipal.

¿Cómo se hace para que 5.000 viviendas que ahora están en uso turístico pasen a no tenerlo?

Ésta es otra forma de intervención que ya se está haciendo. Catalunya lo ha hecho. Y aquí se puede hacer. Puedes hacer por ley que, primero, ya no se den más licencias de viviendas turísticas. Y puedes hacer que, al cabo de equis tiempo, las licencias que reúnan determinadas características se queden sin efecto. Esto se puede hacer por ley, insisto. No hace falta ninguna ley nueva. De hecho, con la actual legalidad es posible actuar sobre las viviendas vacías, sobre las viviendas turísticas y sobre la redensificación y hacer toda la vivienda pública necesaria.

La ley de medidas urgentes de 2025 de diciembre, que no apoyaron, ya preveía que en zonas tensionadas no se puedan establecer nuevas viviendas turísticas. ¿Sería esto o sería también para fuera de las zonas tensionadas?

Con eso no se está pasando del uso turístico al uso residencial de las actuales viviendas. Creemos que se deberían destinar 5.000 viviendas turísticas a uso residencial. Eso significa dejar sin efecto algunas licencias turísticas. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo en aquellos lugares donde las consecuencias de la turistificación están condicionando sobremanera la vida social de las ciudades y también las posibilidades de acceso a la vivienda.

¿En Donostia?

Por ejemplo.

Cuando viaja fuera, ¿se ha alojado alguna vez en alguna vivienda turística?

No, nunca. Vamos a ‘campings’. O vamos a apartamentos. He estado recientemente en París en la semana de Pascua y nos alojamos en un apartahotel.

Hay que retirar la consideración de viviendas turísticas en aquellos lugares donde las consecuencias de la turistificación están condicionando sobremanera la vida social de las ciudades y también las posibilidades de acceso a la vivienda, como Donostia

Hay dos normativas esenciales en vigor, la ley vasca de 2015 y la ley estatal de 2023. En ambas participó EH Bildu. ¿Cuál es el grado de satisfacción con la aplicación y desarrollo de esas dos leyes?

La ley vasca de 2015 fue pionera. Estableció un marco de actuación que permitía anticipar la situación actual. Se hizo un ejercicio de anticipación. El problema ha sido la década perdida. Es un término que se lo hemos tomado prestado al propio consejero Itxaso, que es lo que le recriminó al PNV en Donostia, haber perdido mucho tiempo. Dijo que tiene dudas de si es posible recuperar ese tiempo ya. La ley era buena, pero el desarrollo ha sido absolutamente insatisfactorio. La prueba es que el desarrollo reglamentario de esa ley empieza seis años más tarde. ¿La ley estatal? Tiene una cuestión importante: por primera vez permite la intervención a través del mercado del alquiler. Ahora vamos a empezar a ver los datos en aquellas zonas tensionadas donde ya se ha aplicado el índice de precios de referencia, por ejemplo Orereta. En Nafarroa, ya tenemos los primeros datos. Los datos van a ser positivos, van a bajar los precios y no se va a detraer la oferta. Ese mecanismo tan criticado por el PNV, al que se ha opuesto por activa y por pasiva, es uno de los mecanismos de intervención que necesitamos.

En un plano más político, una de sus frases de esta semana ha sido que el PNV “no quiere” hacer en Vivienda y que el PSE-EE “quiere y no puede”. ¿Esto qué significa?

El consejero Itxaso es consciente de esta situación. Él es partidario de intervenir. El problema es que la emergencia habitacional y sus consecuencias sociales y económicas exigen de una intensidad y de una profundidad en las políticas que este consejero no puede hacer porque no tiene el consenso necesario en su Gobierno. Porque el PNV sigue defendiendo lo que se ha demostrado que es un dogma fallido, que es la autorregulación del mercado. Es decir, la base de la política de vivienda del PNV es que quien tiene que proveer la vivienda es el mercado. Por eso plantea avales a la compra de la vivienda, por ejemplo. Y por eso está en contra de la intervención del mercado del alquiler. Evidentemente, son dos paradigmas. Se producen situaciones como las de Donostia con las parcelas del Infierno. El alcalde quiere venderlas a una promotora privada para hacer viviendas tasadas de 400.000 euros para las clases medias, mientras el consejero le dice que le ceda los suelos para vivienda pública, aunque sea en derecho de superficie para las clases populares de rentas medias, con precios realmente asequibles. Son dos paradigmas. Por eso decimos que unos no pueden porque los otros no quieren.

Da la sensación, desde fuera, de que EH Bildu lo que busca en determinados temas, y no sólo en el área de vivienda, es mostrar la sensación de que hay una brecha entre los socios de Gobierno, que no están de acuerdo y que sería conveniente configurar otro tipo de mayorías.

Creo que para mostrar eso se valen por sí mismos. No están de acuerdo en muchas cosas. La lista es interminable. [Cuenta con sus dedos] Puerto de Pasaia, gestión de los aeropuertos, tren de alta velocidad, política migratoria, política lingüística, política de vivienda. Ya no es sólo que tienen discrepancias o desavenencias muy profundas en temas muy sensibles desde el punto de vista del país, es que además ahora las relaciones entre ellos están muy deterioradas y eso condiciona también la gobernabilidad. Se encargan ellos solitos.

¿Y cuál es la alternativa? ¿El pacto de EH Bildu con los socialistas? ¿O con el PNV?

La alternativa es un programa de Gobierno sólido que no sea la fusión de dos programas electorales a través del Chat GPT. No queremos gobernar por estar en los gobiernos. Queremos estar en los gobiernos para cambiar la política y cambiar las políticas públicas. Hagamos un debate sobre contenidos.

¿La coalición de PNV y PSE-EE comparte un programa de Gobierno hecho por Chat GPT?

Es una forma figurativa de decirlo. Es evidente que ese programa no es la referencia de la acción de Gobierno, porque de lo contrario no se entiende el espectáculo que están dando, por ejemplo, con el puerto de Pasaia. Ya se sabía que esta legislatura iba a ser la de las transferencias o del traspaso de las competencias del Estatuto de Gernika. Y no hay tantas que faltan. Llevan cuarenta años gobernando juntos. Se supone que sobre puerto habrán hablado muchísimo históricamente. Cuando se hizo el programa de Gobierno, aquellos temas que ahora se muestra que son muchos y de mucho calado no se trataron con la suficiente seriedad, se dejaron en un nivel de abstracción tal que te permite llegar a un documento que realmente no es una base sólida para plantear una acción de Gobierno que responda a los retos del país. Esto es lo que quiero decir. Sé que la política ahora se presta a frivolidades. No quiero que esto parezca una frivolidad, entiéndase de forma figurativa.

Se cumplen dos años desde el inicio de la legislatura y quedan dos para terminarla. Mencionaba la idea de gobernar ¿Su intención en 2028 sería repetir como candidato, ganar las elecciones y ser lehendakari?

Me presentaré como candidato, si es que las bases de EH Bildu así lo quieren. La idea es ganar las elecciones. Evidentemente, nos presentamos para eso. ¿Y para qué? Para hacer posible un cambio de paradigma en esta parte del país. Tanto Nafarroa como en Iparralde funciona un paradigma colaborativo…

La situación navarra…

Con sus problemas, sí. Lo hemos visto esta semana. Pero también se han hecho muchas cosas positivas a través de la colaboración y la cooperación en los últimos ocho años en Nafarroa. Ese paradigma también funciona en Iparralde de alguna manera. Es decir, entender que las diferentes tradiciones políticas tienen que ser de alguna manera copartícipes en el desarrollo del país. Aquí, en la comunidad autónoma vasca lo que hay en vigor es una política de exclusión, clarísimamente. Esto lo expresó muy claramente la presidenta del PNV en Araba [Jone Berriozabal] al día siguiente del acuerdo presupuestario en el Ayuntamiento en Vitoria. ¿Cuándo se ha visto en política que un partido que está en el Gobierno al día siguiente de que la oposición le apruebe los presupuestos salga a criticar ese acuerdo? Eso demuestra claramente que el PNV tiene una obsesión, que es dejar fuera de la ecuación política a EH Bildu. ¿Por qué? Está primando una política en la que lo que tienen en la cabeza son las siguientes elecciones. El PNV está en modo supervivencia. No entiende que la fuerza que EH Bildu tiene en el Parlamento se la ha otorgado la ciudadanía. Más que una oportunidad desde el punto de vista del país, lo ve como una amenaza para su hegemonía, anteponiendo los intereses de partido a las posibilidades que ofrece esta aritmética parlamentaria en términos de país. Eso es un problema que nos conduce a bloqueos en la política en estos tres territorios.

Dispuesto a ser candidato pero, ¿para gobernar con quién? ¿Con el PNV o con el PSE-EE?

La pregunta principal no es con quién. Evidentemente no con el PP. Eso está más que claro. PP y Vox representan la reacción y tienen una representación muy minoritaria. Por lo tanto, PNV, PSE-EE y la izquierda confederal, que está bastante en horas bajas, podríamos tener una un espacio de diálogo sobre un proyecto de país en diferentes ámbitos institucionales. Pero esto hay que hacerlo institución a institución. Lo que no vamos a hacer en ningún caso, ni con el PNV ni con el PSE-EE, es repetir el mismo esquema de alianza política que plantean ellos, que es que se juntan al día siguiente de las elecciones en un despacho y hacen un pacto en cascada para llegar hasta el Ayuntamiento de Labastida. Eso es un error. Hay que negociar programas en cada ámbito institucional, ayuntamiento a ayuntamiento, diputación a diputación y Gobierno a Gobierno.

El PNV tiene una obsesión. Nos ve como una amenaza para su hegemonía, anteponiendo los intereses de partido a las posibilidades que ofrece esta aritmética parlamentaria en términos de país. Eso es un problema que nos conduce a bloqueos en la política en estos tres territorios.

Si me permite la broma, el acuerdo en Labastida no le salió muy bien al PNV. Gobierna el PP.

El PNV no quiso que EH Bildu gobernase en Labastida, que era la alternativa. Y el resultante es que el PP gobierna Labastida. Es que ése es el problema. El PNV mantiene esta política porque de lo que se trata es, en última instancia, de excluir cualquier gobierno de EH Bildu, incluso apoyándose en el PP. También en Gipuzkoa, Durango o Gasteiz. Mientras tanto, EH Bildu ha dado ejemplos muy pedagógicos en sentido contrario. En Gasteiz nosotros le dimos en 2015 el Gobierno a Gorka Urtaran, siendo nosotros segunda fuerza y el PNV tercera fuerza para quitarle el Gobierno al PP.

¿Siguen considerando esa confluencia con el PNV en elecciones generales y europeas que aprobaron en el último congreso? ¿Es eso preferible a una alianza con Gabriel Rufián?

No se ha entendido muy bien. Porque la oferta no iba dirigida al PNV. O no exclusivamente al PNV. La idea es sumar a toda esa gente en Euskal Herria que está a favor de un programa democrático y de reconocimiento de nuestro carácter nacional. Frente a una reacción, la posibilidad de una amenaza real por medio de un Gobierno PP-Vox, plantear una solución excepcional. Con un programa democrático de mínimos, expresar esa voluntad democrática de forma tajante, contundente. Ésa era la propuesta. Después, esto se ha simplificado. Se explica en términos de que EH Bildu lo que quiere es una alianza con el PNV. No, no sólo con el PNV, también con la izquierda confederal.

¿Y sobre Rufián?

Sobre las opiniones que ha vertido Rufián, lo que decimos es que evidentemente todas aquellas fuerzas democráticas que vayan a sostener el Gobierno de Sánchez necesitan un programa de mínimos común. El problema de esta legislatura es que ese bloque que invistió a Sánchez no ha tenido un programa de mínimos democrático. Cada uno ha ido por su lado, ¿no? Tenemos que ser capaces de conformar ese programa de mínimos que guarda relación con políticas sociales, antineoliberales, y con plantear de forma seria el debate de la plurinacionalidad y lo que eso significa en las respectivas naciones. Sobre eso es posible articular una gran alianza.

Sorprenden un poco estas reticencias porque ERC ha sido socio histórico de EH Bildu o incluso de otras fuerzas que la componen, como EA. En las europeas, hace dos años, concurrieron en coalición.

Sí, pero es otro marco. En el marco estatal, hay que ver cómo se optimiza el voto en términos de hacer imposible una mayoría de PP y Vox. Se sabe que hay que optimizar el voto en cada circunscripción. Creo que las fuerzas soberanistas, en sus respectivas naciones, optimizan el voto. Aquí el problema básicamente está en la izquierda española a la izquierda del PSOE. Esto lo hemos visto claramente en las sucesivas elecciones que ha habido en las diferentes comunidades españolas en los últimos meses. EH Bildu no puede solucionar los problemas de la izquierda española. Pero somos muy conscientes de que tenemos que formar parte de una alianza como lo estamos siendo. Una alianza que conforme un proyecto de mínimos para sostener una nueva legislatura de Sánchez. Diría incluso que hemos sido los más responsables en ese sentido en el Congreso de los Diputados, insistiendo permanentemente en que aquí no tenía que haber un bloque circunstancial, sino un bloque con un programa de regeneración democrática y política.

