PNV y EH Bildu han chocado este viernes en el Parlamento Vasco en relación a las políticas de Vivienda, que en Euskadi están gestionadas por un tercero, el PSE-EE. El lehendakari, Imanol Pradales, ha ironizado que la coalición abertzale pida construir 30.000 viviendas cuando sus municipios tienen suelo para levantar hasta 42.000. “Muevan a sus alcaldes”, ha implorado. Y el jefe de la oposición, Pello Otxandiano, ha asegurado que en la Cámara autonómica hay “mayorías holgadas” para sacar adelante iniciativas incluso más ambiciosas y “contundentes” que los decretos españoles, como una ley contra la especulación.

El lehendakari, interpelado por Otxandiano por las políticas de Vivienda en un contexto de creciente preocupación por la materia, ha indicado que todo el programa comprometido en 2024 está activado y que incluso siguen lanzando más iniciativas. Ha mencionado el fondo social para levantar 10.000 pisos en ocho años —con el matiz de que es una iniciativa que garantiza rentabilidad a los inversores privados, de hasta el 6,62%—, la reforma legal de finales de 2025 y el decreto con modificaciones en programas como Gaztelagun o Bizigune de esta primavera.

Pradales ha lamentado que EH Bildu votara “en contra” de la ley al tiempo que uno de sus municipios, Errenteria, haya sido el primero en aplicarla. Ahora, con la previsión de meter en los presupuestos otros tres cambios legales, por ejemplo para hacer permanentes las viviendas protegidas previas a 2003 en zonas tensionadas, ha “tendido la mano” a que se sume a los acuerdos, aunque el Ejecutivo de PNV y PSE-EE tiene mayoría absoluta para aprobarlo igualmente.

Sin embargo, donde más podría hacer la coalición abertzale es el ámbito local, ha dicho Pradales. “EH Bildu tiene la llave para habilitar la construcción [de 42.000 viviendas]. Muevan a sus alcaldes. Díganles que actúen. Vayamos de la mano. Mójense. Pongan el suelo al servicio del país. Cada metro cuadrado cuenta. Salgan del debate teórico. Colaboren con el Gobierno vasco”, ha lanzado el lehendakari ante la atenta mirada del consejero del ramo, el socialista Denis Itxaso.

EH Bildu ha pedido este jueves en el Parlamento Vasco que el aeropuerto de Loiu lleve el nombre de José Antonio de Aguirre, lehendakari del primer Gobierno de Euzkadi en 1936. PNV y PSE-EE, que gobiernan en coalición, han accedido a llevar a cabo las gestiones con Aena, titular de las instalaciones, aunque con algunos matices en las formas con respecto a lo que proponía la coalición abertzale. Aguirre, del PNV, encabezó aquel primer Ejecutivo, conformado en plena Guerra Civil, nada más aprobarse el Estatuto de Autonomía. Se cumplen en apenas unos días nueve décadas de aquella efeméride. En este especial de elDiario.es/Euskadi se puede leer la biografía de los 71 integrantes de aquel Ejecutivo, desde el lehendakari hasta los asesores, pasando por los consejeros.

En una proposición no de ley firmada por Pello Otxandiano, líder de la oposición, se incidía en que los aeropuertos son una “conexión física y simbólica con el mundo”. “La denominación no solo homenajea a un personaje histórico, sino que también muestra la voluntad de un país de reconocer su memoria democrática, su tradición institucional y su indentidad política”, subrayaba, después de mencionar que Catalunya homenajea a Josep Tarradellas con el aeropuerto de Barcelona y Galicia hace lo propio con Rosalía de Castro con el de Santiago. La propuesta de la coalición abertzale ha sido finalmente rechazada.

“No reivindicamos a Aguirre para volver a 1936, lo reivindicamos también para mirar a 2036”

Aquel Gobierno, sostiene EH Bildu, fue “de carácter amplio y plural, formado por nacionalistas, socialistas, republicanos y comunistas, construido sobre un compromiso compartido por la defensa del autogobierno y las libertades democráticas”. Aguirre, añade, lo lideró “en medio de la guerra”, frente a “la amenaza del fascismo y el ataque contra las instituciones vascas”. “También en el exilio, mantuvo la legitimidad democrática de las instituciones vascas en su empeño por mantener la continuidad política y el reconocimiento internacional de nuestro país”, apostilla.

En su intervención en el pleno ordinario de este jueves en el Parlamento Vasco, Otxandiano ha hablado del “riesgo” que existe de convertir a Aguirre en un mero símbolo del pasado. “Reduciría considerablemente el significado de su legado. No reivindicamos a Aguirre para volver a 1936, lo reivindicamos también para mirar a 2036”, ha defendido, incidiendo en que la memoria democrática ha de servir para dilucidar hacia dónde se ha de ir en el futuro. “Una denominación pública no cambia por sí misma una sociedad, pero sí puede expresar qué referencias quiere reconocer y qué relato institucional quiere proyectar hacia el mundo”, ha subrayado Otxandiano sobre la propuesta de darle al aeropuerto el nombre de Aguirre.

El PNV y el PSE-EE, partidos que conforman el Gobierno vasco, han sacado adelante una enmienda a la totalidad, aunque han coincidido en dar el visto bueno a concederle el nombre de Aguirre al aeropuerto. Joseba Díez Antxustegi, del PNV, ha querido recordar que, si bien tanto la generación de Aguirre como la actual han tenido que atravesar situaciones difíciles, las épocas son muy diferentes. Entonces había una guerra y ahora no. Los valores de entonces, ha dicho, sí perviven. “Hay que explicar bien qué defendía Aguirre y qué defendía su Gobierno”, ha sostenido. En cualquier caso, ha explicado que comparte la intención de dar al aeropuerto el nombre del lehendakari, aunque con algunas diferencias en las formas. Así, ha subrayado que las gestiones tendrán que llevarse a cabo en el órgano bilateral de coordinación de la gestión de los aeropuertos de Aena en Euskadi, estrenado el pasado mayo.

Susana Corcuera, del PSE-EE, ha hecho extensible el homenaje a otras figuras de aquel primer Gobierno de Euzkadi. “Si el liderazgo de Aguirre fue incuestionable, también resulta importante y justo el reconocimiento a todo aquel primer Gobierno vasco conformado por un grupo de hombres que asumieron responsabilidades en áreas decisivas para la sociedad vasca en un momento de guerra”, ha defendido. “Fue una experiencia de pluralidad política excepcional”, ha recalcado Corcuera, que se ha referido a aquel Ejecutivo como un “Gobierno de concentración”. Ha mencionado y reconocido los méritos de Santiago Aznar, Juan de los Toyos, Juan Gracia y el fusilado Alfredo Espinosa, algunas de las figuras socialistas y republicanas de aquel primer Gobierno de Euzkadi. “Para los socialistas vascos, los valores de hace 90 años de defensa de la democracia, defensa de la libertad, justicia social, protección a quienes más lo necesitan, defensa de los servicios públicos y disponibilidad para alcanzar acuerdos tienen plena vigencia en la Euskadi de hoy”, ha apostillado Corcuera. En referencia al cambio de nombre del aeropuerto, y al igual que Díez Antxustegi, ha hecho hincapié en la importancia de que se haga a través del órgano bilateral.

Santiago López Céspedes, del PP, ha defendido que el debate va “mucho más allá” del nombre. “[EH Bildu] quiere quedarse con la fotografía de Aguirre borrando buena parte de lo que Aguirre representa. El PNV ha vuelto a hacer lo de siempre: primero se indigna, luego protesta y después corre detrás de EH Bildu”, ha lamentado. Ha señalado que es el mismo paradigma que se da en otros ámbitos como la enseñanza, el estatus político y la política fiscal. “No es que el PNV se esté desplazando hacia la izquierda, es que ya está en la izquierda. Se ha convertido en un partido cuyo único objetivo es conservar el poder”, ha zanjado. A EH Bildu, por otra parte, le ha exigido que asuma el “legado completo” de Aguirre, sin “reescribirlo” ni adecuarlo.

Sumar se ha abstenido. Jon Hernández, parlamentario de la formación, ha explicado que la trayectoria de Aguirre merece un reconocimiento, pero ha lamentado que la experiencia de aquel primer Gobierno de Euzkadi se limite a una sola figura o a un solo partido. “El Gobierno fue una construcción colectiva de nacionalistas, socialistas, comunistas, republicanos y Acción Nacionalista Vasca, unidos frente a la amenaza fascista”, ha expresado. “Más allá de las personas estaban las organizaciones colectivas que fueron capaces de estar a al altura de un momento histórico. Fueron capaces de llegar a acuerdos porque entendieron que la democracia, las libertades, el autogobierno y la resistencia frente al fascismo estaban en juego”, ha remarcado. Y ha querido tener unas palabras para personas “anónimas” que “tomaron las armas para defender Euskadi y la legalidad republicana”. “Este aniversario debe servir para quienes han quedado fuera del relato”, ha pedido.

Amaia Martínez Grisaleña, de Vox, ha equiparado el debate a un “circo”. Cuando ha comenzado a hablar, el lehendakari, Imanol Pradales, ha abandonado el hemiciclo. La parlamentaria de Vox ha ironizado, con miradas a la bancada 'jeltzale', con que EH Bildu pretende ahora “disputar” el legado del PNV y apropiarse de sus figuras históricas. En cualquier caso, se ha negado a honrar la figura del lehendakari Aguirre y ha recordado la gran mancha de aquel Gobierno de Euzkadi, la matanza de 225 personas que estaban encarceladas en Bilbao. “El lehendakari Aguirre no es el personaje ejemplar que el separatismo nos presenta”, ha recalcado, para pedir que no se dé su nombre a un aeropuerto que es “de todos”.

Aguirre era del PNV. Aitor Esteban, presidente del Euzkadi Buru Bazar, ha llegado a ironizar con que EH Bildu tiene que buscar “referentes” históricos del PNV, como el propio Aguirre, porque los suyos, “Argala, Gadafi, Txapote, Urrutikoetxea y el propio Otegi” —en referencia a miembros de ETA y el actual líder de la coalición— no tienen “un legado muy vistoso”. En la proposición no de ley, EH Bildu no soslaya el hecho de que Aguirre fuera 'jeltzale'. Su figura, sostiene, “no se limita [...] a un solo partido o sensibilidad”. “Es un referente histórico vinculado a la creación del autogobierno vasco, a la unidad institucional, a la defensa de las libertades democráticas y a la dignidad política de un país”, apostilla.

La debacle de la enseñanza vasca mostrada en el reciente informe PISA, la evaluación internacional más prestigiosa, ha monopolizado las críticas de la oposición al Gobierno de Imanol Pradales en la primera sesión de control tras el largo parón estival, de tres meses. El lehendakari ha asegurado que ya se han asumido “responsabilidades” en la medida en que se han anunciado “algunas” medidas para intentar revertir la situación. “No tenemos nada que esconder. Estamos aquí para mirar de frente a los problemas”, ha agregado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, a la que PP y ahora también Sumar empiezan a señalar políticamente. Asimismo, la vicelehendakari y responsable de Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha pedido que no se aproveche este debate para “atacar al euskera”.

PISA ofreció los peores datos de la historia de la enseñanza vasca, con especial énfasis en los problemas de comprensión lectora. Euskadi obtuvo los resultados más bajos de España, solamente por encima de las ciudades de Ceuta y Melilla, sin sistema propio y con una realidad social muy diferente. La caída en matemáticas y ciencias fue también muy significativa.

Las saetas contra el Ejecutivo han salido desde las cuatro bancadas de la oposición. El líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha pedido recuperar el espíritu del pacto de 2022, previo a la reforma legislativa, y crear una mesa con agentes y expertos para articular una respuesta compartida. También ha mostrado su preocupación por los mensajes del Ejecutivo deslizando que la inmersión del alumnado en modelos en euskera pueda ser un “problema” para los resultados. “El Gobierno no puede decir eso”, ha señalado. Pradales, que en lo que va de legislatura se ha caracterizado por crear mesas para materias tan variadas como Osakidetza, seguridad, la sequía, la industria o incluso la excelencia educativa (Eskola Bikaina Denontzat), ha despejado la propuesta de Otxandiano con una sentencia que ha atribuido al 'premier' británico, Winston Churchill: “Si usted quiere retrasar la solución a un problema, proponga una comisión”.

Desde el PP, Javier de Andrés ha insistido en que los resultados son “deplorables” y ha señalado que el problema ya se venía venir desde hace dos décadas. El PP lo atribuye fundamentalmente a un supuesto exceso del euskera en el sistema educativo porque “los mejores resultados” se dan cuando se estudia en la “lengua materna”. “Se han obcecado. Antes no había pantallas, que es en lo que ustedes se centran para poder escaquearse. Si no hacen autocrítica, no se resuelve el problema. Hay unos responsables. Son ustedes, el PNV. El proyecto ideológico del PNV ha fracasado. Asuman responsabilidades de verdad, no de palabra. Particularmente la señora Pedrosa. Escojan personas que lleven adelante un proyecto distinto”, ha agregado quien, hace una semana, ya solicitó la destitución de la titular de Educación, en el cargo desde 2024 y antes viceconsejera.

Pradales, desde luego, no ofrece ningún signo de querer modificar su equipo. Es más, ha anunciado que Pedrosa viajará a París en los próximos días para mantener una reunión con los representantes de la OCDE, la organización internacional responsable del informe PISA. Además, ha recordado que también se ha reunido con los centros y movilizado a los expertos del ISEI-IVEI, el organismo vasco encargado de la evaluación educativa. Y ha lanzado un último capote recordando que la evaluación propia realizada por el Ejecutivo, con una toma de datos posterior a PISA, ofrece una tendencia positiva que, según el Gobierno, hay que tener también muy en cuenta.

Sumar, con un único escaño, ha sido la única voz que ha recordado que Euskadi es la comunidad con un mayor peso de la enseñanza privada. Apenas un 51% del alumnado estudia en centros de titularidad pública. Según Jon Hernández, eso conduce a la “segregación” y a que la mitad del sistema asuma la mayoría de la vulnerabilidad.

Para Hernández, procedente de IU, han sido “dos años de matraca sobre la excelencia” por parte de Pedrosa cuando, en realidad, Euskadi se está quedando como “el último de la fila”. Ha pedido al PNV que rompa con el “relato autocomplaciente” y la “propaganda” de que la comunidad autónoma es referencia y ha criticado la “sobreoferta concertada” o las “inversiones que no se ejecutan” en los colegios públicos.

