Con una resolución estrictamente procesal y que no entra en ningún caso al fondo de los hechos, el Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a juzgar como homicidio doloso o asesinato el crimen sucedido en la entrada de la antigua discoteca Mítika de Vitoria de febrero de 2025. El alto tribunal estima que no cabe un recurso de casación contra la decisión de la Audiencia Provincial de Álava que, adelantándose al final de la investigación, estimó que los hechos, como mucho, eran constitutivos de un homicidio imprudente.

El asunto no es menor, ya que las penas que puedan pedirse son mucho más limitadas. En el primer supuesto, las peticiones de condena pueden ser superiores a los veinte años de prisión y, además, el juicio se desarrollaría con un jurado. En el segundo, se hará con un tribunal profesional. El Código Penal plantea penas de hasta cuatro años de cárcel en estos supuestos, aunque añade una inhabilitación de seis años en caso de que se halla realizado en un contexto profesional.

Los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Martínez Arrieta y Eduardo de Porres redactaron el 16 de abril y firmaron el 24 un auto en el que inadmitían el recurso de casación formulado por los abogados de la familia de la víctima, Kerman Villate, un joven de 31 años en el momento de los hechos y que fue golpeado en la entrada del local por uno de los porteros, que tenía numerosos antecedentes. Estaba contratado por la empresa Le Basque, señalada como responsable civil de los hechos y multada ya en vía administrativa.

La sala ofrece una larga lista de resoluciones que pueden ser revisadas en casación por el Supremo y estiman que, a pesar de lo que ponía en el propio auto de la Audiencia Provincial objeto de polémica, éste no sería el caso. Y se inhiben. Recalcan que, además, eso no implica una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, aunque “contra la presente resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno”.

La familia de la víctima ha encajado con enfado la decisión del Supremo. Creen que “la propia resolución de inadmisión incurre en errores elementales difíciles de justificar”. Expone, por ejemplo, que se menciona una supuesta decisión judicial de 2024, previa a los hechos, que nada tiene que ver con el caso. O que se diga ahora que no cabe una revisión en casación cuando en la instancia anterior sí la preveía. “Fue precisamente esa indicación la que nos llevó a interponer el recurso”, lamenta la familia en un comunicado.

¿Qué escenario le queda al caso? Ahora, la nueva magistrada instructora, Marta Escudero, que relevó a Álvaro Silván, que sí veía base para un juicio por “asesinato” u “homicidio doloso”, tendrá que decidir si accede a la prórroga de seis meses y si admite las nuevas peticiones de prueba de la acusación ejercida por la familia, como un informe sobre los riesgos de la seguridad en Mítika que podría reabrir el debate de si hubo o no dolo en el crimen. La Fiscalía, representada por Josu Izaguirre, siempre ha defendido como la defensa del agresor que se trató de un suceso sin premeditación.

Este fin de semana se cumple un año del crimen de la discoteca Mítika de Vitoria. En la madrugada del 22 al 23 de febrero de 2025, uno de los porteros del local, que tenía subcontratada la seguridad a la empresa Le Basque, golpeó en la zona de control de accesos a uno de los clientes que esperaban para entrar, Kerman Villate, de 31 años. Cayó muerto. Era un punto casi ciego de las cámaras de videovigilancia, según ha constatado la Policía. La familia prepara un sencillo homenaje para este lunes. Centra muchos más esfuerzos en buscar una condena en los tribunales y en poner en evidencia los antecedentes del local, del agresor y de la empresa. Son hasta doce episodios oscuros en la noche vitoriana, según la documentación policial y judicial a la que ha tenido acceso este periódico.

El imputado por la muerte de Villate era uno de los porteros de la Mítika, renombrada como Kubik tras un tiempo clausurada después de aquella noche. Fue encarcelado de forma preventiva tras los hechos. Pero, desde noviembre, ha quedado libre tras el abono de una fianza. Y es que la calificación inicial de la muerte como “homicidio doloso” o “asesinato”, como demandan los letrados de la familia, ha sido rebajada tras un recurso a la Audiencia Provincial a “homicidio imprudente”, como pidió la defensa con apoyo de la Fiscalía. Ahora, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, que analiza un recurso de casación.

Aunque en este momento la causa la dirige la magistrada Marta Escudero, el primer instructor, Álvaro Silván, dejó por escrito que la corpulencia del portero, campeón de España de fuerza, es un claro agravante. “Un golpe del investigado puede ser equivalente o incluso más gravoso que un golpe con un arma u objeto contundente”, estimó. Y eso que la víctima era un jugador de baloncesto. Asimismo, se remarcó que, tras el golpe mortal, el guardaespaldas huyó de la zona y no socorrió a la víctima.

Después del crimen, a las pocas semanas, se celebró un juicio contra él por un caso anterior. Generó gran expectación en la ciudad. Pero quedó absuelto porque, según la sentencia, la denunciante no fue clara al describir a su agresor y había “dudas razonables” de que lo que describió, un golpe por detrás, fuese responsabilidad del acusado. Esto se produjo en abril de 2023.

Sin embargo, la familia ha encontrado hasta cinco precedentes de 2024 con la misma persona señalada. El primero, el 10 de marzo. La Ertzaintza tuvo noticia de que una persona fue empujada y tirada al suelo. El segundo, el 7 de abril. Se denunció ante la Policía que una persona recibió un trato “claramente discriminatorio” y que fue “atacado sorpresivamente”. El tercero, el 28 de abril, festividad de San Prudencio en Álava. “El denunciante, relata como al salir del local, a las 07.45 horas en la hora de cierre del mismo, trató de acceder de nuevo al interior para recuperar su cazadora que había olvidado, cuando fue víctima de una agresión conjunta a manos de los empleados de seguridad”, expone el informe.

El cuarto, el 4 de noviembre, cuando a las 4.46 horas, un “portero” de Le Basque empujó a dos clientes, uno de ellos con heridas “en nariz y ceja”. Y el quinto el 14 de diciembre: a las 5.57 horas, un testigo refirió que “entre varios porteros”, incluido el ahora imputado, habían expulsado “de malas formas, a empujones” a dos clientes. Uno acabó con lesiones en la pierna izquierda. Además, después de quedar libre, el agresor fue citado para otra vista en el Tribunal de Instancia de Vitoria. No se presentó.

