Santos Cerdán cumplirá en unos días su primer mes en prisión provisional acusado de ser el cabecilla del entramado corrupto del caso Koldo: el supuesto acuerdo entre él, el exministro José Luis Ábalos y el asesor Koldo García de repartirse comisiones pagadas por empresas para las que amañaban adjudicaciones de obra pública. El instructor y la Sala de lo Penal están convencidos de que Cerdán, el hombre que lo fue todo en el PSOE, era el líder del grupo y que destruirá pruebas en cuanto sea dejado en libertad, aunque ante las primeras apariciones de dinero en su entorno, por el momento, el magistrado ni siquiera ha ordenado el registro de sus propiedades o su despacho.

La implicación de Santos Cerdán fue conocida a través de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizó en profundidad el alijo de grabaciones y mensajes que Koldo García, mano derecha de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, guardaba en un disco duro en su casa. Diez teras de información en los que había cinco audios grabados por el exasesor mientras hablaba con Santos Cerdán de empresas, adjudicaciones y supuestas mordidas cobradas y por cobrar.

El magistrado Leopoldo Puente, que investiga desde hace meses la parte de la causa que afecta a Ábalos y su entonces asesor, se apoyó en la Fiscalía Anticorrupción para firmar el primer ingreso en prisión preventiva del caso desde que se hizo cargo el Tribunal Supremo. El juez explicó que las grabaciones intervenidas a Koldo García eran “tan explícitas” que pocas dudas le caben sobre que Cerdán, como poco, era el encargado de “percibir los premios económicos, comisiones o mordidas a cambio de los cuales se otorgaban las indebidas adjudicaciones”.

Ese 30 de junio el juez justificó el ingreso en prisión provisional de Santos Cerdán en el peligro de que, si seguía en libertad, destruyera pruebas comprometedoras o pudiera influir en otros testigos o imputados. El exdiputado, dijo entonces el juez Puente, tenía un “conocimiento privilegiado” de un sistema de comisiones con muchas incógnitas por despejar. Solo él, zanjaba el auto de prisión, podría “ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas”.

Los primeros indicios de flujos de dinero entre la empresa navarra Servinabar 2000, considerada clave en esta facción de la trama, y el entorno de Santos Cerdán han sido conocidos recientemente. La Hacienda Navarra ha informado al magistrado Puente de que Belén Cerdán, hermana del expolítico, cobró 22.200 euros de esta empresa. Posteriormente los investigadores han detectado que su cuñado, Antonio Muñoz, cobró 62.000 euros más de esta empresa. La comisión abierta en el parlamento navarro solicitará la lista entera de empleados de esta empresa vinculada a Cerdán y la trama.

Cerdán cumple estos días un mes en prisión provisional sin que el juez haya registrado su casa o sus dispositivos electrónicos. Por el momento se ha limitado a enviar a la UCO a la calle Ferraz para clonar su correo corporativo, ha pedido la vida laboral del exsecretario de organización del PSOE y ha puesto en marcha una pericial para certificar la autenticidad de las grabaciones que Koldo García hizo a escondidas a lo largo de los años.

Tanto el juez como la Sala de Apelaciones han dejado claro en varios autos recientes que todavía desconocen muchos detalles de la trama de supuestas comisiones en cuya cúspide ubican a Santos Cerdán, considerando necesario mantenerle en prisión hasta esclarecer esos puntos ciegos sobre el dinero: cuánto cobraron, cómo lo cobraron y de dónde salió. Por ahora el juez no ha ordenado el registro de su casa, algo que sí se hizo con el resto de acusados, tampoco después de que su familia haya anunciado que se mudan a Navarra.

Ya en su auto de prisión el juez explicaba que, en los primeros días de imputación, Cerdán todavía era diputado y eso “lo impedía”. En ese momento, dijo el magistrado, “habría podido resultar eventualmente eficaz por imprevisible”. Dando a entender, por tanto, que el juez se resigna a que cualquier prueba, de existir, haya sido destruida.

Los cálculos sobre el “botín”

La causa en la que ahora permanece encarcelado Cerdán arrancó como una escisión de la 'operación Delorme', investigación sobre la compraventa de mascarillas a empresas a cambio de favores y comisiones a la trama. El Supremo empezó a investigar si parte de ese trato de favor consistía en dinero u otras dádivas a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, y llegó hasta Santos Cerdán cuando la UCO plasmó en un informe lo que había encontrado en un disco duro de Koldo García: conversaciones grabadas con los dos secretarios de organización del PSOE a lo largo de los años.

La Guardia Civil dejó por escrito entonces la sospecha que ahora ha esgrimido el juez para enviar a Cerdán a prisión: “Se encargaba de gestionar el monto y los pagos”. “550 y de ahí descontamos. Lo de Sevilla diré que te lo pongan por escrito y te lo doy”, decía Cerdán a García en una de esas conversaciones. Según los investigadores, se referían a las dádivas salidas de las obras del puente de Centenario de la capital andaluza.

Puente entiende que es “descartable” que Cerdán actuara “en beneficio” de Koldo García y José Luis Ábalos y sospecha que él también debió cobrar dinero, algo que el acusado niega y que el magistrado, por el momento, no ha sido capaz de encontrar. El auto incluía un cálculo intuitivo de cuál debe ser el monto total de la ilegalidad: “El botín indiciariamente obtenido, en el entorno de un millón de euros, representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas”, especulaba el juez.

La Sala de Apelaciones, que supervisa todo el procedimiento y resuelve los recursos de los acusados, ha cerrado filas varias veces con el juez Puente. De alabar la “paciencia franciscana” que, aseguran, tiene el instructor para soportar algunas estrategias de las defensas, hasta el aval otorgado hace unos días a la prisión provisional de Cerdán.

Un auto que aumenta el número de incógnitas que, según los jueces, justifican la estancia del político en Soto del Real. El caso avanza, dicen, “sin que la investigación haya desvelado la totalidad de empresas que fueron finalmente beneficiadas; ni qué sujetos las representaban y mantuvieron contacto con el recurrente; ni cómo se abordaba el pago y se ocultaba después el dinero ilícitamente obtenido; ni siquiera si subsisten ciertos depósitos o activos que hayan sido obtenidos con ocasión de su actividad delictiva”.

“Todavía se desconocen”, llegó a reconocer la Sala, los métodos “ocultos de pago” usados supuestamente por Cerdán, Ábalos y García para canalizar las supuestas comisiones. La intención parece, por tanto, mantener a Cerdán en prisión mientras el juez siga teniendo esas sospechas y no pueda responder a esas preguntas. La Fiscalía Anticorrupción liderada por Alejandro Luzón tampoco parece dispuesta a aliviar las medidas que pesan sobre él mientras no confiese o no aparezcan las pruebas por otro medio.

El equivalente a 65 millones de folios

La causa está pendiente, sobre todo, de lo que encuentre la Guardia Civil en el disco duro de Koldo García Izaguirre. Unos diez teras de información, que según el juez equivalen a “65 millones de páginas”, en las que los investigadores esperan encontrar claves sobre el recorrido del dinero y de las supuestas comisiones. Por el momento la lupa está puesta sobre obras muy concretas, la mayor parte adjudicadas a Acciona cuando iba en UTE con Servinabar 2000, una empresa de la que Cerdán sopesó incluso ser accionista.

Los argumentos de defensa de Santos Cerdán, por el momento, no han prosperado. Además de negar haber participado en ningún amaño y haber cobrado o distribuido comisiones, ha aludido a una persecución como consecuencia de su papel protagonista en las negociaciones con nacionalistas vascos y catalanes para la última investidura de Pedro Sánchez. Tanto el instructor como la Sala han rechazado de plano estos argumentos.

Tampoco le ha servido afirmar que el contrato privado por el que compraba acciones de Servinabar nunca llegó a ejecutarse y que fue un movimiento hecho en un momento en que no sabía si iba a continuar en política. Nada explica, asegura el Supremo, que el empresario Antxon Alonso haya guardado su copia del contrato tantos años. Ahora está por ver qué movimientos hace el juez tras descubrir, a través de Hacienda, que dos familiares de Cerdán cobraban de Servinabar 2000.

Por el momento en el Tribunal Supremo pesa más el contenido de las grabaciones que la negación de todos los imputados a reconocer cualquier tipo de amaño o comisión. Desde los empresarios señalados hasta el director general de Carreteras investigado, todos se estrellan contra el muro de los audios que Koldo García Izaguirre empezó a grabar a escondidas cuando se empezó a sentir agraviado por sus colaboradores más cercanos.

Según los investigadores la mayor parte de las comisiones, en realidad, están a día de hoy pendientes de cobro. Cerdán, según se desprende de los audios, gestionó “contraprestaciones económicas” para Ábalos y Koldo por un valor total de 620.000 euros aunque la mayor parte, 450.000 euros, estarían “pendientes de abono”. Las incógnitas, al menos por ahora, son las que llevan la delantera en la causa que mantiene en tensión diaria al Gobierno de Pedro Sánchez mientras los datos de la Hacienda navarra afloran las primeras relaciones económicas entre una de las empresas clave de la trama y la familia de Santos Cerdán.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, ha dejado en libertad con medidas cautelares a los dos antiguos altos cargos de Transportes acusados de amañar obra pública para la trama: Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. El magistrado atribuye a los dos varios delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias y les retira el pasaporte después de que ambos hayan negado irregularidades en la adjudicación de obra pública.

El magistrado, que investiga la parte de la causa que no afecta directamente al exministro José Luis Ábalos imputado en el Supremo, entiende que hay pruebas de que Pardo de Vera y Herrero sí amañaron contrataciones públicas para favorecer a empresas que después, supuestamente, pagaban mordidas a Koldo García y el resto de la trama. De Pardo de Vera afirma en su auto que “habría participado favoreciendo, de manera recurrente, a petición de Koldo García Izaguirre a diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública”. El auto cita a Acciona y Levantina.

El juez afirma, incluso, que detrás de esta capacidad para otorgar contratos de obra pública estaba “el interés” que tanto Santos Cerdán como Koldo García mostraron en “promocionar” a Pardo de Vera “al cargo de Secretaria de Estado”, que no llegó a producirse. También atribuye a Pardo de Vera una “participación decisiva” en la contratación de la expareja de José Luis Ábalos, entonces ministro, en las empresas públicas INECO y Tragsatec, donde se investiga si llegó a trabajar de forma efectiva.

El juez Moreno cita, sobre todo, las conversaciones y mensajes intervenidos a Koldo García en el registro de su domicilio, documentación que acumula una decena de teras de datos. También para mantener imputado y retirar el pasaporte al exdirector general de Carreteras. El juez destaca, como en el caso de Pardo de Vera, que las “intercesiones” que Herrero hizo a favor de la trama en algunas obras para favorecer a constructoras se tradujo en un interés real en Koldo García y Santos Cerdán para “darle un puesto de mayor responsabilidad”.

Los dos han comparecido este lunes como imputados en la Audiencia Nacional y han negado haber participado en el amaño de adjudicaciones de obra pública o conocer la existencia de un entramado de comisiones ilegales, apuntando sobre todo a la presión que ejercía Koldo García como mano derecha del ministro. El magistrado, tal y como ha solicitado la Fiscalía, ha retirado el pasaporte a ambos y les ha prohibido salir de España, manteniendo por tanto su imputación.

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos y protagonista del caso de corrupción que lleva su nombre, ha cambiado de defensa letrada a pocos días de su segunda declaración como imputado en el Tribunal Supremo y después de conocerse el informe de la Guardia Civil con grabaciones que hizo durante años. El investigado pasará a estar defendido por la abogada Leticia de la Hoz.

El movimiento del exasesor del entonces Ministro de Transportes llega a pocos días de que el próximo lunes tanto él como Ábalos tengan que comparecer como imputados ante el juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo, así como el propio Santos Cerdán. Citaciones que llegan tras las últimas revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras encontrar grabaciones y mensajes que Koldo García almacenaba en un disco duro intervenido por los investigadores.

Esas grabaciones, según la Guardia Civil, apuntalan la acusación de que los tres formaron un entramado para cobrar comisiones de empresas adjudicatarias a cambio de amañar contratos de obra pública, tanto en Navarra como posteriormente en el Ministerio.

El Tribunal Supremo va camino de cumplir una década convertido en el centro de la actividad judicial y política del país. Del procés hasta la aplicación de la amnistía pasando por el posible juicio al fiscal general, la Sala de lo Penal y sus jueces marcan el paso de la actualidad española en un momento en que el alto tribunal se ha convertido en el juzgado de guardia con una cantidad inédita de causas abiertas contra aforados. Leopoldo Puente, el investigador del caso Koldo, lleva las riendas de unas diligencias que tienen al Gobierno contra las cuerdas mientras desentraña una causa con dos secretarios de organización del PSOE en la lista de imputados.

Puente llegó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en noviembre de 2020 como la tercera pata de un habitual acuerdo entre conservadores y progresistas del Poder Judicial para renovar un departamento que, en ese momento, tenía demasiadas bajas como para seguir analizando causas sobre el procés. La cuota conservadora introdujo a Ángel Hurtado, que venía de firmar el solitario voto particular contra la condena del PP en Gürtel, y al progresista Javier Hernández, todo con una abrumadora mayoría de apoyos en el órgano de gobierno de los jueces.

Leopoldo Puente tomó posesión amadrinado por la progresista Susana Polo, antigua compañera de fatigas, y con la etiqueta de actor secundario sin afiliación conocida. No es un perfil que incomode a este magistrado nacido en Madrid hace 61 años y que en el pasado fue un miembro de peso en la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Sacó las oposiciones a fiscal en 1989, pero rápidamente se decantó por la judicatura.

Miembro destacado de su promoción, y tras un breve paso por un juzgado de Cambados (Pontevedra) en la época más oscura del narcotráfico en Galicia, pasó por Huelva y Segovia antes de trabajar durante más de una década en la Audiencia de Cuenca y recalar, finalmente, en los tribunales territoriales de Madrid. Primero en la Audiencia de Madrid y después, en el Tribunal Superior de Justicia, desde donde dio el salto al Supremo.

