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Un juzgado investiga al Govern balear del PP por dejar de reclamar 2,6 millones de las mascarillas del 'caso Koldo'

El director general del IbSalut, Javier Ureña, y el vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa.

Esther Ballesteros

Mallorca —

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El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha abierto diligencias a raíz de la denuncia interpuesta por el PSIB-PSOE contra el Govern balear del PP por dejar caducar la reclamación de los 2,6 millones de euros que el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol pagó de más por la compra de 1,5 millones de mascarillas en los peores meses de la pandemia. En su auto de incoación, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez señala que los hechos hacen presumir la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.  

En su denuncia, el PSOE atribuye la comisión de tales delitos al actual director general del Servei Balear de Salut (IB-Salut), Javier Ureña (PP); a la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL -encargada de suministrar los cubrebocas- y a Íñigo Rotaeche, socio mayoritario de la misma. El magistrado, sin embargo, señala que sin estar “determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido”, se hace preciso investigar cómo sucedió todo. Asimismo, da trámite a la Fiscalía para que informe si considera preciso continuar con las diligencias.

Fue bajo el mandato de Armengol cuando se efectuó la compra de las mascarillas por 3,7 millones de euros. Sin embargo, los análisis efectuados a las mismas determinaron que aquéllas no cumplían con los requisitos de una FFP2, que era el material de protección que se esperaba recibir, por lo que se inició la reclamación del sobrecoste abonado. Ya con el cambio de Govern, el sumario del 'caso Koldo' apunta a las presiones que la trama habría ejercido sobre el PP de Marga Prohens, actual líder autonómica, en beneficio de Soluciones de Gestión con el objetivo de que la petición de devolución por parte del anterior Govern de izquierdas no prosperase y, de este modo, “favorecer a la mercantil y a su titular”. 

Las investigaciones señalan, de hecho, que el intermediario Koldo García habría utilizado a Jacobo Pombo, empresario que llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, y presumió de haber concertado una cita con Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del partido, quien, a su vez, se habría preocupado de buscar un contacto en Illes Balears “de la línea de Pablo Casado” para frenar la reclamación. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, cree que sus maniobras habrían “surtido efecto” porque el Govern del PP dejó finalmente caducar la reclamación el pasado 18 de enero. Los populares niegan, por su parte, cualquier tipo de presión, pero no ponen la mano en el fuego por todos los funcionarios del IB-Salut.

Los isleños habrían perdido así 2,6 millones de euros como consecuencia de la inacción del PP a la hora de gestionar la reclamación y por la compra infructuosa del anterior Govern socialista. La empresa presentó alegaciones el 6 de noviembre de 2023 y no fue hasta el pasado 19 de marzo de 2024 cuando el Ejecutivo anunció la apertura de un nuevo expediente tras haber desestimado el anterior. En este sentido, los socialistas argumentan que ha habido “un trato de favor” por parte del actual director general del IB-Salut en su omisión de “su deber de velar por el patrimonio público e intereses generales, en una clara administración desleal, al permitir deliberadamente y a sabiendas de su injusticia, la caducidad del expediente”, lo cual habría beneficiado, en opinión del PSOE, a la empresas adjudicataria así como a sus intermediarios.

Frente a tales acusaciones, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha considerado este jueves que el PSIB-PSOE “fabricó” la denuncia contra Ureña con el objetivo de “inventar un relato que no es real”. En esta línea, ha lamentado que los socialistas “están fabricando denuncias precisamente esta semana que Pedro Sánchez habla de 'lawfare'”. En esta línea, el portavoz popular ha insistido en que “el expediente no caducó, sencillamente se desistió porque la reclamación inicial estaba abocada al fracaso”.

El pasado martes, los grupos parlamentarios dieron inicio a la comisión de investigación en torno al papel de Balears en el 'caso Koldo'. Durante la sesión, el PP vetó la comparecencia de Prohens y, en contra del criterio de Vox y con el voto a favor del PSIB-PSOE, retiraron la petición de que comparezca Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sí prevén intervenir el vicepresidente del Ejecutivo balear, Antoni Costa, y el director general del IB-Salut. El plan de trabajo acordado por PP y Vox, socios de investidura, ha salido adelante con las críticas del PSIB y de su portavoz, Iago Negueruela, quien aseguró que si el PP hubiera aceptado que Prohens sea citada, hubieran votado a favor de todo su plan de trabajo. Las comparecencias arrancarán el próximo 14 de mayo y, en virtud del plan, se celebrarán cuatro los lunes, que se ha habilitado para ello, dos los martes y cuatro los viernes.

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