Por lo demás, en 2022 una sala de Vitoria emitió una sentencia contra Mítika en la que se le obligaba a pagar 10.000 euros de multa por una agresión ocurrida el 27 de febrero de ese año. También se apuntaba a las deficiencias de las cámaras de seguridad. Igualmente, otro portero del local presente esa noche de 2025 en Mítika tiene antecedentes por agresiones. Se trata de casos de octubre, noviembre y diciembre de 2022, por ejemplo. El último es el más grave. Fue el 18 de diciembre a las 4.55 horas. Un cliente tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital de Txagorritxu —estando el de Santiago a apenas 100 metros y en la misma calle— porque, supuestamente, cuando estaba pidiendo en la barra, un portero lo sacó del local y lo agredió. También los hubo en 2023, por ejemplo el 18 de febrero, de nuevo con una imputación formal por lesiones.

Según se conoció en diciembre, el Departamento de Seguridad, que prepara cambios en la regulación de la normativa del ocio nocturno, ha constatado que Mítika contrató “a sabiendas” a una empresa de seguridad, Le Basque, no autorizada para esas funciones. A su vez, los cuatro porteros no tenían la habilitación para ello. Así, la discoteca se enfrenta a una sanción económica de 30.000 euros, Le Basque a 40.000 euros y cada uno de los vigilantes a 6.000 euros.

“¿Por qué esa tolerancia ante las agresiones? ¿Por qué esta permisividad con las empresas que gestionaban el local?”, lanzaron esta semana como preguntas al aire los padres de Villante, Arantzazu y Roberto, en una comparecencia en el Parlamento Vasco. Leyeron, por ejemplo, un fragmento de un informe de la Ertzaintza exactamente de un mes antes del crimen. En él se indica que “el control de acceso [...] está instalado en el punto ciego de la cámara pasiva”, aunque es “el lugar de inicio de la mayoría de los problemas que puedan existir entre clientes y trabajadores”. Es un dato de “interés”, según la Policía, porque “no parece casual”. La Policía municipal informó de 30 incidencias en la discoteca de Dendaraba en 2023 y 2024. “Da la sensación de que se busca dificultar la acción policial en el caso de que exista algún incidente como el ocurrido”, se puede leer también en los documentos oficiales.

Los padres de Kerman Villate, de cuyo crimen en la discoteca Mítika se va a cumplir un año este fin de semana, han insistido en el Parlamento Vasco en la necesidad de que pueda haber un “juicio completo” sobre estos hechos. Actualmente, tienen recurrida en casación ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia de Álava de rebajar la tipificación de los hechos, sin que la investigación esté completa, a “homicidio imprudente”, cerrando la puerta a la petición de los letrados de la familia de la víctima, que entienden que fue o “doloso” o incluso “asesinato”. Han alertado también que el agresor está en libertad y que sigue trabajando la “fuerza” en “gimnasios”. “¿Lo va a volver a hacer?”, han preguntado en voz alta.

Arantzazu Beitia -en euskera- y Roberto Villate -en castellano- han expuesto ante la Cámara sus consideraciones sobre el caso desde el agradecimiento de la “oportunidad” de tener un foro público en el que hacerlo casi doce meses después. Los hechos se produjeron en la madrugada del 22 al 23 de febrero en el exterior de la discoteca entonces conocida como Mítika, ubicada en el centro comercial Dendaraba del centro de la ciudad. El portero impidió el paso a Villate, de 31 años, y le propinó un golpe que le quitó la vida. Huyó de la zona sin auxiliarle. Ingresó en prisión preventiva y, durante ese tiempo, tuvo otros procesos penales por hechos similares, aunque sin resultado de muerte. Finalmente, la rebaja de la calificación le abrió la puerta a quedar en libertad previo abono de una fianza.

La familia sostiene que fue un caso de “violencia gratuita” de una persona que “sabía que podía matar”, entre otras cosas porque fue “campeón de España de fuerza”. Puso “toda su fuerza y técnica para un golpe perfecto” que no estaba justificado. Han sostenido que no se puede pretender hacer ver que allí había un conflicto en el que los porteros tuvieron que intervenir. “Hay clientes que atacan a los porteros. Alcohol, drogas, peleas. Pero con Kerman no fue eso. No podemos ir al relato fácil. Por ese estamos aquí. Sabemos que habrá mucha gente que ni siquiera nos crea, que queremos lavar la cara de nuestro hijo. No es el caso”, ha insistido ella.

Han avisado, además, de que hay informes policiales que sostienen que Mítika tenía el punto de control de seguridad alejado de la entrada real y en un punto “casi ciego” del sistema de videovigilancia. “No parece casual”, han señalado parafraseando un documento de la Ertzaintza. El local tiene ahora otra gerencia. El Departamento de Seguridad determinó que había contratado a una empresa no habilitada para prestar el servicio de vigilancia, Le Basque.

Sobre el proceso judicial, se han mostrado sorprendidos de que los hechos se hayan “valorado de forma radicalmente diferente” por diferentes instancias cuando la instrucción, como tal, no está finalizada. Han recordado que el anterior responsable de la investigación, el juez Álvaro Silván, puso en un auto que había “indicios” de que los hechos podían ser constitutivos de un homocidio alevoso o incluso asesinato. Eso llevaría el juicio a manos de un jurado. Sostiene que, tras el recurso de la Fiscalía, la Audiencia Provincial ha cambiado la tipificación y estiman que “ha dictado una resolución que vulnera el derecho constitucional básico a la tutela judicial efectiva”. “Hemos recurrido al Tribunal Supremo. Pedimos un juicio completo”, han insistido los progenitores de la víctima.

La familia de Villate ha valorado también la posibilidad de que se modifiquen las regulaciones de la seguridad en locales nocturnos. Las ven como “medidas adecuadas” que “parece que van en la buena dirección”, según han expuesto Beitia y Villate, que han criticado la “permisividad” con las empresas por parte de las instituciones, entre las que han destacado al Ayuntamiento. Los partidos políticos presentes, PNV y PSE-EE del Gobierno y EH Bildu y PP de la oposición, han trasladado su “cariño”, “solidaridad” y “empatía” a los comparecientes y les han deseado “suerte” en su búsqueda de justicia.

Cambios de relevancia en el Tribunal de Instancia de Vitoria. El magistrado Álvaro Silván Hernández, responsable de dos de las investigaciones penales más relevantes en la ciudad, el crimen de Kerman Villate en la discoteca Mítika y las denuncias por presunta violencia sexual en los campamentos de Euskal Udalekuak en la localidad de Bernedo, abandonará de forma inminente su puesto y será sustituido por otra instructora, Marta Escudero Muñoz.