Los que le conocen y trabajan día a día con él incurren en los tópicos inevitables: la alta calidad técnica de sus sentencias, sus profundos conocimientos jurídicos y su independencia para investigar cualquier trama corrupta afecte a quien afecte. Pero algunas fuentes van más allá y hablan de aspectos relevantes para llevar una investigación del calado y dimensión del caso Koldo. “Tiene mucho olfato jurídico, es intuitivo”, cuentan a elDiario.es más allá de los muros del Supremo.

También destacan que es “especialmente claro” en sus sentencias, a veces incluso usando “expresiones contundentes” que no abundan en la Sala de lo Penal. Eso quedó de manifiesto cuando en julio del año pasado fue ponente de su resolución más relevante hasta la fecha: la cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Supremo elevó contra la amnistía en la que, por primera vez en casi una década de procés, el tribunal habló por primera vez de “golpe de Estado”.

Del “golpe de Estado” a la condena de Alberto Rodríguez

No es habitual que un recién llegado a la Sala de lo Penal se haga con ponencias de asuntos de peso. El sistema de rotaciones convierte en algo parecido a una ruleta que una querella contra un aforado caiga en uno u otro magistrado, pero Leopoldo Puente tardó menos de cuatro años en convertirse en ponente de uno de los autos más relevantes de la historia reciente del Supremo: sus alegaciones contra la amnistía.

Los 49 folios que llevan su firma se convirtieron en la mayor impugnación que hasta la fecha se ha presentado contra la ley de amnistía, aunque el recurso del Partido Popular sea el primero que vaya a estudiar el Constitucional. Puente llegó al Supremo un año después de la sentencia que condenó a los líderes del procés por sedición, malversación y desobediencia, y su primera intervención en el caso fue este auto que, a diferencia de lo que dijo el mismo tribunal en esa resolución histórica, hablaba abiertamente de “golpe de Estado” para referirse al desafío independentista catalán de 2017.

Su firma como ponente también está en una de las resoluciones más relevantes de la Sala de lo Penal de los últimos años. La primera sentencia en la que el Supremo, después de días de deliberaciones y mucha división interna, confirmó que la ley del 'solo sí es sí' implicaba rebajar la condena de algunos delincuentes sexuales, aunque no de todos los que hubieran recurrido. La resolución que sentenció la norma impulsada por Igualdad y que supuso una fractura interna en el Gobierno durante la pasada legislatura.

Estas decisiones judiciales, que en otro caso servirían para estampar el sello de “conservador” en la toga de cualquier magistrado, se encuentran con otras de menor recorrido mediático. Es el autor, junto con Susana Polo, del voto particular que criticó duramente a sus compañeros de sala por condenar a Alberto Rodríguez, entonces parlamentario y dirigente de Unidas Podemos, creyendo al pie de la letra la palabra del policía al que pateó.

“Es posible que sucediera. Pero existen también otras múltiples posibilidades, por ejemplo, que el agente pudiera haberse equivocado en la identificación”, dijeron Puente y Polo en un voto particular crítico con sus compañeros. Meses después, el Constitucional dio la razón a Rodríguez y entendió que la condena que había llevado a la pérdida de su escaño había sido desproporcionada.

Suyos también son los autos que, en los últimos años, han frenado en seco el intento de organizaciones de extrema derecha como Vox o Manos Limpias de criminalizar la actividad política o la libertad de expresión de miembros del Gobierno como Pedro Sánchez o la exministra Irene Montero, así de parlamentarias como Míriam Nogueras. También ha sido el encargado de dar carpetazo a varias denuncias 'spam' del exjuez corrupto Fernando Presencia y su asociación ACODAP.

Investigar una gran causa de corrupción

Leopoldo Puente ha sido ponente de más de 300 sentencias desde que llegó a la Sala de lo Penal en 2020 en el enésimo intercambio de cromos entre conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial. Pero su momento de mayor exposición pública y mediática, incluso por encima de la cuestión de inconstitucionalidad que encabezó contra la amnistía, ha llegado con su papel como instructor de la 'operación Delorme', conocida como 'caso Koldo' y que tiene pendiente de sus autos a todo el Gobierno.

El magistrado, que como es habitual en el Supremo no tomaba las riendas de una instrucción judicial desde hace casi dos décadas, avanza con pasos cortos y medidos en la investigación de un caso que tiene en la lista de imputados a dos exsecretarios de organización del PSOE, consideradas la máxima autoridad en el partido: José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Una de las principales misiones del magistrado ha sido separar el grano de la paja, sobre todo en el caso de la confesión que sacó de la cárcel a Víctor de Aldama. Diligencias encaminadas a arrojar luz, por ejemplo, sobre sus afirmaciones sobre cómo alquilaba pisos para miembros del Gobierno y supuestos encuentros con “señoritas”, o encargar una pericial caligráfica para saber si las pruebas sobre adjudicaciones amañadas tenían o no la letra de Koldo García.

Su último paso, después de afianzar la imputación de Ábalos y analizar los enchufes que propició para personas de su entorno en empresas públicas, ha sido apuntar a Santos Cerdán y ofrecerle comparecer de forma voluntaria ante los “indicios” que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado contra él. Tras semanas de especulaciones con el informe todavía por redactar, el documento entregado al juez por los investigadores es contundente: hay al menos cinco grabaciones que ponen la lupa sobre cómo Cerdán, supuestamente, ayudó a Ábalos y Koldo a cobrar comisiones de empresas como Acciona a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Puente está al frente de la causa que, indudablemente, más afecta al Gobierno. La que ha llevado a Pedro Sánchez a comparecer públicamente y pedir perdón por confiar en un hombre clave en su ascenso a la secretaría general del PSOE. Una causa compleja en su contenido pero también en su gestión, copada por organizaciones de extrema derecha como Vox o HazteOir y con el propio PP al frente de las acusaciones populares, un escenario similar al de la causa contra Begoña Gómez que lleva Juan Carlos Peinado o su compañero Ángel Hurtado contra el fiscal general. Por el momento con mucha más carga penal y menos polémica por parte de un instructor que tiene en sus manos la causa que mantiene en vilo a todo un Gobierno.

El caso Koldo que investigan a medias la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se ha convertido en la primera gran causa de corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó al poder en 2018. Una investigación que, a medida que trascienden informes, autos, grabaciones y mensajes, va sumando los ingredientes de las tramas habituales de corrupción de la vida pública: comisiones ilegales, adjudicaciones públicas de obras, grabaciones a escondidas y políticos imputados por usar su poder para, supuestamente, engrasar la maquinaria corrupta.

La conversación fue registrada por Koldo García en abril de 2019 sin que su interlocutor supiera que estaba siendo grabado. José Luis Ábalos no había cumplido aún 12 meses como ministro de Fomento, era secretario de organización del PSOE y faltaban pocos días para las primeras elecciones generales de las dos que hubo ese año.

Político y asesor hablaban, entre bromas, de negocios y beneficios. De las adjudicaciones de obras en Sevilla y Logroño que, según la Guardia Civil, se otorgaron irregularmente para sacar mordidas. Otras grabaciones incorporan a Santos Cerdán, el segundo secretario de Organización del PSOE implicado en el escándalo y a quien los investigadores acusan de haber ejercido como intermediario para que ese dinero fluyera entre las empresas y los cargos públicos. “No quiero que hables de eso”, reprocha cuando Koldo García empieza a mencionar el dinero de origen inconfesable.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) habla de una serie de obras en carreteras, ferrocarriles y el Puente del Centenario que sobrevuela el Guadalquivir en Sevilla cuyas adjudicaciones suman 637 millones de euros y de las que, supuestamente, salieron más de 600.000 euros en comisiones, algunos pendientes de cobro. Una fórmula que, lejos de ser inédita, es la más habitual en las grandes causas de corrupción investigadas y sentenciadas, muchas de ellas en firme, en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Tramas corruptas como Gürtel o Púnica se edificaron sobre esos mismos cimientos. Empresarios como Francisco Correa o David Marjaliza que se asentaron en regiones o municipios donde gobernaba el Partido Popular para untar con mordidas a cargos públicos a cambio de conseguir adjudicaciones, grandes y pequeñas, o cobrar su parte por convertirse en intermediarios para otros empresarios.

Las revelaciones que ya examina el magistrado Leopoldo Puente apuntan a la zona de confort de las tramas corruptas que hacen de las instituciones públicas su cortijo: cargos públicos que se corrompen a cambio de dinero o algún tipo de dádiva. El caso Koldo apunta a una particularidad. Mientras que en otros escándalos como la trama Gürtel de Arganda los jueces han declarado probado que los empresarios se convirtieron en un ayuntamiento paralelo para hacer y deshacer a su antojo, las grabaciones de esta nueva causa apuntan a que era Koldo García quien elegía obras, empresas y adjudicaciones para ir obteniendo comisiones y atendiendo sus necesidades económicas.

No faltan tampoco los chivatazos. Uno de los grandes objetivos de las organizaciones criminales, se dediquen a la corrupción política o al tráfico de drogas, es tener información del otro lado del pinchazo telefónico. Saber si están siendo investigados o si, al menos, han hecho saltar alguna alarma en la Policía o la Guardia Civil.

En la trama Púnica un guardia civil fue condenado por advertir a Francisco Granados que la Audiencia Nacional seguía sus pasos. En este caso Koldo, desde el estallido de las primeras detenciones hace un año, hay un guardia civil imputado bajo la acusación de dar un chivatazo y las grabaciones demuestran que Santos Cerdán sabía, o afirmaba saber, que alguien les seguía la pista.

Era diciembre de 2023 y todavía faltaban más de dos meses para que Koldo García fuera detenido por orden del juez Ismael Moreno. Pero para entonces la Fiscalía Anticorrupción ya había presentado su querella y la Audiencia Nacional llevaba semanas investigando bajo secreto a la trama. En las conversaciones, Koldo García da a entender que sabe que le están persiguiendo e incluso afirma haber hablado con mandos de la Guardia Civil.

Grabaciones y favores personales

Una de las herramientas más efectivas para investigar el crimen es poder escuchar en directo a los supuestos criminales pero los pinchazos telefónicos, autorización judicial mediante, no siempre llegan a tiempo para captar las pruebas clave. Otras veces son los propios implicados los que, con un teléfono o una grabadora camuflada, empiezan a grabar a sus socios a escondidas.

A veces el objetivo es tener munición con la que protegerse, a veces pruebas para denunciar la corrupción desde dentro y buscar un trato favorable y a veces intentar ganar el relato ante la opinión pública. El resultado siempre es similar: las grabaciones, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, acaban trascendiendo y juegan un papel fundamental en el proceso judicial.

La trama Gürtel se conoció gracias a que José Luis Peñas, entonces concejal del PP en Majadahonda, grabó durante horas y horas a Francisco Correa y sus compinches con el objetivo de ir a la Fiscalía y denunciar el entramado corrupto del que él mismo había formado parte y del que quería salir. Sin él, la Gürtel no se habría conocido.

El archivo del excomisario José Manuel Villarejo es, a día de hoy, un glosario de la corrupción además de un arma arrojadiza y en ocasiones un elemento de extorsión. Ahora el entorno de Koldo García ha explicado a varios medios que los audios que la Guardia Civil encontró en uno de sus dispositivos no son los únicos que hay y existe una posibilidad de que nuevas grabaciones lleven las réplicas del terremoto hasta la puerta del Palacio de la Moncloa.

No todo eran comisiones económicas en la operación Delorme. Las investigaciones hablan también de favores, de pagos en especie y la solución de problemas inmobiliarios a golpe de adjudicaciones y gestiones entre bambalinas. Un piso de lujo alquilado y un empleo para una pareja de José Luis Ábalos, puestos de trabajo en empresas públicas a personas de su entorno y, en definitiva, la influencia más allá del dinero contante y sonante.

El favor personal es el condimento esencial de todas las tramas corruptas que, en un momento dado, tienen que tratar a diario con cargos públicos que, el día de mañana, pueden favorecerles. De Koldo García pidiendo empleo para una mujer hasta Víctor de Aldama pagando miles de euros al mes al exasesor de Ábalos cuando ya no estaba en el Ministerio pero por si acaso en el futuro podía hacer algo por él.

La trama Gürtel de Francisco Correa demostró la importancia de saber dar atención personalizada a los amigos. El entramado llegó a pagar la fiesta de cumpleaños de los hijos de Ana Mato, posteriormente ministra con Mariano Rajoy pero entonces casada con el alcalde de Pozuelo de Alarcón, uno de los grandes aliados de los corruptos en Madrid esos años. Vacaciones, vuelos, viajes y hoteles.

Organismos centrales y financiación ilegal

La trama que gira en torno a José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama y ahora también Santos Cerdán cuenta con otra particularidad. En Gürtel, Púnica y Lezo –sota, caballo y rey de la corrupción española– los amaños, las irregularidades y las comisiones se ceñían al ámbito municipal o regional. Bastiones del PP como Majadahonda, Pozuelo, Arganda o Boadilla o la Comunidad de Madrid y la Generalitat Valenciana con la excepción de AENA, el gestor público aeroportuario.

La trama del caso Koldo, todavía bajo instrucción, se ciñe exclusivamente a organismos centrales y el ámbito estatal. Las obras públicas bajo sospecha salieron, sobre todo, de la Dirección General de Carreteras y del gestor ferroviario ADIF, las dos bajo el paraguas del Ministerio que entonces controlaba Ábalos. “Hay que hacer una con Acciona, otra con Sacyr, me dice que tiene que darle una a Ferrovial...”, enumeraba Koldo García en una de estas conversaciones. Acciona era, supuestamente, su principal pagador de comisiones. Tras estallar el escándalo la empresa ha hecho público un comunicado en el que alega que nunca supo de estos manejos y que el empleado que se menciona ya no trabaja en la compañía.