Pradales ha respondido que ha visto “tics” de “populismo” en Sumar, una “enmienda de totalidad” al modelo que no comparte. Es más, ha considerado “obsesión ideológica” contraponer la pública y la concertada. “El compromiso del Gobierno con la educación de calidad es incuestionable”, ha apostillado también, citando que PISA recoge igualmente los bajos niveles de abandono escolar y otros indicadores positivos. Ahora toca combinar “inclusión y equidad” con “excelencia” en los resultados.

Vox también ha mencionado la “debacle educativa”. Y ha sido la propia Pedrosa la que ha dado la réplica a la formación de ultraderecha. “Hablemos de educación. Pero hablemos de educación con seriedad. No son los resultados que queremos para Euskadi. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. No tenemos nada que esconder. Estamos aquí para mirar de frente a los problemas. Y este trabajo no empieza ahora”, ha manifestado de entrada.

Después, ha mostrado su preocupación por el exceso de uso de las pantallas. Cuando hacía ese comentario, en la bancada del Gobierno Pradales miraba el móvil, al igual que la portavoz, María Ubarretxena. Los vicelehendakaris Ibone Bengoetxea y Mikel Torres usaban su ordenador portátil, como también Bingen Zupiria. Las consejeras María Jesús San José y Amaia Barredo leían unos documentos. Solamente Alberto Martínez, titular de Salud, ha seguido con atención toda la intervención de Pedrosa, y eso que tenía dos móviles sobre su escaño.

Pedrosa ha insistido en la idea de que se lea “todos los días” en el aula durante una hora. Y en que “toda la sociedad” se implique en medir la adicción a los dispositivos. “No buscamos excusas. Buscamos respuestas. Que nuestros alumnos aprendan más y aprendan mejor”. También ha avisado de que la sociedad vasca está cambiando: hay ya 149 nacionalidades diferentes en los colegios.

El líder de la oposición, Pello Otxandiano, de EH Bildu, interpreta que Imanol Pradales tiene un Gobierno con mayoría absoluta pero, a la vez, “con pies de barro”. A su juicio, son evidentes las discrepancias entre PNV y PSE-EE. En paralelo, en su intervención en el debate de política general que celebra este jueves el Parlamento Vasco, le ha ofrecido una oposición responsable y constructiva, dispuesta a llegar a acuerdos. “El espíritu de Aguirre debe guiar la política vasca”, ha sentenciado Otxandiano, citando al primer lehendakari, que era del PNV y lideró una coalición con otra fuerza nacionalista, ANV, con los socialistas, con los comunistas y con dos partidos republicanos, UR e IR.

Según Otxandiano, ante el “cambio de era” que vive el mundo y el riesgo de que España sea gobernada por la “internacional reaccionaria” —“el PP ha mutado, lehendakari, no es el que busca usted”—, no basta con un Gobierno con mayoría absoluta en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Cree el portavoz de EH Bildu que Pradales ha presentado un “plan de gestión ordinario” para responder a retos “extraordinarios”, por lo que le ha pedido “saltos” cualitativos.

Otxandiano ha insistido con sus siete “movimientos” de país —la palabra que ha acuñado ahora para llamar a los acuerdos— y confía en una respuesta positiva del PNV. “Tiene a una fuerza de oposición dispuesta a compartir el camino y corresponsabilizarse con el momento histórico”, ha manifestado. No son tiempos para la “retórica”, suele repetir en las últimas semanas.

Sin embargo, ha dedicado también unos minutos de su discurso a hacer críticas de gestión. Ha señalado que Osakidetza lleva casi dos décadas sin convenio para su personal —“apliquen el autogobierno”—, ha lamentado que nadie detectara en la mesa por la excelencia educativa, terminada hace solamente unos pocos meses, el varapalo que iba a propinar PISA a la enseñanza vasca, o que en plena emergencia climática esté sin desarrollar la ley de 2024, pactada con EH Bildu, o el mapa para las energías renovables, el PTS.

Se ha referido igualmente Otxandiano a las conversaciones para reformar el Estatuto, de las que son partícipes. Ha venido a decir que, aunque defienden la soberanía “máxima” de Euskal Herria —no ha usado el término “independencia”— están dispuestos a “compartir” con otras fuerzas unas “herramientas” mayores de autogobierno “para hacer frente a un futuro incierto”. Por otra parte, ha propuesto crear una ponencia en la Cámara para abordar la respuesta vasca a la revolución que supondrá la inteligencia artificial.

El jefe de la oposición y líder parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha cuestionado el “liderazgo” institucional del lehendakari, Imanol Pradales, y ha mostrado su temor por que la legislatura autonómica, que acaba de iniciar su tercer año de cuatro, esté ya “amortizada” al iniciarse en pocos meses un ciclo electoral con las forales y municipales en mayo de 2027, las generales en el aire y las autonómicas en la primavera de 2027. “El lehendakari no puede estar ausente”, ha llegado a sostener Otxandiano, que se ha reunido con Pradales en la sede de la Presidencia vasca y que ha hecho estos comentarios en la sala de prensa institucional.

Otxandiano se ha preguntado si los líderes políticos pretenden ser en los próximos meses “un mero activo electoral” de sus partidos de cara a las sucesivas citas con las urnas o, por el contrario, “protagonistas” de “movimientos”, la nueva palabra que ha acuñado para referirse a los grandes “acuerdos de país” en los que EH Bildu quiere participar aunque el PNV goza de mayoría absoluta con el PSE-EE. Según EH Bildu, el Ejecutivo debería mirar a la oposición para hablar de vivienda, de Osakidetza, también de Educación tras el batacazo de PISA, de inteligencia artificiales e incluso cerrar ya un acuerdo en torno a un “nuevo estatus” para superar el Estatuto de Gernika y no entrar “en una carrera electoral de año y medio” hasta 2028.

“No hay excusas. No hay tiempo para más dilaciones. Hace falta movimiento. No es tiempo para la retórica. No es tiempo para la lírica”, ha lanzado Otxandiano. Y ha agregado: “He echado falta el liderazgo del lehendakari en muchos momentos en esta legislatura”. También le ha reprochado que caiga en la “autocomplacencia”.

Preguntado por ejemplos concretos de la gestión de Pradales, ha mencionado la política migratoria, que presentara en 2024 un pacto ético que no se concretó o igualmente la polémica sobre el euskera y los exámenes de Selectividad del verano. También le ha demandado “traccionar” las negociaciones para la reforma del Estatuto y no limitarse a gestionar los flecos del de 1979. Ha recordado que hace un año prometió una ronda de reuniones sobre el tema para junio, que luego la pospuso a julio y que nunca la celebró.

Sobre esta cuestión, PNV, EH Bildu y PSE-EE negocian fuera del Parlamento, a nivel de partidos, una propuesta para reformar el Estatuto. En realidad, es un proceso abierto desde hace cuatro legislaturas y sin un horizonte claro. Otxandiano se ha mostrado optimista de cara a los próximos meses, sin dar detalles. Y, no, no ve que la iniciativa esté condenada al fracaso. Ha señalado que si en España se mantiene un Gobierno progresista será una oportunidad para sacarlo adelante y, si no, la propuesta constuiría un “mojón” para mostrar una respuesta compartida desde Euskadi al “bloque reaccionario”, en el que encuadra a PP y a Vox.

En la última sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco del curso político y en una autopregunta del PNV, el lehendakari, Imanol Pradales, ha querido lanzar un mensaje directo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Le ha pedido que no se “despiste” y que, si su deseo es no convocar elecciones, cumpla con el compromiso de celebrar “antes de agosto” una cumbre bilateral para cerrar el traspaso completo de la gestión económica de la Seguridad Social, ya iniciado con las prestaciones de paro y otras materias pero a la que aún le queda la parte más relevante, las pensiones, unos 12.000 millones de euros.

“El pasado miércoles, Pedro Sánchez mostró su total determinación para continuar como presidente. Espero esa misma determinación para cumplir los pactos con Euskadi y completar el Estatuto de Gernika”, ha manifestado Pradales, que insiste en que “el tiempo apremia”. “Debemos llegar con contenidos concretos, porque, si no, no habrá bilateral”, ha señalado el lehendakari, dando a entender que no acudiría a Madrid si no hubiese un acuerdo.

Según Pradales, en dos años de mandato ha logrado “avances” en materia de autogobierno, incluyendo doce transferencias competenciales, 45 acuerdos de tipo económico y otros compromisos “bilaterales”. No obstante, el lehendakari ve al presidente renuente a dar otros pasos, como “la convocatoria de la junta de seguridad que debe acordar medidas para atajar la reiteración delictiva o el uso de armas blancas y facilitar la conexión de la Ertzaintza con las redes de información europeas” o la “comisión mixta del Concierto Económico para que las diputaciones forales cuenten con recursos adicionales para ayudar a personas dependientes, personas mayores, menores o con discapacidad”.

Se acaba el curso político y se acaba junio. En septiembre, Pradales lanzó la idea de celebrar ahora una ronda de partidos para impulsar la reforma del Estatuto. No consta que eso se vaya a producir en esas fechas. En principio, PNV, PSE-EE y EH Bildu negocian sobre ello fuera del Parlamento, sin que se conozcan contenidos y detalles. Pradales se ha limitado a señalar, a este respecto, que es necesario cerrar la carpeta de los temas pendientes del Estatuto de 1979 antes de pasar a la siguiente. “Ha llegado el momento de cerrar para siempre esta fase y de abrir la siguiente: tenemos que acordar entre todos la estructura del futuro autogobierno, para garantizar nuevas capacidades políticas”, ha indicado.

Un aeropuerto para el lehendakari Aguirre

En el cara a cara con el líder de la oposición, Pello Otxandiano, de EH Bildu, ha optado por pasar de las preguntas a las propuestas. Ha planteado que, con motivo del nonagésimo aniversario del primer Gobierno autonómico, el aeropuerto de Aena en Loiu pase a llamarse como el primer lehendakari, José Antonio de Aguirre. Ha explicado que en París o Nueva York las principales terminales llevan nombres de grandes líderes, o que incluso en la red de Aena hay guiños a Josep Tarradellas en Barcelona o a Rosalía de Castro en Santiago de Compostela. No ha explicado por qué no sería renombrado el aeropuerto de la capital y sí el de Bilbao.

Según Otxandiano, Aguirre es una figura que trasciende a la de su partido, el PNV, porque fue capaz de representar a “dos familias abertzales”, en referencia también a ANV, que luego en el siglo XXI fue marca de la actual Sortu, a socialistas, a comunistas y a republicanos. Pradales ha respondido que está de acuerdo en estudiar el asunto del aeropuerto, pero ha avisado de que EH Bildu debería revisar “todo” el legado de Aguirre porque la izquierda abertzale, durante años, se opuso al autogobierno vasco “con herramientas que Aguirre hamás hubiese tolerado”, en referencia al terrorismo de ETA. “Era un hombre de paz. Repudió el uso de la violencia para fines políticos”, le ha espetado.

PP y Vox han usado sus turnos en la última sesión de control para sacar a relucir las investigaciones de corrupción en marcha y los presuntos vínculos del PNV con el rescate de Tubos Reunidos, por el que según la Fiscalía el grupo Hirurok de los socialistas Vicente Fernández Guerrero y Leire Díez y del empresario Antton Alonso cobró comisiones ilegales. Según Javier de Andrés, el PNV contribuyó a la “intermediación” de una “trama corrupta”. Pradales ha respondido que el PP usa en Euskadi el “catastrofismo y populismo más demagógico” y que Vox es “escatológico” y trumpista.

EH Bildu ha logrado, casi al cierre del curso político en el Parlamento Vasco, el hito político de meter cuña en el Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE liderado por Imanol Pradales. Con su abstención, la principal fuerza de la oposición ha facilitado que salga adelante una reforma de la ley autonómica de empleo público para blindar las exigencias de euskera en las convocatorias ante las sucesivas sentencias judiciales. Se trata de una iniciativa planteada en solitario por el PNV, con los socialistas claramente en frente. Es algo que no había pasado ni en esta legislatura ni en la década en que lleva operando el bipartito.

Aunque durante meses EH Bildu consideró esta propuesta como insuficiente, como un mero “parche” alejado de la reforma integral que ellos presentaron, finalmente ha alcanzado un acuerdo con los nacionalistas para permitir que prospere al menos un gesto para intentar hacer frente a la “ofensiva judicial”, como define el contexto actual la denominada 'euskalgintza'. “No era una opción” que el debate se cerrará con todas las propuestas decaídas, ha admitido Pello Otxandiano, líder de EH Bildu y que significativamente ha ejercido como portavoz en el debate por delante del habitual en esta materia, Josu Aztiria.

Otxandiano no ha ocultado su felicidad por el resultado del debate. De hecho, lo ha considerado un “salto” como los que ya se han producido “en Iparralde y en Nafarroa”, en referencia a los acuerdos entre nacionalistas en esos ámbitos. Ha considerado que el Parlamento Vasco ha superado “la política de bloques” y que ha “aumentado la calidad democrática”. Frente a los “tiempos oscuros”, ha dicho Otxandiano parafraseando al propio Pradales, “grandes acuerdos de país”. Además, ha añadido que tienen acordado con el PNV que si esta ley no funciona se revisará y se buscará una nueva fórmula en línea con la iniciativa orginal que ellos presentaron y que buscaba imitar el modelo enteramente bilingüe de Catalunya o Galicia, aunque esto el PNV no lo interpreta así. De hecho, Otxandiano ha añadido, mirando a los socialistas, que su partido allí “lo tiene bastante claro” y no se opone a incrementar las exigencias de las respectivas lenguas cooficiales.

EH Bildu llevaba tiempo buscando abrir esa brecha entre PNV y PSE-EE. En sus discursos, los dirigentes de la formación soberanista habían apelado a activar la amplia mayoría abertzale que tiene la Cámara autonómica. En 2022 y 2023 y también con el euskera sobre el tapete, el PNV coqueteó con intentar una reforma educativa con la coalición abertzale, pero el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, accedió a mantener los modelos A, B y D, es decir, a que se pueda seguir optando por cursar los estudios también mayoritariamente en castellano, como reclamaron los socialistas. Y todo a pesar de que la misma ley pone un objetivo común a todos los estudiantes: que a los 16 años alcancen el nivel B2 del marco común europeo en ambos idiomas oficiales.

Desde el PSE-EE, Pau Blasi ha deslizado en su intervención durante la sesión referencias a la “deslealtad” del PNV y a su “lealtad” al pacto de Gobierno. Los insultos, pintadas y pancartas han venido de otro lado“, ha añadido. Ha pedido a ”otros“, en velada referencia también a sus socios, que expliquen ”por qué se han movido de los consensos y de las lealtades“ con ”saltos al vacío y propuestas de máximos contrarios a la visión pluralista del país“.