Según explican fuentes judiciales, Silván Hernández no era el titular de la plaza 3 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria, la nueva denominación del antiguo juzgado de Instrucción 3, y la que sí lo era ha solicitado ya su incorporación. Las mismas fuentes indican que el juez pasará a una plaza de la sección civil, a la sala especializada en reclamaciones a la banca y que antes ocupaba José Luis Núñez Corral, el nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Álava.

El magistrado Silván Hernández, que apenas llevaba un año como instructor en Vitoria, había adquirido notoriedad pública por dos casos. Por un lado, ha liderado la investigación del crimen ocurrido en febrero de 2025 en el exterior de la sala Mítika, en el centro comercial Dendaraba. El asunto ha estado envuelto en polémica porque el magistrado, alineado con las tesis de los abogados de la familia de la víctima, había tipificado inicialmente el caso como “asesinato” o, al menos homicidio “doloso”, ya que la cadena de los hechos ya constatados y la envergadura del agresor, así como sus antecedentes penales, hacían interpretar el golpe letal como algo no fortuito.

Sin embargo, aunque la investigación no está cerrada, la defensa y la Fiscalía lograron de la Audiencia Provincial una rebaja del grado a homicidio “imprudente”. Esto hace que el juicio, cuando se celebre, sea con un tribunal profesional y no con jurado. No obstante, los letrados de los Villate ya han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para tratar de revertir esta resolución. Eso sí, en el entretanto el acusado ha podido salir del régimen de prisión preventiva, previo abono de una fianza.

Por otro lado, el magistrado estuvo en el ojo del huracán porque en septiembre se sucedieron denuncias de familias de menores que habían participado en verano en las colonias de Euskal Udalekuak en Bernedo y que relataban episodios de presunta violencia sexual. La cuestión es que las quejas ya venían de otros años y que, en abril, la Ertzaintza ya había presentado un informe al respecto en la sección de Instrucción de Silván Hernández, sin que se tramitara durante meses y sin que se pudieran adoptar medidas cautelares antes de la nueva edición del campamento.

Ese expediente, que generó las quejas airadas de la Fiscalía por lo que pudo implicar en lo tocante a la protección de menores y comparecencias políticas en el Parlamento Vasco y en las Juntas Generales de Álava, llegó primero a la plaza 1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria, el antiguo juzgado de Instrucción 1. La magistrada María Antonia Blanco, sustituta al frente de esa sala, fue la primera que recibió el atestado.

En concreto, llegó a las 10.51 horas del 30 de abril de 2025 y le correspondió el asunto por estar de guardia. Esa sala no hizo nada con el informe policial, con código 575A2500033, y consta que “redirigió” la causa al “decanato” el 9 de mayo a las 15.04 horas. No se explican los motivos. Tres días después, el 12 de ese mes, fue cuando el asunto, ya con código 4250/2025, llegó a a la plaza 3. Su titular, Silván Hernández, no realizó actuaciones hasta el 26 de septiembre a las 12.07 horas, cuando el tema había estallado ya en los medios de comunicación.

Cientos de personas han respondido en el mediodía de este sábado a una convocatoria de la familia de Kerman Villate, un joven de 31 años que fue golpeado por un portero de la discoteca Mítika del centro de Vitoria y falleció. “La familia tiene indicios para afirmar que no solamente fue una agresión brutal, sino también cruelmente orquestada”, ha sostenido la familia, que ha incidido en que “hubo alevosía”. Se ha guardado un minuto de silencio por el fallecido.

Los padres y la hermana del joven fallecido han leído en la plaza del Arca de la capital alavesa un texto para exigir “verdad y justicia”. “La madrugada del 23 de febrero de 2025 le ocurrió a Kerman. Pero el golpe podría haber arrebatado la vida a cualquier otra persona. Podría haber destrozado otra familia, otro grupo de amigos. Este caso va más allá del dolor de esta familia y compete a toda la ciudadanía y a las instituciones que la representan”, han sostenido en una alocución que también han difundido por escrito.

La Fiscalía y los abogados del portero de la discoteca Mítika que golpeó a Villate recurrieron en octubre su procesamiento por un presunto delito de “homicidio doloso” o “asesinato con alevosía”, con posibles penas de entre 10 y 22 años de prisión. El ministerio fiscal insistía ya entonces en que se trató, en cambio, de un “homicidio imprudente”. La Audiencia Provincial de Álava aceptó, ya en noviembre, este recurso y accedió a rebajar la tipificación provisional del crimen. En otra resolución paralela, la misma sala entendió que la rebaja de la calificación comportaba también una posible pena de cárcel mucho menor y accedió a la finalización de la prisión preventiva. El portero acusado de matar a Villate pudo salir de prisión tras abonar una fianza de 6.000 euros y tras imponérsele algunas medidas cautelares. Como ha contado este periódico, esta persona no acudió a otro juicio por un delito leve que se celebró a comienzos de diciembre. En cualquier caso, la batalla por la calificación como “asesinato” del crimen la dirimirá el Tribunal Supremo, pues a la familia le queda aún la vía de la casación.

En el acto de este sábado, la familia ha señalado que, en los meses que han transcurrido desde la muerte de Villate, “ha habido interés en difundir versiones distorsionadas de una verdad incómoda”. Y han cargado contra las decisiones que han conducido a la puesta en libertad del portero. “Desde el inicio, el juez instructor del caso, basándose en pruebas documentadas, calificó los hechos de asesinato. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Qué ha sucedido entre tanto para que la Audiencia Provincial, ignorando la solidez de la instrucción, dé un vuelco incomprensible al caso? El auto que ha dictado la Audiencia Provincial carece del rigor documental que se le debe a una decisión de esta trascendencia”, se han quejado.

El portero de la discoteca Mítika de Vitoria, que a comienzos de 2025 golpeó y mató a Kerman Villate, de 31 años, quedó en libertad hace un par de semanas al acceder la Audiencia Provincial a las pretensiones de Fiscalía y defensa y rebajar provisionalmente la tipificación de los hechos de “asesinato” u homicidio “doloso” a homicidio “imprudente”, con una pena potencial de cárcel mucho menor. Este hombre estaba en prisión provisional, pero esta resolución motivó su excarcelación previo abono de una fianza de 6.000 euros y la imposición de algunas medidas cautelares. Sin embargo, según exponen fuentes judiciales, esta persona no acudió a otro juicio por un delito leve que se celebró hace unos días.

Además de la causa principal y de esta nueva vista, que se refiere a hechos previos a la muerte de Villate, este portero ya se enfrentó a otro juicio por un tercer caso. La vista tuvo lugar al poco del crimen de Mítika, aunque referida a una denuncia de 2023. En aquella ocasión, otra persona le acusaba de haberle golpeado, arrojado al suelo y causado lesiones en la ceja, aunque quedó absuelto.