La ramificación de la operación Delorme que se investiga en el Tribunal Supremo tiene en la lista de imputados a dos personas que se han sentado a la diestra de Pedro Sánchez en la sede del PSOE en la calle Ferraz: secretarios de organización. Por el momento el juez no ha encontrado indicios que sí supusieron uno de los puntos más relevantes de casos como Gürtel: la financiación ilegal del Partido Popular.

Varias sentencias firmes, entre ellas la que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa en 2018 a través de una moción de censura, han declarado probado que el partido se financió con cientos de miles de euros de la trama corrupta en municipios como Majadahonda o Pozuelo de Alarcón. Una relación “simbiótica” según los investigadores entre el PP y la Gürtel que llevó al partido a ser condenado como responsable a título lucrativo en un momento en que no existía un delito específico para la financiación ilegal. Está por ver si el caso Koldo da ese salto sin que, por el momento, los investigadores hayan apuntado a una financiación irregular del PSOE.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que el ministro de Transportes en el momento del rescate de Air Europa, José Luis Ábalos, se benefició de unas vacaciones “gratis” por sus gestiones para que la aerolínea fuera ayudada por el Gobierno durante la crisis de la pandemia. De los mensajes obtenidos en los dispositivos incautados durante la investigación, los agentes consideran que Ábalos disfrutó de una estancia de diez días en una villa de Marbella (Málaga) en relación con la publicación de una nota de prensa trasladando “la conveniencia del rescate”.

El informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, subraya que el supuesto conseguidor del caso, Víctor de Aldama, “se valió de su relación” con Ábalos y con quien fuera su asesor Koldo García para “influir” en el rescate de la aerolínea, según reflejan los mensajes que estos se intercambiaron entre entre agosto y noviembre de 2020. Aldama trabajaba para Air Europa, compañía que le pagó 12.100 euros al mes desde noviembre de 2019 hasta noviembre de 2020, coincidiendo con la aprobación del rescate.

En relación a la supuesta implicación de Ábalos, la UCO sostiene que hay una “concatenación de indicios” que apuntan a una “directa vinculación” entre una estancia vacacional del entonces ministro y su familia en una villa en Marbella durante diez días de agosto de 2020 y una nota de prensa en la que el departamento que dirigía trasladaba a los medios de comunicación la “conveniencia” del rescate de Air Europa meses antes de que este se aprobara. La UCO alude también una carta firmada por la SEPI que contenía los pormenores de la petición de financiación de la compañía aérea. 

El atestado subraya que “directamente relacionado” con la citada nota de prensa, Koldo García envió un mensaje a Ábalos en el que le decía que esa estancia en la villa de Marbella era “gratis por las molestias generadas”. El alquiler de esa vivienda durante diez días tuvo un coste de 9.800 euros, de los que 1.800 fueron abonados por una transferencia realizada por la mujer de Koldo García, quien se había encargado de reunirse con el agente inmobiliario. Según el contrato, los 8.000 euros restantes estaba previsto que se pagaran en efectivo.

Entre los mensajes incautados, la Guardia Civil ha localizado uno, del 3 de septiembre de 2020, en el que Aldama le dice a Koldo García que el que fuera CEO de Globalia “está jodido” en relación a la supuesta “falta de acuerdo” del rescate de la compañía. El supuesto conseguidor añadía que “se está buscando la vida” y que “acaba de llamar a Begoña”, en supuesta referencia a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

En un nuevo informe incorporado a la causa, la UCO atribuye al exministro socialista José Luis Ábalos un “papel relevante y de responsabilidad” en la trama de corrupción que supuestamente anidó durante su mandato en el Ministerio de Transportes y que investiga en el Tribunal Supremo.

El informe repasa las vías principales de investigación en torno al exministro: si la trama le consiguió una casa en Andalucía a cambio de su trato de favor, si también pagaron el alojamiento de su entonces pareja en Madrid y, finalmente, si existieron irregularidades en el rescate millonario a Air Europa.

Ábalos era “consciente”

Sobre la adquisición de una casa para Ábalos, los agentes de la Unidad Central Operativa tienen claro que Víctor de Aldama y otros empresarios de su entorno facilitaron la operación y se hicieron cargo del dinero a modo de comisión por el trato de favor supuestamente recibido en adjudicaciones públicas. “El propio Ábalos era consciente de que la casa de La Alcaidesa se trataba de una contraprestación económica que Aldama efectuaba a través de terceros”, dice el informe sobre este chalet.

Las conversaciones intervenidas entre los acusados demuestran que Koldo y su esposa fueron los que buscaron un inmueble a Ábalos en Málaga, primero sin éxito en Estepona y finalmente en la urbanización de La Alcaidesa, en Cádiz. Las arras de ese inmueble las pagó Claudio Rivas, uno de los empresarios implicados en el caso Hidrocarburos, y del resto del dinero se hizo cargo la empresa 'Have Got Time', también ligada a la trama y del entorno de Víctor de Aldama.

La implicación del empresario, en libertad después de confesar en la Audiencia Nacional, está clara a tenor de los mensajes, que revelan que llegó a implicarse personalmente en los fallos en los suministros del chalet. Los agentes de la UCO trazan dos líneas temporales en paralelo: cómo la trama intervenía en buscar una casa a José Luis Ábalos mientras la empresa Soluciones de Gestión y otras estaban inmersas en procesos de adjudicaciones públicas.

El piso de Jessica Rodríguez

En el informe también se analiza uno de los hechos que apuntan al cobro de mordidas por parte de Ábalos, el pago del alquiler de su novia por parte de un empresario que era socio de Aldama. Los mensajes evidencian que fue el empresario Alberto Escolano quien pagó el alquiler de un piso en la Plaza de España de Madrid al que Jessica Rodríguez se refiere en un mensaje como “nuestra casita de novios”, en referenica a Ábalos y ella. 

En el centro de las comunicaciones está siempre Koldo García, que habla con Ábalos, con su pareja y con el empresario que desembolsa el importe del alquiler. “Vale, mañana nos vemos. No hace que hablemos por teléfono y decirte que Alberto [Escolano] te va a llamar directamente para quedar hoy vas con él dices lo que quieres y lo mismo que me has dicho a mi y que lo haga”, le dice García a Jessica Rodríguez. 

La UCO explica que del análisis de las conversaciones se desprende que Rodríguez y Ábalos mantuvieron una relación sentimental de cuatro años, entre 2018 y 2022. En sus comunicaciones con Koldo, Ábalos se refería a su novia como “España”. Koldo García escribió un mensaje a Escolano en el que le decía, respecto del piso: “Por favor resuelve esto y seré tuyo para siempre”.

Luis Alberto Escolano es un empresario de Calatayud que fue detenido y está imputado en el caso del fraude de los hidrocarburos, por el que Aldama estuvo en prisión provisional. Koldo llega a enviar a Jessica una foto del piso que ocuparía proximamente en la que se ve reflejado que quien hace la instantánea es el propio Escolano, encargado también de recoger las llaves de la vivienda. 

Cuando Jessica Rodríguez se ve obligada a dejar el piso porque quien abonara las mensualidades, y que ella desconocía, deja de hacerlo, la mujer escribe a Koldo García: “Y colorín colorado este cuento se ha acabado”. Y García responde: “3 años y medio de casa gratis”.

Los empleos públicos sin ir a trabajar

El último informe de la UCO en el denominado ‘caso Koldo’ incluye los mensajes entre los presuntos miembros de la trama que acreditan que Jessica Rodríguez, pareja de José Luis Ábalos durante cuatro años, fue contratada en dos empresas públicas dependientes del Ministerio que dirigía su novio y que estuvo cobrando sin acudir a su puesto de trabajo. 

El muñidor de su contrato es siempre Koldo García, quien se dirige en un primer momento a la entonces directora de Adif, Isabel Pardo de Vera, con mensajes en los que incluso alude al deseo del ministro de que Jessica sea contratada. “Por cierto te va a llamar Jose todo así que tranquila (sic)”, escribe Koldo el 28 de febrero de 2019.

Jessica Rodríguez estuvo contratada dos años en Ineco donde cobró 1.173,67 euros mensuales. En un mensaje a Joseba García, hermano de Koldo y quien también trabajaba en Ineco, Jessica Rodríguez le envía una foto de la nómina y añade: “Pues ya soy mileurista (…) Estos rojos comunistas que se llevan nuestros dineros”.

Después de dos años, y ante las dificultades para renovar su contrato en Ineco, Rodríguez pasa a Tragsatec, donde, ayudada por Joseba García, tampoco habría acudido a trabajar. 

El juez del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo ha pedido a la Guardia Civil un informe sobre la situación patrimonial del exministro José Luis Ábalos y de su entorno en un auto que entra de lleno en la investigación después de que el Congreso haya concedido el suplicatorio para juzgarle. El magistrado pide que declaren 17 testigos, entre ellos antiguos altos cargos de Transportes y el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, y pide a Víctor de Aldama y la UCO pruebas de sus conversaciones con aforados como el ministro Ángel Víctor Torres o Santos Cerdán.

El magistrado, además, cita de nuevo a declarar a José Luis Ábalos el 18 de febrero como investigado. Ese día, anuncia el juez, decidirá si impone algún tipo de medida cautelar contra él.

El juez también pide identificar a los responsables de haber contratado a una expareja de Ábalos en dos distintas empresas públicas, cita a declarar a Koldo García para una prueba pericial caligráfica y comprobar la veracidad de los apuntes de Víctor de Aldama sobre el amaño de obras y pide datos al empresario sobre el supuesto piso de Madrid que afirma haber facilitado a Ángel Víctor Torres y “si hubo algún pago a las señoritas” a las que se refirió en su declaración.

El conocido como 'caso Koldo', bautizado originalmente como 'operación Delorme', arrancó en la Audiencia Nacional investigando si Koldo García, asesor y mano derecha de Ábalos en el Ministerio de Transportes, lideró una trama para que contratos de compraventa de mascarillas y material sanitario cayeran en manos de empresarios afines, como Víctor de Aldama, durante lo peor de la pandemia. A cambio, según las pesquisas, Koldo y otros imputados habrían cobrado comisiones o dádivas que llegaron hasta el entonces ministro y hoy diputado del Congreso.

Ábalos compareció voluntariamente como investigado ante el juez el pasado mes de diciembre durante algo más de tres horas para negar que hubiera cobrado ningún tipo de comisión. El juez instructor decidió seguir adelante con el caso atribuyéndole cuatro delitos y solicitar el suplicatorio al Congreso, necesario para poder llevarle a juicio llegado el momento. La cámara baja le retiró esta inmunidad hace dos semanas.

El caso se desarrolla en paralelo entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y después de que el empresario Víctor de Aldama, imputado también en una segunda causa por un entramado de defraudación fiscal en el sector de los hidrocarburos, saliera de prisión después de confesar durante varias horas. En cuanto a Ábalos, el empresario afirmó que pagó diversas comisiones que tenían como destinatario al entonces Ministro de Transportes.

El magistrado, una vez obtenida vía libre del Congreso para seguir adelante con el caso, pide a la Unidad Central Operativao (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre la situación económica del exministro y de su hijo, sus bienes inmuebles o coches que tengan registrados a su nombre o empresas de las que participen.

También pide a este cuerpo policial un informe sobre el contenido intervenido en los teléfonos de Koldo García y Víctor de Aldama y las conversaciones que puedan aparecer con Ábalos, el ministro Torres, sus subordinados, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, o cualquier político aforado ante el Supremo: diputado, senador o ministro.

Varias diligencias del magistrado también se dirigen a investigar si Ábalos hizo contratar a su entonces pareja en varias empresas públicas como trato de favor. La primera solicitud es identificar a los responsables de su contratación en INECO y TRAGSATEC, la segunda es identificar los viajes oficiales en los que pudo acompañar al entonces ministro y descubrir quién pagó esos viajes.

Uno de los testigos a los que llama a declarar entre febrero y marzo es Carlos Moreno, director de gabinete de María Jesús Montero que, según la confesión de Víctor de Aldama, ayudó a una de las empresas del líder de la trama a gestionar una deuda. Tanto Moreno como Montero han negado cualquier trato de favor al empresario en sus comparecencias públicas.

También llama a declarar a una de las imputadas en la causa de la Audiencia Nacional: la empresaria Carmen Pano y varias personas de su entorno. Una de las investigadas por el juez Ismael Moreno que, en declaraciones a diversos medios de comunicación, ha afirmado que llevó personalmente dinero en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

El Ministerio de Transportes de Óscar Puente ha examinado todos los contratos de obras en estructuras ferroviarias y de alta velocidad puestos bajo sospecha por Víctor de Aldama y ha llegado a una conclusión: “Ninguna tramitación ha devenido ni en la constatación ni incluso en la sospecha de algún trato de favor o actuación irregular”. Se trata de un primer informe del gestor ferroviario ADIF, al que ha tenido acceso elDiario.es, y que el departamento remitirá al Supremo después de que el empresario afirmara que la trama del 'caso Koldo' había amañado algunas de estas adjudicaciones a cambio de comisiones, aportando varias hojas de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 con epígrafes subrayados.

El análisis que hace el departamento dependiente del Ministerio abarca 373 contratos tanto de ADIF como de su división de Alta Velocidad. Queda pendiente un segundo informe sobre los contratos relativos a las obras de carreteras también puestos bajo sospecha por Aldama. En el caso de los contratos ferroviarios, ADIF ha cruzado los datos de esas adjudicaciones con las empresas mencionadas por Aldama o por los medios de comunicación que han informado sobre el caso, poniendo la lupa sobre siete expedientes de contratación. Y en ninguno, explica el informe de forma contundente, se han encontrado indicios de manipulación o trato de favor a una empresa.