Entonces, si por EH Bildu fuera, ¿Pedro Sánchez debería continuar otra legislatura?

Sin duda. Sin duda. Porque la alternativa es PP y Vox, que es una amenaza. Me da igual un Gobierno de coalición de PP y Vox que un Gobierno de Feijóo con Vox fuera. Es que el PP de Ayuso es una fuerza reaccionaria y una amenaza desde el punto de vista de los derechos, de las libertades. Es un muro infranqueable para aquellos que planteamos avanzar en una agenda plurinacional.

¿No les pesa nada la corrupción, las investigaciones abiertas? EH Bildu siempre ha sido muy beligerante. Además, ustedes, con Irati Jiménez, presiden la comisión en Navarra sobre estas cuestiones.

Cero tolerancia frente a la corrupción. Los casos hay que analizarlos, hay que sustanciarlos. Hay que ver qué dan de sí esos procesos judiciales. Pero corrupción la han tenido históricamente tanto el PSOE como el PP. Ahora estamos asistiendo al juicio de la Kitchen. Por lo tanto, no es el elemento en estos momentos diferenciador entre el PSOE y el PP.

Mencionaba antes el tema navarro. Han sido días complejos en torno a las ikastolas. Da la sensación de que ustedes en materia de Salud, por ejemplo, defienden firmemente la publificación y que en Educación, sin embargo, son más indulgentes.

Hay que entender que la educación no es sólo un servicio público; es mucho más que eso. El sistema educativo es un elemento fundamental para la supervivencia de una nación. Históricamente, todos los Estados lo han lo han entendido así. En Estados serios, la Educación es un pacto de Estado. Por ejemplo, en Francia. No lo ha sido así en España, donde han cambiado la ley educativa cada cuatro u ocho años. La educación es un instrumento fundamental para la reproducción de la identidad nacional, también para la inclusión social. El problema es que Euskal Herria no ha tenido los instrumentos soberanos para desarrollar un sistema educativo propio. Una parte del sistema concertado tiene una trayectoria histórica que ha pretendido suplir esa deficiencia histórica -y también actual en muchas partes de Euskal Herria- en relación a precisamente a nuestra identidad nacional. En la ley educativa [de 2023 en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa] nosotros planteamos un marco que planteaba que, básicamente, a cambio de dinero público todos los centros educativos deben cumplir una serie de cuestiones que se consideran interés social o interés público. Y el que no las cumpla, pues se quedará fuera.

Una ikastola no deja de ser un colegio privado.

Jurídicamente sí, pero si esa ikastola cumple con lo que la Administración pública entiende que es interés social o interés público, si es gratuita, si asume los compromisos contra la segregación escolar y es laica… No deberíamos mezclar lo público con lo estatal. Me parece que es una visión de lo público excesivamente estatalista. Lo público, como servicio público, como servicio de interés público, puede ser no netamente administrativo. Puede haber formulaciones híbridas que conecten con tu idiosincrasia como país. Un país que tiene un fondo comunitarista importante. Aquí hay muchas cosas que se hacen por vocación de servicio a la comunidad, no desde las administraciones, sino desde la sociedad civil organizada. E históricamente se han suplido muchas carencias de las administraciones, sociales o lingüísticas, desde una sociedad organizada que no busca el ánimo de lucro, sino prestar un servicio importante para la cohesión social y para el futuro de la comunidad.

No deberíamos mezclar lo público con lo estatal. Me parece que es una visión de lo público excesivamente estatalista. Lo público, como servicio público, como servicio de interés público, puede ser no netamente administrativo. Puede haber formulaciones híbridas que conecten con tu idiosincrasia como país

Me ha parecido escuchar antes que Francia es un Estado serio.

No, yo no he dicho eso. He dicho que España históricamente no ha sido un Estado serio. Francia es un Estado que tiene una cultura jacobina muy fuerte. Por eso ha entendido que la educación era cuestión de Estado. Esto es lo que quería decir.

Sobre la ley de empleo público y el euskera, ¿han tenido ya esa reunión con el PNV que se dijo que iba a ser esta semana?

El miércoles, el PNV nos propuso la reunión para el jueves. Le respondimos que mejor hacerla la semana que viene. Es una reunión seria. Las reuniones no se convocan de un día para otro. EH Bildu tiene que elegir su interlocución. Hay que cuadrar agendas y hay que preparar la reunión. Se producirá la semana que viene.

¿Y en relación a la ley, en qué punto están?

Hay dos cosas que hay que resaltar. El planteamiento que ha hecho el PNV nos ha dejado perplejos. Los periodistas que seguís la actualidad política no sé si habréis visto esto alguna vez en este Parlamento. Salen los representantes del PNV e interpelan a EH Bildu públicamente pidiéndole una abstención sobre algo que desconocemos. ¿Cuál es el planteamiento de negociación? De hecho, más que pedírnoslo, nos lo exigen. Implícitamente hay una amenaza, un ‘si no te abstienes, tú vas a ser el culpable del bloqueo’. Es una forma de negociar bastante ‘trumpiana’. Desde el punto de vista democrático, creo que debería llevarnos a una reflexión. Esto no se ha producido nunca en este Parlamento. Así están las cosas.

¿Pero hay agua en la piscina?

Vamos a hacer una reunión. La reunión tiene que ser seria, El comienzo de un proceso. Tiene que haber un calendario, una metodología de trabajo. Tenemos la opinión de los expertos, que dicen que nuestra propuesta no es inconstitucional y que dice que la propuesta del PNV es un parche. Eso lo dijo un experto convocado a la comisión, al que después el PNV ha propuesto como magistrado del Tribunal Constitucional, nada menos. Y nosotros sí que queremos hacer una aclaración con respecto a nuestra posición en este debate, porque aquí hay mucho ruido y hay mucha gente interesada en distorsionar nuestra propuesta. ¿Qué es lo que proponemos? Que la Administración pública termine siendo bilingüe. Creo que esto, hasta ahora, ha sido un consenso. Lo queremos en el marco de un proceso gradual. Démonos tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuatro legislaturas? Hay dos lenguas oficiales y la ciudadanía tiene derecho a dirigirse en las dos lenguas oficiales a la Administración. Además, proponemos que el proceso tiene que ser flexible. Eso implica que va a haber plazas que se van a demorar, personas que entran a la función pública asumiendo un compromiso para aprender euskara y que van a disponer de los medios de la Administración para ello. Y, además, va a haber exenciones en algunos casos, porque aquí no se trata de que las personas que ya tienen 60 años empiecen a aprender. Nadie está hablando de esto. Ahora se trata de darle seguridad jurídica.

Algunos puntos parecen un poco lo que plantea el PNV...

Lo que no entendemos -y me produce un cierto desasosiego- es que, efectivamente, planteado así, el acuerdo es bastante posible. Con el PNV, pero también con el PSE-EE y con Comisiones [Obreras]. Planteado así, si alguien quiere hacer creer que se quiere imponer el euskara ‘ipso facto’ en todas las Administraciones y que eso va a generar un perjuicio, se equivoca. Quiero pensar que aquí nadie cuestiona el objetivo final, que es que la Administración termine siendo bilingüe en el marco de un proceso. Los únicos que lo cuestionan fuera de aquí son PP y Vox. Quiero pensar que aquí nadie pone en cuestión ese objetivo y, por eso mismo, nos hemos esmerado en tender puentes y plantear la necesidad de un acuerdo inclusivo entre diferentes tradiciones.

La forma de negociar del PNV con el euskara es bastante ‘trumpiana’. Desde el punto de vista democrático, creo que debería llevarnos a una reflexión. Esto no se ha producido nunca en este Parlamento

Precisamente estos días ha dicho que algunas posiciones de PSE-EE y CCOO, a los que citaba, eran similares a las de PP y Vox en otros lugares como Baleares.

En ningún momento pasa por mi cabeza equiparar al PSE-EE o a Comisiones con PP y Vox. En ningún momento. Lo repetiré: los únicos que cuestionan que donde haya lenguas cooficiales la Administración no tiene que terminar siendo bilingüe en el marco de un proceso gradual fuera de aquí son PP y Vox. Han pasado 44 años de la ley de euskara. Se ha avanzado mucho. Lo que decimos es que hay que seguir avanzando hasta llegar a esa meta de forma progresiva y gradual, y actuando con mucha flexibilidad con la gente que no sabe euskara. Incluso planteando exenciones. Esto es lo que planteamos nosotros. Si hubiera una política de altura y esto no estuviera interferido por muchos intereses electorales cortoplacistas, hay base política para hacer un acuerdo inclusivo. Vamos a intentarlo hasta el último minuto. La semana que viene nos reuniremos también con UGT. Sé que las condiciones son difíciles, pero no es un acuerdo difícil. Evidentemente, nos tendremos que poner de acuerdo en la intensidad y en el ritmo de ese proceso. Estamos dispuestos a negociar sobre ello. Es más un debate jurídico que político.

¿Y para ser candidato de EH Bildu en las elecciones municipales de 2027 hay que saber euskera en todos los lugares?

Hay que saber euskara, sí. O por lo menos tener el compromiso de aprender euskara en un plazo de tiempo razonable. Y algunas competencias hay que tenerlas, porque evidentemente te vas a relacionar políticamente con gente que va a querer relacionarse contigo en euskara.

EH Bildu propone la creación de una nueva sociedad pública para promocionar vivienda protegida de alquiler, y también de venta, en la que participen con el Gobierno vasco las tres fundaciones bancarias -BBK, Kutxa, Vital- y las EPSV de empleo. Esta sociedad construiría viviendas públicas “a precios asequibles” a través de promotoras privadas, que se unirían a las promociones de vivienda social a cargo de Visesa, a través de una fórmula de colaboración público-privada que guarda similitudes con la alianza financiera vasca, centrada hasta ahora en las inversiones industriales, pero trasladado a la construcción de vivienda.

La nueva sociedad se denominaría EESE (Etxebizitza Eskuragarriaren Sustapen Erakundea/Entidad de Promoción de Vivienda Asequible) y es una de las medidas contempladas en la estrategia de vivienda que ha elaborado la coalición soberanista, con la que consideran que podrían construirse 30.000 viviendas protegidas en el plazo de diez años, y sacar al mercado de alquiler en este periodo otras 30.000 ya existentes a través de viviendas ahora vacías, pisos turísticos y el redimensionamiento de algunas actuales, por ejemplo, dividiendo los pisos grandes.

El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha detallado las líneas generales de esta estrategia -que avanzó el pasado lunes en Bilbao- en el marco de unas jornadas en Donostia, en las que ha considerado que Álava, Bizkaia y Gipuzkoa cuentan con una serie de condiciones materiales “que permiten una respuesta de choque efectiva”, aunque ha reconocido que hace falta voluntad política para ponerlas en marcha. La medida estrella de esta estrategia es la nueva sociedad EESE, organismo de “colaboración público-comunitaria”, como lo definen, que estaría participada por el Gobierno vasco, con una aportación de 1.000 millones de euros; las fundaciones bancarias, con una aportación de 625 millones entre las tres; y las EPSV, con 375 millones de euros. Además, cuentan con tener 1.500 millones de euros a través de créditos ICO y BEI, con lo que se sumaría un total de inversión de 3.500 millones de euros para construir 30.000 viviendas en diez años, con un gasto promedio de 150.000 euros por vivienda, sumando la construcción el suelo y la gestión.

Otxandiano considera que se trata de una propuesta “realista”, porque la inversión de vivienda protegida entra en los parámetros de la obra social que tienen que acometer las fundaciones bancarias. Hace falta que los que lideran estas fundaciones accionistas de Kutxabank consideren que es una buena apuesta. Otxandiano dice que ya se lo ha trasladado a BBK, Kutxa y Vital. En cuanto a las EPSV, que deben buscar una rentabilidad en sus inversiones para poder cumplir su función de pagar las pensiones de sus abonados, Otxandiano considera que la inversión en vivienda supone para estas entidades “más segura” que otras, como por ejemplo invertir en industria.

No obstante, Otxandiano reconoce que “para que la propuesta sea viable” tiene que haber vivienda en alquiler y también en venta, porque es la venta la que da una liquidez inmediata. Por eso, se primará el aquiler, pero la venta será “un medio” para conseguir un parque de vivienda lo más elevado posible, aunque estas viviendas no serviría en ningún caso para realizar futuras especulaciones y se construirían bajo derecho de superficie a 75 años. La proporción podría ser de alquiler y venta al 50%, aunque esto no se podría determinar hasta ver cuántas tienes que poner a la venta para que sea rentable. El Gobierno vasco no construye vivienda para la venta desde 2020 y la última promoción de VPO en venta se presentó ya ultimada en diciembre de 2024. Toda la VPO con subvención pública es de alquiler. Sin embargo, EH Bildu considera que la Ley permite esta posibilidad al señalar que será “preferentemente en alquiler”.

Los cálculos de EH Bildu apuntan a que podrían construirse viviendas en alquiler protegido de unos 650 euros al mes, o en venta con precios de 225.000 euros, además de un canon de derecho de superficie de 60 euros al mes, según los precios orientativos que maneja la coalición.