La familia de Villate irá al Supremo para que se les permita acusar de “asesinato” al agresor. Se apoyan en que el magistrado instructor, Álvaro Silván Hernández, sí vio base para celebrar un juicio por el tipo penal más agravado. Habló de al menos un “dolo eventual” y explica que el imputado tenía una “complexión muy fuerte, de aproximadamente 145 kilogramos”, y que “era conocedor” de que un golpe suyo propinado a una persona “media” podría “con probabilidad rayana en la certeza” generar “un resultado incompatible con la vida”. “Noqueó directamente a la víctima, cayendo bocabajo o de lado contra el suelo”, abunda sobre los hechos acaecidos en la entrada exterior del local, en el centro comercial Dendaraba. Por su fuerza, “un golpe del investigado puede ser equivalente o incluso más gravoso que un golpe con un arma u objeto contundente”. Además, se añade que después del impacto “no acudió rápidamente a socorrer a la víctima”. “Huyó hacia el interior del local rápidamente”, se precisa. La investigación, en todo caso, continúa en marcha.

En relación con el caso de Villate, el Departamento de Seguridad acaba de anunciar sanciones administrativas tanto a la sala de Dendaraba, como a la empresa para la que trabajaba el investigado, Le Basque. Según se indicó la pasada semana, la empresa titular de la discoteca podría exponerse a una multa de hasta 30.000 euros por contratar “a sabiendas” un servicio de seguridad con una empresa “que no está autorizada para el desarrollo de estos servicios”. Igualmente, Le Basque podría ser sancionada con 40.000 euros. Igualmente, cuatro personas se enfrentan a cuantías de 6.000 euros por ejercer labores de seguridad sin habilitación. Este caso, precisamente, está motivando una revisión de la normativa para este tipo de servicios. Y Le Basque aparece como responsable civil también en el proceso penal.

En paralelo, la familia de la víctima y su entorno han creado una plataforma de apoyo y arrancarán movilizaciones con una protesta este fin de semana en plaza del Arca de Vitoria bajo el lema 'Justizia Kermanentzat!'. En muchos barrios de la ciudad han aparecido carteles llamando a la concentración, prevista para el sábado a mediodía. “Le ocurrió a Kerman, pero podría haberle pasado a cualquiera”, sostienen. Los allegados vienen repitiendo en los últimos meses que la respuesta de la Justicia a este caso no está siendo suficiente. En Instagram, han aparecido grabaciones de cámaras de seguridad del centro comercial Dendaraba de la noche en que se produjeron los hechos, en febrero.

El Departamento de Seguridad mantiene abierto el procedimiento para sancionar a la empresa que gestiona la discoteca Mítika de Vitoria, en cuya entrada murió un joven, Kerman Villate, el pasado 23 de febrero tras ser golpeado por un portero, así como a la empresa responsable de la seguridad del local, Le Basque Team, y a cuatro de sus trabajadores, que se enfrentan a sanciones de entre 6.000 y 40.000 euros, informa Europa Press.

La empresa titular de la discoteca podría recibir una multa de 30.000 euros por contratar “a sabiendas” un servicio de seguridad con una empresa “que no está autorizada para el desarrollo de estos servicios”, lo que constituye una infracción muy grave del artículo 59.1 a de la Ley de Seguridad Privada, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado. La empresa responsable de la seguridad de la discoteca podría ser sancionada con una multa de 40.000 euros por prestar servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorización para ello, lo que supone una infracción muy grave del artículo. 57.1 a de la referida norma.

El personal que desempeñaba funciones de vigilancia se enfrenta a una posible multa de 6.001 euros, en el caso de cada trabajador afectado, por ejercer funciones de seguridad privada para terceros careciendo de la habilitación necesaria, en una infracción muy grave del artículo. 58 1 a de la Ley de Seguridad Privada. A partir de ahora se abrirá un proceso para que las partes, en caso de verlo necesario, presenten sus alegaciones; y tras el análisis de las mismas, se emitirá la resolución definitiva del viceconsejero de Seguridad.

La familia de Kerman Villate, el joven de 31 años fallecido a las puertas de la discoteca Mítika de Vitoria el pasado mes de febrero tras la agresión que sufrió por parte de un portero del local, ha mostrado su “profunda preocupación y desasosiego” ante el auto de la Audiencia Provincial de Álava que concede la libertad provisional bajo fianza del acusado. La misma sala, en otra resolución, ha dado la razón a la Fiscalía, que pedía calificar inicialmente los hechos como “homicidio imprudente” y no como crimen “doloso” o “asesinato”, aunque cabe una revisión por parte del Supremo y la instrucción sigue abierta.

En un comunicado, recogido por Europa Press, los familiares de la víctima han lamentado que la resolución judicial “minimiza la gravedad de los hechos y presenta serias deficiencias en la valoración de las pruebas”, en aspectos como “la autopsia, la secuencia de la agresión, la indiferencia con la que el asesino abandona la escena y la conciencia de la letalidad de un puñetazo de esa naturaleza”. En este sentido, ha cuestionado que la Audiencia Provincial considere que el agresor no podía prever que su puñetazo podría resultar mortal, a pesar de que se trató de “un golpe directo a una zona extremadamente delicada”.

En su opinión, no se valoran adecuadamente elementos esenciales como la fuerza del golpe, la parte del cuerpo afectada y las consecuencias inmediatas, ya que el golpe a la mandíbula del joven “provocó su desvanecimiento inmediato, la ruptura de su mandíbula superior e inferior”, así como “proyección de fragmentos de hueso que se le incrustaron en la lengua”. A juicio de la familia del fallecido, el ataque se produjo de forma “súbita y violenta, dirigida a una zona vital, sin provocación por parte de la víctima, y mediante engaños y aislamiento social”, ya que el joven “estaba situado en la zona que le dijeron los porteros esperando a entrar en breve, tal como le habían referido las personas con autoridad delegada en control de acceso”.

Además, han denunciado que la agresión se produjo “con pleno control de la situación por parte del agresor, y en un espacio previamente identificado como conflictivo y delictivo por otras víctimas, usuarios y cuerpos policiales, cuya actividad fue incomprensiblemente permitida por las autoridades políticas y policiales locales”. Por todo ello y a su entender, el auto “omite datos fundamentales” que demuestran la gravedad del ataque, seleccionando solo información parcial que facilita una “calificación más leve” de lo que corresponde.