Entiende el gestor ferroviario que “ha quedado acreditado de manera motivada” que ninguno de estos procesos de tramitación o gestión ha resultado “ni en la constatación ni incluso en la sospecha” de “algún trato de favor o actuación irregular”. Ni en las adjudicaciones ni en los modificados, muchos de ellos hechos a la baja.

Así, el documento destaca, por ejemplo, que en uno de los contratos —relativo a un tramo de alta velocidad Madrid-Galicia— se realizó un modificado de 70.863,46 euros por debajo del importe de adjudicación. Otro de los expedientes —en este caso, del corredor norte-noroeste— el contrato fue resuelto por incumplimientos del adjudicatario y Adif tuvo que ser indemnizada con más de medio millón de euros. Y otro fue adjudicado por subasta, un procedimiento que tiene el precio como único condicionante.

El informe, de 29 páginas, destaca la “extraordinaria generalidad” de los elementos que figuran subrayados en los documentos aportados por el supuesto conseguidor. Fuentes del departamento explican que esos subrayados incluyen, en ocasiones, corredores enteros de alta velocidad que abarcan cientos de contratos para cientos de empresas por motivos muy dispares: desde la propia ingeniería de redacción de los proyectos constructivos hasta asesoramientos, obra civil, todo tipo de instalaciones y suministros o servicios auxiliares. Además, subraya que en tres de esas denominaciones resaltadas ni siquiera se ha producido la licitación de contrato o expediente alguno durante el periodo estudiado, entre los meses de junio de 2018 y julio de 2021.

Los siete procesos analizados después del cribado, tras cruzar las empresas mencionadas por el imputado con todos esos contratos, no han arrojado sombra de sospecha: “Todo lo anteriormente expuesto indica la ausencia de trato de favor o arbitrariedad alguna”, afirman las conclusiones de todos ellos.

La confesión escrita de Víctor de Aldama, con los 37 folios que aportó al Tribunal Supremo, también apuntó a la sociedad Áridos Anfersa, que supuestamente “contrató a un familiar directo de don Koldo para la empresa”. Este informe de ADIF también analiza los contratos públicos de suministro y transporte de balasto para la línea Madrid-Sevilla y varias estaciones en la provincia de Sevilla, explicando que no había margen para beneficiar irregularmente a la empresa por hacer favores a Koldo García: solo había un criterio de adjudicación, que era el precio.

El desarrollo de estos contratos, añade ADIF, tampoco invita a pensar en un trato de favor. Uno de los expedientes se resolvió porque el material aportado por la empresa no era “apto” y la adjudicataria, incluso, perdió la garantía. El segundo contrato no se llegó a ejecutar. Todo esto, concluye el informe, indica “la evidente falta de singularidad alguna que implique trato de favor o arbitrariedad en el desarrollo del mismo”.

La confesión de Aldama

El caso Koldo, originalmente bautizado como operación Delorme, nació en un juzgado de la Audiencia Nacional para saber si varias empresas habían conseguido contratos públicos millonarios durante la pandemia para suministrar material sanitario, y si lo hicieron gracias a sus contactos con altos cargos relacionados con el Ministerio de Transportes: desde el propio ministro José Luis Ábalos hasta su mano derecha, Koldo García. La empresa que terminó llevándose 53 millones en estas adjudicaciones fue Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama, hasta entonces conocido por ser presidente del Zamora Club de Fútbol.

El caso siempre rodeó la figura de Ábalos como supuesto nexo de la trama con la administración pública y los grandes contratos de mascarillas, pero no fue hasta el pasado mes de octubre cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cimentó con un informe su imputación por parte del Tribunal Supremo. A finales de noviembre llegó la confesión de dos horas de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional, que no solo le valió la libertad sino que amplió el horizonte de acusaciones contra Ábalos.

Entre todo tipo de afirmaciones, algunas relacionadas con la causa y otras sin aportar ninguna prueba más allá de su palabra, el empresario afirmó que pactó una serie de comisiones para el entonces ministro a cambio de adjudicaciones amañadas de obras millonarias de carreteras. En su documento de 37 folios aportado al Tribunal Supremo, Víctor de Aldama incluyó varias páginas de sacadas de los Presupuestos Generales de 2021 referidas a más de 100 obras en carreteras y vías de tren de todo el país.

Con algunas de estas obras subrayadas en rosa y otras en verde, aunque no por él, el empresario afirmó ante el juez que era una forma de saber qué obras habían sido ya adjudicadas previamente a favor de empresas pagadoras de comisiones, y cuáles podían llegar a serlo. En su declaración como imputado este jueves Ábalos ha negado la existencia de estas comisiones.

Varios informes y auditorías

El informe que ahora ha aportado el Ministerio de Transportes al Supremo sobre estos contratos no es el primer pronunciamiento público de Óscar Puente que cuestiona estas afirmaciones tras examinar las adjudicaciones que Víctor de Aldama ha puesto bajo sospecha. El primero fue un hilo en su cuenta oficial de X en el que afirmaba que, de las siete obras señaladas por el empresario, solo una se correspondía con el periodo de Ábalos y que, en cualquier caso, “no se ha observado nada irregular en el expediente de contratación”.

Un asunto al que volvió a referirse esta semana desde la tribunal del pleno del Congreso de los Diputados, esta vez para analizar los 37 contratos señalados por Aldama, con y sin subrayar. “Ese papel no tiene el más mínimo sentido, lo ha hecho con ánimo de confundir o lo pilló en alguna mesa”, dijo para explicar que solo seis de esos contratos se corresponden con la etapa de Ábalos y que casi una veintena de ellos aún estaban sin licitar. Otros, añadió, son de la etapa de Ana Pastor y el PP al frente del Ministerio.

Previamente, otro informe del Ministerio bajo mandato de Puente había sido aportado a la Audiencia Nacional: una auditoría entregada a finales de agosto que cuestionaba la actuación del equipo de Ábalos en las compras millonarias de mascarillas a empresas de la trama, lo que en origen supuso el núcleo del caso Koldo. En paralelo también cesó a dos altos cargos imputados por el juez que investiga la causa.

El caso avanza en las últimas semanas más rápido en el Tribunal Supremo que en la Audiencia Nacional. El juez Leopoldo Puente llamó a declarar a Ábalos de forma voluntaria, que compareció este jueves para negar haber cobrado ninguna comisión, y la semana que viene será el turno de Víctor de Aldama y de Koldo García, antiguo asesor de Ábalos en el Ministerio.

Otra parte de la confesión de Aldama incluyó diversas acusaciones a otros miembros del Gobierno, como Ángel Víctor Torres o el dirigente socialista Santos Cerdán, de haber formado parte del entramado de comisiones, aunque sin presentar más prueba que su palabra y enviar pantallazos de su propia agenda telefónica. Por el momento, el juez del Supremo ha rechazado el ofrecimiento del empresario de desencriptar su teléfono para obtener los mensajes de esos supuestos contactos y el propio Aldama ha matizado, por ejemplo, sus acusaciones contra Torres de haber alquilado un piso en Madrid para su uso personal.

La confesión extendida del empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional se ha convertido en la nueva viga maestra de todas las ramificaciones del caso Koldo. Dos horas de declaración que le abrieron las puertas de la cárcel de Soto del Real gracias al apoyo clave de Anticorrupción y que ha ido aliñando con declaraciones públicas y documentos aportados al Supremo. El grueso de sus acusaciones se dirige contra el exministro José Luis Ábalos, sobre el que dijo que ya antes de la pandemia plantearon el traspaso de un piso de lujo a modo de comisión por futuros contratos amañados. Todo lo envuelve Aldama, al que los investigadores consideran “nexo de la trama”, entre afirmaciones sobre sus contactos con altos cargos del Gobierno y la invitación a buscar pruebas de esas conversaciones dentro de su teléfono móvil, protegido con una “clave de seguridad”.

Aldama declaró ante el juez que le investiga por ser uno de los protagonistas de la operación Delorme, adjudicatario de más de 50 millones de euros durante la pandemia supuestamente gracias a su cercanía al entonces ministro Ábalos y, sobre todo, a la mano derecha de este, Koldo García. Y en su última aportación de documentación al Supremo ha extendido el foco de la sospecha más allá de la pandemia: afirma que pagó y cobró comisiones por amaños de contratos dependientes de ese Ministerio pero centrados en las obras públicas de carreteras, no solo en mascarillas.

Ante los jueces, Aldama ha aportado dos pruebas principales de sus afirmaciones: su palabra y tres hojas sacadas de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Folios con algunas obras en carreteras marcadas en rosa y otras en verde para, según su relato, explicar a futuro qué contratos ya habían sido “pre-adjudicados” a empresas pagadoras de comisiones y cuáles podían serlo. Por escrito, Aldama no revela el origen del documento ni de las afirmaciones sobre el código de colores asociado a la corrupción.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó este viernes que está analizando los contratos aportados por el empresario y que solo uno de ellos, de un total de siete, corresponde al mandato de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. 

En su entrevista en la COPE concedida poco después de salir de prisión, Aldama se puso a la defensiva cuando se le preguntó por las pruebas que tenía sobre todas estas acusaciones. “Nadie te firma un recibo cuando le das 400.000 euros”, le dijo el presentador. “Visto lo visto, en este país ya hay que mostrar la fotografía con el cuchillo en el pecho. No sé qué más tengo que demostrar”, respondió el empresario. Son aspectos que tendrá que desarrollar el próximo lunes 16 de diciembre, cuando comparezca como imputado ante el juez del Supremo. Cuatro días antes lo hará el propio José Luis Ábalos, que este viernes ha adelantado que no piensa declarar de momento.

La declaración judicial y la documentación de Aldama se centran en su relación con el entonces ministro y hoy diputado sin partido en el Congreso. En lo que a papeles se refiere, más allá de sus palabras, el empresario repasa su relación con él a través de los viajes que ayudó a organizar a México, Venezuela o Georgia, y que arrancaron poco después de la llegada del PSOE al Gobierno en 2018 con la moción de censura. Y aporta un contrato que, según su versión, acordó con Ábalos cuando era ministro, para la transmisión de un piso de lujo en el Paseo de la Castellana que nunca se llegó a materializar. A modo de comisión por los favores futuros a la trama. De momento no hay ninguna prueba de que eso fuese a ser así, más allá de la palabra del empresario, imputado en dos causas de corrupción y fraude millonario a Hacienda.

Uno de los puntales de este documento es el reconocimiento de que él mismo cobró comisiones por amañar contrataciones antes de la pandemia. Un empresario valenciano, afirma, le pagó 77.500 euros en 2019 a modo de mordida. Este es un pago que ya estaba bajo la lupa de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil, y que figura en varios informes. La duda que continúa es por qué se habían hecho las transferencias. Aldama despeja la incógnita en su escrito ante el Supremo: “Por la gestión de las adjudicaciones obtenidas del Ministerio de Transportes”. También afirma que otra empresa adjudicataria le pagó 18.000 euros “como compensación” por una adjudicación de obra pública.

El primero en comparecer ante el juez Leopoldo Puente será Ábalos. Lo previsible era que intentase dar continuidad a su discurso público de estos meses y negar su implicación con la trama, pero este jueves el exministro ha hecho ver que no tiene intención de declarar. Prefiere esperar a que cuatro días después lo haga Aldama, quien tendrá que explicar al magistrado si cuenta con más pruebas o si puede ser más específico sobre los contratos que supuestamente amañó para las empresas que le pagaron las comisiones. El documento que aportó con subrayados de colores apunta a más de 100 adjudicaciones de obras en carreteras de todo el país en 2021, al margen de los 53 millones que obtuvo su empresa durante la pandemia y al margen también de las comisiones que cobró en la segunda mitad de 2019.

La agenda de Víctor de Aldama

A medio camino entre la bomba de racimo y los fuegos artificiales, la declaración y la documentación de Víctor de Aldama también desvela un objetivo: dejar claro al juez y a la sociedad en general que él no era un cualquiera y que sus relaciones no se quedaban en Koldo García o José Luis Ábalos. Altos cargos, ministros e incluso el propio Presidente del Gobierno y su esposa formaban parte de sus contactos, según su relato que defiende a golpe de pantallazos de su agenda telefónica para demostrar que tenía sus números. También desliza que las conversaciones están en su teléfono móvil incautado por la UCO y protegidas por un código de seguridad.

El empresario ha puesto la mirilla en tres objetivos principales: el ministro Ángel Víctor Torres, el número dos del PSOE, Santos Cerdán y Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero. Sobre el primero afirma que la trama le pidió 50.000 euros en el marco del amaño de un contrato para rehabilitar la sede de la Agencia Tributaria de Canarias, un contrato que ni siquiera pasó por manos del gobierno canario que dirigía entonces Torres. Además, dice, se negó a pagar el supuesto peaje. Y dos anexos: el pantallazo que demuestra que tiene el teléfono del hoy ministro y la afirmación de que alquiló un piso en Madrid para “encuentros de diversa naturaleza en los que participaba junto a otras personas”.

Torres ha negado las acusaciones y ha anunciado que ampliará las acciones legales contra Aldama. En una entrevista posterior, el propio empresario ha rebajado sus propias acusaciones y insinuaciones: “Yo no he dicho que tuviera un piso alquilado al señor Ángel Víctor Torres, yo he dicho que a mí se me ha pedido”.

Sobre Santos Cerdán, diputado y cercano a Koldo García cuando hacía política en Navarra, Aldama insiste en los 15.000 euros que afirma ante el juez que le pagó. La explicación confusa que ha dado por el momento es que tuvo que pagárselos fruto de un “desencuentro” con la empresa, otra adjudicataria. Y sobre Carlos Moreno, alto cargo de Hacienda con María Jesús Montero, Aldama vuelve al sector inmobiliario para afirmar que le ofreció consejo sobre la compra de un piso, aunque finalmente se comprara otra casa no relacionada con el empresario investigado. De ahí, según el relato de Aldama, su relación salta a un presunto trato de favor en la gestión de un supuesto aplazamiento de deuda en Hacienda a favor de una de sus empresas.

