El presidente de Adif, Pedro Marco, ha asegurado que la Guardia Civil no interpretó bien los tecnicismos en los que se basa para concluir que el carril de Adamuz sobre el que ocurrió el accidente del pasado 18 de enero ya estaba roto desde 22 horas antes.

“Hay un nivel de tecnicismo tal, que evidentemente yo creo que no está bien interpretado”, ha señalado este lunes en una rueda de prensa en alusión al informe de la Guardia Civil que apuntaba a que los sistemas de Adif detectaron una caída de tensión 22 horas antes que explicarían la rotura de carril.

Sin embargo, el presidente de Adif ha insistido una vez más en que esa caída de tensión proviene de un sistema que se usa exclusivamente para saber dónde se encuentra un tren en un determinado momento, pero no para identificar roturas.

En este sentido, esa caída de tensión podría ser compatible con una rotura, pero no es determinante para concluir que hubo, en efecto, una rotura.

“La Guardia Civil puede haber interpretado que puede existir esa posibilidad, pero es que realmente hoy por hoy no existe ningún sistema para la detección en tiempo real de una rotura de carril. Es un debate tecnológico todavía sin resolver en el sector ferroviario. Por eso, evidentemente, tengo que disculpar a la Guardia Civil porque no puede entrar a ese debate”, ha añadido.

Marco también ha defendido la actuación de la empresa pública que gestiona la red ferroviaria española tras el accidente de Adamuz: “Hemos custodiado todos los materiales y admitimos que los hemos manipulado, pero con la pertinente autorización judicial y solo para comprobar las soldaduras”.

Además, ha señalado que la Guardia Civil no se llevó unas chapas de aluminio que Adif consideraba implicadas en el suceso, por lo que la empresa las recogió y las depositó con el resto del material. “Comunicamos a la autoridad judicial todo el proceso que se ha seguido, toda la documentación y dónde tiene a su disposición esos elementos”, ha afirmado.

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha presentado este lunes el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba contra el auto judicial que no admitió su personación como acusación popular en las diligencias previas abiertas por el accidente ferroviario, ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero, y que se saldó con la muerte de 46 personas, 28 de ellas de la provincia de Huelva, y más de un centenar de heridos.

El Consistorio defiende que ostenta un “interés directo, legítimo y cualificado” para intervenir en el procedimiento, “dado el profundo impacto que el siniestro ha tenido en Punta Umbría”, donde tres vecinos fallecieron y siete resultaron heridos de consideración. Además, subraya que “desde el primer momento” activó recursos municipales, especialmente a través de los Servicios Sociales, que han prestado atención psicológica “continuada” a las víctimas y sus familias, ha indicado en una nota.

El recurso argumenta que la resolución judicial incurre en una interpretación “excesivamente restringida” del derecho a ejercer la acción popular, recogido en el artículo 125 de la Constitución.

Igualmente, el recurso presentado rechaza el argumento de que la personación del Ayuntamiento sea “innecesaria” por la presencia del Ministerio Fiscal y recuerda que el sistema penal español “permite la coexistencia de distintas acusaciones” y que, en este caso, “concurren circunstancias específicas como la investigación de entidades públicas estatales”, lo que, a juicio del Consistorio, “refuerza la necesidad de garantizar un control adicional y la defensa de los intereses de la comunidad local”.

Una comunidad que ha sufrido un impacto “real y profundo”

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha explicado que este recurso responde al “compromiso firme” del Ayuntamiento con las víctimas y sus familias “porque no estamos ante un interés abstracto, sino ante una tragedia que ha golpeado directamente a nuestro pueblo y a nuestros vecinos”.

En opinión del primer edil, la intervención del Ayuntamiento en el procedimiento “no sustituye a nadie, sino que aporta la voz de una comunidad que ha sufrido un impacto real, profundo y documentado”. “Por este motivo, vamos a defender hasta el final el derecho de Punta Umbría a estar presente en el proceso judicial”, ha dicho antes de añadir que “confía” en que la Audiencia Provincial de Córdoba “corrija esta decisión” y “reconozca nuestro derecho a ejercer la acción popular en defensa de nuestros vecinos”.

El Pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría aprobó, en sesión extraordinaria celebrada el pasado 18 de febrero, la personación del Consistorio como acusación popular en el procedimiento judicial abierto tras el accidente ferroviario. La propuesta de acuerdo salió adelante con el voto favorable de UPU, PSOE y PP, así como la abstención del concejal de IU.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Punta Umbría anunciaba el pasado 27 de marzo que agotaría “todas las vías legales” para personarse como acusación popular en este caso, después de que la jueza de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que instruye la causa, lo dejara fuera del caso en un auto emitido el jueves 26 de marzo.