También ha cuestionado la “falta de análisis sobre la alevosía” de la resolución, una circunstancia que “no estudia de forma seria, a pesar de que ha sido reconocida incluso por el fiscal en su última comparecencia ante el juez instructor”. “La no consideración de este elemento clave debilita la resolución y deja sin respuesta un elemento que podría haber mantenido el caso ante un tribunal del jurado”, ha lamentado. Por otra parte, ha reprobado que el auto presenta la huida inmediata del agresor como un “modo de proceder no escrito” de los porteros. “Huir tras una agresión, dejando a la víctima en estado crítico, nunca puede considerarse normal ni justificable”, ha censurado.

La familia del joven fallecido ha explicado que la autopsia establece que “el golpe homicida provocó un grave traumatismo facial, desencadenando todas las demás lesiones”, para cuestionar que poner el énfasis en otras “concausas”, como hace el auto, “constituye un intento de minimizar la gravedad del ataque”. También ha criticado que la resolución judicial afirme que “es muy difícil que un hombre medio pudiera representarse el resultado de la muerte de forma previa”, una afirmación, a su juicio, “sorprendente por su desatino”, ya que “es de conocimiento público que el agresor posee características físicas extraordinarias y una fuerza muy superior a la de una persona normal, por lo que resulta perfectamente razonable pensar que un golpe suyo podría desencadenar una serie de circunstancias con consecuencias fatales”.

Para la familia, la decisión de dejar en libertad al agresor con la “irrisoria” fianza de 6.000 euros, además del “profundo daño moral” que le provoca, resulta “completamente desproporcionado respecto a la gravedad de los hechos y la pena que, en cualquier caso, le correspondería”. También critica que esta puesta en libertad que supone “un riesgo evidente de fuga, dada la escasa entidad de la fianza impuesta”. Tras este auto de la Audiencia Provincial de Álava que no es firme, la familia ha anunciado que estudia la presentación de un recurso de casación ante el Supremo, así como otras medidas legales, con el objetivo de “corregir las deficiencias” que entienden se dan en la resolución.

La Audiencia Provincial de Álava ha aceptado el recurso de la Fiscalía y ha accedido a rebajar a “homicidio imprudente” la tipificación provisional del crimen bajo investigación de Kerman Villate, un joven de 31 años golpeado por un portero de la discoteca Mítika del centro de Vitoria en una noche de fin de semana de comienzos de 2025. En otra resolución paralela, la misma sala ha entendido que la rebaja de la calificación comporta también una posible pena de cárcel mucho menor y ha accedido a la finalización de la prisión preventiva.

La familia ha encajado con enfado ambas decisiones -solamente se conoce su sentido, no las resoluciones completas-, pero no es el final del camino para este caso. Por un lado, tienen capacidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que se vuelva a abrir la puerta a la calificación de “homicidio doloso” o incluso de “asesinato”. Las fuentes consultadas dan por hecho que continuarán peleando. Por otro lado, la instrucción sigue abierta y hay posibilidad de que se incorporen al sumario nuevos elementos que puedan volver a situar el caso en esa dimensión.

Con un posible caso “doloso” o “asesinato”, además de que la condena se iría incluso hasta los 22 años, el juicio sería por jurado. Este formato, además, no impide que el fiscal, Josu Izaguirre, pueda defender hasta el final su postura de que no hubo intencionalidad en el crimen. Sin embargo, si la calificación inicial es de “imprudencia”, además de quedar residenciado el expediente ante un tribunal profesional, las acusaciones no podrían elevar la tipificación y la familia, por lo tanto, no podría sostener que fue un “asesinato”.

El magistrado instructor, Álvaro Silván Hernández, en un auto, sí vio base para celebrar un juicio por el tipo penal más agrava. Habló de al menos un “dolo eventual” y explica que el imputado tenía una “complexión muy fuerte, de aproximadamente 145 kilomgramos”, y que “era conocedor” de que un golpe suyo propinado a una persona “media” podría “con probabilidad rayana en la certeza” generar “un resultado incompatible con la vida”. “Noqueó directamente a la víctima, cayendo bocabajo o de lado contra el suelo”, abunda sobre los hechos acaecidos en la entrada exterior del local, en el centro comercial Dendaraba. Por su fuerza, “un golpe del investigado puede ser equivalente o incluso más gravoso que un golpe con un arma u objeto contundente”. Además, se añade que después del impacto “no acudió rápidamente a socorrer a la víctima”. “Huyó hacia el interior del local rápidamente”, se precisa.

La Fiscalía, por el contrario, ha venido defendiendo que no ha quedado acreditado el “ánimo” de matar del portero, el elemento clave para la tipificación de los hechos como un crimen deliberado. Apoyado en la autopsia, insiste en que el golpe que le propinó al joven fallecido no fue la causa única del óbito, ya que se sumaban también su estado de embriaguez y la mala caída, que le causó en última instancia incapacidad para respirar. La familia de Villate lleva meses denunciando el mal trato institucional y también ha encajado con disgusto estas consideraciones.

La Fiscalía y los abogados del portero de la discoteca Mítika que golpeó a un cliente el pasado mes de febrero -Kerman Villate, de 31 años, que falleció como consecuencia de estos hechos- han recurrido su procesamiento por un presunto delito de “homicidio doloso” o “asesinato con alevosía”, con posibles penas de entre 10 y 22 años de prisión. El ministerio fiscal, según fuentes judiciales, insiste en que se trató de un “homicidio imprudente”. La Audiencia Provincial de Álava tendrá la última palabra y su decisión dilucidará si el juicio se celebra con jurado -como exige la ley para los casos de asesinato- o por un magistrado profesional.

El fiscal del caso, Josu Izaguirre, sostiene que no ha quedado acreditado el “ánimo” de matar del portero, el elemento clave para la tipificación de los hechos como un crimen deliberado. Apoyado en la autopsia, insiste en que el golpe que le propinó al joven fallecido no fue la causa única del óbito, ya que se sumaban también su estado de embriaguez y la mala caída, que le causó en última instancia incapacidad para respirar. La familia de Villate lleva meses denunciando el mal trato institucional y también ha encajado con disgusto estas consideraciones. En una vistilla celebrada en septiembre, la Fiscalía también se opuso al juicio con jurado por los mismos motivos.