La propuesta no es del todo nueva. Otxandiano ha propuesto al lehendakari, Imanol Pradales, en público y en privado, y también al PNV, destinar 1.000 millones de euros a la inversión en vivienda, y según señala Otxandiano, siempre se ha rechazado argumentando que supondría saltarse las reglas fiscales que impiden que Euskadi supere el 0,3% de déficit, y que esta inversión, al computar como deuda haría superar el umbral que marca el Estado. Sin embargo, EH Bildu tiene estudios jurídicos que señalan que se puede hacer mediante una inversión financiera, adquiriendo acciones de la nueva sociedad EESE.

Con esta Alianza por la Vivienda Asequible, EH Bildu considera posible levantar 30.000 viviendas en el plazo de diez años. Las otras 30.000 que se prevén habilitar hasta la 60.000 totales para la próxima década que barajan en su estrategia vendrían de la recuperación de viviendas turísticas, alrededor de 5.000, las medidas de redistribución en antiguas viviendas, unas 10.000, y sacar al mercado viviendas vacías, que estiman en alrededor de 15.000. Por el momento, sólo hay un ayuntamiento hasta ahora, el de Azpeitia, que gobierna EH Bildu, que ha puesto en marcha el canon para las viviendas vacías, pese a que la Ley que lo recoge desde 2015, aunque el decreto para desarrollarlo se aprobó en 2021. Los ayuntamientos siempre se han quejado de que es demasiado complejo para llevarlo a cabo con los recursos con los que cuentan. De momento, ni siquiera las capitales vascas se lo plantean.

En las jornadas sobre “emergencia habitacional”, han participado, además de Pello Otxandiano, Nerea Kortajarena, secretaria de Programa y la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, además de expertos en política de vivienda Javier Gil, investigador del CSIC, y Nacho Álvarez, exsecretario de Estado de Derechos Sociales del Gobierno español.

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha valido de una autopregunta del PNV en la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco de este viernes para anunciar una nueva “ley de medidas urgentes”. Se trata de una iniciativa para la “simplificación y agilización para la actividad económica sostenible”, una “autopista” que facilite las “inversiones de interés prioritario” en Euskadi, tanto industriales como de otro tipo.

Como en el caso de la “ley de medidas urgentes” en materia de Vivienda, aprobada ya en diciembre, la norma será tramitada como proposición de los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y no como proyecto de ley al uso. Teniendo mayoría absoluta y garantía de su aprobación, esto permite agilizar la tramitación al eludir decenas de informes internos y dejarlos en solamente uno, el de criterio del Ejecutivo, de rápida emisión. Fuentes socialistas confirman que la iniciativa está acordada entre ambos socios.

“La desburocratización y la simplificación administrativa es un objetivo de país. Porque el mundo no espera. Y las inversiones tampoco. Porque los desafíos que afrontamos nos demandan agilidad y velocidad. Y porque la competitividad nos interpela también a las Administraciones públicas”, ha manifestado.

Y ha agregado: “Si se me permite la expresión, una ‘autopista regulatoria’ que agilice las inversiones de interés prioritario para Euskadi. Inversiones en actividad económica sostenible, proyectos industriales, descarbonización, fortalecimiento de la industria alimentaria y el primer sector. Se trata de contar con una vía rápida y segura que agilice los proyectos de inversión estratégicos para Euskadi. Proyectos para la transformación económica, el bienestar y la autonomíaestratégica de nuestro país”.

Después, ha llegado el turno de las preguntas de la oposición. Pello Otxandiano, de EH Bildu, ha confiado en que Pradales haya regresado de su encuentro en el Vaticano con el papa de la Iglesia católica, León XIV, con “paz”. El portavoz abertzale ha ironizado también que en los últimos días él ha parecido el lehendakari y el Gobierno la oposición, lo que ha causado sonrisas en las bancadas nacionalista y socialista. Se refería a su plan de Vivienda, que pide discutir sin “bajar al barro”. Pradales le ha reprochado que lo haya lanzado con ataques directos a su partido y al PSE-EE, y se ha preguntado retóricamente si en los municipios que “desde hace décadas” controla la izquierda abertzale el problema habitacional es menor.

En el turno del PP, Javier de Andrés también ha invocado a la visita a León XIV, a la que ha llamado “el milagro vaticano” porque en apenas unos segundos le permitió tocar grandes temas estratégicos, según trascendió. “Pero nunca contesta usted nada en los plenos de control”, ha protestado. En realidad, su objetivo último era denunciar el “efecto llamada” de la regularización de extranjeros en España, que creen que vendría a empeorar aún más la “saturación” de los servicios públicos en Euskadi.

Pradales ha replicado que es muy difícil dar respuesta al PP cuando ni siquiera da “pistas” de lo que quiere saber en los plenos, donde lanza “titulares” de prensa y “teatraliza” un escenario de caos “viernes tras viernes”. “8,1 sobre 10”, le ha respondido sobre la nota que da la ciudadanía a la calidad de los servicios, según el más reciente Sociómetro. “El PP vasco está en un córner” en la política vasca, ha agregado el lehendakari, que veladamente ha recomendado a De Andrés que copie más a Juan Manuel Moreno Bonilla que a Isabel Díaz Ayuso.

En el tiempo de Sumar, Jon Hernández ha recordado que se cumplen ya dos años del inicio de la legislatura. “Y vemos en el Gobierno vasco mucha operación de marketing. Mucho foro, mucha mesa y muchos viajes al extranjero”, ha criticado Hernández, que ha denunciado la existencia de una “Euskadi a dos velocidades” con problemas para las “clases trabajadoras” en asuntos como la vivienda, los cuidados o la Sanidad pública. Pradales ha vuelto a tirar del Sociómetro. “7 sobre 10”, ha indicado, en relación a la percepción de la ciudadanía sobre su situación. Y ha usado su turno para atacar a Sumar por su papel en el Gobierno de España. “Tiene bemoles”, ha dicho varias veces sobre la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que acusa de haber “provocado” la huelga médica.

Vox ha querido denunciar que han pasado “21.535 días” sin que la selección española juegue en Euskadi. Se refería a la masculina de fútbol, porque otros equipos sí han jugado, como la absoluta de baloncesto masculino, que tuvo partidos en Vitoria en 2010, por ejemplo. Más recientemente, en 2025, el combinado de pelota ha disputado torneos. Texualmente, Amaia Martínez Grisaleña ha hablado de “operación retorno de España al País Vasco” y de que hace casi 60 años que no juega, recordando que en 2021 se suspendió la prevista Eurocopa en San Mamés. Pradales ha delegado la respuesta en su vicelehendakari, Ibone Bengoetxea. Y ha sido clara: “Este Gobierno no va a impulsar políticamente un partido de la selección española de fútbol en la temporada 2026/2027”. Ha añadido que la “simbología” de un Estado corresponde a su Gobierno y que debería ser el de España el que lo promoviera. Ha añadido que “respeta” a la selección española.

El consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, del PSE-EE, y el alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, han chocado en los últimos meses a la hora de abordar proyectos urbanísticos en la ciudad con los precios más caros de España. En la zona conocida como Infierno no hubo acuerdo y las parcelas disponibles irán a manos de promotores privados, sin posibilidad de edificar casas protegidas y, por ende, más económicas. Ahora, en cambio, Itxaso e Insausti tienen ya encima de la mesa un protocolo para desarrollar exactamente 5.095 viviendas protegidas, en su mayoría en alquiler y en diferentes modalidades, para todo tipo de rentas. Hay proyectos más pequeños, como el de Campos Elíseos, con 98, y otros más grandes y de mayor recorrido, como Auditz Akular, con 2.354 viviendas protegidas de una tacada.

“Cuando nos ceden el balón, estamos dispuestos a jugar hasta en el mismísimo infierno”, ha bromeado Itxaso sobre la importancia que tiene que los municipios cedan suelo al Ejecutivo autonómico para poner en marcha proyectos, aunque en el caso de esa zona de Donostia hubiera un desencuentro evidente.

Itxaso, tras aprobar su parte del protocolo en el Consejo de Gobierno, ha revestido como una muy relevante noticia tener “un marco de colaboración estable” hasta 2034 (prorrogable hasta 2038) “en la ciudad que mayor necesidad tiene, la más cara de España y la que tiene mayores tasas de expulsión” de jóvenes por lo prohibitivo de comprar un inmueble. El anterior alcalde, Eneko Goia, sostenía que era “exquisito” querer quedarse a vivir en el barrio.

El consejero ha dicho que en quince años no había habido interlocución fluida con Donostia mientras en Vitoria surgían Salburua o Zabalgana, en Bilbao Bolueta o Zorrozaurre y en la vecina Irún el polígono de Anaka. El marco temporal que da Itxaso no es casual. Se da la circunstancia de que en 2011 salió del Ayuntamiento el socialista Odón Elorza, su gran padrino político.

A falta de acuerdo en el Infierno, lo hay en otros diez ámbitos. 994 de las viviendas llegarían incluso “a corto-medio plazo”, ha prometido Itxaso. Está Txomin Enea con 315, que es la zona de desarrollo que se abrirá con el derribo de la cárcel de Martutene y el traslado de los presos a Zubieta. Es algo que ocurrirá en próximas semanas. También Antzita, con 387, Jolastokieta (ahora pabellones abandonados, como el de Otis), con 169, Campos Elíseos, con 98, Apostolados, con 16, o Rodil, con 9. Después están los planes más de futuro, con otras 4.101 viviendas. Son las 2.354 de Auditz Akular, en Altza, la mayor zona de desarrollo de Euskadi, las 1.750 que podrían surgir con la demolición de los cuarteles del Ejército en Loiola, las 530 de las antiguas vías de Euskotren liberadas por el inminente soterramiento del Topo -aquí los terrenos ya son autonómicos y permitirán unir el ensanche romántico con Amara Berri-, o las 268 de Sarrueta. Al margen del protocolo hay acuerdos en Morláns o Riberas de Loiola, igualmente.

Las 5.000 viviendas suponen más de un 5% del parque actual de Donostia, con 95.000 casas familias en 2024, según el Eustat. Eso sí, no cubrirán ni de lejos la demanda de casi 14.000 personas inscritas en Etxebide. Itxaso ha reconocido que siguen manteniendo “diferencias” con el Ayuntamiento pero ha agradecido la “predisposición” para ceder suelos y optar por un modelo de viviendas protegidas, de todas las tipologías.

Por ley, todas las promociones serán destinadas mayoritariamente a alquiler. Sostiene Itxaso que un 78% de los demandantes ya pide esa modalidad y que el otro 21% está cubierto con las peticiones que llegan a Etxebide de promociones privadas.

Sin embargo, en la nueva Donostia habrá desde viviendas tasadas para rentas de incluso 59.000 euros. Itxaso ha asegurado la crisis es tal que ni siquiera en Donostia familias con esos ingresos tienen asegurado un espacio digno. Después estarán los arrendamientos en régimen general o fórmulas más sociales, así como los apartamentos dotacionales. Si las promociones incluyeran viviendas protegidas en venta, su segunda transmisión estaría controlada en cuanto a precios, según ha indicado el consejero, aunque ha admitido que ahora mismo “las viviendas tasadas en compra no son tampoco baratas”. “Estamos hablando de 400.000 euros. No todas las clases medias y trabajadoras pueden pagar eso”, ha admitido.

“De las musas al teatro”

El consejero del PSE-EE se ha valido de este acuerdo con uno de los principales referentes institucionales del PNV para responder a EH Bildu, que lanzó este lunes un plan “nacional” de vivienda que exige construir “a gran escala”. Itxaso ha ironizado que al líder institucional abertzale, Pello Otxandiano, le toca bajar “de las musas al teatro” y superar ya la fase de los “diagnósticos”.

Airado ante las críticas de que PNV y PSE-EE han discrepado en materia de Vivienda, una evidencia tal que los nacionalistas llevaron al Constitucional la ley estatal como las autonomías del PP y contra el criterio del predecesor de Itxaso, Iñaki Arriola, Itxaso ha asegurado que el acuerdo con el socio se plasma en actuaciones continuadas que acaban “en el boletín oficial”. Ha citado la reforma de la ley de 2025 o el reciente decreto de 2026, así como la aplicación de las zonas tensionadas. Por el contrario, ha considerado que “hasta hace diez minutos” los municipios de EH Bildu nunca cedían suelos al Gobierno vasco porque criticaban el “cemento” y el “ladrillazo”.

EH Bildu ha presentado este lunes un plan “ambicioso” para “solucionar” la emergencia habitacional, que pasa por una apuesta por la intervención “sí o sí” del mercado de la vivienda, ahora “descontrolado”, por la promoción “a gran escala” de VPO, “multiplicando por 10 el esfuerzo público”, y por “proteger la función social” de la vivienda. El portavoz en el Parlamento Vasco y jefe de la oposición, Pello Otxandiano, ha destacado que PNV y PSE-EE no son capaces de “atajar el problema”, los socialistas porque “no pueden” y los 'jeltzales' porque “no quieren”. Se da la circunstancia de que el Gobierno ha presentado a la vez un plan de comunicación sobre las políticas de vivienda.