La agenda de Víctor de Aldama

María Jesús Montero es uno de esos nombres del actual Gobierno que Aldama ha citado como parte de las autoridades con las que se reunió en esos años. La ministra de Hacienda, en su comparecencia en el Senado, fue clara al decir que “nunca jamás” se ha reunido con él. En la COPE, Aldama matizó: formó parte de una reunión telemática común en la que no tomó la palabra y después coincidieron en una fiesta de cumpleaños con Ábalos.

El rescate de Air Europa es caza mayor para la derecha desde la pandemia. Por el montante de más de 400 millones de euros que intenta poner bajo sospecha y porque permite sacar a colación a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Ante Herrera, el empresario pudo desarrollar cuál fue su relación con ella, algo en lo que la Audiencia Nacional por ahora no ha mostrado mayor interés. Una “tertulia” con Begoña Gómez y con Javier Hidalgo, CEO de la compañía, después de un evento al que habían acudido. Según el propio Aldama, nunca hablaron del rescate de Air Europa, algo que las acusaciones populares del caso intentan vincular desde hace meses sin éxito a la esposa del Presidente del Gobierno.

Sobre su cercanía con Pedro Sánchez, Aldama insiste en su versión de que la fotografía que tiene con él partió de la iniciativa del presidente de agradecerle las gestiones que, afirma, estaba haciendo en México. Y aporta como prueba una carta de su entonces jefe de gabinete, Iván Redondo. Una carta que no iba dirigida a él y en la que el entonces colaborador de Pedro Sánchez, un año y nueve meses después de la foto, despachaba una propuesta de reunión con una negativa.

“El corrupto no soy yo”

A medio camino entre el imputado y el comentarista político, en la COPE Víctor de Aldama reconoció sus “errores” pero defendio: “El corrupto no soy yo, el corrupto es el político”. Su lista de nombres de políticos asociados a cantidades de dinero, dijo el empresario, no son comisiones pagadas, sino un proyecto que nunca se cumplió. “Yo no he sobornado a nadie, soy culpable de haber pagado a un funcionario, pero había por detrás que si no pagaba no se me seguía dando, y al final soy un empresario”, defiende. Un relato que choca, en parte, con las pruebas que él mismo ha presentado al Supremo.

Su gran pecado, considera, ha sido “no haberlo denunciado”. “Hay pruebas, creo, más que suficientes, por menos de esto al señor Rajoy se le hizo una moción de censura. Por 200 y pico mil euros que, además, ni le afectaba a él, y se le echó del Gobierno”, añadió en esta entrevista con Carlos Herrera.

En unos días el Tribunal Supremo entrará de lleno en la ramificación del caso Koldo con el interrogatorio a José Luis Ábalos y, unos días después, las declaraciones de Víctor de Aldama y Koldo García. El exministro se enfrenta a acusaciones que van más allá de lo afirmado por Aldama y se cimentan en informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al igual que sucede con Koldo García, su antiguo asesor. Están por ver los movimientos del juez Puente, del Tribunal Supremo, ante todas las afirmaciones que afectan a otros miembros del Gobierno. Por el momento, en la Audiencia Nacional, el juez que sigue investigando el grueso del caso Koldo ha pedido a la Guardia Civil que compruebe cuánta verdad hubo en su confesión de cerca de dos horas que le permitió salir de prisión.

El empresario Víctor de Aldama ha enviado un escrito al Tribunal Supremo en el que desarrolla, días antes de su declaración como imputado y poco después de quedar en libertad, la relación que tenía con el exministro José Luis Ábalos y exhibe su supuesta cercanía a altos cargos de la administración. El documento, adelantado por El Español y que ha podido examinar este periódico, acusa a Ábalos de cobrar comisiones a cambio de adjudicar obra pública a determinadas empresas y al hoy ministro Ángel Víctor Torres de haber cobrado una comisión de 50.000 euros.

Su letrado ha aportado esta documentación después de que, a finales de noviembre, confesara su implicación tanto en el 'caso Koldo' como en la trama de hidrocarburos y fuera dejado en libertad con cautelares. En paralelo a estas revelaciones, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el resto del conocido como 'caso Koldo' ha pedido a la Guardia Civil que compruebe si lo que dijo en sus dos horas de confesión es cierto.

Parte de su confesión llegó hasta el Tribunal Supremo, que recientemente le ha llamado a declarar tanto a él como a José Luis Ábalos, acusado de beneficiarse de la trama que lideraba su mano derecha, Koldo García. Este miércoles ha sido la defensa de Víctor de Aldama la que, una semana antes de la comparecencia, ha aportado un escrito con afirmaciones y documentos que, según su versión, avalan sus acusaciones contra el exministro y hoy diputado.

El documento de Aldama arranca explicando varios asuntos que ya han sido analizados por la Guardia Civil en la Audiencia Nacional: su cercanía a José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García. Desde que en 2018 ayudase al entonces ministro a hacer una visita oficial a México hasta otros viajes a Venezuela, Georgia o San Petesburgo. Es en este punto en el que vuelve a recordar que se sacó una foto con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto del PSOE: “A los efectos de que éste agradeciera a don Víctor de Aldama las gestiones que estaba realizando en favor de su Gobierno”, afirma.

Buena parte del escrito se basa en los informes de la Unidad Central Operativa que ya obran en la causa, pero también defiende la existencia de “numerosos pagos en efectivo realizados a don Koldo García, para sí y para ulterior reparto con el entonces Ministro don José Luis Ábalos”. Tanto por las adjudicaciones millonarias a su empresa Soluciones de Gestión para la venta de material sanitario como, también, “por otros conceptos, algunos sin vinculación a actos administrativos concretos, y otros vinculados a la adjudicación de obra pública”.

La defensa de Aldama aporta varios documentos y hace afirmaciones relacionadas con Ábalos que, según reconoce él mismo, no llegaron a ejecutarse. Por ejemplo un contrato de 2019 para que el entonces ministro, según la versión de De Aldama, obtuviera a modo de comisión un piso valorado en casi dos millones de euros en el Paseo de la Castellana de Madrid. “El inmueble nunca fue ocupado por don José Luis Ábalos, de hecho”, reconoce. También habla de gestiones para comprar un coche modelo Mini para la entonces esposa del exministro: “Finalmente no compró este vehículo, pero se avanzaron las gestiones para su adquisición en favor de la esposa del sr. Ábalos, que finalmente adquirió un vehículo Mercedes descapotable”.

Sobre el cobro de comisiones por parte de Ábalos a cambio de adjudicaciones públicas “prefijadas” a determinadas empresas, Víctor de Aldama aporta un diagrama de estas adjudicaciones, algunas subrayadas en rosa y otras en verde con una serie de indicaciones que no sabe si pertenecen a Koldo García o al propio ministro. “Aparecen subrayados en color rosa los contratos públicos, ya pre-adjudicados a empresas previamente seleccionadas, a quienes debían ser adjudicados. Se trataría de empresas que habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias”, afirma.

El exministro Ábalos acudirá a declarar como imputado ante el juez del Supremo que ha asumido parte del caso el próximo 12 de diciembre. Cuatro días después lo hará el propio Víctor de Aldama y, posteriormente, su exasesor Koldo García. El empresario detalla las comisiones que él mismo cobró, supuestamente por intermediar en adjudicaciones. Asegura que cobró 18.000 euros mediar en una adjudicación pública. Otros 77.000 euros los cobró de la empresa adjudicataria de la obra de la sede de la Agencia Tributaria de Canarias.

Ángel Víctor Torres y Santos Cerdán

En su declaración ante la Audiencia Nacional, Víctor de Aldama afirmó haber pagado comisiones dirigidas, entre otros, al hoy ministro y entonces presidente canario Ángel Víctor Torres, al dirigente socialista Santos Cerdán y a un alto cargo de Hacienda, colaborador de la ministra María Jesús Montero. En este escrito insiste en que se le pidieron 50.000 euros para Ángel Víctor Torres además de exponer que había hecho gestiones “facilitando inmuebles para encuentros de diversa naturaleza en los que participaba junto a otras personas el sr. Torres. En particular fue recurrente el alquiler de un piso en la calle Atocha”.

El equipo del ministro Torres ha negado todas estas acusaciones y afirman que se añadirán a las acciones judiciales que han iniciado contra el empresario. Sobre Santos Cerdán, asegura que existió un “desencuentro” con la empresa Civis Global que “concluyó” con una comisión de 15.000 euros para el dirigente socialista, sin aportar tampoco más pruebas.

En cuanto a Carlos Moreno, alto cargo de Hacienda, Víctor de Aldama afirma que le pidió consejo para comprar un piso, aunque finalmente la gestión no fructificó. Tras exhibir su contacto en la agenda del móvil y su tarjeta de visita oficial, el empresario añade que posteriormente le pidió ayuda para gestionar la deuda de una de sus empresas. “Podrá comprobarse la concesión del aplazamiento y su fecha, y su cotejo con las fechas en las que se mantuvieron aquellas comunicaciones”, dice.

El resto del documento dedica sus páginas a exhibir la supuesta cercanía que afirma tener o haber tenido con determinados altos cargos cercanos al Presidente del Gobierno. Entre ellos, una carta de Iván Redondo, entonces director de gabinete de Pedro Sánchez, enviada a Cipriano García, director de uno de los principales patrocinadores del CF Zamora que pertenece a Aldama: “Lamento comunicarles que la agenda del Presidente no le va a permitir llevar a cabo la reunión que solicita”, era la respuesta enviada a García.

El juez pide verificar su confesión

En paralelo, el juez de la Audiencia Nacional que sigue investigando la parte de la causa que no afecta a Ábalos ha movido ficha en torno a su confesión de dos horas de finales de noviembre. Ha solicitado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que analice sus palabras para saber qué parte de su confesión se corresponde con la realidad. Entre otras cosas, De Aldama llegó a afirmar que había pagado miles de euros en comisiones destinadas, entre otros, al dirigente socialista Santos Cerdán, que ha anunciado acciones legales contra él.

El empresario, en libertad con cautelares desde hace más de una semana, está imputado en tres causas diferentes. Una de ellas, por la que estaba en prisión provisional, gira en torno a una trama de evasión masiva de impuestos en el sector de los hidrocarburos, con varias de sus empresas consideradas como el epicentro del entramado.

Las otras dos son las dos ramificaciones del caso Koldo, una en la Audiencia Nacional y otra en el Tribunal Supremo, en la que es considerado el 'conseguidor' de la trama: el que estaba en contacto directo y constante con Koldo García, mano derecha de Ábalos en el ministerio durante la pandemia, con 53 millones de euros en contratos públicos de compraventa de material sanitario bajo sospecha.

El PSOE ha solicitado a la Audiencia Nacional que le permita ejercer la acusación popular en las dos causas en las que está imputado Víctor de Aldama: el caso Koldo y la trama de hidrocarburos. El partido ha solicitado su personación a los dos juzgados que instruyen ambas causas pocos días después de que el empresario haya declarado y haya quedado en libertad con medidas cautelares.

Fuentes socialistas indican que el partido ha solicitado formar parte de las acusaciones populares de ambos casos ante los “graves hechos investigados” y la posibilida de que sean “delitos públicos” así como ante la “alarma social” que generan y con el objetivo de “conocer la verdadera realidad” de las tramas que se analizan.

El caso Koldo, originalmente conocido como 'operación Delorme', investiga desde hace varios meses si el antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, lideró un entramado corrupto de empresarios que se beneficiaron de contratos de compraventa de material sanitario en lo peor de la pandemia a cambio de comisiones en administraciones públicas dirigidas por el PSOE. La segunda causa, conocida como la trama de los hidrocarburos, investiga un supuesto entramado empresarial dedicado al fraude masivo de impuestos en este sector.

En ambas causas uno de los principales imputados es el empresario Víctor de Aldama, que quedó en libertad con cautelares la semana pasada después de declarar durante dos horas ante el juez del caso Koldo y conseguir que el instructor de la otra causa, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, levantara su situación de prisión provisional. Una declaración en la que el empresario apuntaló algunas sospechas de los investigadores sobre la trama, apuntando también al cobro de comisiones por parte de políticos como Santos Cerdán que el PSOE ha negado, hasta el punto de anunciar acciones penales contra Aldama.

Los dos juzgados de la Audiencia Nacional tienen ahora que decidir si aceptan al PSOE como acusación popular en ambas diligencias. El caso Koldo tiene ya una decena de acusaciones populares entre las que se encuentra, entre otros, HazteOir, Liberum o Vox.

La causa judicial que arrancó bajo el discreto nombre de 'operación Delorme' ha dado un salto hacia adelante esta semana con la declaración del empresario Víctor de Aldama. Una comparecencia con la que se ganó la libertad y la confianza de la Fiscalía al reconocer el papel de corruptor que se le atribuye, pero también imputar un trasiego de sobres con políticos no relacionados con el caso y acusaciones, de momento sin pruebas, que apuntan hasta el Presidente del Gobierno. Un caso a caballo entre dos juzgados de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y con la extrema derecha intentando desde hace meses que reviva la investigación sobre Delcy Rodríguez e incluso que se solape con la causa contra Begoña Gómez.

Víctor de Aldama fue detenido por primera vez en febrero de este año, en el marco de una operación contra la corrupción en la que su nombre apenas destacó. La 'operación Delorme', como se bautizó entonces, tenía como gran protagonista a Koldo García, sombra del exministro José Luis Ábalos, y bajo la lupa, adjudicaciones millonarias de la pandemia a empresas que suministraron material sanitario, sobre todo mascarillas. Una docena de adjudicaciones públicas por 53 millones a la empresa Soluciones de Gestión SL en cuyo ovillo societario, como tantos actores secundarios de este tipo de tramas, estaba Aldama.