El caso ha sido investigado por el juez instructor de Vitoria Álvaro Silván Hernández. En un auto, ha determinado que sí hay base para celebrar un juicio por el tipo penal más agravado y que, por lo tanto, podría comportar elevadas penas de prisión. Habla de al menos un “dolo eventual” y explica que el imputado tenía una “complexión muy fuerte, de aproximadamente 145 kilomgramos”, y que “era conocedor” de que un golpe suyo propinado a una persona “media” podría “con probabilidad rayana en la certeza” generar “un resultado incompatible con la vida”. “Noqueó directamente a la víctima, cayendo bocabajo o de lado contra el suelo”, abunda sobre los hechos acaecidos en la entrada exterior del local, en el centro comercial Dendaraba de Vitoria. Por su fuerza, “un golpe del investigado puede ser equivalente o incluso más gravoso que un golpe con un arma u objeto contundente”. Además, se añade que después del impacto “no acudió rápidamente a socorrer a la víctima”. “Huyó hacia el interior del local rápidamente”, se precisa.

Prospere o no el recurso, la Fiscalía podría mantener en todo momento su tesis de que fue un “homicidio imprudente”, incluso ante un jurado. Sin embargo, a la contra, si la Audiencia Provincial atiende la supresión de la etiqueta de “asesinato”, la familia tendría que aquietarse a ese criterio en un juicio penal ordinario. En el caso, se señala también como posibles responsables civiles a dos empresas, la que explotaba la discoteca, Niecor, y la que gestionaba la seguridad, Le Basque Team.

Por el momento, el procesado continúa en prisión preventiva. Fuentes judiciales indican que recientemente la defensa ha solicitado también su puesta en libertad, pero apuntan que esto ha sido ya denegado porque se mantienen los mismos niveles de riesgo que motivaron el encarcelamiento provisional. Aquí la familia sí ha contado con el respaldo de la Fiscalía. Otro fiscal se opuso a la petición de los abogados del portero de la Mítika, siempre según las fuentes consultadas.

Un juez de Vitoria ha determinado que un jurado popular emita veredicto de culpabilidad o inocencia sobre el fallecimiento en febrero del joven Kerman Villate, de 31 años, tras recibir un golpe del portero de la discoteca Mítika del centro comercial Dendaraba de Vitoria, según ha podido saber este periódico. Esto es así porque, inicialmente, los hechos se han tipificado como “homicidio doloso” o “asesinato con alevosía”, con posibles penas de entre 10 y 22 años de prisión para el agresor. La Fiscalía, en cambio, entendía que fue un “homicidio imprudente”, penado con un máximo de cuatro años de cárcel, y que, por lo tanto, debería ser juzgado por un tribunal profesional ordinario. La resolución no es firme y caben recursos.

El magistrado Álvaro Silván Hernández, titular del juzgado de Instrucción 3 de Vitoria y de actualidad por su papel en el caso de las denuncias de posibles casos de violencia sexual en el campamento con menores de Bernedo, celebró en septiembre una vistilla para escuchar a las partes una vez finalizada la investigación. Finalmente, según una resolución dictada en las últimas horas y notificada este jueves, se atiende el criterio de la familia de interpretar lo sucedido como un acto voluntario y premeditado frente a la tesis sostenida por el fiscal del caso, actualmente Josu Izaguirre, que “dejó rota” a la familia, que ha hecho pública en varias ocasiones su desazón por la respuesta que están recibiendo desde las diferentes instituciones.

La normativa establece que ese tipo de delitos han de ser juzgados mediante un jurado y así será en los próximos meses, aunque todavía no hay una fecha cerrada a expensas de los recursos. La instrucción ha sido ágil en comparación con otros procesos judiciales en Vitoria. De cara a las vistas, si se confirma que se tramitará con jurado, las partes tendrán posibilidad de vetar a algunos candidatos y serán quince las personas elegidas para emitir un veredicto. De la sentencia sí se encargaría un magistrado de la Audiencia Provincial. Antes, las partes deberán presentar sus escritos de calificación. La Fiscalía, técnicamente, podría insistir en el “homicidio imprudente” incluso aunque el caso vaya a jurado.

Esta resolución, no obstante, es recurrible ante la Audiencia Provincial. Si prosperaren los posibles recursos y se rebajara la calificación a “homicidio imprudente”, las partes no podrían sostener una petición superior en aplicación siempre de las garantías procesales de la que gozan los imputados en la vía penal.

Los hechos se produjeron en febrero, en una noche de sábado a domingo, en un local del centro de Vitoria que luego quedó clausurado durante varios meses y que ahora ha reabierto con otro nombre. El detenido fue enviado a prisión provisional. En marzo, después del crimen, este mismo portero fue juzgado y luego absuelto por otra denuncia de agresión física cuando trabajaba para otro local, el Glass. Son hechos de 2023. El Departamento de Seguridad, en todo caso, le revocó al imputado 'a posteriori' la habilitación administrativa para trabajar en los controles de accesos.

La familia, en este tiempo, ha sido muy activa en denunciar las “negligencias institucionales” que, a su juicio, propiciaron lo sucedido. “Una mínima asunción de responsabilidad institucional por su asesinato es lo menos que merece nuestro hijo”, escribieron en una carta. Han puesto mucho énfasis, por ejemplo, en que una agente de la Policía Local envió advertencias sobre agresiones anteriores protagonizadas por quien ahora será juzgado. Esta semana se ha conocido que el Ayuntamiento ha archivado sin consecuencias la investigación interna abierta en abril a la luz de esos datos. También se han quejado de falta de interés de la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria. El caso ha propiciado que el Departamento de Seguridad haya iniciado una modificación de la normativa de habilitación de este tipo de personal en locales de ocio nocturno.

La familia del joven de 31 años que falleció el pasado febrero tras ser golpeado fuertemente en la entrada de la discoteca Mitika de Vitoria por un controlador de accesos con antecedentes penales ha solicitado al Ayuntamiento de Vitoria en un escrito dirigido a la alcaldesa Maider Etxebarria que se sancione a la empresa propietaria del local y a la encargada de llevar a cabo la contratación del personal. “Tras el asesinato perpetrado por uno de los trabajadores del servicio de admisión presumiblemente con distintos grados de complicidad del resto, se hace imperiosa la necesidad de aplicar las sanciones previstas en la ley para la comisión de infracciones muy graves. Desde la familia consideramos que las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos y tener en cuenta tanto la reiteración de las infracciones como la complicidad del establecimiento recreativo Mitika y de la empresa de servicios Le Basque Services, por haber tolerado y amparado conductas de extrema gravedad”, recoge el escrito enviado por la familia al Ayuntamiento, que también ha sido enviado al Parlamento Vasco para que esté al tanto de la petición.