En la sala Silo de Bilbao, EH Bildu ha celebrado el acto de lanzamiento de una “campaña nacional” en favor de las políticas públicas de vivienda, bajo el nombre 'Euskal Herrian posible egin'“. ”En plena crisis de vivienda“, la formación soberanista despliega ”un trabajo programático, institucional y social para poner en vías de solución lo que, a día de hoy, representa el principal problema de la ciudadanía vasca“, informa Europa Press.

Otxandiano, ha estado acompañado de la portavoz en Navarra Laura Aznal, de Nerea Kortajarena, de Oskar Matute y de la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta. Kortajarena ha explicado que han diseñado “todo un recorrido” que supone “un cambio profundo” en la actual política de Vivienda. Su plan, que ha definido de “coherente, pragmático, ambicioso y real”, pretende poner fin a “los tiempos de las palabras vacías”.

De esta forma, ha rechazado “la políticas inmobiliarias que se están haciendo” en lugar de “políticas de viviendas”, y ha avisado de que “se ha perdido demasiado tiempo”, y hay que implementar “un cambio profundo, que no son capaces de protagonizar quienes nos han traído hasta aquí”. En este sentido, EH Bildu aboga por “intervenir en el mercado para poner fin a las prácticas especulativas, controlar los precios, y poder intervenir en aquellos elementos que están multiplicando el problema de la vivienda”.

Por su parte, Oskar Matute ha asegurado que se vive “una encrucijada histórica” con “un reto de época”, que es “garantizar el derecho para todos y todas para acceder a una vivienda digna”. A su juicio, “la vivienda puede actuar con una ambivalencia calculada: puede ser el derecho al beneficio de unos pocos en detrimento de muchos y muchas o, por el contrario y así debería ser, un derecho de todos y todas a disponer de un lugar en el que cobijarse”.

Se ha aludido a la ley de Vivienda del 2015, “que garantizaba el derecho subjetivo a la vivienda, que determina que los poderes públicos, en este caso el Gobierno vasco, tiene la obligación de buscar vivienda para toda aquella persona que la busca y no la encuentra por sus propios medios”. “¿Qué se está haciendo? Dar una serie de ayudas económicas para que sea menos gravoso, menos duro el acceso a la vivienda para aquellos que, aún con las dificultades que el mercado pone encima de la mesa por los altos precios, puedan acceder a ella”, ha dicho. Y ha puesto en valor que EH Bildu fue parte “activa” de la aprobación de la ley estatal de 2023 de la que sale “los índices de referencia de precios que permiten topar el precio del alquiler, y poner límite a la ansia especulativa de unos pocos para garantizar el acceso a la vivienda de cada vez más gente”.

Otxandiano ha asegurado que, en estos momentos, no hay política de vivienda por parte del PNV y del PSE-EE “capaz de atajar el problema”. “El PSE-EE porque no puede y el PNV porque no quiere”, ha añadido. El líder de EH Bildu en la Cámara vasca ha destacado que 'jeltzales' y socialistas, socios de gobierno, “ni siquiera están de acuerdo en la orientación de la política de vivienda en un momento de emergencia habitacional”, que conlleva “graves consecuencias sociales y económicas” para familias y jóvenes.

“Euskadi tiene un plan”

Por otro lado, el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha presentado también este lunes una campaña informativa, “una estrategia multicanal orientada a explicar a la ciudadanía las principales medidas activadas por el Ejecutivo vasco para hacer frente a la emergencia habitacional”. Este martes entra en vigor un nuevo decreto que actualiza los programas Bizigune, Gaztelagun, el propio derecho subjetivo a la vivienda, la reserva de vivienda protegida para jóvenes y que regula la conversión de locales en viviendas o el modelo de apartamentos dotacionales intergeneracionales.

“Nos comprometimos a situar la vivienda como una prioridad de país y, a mitad de legislatura, podemos decir que hemos cumplido con buena parte de los objetivos marcados. Ahora toca seguir desplegando, consolidando y escalando todo lo sembrado para dar respuesta a uno de los principales retos sociales de Euskadi”, ha señalado Itxaso, del PSE-EE. “Euskadi tiene un plan”, ha apostillado.

El lehendakari, Imanol Pradales, y el líder de la oposición, Pello Otxandiano, de EH Bildu, han mantenido el 'cara a cara' de mayor voltaje político en una sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco ahora que se ha alcanzado el ecuador de la legislatura. ¿El tema? La política migratoria, que va ganando espacio en la agenda pública vasca. Otxandiano ha acusado a Pradales de haber dinamitado la “unidad” detrás del pacto vasco migratorio al haber impulsado dar la nacionalidad de los detenidos por la Ertzaintza incluso con su socio el PSE-EE en contra y algunos alcaldes del PNV, como el de Bilbao. Y Pradales ha replicado comparando el comportamiento de EH Bildu con el de la “extrema derecha”, que luego se ha valido de esos mismos datos para atacar a las personas que se están “importando” últimamente.

Otxandiano ha ofrecido en el pleno un estilo diferente al de otras de sus intervenciones. En primer lugar, ha empleado casi exclusivamente el castellano en todo momento, con apenas algunas frases en euskera. En segundo lugar, se ha guardado tiempo para la réplica, a diferencia de lo sucedido en sesiones de control anteriores, para seguir lanzando dardos contra Pradales.

Desde el inicio, Otxandiano ha insistido en que el PNV “ha roto el pacto vasco de migración” que heredó de la pasada legislatura. Se refería a la decisión de la Ertzaintza de ofrecer en sus notas informativas datos de origen de los arrestados. Es algo que han copiado otros cuerpos como la Policía de Donostia, pero no ha ocurrido así con las de Bilbao y Barakaldo, ambas controladas por el PNV, o la de Vitoria, con alcaldesa del PSE-EE. Los socialistas han criticado desde el Gobierno vasco esta decisión de sus socios en el Ejecutivo. Las voces críticas han llegado incluso de mandos de la Policía Nacional, que lo ven completamente innecesario para luchar contra la criminalidad. El Ararteko analiza este cambio de criterio porque, en su momento, consideró que era algo que alimentaba la estigmatización de determinados colectivos.

El portavoz de EH Bildu ha recordado a Pradales que “allá donde las encuestas muestran más sensación de inseguridad”, en referencia a Bilbao y Barakaldo, los alcaldes nacionalistas “no comparten” la visión del Gobierno vasco. “Han roto la unidad”, ha insistido Otxandiano, leyendo un fragmento del apartado segundo del pacto migratorio. “Usted es lehendakari de todos los vascos y vascas. No puede desdeñar la opinión mayoritaria de este Parlamento. Mezclar la inmigración con la seguridad tiene riesgos. Hay una estratega de la derecha extrema que se quiere valer de esto. Esto se puede escapar de las manos. Volvamos al espacio de consenso”, ha dicho en castellano Otxandiano.

En el primer turno, Pradales ha dicho estar “de acuerdo” con el “criterio” de informar del origen de los detenidos. “El mundo no se ha puesto patas arriba desde que se da esta información”, ha justificado. En el segundo, se ha extendido un poco más: “Este Gobierno no rehúye ningún debate que esté en la calle, por muy incómodo que sea. Vamos a afrontar la realidad”. Ha considerado que la sociedad es “adulta” y que “exige disponer de información objetiva”, “sin controles ni paternalismos”. “Ustedes disponen de toda la información de las personas detenidas, ¿por qué quieren ocultársela a la sociedad? Ha mezclado los conceptos. Me ha recordado usted a lo que hace la extrema derecha en la Cámara. Ha querido enredar y polarizar”, ha apostillado.

Después, ha contado que en Semana Santa leyó un libro de Cas Mudde, politólogo neerlandés,. Era sobre la extrema derecha. Y se explicaba que “el populismo es simplista” y que buscar diferenciar entre un pueblo “puro” y una “elite corrupta” ('ustela', en euskera). Y ha preguntado a EH Bildu si se considera el único representante “puro” de la ciudadanía vasca y considera al Gobierno de PNV y PSE-EE como esa “elite corrupta”. El lehendakari ha sugerido que EH Bildu busca meter cuña entre los socios, también en el debate sobre la reforma de la ley del euskera.

La “prioridad nacional”

El debate migratorio ha seguido marcando la sesión de control. Desde la bancada del PP, Javier de Andrés ha manifestado que los miles de hispanoamericanos que están llegando no disponen de modelos educativos en castellano y se ven forzados a hacerlo en euskera. Pero, sobre todo, Amaia Martínez Grisaleña, la única representante de Vox, se ha valido precisamente de los datos facilitados por la Ertzaintza para sentenciar que en Euskadi se están “importando” personas, como si fueran objetos, de países que “distan mucho” de los valores vascos. “Existe una correlación directa” entre algunos países que ella ha mencionado con el incremento de delitos, ha sentenciado Martínez Grisaleña.

En su caso, el debate ha sido con el titular de Seguridad, Bingen Zupiria. El consejero del PNV ha iniciado su contestatación a Vox exponiendo que la “prioridad nacional” vasca es la “acogida humanitaria a quien ha venido a Euskadi y quiere vivir en paz” y “dureza y máxima exigencia con quien delinque, tenga origen extranjero o sea de aquí”. “Me ha gustado su entrada. Prioridad nacional. Me suena [...] No es racismo. Es realismo [...]. Sin complejo a alguno a llamar las cosas por su nombre”, se ha congratulado la representante de la ultraderecha. Después, ha escuchado de Zupiria que “Euskadi es una de las comunidades más seguras del Estado español”. Pradales también ha dicho que en Euskadi no se le tiene “miedo” a Vox.

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha criticado con dureza la política industrial del Gobierno vasco, una de las principales banderas del Ejecutivo de Imanol Pradales, y ha considerado que su plan en este ámbito es “un documento pobre, falto de definición y con un problema fundamental de enfoque”. Otxandiano ha llamado a abordar “pactos de país” en esta materia y en otras como la energía, la emigración o la política lingüística. Además, ha cuestionado cómo se han desarrollado las grandes operaciones industriales que ha abanderado el Gobierno en los últimos meses, como Talgo y Ayesa, y ha criticado la falta de definición clara sobre cómo tiene que desarrollarse la colaboración público-privada en estas operaciones. “Una cosa es apostar por Talgo y otra es hacer de esa fórmula buque insignia de tu política industrial”, ha dicho. Más crítico aún se ha mostrado con la operación de Ayesa, la antigua Ibermática, donde ha señalado que, pese a apoyar la operación de vuelta a Euskadi las dudas sobre el resultado “son mayores” por el socio industrial que se ha elegido, Teknei.

En una intervención ante el Fórum Europa en Bilbao, sobre todo centrada en el ámbito económico, Otxandiano ha insistido en la necesidad de “acuerdos de país” en ámbitos estratégicos, algo que no ha considerado contradictorio con su labor de oposición, y ha considerado un “error político” menospreciar las condiciones que permiten trabajar la unidad de acción. “No es una opción condenar la segunda mitad de la legislatura a una carrera electoral que desplace el foco de atención de los retos que afrontamos. El momento exige pensar en las siguientes generaciones no en las siguientes elecciones”, ha insistido, apelando a los acuerdos. Ha indicado que, independientemente de quién gane las próximas elecciones, -el PNV o EH Bildu- al día siguiente al situación será la misma. “No se puede gobernar el país de espaldas a la segunda fuerza política del Parlamento, sea cual sea”, diagnostica.

Otxandiano ha señalado que la situación mundial ha dado paso a un ciclo económico nuevo ante el que es necesario, además de medidas de choque puntuales, repensar la política industrial. “Y es aquí donde nos encontramos con la casa sin barrer”, ha dicho, pese a que la política industrial “es uno de los ejercicios capitales de esta legislatura”. En este sentido ha sido muy crítico con el documento presentado por el Gobierno vasco, después de “un año y medio” de espera. “Es un documento pobre y falto de definición y con un problema fundamental de enfoque”, ha dicho.

Ha criticado, entre otras cuestiones, su apuesta por la neutralidad tecnológica y su falta de impulso direccional. “Se presentan 21 proyectos estratégicos, y la mayoría de ellos no se pueden considerar como tal. Se trata de un cajón de sastre donde se da la misma categoría a la creación de un espacio de testeo y validación de soluciones robóticas avanzadas y la simplificación de procesos administrativos en las convocatorias de ayudas, por ejemplo; o se considera como proyecto estratégico el lanzamiento de una campaña de concienciación en torno a la inclusión de la mujer; o se entremezclan proyectos industriales con propuestas de infraestructuras, que deben generar las condiciones horizontales para el cumplimiento de objetivos, pero que no son objetivos en sí mismo en la lógica de un plan industrial”, ha indicado.

Además, ha considerado que en aquellos proyectos que tienen entidad “es fácilmente identificable a quién corresponde el liderazgo de cada uno de ellos”. En estos momentos se han presentado dos, uno encabezado por ITP y otro Danobat. “Resulta evidente que lo que se ha hecho es un barrido de proyectos que ya existían por parte de determinadas empresas. Sinceramente, llama la atención lo pobre que resulta la relación de proyectos”, ha dicho. Y ha resaltado que, sorprendentemente, “las principales operaciones industriales de los últimos meses (Talgo y Ayesa) no constan entre los proyectos estratégicos, lo cual da cuenta de que se está actuando con una notable falta de dirección”.