Ha añadido que han sido meses de “burradas” -ha dicho que no iban a tolerar que los comparen con la ultraderecha por no opinar lo mismo sobre el euskera-, que la “mayoría” de “expertos” están en contra del cambio normativo y que hay que operar “con una visión pluralista del país”. En una intervención bilingüe, ha retado sin citar nombres a ver si el PNV sería capaz de garantizar que todos sus consejeros fueran bilingües. Ahora los hay que no dominan el euskera.

Markel Olano, del PNV y que ha avisado de inicio que él no iba a emplear el castellano en sus intervenciones como gesto, a pesar de la recomendación de sus asesores, ha asegurado que es “mentira” que la reforma vaya a incrementar las exigencias de euskera en la Administración. Se trata de dar seguridad jurídica, ha insistido. Ha apuntado que el PNV busca “un espacio de centralidad”. Olano, además, ha destacado la amplia mayoría que respaldará la reforma, de más de dos tercios del total de representantes.

Pero la reforma, en puridad, solamente ha contado con el 'sí' de sus proponentes, del PNV. 27 de 75. Eso sí, la abstención de EH Bildu ha hecho que el 'no' de PSE-EE, PP, Sumar y Vox, 21 de 75, haya resultado insuficiente en la votación final. Y, además, el texto aprobado ni siquiera es la propuesta original del PNV, ya que los nacionalistas presentaron tres enmiendas al único artículo del que consistía la ley. Ahora se introducirá en la ley que las administraciones “deberán determinar con el máximo rigor” el perfil de las plazas y la fecha de preceptividad, que es el momento en el que hay que cumplir ese requisito. Es más, se plantea que quienes no dominen la lengua vasca tengan en ese tiempo “diferido” apoyo institucional para lograr la capacitación.

Se eliminan los índices generales que hasta ahora se habían usado de referencia para determinar el porcentaje de puestos con exigencia de euskera y, por decreto, se regulará que pueda hacerlo cada institución. De hecho, la segunda enmienda hace mención expresa a que el Gobierno dictará un nuevo decreto sobre la materia para “actualizar” el aprobado en 2024, justo al final del mandato de Urkullu. La tercera enmienda habilita a que el Ejecutivo pueda regular ese “diferimiento” de las fechas de preceptividad y las “excepciones”.

Según el PSE-EE, este nuevo marco generará más “discrecionalidad” y menos seguridad jurídica y ha remarcado que afecta a 120.000 empleados públicos. “La reforma es mala y la tramitación aún peor”, ha añadido el socialista Blasi. Sumar ha lamentado que la nueva ley llegue “sin consenso” y siendo “apenas un apaño”. “Dejan fuera del euskera a muchos y muchos trabajadores”, ha manifestado Jon Hernández, único representante de la coalición y procedente de IU.

Desde la bancada del PP, Santiago López Céspedes ha definido la nueva legislación como un “atropello”. “No se vota si quieremos más euskera o menos euskera. Ésa es la trampa de siempre. Esto no va de proteger al euskera. Va de protegerse a ustedes, señores del PNV, de sus propios excesos”, ha señalado. Y ha agregado: “No le van a ganar a Bildu jugando a ser Bildu. De hecho, van ustedes perdiendo”. Vox ha despachado el debate como un “pacto entre separatistas”, el “Lizarra lingüístico”.

Eso sí, el propio acuerdo de PNV y EH Bildu asume que todo está condicionado por los tribunales. Por un lado, el Tribunal Constitucional tiene que resolver una cuestión elevada por el Superior vasco sobre la normativa anterior, la de 2022 desarrollada por decreto en 2024. Por otro lado, el PP ya ha avisado de que utilizará “todas las herramientas legales” a su alcance para lograr que se revise. En el pasado, Vox también ha presentado recursos.

La ciudadanía ha puesto al lehendakari, Imanol Pradales, una nota de 5,8 en este final de curso, según el Sociómetro elaborado por la casa Ikerfel para el Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia vasca. Es el político más valorado y continúa en línea ascendente desde que llegó a Ajuria Enea en 2024, cuando marcó un 5,3. Sin embargo, un 36% considera que la acción del Gobierno de PNV y PSE-EE es buena o muy buena, por un 41% de la medición anterior. Claramente, la vivienda es el gran problema social del momento: ya ha superado los valores de preocupación cuando estalló la burbuja inmobiliaria en 2008.

Este lunes se ha conocido la versión completa del Sociómetro, cuyas estimaciones sobre las estimaciones forales trascendieron la pasada semana. La muestra ha sido de 3.485 personas entrevistadas entre el 20 y el 26 de mayo. Claramente, la ciudadanía dibuja una Euskadi contrapuesta a España: el 76% ve la situación española en lo político como mala o muy mala por un 30% en el caso vasco. En lo económico, los porcentajes se ajustan, de 53% a 21%, respectivamente, pero aún con diferencia. Solamente Dinamarca, Luxemburgo y Países Bajos tienen mejores datos de aceptación ciudadana sobre su economía.

La valoración general del Gobierno vasco cae. El último Sociómetro dejaba un 41% de notas buenas o muy buenas y ahora caen al 36%. Solamente entre quienes votaron al PNV en 2024 hay una mayoría que secunda la labor del Ejecutivo, ya que entre los socialistas es del 48%. Por áreas, se puntúa muy bien la labor en Cultura (en manos de Ibone Bengoetxea, del PNV) o en Turismo (de Javier Hurtado, del PSE-EE), pero muy mal la de Vivienda (de otro socialista, Denis Itxaso). En este caso, solamente un 8% dice que la “actuación” ha sido buena “en los últimos años”, por un 62% que directamente la ve “mala”. Solamente un 9% de los votantes socialistas está satisfecho con esta labor, según se deduce de los microdatos de la encuesta. En el caso de Salud, con Alberto Martínez del PNV al frente, el 25% aprueba la gestión, por un 39% que la ve mala.

¿Cuáles son los principales problemas? La vivienda lo es para el 60%, tres puntos más que en la medición anterior. Hace cinco años apenas lo mencionaba un 10%. Supera ya, por vez primera, el 58% de pico de la serie histórica, alcanzado en 2008 tras el estallido de la burbuja y la llegada de la gran crisis económica de las últimas décadas. Esto coincide con un respiro en la percepción de los problemas del mercado laboral, el segundo en la lista, y en Sanidad, que sigue cayendo. Sí suben la preocupación por la criminalidad y por los “problemas relacionados” con los extranjeros.

En cuanto a las valoraciones concretas de los líderes políticos, Pradales sube a un 5,8, con un nivel de aprobación del 57%. Un 23% no le conoce después de dos años en el cargo, eso sí. A Pello Otxandiano, líder de la oposición, no le pone cara la mitad de los vascos. Aprueba también, con un 5,3. El resto, desde el socialista Eneko Andueza con un 4,5 -solamente un 46% de los votantes socialistas le aprueba- hasta Javier de Andrés del PP con 3, suspende. Preguntados por la simpatía hacia los partidos, el más amigable es el PNV, con 5,2 sobre 10, pero el PSE-EE y EH Bildu empatan en segundo lugar con 4,4. Vox, en la cola, se queda en 1.

La sociedad vasca se inclina hacia el centroizquierda, es un poquito más nacionalista vasca y la etiqueta favorita es la de ser “tanto vasco como español”, mencionada por un 39% frente a un 23% de “más vasco que español”, un 19% de “únicamente vasco” o un 6% de “únicamente español”. Un 42% de los votantes del PNV y un 11% de los de EH Bildu son igual de españoles que vascos. Así, el 37% está en contra de la independencia, por un 22% que es partidario. Un 32% lo pensaría “según las circunstancias”:

El consejero socialista Denis Itxaso va ofreciendo con cuentagotas detalles de cómo será la nueva reforma de la ley de Vivienda de 2015, la segunda en menos de un año y que golpea de lleno a la principal preocupación ciudadana del momento. A la idea inicial de poner coto al fraude “generalizado” en la venta de viviendas protegidas tasadas -que suelen incorporar un sobreprecio camuflado de pago por muebles o similar para acercar su coste al del mercado-, se unirá la de impedir la pérdida de protección de casas previas a 2003, cuando ya se hizo permanente el blindaje, siempre que estén en zonas tensionadas. No se ha aclarado aún si será un proyecto del Gobierno o una proposición de los partidos en el Parlamento -esto segundo es lo más probable porque fue la fórmula del pasado año y porque le evita al Ejecutivo trámites e informes- ni se han los plazos precisos, aunque Itxaso ha explicado a los periodistas que 2027 sería un horizonte deseable para su entrada en vigor.

“La técnica legal no la tenemos definida. Lo estamos valorando. Estamos viendo diferentes alternativas. Mi propuesta, mi promesa, es que que el año que viene pueda estar aprobada. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Mire, la política de vivienda es una fotografía en movimiento y diría más, en movimiento muy rápido. Se está moviendo todo a toda velocidad. En todo momento, este Gobierno ha asumido un papel reformista y honesto desde el punto de vista de ir monitorizando los problemas e ir tomando decisiones y medidas que nos permitan afrontar esos desafíos”, ha explicado Itxaso en una comparecencia ante los medios de comunicación. El consejero ha señalado que Catalunya, por ejemplo, ya ha adoptado medidas similares con perfecta seguridad jurídica.

¿Cómo se traducirá en datos la nueva reforma legal? “En Euskadi, las viviendas protegidas calificadas a partir de 2003 cuentan con protección permanente y, sin embargo, 1.071 viviendas anteriores a esa fecha van a perder su calificación temporal en los próximos años, de las cuales 901 se encuentran en zonas tensionadas”, ha señalado el propio consejero. Más en detalle, “se evitará la descalificación de 510 viviendas en alquiler de Benta Berri en San Sebastián”, un caso que ha ganado relevancia por las denuncias vecinales al ser un fondo buitre su nuevo casero. También hay otras 119 en Donostia, además de 248 en Vitoria y 21 en Bilbao que se salvarían de pasar a ser totalmente libres, lo que dispararía su atractivo en el mercado.

En cuanto a los sobreprecios ocultos de las viviendas protegidas de venta, si hasta ahora era el titular el que buscaba un comprador y la Administración sólo visaba los requisitos, en el futuro será el Gobierno el que asuma la búsqueda de un nuevo morador. Por un lado, se evitarán cobros ocultos y, por otro, las asignaciones responderán a los baremos de las listas de Etxebide. Son “más de 1.000 transmisiones” anuales las que se verían condicionados.

Se da la circunstancia de que, en diciembre de 2025, el Parlamento ya aprobó una reforma de la ley de Vivienda, y de otros adyacentes, con una primera batería de medidas urgentes. Fue la reconciliación legislativa entre el PSE-EE, el partido que gestiona esta cartera en Euskadi, y el PNV, el socio mayoritario del Gobierno de Imanol Pradales. En 2015, con los nacionalistas en minoría en el Ejecutivo, el PSE-EE logró sacar adelante desde la oposición la ley ahora en vigor con apoyos de EH Bildu y UPyD. Y, en 2023, el PNV se opuso a la normativa estatal de Pedro Sánchez y en Euskadi la recurrió al Tribunal Constitucional contra el criterio del consejero socialista del ramo, entonces Iñaki Arriola.

Itxaso, a la luz de que la nueva propuesta viene pactada de nuevo con el PNV, ha querido “poner en valor” que “después de muchos años” esta legislatura “está siendo la del consenso” entre los socios. “Estamos aplicando las zonas tensionadas que devienen de la ley estatal, en ayuntamientos de todos los colores”, ha puesto como otro ejemplo del nuevo clima. Fuentes del PNV consultadas por este periódico confirman la sintonía con esta nueva iniciatva. Ambos partidos tienen mayoría absoluta para aprobarlo en la Cámara.

Con EH Bildu

La reflexión sobre la sintonía entre PNV y PSE-EE tenía una segunda derivada, porque este viernes se ha producido una reunión entre el consejero socialista y el líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, para hablar del plan de vivienda lanzado hace unas semanas por la principal fuerza de la oposición. La formación abertzale insiste en ver “neoliberal” al PNV en materia de vivienda y en sentirse más próximo a los socialistas, en un intento de meter cuña en la coalición. Según Otxandiano, las posiciones “antagónicas” entre los socios no son cosa del pasado y ha señalado, por ejemplo, que los nacionalistas, en Donostia, van de la mano del PP para que parcelas de la zona llamada Infierno sean cedidas a promotores privados para levantar pisos de 400.000 euros, cuando podrían ir al Gobierno vasco para construir casas protegidas.

Sobre la reforma legislativa, una EH Bildu que consideró la anterior una “contrarreforma” esperará a tener la “letra pequeña” de la nueva para posicionarse. Eso sí, el portavoz de la coalición ha recordado que “hace cuatro años” propusieron atajar el fraude en la venta de viviendas protegidas y que el predecesor de Itxaso, el también socialista Arriola, se opuso con rotundidad porque era “más difícil que nunca” que hubiese irregularidades. “Se han perdido cuatro años”, ha lamentado Otxandiano, que en todo caso ha recordado que la normativa vigente permite a la Administración ejercer el derecho de tanteo y quedarse con los pisos que se enajenan para luego destinarlos al alquiler social. “Y esto apenas se ha hecho”, ha asegurado el dirigente de EH Bildu.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha vuelto a cargar con dureza contra la gestión de Sumar en el Gobierno de España. Cambiando los papeles habituales en las sesiones de control, Pradales ha pasado a ser la oposición de la oposición en la respuesta a una pregunta de la coalición de izquierdas en el Parlamento Vasco sobre los escasos avances que aprecian en las negociaciones sobre la reforma del Estatuto.

A falta de detalles sobre lo que se le requería, el lehendakari ha señalado a tres de los cinco ministros de Sumar. A la vicepresidenta Yolanda Díaz le ha afeado que las negociaciones sobre el traspaso del Fogasa estén siendo “decepcionantes”. A la ministra de Sanidad, Mónica García, convertida ya en diana habitual del PNV, le ha vuelto a acusar de “provocar” la huelga médica que está disparando las listas de espera de Osakidetza. Y, si no desea “negociar” con los facultativos, debería ceder a las comunidades autónomas las competencias sobre el estatuto marco, ha recalcado. Y, finalmente, al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, le ha reprochado que no acceda al traslado “temporal” del cuadro 'Guernica' de Pablo Picasso con motivo del nonagésimo aniversario del bombardeo nazi, que se conmemorará el año próximo.