El escrito de la familia recoge que según el artículo 55 de sanciones por comisión de infracciones muy graves de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, las infracciones muy graves pueden ser sancionadas con una multa de 30.001 a 150.000 euros, con la suspensión o prohibición de la actividad desde uno hasta tres años, con la cláusula y precinto del local desde uno hasta tres años, con la revocación de la autorización o licencia, con la inhabilitación desde seis meses hasta un año y seis meses o con el decomiso de los bienes relacionados con la actividad por un periodo de entre seis meses y un día y doce meses.

“Ambas empresas eran conocedoras del comportamiento de estos empleados y del uso de un espacio sin cobertura de cámaras de seguridad para llevar a cabo las agresiones sin que adoptaran medida correctora alguna al respecto. La gravedad de lo ocurrido deriva de la ausencia de un control efectivo sobre los empleados encargados de la seguridad, incurriendo así en una actitud de tolerancia, o incluso de amparo explícito, frente a acusaciones que vulneran gravemente la normativa vigente”, denuncia la familia.

El acusado de la muerte del joven, que cuenta con antecedentes penales, fue ingresado en prisión y a día de hoy sigue en prisión preventiva a la espera de que se celebre el juicio. Tras el suceso la discoteca Mitika cerró sus puertas en señal del “absoluto respeto y mientras avanza la investigación”, aunque se espera que “reabra en septiembre”, según adelanta la Cadena Ser y durante este tiempo la sala ha sido alquilada para eventos privados. “Desde Sala Mítika queremos expresar nuestro más profundo dolor y consternación por el trágico suceso ocurrido. Estamos colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido y brindando toda la ayuda posible en este difícil momento. En señal de absoluto respeto y mientras se avanza en la investigación, hemos decidido que nuestra sala permanezca cerrada. Agradecemos sinceramente la comprensión”, explicó la discoteca en un comunicado hecho público tres días después del suceso.

El pasado mayo EH Bildu cerró con PNV, PSE-EE y Sumar un acuerdo en el Parlamento Vasco que demanda medidas para “reforzar” la prevención de comportamientos “violentos o discriminatorios” por parte del personal de seguridad de los locales de ocio nocturno. Se trata de una iniciativa registrada tras el fallecimiento del joven y después de que sus padres escribieran una carta a la Cámara considerado que ese “asesinato” respondía a una “negligencia” de las instituciones.

En la carta, remitida a los grupos políticos del Parlamento la familia confiesa sentirse “profundamente” afectada por lo sucedido. “Nuestro hijo fue asesinado por un controlador de acceso en un establecimiento cuya seguridad recaía bajo responsabilidad municipal. Queremos expresar nuestro firme deseo de que tragedias como la que ha marcado nuestras vidas no se repitan y de que se adopten medidas institucionales para identificar y corregir los errores que hemos detectado”, detalla el escrito.

Según defiende la familia, la muerte del joven “no fue un accidente” porque “entre quienes tenían contacto directo con la vida nocturna de Gasteiz era bien sabido que en la discoteca Mitika los problemas no los generaban los clientes, sino sus controladores de acceso, quienes mostraban un patrón de violencia gratuita e indiscriminada, dentro de una dinámica instalada y tolerada”. Agregan que es algo que “se repite en más locales” de la capital vasca, algo que no es “razonable aceptar”.

Explican que al menos la Policía de Vitoria era “consciente del riesgo” y desde 2024 porque “una instructora advirtió por escrito a sus superiores -hasta tres escalas jerárquicas por encima- del peligro que suponía el agresor” y de la “ilegalidad” del lugar donde hacía los controles, un punto ciego para las cámaras y con “iluminación deficiente”. “Esa ubicación era escogida deliberadamente para ejercer violencia con mayor impunidad”, abundan. Esa agente “solicitó ayuda” pero “sus advertencias no fueron atendidas”. Señalan que el Ayuntamiento les ha ofrecido explicaciones “contradictorias” y que, en cualquier caso, no hizo lo que debía, lo que les lleva a concluir que “este asesinato fue facilitado por una cadena de negligencias institucionales”.

“El Ayuntamiento [una coalición de PSE-EE y PNV] no puede escudarse en tecnicismos para eludir su responsabilidad” porque “la normativa estatal, autonómica y local otorga a los municipios competencias claras en materia de inspección y prevención. Nuestro hijo merece justicia y la ciudadanía garantías firmes de no repetición”, sostienen. En el caso del Gobierno vasco, desean que el Parlamento legisle e impulse “las reformas necesarias” para lograr “herramientas eficaces” para combatir estos “riesgos conocidos” en el ocio nocturno. “Si la interpretación de las leyes genera dudas, creemos que ha llegado el momento de clarificarlas y reforzarlas”, solicitan en el escrito enviado al Parlamento Vasco.

La resolución del acuerdo al que se llegó en el Parlamento Vasco el pasado mayo, y en cuya votación PP y Vox se abstuvieron, insta al Gobierno vasco a continuar con la elaboración e implementación de un plan de acción “con el fin de garantizar el cumplimiento normativo por parte de los servicios de admisión y seguridad privada en los locales de ocio nocturno”. Además, se pide a Ertzaintza y cuerpos locales que se coordinen para “reforzar la prevención de actos delictivos en el ocio nocturno”.

La familia del joven de 31 años que falleció tras ser golpeado fuertemente en la entrada de la discoteca Mitika de Vitoria por un controlador de accesos con antecedentes penales ha enviado una dura carta al Parlamento Vasco, que este jueves debate una iniciativa de EH Bildu para revisar la normativa del personal de admisión de estos locales de ocio nocturno a la luz de lo ocurrido. En un tono muy contudente, sus progenitores aseguran estar “convencidos de que este asesinato fue facilitado por una cadena de negligencias institucionales”. “Una mínima asunción de responsabilidad institucional por su asesinato es lo menos que merece nuestro hijo”, escriben.

Los hechos, que se investigan como “asesinato con alevosía u homicidio doloso” se produjeron en febrero, en una noche de sábado a domingo, en el local ubicado en el centro comercial Dendaraba. El detenido fue enviado a prisión provisional por el juzgado de Vitoria que instruye la causa. En marzo, después del crimen, este mismo portero fue juzgado y luego absuelto por otra denuncia de agresión física cuando trabajaba para otro local, el Glass. Son hechos de 2023. La última novedad es que, según ha informado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, se le ha revocado al imputado la habilitación administrativa para trabajar en los controles de accesos.