Precisamente refiriéndose a este tipo de operaciones, ha cuestionado cómo se determina la colaboración público-privada y ha considerado que no están claros los criterios que sigue el Gobierno para entrar en las diferentes empresas o para elegir los socios industriales con los que comparte operación. “¿Por qué Teknei es el llamado a dirigir Ayesa como socio industrial?”, se ha preguntado.

La misma falta de definición la ha achacado Otxandiano a los instrumentos de intervención. Por ejemplo, de la alianza financiera, que se anunció que movilizaría 4.000 millones de euros sin que hubiera “una definición mínima”. En este sentido ha criticado que unos creen que Uvesco es estratégica, otros no, otros creen que lo es Ayesa y otros no“, ha dicho en relación a la ausencia de Kutxa del proyecto. Y ha recordado que sigue sin saber el papel que cumplirán las EPSV en este entramado.

Se ha mostrado muy crítico también con la política energética del Gobierno vasco y el hecho de que se esté en “pleno 2026 sin Plan Territorial Sectorial de las energías renovables”, cuando “se anunció en 2021” o que se hayan incumplido los plazos establecidos en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático -que salió adelante con el apoyo de EH Bildu, para su desarrollo reglamentario “en el caso de la desinversión en explotación y extracción de hidrocarburos; las directrices en materia presupuestaria; la hoja de ruta de largo plazo y la estrategia de transición energética y cambio climático; la oficina vasca de transición energética y cambio climático; la hoja de ruta del autoconsumo; la socialización de la propiedad de las instalaciones de generación y el pacto social. Una gestión que genera una situación caótica entorpeciendo cualquier despliegue ordenado de las energías renovables, proceso ya de por sí suficientemente complejo de gestionar socialmente”, ha indicado.

Desde el punto de vista social también ha cargado con la postura del PNV en materia de inmigración, al decidir “salirse unilateralmente de un espacio de consenso que este Gobierno recibió en herencia: el Pacto Social Vasco para la Migración”. Además, ha señalado que los 'jeltzales' son incapaces de “sostener la misma posición política en el conjunto de las instituciones que gobierna, lo cual nos sume en una situación francamente desconcertante”. “Se observa la pretensión política de sacar rédito electoral de un tema sensible y estratégico en términos de país que genera profundas desavenencias entre los socios de gobierno así como la oposición de responsables institucionales importantes del propio partido”, interpreta.

A la política industrial, la transición energética y la gestión de la migración ha unido la política de vivienda “sin un Plan Territorial Sectorial que ordene el suelo disponible, sin fondo social para la promoción de vivienda pública a gran escala, sin índice de precios de referencia tanto en Bizkaia como en Araba para poder aplicar medidas de intervención de los alquileres”. “Son procesos vitales desde el punto de vista económico, y ciertamente, es difícil no reconocer que tenemos la casa sin barrer”, ha insistido. Y ha pedido también acuerdos en materia lingüistica para blindar los perfiles de euskera en la administración.

En este sentido, ha considerado que “la clave política fundamental es la mirada a medio-largo plazo mediante una lógica de pactos”: “Pradales identifica correctamente esta lógica política cuando llama a Europa a la unidad para hacer frente a la situación de desorden”, ha dicho, pero en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa no lo lleva a cabo cuando hay “mayorías cualificadas en el Parlamento Vasco”.

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha solicitado que la Cámara celebre un pleno monográfico con el objetivo de “garantizar la seguridad vital de las personas y las economías domésticas” en un contexto socioeconómico “convulso” como consecuencia de la guerra en Irán. Estas sesiones, en las que luego se votan resoluciones, pueden solicitarlas o dos partidos o los que tengan más de 15 escaños, como es el caso de la coalición abertzale.

EH Bildu ha registrado este jueves la petición, ya que las consecuencias de la guerra “no van a ser coyunturales” y “van a poner en cuestión la seguridad vital de la gente”, ha explicado a los medios de comunicación. En vista de esta situación, Otxandiano ha considerado que “es el momento de repensar qué políticas públicas hay que poner en marcha” y abordar “una reflexión en profundidad, para garantizar la estabilidad y la seguridad vital de las personas en un contexto socioeconómico complejo”, informa Europa Press.

EH Bildu ha planteado abordar en ese debate monográfico “las políticas que se pueden poner en marcha para hacer frente a la carestía de la vida, cómo garantizar la calidad y la sostenibilidad de los servicios públicos y cómo hacer frente a dos crisis que están generando una fractura social en la sociedad, como las de la vivienda y la crisis de los cuidados”. Confía en que el Parlamento pueda celebrar esta sesión “antes de verano” y que las resoluciones “sirvan de guía para diseñar los presupuestos del año 2027”.

En este sentido, ha valorado que el “escudo industrial” presentado por el Gobierno vasco no es de 1.050 millones, como se publicitó, ya que, dentro de esta cantidad el Ejecutivo ha incluido algunos proyectos que “ya estaban en marcha y anunciados, incluso más de una vez. Según sus cuentas, básicamente ”hay 250 millones que son nuevos“, aunque es una estimación que ya admitió el propio consejero responsable del programa, Mikel Jauregi.

El PNV ha enumerado este jueves, por boca de su portavoz en el Parlamento Vasco y dirigente del Euzkadi Buru Batzar, Joseba Díez Antxustegi, su lista de diferencias actuales con el Gobierno de Pedro Sánchez. En realidad, es un intento de sacar del tapete vasco las discrepancias con los socialistas, que se siguen sucediendo en los últimos días, y de llevarlas a Madrid. En paralelo, EH Bildu busca meter cuña en las coaliciones del PNV con el PSE-EE y añade que sigue en pie la oferta de ir de la mano del PNV a las próximas elecciones generales, una hipótesis ya rechazada de plano por el partido de Aitor Esteban.

Según Antxustegi, el Estado tiene que asumir su responsabilidad en la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, facilitar que la SEPI flexibilice la deuda que le tiene que abonar Tubos Reunidos (de 113 millones por el rescate público de 2021 más otros 30 en intereses) para evitar el ERE con 301 despidos, renunciar a “imponer” la apertura de un centro para 200 refugiados en el barrio de Arana de Vitoria y dar cumplimiento a las materias pendientes del Estatuto de 1979, entre las que se incluyen las pensiones o más capacidades de gestión en materia de aeropuertos. “Frente a quienes quieren más ruido, frente a quienes quieren más barro, más bronca, el PNV siempre va a estar bajando el tono. En cuanto más suban el tono otros, más lo vamos a bajar nosotros. Cuanto más ruido, cuanto más barro, cuanta más bronca, nosotros más tranquilos”, ha repetido insistentemente Díez Antxustegi en la entrada del Parlamento Vasco. “Por lo tanto, desde el buen tono, desde la tranquilidad, fuera de la bronca y lejos del ruido, pero exigentes con el Gobierno español”, ha agregado.

Preguntado por los periodistas, ha asumido que PNV y PSE-EE son “partidos diferentes” y, por lo tanto, con “diferencias”. “Pero las solventamos y trabajamos en la estabilidad y avanzamos en el cumplimiento del programa de Gobierno en Euskadi”, ha apuntado. De hecho, ha insistido en que “las discrepancias son todas relativas al papel del Gobierno de España”, orillando asuntos locales como la reforma de la normativa del euskera o las controversias sobre vivienda o Ayesa, mientras en el Parlamento se aprueban “leyes y presupuestos”.

Minutos antes, el líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, había comparecido para lamentar que la política vasca lleva “semanas” viendo las diferencias públicas entre los partidos del Gobierno. “No tienen un suelo común mínimo” en temas críticos, ha asegurado. Acto seguido ha aprovechado para recalcar que la izquierda abertzale sigue apostando por trabar una coalición con el PNV para las elecciones generales, como ya planteó en su congreso del pasado año. Sugiere que es una apuesta “de país” capaz de recabar “un millón de votos” para llevarlos a Madrid en tiempos de auge de la extrema derecha. En 2023, PNV y EH Bildu sumaron unos 550.000 en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y EH Bildu y Geroa Bai otros 70.000 en Navarra.

Sortu, la actual marca de la izquierda abertzale y principal fuerza de EH Bildu, aborda estos meses su proceso congresual. En Irún, el 24 de enero, se presentará la nueva dirección. Todo apunta a que Xabier Iraola, de 33 años, será el nuevo líder en sustitución de Arkaitz Rodríguez, ahora con altas responsabilidades en EH Bildu. Es el cuarto dirigente de Sortu en su historia y el cuarto hombre.

Esta semana se ha conocido una plancha para la nueva dirección, quince personas encabezadas por Iraola. Hasta el momento no ha habido alternativas críticas. Las bases podrán refrendarla entre el 21 y el 23 de enero. De confirmarse este plantel, entrarán en la ejecutiva de Sortu seis caras nuevas. Y se mantienen nueve nombres, incluido David Pla, exjefe de ETA, como responsable de la Escuela Política. La 'número dos' será Nuria Altzugarai y la 'tres' Itsasne Fernández.

EH Bildu camina cada vez más hacia ser un sujeto político propio. Sortu es la formación con más peso en la coalición y sus principales dirigentes, como el propio Arnaldo Otegi o Pello Otxandiano, proceden de este partido. EA y Alternatiba también han difuminado su perfil propio en los últimos años, mientras que Aralar ya se disolvió.

Destaca Sortu la “intergeneracionalidad” del nuevo equipo, que haya más mujeres que hombres y un reparto territorial acorde con su militancia, con cinco guipuzcoanos, cuatro vizcaínos, tres navarros, dos alaveses y uno de Iparralde. Ya se ha apoyado la ponencia política, llamada 'Herri gogoa'. En ella se busca “reforzar” la marca EH Bildu, así como su espejo para Iparralde, EH Bai.

Ninguna fuerza de la oposición en Euskadi ha opinado sobre el mensaje lanzado a los migrantes por el lehendakari, Imanol Pradales, del PNV, que aprovechó su discurso de fin de año (o de Gabon, en su denominación tradicional) para recordarles sus “obligaciones”. La excepción, Vox, que ha considerado desde la ultraderecha que se ha quedado corto, que ha insistido en asociar criminalidad y extranjeros y que ha pedido “mano dura” contra este colectivo.

EH Bildu, como hizo con el mensaje de Felipe VI, ha optado por no hacer un balance como tal, a diferencia de la práctica habitual con Iñigo Urkullu o con el propio Pradales el pasado año. Según Radio Euskadi, la coalición entiende que en su país hay más de un lehendakari, en referencia a la navarra María Chivite y a los dirigentes de Iparralde. Por ello, tanto el líder institucional, Pello Otxandiano, que ha lanzado un mensaje en sus redes sociales, como la portavoz Nerea Kortajarena han optado por lanzar un mensaje propio para lanzar “esperanza” al conjunto de Euskal Herria a pesar de las “amenazas” reaccionarias.

En el flanco izquierdo, la coalición Sumar ha criticado por “escandalosamente autocomplaciente” la alocución de Pradales, al que ve “alejado de la realidad cotidiana”. Pero su único parlamentario, Jon Hernández, ha considerado que el “speech político del PNV” ha fallado en sus referencias a la vivienda, a las personas durmiendo en la calle o a la juventud. Nada ha mencionado sobre la migración, que ha ocupado la parte principal de la intervención del lehendakari y que era el mensaje más destacado que quería lanzar.

Desde el PP, Javier de Andrés ha optado por subrayar los temas “olvidados” por Pradales. Ha criticado la escasez de menciones al “coste de la vivienda”, que a su entender se debe a la “excesiva regulación que estrangula el mercado”, la falta de referencias al “crecimiento de la delincuencia”, algo que atribuye a la “laxitud” del Gobierno en sus respuestas, y también que no se aborde la “pérdida de capacidad adquisitiva”, lo que contrasta con el “crecimiento del gasto público”. “Parece que no hay límite”, ha ironizado De Andrés.

Desde fuera del arco parlamentario, Podemos ha bromeado que fue más interesante el vídeo a modo de inocentada del 28 de diciembre grabado con José Luis Korta en Ajuria Enea. “La verdad es que me gustó más el vídeo que hizo con Korta el día de los Inocentes porque al menos ese día sabíamos que era una broma”, ha asegurado Richard Vaquero, que está intentando en estos meses devolver el protagonismo perdido a la formación morada con acuerdos como la reforma fiscal o los presupuestos en Álava y Gipuzkoa, todos ellos con PNV y PSE-EE.

Los socios del Gobierno

Desde Araia, su localidad natal, el portavoz del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha visto “enfadada” a la oposición y “centrado” a Pradales. Ha mostrado su temor de que ese “enfado” de las fuerzas políticas vaya a traer en 2026 a Euskadi “el ruido y la polarización” de Madrid. Díez Antxustegi sí ha destacado que la migración haya sido el punto central del mensaje y agradece tener un mandatario que hable “claro” sobre el asunto, subrayando que Euskadi es un país de “acogida” pero en el que hay derechos y a la vez “obligaciones”.