“Den la cara, no se pongan de perfil. [...] Póngase el buzo de trabajo vasco”, le ha dicho el lehendakari al único representante de Sumar en la Cámara vasca, Jon Hernández, que es de IU. El pasado año Pradales ya criticó que la parte de Sumar del Gobierno de España frenara el acuerdo en torno al Sepe y las prestaciones de paro. Incluso estando en La Moncloa le pidió “orden” a Pedro Sánchez en su gabinete para que controlara a los ministros de la coalición de Díaz.

De su lado, Hernández quería concreciones sobre cómo marchan las negociaciones sobre el Estatuto. Es algo prometido en 2012 que ha naufragado varias veces y ahora mismo los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, llevan meses hablando fuera de la Cámara sin que se sepa muy bien cuáles son los avances o los plazos. Pradales, en septiembre, dijo que en junio haría una ronda con los partidos para valorar ese asunto.

El lehendakari, sin dar muchos detalles, ha confiado en que “los partidos sigan avanzando”. Eso sí, ha indicado que él tiene como misión principal completar el Estatuto en vigor, el de 1979. De cara a julio se prevé cerrar un acuerdo en torno a la gestión económica de la Seguridad Social, la más relevante de las transferencias pendientes.

Críticas de EH Bildu por Osakidetza

Al hilo de las críticas del Gobierno vasco al central, el líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha asegurado en la Cámara, en declaraciones a los periodistas, que Osakidetza no puede escudarse en la huelga y en la ministra García para explicar las listas de espera porque los indicadores ya estaban empeorando antes de la convocatoria de las movilizaciones.

Otxandiano aprecia “cierta irresponsabilidad” en la gestión sanitaria y emplaza al consejero del ramo, Alberto Martínez, del PNV, ha que mire menos “a terceros” y dé pasos donde puede darlos. Ha subrayado, por ejemplo, que el convenio de Osakidetza lleva sin ser renovado desde 2008.

Pello Otxandiano (Otxandio, 1983) es el líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, donde se celebra la entrevista. El encuentro tiene lugar en una semana en que la formación abertzale ha lanzado, desde la oposición, un plan para abordar la emergencia habitacional. Plantean construir 30.000 viviendas mediante la “colaboración público-comunitaria” y movilizar otras 30.000 con iniciativas como, por ejemplo, retirar el uso turístico a 5.000 pisos. Dice Otxandiano que, al lanzar estas ideas, se ha sentido un poco como en el Gobierno mientras PNV y PSE-EE, con sus críticas, hacían las veces de oposición. En materia de Vivienda, EH Bildu se ve más cerca de los socialistas. En otros temas, como las negociaciones para blindar las exigencias de euskera en la Administración, negocian con el PNV, aunque considera “trumpiana” su forma de proceder. En realidad, opinan que nacionalistas y socialistas tienen muchas discrepancias en variados asuntos. A lo largo de la conversación, Otxandiano desliza que volverá a ser candidato a lehendakari en 2028, siempre que las bases lo ratifiquen. Y también insiste en que “sin duda, sin duda” España necesita una nueva legislatura de Pedro Sánchez, porque la alternativa de Alberto Núñez Feijóo, bien con el PP en solitario o con Vox de aliado, será una “amenaza”.

Esta semana han presentado un plan de vivienda desde la oposición. ¿Quieren mostrarse como un Gobierno en la sombra?

Lo que queremos es atender la primera preocupación de la ciudadanía y dar una respuesta determinante a una crisis que tiene consecuencias sociales y económicas de primer nivel. Nos corresponde actuar en ese sentido. Siendo oposición, en primer lugar, haciendo una crítica política a la política de vivienda del Gobierno, pero, a la vez, planteando alternativas. Lo que hemos presentado este sábado es el buque insignia de una política de vivienda capaz de dar respuesta a la crisis habitacional.

Lo decía porque este viernes, en el Parlamento, señalaba usted mismo que están pareciendo más el Gobierno que el Gobierno. Y que ellos parecen la oposición.

Sí. Durante esta semana he tenido un poquito esa sensación. Nosotros hacemos una crítica política medida en cuanto a formas, aunque sea intensa. Porque eso forma parte del juego político y democrático. Pero si se hace desde el respeto y con rigor, no sólo creo que sea legítimo, es que además es necesario. Y las reacciones han sido bastante viscerales, tanto por parte de los portavoces parlamentarios como incluso por parte del propio consejero de Vivienda. Y en redes sociales también se ha escuchado mucho ruido. Ya digo, tenía la sensación de que en algún momento que el Gobierno éramos nosotros y de que los partidos de Gobierno eran la oposición.

Sobre su plan, el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha pedido “bajar de las musas al teatro”, que se dejen de diagnósticos. Y también ha dicho que “hasta hace diez minutos” los ayuntamientos de EH Bildu no cedían suelos para construir vivienda.

Es mentira. Y tenemos datos y testimonios de numerosos alcaldes y exalcaldes, de alcaldesas y exalcaldesa. Tengo el teléfono ardiendo de mensajes de primeros ediles que me cuentan su experiencia personal con el Departamento de Vivienda. Ningún alcalde se ha opuesto a que se construyesen viviendas públicas en su municipio en los últimos diez años. Otra cosa es que los desarrollos urbanísticos hay que hacerlos de forma racional y ordenada, porque afecta al desarrollo social y económico del municipio. En ningún momento, repito, los ayuntamientos han estado en contra de ceder suelos al Gobierno vasco. El problema ha sido, más bien, la incapacidad operativa en muchos casos del Departamento a la hora de ejecutar los convenios. Hay muchos convenios que no se han ejecutado, otros que todavía que nos han firmado y proyectos que se han planteado al Gobierno que no le han interesado. En fin, entiendo que los ayuntamientos son un eslabón importante en política de vivienda porque el suelo es patrimonio municipal, pero no se pueden comparar las capacidades y el rol de los ayuntamientos con el del Gobierno vasco. Aquí lo que ha habido es una falta de política vivienda durante los últimos diez años y los datos son evidentes. 3.000 viviendas públicas promovidas por Visesa, que es la promotora pública.

Ustedes plantean construir 30.000 viviendas, diez veces más. ¿Es realmente viable construir 30.000 viviendas en una década?

Si se produce un salto en capacidades institucionales y en recursos económicos y financieros, es posible. Tenemos ciertas capacidades institucionales aquí. Visesa y Alokabide son estructuras administrativas que tienen experiencia en promoción de vivienda pública. Y hay que multiplicar esas capacidades. Eso exige la creación de una nueva entidad que haga promoción de vivienda asequible, una entidad profesional que tenga capacidad de gestionar suelo. Y de gestionar esa vivienda pública tanto en alquiler como en derecho de superficie. Hace falta un punto de inflexión, un salto de escala.

¿Y quién paga eso?

Por una parte, hay un capital público. Hay que disponer de 1.000 millones por parte del Gobierno vasco, que tiene ese margen económico y financiero. Por otra parte, las fundaciones bancarias son un actor relevante porque su función social encaja perfectamente con esto. Están para hacer obra social. ¿Qué mejor obra social que promover vivienda pública en estas condiciones? De hecho, tienen la oportunidad de plantear una inversión que sea una obra social autofinanciada. Y, por otra parte, las EPSV también pueden ser un actor importante. Ese capital privado de orientación social que tenemos aquí, en los tres territorios, y que no existe en ningún otro lugar, nos permite, en colaboración con el capital público, constituir una sociedad de capital mixto, un vehículo de inversión, de promoción y de gestión de la vivienda asequible. Es posible ofrecer precios realmente asequibles, muy por debajo de los actuales del mercado.

¿Y esto de la colaboración público-privada no es una vía para privatizar?

No, es público-social. O diría que es público-comunitaria. Porque estamos contando con un capital privado de orientación social, que tiene una función social, que tiene un arraigo en el país, que tiene un sentido social. Claramente. Por otra parte, aquí se reconfigura el ecosistema institucional. Se introduce un nuevo elemento. En euskara, nosotros le hemos llamado EESE, Etxebizitza Eskuragarriaren Sustapen Erakundea.

Pero eso…

Se mantiene Visesa como promotora 100% pública para la promoción de vivienda social o VPO de régimen especial. Es multiplicar las posibilidades institucionales, económicas y financieras mediante una colaboración público-comunitaria.

Las EPSV también pueden ser un actor importante. Ese capital privado de orientación social que tenemos aquí, en los tres territorios, y que no existe en ningún otro lugar, nos permite, en colaboración con el capital público, constituir una sociedad de capital mixto, un vehículo de inversión

Viviendas de alquiler, pero también para venta.

Alquiler y derecho de superficie. Al cabo de 75 años, el suelo y el vuelo pasan a ser patrimonio de la Administración pública.

Se plantea también captar otras 30.000 viviendas. Por ejemplo, movilizando la vivienda vacía. Los ayuntamientos, con la honrosa excepción de Azpeitia, nunca han aplicado el canon de vivienda vacía que se introdujo en la ley de 2015. Tampoco los de EH Bildu. Con la excepción de Azpeitia, insisto.

Hay que construir. En ningún momento nosotros hemos estado en contra de construir vivienda pública. Pero no sólo hay que construir. Tenemos un parque de viviendas ya construido y aprovechando lo ya construido se pueden movilizar hasta 30.000, sí. Estimamos que se pueden captar 15.000 de las 25.000 viviendas vacías que existen, las que son movilizables. Parece que es una cifra ambiciosa, pero es realista. Además, 5.000 viviendas turísticas tendrían que pasar a tener uso residencial. Y, después, hay otra fórmula que es interesante, la redensificación urbana. Esto hay que hacerlo bien, no de cualquier manera, respetando los equipamientos, los espacios públicos, pero es posible. Desde nuestro punto de vista, se pueden crear nuevas viviendas también sin ocupar más suelo.

¿El canon?

El decreto de vivienda vacía lo aprobó el Consejo de Gobierno en 2021, después de seis años de aprobarse la ley vasca. Tal como ha dicho, el único Ayuntamiento que lo ha aplicado es Azpeitia. La alcaldesa, Nagore Alkorta, que de profesión es secretaria municipal, explica muy bien que ese decreto es muy deficiente en términos jurídicos. Azpeitia, siendo un municipio mediano pero que cuenta con recursos administrativos y financieros que no son muy comunes en municipios o ayuntamientos de ese tamaño, ha contado con asesoramiento externo para poder aplicar ese decreto y el canon. Es un proceso complejo. Se ha hecho un decreto que el PNV no comparte, porque critica su aplicación de su decreto siendo del Gobierno de Iñigo Urkullu. Y no ha planteado ningún tipo de asesoramiento a los ayuntamientos para su implementación. Es un proceso complejo realmente, porque se trata de intervenir. Esto es una forma de intervención y hay bastante inseguridad jurídica. Desbrozar el camino no es tarea fácil. Azpeitia ya lo ha hecho. Los resultados son positivos y de aquí en adelante otros ayuntamientos, también de EH Bildu, recorrerán ese camino.

¿Cuáles?

Me guardo un poco la información porque me parece que tienen que ser los responsables municipales quienes den cuenta de su política municipal.

¿Cómo se hace para que 5.000 viviendas que ahora están en uso turístico pasen a no tenerlo?

Ésta es otra forma de intervención que ya se está haciendo. Catalunya lo ha hecho. Y aquí se puede hacer. Puedes hacer por ley que, primero, ya no se den más licencias de viviendas turísticas. Y puedes hacer que, al cabo de equis tiempo, las licencias que reúnan determinadas características se queden sin efecto. Esto se puede hacer por ley, insisto. No hace falta ninguna ley nueva. De hecho, con la actual legalidad es posible actuar sobre las viviendas vacías, sobre las viviendas turísticas y sobre la redensificación y hacer toda la vivienda pública necesaria.

La ley de medidas urgentes de 2025 de diciembre, que no apoyaron, ya preveía que en zonas tensionadas no se puedan establecer nuevas viviendas turísticas. ¿Sería esto o sería también para fuera de las zonas tensionadas?

Con eso no se está pasando del uso turístico al uso residencial de las actuales viviendas. Creemos que se deberían destinar 5.000 viviendas turísticas a uso residencial. Eso significa dejar sin efecto algunas licencias turísticas. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo en aquellos lugares donde las consecuencias de la turistificación están condicionando sobremanera la vida social de las ciudades y también las posibilidades de acceso a la vivienda.

¿En Donostia?

Por ejemplo.

Cuando viaja fuera, ¿se ha alojado alguna vez en alguna vivienda turística?

No, nunca. Vamos a ‘campings’. O vamos a apartamentos. He estado recientemente en París en la semana de Pascua y nos alojamos en un apartahotel.

Hay que retirar la consideración de viviendas turísticas en aquellos lugares donde las consecuencias de la turistificación están condicionando sobremanera la vida social de las ciudades y también las posibilidades de acceso a la vivienda, como Donostia

Hay dos normativas esenciales en vigor, la ley vasca de 2015 y la ley estatal de 2023. En ambas participó EH Bildu. ¿Cuál es el grado de satisfacción con la aplicación y desarrollo de esas dos leyes?

La ley vasca de 2015 fue pionera. Estableció un marco de actuación que permitía anticipar la situación actual. Se hizo un ejercicio de anticipación. El problema ha sido la década perdida. Es un término que se lo hemos tomado prestado al propio consejero Itxaso, que es lo que le recriminó al PNV en Donostia, haber perdido mucho tiempo. Dijo que tiene dudas de si es posible recuperar ese tiempo ya. La ley era buena, pero el desarrollo ha sido absolutamente insatisfactorio. La prueba es que el desarrollo reglamentario de esa ley empieza seis años más tarde. ¿La ley estatal? Tiene una cuestión importante: por primera vez permite la intervención a través del mercado del alquiler. Ahora vamos a empezar a ver los datos en aquellas zonas tensionadas donde ya se ha aplicado el índice de precios de referencia, por ejemplo Orereta. En Nafarroa, ya tenemos los primeros datos. Los datos van a ser positivos, van a bajar los precios y no se va a detraer la oferta. Ese mecanismo tan criticado por el PNV, al que se ha opuesto por activa y por pasiva, es uno de los mecanismos de intervención que necesitamos.

En un plano más político, una de sus frases de esta semana ha sido que el PNV “no quiere” hacer en Vivienda y que el PSE-EE “quiere y no puede”. ¿Esto qué significa?