En la carta, remitida a los grupos políticos del Parlamento -varios de ellos han confirmado su recepción a este periódico- con ocasión del debate previsto para este jueves, la familia se dice “profundamente” afectada por lo sucedido. “Nuestro hijo fue asesinado por un controlador de acceso en un establecimiento cuya seguridad recaía bajo responsabilidad municipal. Queremos expresar nuestro firme deseo de que tragedias como la que ha marcado nuestras vidas no se repitan y de que se adopten medidas institucionales para identificar y corregir los errores que hemos detectado”, indican .

Añaden que “la muerte de Kerman no fue un accidente” porque “entre quienes tenían contacto directo con la vida nocturna de Gasteiz era bien sabido que en la discoteca Mitika los problemas no los generaban los clientes, sino sus controladores de acceso, quienes mostraban un patrón de violencia gratuita e indiscriminada, dentro de una dinámica instalada y tolerada”. Agregan que es algo que “se repite en más locales” de la capital vasca, algo que no es “razonable aceptar”.

Explican que al menos la Policía de Vitoria era “consciente del riesgo” y desde 2024 porque “una instructura advirtió por escrito a sus superiores -hasta tres escalas jerárquicas por encima- del peligro que suponía el agresor” y de la “ilegalidad” del lugar donde hacía los controles, un punto ciego para las cámaras y con “iluminación deficiente”. “Esa ubicación era escogida deliberadamente para ejercer violencia con mayor impunidad”, abundan. Esa agente “solicitó ayuda” pero “sus advertencias no fueron atendidas”. Señalan que el Ayuntamiento les ha ofrecido explicaciones “contradictorias” y que, en cualquier caso, no hizo lo que debía, lo que les lleva a concluir que “este asesinato fue facilitado por una cadena de negligencias institucionales”.

“El Ayuntamiento [una coalición de PSE-EE y PNV] no puede escudarse en tecnicismos para eludir su responsabilidad” porque “la normativa estatal, autonómica y local otorga a los municipios competencias claras en materia de inspección y prevención”, sostiene la familia. “Nuestro hijo merece justicia y la ciudadanía garantías firmes de no repetición”, sostienen. En el caso del Gobierno vasco, desean que el Parlamento legisle e impulse “las reformas necesarias” para lograr “herramientas eficaces” para combatir estos “riesgos conocidos” en el ocio nocturno. “Si la interpretación de las leyes genera dudas, creemos que ha llegado el momento de clarificarlas y reforzarlas”, solicitan.

En el orden del día del pleno semanal de este jueves hay una moción de EH Bildu sobre el asunto. En ella, se plantea “responder adecuadamente” a esos casos de violencia, “aclarar” el reparto de funciones entre los diferentes niveles institucionales y mejorar los sistemas de obtención de licencias para ser portero con “pruebas teóricas, prácticas y psicotécnicas”, según expone Gorka Ortiz de Guinea, portavoz de la coalición en la comisión de Seguridad. PNV y PSE-EE, los partidos de Gobierno y con mayoría, han registrado una enmienda en la que abogan por que se “continúe” con la labor actual y se “refuerce” la coordinación entre Ertzaintza y cuerpos locales en la “prevención de actos delicitvos en el ocio nocturno”.

Actualmente y desde finales de febrero, la discoteca Mitika está cerrada. “Estamos colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido”, dijeron entonces. Enviaron sus “más sinceras” condolencias a la familia. La Cadena Ser ha contado que la previsión es que reabra en septiembre y que, de momento, sigue operando alquilando la sala para eventos privados. El caso destapó que en 23 controles llevados a cabo en Vitoria en locales de ocio nocturno en 11 había problemas con los controles de acceso, lo que se concretaba en 16 trabajadores sin habilitación.

La discoteca Mítika de Vitoria, en cuya entrada se produjo el fallecimiento de un joven de 31 años por el que ha sido detenido y enviado a prisión provisional un portero, ha anunciado que cierra de forma temporal “mientras se avanza en la investigación”. “Lamentamos profundamente la pérdida de una vida y enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Kerman”, ha anunciado el local a través de un mensaje publicado en redes sociales.

“Desde Sala Mítika queremos expresar nuestro más profundo dolor y consternación por el trágico suceso ocurrido”, abunda en el comunicado la discoteca. “Estamos colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido y brindando toda la ayuda posible en este difícil momento. En señal de absoluto respeto y mientras se avanza en la investigación, hemos decidido que nuestra sala permanezca cerrada. Agradecemos sinceramente la comprensión”, apostilla en la nota, que llega tres días después de los hechos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo a las puertas de las instalaciones de la discoteca, sita en la calle de la Paz de Vitoria. En torno a las 5:00 horas, se informó al teléfono 112 de SOS Deiak de que un hombre había caído al suelo en la entrada y estaba inconsciente. Al parecer, tal y como recogía Europa Press, la víctima, hombre de 31 años, se golpeó en la cabeza al caer al suelo y entró en consecuencia en parada cardiorrespiratoria. El joven murió en el lugar de los hechos, pese a que patrullas de la Ertzaintza y un recurso sanitario se acercaron hasta el lugar de inmediato y efectuaron maniobras de reanimación.

Este mismo martes, el juzgado de instrucción número 3 de la ciudad ha acordado el ingreso en prisión provisional del portero detenido por la muerte, según pudo saber Europa Press de fuentes judiciales. Se le investiga por la presunta comisión de un delito de homicidio o asesinato.

El juzgado de instrucción número 3 de Vitoria ha acordado este martes el ingreso en prisión provisional del portero de una discoteca de la capital alavesa detenido por la muerte de un joven de 31 años de edad, ocurrida el pasado domingo de madrugada junto a la zona de acceso al local, según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Los hechos sucedieron sobre poco antes de las cinco de la madrugada del domingo en la calle de la Paz de Vitoria. Un aviso al teléfono 112 de SOS Deiak informó de que un hombre se había caído al suelo junto a la entrada de una discoteca y se encontraba inconsciente. Al parecer, la víctima se golpeó en la cabeza al caer y entró en parada cardiorrespiratoria, según recoge Europa Press.

Patrullas de la Ertzaintza y un recurso sanitario se desplazaron de inmediato al lugar para realizar maniobras de reanimación a la víctima, sin éxito. El joven falleció en el lugar. Tras las primeras indagaciones sobre lo ocurrido, la Ertzaintza detuvo a uno de los porteros del local por su presunta implicación en los hechos. El detenido ha pasado a primera hora de este martes a disposición judicial y el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria ha acordado su ingreso en prisión provisional por la presunta comisión de un delito de homicidio o asesinato.