Los socios del PNV, el PSE-EE, han enviado su propio mensaje con un Eneko Andueza que no ha ocultado que tienen “algunas diferencias” con los nacionalistas. Ha destacado como hitos de la gestión el empleo, la vivienda, el transporte y Osakidetza, de los que los tres primeros son carteras gestionadas por los socialistas. De hecho, ha insistido en que la “influencia” de su partido en el Ejecutivo es muy relevante y que gracias a ellos hay una orientación “progresista” de la gestión.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afrontado la última sesión de control de 2025 en el Parlamento Vasco en dos tribunas. Dentro, en el hemiciclo, ha podido lanzar sus mensajes sobre el Guggenheim o la situación económica. Por el contrario, para analizar la situación de Pedro Sánchez a la luz de las investigaciones de corrupción, a instancias de Vox, ha delegado en la vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea. Fuera, ante los medios de comunicación, ha dejado otros tres mensajes. Se ha felicitado de que Europa haya dado luz verde a la macrorregión atlántica, un proyecto iniciado por su predecesor, Iñigo Urkullu, ha insistido en que enero se reunirá con Pedro Sánchez para analizar si se ha cumplido o no el compromiso de completar el Estatuto antes de final de año, incluida la Seguridad Social, y ha clamado contra la “crispación” tras el áspero debate de elección del Ararteko de este jueves, que incluyó al líder del PP, Javier de Andrés, deseando el “exterminio” de EH Bildu.

Por partes. En el arranque de la sesión, Pradales había preparado con su partido, con el PNV, una autopregunta para analizar el escenario abierto por la paralización del Guggenheim en Urdaibai. No es solamente que el lehendakari sea presidente del patronato de la fundación Guggenheim, sino que en su etapa como diputado foral en Bizkaia defendió con firmeza el proyecto que ahora se deja de lado por inviable. Llegó a “blindar” en primera persona 40 millones de financiación foral. La principal fuerza de la oposición, EH Bildu, también ha usado su turno para preguntar a Pradales por ello. Pero, como en el caso del PNV, el líder de la oposición, Pello Otxandiano, ha renunciado a las réplicas.

El lehendakari, en sus dos turnos, ha insistido en que “da por buenas las razones” para la paralización del proyecto de ampliación con dos subsedes, Gernika y Murueta. Con todo, ha insistido en que para la pinacoteca de Bilbao “quedarse parado no es una opción”. Ha citado el impacto del museo inaugurado en 1997, en lo cultural y como motor de transformación. Lo ha cuantificado en 8.300 millones de impacto económico -tanto como el presupuesto compartido de Salud y Educación-, 6.500 puestos de trabajo y casi 1.300 millones de recaudación para las Haciendas forales. Son “28 años con 28 millones de visitantes”.

Pero “los éxitos del pasado no garantizan el futuro” y ha confiado en que el Guggenheim plantee una nueva mirada estratégica ahora que “se abre una nueva etapa”. Después, ha criticado que la izquierda abertzale criticara el proyecto original hace tres decádas y que nunca haya aplaudido el éxito que ha sido. Y ha puesto en valor el proceso de participación en Urdaibai paralelo al debate sobre la viabilidad del proyecto de ampliación (y a las protestas sociales).

Por motivos familiares, Laura Garrido ha sustituido a Javier de Andrés en el turno del PP. Era un debate económico y a Pradales le ha permitido sacar pecho de los datos macro. “No somos un oasis, pero no nos pinte una catástrofe”, ha pedido a los 'populares'. Garrido se ha quejado también de que PNV y PSE-EE no hayan tenido “voluntad” de “ensanchar” el acuerdo para los presupuestos de 2026, que serán aprobados en el siguiente pleno, el martes, merced a la mayoría absoluta de nacionalistas y socialistas.

En el turno de Sumar, Jon Hernández ha denunciado las “puertas giratorias”, que son “un resorte muy presente” en Euskadi. Ha dado como ejemplo el fichaje de Andoni Ortuzar por Telefónica, que antes se había incorporado a la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC), en la que no podrá seguir por incompatibilidades. También ha lamentado el salto de excargos de la Sanidad pública vasca a la privada, aunque sin nombres ni apellidos. En sus respuestas, el lehendakari ha defendido el código firmado por “todos” los altos cargos y ha negado “injerencia” del poder económico en la política. No ha mencionado ni a Ortuzar ni tampoco a Unai Rementeria, el exdiputado general de Bizkaia que desde esta semana es el nuevo presidente de la fundación BBK.

La “reválida” con Sánchez

Antes, ante los medios de comunicación, Pradales ha querido felicitarse del acuerdo del Consejo Europeo para constituir una macrorregión atlántica, una vieja aspiración del PNV y de los dos últimos lehendakaris, Urkullu y él mismo. Ha confiado en que sea una realidad en 2027 y ha defendido que permitirá que Euskadi tenga más voz en Europa y se impulsen proyectos como las conexiones ferroviarias o energéticas, pero también universitarios o de investigación. Ahora ha confiado en que haya avances, igualmente, en la oficialidad del euskera a nivel comunitario.

También ha apuntado a que esto es una muestra de la “bilateralidad” en las relaciones entre los Gobiernos central y vasco. En todo caso, a doce días de que expire el plazo para completar o al menos acordar todas las transferencias pendientes del Estatuto de 1979, el lehendakari ha insistido en que en enero tendrá una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que la ve como una “reválida”. Se sigue avanzando en las negociaciones y el lunes habrá otra toma de contacto en Madrid en torno al traspaso más relevante encima de la mesa, el de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

Asimismo, preguntado por el áspero debate de designación de Mikel Mancisidor como titular del Ararteko, tras el cual EH Bildu denunció que el PP había superado varias “líneas rojas” al desear un “exterminio” de la que es la segunda fuerza política, Pradales ha mostrado su “tristeza” por “cómo se elevó el tono y la crispación”. Ha dicho que hubo “palabras gruesas” del PP pero también de la propia coalición abertzale. “Lo que nos toca es ser responsables, no alimentar la crispación”, ha apostillado.

Vox había formulado tres preguntas, pero Pradales ha delegado la respuesta de las dos prmeras. En la tocante a los casos de corrupción en España, la que ha tomado la palabrada ha sido la vicelehendakari Bengoetxea. Ha dicho que “la situación política en el Estado es ciertamente preocupante” porque “es innegable la gravedad” de los hechos que se están conociendo. Sin embargo, ha contrapuesto la “estabilidad” de Euskadi a la del Estado, donde se opera de una manera “limpia”. “La situación aquí es totalmente diferente”, ha insistido la 'número dos' del Gobierno vasco. La pregunta sobre GKS y Ernai ha sido atendida por el titular de Seguridad, Bingen Zupiria. Solamente ha tomado la palabra el lehendakari cuando le ha lanzado la ultraderecha su pregunta sobre el euskera y las recientes sentencias judiciales. Ha cerrado su intervención, la última del año parlamentario, deseando una feliz Navidad a los presentes.

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha denunciado que el PP ha cruzado “todas las líneas rojas” al plantear en la Cámara este jueves que desean que la izquierda abertzale sea “exterminada” como fuerza política. “El PP ha propuesto el exterminio de la segunda fuerza política [...]. Marca un punto de inflexión”, ha manifestado a los periodistas sobre las palabras de Javier de Andrés, presidente de los 'populares' vascos. La formación abertzale estudia medidas políticas “e incluso judiciales” para responder.

En una comparecencia ante los medios de comunicación con el acta del debate sobre la designación del Ararteko en la mano y subrayada con fosforito, Otxandiano ha insistido en que es un discurso que “no tiene precedentes”, unas palabras “muy graves”, sobre todo por las “connotaciones” del terminio “exterminio”. “Esto no es entre PP y EH Bildu. Esto es un ataque a este pueblo. Nosotros somos la segunda fuerza política en estos tres territorios”, ha añadido. “No es una anécdota”, ha repetido.

Acto seguido, ha pedido que se abra una “reflexión profunda” sobre lo sucedido porque “no puede haber equidistancia”. Ha considerado Otxandiano que es una muestra del avance del “bloque reaccionario” y lo ha enmarcado en las demandas de un concejal del PP en Durango, Carlos García, de ilegalizar a la izquierda abertzale o en discursos de José María Aznar. Y ha insistido en que PNV y PSE-EE no deberían promover acuerdos con el PP, como ha sucedido con el Ararteko.

Preguntado por las posibles acciones políticas o legales que barajan, Otxandiano ha sido cauto y ha pedido un margen que se tome “conciencia” de lo ocurrido, “seguramente procesarlo”. De hecho, ha lamentado que ni la presidenta, Bakartxo Tejeria, del PNV, no ha tenido “reacción” alguna, como tampoco los grupos que han intervenido después que De Andrés, de nuevo en referencia al PNV y al PSE-EE.

PNV y PSE-EE se han valido este martes en el Parlamento Vasco de su mayoría absoluta para tumbar en el pleno las cuatro enmiendas de totalidad presentadas contra los presupuestos autonómicos de 2026, tantas como partidos de la oposición, EH Bildu, PP, Sumar y Vox. Es el antepenúltimo trámite para la aprobación de las cuentas, que tienen un techo de gasto histórico de 17.300 millones. En los próximos días, se debatirán en comisión las enmiendas parciales y se realizarán algunos ajustes en la propuesta original del Gobierno de Imanol Pradales impulsados por los propios nacionalistas y socialistas. Después, el 23 de diciembre, otro pleno visará el presupuesto para que entre en vigor el 1 de enero de 2026.

La sesión, de más de cuatro horas y media a pesar de que de antemano se conocía su resultado y los argumentos que se iban a lanzar, la ha arrancado el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou. Ha empezado citando la “rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China” y ha seguido poniendo en valor la “estabilidad” y “solidez” de la que goza Euskadi, en contraposición con España y con Francia. Los presupuestos “no son un mero ejercicio contable”, ha insistido D'Anjou.

Ha señalado que, en 2026, las cuentas tienen una inyección adicional de casi 1.000 millones de euros para inversiones extraordinarias con cargo a la deuda autorizada este año, que se suman al disponible ordinario, de algo menos de 16.400 millones, también récord. Ha agregado que el proyecto combina “rigor” en lo tocante a deuda y déficit -“Euskadi es de las comunidades con la ratio deuda/PIB más bajo del Estado”- con “ambición” en la defensa de los servicios públicos o contra el problema de la vivienda. Y eso que el grifo de los fondos europeos se ha cerrado, según ha repetido en varias ocasiones el titular de Hacienda.

D'Anjou se ha puesto la venda antes de la herida y ha replicado a la oposición antes incluso de que sus portavoces tomaran la palabra. “Ningún grupo ha querido apoyar el proyecto de presupuestos”, se ha quejado. Hubo una ronda de contactos con todas las fuerzas salvo con Vox. Ha ironizado que a la vez se le ha criticado por ofrecer unos números de la “derecha reaccionaria” y “socialistas y de izquierda radical”. “Parece algo extraño que pueda ser al mismo tiempo de un extremo y del otro. No nos distraemos en esas polémicas”, ha zanjado.

Otxandiano y el “problemón” de la vivienda

El líder de la oposición y portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha sido el encargado de defender el 'no' a los presupuestos. Lo ha hecho sin leer un discurso y con unas notas manuscritas que ha ido preparando en un cuaderno de tapas verdes. Ha señalado, en una primera parte, que los números no son tan “expansivos” como parecen, ya que el crecimiento real sería del 1,5% si se tiene en cuenta la evolución de los precios. Y ha vuelto a sacar el 'elefante' de los problemas estructurales que el Gobierno parece no querer enfrentrar. “En la política hay un problema endémico, la mirada corta. Hay cosas de las que no quiere hablar nadie”, ha insistido después de repetir que “en los próximos años habrá dificultades en los servicios públicos”, como Sanidad y Educación.

Después, se ha referido al “choque institucional” entre la EHU y el Ejecutivo por la financiación universitaria y ha demandado que se explore un acuerdo. También ha calificado de “problemón” el acceso a la vivienda. Sin embargo, ha afeado al Gobierno que no cuente con EH Bildu para llegar a consensos. Ha recordado las 53 enmiendas rechazadas en el plan director y las 47 a la reforma urgente de la normativa de suelo y vivienda. “Habéis rechazado todas. No la mitad. Ni tres cuartas partes. Todas y cada una de ellas. ¿A qué responde esa actitud política? ¿Cuál es la oferta de diálogo y negociación que se traduce de esa actitud? La vivienda es un problemón, que está generando una fractura social”, ha lanzado Otxandiano, adelantándose a las críticas de falta de voluntad de acuerdos prespuestario que sabía que le iban a arrojar PNV y PSE-EE. En ese momento de su intervención, el lehendakari ha abandonado su escaño.