El PP prepara una nueva ofensiva contra el Gobierno en una comisión de investigación en el Senado. Esta vez, a cuenta de las pesquisas parlamentarias para determinar las responsabilidades del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas. La portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, ha anunciado este viernes el plan de trabajo de su grupo, que incluye las futuras citaciones del ministro de Transportes, Óscar Puente; de su predecesora, Raquel Sánchez; e incluso del anterior responsable, José Luis Ábalos, y de su asesor Koldo García, quienes dejaron sus respectivos cargos cuatro años antes del siniestro.

García ha asegurado que en el accidente “falló el Gobierno”, y ha planteado su intención de relacionar el siniestro con la supuesta trama de corrupción que anidó en el Ministerio de Transportes bajo el mando de Ábalos. El que fuera secretario de Organización del PSOE asumió el cargo en junio de 2018 y fue destituido en julio de 2021. Junto a él, salió Koldo García.

Ambos están en prisión preventiva, investigados judicialmente por el amaño de contratos a cambio de comisiones, entre otras cuestiones.

García ha dicho que quiere “seguir el rastro del dinero” teóricamente desfalcado en Transportes, y ver qué posible relación hay con el accidente. El PP quiere reclamar una amplísima cantidad de documentación sobre las obras que se llevaron a cabo en el tramo del siniestro. Pero no solo. El plan de trabajo anunciado este viernes incluye informes y expedientes de hace 10 años.

La portavoz ha asegurado que se pedirá “toda la documentación” para “reconstruir cada decisión, una a una”, que llevaron al descarrilamiento y choque del pasado 18 de enero en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. También se reclamarán las “comunicaciones del día del accidente”, las “diligencias abiertas por la Fiscalía europea” por el posible “desvío de fondos europeos”, los “informes remitidos a los juzgados sobre los contratos amañados en Adif” o los “expedientes que justifiquen los cambios de velocidad en algunos tramos” de la red de ferrocarril.

El PP también llamará a asociaciones de víctimas del accidente de Adamuz. Una decisión que choca con su bloqueo a que las víctimas de la dana de Valencia, donde murieron 238 personas según los datos oficiales, fueran citadas en la comisión de investigación del Senado que investiga las riadas de octubre de 2024.

En el listado anunciado por el PP figuran también los máximos responsables de empresas operadoras como Renfe, Iryo y Ouigo; el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña; o la ex secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera (también investigada en las causas relacionadas con la corrupción de Transportes), entre otras personas, un total de 75.

El plan de trabajo anunciado hoy tiene todas las posibilidades de ser el aprobado en su integridad o con pequeños cambios, ya que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y el control de todas las decisiones. Eso no quiere decir que finalmente se ejecuten todas las citaciones ni peticiones de información contempladas en el documento. Esa decisión será tomada por la propia comisión de investigación, también controlada por el PP, en función de sus trabajos.

Los trenes de alta velocidad registraron 10,6 millones de viajeros en el cuarto trimestre de 2025, un 5,3% más que en el mismo trimestre de 2024, según los últimos datos que ha publicado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Sin embargo, el dato más significativo es el registrado en el corredor que une Madrid y Barcelona que, por primera vez desde la liberalización (que es efectiva desde 2021, cuando comenzó a operar Ouigo), la demanda se redujo un 13% interanual, hasta los 3,3 millones, según los citados datos. “Las plazas ofertadas solo disminuyeron un 4,4 %, al compensarse la supresión de los servicios Avlo de Renfe con más oferta de Iryo y Ouigo”, apunta la CNMC.

Se trata de una caída de pasajeros previa al accidente de Adamuz, que se produjo en enero, y a las ampliaciones en los tiempos de los viajes que unen las dos ciudades.

En cuanto al resto de corredores, la CNMC apunta que el mayor crecimiento interanual se produjo en el corredor que une Madrid con Valencia, pero esos datos están condicionados por la DANA de un año antes.

En concreto, este corredor creció un 26% en la recta final de 2025 y alcanzó los 1,5 millones de viajeros.

“Los corredores del sur aumentaron su demanda de forma significativa”, incide Competencia. En concreto, el de Madrid-Sevilla creció un 18,1% en el cuarto trimestre, hasta 1,6 millones de pasajeros. El de Madrid-Málaga/Granada, un 9,2%, hasta 1,4 millones.

Y, el corredor entre Madrid y Alicante se mantuvo prácticamente sin cambios, porque solo creció un 0,4% respecto al último trimestre de 2024 y se quedó en el millón de personas.