El consejero Itxaso es consciente de esta situación. Él es partidario de intervenir. El problema es que la emergencia habitacional y sus consecuencias sociales y económicas exigen de una intensidad y de una profundidad en las políticas que este consejero no puede hacer porque no tiene el consenso necesario en su Gobierno. Porque el PNV sigue defendiendo lo que se ha demostrado que es un dogma fallido, que es la autorregulación del mercado. Es decir, la base de la política de vivienda del PNV es que quien tiene que proveer la vivienda es el mercado. Por eso plantea avales a la compra de la vivienda, por ejemplo. Y por eso está en contra de la intervención del mercado del alquiler. Evidentemente, son dos paradigmas. Se producen situaciones como las de Donostia con las parcelas del Infierno. El alcalde quiere venderlas a una promotora privada para hacer viviendas tasadas de 400.000 euros para las clases medias, mientras el consejero le dice que le ceda los suelos para vivienda pública, aunque sea en derecho de superficie para las clases populares de rentas medias, con precios realmente asequibles. Son dos paradigmas. Por eso decimos que unos no pueden porque los otros no quieren.

Da la sensación, desde fuera, de que EH Bildu lo que busca en determinados temas, y no sólo en el área de vivienda, es mostrar la sensación de que hay una brecha entre los socios de Gobierno, que no están de acuerdo y que sería conveniente configurar otro tipo de mayorías.

Creo que para mostrar eso se valen por sí mismos. No están de acuerdo en muchas cosas. La lista es interminable. [Cuenta con sus dedos] Puerto de Pasaia, gestión de los aeropuertos, tren de alta velocidad, política migratoria, política lingüística, política de vivienda. Ya no es sólo que tienen discrepancias o desavenencias muy profundas en temas muy sensibles desde el punto de vista del país, es que además ahora las relaciones entre ellos están muy deterioradas y eso condiciona también la gobernabilidad. Se encargan ellos solitos.

¿Y cuál es la alternativa? ¿El pacto de EH Bildu con los socialistas? ¿O con el PNV?

La alternativa es un programa de Gobierno sólido que no sea la fusión de dos programas electorales a través del Chat GPT. No queremos gobernar por estar en los gobiernos. Queremos estar en los gobiernos para cambiar la política y cambiar las políticas públicas. Hagamos un debate sobre contenidos.

¿La coalición de PNV y PSE-EE comparte un programa de Gobierno hecho por Chat GPT?

Es una forma figurativa de decirlo. Es evidente que ese programa no es la referencia de la acción de Gobierno, porque de lo contrario no se entiende el espectáculo que están dando, por ejemplo, con el puerto de Pasaia. Ya se sabía que esta legislatura iba a ser la de las transferencias o del traspaso de las competencias del Estatuto de Gernika. Y no hay tantas que faltan. Llevan cuarenta años gobernando juntos. Se supone que sobre puerto habrán hablado muchísimo históricamente. Cuando se hizo el programa de Gobierno, aquellos temas que ahora se muestra que son muchos y de mucho calado no se trataron con la suficiente seriedad, se dejaron en un nivel de abstracción tal que te permite llegar a un documento que realmente no es una base sólida para plantear una acción de Gobierno que responda a los retos del país. Esto es lo que quiero decir. Sé que la política ahora se presta a frivolidades. No quiero que esto parezca una frivolidad, entiéndase de forma figurativa.

Se cumplen dos años desde el inicio de la legislatura y quedan dos para terminarla. Mencionaba la idea de gobernar ¿Su intención en 2028 sería repetir como candidato, ganar las elecciones y ser lehendakari?

Me presentaré como candidato, si es que las bases de EH Bildu así lo quieren. La idea es ganar las elecciones. Evidentemente, nos presentamos para eso. ¿Y para qué? Para hacer posible un cambio de paradigma en esta parte del país. Tanto Nafarroa como en Iparralde funciona un paradigma colaborativo…

La situación navarra…

Con sus problemas, sí. Lo hemos visto esta semana. Pero también se han hecho muchas cosas positivas a través de la colaboración y la cooperación en los últimos ocho años en Nafarroa. Ese paradigma también funciona en Iparralde de alguna manera. Es decir, entender que las diferentes tradiciones políticas tienen que ser de alguna manera copartícipes en el desarrollo del país. Aquí, en la comunidad autónoma vasca lo que hay en vigor es una política de exclusión, clarísimamente. Esto lo expresó muy claramente la presidenta del PNV en Araba [Jone Berriozabal] al día siguiente del acuerdo presupuestario en el Ayuntamiento en Vitoria. ¿Cuándo se ha visto en política que un partido que está en el Gobierno al día siguiente de que la oposición le apruebe los presupuestos salga a criticar ese acuerdo? Eso demuestra claramente que el PNV tiene una obsesión, que es dejar fuera de la ecuación política a EH Bildu. ¿Por qué? Está primando una política en la que lo que tienen en la cabeza son las siguientes elecciones. El PNV está en modo supervivencia. No entiende que la fuerza que EH Bildu tiene en el Parlamento se la ha otorgado la ciudadanía. Más que una oportunidad desde el punto de vista del país, lo ve como una amenaza para su hegemonía, anteponiendo los intereses de partido a las posibilidades que ofrece esta aritmética parlamentaria en términos de país. Eso es un problema que nos conduce a bloqueos en la política en estos tres territorios.

Dispuesto a ser candidato pero, ¿para gobernar con quién? ¿Con el PNV o con el PSE-EE?

La pregunta principal no es con quién. Evidentemente no con el PP. Eso está más que claro. PP y Vox representan la reacción y tienen una representación muy minoritaria. Por lo tanto, PNV, PSE-EE y la izquierda confederal, que está bastante en horas bajas, podríamos tener una un espacio de diálogo sobre un proyecto de país en diferentes ámbitos institucionales. Pero esto hay que hacerlo institución a institución. Lo que no vamos a hacer en ningún caso, ni con el PNV ni con el PSE-EE, es repetir el mismo esquema de alianza política que plantean ellos, que es que se juntan al día siguiente de las elecciones en un despacho y hacen un pacto en cascada para llegar hasta el Ayuntamiento de Labastida. Eso es un error. Hay que negociar programas en cada ámbito institucional, ayuntamiento a ayuntamiento, diputación a diputación y Gobierno a Gobierno.

El PNV tiene una obsesión. Nos ve como una amenaza para su hegemonía, anteponiendo los intereses de partido a las posibilidades que ofrece esta aritmética parlamentaria en términos de país. Eso es un problema que nos conduce a bloqueos en la política en estos tres territorios.

Si me permite la broma, el acuerdo en Labastida no le salió muy bien al PNV. Gobierna el PP.

El PNV no quiso que EH Bildu gobernase en Labastida, que era la alternativa. Y el resultante es que el PP gobierna Labastida. Es que ése es el problema. El PNV mantiene esta política porque de lo que se trata es, en última instancia, de excluir cualquier gobierno de EH Bildu, incluso apoyándose en el PP. También en Gipuzkoa, Durango o Gasteiz. Mientras tanto, EH Bildu ha dado ejemplos muy pedagógicos en sentido contrario. En Gasteiz nosotros le dimos en 2015 el Gobierno a Gorka Urtaran, siendo nosotros segunda fuerza y el PNV tercera fuerza para quitarle el Gobierno al PP.

¿Siguen considerando esa confluencia con el PNV en elecciones generales y europeas que aprobaron en el último congreso? ¿Es eso preferible a una alianza con Gabriel Rufián?

No se ha entendido muy bien. Porque la oferta no iba dirigida al PNV. O no exclusivamente al PNV. La idea es sumar a toda esa gente en Euskal Herria que está a favor de un programa democrático y de reconocimiento de nuestro carácter nacional. Frente a una reacción, la posibilidad de una amenaza real por medio de un Gobierno PP-Vox, plantear una solución excepcional. Con un programa democrático de mínimos, expresar esa voluntad democrática de forma tajante, contundente. Ésa era la propuesta. Después, esto se ha simplificado. Se explica en términos de que EH Bildu lo que quiere es una alianza con el PNV. No, no sólo con el PNV, también con la izquierda confederal.

¿Y sobre Rufián?

Sobre las opiniones que ha vertido Rufián, lo que decimos es que evidentemente todas aquellas fuerzas democráticas que vayan a sostener el Gobierno de Sánchez necesitan un programa de mínimos común. El problema de esta legislatura es que ese bloque que invistió a Sánchez no ha tenido un programa de mínimos democrático. Cada uno ha ido por su lado, ¿no? Tenemos que ser capaces de conformar ese programa de mínimos que guarda relación con políticas sociales, antineoliberales, y con plantear de forma seria el debate de la plurinacionalidad y lo que eso significa en las respectivas naciones. Sobre eso es posible articular una gran alianza.

Sorprenden un poco estas reticencias porque ERC ha sido socio histórico de EH Bildu o incluso de otras fuerzas que la componen, como EA. En las europeas, hace dos años, concurrieron en coalición.

Sí, pero es otro marco. En el marco estatal, hay que ver cómo se optimiza el voto en términos de hacer imposible una mayoría de PP y Vox. Se sabe que hay que optimizar el voto en cada circunscripción. Creo que las fuerzas soberanistas, en sus respectivas naciones, optimizan el voto. Aquí el problema básicamente está en la izquierda española a la izquierda del PSOE. Esto lo hemos visto claramente en las sucesivas elecciones que ha habido en las diferentes comunidades españolas en los últimos meses. EH Bildu no puede solucionar los problemas de la izquierda española. Pero somos muy conscientes de que tenemos que formar parte de una alianza como lo estamos siendo. Una alianza que conforme un proyecto de mínimos para sostener una nueva legislatura de Sánchez. Diría incluso que hemos sido los más responsables en ese sentido en el Congreso de los Diputados, insistiendo permanentemente en que aquí no tenía que haber un bloque circunstancial, sino un bloque con un programa de regeneración democrática y política.

Entonces, si por EH Bildu fuera, ¿Pedro Sánchez debería continuar otra legislatura?

Sin duda. Sin duda. Porque la alternativa es PP y Vox, que es una amenaza. Me da igual un Gobierno de coalición de PP y Vox que un Gobierno de Feijóo con Vox fuera. Es que el PP de Ayuso es una fuerza reaccionaria y una amenaza desde el punto de vista de los derechos, de las libertades. Es un muro infranqueable para aquellos que planteamos avanzar en una agenda plurinacional.

¿No les pesa nada la corrupción, las investigaciones abiertas? EH Bildu siempre ha sido muy beligerante. Además, ustedes, con Irati Jiménez, presiden la comisión en Navarra sobre estas cuestiones.

Cero tolerancia frente a la corrupción. Los casos hay que analizarlos, hay que sustanciarlos. Hay que ver qué dan de sí esos procesos judiciales. Pero corrupción la han tenido históricamente tanto el PSOE como el PP. Ahora estamos asistiendo al juicio de la Kitchen. Por lo tanto, no es el elemento en estos momentos diferenciador entre el PSOE y el PP.

Mencionaba antes el tema navarro. Han sido días complejos en torno a las ikastolas. Da la sensación de que ustedes en materia de Salud, por ejemplo, defienden firmemente la publificación y que en Educación, sin embargo, son más indulgentes.

Hay que entender que la educación no es sólo un servicio público; es mucho más que eso. El sistema educativo es un elemento fundamental para la supervivencia de una nación. Históricamente, todos los Estados lo han lo han entendido así. En Estados serios, la Educación es un pacto de Estado. Por ejemplo, en Francia. No lo ha sido así en España, donde han cambiado la ley educativa cada cuatro u ocho años. La educación es un instrumento fundamental para la reproducción de la identidad nacional, también para la inclusión social. El problema es que Euskal Herria no ha tenido los instrumentos soberanos para desarrollar un sistema educativo propio. Una parte del sistema concertado tiene una trayectoria histórica que ha pretendido suplir esa deficiencia histórica -y también actual en muchas partes de Euskal Herria- en relación a precisamente a nuestra identidad nacional. En la ley educativa [de 2023 en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa] nosotros planteamos un marco que planteaba que, básicamente, a cambio de dinero público todos los centros educativos deben cumplir una serie de cuestiones que se consideran interés social o interés público. Y el que no las cumpla, pues se quedará fuera.

Una ikastola no deja de ser un colegio privado.

Jurídicamente sí, pero si esa ikastola cumple con lo que la Administración pública entiende que es interés social o interés público, si es gratuita, si asume los compromisos contra la segregación escolar y es laica… No deberíamos mezclar lo público con lo estatal. Me parece que es una visión de lo público excesivamente estatalista. Lo público, como servicio público, como servicio de interés público, puede ser no netamente administrativo. Puede haber formulaciones híbridas que conecten con tu idiosincrasia como país. Un país que tiene un fondo comunitarista importante. Aquí hay muchas cosas que se hacen por vocación de servicio a la comunidad, no desde las administraciones, sino desde la sociedad civil organizada. E históricamente se han suplido muchas carencias de las administraciones, sociales o lingüísticas, desde una sociedad organizada que no busca el ánimo de lucro, sino prestar un servicio importante para la cohesión social y para el futuro de la comunidad.

No deberíamos mezclar lo público con lo estatal. Me parece que es una visión de lo público excesivamente estatalista. Lo público, como servicio público, como servicio de interés público, puede ser no netamente administrativo. Puede haber formulaciones híbridas que conecten con tu idiosincrasia como país

Me ha parecido escuchar antes que Francia es un Estado serio.

No, yo no he dicho eso. He dicho que España históricamente no ha sido un Estado serio. Francia es un Estado que tiene una cultura jacobina muy fuerte. Por eso ha entendido que la educación era cuestión de Estado. Esto es lo que quería decir.

Sobre la ley de empleo público y el euskera, ¿han tenido ya esa reunión con el PNV que se dijo que iba a ser esta semana?

El miércoles, el PNV nos propuso la reunión para el jueves. Le respondimos que mejor hacerla la semana que viene. Es una reunión seria. Las reuniones no se convocan de un día para otro. EH Bildu tiene que elegir su interlocución. Hay que cuadrar agendas y hay que preparar la reunión. Se producirá la semana que viene.

¿Y en relación a la ley, en qué punto están?

Hay dos cosas que hay que resaltar. El planteamiento que ha hecho el PNV nos ha dejado perplejos. Los periodistas que seguís la actualidad política no sé si habréis visto esto alguna vez en este Parlamento. Salen los representantes del PNV e interpelan a EH Bildu públicamente pidiéndole una abstención sobre algo que desconocemos. ¿Cuál es el planteamiento de negociación? De hecho, más que pedírnoslo, nos lo exigen. Implícitamente hay una amenaza, un ‘si no te abstienes, tú vas a ser el culpable del bloqueo’. Es una forma de negociar bastante ‘trumpiana’. Desde el punto de vista democrático, creo que debería llevarnos a una reflexión. Esto no se ha producido nunca en este Parlamento. Así están las cosas.

¿Pero hay agua en la piscina?