Para entonces, de cara al gran público, la carta de presentación de Víctor de Aldama era haber sido dirigente del Zamora Club de Fútbol. Pero el sumario le fue otorgando un papel clave en una trama que, según investiga la Audiencia Nacional, usó sus contactos en las administraciones públicas y su cercanía a Ábalos para conseguir contrato tras contrato, comisiones y dádivas mediante y con el restaurante 'La Chalana' de Madrid como base de operaciones. Adjudicaciones en ministerios y empresas estatales pero también en comunidades autónomas como Canarias o Balears, gobernadas entonces por el PSOE.

Sepultado entre el aluvión de titulares dedicados a la vertiente más política del caso, Víctor de Aldama pasó razonablemente desapercibido y en libertad provisional hasta su segunda detención en octubre de este año. Otro juzgado de la misma Audiencia Nacional desmanteló una organización dedicada, supuestamente, a defraudar hasta 182 millones de euros en impuestos de las ganancias del lucrativo sector de los hidrocarburos. Ese día el juez envió al empresario y comisionista a prisión provisional sin fianza.

Otra vez “entramados societarios instrumentales”, describió la Fiscalía, unidos a “una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración”, pero no para conseguir contratos públicos, sino para usar empresas pantalla que compran gasolina sin pagar IVA y que, para cuando la Agencia Tributaria llama a su puerta para recaudar el tributo, ya han desaparecido del mapa. Un carrusel de defraudación de impuestos, habitual en los juzgados de la Audiencia Nacional, pero sin las implicaciones políticas que sí ofrecía el caso Koldo, que, a estas alturas es ya el caso Ábalos, el exministro de Fomento y antiguo número dos del PSOE, hoy desahuciado por su partido y representándose a sí mismo con un escaño en el Congreso.

Dos jueces de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno y Santiago Pedraz, investigando dos causas distintas con un mismo protagonista: Víctor de Aldama. Bajo la batuta de su abogado, José Antonio Choclán, pidió declarar en una causa para quedar libre en la otra. Durante dos horas dio todo tipo de datos y detalles al juez Moreno sobre su papel en el 'caso Koldo' y de forma casi simultánea pidió al juez Pedraz quedar en libertad en la causa relativa al fraude masivo de los hidrocarburos.

Anticorrupción entiende que, en la práctica, ha reconocido los delitos que se le atribuyen, ha dado detalles que pueden ayudar a esclarecer nuevos delitos y que, por tanto, ya no hay riesgo de que se fugue. El Ministerio Público entiende que sus afirmaciones más llamativas –que el Presidente del Gobierno quiso hacerse una foto con él y no al revés como afirma el propio autor de la imagen– no son relevantes pero que el grueso de su declaración le ha sido de utilidad. El juez Pedraz, sin margen para hacer otra cosa, lo dejó en libertad la tarde del jueves. Y nada más salir de la prisión, ante los micrófonos volvió a dirigirse al presidente del Gobierno, que esa mañana le había acusado de inventarse lo que tiene que ver con él: “Que no se preocupe, que tendrá pruebas”.

La declaración de Víctor de Aldama tuvo el formato de bomba de racimo habitual en los grandes casos de corrupción con vertientes políticas. Desde empresarios como David Marjaliza, a cuya confesión masiva del caso Púnica los jueces dieron credibilidad, hasta la infinita sucesión de fotografías del 'Mediador' Navarro Tacoronte, los jueces siempre tienen el trabajo de diferenciar las pruebas creíbles de los fuegos artificiales. Y las particularidades del caso han hecho que el juez Ismael Moreno haya puesto estas dos horas de declaración de Víctor de Aldama no solo en conocimiento del juzgado que lo investiga por la trama de hidrocarburos, sino también de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La imputación de Ábalos, a la espera

La ramificación más política del caso lleva varios días en manos del Tribunal Supremo y su sala segunda. A petición de la Fiscalía, el juez decidió llevar una parte de la causa hasta la sala que juzga a los aforados en España para que se investigara el papel de José Luis Ábalos en la trama que, supuestamente, lideraba su mano derecha Koldo García. El tribunal, por ahora, se ha limitado a asumir el caso sin poner en marcha ninguna diligencia. Pero ahora tiene nuevo material encima de la mesa. La confesión de Víctor de Aldama que el resto de señalados niegan entre otras cosas por una falta de pruebas que el empresario, a las puertas de la cárcel, se comprometió a subsanar.

El empresario poliimputado afirma que pagó comisiones a Koldo García (100.000 euros), a José Luis Ábalos (250.000 euros) e incluso a personas que no figuran en las diligencias del caso: Santos Cerdán, actual número dos del PSOE y el hoy ministro Ángel Víctor Torres, que han anunciado acciones legales por la falsedad de la imputación. De algunas de las cosas que contó ya sabían los jueces, como que su contacto con Koldo García fue su hermano escolta Rubén de Aldama, su gran influencia en México como agregado comercial y que fue el encargado de canalizar las comisiones que salieron del negocio millonario de la pandemia.

En la Audiencia Nacional Aldama también dedicó tiempo a matizar o limar algunas conclusiones de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Engrasar la máquina”, algo que se atribuía a regar de billetes a los trabajadores públicos que buscaban corromper, significa según el empresario “engrasar la máquina del Zamora” y conseguir el ascenso del equipo de fútbol. Y el dinero que daba de forma recurrente a un comandante de la Guardia Civil, añadió, no eran dádivas sino una forma de financiar su propia colaboración con la unidad antiterrorista del cuerpo. En su larga declaración aseguró que se le pidió dinero para un colaborador de la ministra María Jesús Montero a cambio de facilitar un trámite a una de sus empresas.

Los detalles sobre su relación con José Luis Ábalos, que el propio Ábalos ha negado de forma tajante mientras vuelve a pedir declarar una vez más, serán examinados por el juez del Supremo que instruye el caso. “El señor Ábalos tenía una serie de gastos que con su sueldo no le llegaba”, explicó Aldama para a continuación afirmar que vio con sus propios ojos cómo a veces era el entonces ministro el que recogía personalmente los paquetes de dinero. O que accedió a pagar un piso en Madrid para una mujer con la que Ábalos mantenía “una relación extramatrimonial” y que supuso más de 80.000 euros repartidos en varias anualidades.

Del viaje de Delcy Rodríguez al rescate de Air Europa

De la Audiencia Nacional, la declaración de Víctor de Aldama ha dado el salto al Tribunal Supremo, donde José Luis Ábalos se ha comprometido a desmentir las acusaciones que pesan sobre él sin haber podido declarar en casi un año de investigación. También dedicó una parte de su comparecencia a relatar su relación con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su fugaz paso por España en febrero de 2020 a pesar de tener prohibida la entrada en territorio Schengen.

Según su versión, varios ministerios españoles estaban al tanto de la visita y fue el mismo día de su llegada cuando prácticamente le piden que el avión dé la vuelta en pleno vuelo y regrese a Caracas por donde ha venido. El asunto ya fue analizado por la vía penal, tanto por un juzgado de Madrid como por el propio Tribunal Supremo, donde los jueces entendieron que no había delito de prevaricación aunque se hubiera incumplido la normativa internacional. Más recientemente, un juzgado de la capital ha rechazado la petición de Vox de reabrir el caso, aunque es previsible que la declaración de Aldama sea usada en nuevos intentos de resucitar las diligencias.

Otra parte de la declaración giró en torno al rescate de cientos de millones de euros a Air Europa, desde hace meses bajo la lupa de las acusaciones populares de extrema derecha que comparte el caso Koldo con la investigación a Begoña Gómez en el juzgado de Juan Carlos Peinado. Aldama no dio muchos detalles más allá de explicar que estuvo implicado en la negociación del rescate. Una de las obsesiones de acusaciones como Vox, HazteOir, Iustitia Europa o Liberum, que llevan meses intentando unir de alguna manera las diligencias del caso Koldo con las de Begoña Gómez, por ahora sin éxito.

Las dos horas de declaración de Víctor de Aldama están ya en manos de dos juzgados de la Audiencia Nacional y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y la porosidad de acusaciones entre estos casos y el de Begoña Gómez hacen factible que sus afirmaciones lleguen también a la mesa de Juan Carlos Peinado para intentar abrir la puerta del rescate de Air Europa cerrada hace meses por la Audiencia Provincial de Madrid.

Por el momento, la mayor parte de sus afirmaciones se basan en sus propias palabras aunque la Fiscalía Anticorrupción ha dado credibilidad a las que tienen que ver con las causas que la Audiencia Nacional instruye contra él. Tanto el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como todos los políticos socialistas señalados han desmentido sus acusaciones y han anunciado acciones legales contra él.

Vox, personado en la causa contra sus rivales políticos, ya ha dejado claro que considera esta declaración como munición con la que disparar contra la cúpula del Gobierno y ha pedido la imputación de Pedro Sánchez y otros cuatro ministros del ejecutivo. Con respecto a Santos Cerdán, que según Aldama cobró una comisión de 15.000 euros, el partido de Abascal se conforma con que acuda como testigo. El escenario judicial del caso bautizado como Delorme, Koldo y Ábalos es muy distinto al de hace una semana: el empresario Víctor de Aldama está en libertad aunque con medidas cautelares y su confesión, idónea para pelear una posible rebaja de condena en el futuro en las que es especialista su abogado, ha provocado un terremoto judicial y político que le otorga, en la práctica, todos los focos en el mayor problema judicial del Gobierno desde la moción de censura de 2018.

El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el 'cas Koldo' ha descartat citar a declarar com a investigada la presidenta del Congrés dels Diputats i exlíder del Govern balear, Francina Armengol, en recordar que no té competència per tractar-se “d'una persona aforada”.

En una interlocutòria, el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 2, Ismael Moreno, rebutja les diligències que havia sol·licitat l'associació Liberum, una organització antivacunes que va interposar sense èxit diversos recursos al Constitucional per evitar la vacunació de nens i ancians i que, actualment, exerceix l'acusació popular al 'cas Koldo'. L'entitat també va instar que sol·licités una sèrie de documentació al Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

Liberum havia demanat cridar a seu judicial Armengol per la seva tasca com a expresidenta balear en els pitjors mesos de la pandèmia. En concret, la Unitat Central Operativa posa el focus en el contracte de la comunitat autònoma per al subministrament d'1,5 milions de mascaretes amb Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL -l'empresa clau del cas- per valor de 3,7 milions d'euros.

Fins ara, Armengol ha defensat contundent en diverses compareixences a la Cambra baixa la seva pròpia honorabilitat i així com la de l'Executiu autonòmic que presidia a les illes, assenyalant directament a la nova administració del PP per no acabar d'emplenar la reclamació dels diners que es van pagar de més (2,6 milions d'euros) per aquella contractació: “El PP ha trencat totes les línies vermelles. No deixaré que taquin el meu nom ni la gestió del meu govern amb l'ombra de la corrupció. És sorprenent que qui em demana la dimissió és qui surt al sumari”, subratllava el mes de març passat: “El meu Govern seria, en qualsevol cas, víctima col·laborador o còmplice”.

El maig, a més, el titular del Jutjat d'Instrucció número 7 de Palma va obrir diligències arran de la denúncia interposada pel PSIB-PSOE contra el Govern balear del PP per deixar caducar la reclamació dels 2,6 milions d'euros. A la seva interlocutòria d'incoació, a què va tenir accés elDiario.es, el jutge assenyalava que els fets fan presumir la possible existència de delictes de prevaricació administrativa, malversació de cabals públics i tràfic d'influències. El cas es troba ara en mans de la Fiscalia Europa, a favor de la qual el jutge va decidir inhibir-se.

D'altra banda, el magistrat Ismael Moreno també ha rebutjat citar a declarar l'exconsellera balear de Salut Patricia Gómez. El magistrat assenyala, respecte a aquesta diligència, que “no es disposa d'un mínim suport probatori” que permeti justificar-ne la imputació com a partícip dels fets objecte d'investigació, sense perjudici del que resulti en l'esdevenir de la instrucció.

En concret, en el marc d'aquest procediment judicial es troben sota la lupa vuit contractes adjudicats per diferents ens de l'Administració pública amb un import global de 51.998.434 euros.

El jutge investiga Koldo García -qui fos assessor de l'exministre José Luis Ábalos- i altres persones per la presumpta trama que hauria pagat comissions per aconseguir adjudicacions per a la venda de màscares a la pandèmia. La Fiscalia Anticorrupció els atribueix presumptes delictes d?organització criminal, blanqueig de capitals, suborn, delictes contra la Hisenda Pública i tràfic d?influències.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' ha descartado citar a declarar como investigada a la presidenta del Congreso de los Diputados y exlíder del Govern balear, Francina Armengol, al recordar que carece de competencia para ello por tratarse “de una persona aforada”.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, rechaza las diligencias que había solicitado la asociación Liberum, una organización antivacunas que interpuso sin éxito varios recursos en el Constitucional para evitar la vacunación de niños y ancianos y que, en la actualidad, ejerce la acusación popular en el 'caso Koldo'. La entidad también instó a que solicitase una serie de documentación al Servei de Salut de las Illes Balears (IB-Salut).

Liberum había pedido llamar a sede judicial a Armengol por su labor como expresidenta balear en los peores meses de la pandemia. En concreto, la Unidad Central Operativa pone el foco en el contrato de la comunidad autónoma para el suministro de 1,5 millones de mascarillas con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL -la empresa clave del caso- por valor de 3,7 millones de euros.

Hasta el momento, Armengol ha defendido tajante en varias comparecencias en la Cámara baja su propia honorabilidad y así como la del Ejecutivo autonómico que presidía en las islas, señalando directamente a la nueva administración del PP por no terminar de cumplimentar la reclamación del dinero que se pagó de más (2,6 millones de euros) por aquella contratación: “El PP ha roto todas las líneas rojas. No dejaré que mancillen mi nombre ni la gestión de mi gobierno con la sombra de la corrupción. Es sorprendente que quien me pide la dimisión es quien sale en el sumario”, subrayaba el pasado mes de marzo: “Mi Gobierno sería, en cualquier caso, víctima. Jamás colaborador o cómplice”.