Renfe frente a Ouigo e Iryo y aumento de precios

Por cuotas de mercado, la CNMC desglosa que “Renfe concentró más del 60% de los viajeros en todos los corredores, salvo en el Madrid-Valencia (51%) y en el Madrid-Barcelona (56%)”.

También recoge que, en este último corredor, Renfe perdió 6 puntos básicos de cuota en favor de Ouigo, que creció en cuatro puntos y se quedó con el 19% del mercado; y dos puntos que fueron a Iryo, que llega a una cuota del 24%.

“Ouigo ganó 6 puntos de cuota a costa de Iryo (-2 p.p.) y Renfe (-4 p.p.) en el Madrid-Sevilla, y otros 6 p.p. en el Madrid-Alicante, al retirar Iryo su oferta de verano”, enumera.

Y respecto a los precios, la CNMC señala que la media “en los corredores Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia” subió “de forma considerable respecto al mismo trimestre de 2024 (un 36% y un 23%, respectivamente)”. “Sin embargo, fueron un 7% y un 32% más baratos, respectivamente, que antes de la liberalización (un 24% y un 45%, si tenemos en cuenta la inflación)”, matiza. “En el corredor sur, los precios medios bajaron un 10% y fueron un 31% más baratos que antes de la liberalización”.

Competencia también recoge datos sobre Media Distancia y Cercanías, donde solo opera Renfe. En los primeros recoge un aumento del 4,1% y una pequeña caída, del 1%, en los trenes de proximidad. “Ambos servicios fueron gratuitos para viajeros frecuentes desde septiembre de 2022 hasta el 30 de junio de 2025 y ahora los abonos mensuales tienen una subvención”, concluye.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado que la médica talaverana Amalia Montealegre, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Adamuz, haya recibido el alta médica.

“Te esperamos con los brazos abiertos. Te deseo una pronta y completa recuperación en esta nueva etapa que continuarás en tu hogar”, ha dicho el titular del Ejecutivo castellanomanchego a través de la red social 'X'.

Su madre relataba horas después del accidente que su hija quedó aplastada por los sillones de uno de los coches de viajeros y que tras cuatro horas fue rescatada por un bombero y un policía.

Este lunes, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) informaba de que el número de heridos en el trágico accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y que aún permanecen hospitalizados ha bajado de tres a dos, al haberse producido el alta de la única persona que seguía ingresada en el Hospital Quirón de Huelva.

Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 123 altas hospitalarias y un fallecimiento, que elevó el número de muertos por el accidente a 46.

De esta forma, en planta de hospitalización solo queda un adulto ingresado, en concreto en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, mientras que la otra persona ingresada continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga.

El primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias (PP), ha informado de que el próximo viernes, en el pleno del mes de marzo, presentarán una moción para exigir responsabilidades políticas por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y la dimisión del ministro de Transportes Óscar Puente.

El Gobierno municipal se refiere al accidente en una nota de prensa como “una presunta negligencia que costó la vida de 46 personas” y, por ello, “cualquier dirigente público con un mínimo de dignidad presentaría su dimisión”, en referencia a las “informaciones de extrema gravedad conocidas en las últimas semanas sin que se hayan anunciado dimisiones ni se hayan dado explicaciones”. “Es incomprensible que no se haya pedido perdón a las familias”, insiste Felipe Arias.

Por ello, el portavoz ha anunciado que el Ayuntamiento onubense elevará al pleno la exigencia de dimisión o cese del ministro Óscar Puente y de los responsables de Adif, además de reclamar una investigación independiente.

Familiares de las víctimas mortales y afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas --28 de ellas de Huelva-- junto a ciudadanos de diferentes municipios, se han manifestado este viernes, pese a la lluvia caída, por las calles de Huelva en memoria de los fallecidos y para exigir “justicia” y para que “se conozca toda la verdad”.

Convocada por la recién creada Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, la manifestación bajo el lema Memoria, verdad y justicia se iniciaba, a las 18 horas, en la estación de tren de Huelva, un lugar “cargado de simbolismo”, y ha recorrido varias calles de la ciudad bajo la lluvia, que hizo acto de aparición ya bien avanzada la misma. La protesta ha llegado hasta la plaza de las Monjas, en la que el presidente de la entidad, Mario Samper, ha leído un manifiesto.

El propio Samper ha señalado, en declaraciones a los medios antes de iniciar la marcha, que se trata de un día “un poco duro” porque aún se encuentran “mal anímicamente”, toda vez que ha comenzado la manifestación en “un lugar muy simbólico” que les hace recordar “aquella fatídica noche”.