Las palabras de Otxandiano han motivado un cruce dialéctico, sobre todo con el portavoz nacionalista, Joseba Díez Antxustegi. “No esperen que hagamos las políticas de [EH] Bildu. Nos han votado para hacer otras políticas. Tenemos modelos distintos. Asúmanlo. Ésta es la confianza que podemos tener con un interlocutor que un día dice una cosa y otro la contraria”, ha manifestado Díez Antxustegi, que ha visto “enfadado” al líder de EH Bildu, extremo que él ha negado. Y ha replicado que hay margen para el acuerdo, pero entiendo que ello implicaría que los partidos del Gobierno salgan del “confort” y no sean “ofensivos” hacia la oposición. Díez Antxustegi, con todo, ha llamado a la tranquilidad porque Euskadi, a pesar de las críticas, tendrá presupuesto por la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE.

El PP critica el gasto en cargos y asesores

El PP también ha formulado una dura crítica al Gobierno. Javier de Andrés ha insistido en que se ha disparado el gasto en altos cargos y asesores. “El criterio no es la excelencia en el servicio, sino excelencia en el partido”, ha denunciado. Después, ha seguido asegurando que hay “73” sociedades públicas cuando Catalunya, con cuatro veces más población, “tiene 62”. “Y Madrid muchas menos. Veinte sociedades o algo así”, ha apuntado, sin concreciones, poniendo en valor a Isabel Díaz Ayuso. Ha agregado que este gasto aparentemente superfluo hace que el peso proporcional de Salud, por ejemplo, haya caído algunas décimas en los últimos años. Y ha criticado el “modelo intervencionista hasta el extremo” en Vivienda y el excesivo, a su juicio, gasto en Educación sin resultados -“está todo muy mal”- y que, supuestamente, busca publificar la concertada.

Tirando de ironía, Díez Antxustegi ha bromeado que De Andrés, periodista de profesión, habría titulado la noticia sobre el seísmo en Vitoria con un “Terremoto sacude un sitio a 360 kilómetros de Madrid y el PNV no hace nada para evitarlo”. “El PP está perdido en la política vasca”, ha sostenido el portavoz nacionalista, asegurando que el foco de De Andrés está en la capital de España y no en Euskadi y que sigue herido con el PNV por haber apoyado en 2018 la moción de censura contra Mariano Rajoy. Como le ha dicho a EH Bildu, el PNV también ha indicado en este tramo de la sesión que tampoco comparten “modelo” con los 'populares'. “Sí, somos previsibles y estables”, ha apostillado, aunque, a la vez, también ha lanzado un dardo a los socialistas por los “escándalos” que “acechan” a Pedro Sánchez día tras día.

Sumar critica a Podemos y Vox a los extranjeros

Desde la bancada de Sumar, Jon Hernández, su único representante, ha avisado de que Euskadi tiene encima de la mesa presupuestos “envueltos en un lenguaje de progreso” pero “pensados para no cambiar nada, para mantener el statu quo” en 2026. “Es conservador [...]. Crecen las cifras, pero no el país”, ha sentenciado Hernández. Sobre la negociación, ha asegurado que el Ejecutivo ha mostrado voluntad de acuerdo sólo “de cara a la galería”, mientras en las reuniones únicamente ofrecía “lentejas”. “Se renuncia a fortalecer unos servicios públicos debilitados”, ha agregado citando que “se gastan dos euros en Policía por cada euro en Vivienda” y que la educación “privada-concertada sigue blindada”.

Hernández, que procede de IU, ha aprovechado, asimismo, para lanzar un dardo a Podemos por haber pactado la reforma fiscal en el ámbito foral, donde mantiene representación, con PNV y PSE-EE. “Mantienen una arquitectura de ingresos injusta”, ha avisado sobre los últimos cambios fiscales. El dato oficial es que esa modificación acarreará una bajada de la recaudación de unos 335 millones, “que no estarán ni en Sanidad, ni en cuidados ni en Vivienda”. El PSE-EE, por boca de Susana Corcuera, ha salido en defensa de una reforma fiscal “justa” y ha lamentado que Sumar se “ensañe” con sus antiguos socios. Durante toda la sesión, ha ido despachando las críticas de la oposición al igual que Díez Antxustegi y ha reivindicado que las cuentas son “progresistas” gracias a los socialistas vascos.

Vox, en su turno, ha tirado de su principal bandera. Ha situado la “inmigración” como “causa principal del incremento de los delitos” y de un “ingente” gasto público en otras materias. Ha culpado incluso a los extranjeros de las “listas de espera que se prolongan en el tiempo” en Osakidetza o del problema de la vivienda. “El presupuesto es altavoz del efecto-llamada”, ha argumentado Amaia Martínez Grisaleña. Luego, ha seguido con se segunda bandera, la crítica al euskera y a la “imaginaria nación vasca”. Y ha acabado su intervención atacando a los medios de comunicación privados, a los que considera “correa de transmisión” del “binomio gubernamental”.

El líder de EH Bildu del Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha afirmado este lunes que “por los actos de Ernai responde Ernai” y ha asegurado que la organización juvenil de Sortu “no es parte de EH Bildu” y que su formación no tiene “ningún tipo de responsabilidad en aquellas cuestiones que involucran” a esta organización. En una entrevista de Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otxandiano ha realizado estas reflexiones despues de algunas de las acciones desarrolladas por las juventudes de Sortu, como la retirada de la bandera española de la Casa de Juntas de Gernika o el ataque con pintura roja a la sede central del PP vasco.

Otxandiano ha recordado que Ernai es una organización juvenil independentista, socialista, feminista y euskaldun “que aglutina a miles de jóvenes y que reivindica sus acciones”, por lo que, según ha remarcado “asume la responsabilidad de sus acciones”. El dirigente abertzale ha recordado que EH Bildu ya ha manifestado su opinión “con determinados sucesos la semana pasada”, por lo que, en esa línea, no tienen “nada que decir”.

En relación a lo ocurrido en la Casa de Juntas de Gernika, ha afirmado que lo que se hizo es “retirar una bandera”, un acto que “puede ser fácilmente criticable por mucha gente”, pero le parece una “hipérbole” decir que “eso es una profanación, un ultraje o un ataque a la comunidad”. En todo caso, ha asegurado que, “por los actos de Ernai responde Ernai”, y cree que hay un intento de “interpelar a EH Bildu por cuestiones que no son responsabilidad de EH Bildu”.

“Los militantes de Ernai son mayores de edad. Reivindican sus acciones. Entonces, si alguien tiene interés en saber lo que piensa Ernai, o por qué lo hace, o qué está sucediendo con Ernai, o por qué hace lo que hace en el contexto del aniversario de la Constitución española, que pregunte a Ernai, que entreviste a Ernai y que interpele a Ernai”, ha asegurado. Otxandinado ha insistido en que EH Bildu “no responde por Ernai”, ni tiene “ningún tipo de responsabilidad en aquellas cuestiones que involucran a Ernai”. Según ha indicado, “no hay una relación directa” y Ernai “no es parte de EH Bildu”.

Tras indicar que EH Bildu “no puede expulsar a Ernai como ha sugerido algún dirigente de PNV, Otxandiano ha realizado una reflexión que, según ha precisado trasciende a las juventudes de Sortu, y es que cualquier sector de la juventud vasca que ”participe en la política de alguna u otra manera, se merecen ser tenidos en cuenta“. ”Son personas mayores de edad, entonces tienen que responder por sus actos, y tienen que responsabilizarse de sus actos. Nosotros ya hemos, por ejemplo, criticado una de las acciones de Ernai, que se hable con Ernai, que se interpele a Ernai, que se le invite a Ernai para saber qué es lo que piensa Ernai, pero EH Bildu no está en estas cosas y eso es harto sabido“, ha remarcado.

No obstante, cree que hay un intento por tratar de “vincular” a EH Bildu con determinadas situaciones y es algo que no están “dispuestos a aceptar”. A su juicio, está “claro” dónde está EH Bildu y que “no tiene nada que ver con esto, ni con cualquier otra cosa que haya podido ocurrir en los últimos meses”. Cuestionado por si a EH Bildu le incomodan este tipo de acciones de Ernai, ha asegurado que la formación que representa está en política “haciendo lo que todo el mundo ve que hace. ”Estamos en Turquía apoyando el proceso en Kurdistán, estamos haciendo el debate del estatus político y esta semana estamos haciendo el debate de la vivienda. Por lo tanto, es evidente dónde está EH Bildu y la gente ya lo sabe“, ha señalado.

La pasada semana, el dirigente de Sortu y de EH Bildu Arkaitz Rodríguez ya señaló que, en relación a la vandalización de la sede del PP vasco, que era responsabilidad de Ernai en Bilbao y no de Ernai como tal. Las acciones de Ernai en los últimos días se enmarcaron en una campaña contra símbolos españoles coincidiendo con el aniversario de la Constitución.

El Gobierno de Imanol Pradales tendrá presupuestos en 2026, sí, pero el amago de PNV y PSE-EE de ampliar el consenso y captar apoyos entre la oposición ha naufragado. EH Bildu, PP y Sumar han anunciado ya que registrarán una enmienda de totalidad y Vox, que ni siquiera ha sido invitado a esas conversaciones, también se opondrá a la propuesta del Ejecutivo y lo anunciará también próximamente. El pasado año las cuentas también salieron adelante con los apoyos de la mayoría absoluta, aunque las negociaciones se estiraron bastante más, particularmente con EH Bildu. Ahora apenas han durado una semana. “No hace falta el paripé”, ha resumido la coalición abertzale.

En una rueda de prensa en Bilbao, el jefe de la oposición y líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha confirmado de saque que pedirán la devolución de los presupuestos. No se ha andado con rodeos. “Nos piden apoyar los presupuestos a cambio de nada”, ha protestado Otxandiano, que ha lamentado que no haya sido tenido en cuenta una propuesta muy concreta para captar vía deuda 1.000 millones para apoyar la construcción de vivienda y movilizar otros recursos. El dirigente abertzale ha recordado también que el Gobierno ha rechazado igualmente todas y cada una de las enmiendas a la “contrarreforma” en la normativa de vivienda y urbanismo, que no se aceptó ninguna propuesta en el monográfico sobre política industrial

Otxandiano ha insistido en que el Gobierno vasco ha de ofrecer respuestas “estructurales” ante los cambios sociales que se avecinan y entiende que no ha encontrado “voluntad” en PNV y PSE-EE para iniciar ese camino. Además, ha lanzado el dardo de que estos partidos, de la mano de Podemos, pactaron la reforma fiscal que implicar una “merma” de recursos. “Este Gobierno no muestra la ambición política para hacer frente a la emergencia habitacional”, ha zanjado el portavoz soberanista, que ha puesto como ejemplo de negociación a María Chivite en Navarra, aunque allí es un Ejecutivo en minoría que precisa sí o sí de apoyos externos.

Desde el PP, Javier de Andrés, también en rueda de prensa, ha confirmado la enmienda de totalidad. Se lo había comunicado antes al consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, vía mensaje. El PP y D'Anjou han compartido dos reuniones, el pasado lunes y de nuevo el viernes, durante el pleno del Parlamento. De Andrés ha insistido en que se les plantea una propuesta “socialista”, muy de izquierdas, y ha lamentado que, por ejemplo, no se prioricen inversiones como la alta velocidad. Ha ironizado que Pradales envía cartas a líderes internacionales como Emmanuel Macron pidiendo un esfuerzo con las obras ferroviarias cuando él plantea un recorte de dos tercios en los fondos autonómicos. Ha mencionado adicionalmente la falta de recursos para comarcas debilitadas a nivel industrial, como Ayala o Busturia. Asimismo, ha indicado que las cifras macro contribuyen al “empobrecimiento” porque el gasto público, incluida la deuda, suben más que el disponible de las familias.

Sumar ya adelantó esta misma posición contraria hace 72 horas, el viernes. Su único representante en el Parlamento Vasco, Jon Hernández, dijo que no iba a seguir negociando. La formación de izquierdas sostiene que PNV y PSE-EE, como opina EH Bildu, buscan apoyos “a cambio de nada” cuando la plataforma de Sumar ascendía a 800 millones de euros. Vox hará públicos sus pasos en los próximos días.

Las reacciones de Gobierno, PNV y PSE-EE

Este escenario era algo ya esperado por parte de nacionalistas y socialistas. De hecho, la portavoz económica 'jeltzale', Alaitz Zabala, ya puso en valor que sí o sí saldrán los presupuestos con los votos del Gobierno y remarcó que Euskadi es una excepción en comparación con España y Francia, sumidos en la inestabilidad de las minorías.

Horas después de conocido el movimiento de la oposición, el consejero D'Anjou ha dado por concluidas las conversaciones. Ha lamentado que haya coincidencias de “diagnóstico” con otros partidos pero que primen las “maniobras de corto plazo”. Ha asegurado que el Ejecutivo tenía “voluntad” y que era “honesta, sincera y constructiva”. ¿Y a futuro? “No se trata de buscar culpables, sino de seguir trabajando con dedicación en lo verdaderamente importante: seguir creciendo como país, reforzar nuestro bienestar y garantizar que Euskadi avanza con paso firme. La política no puede reducirse a maniobras de corto plazo, la política debe estar al servicio de la ciudadanía y de sus necesidades reales”, ha remarcado.