En mayo, además, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma abrió diligencias a raíz de la denuncia interpuesta por el PSIB-PSOE contra el Govern balear del PP por dejar caducar la reclamación de los 2,6 millones de euros. En su auto de incoación, al que tuvo acceso elDiario.es, el juez señalaba que los hechos hacen presumir la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. El caso se encuentra ahora en manos de la Fiscalía Europa, a favor de la cual el juez decidió inhibirse.

Por otro lado, el magistrado Ismael Moreno también ha rechazado citar a declarar a la exconsellera balear de Salud Patricia Gómez. El magistrado señala, respecto a esta diligencia, que “no se dispone de un mínimo soporte probatorio” que permita justificar su imputación como partícipe de los hechos objeto de investigación, sin perjuicio de lo que resulte en el devenir de la instrucción.

En concreto, en el marco de este procedimiento judicial se encuentran bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.

El juez investiga a Koldo García -quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos- y a otras personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

El juez que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al exministro de Transportes y actual diputado del Congreso José Luis Ábalos ante los “indicios fundados y serios” de su “papel principal” en una organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia. En una exposición razonada, el magistrado atribuye a Ábalos una “imputación clara y concreta” a través de una serie de indicios que evidencian su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

En su resolución, el juez atribuye a Ábalos un delito de pertenencia a organización criminal porque ocupaba un “papel principal” en el entramado creado por el empresario Víctor de Aldama para conseguir negocios con las administraciones públicas. Respecto al delito de tráfico de influencias, el magistrado concluye que estaría acreditada su “intervención” tanto para la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a la empresa de la trama —Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa—, como para que dos empresas públicas —INECO y TRAGSATEC— contrataran a la que entonces era su pareja.

Por último, el instructor atribuye al exministro el delito de cohecho vinculado al chalé en localidad gaditana de La Alcaidesa que la trama puso a su disposición “como pago de su mediación en la adjudicación de los contratos de suministro del material sanitario”. Otro indicio que acreditaría el cohecho, según el juez, es el pago del alquiler del piso en el que residió su pareja en el centro de Madrid, desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021, por un importe de 88.101,43 euros y que abonó Aldama a través de personas y sociedades que estaban bajo su control.

El magistrado recuerda que el inicio de esta causa se centró en la investigación del negocio de las mascarillas y que permitió poner al descubierto la relación privilegiada de Aldama en el entonces Ministerio de Fomento con Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos.  Así, recoge que Aldama pagó de manera recurrente y periódica a Koldo la cantidad de 10.000 euros al mes hasta septiembre de 2022, más de un año después de la salida de ambos de Transportes, en julio de 2021.

Esos pagos “ordinarios”, según el juez, se acompañarían de otros “extraordinarios” de los que Ábalos sería el beneficiario. Los más evidentes: la compra del chalet de Cádiz y el alquiler del piso en el que vivía su pareja. Estas contraprestaciones, según el magistrado, tendrían como objetivo “mantener el acceso” tanto a Koldo como a Ábalos. Una “acción corruptora” que le permitía “asegurarse la consecución de un lucro económico”, según recoge el escrito enviado al Supremo.

En su relato de hechos, el magistrado afirma que a lo largo de estos meses de investigación se ha podido acreditar la “vinculación” de Ábalos con los contratos de material sanitario adjudicados a Soluciones de Gestión. Esa empresa pasó de facturar poco más de 100.000 euros en 2018 y nada en 2019 a ingresar más de 50 millones de euros en 2020 al calor de una docena de contratos de emergencia, adjudicados sin publicidad, por diferentes organismos públicos. Entre ellos, dos entes públicos del perímetro del Ministerio de Transportes: Puertos del Estado y Adif.

Según el juez, Aldama era conocedor “de manera anticipada” de la necesidad de realizar esas contrataciones y fue él quien seleccionó a Soluciones de Gestión junto a “algún alto cargo” del Ministerio de Transportes y con la “permanente participación” de Koldo García.

El juez recoge que la propia auditoría que encargó Óscar Puente, actual titular de Transportes, apunta a “que el propio Ábalos y/o su Gabinete podría haber sido quien contactara con Soluciones, negociara con estos y modificara el objeto de la emergencia para que finalmente coincidiera con lo ofertado por la empresa”. Son unas consideraciones que “coinciden” con el informe de la UCO de la Guardia Civil que estrechó el cerco sobre el exministro.

El rescate de Air Europa

Por otro lado, el juez también alude al “papel” de Ábalos en el rescate de Air Europa durante la pandemia. La aerolínea recibió cientos de millones de euros en préstamos del Gobierno para evitar la quiebra en un momento en el que el confinamiento frenó en seco el transporte aéreo mundial. Según la exposición razonada, de las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos se deduce que Aldama, que entonces era consejero de la aerolínea, “se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión final” de ese rescate.

Moreno menciona los encuentros mantenidos en esas fechas entre altos cargos del Gobierno con Aldama y Javier Hidalgo, hijo del fundador de Globalia y ex consejero delegado de la compañía. Y apunta que “tras” los encuentros entre Ábalos y la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño; y otras reuniones mantenidas entre Ábalos, Aldama e Hidalgo “la situación habría fructificado en favor” de Air Europa.

No obstante, el magistrado afirma también que “asume en su integridad” el informe de la Fiscalía Anticorrupción que se posicionó a favor de que el Supremo investigara a Ábalos. Ese informe recoge que, sin perjuicio de los “nuevos datos” que puedan aparecer, del cruce de mensajes entre Aldama, Koldo y Ábalos “no se evidencia una participación crucial o determinante” del entonces ministro en el rescate.

El Tribunal Supremo ha determinado que será la Audiencia Nacional y no la Fiscalía Europa quien lleve las riendas de la investigación del 'caso Koldo'. La Sala de lo Penal ha resuelto el conflicto de competencia entre ambos organismos y cree que debe ser el juez Ismael Moreno quien siga instruyendo el caso, aunque la Fiscalía Europea pueda seguir indagando en torno a si varios contratos de la trama en Balears y Canarias atentaron contra los intereses financieros de la Unión.

La 'operación Delorme' investiga si Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en su etapa como ministro de Transportes, y varios empresarios como Víctor Aldama consiguieron que contratos públicos millonarios para comprar mascarillas y material sanitario durante el primer año de pandemia fueran adjudicados a personas ligadas a la trama de forma ilegal. Contratos salidos de la administración central pero también de gobiernos autonómicos como el de Balears y Canarias.

En los últimos meses, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y la Fiscalía Europea han protagonizado un conflicto para decidir quién debe centralizar la instrucción del caso. La respuesta del Tribunal Supremo es que debe seguir en Madrid al estar investigándose “la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario”, con la intervención de empresarios y “cargos públicos” para, finalmente, “ocultar las ganancias”.

La Fiscalía Europea, dice el Supremo, nació para “proteger los intereses de la Unión Europea” y los delitos solo serán de su competencia “si existe ese perjuicio a los intereses financieros de la Unión y si su mejor y más eficaz persecución exige que aquella asuma su investigación y persecución”. En el caso Koldo, añade, no se da “ninguna de esas condiciones”.

No hay delitos, dice el Supremo, “intrínsecamente ligados al fraude de los intereses financieros de la Unión”. Más bien, añade, las diligencias “parecen estar dirigidas a investigar la posible existencia de una trama de corrupción a nivel nacional”. No niega que una parte pequeña del contrato adjudicado a la trama desde ADIF fue sufragado con fondos de la Unión pero entiende que el caso debe seguir investigándose en la Audiencia Nacional.

Parte de la causa gira en torno a contratos públicos que la trama consiguió en Balears y Canarias para traer material sanitario en lo peor de las primeras olas de la pandemia. La competencia sigue siendo del juzgado de Ismael Moreno, pero abre la mano el Supremo a que la Fiscalía Europea mantenga su competencia “en lo relativo exclusivamente a la determinación de la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea”.

En el caso de Balears, la Justicia no solo investiga la adjudicación sino si también existió algún tipo de trato de favor a la trama, a través de Koldo García, para que una posible reclamación millonaria por el material defectuoso no pudiese culminar y caducara por el camino. Unos contratos que adjudicó el ejecutivo de Francina Armengol pero cuya caducidad llegó ya con el PP y Marga Prohens en el poder.

La comissió d'investigació del Parlament balear al voltant de la compra de mascaretes a l'empresa Soluciones de Gestión ha arribat a la fi aquest divendres entre les llàgrimes de la líder de Vox Patricia de las Heras i l'abandonament de la sala per part dels representants del PSIB-PSOE. “Ens anirem ara. Som demòcrates i farem les coses com les hem de fer”, ha expressat el portaveu parlamentari socialista, Iago Negueruela, després d'acusar de “covard” els populars: “El PP té un problema perquè no accepta la democràcia i mentre vagi amb la ultradreta tot el temps de la mà, no respectarà les regles del joc”, ha asseverat.

“S'han acostumat a destruir les persones i l'adversari. Nosaltres som gent decent i volem aportar el millor de nosaltres per millorar la societat. Amb la ultradreta només es retrocedeix en qualitat democràtica. Van ser ells els que ens van portar les pitjors dècades del nostre país. Farem la campanya electoral al carrer i no aquí”, ha incidit el portaveu socialista.

Abans de retirar-se de la sala, ha retret als conservadors que provoquin que “el país sigui cada vegada pitjor, a base de bulos i notícies fake”. “No permetrem que la gent decent s'acovardeixi davant vostre”, ha repetit el socialista, acusant també el PP “d'amagar” notícies “per destruir el seu adversari”. Sobre això, ha assenyalat que per al PSIB “el PP era un rival amb què anar a les urnes, no un enemic a destruir”.

Sobre les conclusions de la comissió, Negueruela ha defensat que “la veritat és clara”: que “la forma del contracte era correcta” i la reclamació “es va fer en temps en forma”, en referència a la compra de 1,5 milions de mascaretes durant la passada legislatura per 3,7 milions d'euros i la reclamació de 2,6 milions d'euros de sobrecost que va suposar l'adquisició.

“Les nostres conclusions són clares. No han aconseguit desvirtuar res i queda clar que fan 'bulos' tota l'estona”, ha recriminat al PP, a més de criticar que Vox “té les conclusions escrites des del primer dia”. Després de la seva exposició, de 15 minuts, Negueruela i els diputats socialistes Mercedes Garrido, Ares Fernández, Pilar Costa i Carles Bona han abandonat la sala.

Després de la intervenció d'altres membres de la comissió, De las Heras ha plorat davant les paraules llançades per Negueruela: “Ens ha anomenat covards qui acaba de demanar la violència contra nosaltres. Covard a mi, que m'han amenaçat de mort, demanant en xarxes socials que torni ETA per a posar una bomba”, ha manifestat, amb la veu entretallada, la diputada de Vox, qui ha assegurat que estant embarassada ha hagut de ser custodiada per la Policia.

De las Heras ha culpat al PSOE d'aquestes amenaces pels seus pactes polítics que “blanquegen als terroristes”. “Fins fa poc el que es combatia era el terrorisme i avui demanen el seu retorn per a amenaçar-nos a nosaltres amb l'emblanquiment que fa el PSOE”, ha continuat. Davant aquest escenari, el portaveu del PP en la comissió, José Luis Mateo, ha dit al portaveu socialista que és “un covard”. “És incapaç d'escoltar les conclusions, és un espectacle vergonyós”, ha afirmat el 'popular'.

Finament, la comissió ha aprovat, amb nou vots a favor i un en contra, el document conjunt de conclusions definitives de PP i Vox, que inclou dues aportacions dels ecosoberanistes de Més per Mallorca. Les dues propostes recullen que es va ocultar l'informe sobre la qualificació de les mascaretes i que no es va informar de la personació de la UCO a la seu del Servei de Salut balear (IB-Salut).

Per la seva banda, l'escrit dels socialistes ha estat rebutjat amb deu vots en contra; el de Més per Mallorca ha rebut nou vots en contra i un a favor; i el de Més per Menorca no s'ha votat perquè no s'han presentat a defensar les conclusions. Finalment, el portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha avançat el seu vot en contra de les conclusions conjuntes de PP i Vox, i ha reiterat que la finalització de la comissió ha estat “precipitada” i “priva de poder arribar a conclusions” més consistents“.

Igualment, ha lamentat “l'ús partidista dels torns de paraula”, concloent, amb tot, que “els responsables polítics d'aquest Govern i l'anterior no han estat conscients, en cap cas, que amb les seves actuacions podrien estar potenciant una trama de presumpta corrupció”.

La presidenta del Congrés dels Diputats i exlíder socialista del Govern balear, Francina Armengol, ha insistit a defensar la legitimitat de l'adquisició d'1,5 milions de mascaretes per part de l'Executiu autonòmic, per 3,7 milions d'euros, a la mercantil instrumental implicada en el 'cas Koldo', Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. “La compra es va fer amb un contracte d'emergència avalat per decret llei, amb dos informes d'intervenció que diu que està ben feta i amb un informe de l'Oficina Anticorrupció que també diu que està ben feta”, ha recalcat Armengol, que ha recriminat que “han fet una condemna prèvia d'una cosa que no és veritat”.

Així ho ha posat de manifest aquest divendres durant la seva compareixença, la tercera que efectua sobre aquest assumpte, en el marc de la comissió d'investigació que es duu a terme al Senat sobre les diferents ramificacions del 'cas Koldo'. En la seva intervenció, la presidenta de la Cambra baixa ha insistit diverses vegades que “s'han descontextualitzat fets” i “creat bulos” per incriminar-la, mostrant-se “completament segura” que no hi va haver “corrupció” en l'adquisició de les mascaretes.