Vamos a hacer una reunión. La reunión tiene que ser seria, El comienzo de un proceso. Tiene que haber un calendario, una metodología de trabajo. Tenemos la opinión de los expertos, que dicen que nuestra propuesta no es inconstitucional y que dice que la propuesta del PNV es un parche. Eso lo dijo un experto convocado a la comisión, al que después el PNV ha propuesto como magistrado del Tribunal Constitucional, nada menos. Y nosotros sí que queremos hacer una aclaración con respecto a nuestra posición en este debate, porque aquí hay mucho ruido y hay mucha gente interesada en distorsionar nuestra propuesta. ¿Qué es lo que proponemos? Que la Administración pública termine siendo bilingüe. Creo que esto, hasta ahora, ha sido un consenso. Lo queremos en el marco de un proceso gradual. Démonos tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuatro legislaturas? Hay dos lenguas oficiales y la ciudadanía tiene derecho a dirigirse en las dos lenguas oficiales a la Administración. Además, proponemos que el proceso tiene que ser flexible. Eso implica que va a haber plazas que se van a demorar, personas que entran a la función pública asumiendo un compromiso para aprender euskara y que van a disponer de los medios de la Administración para ello. Y, además, va a haber exenciones en algunos casos, porque aquí no se trata de que las personas que ya tienen 60 años empiecen a aprender. Nadie está hablando de esto. Ahora se trata de darle seguridad jurídica.

Algunos puntos parecen un poco lo que plantea el PNV...

Lo que no entendemos -y me produce un cierto desasosiego- es que, efectivamente, planteado así, el acuerdo es bastante posible. Con el PNV, pero también con el PSE-EE y con Comisiones [Obreras]. Planteado así, si alguien quiere hacer creer que se quiere imponer el euskara ‘ipso facto’ en todas las Administraciones y que eso va a generar un perjuicio, se equivoca. Quiero pensar que aquí nadie cuestiona el objetivo final, que es que la Administración termine siendo bilingüe en el marco de un proceso. Los únicos que lo cuestionan fuera de aquí son PP y Vox. Quiero pensar que aquí nadie pone en cuestión ese objetivo y, por eso mismo, nos hemos esmerado en tender puentes y plantear la necesidad de un acuerdo inclusivo entre diferentes tradiciones.

La forma de negociar del PNV con el euskara es bastante ‘trumpiana’. Desde el punto de vista democrático, creo que debería llevarnos a una reflexión. Esto no se ha producido nunca en este Parlamento

Precisamente estos días ha dicho que algunas posiciones de PSE-EE y CCOO, a los que citaba, eran similares a las de PP y Vox en otros lugares como Baleares.

En ningún momento pasa por mi cabeza equiparar al PSE-EE o a Comisiones con PP y Vox. En ningún momento. Lo repetiré: los únicos que cuestionan que donde haya lenguas cooficiales la Administración no tiene que terminar siendo bilingüe en el marco de un proceso gradual fuera de aquí son PP y Vox. Han pasado 44 años de la ley de euskara. Se ha avanzado mucho. Lo que decimos es que hay que seguir avanzando hasta llegar a esa meta de forma progresiva y gradual, y actuando con mucha flexibilidad con la gente que no sabe euskara. Incluso planteando exenciones. Esto es lo que planteamos nosotros. Si hubiera una política de altura y esto no estuviera interferido por muchos intereses electorales cortoplacistas, hay base política para hacer un acuerdo inclusivo. Vamos a intentarlo hasta el último minuto. La semana que viene nos reuniremos también con UGT. Sé que las condiciones son difíciles, pero no es un acuerdo difícil. Evidentemente, nos tendremos que poner de acuerdo en la intensidad y en el ritmo de ese proceso. Estamos dispuestos a negociar sobre ello. Es más un debate jurídico que político.

¿Y para ser candidato de EH Bildu en las elecciones municipales de 2027 hay que saber euskera en todos los lugares?

Hay que saber euskara, sí. O por lo menos tener el compromiso de aprender euskara en un plazo de tiempo razonable. Y algunas competencias hay que tenerlas, porque evidentemente te vas a relacionar políticamente con gente que va a querer relacionarse contigo en euskara.

EH Bildu propone la creación de una nueva sociedad pública para promocionar vivienda protegida de alquiler, y también de venta, en la que participen con el Gobierno vasco las tres fundaciones bancarias -BBK, Kutxa, Vital- y las EPSV de empleo. Esta sociedad construiría viviendas públicas “a precios asequibles” a través de promotoras privadas, que se unirían a las promociones de vivienda social a cargo de Visesa, a través de una fórmula de colaboración público-privada que guarda similitudes con la alianza financiera vasca, centrada hasta ahora en las inversiones industriales, pero trasladado a la construcción de vivienda.

La nueva sociedad se denominaría EESE (Etxebizitza Eskuragarriaren Sustapen Erakundea/Entidad de Promoción de Vivienda Asequible) y es una de las medidas contempladas en la estrategia de vivienda que ha elaborado la coalición soberanista, con la que consideran que podrían construirse 30.000 viviendas protegidas en el plazo de diez años, y sacar al mercado de alquiler en este periodo otras 30.000 ya existentes a través de viviendas ahora vacías, pisos turísticos y el redimensionamiento de algunas actuales, por ejemplo, dividiendo los pisos grandes.

El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha detallado las líneas generales de esta estrategia -que avanzó el pasado lunes en Bilbao- en el marco de unas jornadas en Donostia, en las que ha considerado que Álava, Bizkaia y Gipuzkoa cuentan con una serie de condiciones materiales “que permiten una respuesta de choque efectiva”, aunque ha reconocido que hace falta voluntad política para ponerlas en marcha. La medida estrella de esta estrategia es la nueva sociedad EESE, organismo de “colaboración público-comunitaria”, como lo definen, que estaría participada por el Gobierno vasco, con una aportación de 1.000 millones de euros; las fundaciones bancarias, con una aportación de 625 millones entre las tres; y las EPSV, con 375 millones de euros. Además, cuentan con tener 1.500 millones de euros a través de créditos ICO y BEI, con lo que se sumaría un total de inversión de 3.500 millones de euros para construir 30.000 viviendas en diez años, con un gasto promedio de 150.000 euros por vivienda, sumando la construcción el suelo y la gestión.

Otxandiano considera que se trata de una propuesta “realista”, porque la inversión de vivienda protegida entra en los parámetros de la obra social que tienen que acometer las fundaciones bancarias. Hace falta que los que lideran estas fundaciones accionistas de Kutxabank consideren que es una buena apuesta. Otxandiano dice que ya se lo ha trasladado a BBK, Kutxa y Vital. En cuanto a las EPSV, que deben buscar una rentabilidad en sus inversiones para poder cumplir su función de pagar las pensiones de sus abonados, Otxandiano considera que la inversión en vivienda supone para estas entidades “más segura” que otras, como por ejemplo invertir en industria.

No obstante, Otxandiano reconoce que “para que la propuesta sea viable” tiene que haber vivienda en alquiler y también en venta, porque es la venta la que da una liquidez inmediata. Por eso, se primará el aquiler, pero la venta será “un medio” para conseguir un parque de vivienda lo más elevado posible, aunque estas viviendas no serviría en ningún caso para realizar futuras especulaciones y se construirían bajo derecho de superficie a 75 años. La proporción podría ser de alquiler y venta al 50%, aunque esto no se podría determinar hasta ver cuántas tienes que poner a la venta para que sea rentable. El Gobierno vasco no construye vivienda para la venta desde 2020 y la última promoción de VPO en venta se presentó ya ultimada en diciembre de 2024. Toda la VPO con subvención pública es de alquiler. Sin embargo, EH Bildu considera que la Ley permite esta posibilidad al señalar que será “preferentemente en alquiler”.

Los cálculos de EH Bildu apuntan a que podrían construirse viviendas en alquiler protegido de unos 650 euros al mes, o en venta con precios de 225.000 euros, además de un canon de derecho de superficie de 60 euros al mes, según los precios orientativos que maneja la coalición.

La propuesta no es del todo nueva. Otxandiano ha propuesto al lehendakari, Imanol Pradales, en público y en privado, y también al PNV, destinar 1.000 millones de euros a la inversión en vivienda, y según señala Otxandiano, siempre se ha rechazado argumentando que supondría saltarse las reglas fiscales que impiden que Euskadi supere el 0,3% de déficit, y que esta inversión, al computar como deuda haría superar el umbral que marca el Estado. Sin embargo, EH Bildu tiene estudios jurídicos que señalan que se puede hacer mediante una inversión financiera, adquiriendo acciones de la nueva sociedad EESE.

Con esta Alianza por la Vivienda Asequible, EH Bildu considera posible levantar 30.000 viviendas en el plazo de diez años. Las otras 30.000 que se prevén habilitar hasta la 60.000 totales para la próxima década que barajan en su estrategia vendrían de la recuperación de viviendas turísticas, alrededor de 5.000, las medidas de redistribución en antiguas viviendas, unas 10.000, y sacar al mercado viviendas vacías, que estiman en alrededor de 15.000. Por el momento, sólo hay un ayuntamiento hasta ahora, el de Azpeitia, que gobierna EH Bildu, que ha puesto en marcha el canon para las viviendas vacías, pese a que la Ley que lo recoge desde 2015, aunque el decreto para desarrollarlo se aprobó en 2021. Los ayuntamientos siempre se han quejado de que es demasiado complejo para llevarlo a cabo con los recursos con los que cuentan. De momento, ni siquiera las capitales vascas se lo plantean.

En las jornadas sobre “emergencia habitacional”, han participado, además de Pello Otxandiano, Nerea Kortajarena, secretaria de Programa y la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, además de expertos en política de vivienda Javier Gil, investigador del CSIC, y Nacho Álvarez, exsecretario de Estado de Derechos Sociales del Gobierno español.

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha valido de una autopregunta del PNV en la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco de este viernes para anunciar una nueva “ley de medidas urgentes”. Se trata de una iniciativa para la “simplificación y agilización para la actividad económica sostenible”, una “autopista” que facilite las “inversiones de interés prioritario” en Euskadi, tanto industriales como de otro tipo.

Como en el caso de la “ley de medidas urgentes” en materia de Vivienda, aprobada ya en diciembre, la norma será tramitada como proposición de los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y no como proyecto de ley al uso. Teniendo mayoría absoluta y garantía de su aprobación, esto permite agilizar la tramitación al eludir decenas de informes internos y dejarlos en solamente uno, el de criterio del Ejecutivo, de rápida emisión. Fuentes socialistas confirman que la iniciativa está acordada entre ambos socios.

“La desburocratización y la simplificación administrativa es un objetivo de país. Porque el mundo no espera. Y las inversiones tampoco. Porque los desafíos que afrontamos nos demandan agilidad y velocidad. Y porque la competitividad nos interpela también a las Administraciones públicas”, ha manifestado.

Y ha agregado: “Si se me permite la expresión, una ‘autopista regulatoria’ que agilice las inversiones de interés prioritario para Euskadi. Inversiones en actividad económica sostenible, proyectos industriales, descarbonización, fortalecimiento de la industria alimentaria y el primer sector. Se trata de contar con una vía rápida y segura que agilice los proyectos de inversión estratégicos para Euskadi. Proyectos para la transformación económica, el bienestar y la autonomíaestratégica de nuestro país”.

Después, ha llegado el turno de las preguntas de la oposición. Pello Otxandiano, de EH Bildu, ha confiado en que Pradales haya regresado de su encuentro en el Vaticano con el papa de la Iglesia católica, León XIV, con “paz”. El portavoz abertzale ha ironizado también que en los últimos días él ha parecido el lehendakari y el Gobierno la oposición, lo que ha causado sonrisas en las bancadas nacionalista y socialista. Se refería a su plan de Vivienda, que pide discutir sin “bajar al barro”. Pradales le ha reprochado que lo haya lanzado con ataques directos a su partido y al PSE-EE, y se ha preguntado retóricamente si en los municipios que “desde hace décadas” controla la izquierda abertzale el problema habitacional es menor.

En el turno del PP, Javier de Andrés también ha invocado a la visita a León XIV, a la que ha llamado “el milagro vaticano” porque en apenas unos segundos le permitió tocar grandes temas estratégicos, según trascendió. “Pero nunca contesta usted nada en los plenos de control”, ha protestado. En realidad, su objetivo último era denunciar el “efecto llamada” de la regularización de extranjeros en España, que creen que vendría a empeorar aún más la “saturación” de los servicios públicos en Euskadi.

Pradales ha replicado que es muy difícil dar respuesta al PP cuando ni siquiera da “pistas” de lo que quiere saber en los plenos, donde lanza “titulares” de prensa y “teatraliza” un escenario de caos “viernes tras viernes”. “8,1 sobre 10”, le ha respondido sobre la nota que da la ciudadanía a la calidad de los servicios, según el más reciente Sociómetro. “El PP vasco está en un córner” en la política vasca, ha agregado el lehendakari, que veladamente ha recomendado a De Andrés que copie más a Juan Manuel Moreno Bonilla que a Isabel Díaz Ayuso.

En el tiempo de Sumar, Jon Hernández ha recordado que se cumplen ya dos años del inicio de la legislatura. “Y vemos en el Gobierno vasco mucha operación de marketing. Mucho foro, mucha mesa y muchos viajes al extranjero”, ha criticado Hernández, que ha denunciado la existencia de una “Euskadi a dos velocidades” con problemas para las “clases trabajadoras” en asuntos como la vivienda, los cuidados o la Sanidad pública. Pradales ha vuelto a tirar del Sociómetro. “7 sobre 10”, ha indicado, en relación a la percepción de la ciudadanía sobre su situación. Y ha usado su turno para atacar a Sumar por su papel en el Gobierno de España. “Tiene bemoles”, ha dicho varias veces sobre la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que acusa de haber “provocado” la huelga médica.

Vox ha querido denunciar que han pasado “21.535 días” sin que la selección española juegue en Euskadi. Se refería a la masculina de fútbol, porque otros equipos sí han jugado, como la absoluta de baloncesto masculino, que tuvo partidos en Vitoria en 2010, por ejemplo. Más recientemente, en 2025, el combinado de pelota ha disputado torneos. Texualmente, Amaia Martínez Grisaleña ha hablado de “operación retorno de España al País Vasco” y de que hace casi 60 años que no juega, recordando que en 2021 se suspendió la prevista Eurocopa en San Mamés. Pradales ha delegado la respuesta en su vicelehendakari, Ibone Bengoetxea. Y ha sido clara: “Este Gobierno no va a impulsar políticamente un partido de la selección española de fútbol en la temporada 2026/2027”. Ha añadido que la “simbología” de un Estado corresponde a su Gobierno y que debería ser el de España el que lo promoviera. Ha añadido que “respeta” a la selección española.

El consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, del PSE-EE, y el alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, han chocado en los últimos meses a la hora de abordar proyectos urbanísticos en la ciudad con los precios más caros de España. En la zona conocida como Infierno no hubo acuerdo y las parcelas disponibles irán a manos de promotores privados, sin posibilidad de edificar casas protegidas y, por ende, más económicas. Ahora, en cambio, Itxaso e Insausti tienen ya encima de la mesa un protocolo para desarrollar exactamente 5.095 viviendas protegidas, en su mayoría en alquiler y en diferentes modalidades, para todo tipo de rentas. Hay proyectos más pequeños, como el de Campos Elíseos, con 98, y otros más grandes y de mayor recorrido, como Auditz Akular, con 2.354 viviendas protegidas de una tacada.

“Cuando nos ceden el balón, estamos dispuestos a jugar hasta en el mismísimo infierno”, ha bromeado Itxaso sobre la importancia que tiene que los municipios cedan suelo al Ejecutivo autonómico para poner en marcha proyectos, aunque en el caso de esa zona de Donostia hubiera un desencuentro evidente.

Itxaso, tras aprobar su parte del protocolo en el Consejo de Gobierno, ha revestido como una muy relevante noticia tener “un marco de colaboración estable” hasta 2034 (prorrogable hasta 2038) “en la ciudad que mayor necesidad tiene, la más cara de España y la que tiene mayores tasas de expulsión” de jóvenes por lo prohibitivo de comprar un inmueble. El anterior alcalde, Eneko Goia, sostenía que era “exquisito” querer quedarse a vivir en el barrio.

El consejero ha dicho que en quince años no había habido interlocución fluida con Donostia mientras en Vitoria surgían Salburua o Zabalgana, en Bilbao Bolueta o Zorrozaurre y en la vecina Irún el polígono de Anaka. El marco temporal que da Itxaso no es casual. Se da la circunstancia de que en 2011 salió del Ayuntamiento el socialista Odón Elorza, su gran padrino político.

A falta de acuerdo en el Infierno, lo hay en otros diez ámbitos. 994 de las viviendas llegarían incluso “a corto-medio plazo”, ha prometido Itxaso. Está Txomin Enea con 315, que es la zona de desarrollo que se abrirá con el derribo de la cárcel de Martutene y el traslado de los presos a Zubieta. Es algo que ocurrirá en próximas semanas. También Antzita, con 387, Jolastokieta (ahora pabellones abandonados, como el de Otis), con 169, Campos Elíseos, con 98, Apostolados, con 16, o Rodil, con 9. Después están los planes más de futuro, con otras 4.101 viviendas. Son las 2.354 de Auditz Akular, en Altza, la mayor zona de desarrollo de Euskadi, las 1.750 que podrían surgir con la demolición de los cuarteles del Ejército en Loiola, las 530 de las antiguas vías de Euskotren liberadas por el inminente soterramiento del Topo -aquí los terrenos ya son autonómicos y permitirán unir el ensanche romántico con Amara Berri-, o las 268 de Sarrueta. Al margen del protocolo hay acuerdos en Morláns o Riberas de Loiola, igualmente.

Las 5.000 viviendas suponen más de un 5% del parque actual de Donostia, con 95.000 casas familias en 2024, según el Eustat. Eso sí, no cubrirán ni de lejos la demanda de casi 14.000 personas inscritas en Etxebide. Itxaso ha reconocido que siguen manteniendo “diferencias” con el Ayuntamiento pero ha agradecido la “predisposición” para ceder suelos y optar por un modelo de viviendas protegidas, de todas las tipologías.

Por ley, todas las promociones serán destinadas mayoritariamente a alquiler. Sostiene Itxaso que un 78% de los demandantes ya pide esa modalidad y que el otro 21% está cubierto con las peticiones que llegan a Etxebide de promociones privadas.

Sin embargo, en la nueva Donostia habrá desde viviendas tasadas para rentas de incluso 59.000 euros. Itxaso ha asegurado la crisis es tal que ni siquiera en Donostia familias con esos ingresos tienen asegurado un espacio digno. Después estarán los arrendamientos en régimen general o fórmulas más sociales, así como los apartamentos dotacionales. Si las promociones incluyeran viviendas protegidas en venta, su segunda transmisión estaría controlada en cuanto a precios, según ha indicado el consejero, aunque ha admitido que ahora mismo “las viviendas tasadas en compra no son tampoco baratas”. “Estamos hablando de 400.000 euros. No todas las clases medias y trabajadoras pueden pagar eso”, ha admitido.

“De las musas al teatro”

El consejero del PSE-EE se ha valido de este acuerdo con uno de los principales referentes institucionales del PNV para responder a EH Bildu, que lanzó este lunes un plan “nacional” de vivienda que exige construir “a gran escala”. Itxaso ha ironizado que al líder institucional abertzale, Pello Otxandiano, le toca bajar “de las musas al teatro” y superar ya la fase de los “diagnósticos”.

Airado ante las críticas de que PNV y PSE-EE han discrepado en materia de Vivienda, una evidencia tal que los nacionalistas llevaron al Constitucional la ley estatal como las autonomías del PP y contra el criterio del predecesor de Itxaso, Iñaki Arriola, Itxaso ha asegurado que el acuerdo con el socio se plasma en actuaciones continuadas que acaban “en el boletín oficial”. Ha citado la reforma de la ley de 2025 o el reciente decreto de 2026, así como la aplicación de las zonas tensionadas. Por el contrario, ha considerado que “hasta hace diez minutos” los municipios de EH Bildu nunca cedían suelos al Gobierno vasco porque criticaban el “cemento” y el “ladrillazo”.

EH Bildu ha presentado este lunes un plan “ambicioso” para “solucionar” la emergencia habitacional, que pasa por una apuesta por la intervención “sí o sí” del mercado de la vivienda, ahora “descontrolado”, por la promoción “a gran escala” de VPO, “multiplicando por 10 el esfuerzo público”, y por “proteger la función social” de la vivienda. El portavoz en el Parlamento Vasco y jefe de la oposición, Pello Otxandiano, ha destacado que PNV y PSE-EE no son capaces de “atajar el problema”, los socialistas porque “no pueden” y los 'jeltzales' porque “no quieren”. Se da la circunstancia de que el Gobierno ha presentado a la vez un plan de comunicación sobre las políticas de vivienda.

En la sala Silo de Bilbao, EH Bildu ha celebrado el acto de lanzamiento de una “campaña nacional” en favor de las políticas públicas de vivienda, bajo el nombre 'Euskal Herrian posible egin'“. ”En plena crisis de vivienda“, la formación soberanista despliega ”un trabajo programático, institucional y social para poner en vías de solución lo que, a día de hoy, representa el principal problema de la ciudadanía vasca“, informa Europa Press.

Otxandiano, ha estado acompañado de la portavoz en Navarra Laura Aznal, de Nerea Kortajarena, de Oskar Matute y de la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta. Kortajarena ha explicado que han diseñado “todo un recorrido” que supone “un cambio profundo” en la actual política de Vivienda. Su plan, que ha definido de “coherente, pragmático, ambicioso y real”, pretende poner fin a “los tiempos de las palabras vacías”.

De esta forma, ha rechazado “la políticas inmobiliarias que se están haciendo” en lugar de “políticas de viviendas”, y ha avisado de que “se ha perdido demasiado tiempo”, y hay que implementar “un cambio profundo, que no son capaces de protagonizar quienes nos han traído hasta aquí”. En este sentido, EH Bildu aboga por “intervenir en el mercado para poner fin a las prácticas especulativas, controlar los precios, y poder intervenir en aquellos elementos que están multiplicando el problema de la vivienda”.

Por su parte, Oskar Matute ha asegurado que se vive “una encrucijada histórica” con “un reto de época”, que es “garantizar el derecho para todos y todas para acceder a una vivienda digna”. A su juicio, “la vivienda puede actuar con una ambivalencia calculada: puede ser el derecho al beneficio de unos pocos en detrimento de muchos y muchas o, por el contrario y así debería ser, un derecho de todos y todas a disponer de un lugar en el que cobijarse”.

Se ha aludido a la ley de Vivienda del 2015, “que garantizaba el derecho subjetivo a la vivienda, que determina que los poderes públicos, en este caso el Gobierno vasco, tiene la obligación de buscar vivienda para toda aquella persona que la busca y no la encuentra por sus propios medios”. “¿Qué se está haciendo? Dar una serie de ayudas económicas para que sea menos gravoso, menos duro el acceso a la vivienda para aquellos que, aún con las dificultades que el mercado pone encima de la mesa por los altos precios, puedan acceder a ella”, ha dicho. Y ha puesto en valor que EH Bildu fue parte “activa” de la aprobación de la ley estatal de 2023 de la que sale “los índices de referencia de precios que permiten topar el precio del alquiler, y poner límite a la ansia especulativa de unos pocos para garantizar el acceso a la vivienda de cada vez más gente”.

Otxandiano ha asegurado que, en estos momentos, no hay política de vivienda por parte del PNV y del PSE-EE “capaz de atajar el problema”. “El PSE-EE porque no puede y el PNV porque no quiere”, ha añadido. El líder de EH Bildu en la Cámara vasca ha destacado que 'jeltzales' y socialistas, socios de gobierno, “ni siquiera están de acuerdo en la orientación de la política de vivienda en un momento de emergencia habitacional”, que conlleva “graves consecuencias sociales y económicas” para familias y jóvenes.

“Euskadi tiene un plan”

Por otro lado, el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha presentado también este lunes una campaña informativa, “una estrategia multicanal orientada a explicar a la ciudadanía las principales medidas activadas por el Ejecutivo vasco para hacer frente a la emergencia habitacional”. Este martes entra en vigor un nuevo decreto que actualiza los programas Bizigune, Gaztelagun, el propio derecho subjetivo a la vivienda, la reserva de vivienda protegida para jóvenes y que regula la conversión de locales en viviendas o el modelo de apartamentos dotacionales intergeneracionales.

“Nos comprometimos a situar la vivienda como una prioridad de país y, a mitad de legislatura, podemos decir que hemos cumplido con buena parte de los objetivos marcados. Ahora toca seguir desplegando, consolidando y escalando todo lo sembrado para dar respuesta a uno de los principales retos sociales de Euskadi”, ha señalado Itxaso, del PSE-EE. “Euskadi tiene un plan”, ha apostillado.

El lehendakari, Imanol Pradales, y el líder de la oposición, Pello Otxandiano, de EH Bildu, han mantenido el 'cara a cara' de mayor voltaje político en una sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco ahora que se ha alcanzado el ecuador de la legislatura. ¿El tema? La política migratoria, que va ganando espacio en la agenda pública vasca. Otxandiano ha acusado a Pradales de haber dinamitado la “unidad” detrás del pacto vasco migratorio al haber impulsado dar la nacionalidad de los detenidos por la Ertzaintza incluso con su socio el PSE-EE en contra y algunos alcaldes del PNV, como el de Bilbao. Y Pradales ha replicado comparando el comportamiento de EH Bildu con el de la “extrema derecha”, que luego se ha valido de esos mismos datos para atacar a las personas que se están “importando” últimamente.

Otxandiano ha ofrecido en el pleno un estilo diferente al de otras de sus intervenciones. En primer lugar, ha empleado casi exclusivamente el castellano en todo momento, con apenas algunas frases en euskera. En segundo lugar, se ha guardado tiempo para la réplica, a diferencia de lo sucedido en sesiones de control anteriores, para seguir lanzando dardos contra Pradales.

Desde el inicio, Otxandiano ha insistido en que el PNV “ha roto el pacto vasco de migración” que heredó de la pasada legislatura. Se refería a la decisión de la Ertzaintza de ofrecer en sus notas informativas datos de origen de los arrestados. Es algo que han copiado otros cuerpos como la Policía de Donostia, pero no ha ocurrido así con las de Bilbao y Barakaldo, ambas controladas por el PNV, o la de Vitoria, con alcaldesa del PSE-EE. Los socialistas han criticado desde el Gobierno vasco esta decisión de sus socios en el Ejecutivo. Las voces críticas han llegado incluso de mandos de la Policía Nacional, que lo ven completamente innecesario para luchar contra la criminalidad. El Ararteko analiza este cambio de criterio porque, en su momento, consideró que era algo que alimentaba la estigmatización de determinados colectivos.

El portavoz de EH Bildu ha recordado a Pradales que “allá donde las encuestas muestran más sensación de inseguridad”, en referencia a Bilbao y Barakaldo, los alcaldes nacionalistas “no comparten” la visión del Gobierno vasco. “Han roto la unidad”, ha insistido Otxandiano, leyendo un fragmento del apartado segundo del pacto migratorio. “Usted es lehendakari de todos los vascos y vascas. No puede desdeñar la opinión mayoritaria de este Parlamento. Mezclar la inmigración con la seguridad tiene riesgos. Hay una estratega de la derecha extrema que se quiere valer de esto. Esto se puede escapar de las manos. Volvamos al espacio de consenso”, ha dicho en castellano Otxandiano.

En el primer turno, Pradales ha dicho estar “de acuerdo” con el “criterio” de informar del origen de los detenidos. “El mundo no se ha puesto patas arriba desde que se da esta información”, ha justificado. En el segundo, se ha extendido un poco más: “Este Gobierno no rehúye ningún debate que esté en la calle, por muy incómodo que sea. Vamos a afrontar la realidad”. Ha considerado que la sociedad es “adulta” y que “exige disponer de información objetiva”, “sin controles ni paternalismos”. “Ustedes disponen de toda la información de las personas detenidas, ¿por qué quieren ocultársela a la sociedad? Ha mezclado los conceptos. Me ha recordado usted a lo que hace la extrema derecha en la Cámara. Ha querido enredar y polarizar”, ha apostillado.

Después, ha contado que en Semana Santa leyó un libro de Cas Mudde, politólogo neerlandés,. Era sobre la extrema derecha. Y se explicaba que “el populismo es simplista” y que buscar diferenciar entre un pueblo “puro” y una “elite corrupta” ('ustela', en euskera). Y ha preguntado a EH Bildu si se considera el único representante “puro” de la ciudadanía vasca y considera al Gobierno de PNV y PSE-EE como esa “elite corrupta”. El lehendakari ha sugerido que EH Bildu busca meter cuña entre los socios, también en el debate sobre la reforma de la ley del euskera.