El vicelehendakari y cabeza de la parte del PSE-EE, Mikel Torres, ha aludido también a los presupuestos en Onda Vasca. Antes incluso de las ruedas de prensa de PP y EH Bildu ya entendía que el resultado iba a ser negativo. Pero el Ejecutivo sí o sí manejará “unos muy buenos presupuestos para un momento muy importante”, ha recalcado.

Como sucediera hace unas pocas semanas con la propuesta avalada por 145.142 firmas para mejorar las pensiones desde Euskadi, el Parlamento Vasco ha tumbado este jueves también otra iniciativa legislativa popular o ILP, en este caso firmada por 138.495 personas e impulsada por la mayoría sindical abertzale (ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde), para intentar fijar un marco propio y elevar el salario mínimo profesional (SMI) en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en atención a su mayor nivel de vida. A los votos negativos de la mayoría gubernamental, PNV y PSE-EE -salvo uno, aparentemente por error-, se han sumado los de PP y Vox. Únicamente EH Bildu y Sumar han apoyado tramitar la propuesta, que buscaba instar a las Cortes Generales a que habiliten a las comunidades autónomas a establecer sus propias políticas en esta materia.

El debate ha servido para escenificar, con el máximo de los simbolismos, que ELA ha completado ya su recorrido de ser el sindicato del PNV a “contrapoder”. Quien ha tomado la palabra en la sesión parlamentaria para defender la propuesta ha sido el propio secretario general de la central, Mitxel Lakuntza, que no ha dudado en dirigirse directamente al lehendakari, Imanol Pradales, que seguía el discurso con un ordenador portátil negro en el regazo y una pequeña libreta abierta para tomar notas. Lakuntza, que ha tomado la palabra íntegramente en euskera, le ha reprochado que defienda en sus discursos un nuevo estatus vasco y luego bloquee propuestas como la del SMI propio.

El líder de ELA ha criticado que el Ejecutivo liderado por el PNV, aunque sea el PSE-EE el que dirija las políticas laborales, se agarre a la unidad de mercado de España. Ha asegurado que la verdadera brecha salarial es la diferencia de 600 euros “entre Irún y Hendaya” por no disponer de herramientas para el conjunto de Euskal Herria. Según Lakuntza, votar 'no' a intentar lograr un marco para un SMI propio y superior vasco es “renunciar” al autogobierno. Además, ha considerado una “burrada” ('astakeria', textualmente en euskera) y un “fraude democrático” que se cierre la puerta a un volumen de firmas casi tan alto como los votos obtenidos en las últimas elecciones por la tercera fuerza de la Cámara, el PSE-EE.

Lakuntza, consciente del callejón sin salida de la propuesta de antemano, ni siquiera ha gastado todo su tiempo y ha renunciado a seis de los quince minutos que tenía disponibles. Tras su discurso, ha sido aplaudido por los otros representantes sindicales, entre ellos Garbiñe Aranburu, de LAB. La presidenta, Bakartxo Tekeria, ha pedido silencio. Este Parlamento no está habituado a las protestas del Congreso, pero tampoco son corrientes los aplausos. Acto seguido, el líder de ELA ha subido dos plantas y se ha ubicado ya en la tribuna de invitados a ver la finalización del debate, ya entre los representantes políticos.

La realidad es que antes de la votación únicamente ha intervenido Pello Otxandiano, jefe de la oposición y líder de EH Bildu. Se ha quejado de tener que hacer un “monólogo” y que el resto de partidos se hayan limitado a intervenir después de despachar el asunto, ya con un turno mínimo de “explicación de voto” y sin posibilidad de debate. Otxandiano ha resaltado la gravedad de que el Parlamento haya tumbado en un breve plazo dos iniciativas legislativas populares y ha ironizado que el Gobierno insista con discursos sobre la regeneración y la participación, incluso planteando una ponencia sobre el tema en el Parlamento, cuando ni siquiera tramita este tipo de propuestas. “El mensaje es muy perjudicial [...]. Al debate no se le pueden cerrar las puertas”, ha protestado desde la “madurez democrática”. Tejeria ha intervenido nuevamente para reprocharle que, por momentos, se desviara del debate sobre el SMI como tal.

Otxandiano, en su alocución, ha diagnosticado que el debate del SMI está en modo “bloqueo” y que tiene su causa en el “veto de Confebask”, la patronal vasca. Su formación, en la única ocasión en que pactó los presupuestos con Iñigo Urkullu, en 2022, ya introdujo la necesidad de activar un debate para que Euskadi disponga de un marco propio por su mayor nivel de vida. “No sé si llevamos ya siete u ocho años a vueltas”, ha manifestado. El vicelehendakari socialista, Mikel Torres, consejero del ramo y que también ha pasado la sesión escribiendo notas, ha optado por la vía de promover mejores condiciones desde la negociación colectiva, ya que la competencia como tal del SMI es estatal. De hecho, ha llegado ya a presentar un estudio que eleva hasta los 1.385 euros mensuales en 14 pagas la cifra óptima, frente a los 1.184 euros fijados por el Estado para 2025. En 2018, con el inicio de la andadura del Gobierno de Pedro Sánchez, era de 735,9 euros. Ahora bien, el estudio impulsado por Torres también se avisó que la “regionalización” puede acarrear “posibles efectos negativos”, como el “desplazamiento de trabajadores” entre territorios o “competencencia desleal”.

“Hemos votado a favor de la toma en consideración aunque su contenido no lo compartimos. Tenemos serias dudas, pero viene avalada por más de 100.000 firmas de trabajadores de este país. Creemos que este tipo de iniciativas de participación política directa no pueden encontrarse con el portazo del Parlamento en la misma entrada”, ha argumentado Jon Hernández, de Sumar, el único otro grupo que ha avalado la toma en consideración de la ILP. Según su criterio, hay un “riesgo de involución” en la “conquista histórica” de la “base salarial” para “todos los patrones”, ya que dar competencias a las autonomías podría implicar que propongan cifras más bajas que las que dije el Estado. Hernández, eso sí, ha admitido que “el coste de la vida en Euskadi no es el mismo que otras partes”.

Los argumentos del 'no'

Entre los que se han opuesto, los dos partidos del Gobierno. El PSE-EE, el partido que gestiona la cartera de Economía, Trabajo y Empleo, ha querido poner en valor las políticas del Ejecutivo de Sánchez, que “constantemente” han permitido ya mejorar el “poder adquisitivo”. Ekain Rico ha citado la subida “del 60% desde 2018” del SMI y la reforma laboral, rechazada por las fuerzas nacionalistas vascas en su momento. “Esto no va de más o menos soberanía. Esto va de derechos laborales y de solidaridad entre trabajadores”. Y ha “avisado” de que Antonio Garamendi, presidente de la patronal española CEOE, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña del PP, también defienden esa “territorialización” y no precisamente para subir las cuantías. Rico ha pedido también a los sindicatos proponentes que “no veten el diálogo social en Euskadi” y se sienten, como hacen UGT y CCOO, en los foros sociolaborales.

Desde la bancada del PNV, Markel Aranburu ha arrancado con un augurio de que “más pronto que tarde” Euskadi tendrá un marco propio de SMI. “Lo tenemos muy cerca”, ha planteado. Ha destacado también que su partido arañó al Gobierno de Sánchez la posibilidad de la prevalencia de los convenios vascos como retoque de la reforma laboral. “Ahora os corresponde a sindicatos y organizaciones empresariales. Dialogar, negociar y acordar. Llamamos a quienes no quieren sentar a que se sienten. Y a quienes se sientan y se levantan, que permanezcan. Menos ruido y más rigor”, ha manifestado también, mirando a los sindicatos presentes en el hemiciclo.

El PP ha manifestado claramente que “no está de acuerdo con trocear el SMI por territorios” -de hecho, ha asegurado que hay comarcas “enteras” por debajo del nivel económico español- y también ha criticado las subidas, porque aparentemente perjudican a los empresarios. “No pensemos en ellos como en Florentino Pérez. Son autónomos. Ésa es la realidad en Euskadi y en Madrid”, ha dicho Álvaro Gotxi. El 'popular' ha intentado debatir con Otxandiano, pero la presidenta le ha recordado que ha renunciado a ello al querer usar el turno de explicación de voto. Para Vox, el SMI tiene que seguir siendo una “competencia estatal” y ha de ser “igual para todos los españoles”.

Después de la sesión, Aranburu de LAB ha comparecido ante los medios de comunicación para exhibir su enfado. “Han dado la espalda a los trabajadores, como hicieron con las pensiones. No han tenido ni la valentía de entrar al debate”, ha señalado. Muy crítica, ha considerado un “fake” al Gobierno de Pradales y ha lamentado la “hipocresía” de que les pidan negociar cuando la patronal se ha levantado por sistema cuando tocaba tratar el tema. Y, según LAB, el PNV se está yendo cada vez más a la derecha.

Después de cuatro jornadas consecutivas en el Parlamento Vasco con todos los consejeros desgranando los presupuestos de 2026, los partidos han querido debatir una quinta vez este viernes en la sesión de control al Gobierno. El lehendakari, Imanol Pradales, y el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, han confirmado que la semana próxima iniciarán conversaciones con toda la oposición salvo con Vox para negociar posibles acuerdos. El asunto ha suscitado el interés de EH Bildu, PP y Sumar, pero el portavoz de esta última coalición, Jon Hernández, ha señalado que no es muy coherente plantear una negociación a diestra y siniestra. Pradales ha insistido en que lo revelante es el “qué” y no el “quién” y ha pedido huir de “etiquetas”. “No sé [si el presupuesto] responde a un Gobierno de izquierdas o de derechas, pero responde a las necesidades de la sociedad vasca”, ha argumentado el lehendakari. Aitor Esteban, nuevo líder del PNV, ha puesto en valor el “centro” recientemente.

A Sumar, como el año pasado a EH Bildu, le resulta anómalo que el Ejecutivo se siente a explorar acuerdos “en paralelo” con la derecha y con la izquierda. La única línea roja del Gobierno de PNV y PSE-EE es Vox. Hernández, que procede de IU, ironiza que quizás “en una habitación” van a plantear “más recursos para la concertada” y en otra hacer “prioridad” de la educación pública. Pide “honestidad” al Gobierno y al PNV porque “con ambos es imposible” avanzar al mismo tiempo. “Esto es para que no pierdan el tiempo ni ustedes ni nosotros”, ha señalado. “Porque el 'qué' depende del 'quién'”, ha subrayado.

Pradales ha rescatado la figura del histórico de IU Julio Anguita, ya fallecido, y su “programa, programa, programa”. Y ha añadido que su Ejecutivo goza de mayoría absoluta, por lo que tiene asegurada la aprobación de las cuentas llegue o no a acuerdos con la oposición. Es más un estilo, “lejos de aplicar el rodillo”, una forma de “entender la política”. Ése es “el valor de la democracia”, según Pradales.

Desde la bancada de EH Bildu, Pello Otxandiano ha repetido su discurso del lunes. Ha movido el “elefante” de la sala de comisiones al salón de plenos. A su juicio, las cuentas no responden a los retos que Euskadi afronta a muy corto plazo. Con el envejecimiento de la población y la llegada de migrantes al sistema educativo, la dos carteras más gastadoras, Salud y Educación, se van a quedar cortas de recursos. Y ha recordado que se ha puesto en marcha una reforma fiscal que ha reducido capacidad de ingresos. En concreto, 355 millones en 2026. Hablar de algo “expansivo” y “de récord”, en relación al dinero disponible en el próximo presupuesto, carece de “rigor”, según el jefe de la oposición.

En el 'cara a cara' con Javier de Andrés, del PP, ha insistido en el despilfarro que implica el incremento de altos cargos y asesores. “Como el Gobierno británico con 68 millones de habitantes”, le ha espetado al lehendakari, de quien ha dicho que tiene 34 asesores, muchos más que su predecesor, Iñigo Urkullu. “Usted no tiene tan mala imagen como para tener tantos”, ha llegado a ironizar.

Según De Andrés, el modelo de Pradales es “socialista”, netamente de izquierdas. Sin embargo, en la réplica, el lehendakari le ha asegurado que las cuentas de 2026 recogen exactamente las mismas prioridades que le planteó el PP en una reunión en Lehendakaritza que tuvo lugar en septiembre. Incluso mejoradas. Los 'populares' pideron al menos 819 millones para Seguridad y el Gobierno ofrece 850, ha recordado. Antes de final de año también habrá un proyecto de ley de simplificación administrativa y se cerrarán los trabajos con diputaciones y ayuntamientos para reducir la burocracia.

Vox, que en el Parlamento sigue su propia agenda, ha preguntado sobre ETA y sobre la izquierda abertzale. En su respuesta, el lehendakari ha aludido a la “enorme deuda ética” de EH Bildu y al “largo camino” que le queda para desmarcarse del terrorismo. En redes sociales, la formación abertzale se ha quejado de PNV y PSE-EE gobiernen en Durango gracias a un edil del PP que ha pedido la ilegalización de la formación soberanista. Otro parlamentario del PNV, Mikel Arruabarrena, ha mencionado que en Euskadi operan “fascistas” de ambos “extremos”, de derecha y de izquierda.