“Jo no estic ficada en cap cas de corrupció, ni ningú del meu govern ho està. Ningú del meu govern ha estat cridat mai per cap cas de corrupció”, ha incidit Armengol, asseverant que el que sí que està investigant l'Audiència Nacional és “si la suposada trama va influir a l'actual Govern [presidit per la popular Marga Prohens] per deixar caducar l'expedient [de reclamació del sobrecost de 2,6 milions d'euros abonat per les mascaretes] i a aquests no els han cridat a declarar”, com ha recalcat a preguntes del senador de Vox Ángel Gordillo, que ha estat reconvingut diverses vegades per “molestar”.

L'expresidenta balear ha apel·lat a la necessitat de “posar-se a l'abril 2020, amb una pandèmia terrible”, moment en el qual es va signar el contracte per a l'adquisició de les mascaretes amb l'objectiu de “protegir en un moment molt complicat. Es van tallar els subministraments dels operadors habituals i vam haver de comprar a la Xina. No podíem deixar desemparada a la població”, ha abundat, recordant que entre març i setembre d'aquell any l'Executiu balear va adquirir, per 38 milions euros, fins a 430 tones de material sanitari.

“Em criden per ser presidenta del Congrés”

Davant les arremeses del senador d'extrema dreta, Armengol ha assenyalat: “Sé que em criden per ser presidenta del Congrés, no per saber res de la contractació de mascaretes. Això no els interessa en absolut. Des que vaig assumir el càrrec, em veig amb aquesta actitud constant per part de Vox i del PP. Però jo estic orgullosa del càrrec i de la gent que represento”.

La compareixent, preguntada per la senadora d'UPN, María del Mar Caballero, ha defensat que les mascaretes adquirides amb l'empresa vinculada a la trama Koldo es van comprar per a “ús civil per a la desescalada”. “Som una Comunitat turística i es necessitava un estoc més ampli que en altres CCAA”, ha explicat, apel·lant a la “rigorositat” de la gestió del seu equip, que va fer analitzar les mascaretes a l'Institut Nacional de Seguretat en el Treball. En aquell moment, ha manifestat, les anàlisis van determinar que el material no filtrava com una FFP2, “però això no vol dir que sigui una màscara 'fake' ni que no serveixi”. “És una màscara que serveix més que una quirúrgica i per això la fem servir com a estoc de seguretat”, ha afegit.

A partir d'aquí, segons ha explicat, l'equip de Salut decideix, “amb criteri tècnic”, que es podria reclamar el preu a l'empresa, tot i que ha insistit que les mascaretes es van guardar com a estoc atès que es podien utilitzar.

Així mateix, ha negat que el certificat que va realitzar l'administració balear a l'empresa vinculada a la trama Koldo per la compra de mascaretes servís com a aval perquè altres organismes com Ports de l'Estat o ADIF contractessin amb Soluciones de Gestión. Armengol ha incidit que el certificat es va realitzar el mes d'agost de l'any 2020, mentre que els contractes d'aquesta empresa amb Ports de l'Estat, ADIF, Interior i les Canàries es van celebrar amb anterioritat a aquest mes.

L'expresidenta balear ha qualificat com a “lògic” realitzar aquest tipus de certificats quan una empresa ho demana. Tot i això, ha aclarit que això “només vol dir que s'han rebut el nombre de mascaretes, o sigui, la quantitat, l'embalum i el temps”. “No diu res més de si la mascareta està bé o no. Aquest no és l'objectiu d'aquest certificat, que és un certificat tècnic que es té a totes les administracions públiques. És absolutament fals que això serveixi d'aval per a les altres compres perquè aquest certificat es fa a l'agost i les compres de Ports de l'Estat, d'Adif, del Ministeri de l'Interior, de les Canàries són anteriors a l'agost”, ha sostingut Armengol, que ha subratllat que “Ferrovial no necessita cap aval de ningú, perquè és una empresa que té tots els avals del món”.

Cal recordar que el PP va fer valer la majoria absoluta al Senat per accelerar la compareixença d'Armengol, en plena campanya de les eleccions europees del proper 9 de juny, en considerar que “va mentir” a la comissió anàloga del Congrés que investiga els contractes de material sanitari durant la pandèmia. Durant la seva intervenció a la Cambra baixa, el 13 de maig passat, va admetre que coneixia Koldo García com a assessor del llavors ministre de Transports, José Luis Ábalos, però va assegurar no recordar totes les comunicacions de fa quatre anys i va negar “amb total seguretat i rotunditat” que parlés amb ell de la contractació de cap empresa.

La comisión de investigación del Parlament balear en torno a la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión ha tocado a su fin este viernes entre las lágrimas de la líder de Vox Patricia de las Heras y el abandono de la sala por parte de los representantes del PSIB-PSOE. “Nos iremos ahora. Somos demócratas y haremos las cosas como las tenemos que hacer”, ha expresado el portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, después de acusar de “cobarde” a los populares: “El PP tiene un problema porque no acepta la democracia y mientras vaya con la ultraderecha todo el tiempo de la mano, no respetará las reglas del juego”, ha aseverado.

“Se han acostumbrado a destruir a las personas y al adversario. Nosotros somos gente decente y queremos aportar lo mejor de nosotros para mejorar la sociedad. Con la ultraderecha sólo se retrocede en calidad democrática. Fueron ellos los que nos trajeron las peores décadas de nuestro país. Haremos la campaña electoral en la calle y no aquí de forma torticera”, ha incidido el portavoz socialista.

Antes de retirarse de la sala, ha reprochado a los conservadores que provoquen que “el país sea cada vez peor, a base de bulos y noticias fake”. “No permitiremos que la gente decente se amedrante ante ustedes”, ha repetido el socialista, acusando también al PP de “ocultar” noticias “para destruir a su adversario”. Al respecto, ha señalado que para el PSIB “el PP era un rival con el que ir a las urnas, no un enemigo a destruir”.

Sobre las conclusiones de la comisión, Negueruela ha defendido que “la verdad es clara”: que “la forma del contrato era correcta” y la reclamación “se hizo en tiempo y forma”, en referencia a la compra de 1,5 millones de mascarillas durante la pasada legislatura por 3,7 millones de euros y la reclamación de 2,6 millones de euros de sobrecoste que supuso la adquisición.

“Nuestras conclusiones son claras. No han conseguido desvirtuar nada y queda claro que hacen bulos todo el rato”, ha recriminado al PP, además de criticar que Vox “tiene las conclusiones escritas desde el primer día”. Tras su exposición, de 15 minutos, Negueruela y los diputados socialistas Mercedes Garrido, Ares Fernández, Pilar Costa y Carles Bona han abandonado la sala.

Tras la intervención de otros miembros de la comisión, De las Heras ha roto a llorar ante las palabras lanzadas por Negueruela: “Nos ha llamado cobardes quien acaba de pedir la violencia contra nosotros. Cobarde a mí, que me han amenazado de muerte, pidiendo en redes sociales que vuelva ETA para poner una bomba”, ha manifestado, con la voz entrecortada, la diputada de Vox, quien ha asegurado que estando embarazada ha tenido que ser custodiada por la Policía.

De las Heras ha culpado al PSOE de estas amenazas por sus pactos políticos que “blanquean a los terroristas”. “Hasta hace poco lo que se combatía era el terrorismo y hoy piden su regreso para amenazarnos a nosotros con el blanqueamiento que hace el PSOE”, ha continuado. Ante este escenario, el portavoz del PP en la comisión, José Luis Mateo, ha afeado al portavoz socialista que es “un cobarde”. “Es incapaz de escuchar las conclusiones, es un espectáculo bochornoso”, ha afirmado el 'popular'.

Finamente, la comisión ha aprobado, con nueve votos a favor y uno en contra, el documento conjunto de conclusiones definitivas de PP y Vox, que incluye dos aportaciones de los ecosoberanistas de Més per Mallorca. Las dos propuestas recogen que se ocultó el informe sobre la cualificación de las mascarillas y que no se informó de la personación de la UCO en la sede del Servicio de Salud balear (IB-Salut).

Por su parte, el escrito de los socialistas ha sido rechazado con diez votos en contra; el de Més per Mallorca ha recibido nueve votos en contra y uno a favor, y el de Més per Menorca no se ha votado porque no se han presentado a defender las conclusiones. Por último, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha adelantado su voto en contra a las conclusiones conjuntas de PP y Vox, y ha reiterado que la finalización de la comisión ha sido “precipitada” y “priva de poder llegar a conclusiones más consistentes”.

Igualmente, ha lamentado el “uso partidista de los turnos de palabra”, concluyendo, con todo, que “los responsables políticos de este Govern y el anterior no han sido conscientes, en ningún caso, de que con sus actuaciones podrían estar potenciando una trama de presunta corrupción”.

La presidenta del Congreso de los Diputados y exlíder socialista del Govern balear, Francina Armengol, ha insistido en defender la legitimidad de la adquisición de 1,5 millones de mascarillas por parte del Ejecutivo autonómico, por 3,7 millones de euros, a la mercantil instrumental implicada en el 'caso Koldo', Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. “La compra se llevó a cabo con un contrato de emergencia avalado por decreto ley, con dos informes de intervención que dice que está bien hecha y con un informe de la Oficina Anticorrupción que también dice que está bien hecha”, ha recalcado Armengol, quien ha recriminado que “han hecho una condena previa de algo que no es verdad”.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes durante su comparecencia, la tercera que efectúa sobre este asunto, en el marco de la comisión de investigación que se lleva a cabo en el Senado sobre las distintas ramificaciones del 'caso Koldo'. En su intervención, la presidenta de la Cámara baja ha insistido en varias ocasiones en que “se han descontextualizado hechos” y “creado bulos” para incriminarla, mostrándose “completamente segura” de que no hubo “corrupción” en la adquisición de los cubrebocas.

“Yo no estoy metida en ningún caso de corrupción, ni nadie de mi gobierno lo está. Nadie de mi gobierno ha sido llamado nunca por ningún caso de corrupción”, ha incidido Armengol, aseverando que lo que sí está investigando la Audiencia Nacional es “si la supuesta trama influyó en el actual Govern [presidido por la popular Marga Prohens] para dejar caducar el expediente [del reclamación del sobrecoste de 2,6 millones de euros abonado por las mascarillas] y a esos no los han llamado a declarar”, como ha recalcado a preguntas del senador de Vox Ángel Gordillo, quien ha sido reconvenido varias veces por “incordiar”.

La expresidenta balear ha apelado a la necesidad de “ponerse en abril 2020, con una pandemia terrible”, momento en el que se firmó el contrato para la adquisición de las mascarillas con el objetivo de “proteger en un momento muy complicado. Se cortaron los suministros de los operadores habituales y tuvimos que comprar a China. No podíamos dejar desamparada a la población”, ha abundado, recordando que entre marzo y septiembre de aquel año el Ejecutivo balear adquirió, por 38 millones euros, hasta 430 toneladas de material sanitario.

“Me llaman por ser presidenta del Congreso”

Ante las arremetidas del senador de extrema derecha, Armengol ha señalado: “Sé que me llaman por ser presidenta del Congreso, no para saber nada de la contratación de mascarillas. Esto no les interesa en absoluto. Desde que asumí el cargo, me veo con esta actitud constante por parte de Vox y del PP. Pero yo estoy orgullosa del cargo y de la gente que represento”.

La compareciente, preguntada por la senadora de UPN, María del Mar Caballero, ha defendido que las mascarillas adquiridas con la empresa vinculada a la trama Koldo se compraron para “uso civil para la desescalada”. “Somos una Comunidad turística y se necesitaba un stock más amplio que en otras CCAA”, ha explicado, apelando a la “rigurosidad” de la gestión de su equipo, que mandó a analizar los cubrebocas al Institucio Nacional de Seguridad en el Trabajo. En ese momento, ha manifestado, los análisis determinaron que el material no filtraba como una FFP2, “pero eso no quiere decir que sea una mascarilla 'fake' ni que no sirva”. “Es una mascarilla que sirve más que una quirúrgica y por eso la empleamos como stock de seguridad”, ha añadido.

A partir de ahí, según ha explicado, el equipo de Salud decide, “con criterio técnico”, que se podría reclamar el precio a la empresa, aunque ha insistido en que las mascarillas se guardaron como stock dado que se podían utilizar.

Asimismo, ha negado que el certificado que realizó la administración balear a la empresa vinculada a la trama Koldo por la compra de mascarillas sirviera como aval para que otros organismos como Puertos del Estado o ADIF contrataran con Soluciones de Gestión. Armengol ha incidido en que el certificado se realizó en el mes de agosto del año 2020, mientras que los contratos de esta empresa con Puertos del Estado, ADIF, Interior y Canarias se celebraron con anterioridad a ese mes.

La expresidenta balear ha calificado como “lógico” realizar este tipo de certificados cuando una empresa lo pide. Sin embargo, ha aclarado que esto “solo quiere decir que se han recibido el número de mascarillas, o sea, la cantidad, el bulto y el tiempo”. “No dice nada más de si la mascarilla está bien o no. Ese no es el objetivo de este certificado, que es un certificado técnico que se tiene en todas las administraciones públicas. Es absolutamente falso que eso sirva de aval para las otras compras porque este certificado se hace en agosto y las compras de Puertos del Estado, de Adif, del Ministerio del Interior, de Canarias son anteriores a agosto”, ha sostenido Armengol, quien ha subrayado que “Ferrovial no necesita ningún aval de nadie, porque es una empresa que tiene todos los avales del mundo”.

Cabe recordar que el PP hizo valer su mayoría absoluta en el Senado para acelerar la comparecencia de Armengol, en plena campaña de las elecciones europeas del próximo 9 de junio, al considerar que “mintió” en la comisión análoga del Congreso que investiga los contratos de material sanitario durante la pandemia. Durante su intervención en la Cámara baja, el pasado 13 de mayo, admitió que conocía a Koldo García como asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, pero aseguró no recordar todas sus comunicaciones de hace cuatro años y negó “con total seguridad y rotundidad” que hablara con él de la contratación de ninguna empresa.