Armengol niega presiones para contratar con la trama del 'caso Koldo' y señala al PP: “Mi gobierno fue víctima, no cómplice”

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, no aclara qué persona del ministerio de Transportes contactó con el Gobierno de las Islas Baleares que ella dirigía para la venta de mascarillas en el contrato que ahora se investiga. Tampoco por qué su administración tardó tres años en abrir el expediente de reclamación. En una comparecencia ante la prensa, Armengol ha hecho una defensa encendida de su propia honorabilidad y del Ejecutivo autonómico que ella presidía en las islas, y ha señalado directamente a la nueva administración del PP por no terminar de cumplimentar la reclamación del dinero.

“La responsabilidad está en manos del actual gobierno del PP, que tiene que explicar qué ha pasado con el expediente. Y en el sumario quien aparece es quien aparece. Ni yo ni nadie de mi gobierno aparece en el sumario ni está siendo investigado. Le pido al PP responsabilidad y que esté a la altura de las circunstancias”, ha exigido la presidenta del Congreso durante su comparecencia. 

Sobre las principales dudas que existen en torno a la adjudicación por parte del Gobierno de Baleares de un contrato de compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL, en el centro de la presunta trama que se investiga ahora en el denominado 'caso Koldo', Armengol no ha aportado novedades. Cuestionada por la persona de contacto con el Ministerio de Transportes en el que trabajaba Koldo García, asesor de José Luis Ábalos y presunto cabecilla, la presidenta se ha limitado a decir que ni ella dio instrucciones ni tampoco las recibió.

“Nos llegaban nombres de empresas de diferentes sitios. Se enviaban todos los nombres al Servicio de Salud, que se ponía en contacto con las empresas. Ni a mi ni a mi gobierno nadie nos presionó ni nos dio ninguna orden de que contratáramos con esa empresa, ni tampoco luego para que no reclamáramos el dinero. Jamás he dado ninguna instrucción a nadie para que contraten a una empresa o a otra. Porque yo no soy de esas”, ha dicho. 

Tampoco ha aclarado otra de las grandes incógnitas del caso, que es el tiempo que pasó desde que el contrato se materializó en abril de 2020 con el envío de un material de inferior calidad al comprometido hasta que su administración inició la reclamación de devolución del importe en marzo de 2023 y la formalizó en julio de 2023, a las puertas ya de la entrada del nuevo gobierno popular de Marga Prohens. “La administración es más lenta de lo que yo quisiera, infinitamente”, ha apuntado para volver a defender que todo en su Gobierno se hizo conforme a la ley.

“Esa reclamación se hace antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, se hace en tiempo y forma. La administración tiene sus tiempos. Es válido hacerlo al principio del plazo o al final. Se formaliza la reclamación en julio. Esa es la realidad, eso es lo que hizo mi gobierno”, ha sostenido. 

Armengol, que ha comparecido justo antes de la reunión de la Mesa del Congreso, ha descartado dimitir tal y como le exige la oposición, a la que ha criticado duramente. “El PP ha roto todas las líneas rojas. No dejaré que mancillen mi nombre ni la gestión de mi gobierno con la sombra de la corrupción. Es sorprendente que quien me pide la dimisión es quien sale en el sumario”, ha expresado antes de concluir: “Mi Gobierno sería, en cualquier caso, víctima. Jamás colaborador o cómplice”.

El contrato con la trama Koldo

El Ib-Salut (el Servicio de Salud balear) firmó un contrato con Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas SL en 2020 para que llegaran al archipiélago 1.480.600 mascarillas FFP2 o, en su defecto, KN-95. Fue la propia empresa de la trama Koldo la que se puso en contacto con el Ib-Salut y la que ofreció sus servicios a través de un correo electrónico. Después de lo ocurrido, nunca volvieron a contratarla.

Cuando el Servicio de Salud recibió las mascarillas en abril del 2020, observó que una parte de ellas no se correspondía con el tipo de material contratado (FFP2). Por ello, el Govern, por voluntad propia, pidió un análisis al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) en mayo, y éste confirmó en junio que ningún ejemplar de la muestra era una mascarilla FFP2.

No fue hasta tres años más tarde, en marzo de 2023, cuando el Govern -todavía bajo la presidencia de Armengol- inició los trámites para reclamar a la empresa el sobrecoste de las mascarillas. Además, en julio de 2023 se formaliza la reclamación -en ese documento del IB-Salut ya se pone cifra al sobrecoste: 2,6 millones de euros-. En cualquier caso, no se inició el expediente durante la legislatura de Marga Prohens (PP).

Los actuales responsables del Ib-Salut, ya durante el Govern del PP, defienden que la devolución del sobrecoste está en el aire porque el propio organismo, durante el Ejecutivo del PSOE, firmó un certificado de conformidad con el pedido, a pesar de que ya sabía que las mascarillas no eran FFP2. Los socialistas defienden que ese es un trámite burocrático que hacían a todas las empresas que se lo pedían.

Otro de los aspectos claves es si el expediente que inició el Govern socialista en marzo de 2023 ya ha caducado. El actual Ejecutivo autonómico del PP lo niega y afirma que estará vigente hasta abril de 2024 porque fueron ellos quienes iniciaron la reclamación -alegan que fue el 24 de agosto cuando el Servicio Balear de Salud firmó el expediente-. Sin embargo, el juez calcula en su auto que el expediente ya ha caducado y que lo ha hecho, de hecho, durante el Govern de Marga Prohens. Además, una sentencia del Tribunal Supremo apunta a dicha caducidad.

De hecho, el sumario del caso apunta que la trama Koldo recurrió al PP para no pagar los 2,6 millones de euros que le reclamaba el Govern balear. El juez cree que sus maniobras habrían “surtido efecto” porque el Ejecutivo autonómico del PP, con Marga Prohens como presidenta, dejó caducar la reclamación. Desde el PP niegan tajantemente que nadie del Govern 'popular' hablase con la trama, pero no pone la mano en el fuego por todos los funcionarios del IB-Salut.

Además, este lunes la Fiscalía Europea ha comunicado que ha abierto una investigación sobre la venta de las mascarillas de la 'trama Koldo' a Balears y Canarias. El organismo analiza las operaciones millonarias por delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Los cubrebocas fueron pagados con fondos europeos y, cuando el Govern balear envió la documentación a Bruselas, no adjuntó el informe que acreditaba que las mascarillas no eran FFP2.