La “prioridad nacional”

El debate migratorio ha seguido marcando la sesión de control. Desde la bancada del PP, Javier de Andrés ha manifestado que los miles de hispanoamericanos que están llegando no disponen de modelos educativos en castellano y se ven forzados a hacerlo en euskera. Pero, sobre todo, Amaia Martínez Grisaleña, la única representante de Vox, se ha valido precisamente de los datos facilitados por la Ertzaintza para sentenciar que en Euskadi se están “importando” personas, como si fueran objetos, de países que “distan mucho” de los valores vascos. “Existe una correlación directa” entre algunos países que ella ha mencionado con el incremento de delitos, ha sentenciado Martínez Grisaleña.

En su caso, el debate ha sido con el titular de Seguridad, Bingen Zupiria. El consejero del PNV ha iniciado su contestatación a Vox exponiendo que la “prioridad nacional” vasca es la “acogida humanitaria a quien ha venido a Euskadi y quiere vivir en paz” y “dureza y máxima exigencia con quien delinque, tenga origen extranjero o sea de aquí”. “Me ha gustado su entrada. Prioridad nacional. Me suena [...] No es racismo. Es realismo [...]. Sin complejo a alguno a llamar las cosas por su nombre”, se ha congratulado la representante de la ultraderecha. Después, ha escuchado de Zupiria que “Euskadi es una de las comunidades más seguras del Estado español”. Pradales también ha dicho que en Euskadi no se le tiene “miedo” a Vox.

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha criticado con dureza la política industrial del Gobierno vasco, una de las principales banderas del Ejecutivo de Imanol Pradales, y ha considerado que su plan en este ámbito es “un documento pobre, falto de definición y con un problema fundamental de enfoque”. Otxandiano ha llamado a abordar “pactos de país” en esta materia y en otras como la energía, la emigración o la política lingüística. Además, ha cuestionado cómo se han desarrollado las grandes operaciones industriales que ha abanderado el Gobierno en los últimos meses, como Talgo y Ayesa, y ha criticado la falta de definición clara sobre cómo tiene que desarrollarse la colaboración público-privada en estas operaciones. “Una cosa es apostar por Talgo y otra es hacer de esa fórmula buque insignia de tu política industrial”, ha dicho. Más crítico aún se ha mostrado con la operación de Ayesa, la antigua Ibermática, donde ha señalado que, pese a apoyar la operación de vuelta a Euskadi las dudas sobre el resultado “son mayores” por el socio industrial que se ha elegido, Teknei.

En una intervención ante el Fórum Europa en Bilbao, sobre todo centrada en el ámbito económico, Otxandiano ha insistido en la necesidad de “acuerdos de país” en ámbitos estratégicos, algo que no ha considerado contradictorio con su labor de oposición, y ha considerado un “error político” menospreciar las condiciones que permiten trabajar la unidad de acción. “No es una opción condenar la segunda mitad de la legislatura a una carrera electoral que desplace el foco de atención de los retos que afrontamos. El momento exige pensar en las siguientes generaciones no en las siguientes elecciones”, ha insistido, apelando a los acuerdos. Ha indicado que, independientemente de quién gane las próximas elecciones, -el PNV o EH Bildu- al día siguiente al situación será la misma. “No se puede gobernar el país de espaldas a la segunda fuerza política del Parlamento, sea cual sea”, diagnostica.

Otxandiano ha señalado que la situación mundial ha dado paso a un ciclo económico nuevo ante el que es necesario, además de medidas de choque puntuales, repensar la política industrial. “Y es aquí donde nos encontramos con la casa sin barrer”, ha dicho, pese a que la política industrial “es uno de los ejercicios capitales de esta legislatura”. En este sentido ha sido muy crítico con el documento presentado por el Gobierno vasco, después de “un año y medio” de espera. “Es un documento pobre y falto de definición y con un problema fundamental de enfoque”, ha dicho.

Ha criticado, entre otras cuestiones, su apuesta por la neutralidad tecnológica y su falta de impulso direccional. “Se presentan 21 proyectos estratégicos, y la mayoría de ellos no se pueden considerar como tal. Se trata de un cajón de sastre donde se da la misma categoría a la creación de un espacio de testeo y validación de soluciones robóticas avanzadas y la simplificación de procesos administrativos en las convocatorias de ayudas, por ejemplo; o se considera como proyecto estratégico el lanzamiento de una campaña de concienciación en torno a la inclusión de la mujer; o se entremezclan proyectos industriales con propuestas de infraestructuras, que deben generar las condiciones horizontales para el cumplimiento de objetivos, pero que no son objetivos en sí mismo en la lógica de un plan industrial”, ha indicado.

Además, ha considerado que en aquellos proyectos que tienen entidad “es fácilmente identificable a quién corresponde el liderazgo de cada uno de ellos”. En estos momentos se han presentado dos, uno encabezado por ITP y otro Danobat. “Resulta evidente que lo que se ha hecho es un barrido de proyectos que ya existían por parte de determinadas empresas. Sinceramente, llama la atención lo pobre que resulta la relación de proyectos”, ha dicho. Y ha resaltado que, sorprendentemente, “las principales operaciones industriales de los últimos meses (Talgo y Ayesa) no constan entre los proyectos estratégicos, lo cual da cuenta de que se está actuando con una notable falta de dirección”.

Precisamente refiriéndose a este tipo de operaciones, ha cuestionado cómo se determina la colaboración público-privada y ha considerado que no están claros los criterios que sigue el Gobierno para entrar en las diferentes empresas o para elegir los socios industriales con los que comparte operación. “¿Por qué Teknei es el llamado a dirigir Ayesa como socio industrial?”, se ha preguntado.

La misma falta de definición la ha achacado Otxandiano a los instrumentos de intervención. Por ejemplo, de la alianza financiera, que se anunció que movilizaría 4.000 millones de euros sin que hubiera “una definición mínima”. En este sentido ha criticado que unos creen que Uvesco es estratégica, otros no, otros creen que lo es Ayesa y otros no“, ha dicho en relación a la ausencia de Kutxa del proyecto. Y ha recordado que sigue sin saber el papel que cumplirán las EPSV en este entramado.

Se ha mostrado muy crítico también con la política energética del Gobierno vasco y el hecho de que se esté en “pleno 2026 sin Plan Territorial Sectorial de las energías renovables”, cuando “se anunció en 2021” o que se hayan incumplido los plazos establecidos en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático -que salió adelante con el apoyo de EH Bildu, para su desarrollo reglamentario “en el caso de la desinversión en explotación y extracción de hidrocarburos; las directrices en materia presupuestaria; la hoja de ruta de largo plazo y la estrategia de transición energética y cambio climático; la oficina vasca de transición energética y cambio climático; la hoja de ruta del autoconsumo; la socialización de la propiedad de las instalaciones de generación y el pacto social. Una gestión que genera una situación caótica entorpeciendo cualquier despliegue ordenado de las energías renovables, proceso ya de por sí suficientemente complejo de gestionar socialmente”, ha indicado.

Desde el punto de vista social también ha cargado con la postura del PNV en materia de inmigración, al decidir “salirse unilateralmente de un espacio de consenso que este Gobierno recibió en herencia: el Pacto Social Vasco para la Migración”. Además, ha señalado que los 'jeltzales' son incapaces de “sostener la misma posición política en el conjunto de las instituciones que gobierna, lo cual nos sume en una situación francamente desconcertante”. “Se observa la pretensión política de sacar rédito electoral de un tema sensible y estratégico en términos de país que genera profundas desavenencias entre los socios de gobierno así como la oposición de responsables institucionales importantes del propio partido”, interpreta.

A la política industrial, la transición energética y la gestión de la migración ha unido la política de vivienda “sin un Plan Territorial Sectorial que ordene el suelo disponible, sin fondo social para la promoción de vivienda pública a gran escala, sin índice de precios de referencia tanto en Bizkaia como en Araba para poder aplicar medidas de intervención de los alquileres”. “Son procesos vitales desde el punto de vista económico, y ciertamente, es difícil no reconocer que tenemos la casa sin barrer”, ha insistido. Y ha pedido también acuerdos en materia lingüistica para blindar los perfiles de euskera en la administración.

En este sentido, ha considerado que “la clave política fundamental es la mirada a medio-largo plazo mediante una lógica de pactos”: “Pradales identifica correctamente esta lógica política cuando llama a Europa a la unidad para hacer frente a la situación de desorden”, ha dicho, pero en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa no lo lleva a cabo cuando hay “mayorías cualificadas en el Parlamento Vasco”.

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha solicitado que la Cámara celebre un pleno monográfico con el objetivo de “garantizar la seguridad vital de las personas y las economías domésticas” en un contexto socioeconómico “convulso” como consecuencia de la guerra en Irán. Estas sesiones, en las que luego se votan resoluciones, pueden solicitarlas o dos partidos o los que tengan más de 15 escaños, como es el caso de la coalición abertzale.

EH Bildu ha registrado este jueves la petición, ya que las consecuencias de la guerra “no van a ser coyunturales” y “van a poner en cuestión la seguridad vital de la gente”, ha explicado a los medios de comunicación. En vista de esta situación, Otxandiano ha considerado que “es el momento de repensar qué políticas públicas hay que poner en marcha” y abordar “una reflexión en profundidad, para garantizar la estabilidad y la seguridad vital de las personas en un contexto socioeconómico complejo”, informa Europa Press.

EH Bildu ha planteado abordar en ese debate monográfico “las políticas que se pueden poner en marcha para hacer frente a la carestía de la vida, cómo garantizar la calidad y la sostenibilidad de los servicios públicos y cómo hacer frente a dos crisis que están generando una fractura social en la sociedad, como las de la vivienda y la crisis de los cuidados”. Confía en que el Parlamento pueda celebrar esta sesión “antes de verano” y que las resoluciones “sirvan de guía para diseñar los presupuestos del año 2027”.

En este sentido, ha valorado que el “escudo industrial” presentado por el Gobierno vasco no es de 1.050 millones, como se publicitó, ya que, dentro de esta cantidad el Ejecutivo ha incluido algunos proyectos que “ya estaban en marcha y anunciados, incluso más de una vez. Según sus cuentas, básicamente ”hay 250 millones que son nuevos“, aunque es una estimación que ya admitió el propio consejero responsable del programa, Mikel Jauregi.

El PNV ha enumerado este jueves, por boca de su portavoz en el Parlamento Vasco y dirigente del Euzkadi Buru Batzar, Joseba Díez Antxustegi, su lista de diferencias actuales con el Gobierno de Pedro Sánchez. En realidad, es un intento de sacar del tapete vasco las discrepancias con los socialistas, que se siguen sucediendo en los últimos días, y de llevarlas a Madrid. En paralelo, EH Bildu busca meter cuña en las coaliciones del PNV con el PSE-EE y añade que sigue en pie la oferta de ir de la mano del PNV a las próximas elecciones generales, una hipótesis ya rechazada de plano por el partido de Aitor Esteban.

Según Antxustegi, el Estado tiene que asumir su responsabilidad en la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, facilitar que la SEPI flexibilice la deuda que le tiene que abonar Tubos Reunidos (de 113 millones por el rescate público de 2021 más otros 30 en intereses) para evitar el ERE con 301 despidos, renunciar a “imponer” la apertura de un centro para 200 refugiados en el barrio de Arana de Vitoria y dar cumplimiento a las materias pendientes del Estatuto de 1979, entre las que se incluyen las pensiones o más capacidades de gestión en materia de aeropuertos. “Frente a quienes quieren más ruido, frente a quienes quieren más barro, más bronca, el PNV siempre va a estar bajando el tono. En cuanto más suban el tono otros, más lo vamos a bajar nosotros. Cuanto más ruido, cuanto más barro, cuanta más bronca, nosotros más tranquilos”, ha repetido insistentemente Díez Antxustegi en la entrada del Parlamento Vasco. “Por lo tanto, desde el buen tono, desde la tranquilidad, fuera de la bronca y lejos del ruido, pero exigentes con el Gobierno español”, ha agregado.

Preguntado por los periodistas, ha asumido que PNV y PSE-EE son “partidos diferentes” y, por lo tanto, con “diferencias”. “Pero las solventamos y trabajamos en la estabilidad y avanzamos en el cumplimiento del programa de Gobierno en Euskadi”, ha apuntado. De hecho, ha insistido en que “las discrepancias son todas relativas al papel del Gobierno de España”, orillando asuntos locales como la reforma de la normativa del euskera o las controversias sobre vivienda o Ayesa, mientras en el Parlamento se aprueban “leyes y presupuestos”.

Minutos antes, el líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, había comparecido para lamentar que la política vasca lleva “semanas” viendo las diferencias públicas entre los partidos del Gobierno. “No tienen un suelo común mínimo” en temas críticos, ha asegurado. Acto seguido ha aprovechado para recalcar que la izquierda abertzale sigue apostando por trabar una coalición con el PNV para las elecciones generales, como ya planteó en su congreso del pasado año. Sugiere que es una apuesta “de país” capaz de recabar “un millón de votos” para llevarlos a Madrid en tiempos de auge de la extrema derecha. En 2023, PNV y EH Bildu sumaron unos 550.000 en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y EH Bildu y Geroa Bai otros 70.000 en Navarra.

Sortu, la actual marca de la izquierda abertzale y principal fuerza de EH Bildu, aborda estos meses su proceso congresual. En Irún, el 24 de enero, se presentará la nueva dirección. Todo apunta a que Xabier Iraola, de 33 años, será el nuevo líder en sustitución de Arkaitz Rodríguez, ahora con altas responsabilidades en EH Bildu. Es el cuarto dirigente de Sortu en su historia y el cuarto hombre.

Esta semana se ha conocido una plancha para la nueva dirección, quince personas encabezadas por Iraola. Hasta el momento no ha habido alternativas críticas. Las bases podrán refrendarla entre el 21 y el 23 de enero. De confirmarse este plantel, entrarán en la ejecutiva de Sortu seis caras nuevas. Y se mantienen nueve nombres, incluido David Pla, exjefe de ETA, como responsable de la Escuela Política. La 'número dos' será Nuria Altzugarai y la 'tres' Itsasne Fernández.

EH Bildu camina cada vez más hacia ser un sujeto político propio. Sortu es la formación con más peso en la coalición y sus principales dirigentes, como el propio Arnaldo Otegi o Pello Otxandiano, proceden de este partido. EA y Alternatiba también han difuminado su perfil propio en los últimos años, mientras que Aralar ya se disolvió.

Destaca Sortu la “intergeneracionalidad” del nuevo equipo, que haya más mujeres que hombres y un reparto territorial acorde con su militancia, con cinco guipuzcoanos, cuatro vizcaínos, tres navarros, dos alaveses y uno de Iparralde. Ya se ha apoyado la ponencia política, llamada 'Herri gogoa'. En ella se busca “reforzar” la marca EH Bildu, así como su espejo para Iparralde, EH Bai.