Homenaje y reivindicación

De este modo, ha explicado que la manifestación ha constado de dos partes. Por un lado, el “homenaje a las víctimas, a los fallecidos”, y, por otro lado, “la reivindicación, como se está haciendo desde el minuto uno, que se sepa la verdad, que haya una investigación exhaustiva e imparcial, sin contaminaciones importantes” y “el juzgado determinará qué es lo que ha ocurrido realmente”, toda vez que ha pedido que “se asuman las responsabilidades políticas y empresariales”.

Asimismo, ha señalado que las administraciones “han tardado dos meses” y que “parece que ahora están empezando a arrancar”. “El grueso de las acciones que necesitábamos las víctimas ya las hemos suplido entre nosotros mismos, con nuestra experiencia y con nuestro trabajo. Esperábamos que las administraciones llegaran un poco antes, concretamente, dos meses antes. Pero no ha sido hasta hace una semana cuando desde el Ministerio de Transporte se han puesto en contacto con nosotros”, ha manifestado.

Al respecto, también ha señalado que han tenido conocimiento que desde el accidente de Angrois existe una oficina de atención a víctimas en sucesos de este tipo pero “hasta el momento todavía lo estamos esperando”. “No sabemos exactamente qué es lo que está haciendo. Como digo, al final el trabajo lo estamos haciendo nosotros mismos”, ha señalado.

El “problema” de los trenes en España

Asimismo, unas de las supervivientes, María José, ha señalado que “la recuperación está siendo lenta”, y que aunque no ha podido hacer el recorrido, ya que aún va con muletas, quería estar presente al inicio para reivindicar “el problema que tienen los trenes en España” y también para pedir “justicia por lo que hemos sobrevivido” y “en memoria de las personas que ya no estaban con nosotros”.

“Yo me rompí la tibia y el peroné. Me sometieron a una operación de seis horas y media, pues tenía los huesos astillados. Ahora mismo ya estoy andando con muletas”, ha explicado la superviviente, que ha señalado que “nunca” se le va a olvidar ese día“.

En este sentido, la víctimas no han estado solas, ya que les han acompañado numerosos ciudadanos de diferentes municipios, además de entidades sociales y plataformas, que han querido arropar a los afectados del accidente, del que recientemente se han cumplido dos meses.

De hecho, algunos municipios de la provincia como Punta Umbría o Lepe han habilitados autobuses para que las personas que lo quisiesen pudieran acudir a la manifestación.

Además, la asociación había expresado que la manifestación fuera apolítica y que no hubiera presencia de políticos como tal. Además, ha señalado que no va a ser la única acción que van a emprender, ya que están ultimando más actividades con el objetivo de que “no se olvide lo que pasó”.

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación para determinar si se malversaron fondos comunitarios concedidos para la reparación de la vía de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, donde se encuentra el tramo de Adamuz en el que se produjo el accidente del pasado enero, según ha adelantado El Mundo y han confirmado fuentes jurídicas a elDiario.es. El organismo indaga en un posible desvío de dinero de la UE en el marco de las tareas de conservación de la vía. 

La Comisión Europea otorgó en junio de 2024 una subvención de 111 millones de euros procedentes de los fondos europeos para renovar este eje, inaugurado en 1992. El Ejecutivo comunitario afirmaba ya en 2023 que “dados los últimos avances tecnológicos” la línea se había quedado “desfasada en comparación con el resto de la red de alta velocidad española”. 

Fuentes del Ministerio de Transportes afirman que la justificación de los fondos europeos concedidos a esa obra se ha ido haciendo “con absoluta normalidad a medida que se ejecutaba”. Estas mismas fuentes expresan su “máxima colaboración con la Fiscalía Europea en la información que vaya solicitando”, como aseguran que ya está haciendo el gestor ferroviario Adif. Y añaden que “es normal que revise la documentación”.

En un mensaje en la red social X, el ministro Óscar Puente ha mostrado un oficio de la Fiscalía Europea del pasado 30 de enero en el que este organismo requiere a Adif “todos los contratos suscritos y los correspondientes número de expedientes en relación con el tramo de la red ferroviaria donde tuvo lugar el siniestro”.

Dos meses después del accidente en el que murieron 46 personas, la investigación judicial que mantiene abierta un juzgado de Montoro se centra cada vez más en un posible fallo en la infraestructura, concretamente a la posible rotura de un carril o un fallo en una soldadura. Esta hipótesis, que ya se planteó en los primeros días, ha ido ganando peso a medida que se han conocido nuevos datos.

Entre ellos, destaca un informe técnico conocido esta semana que señala la detección de una caída de tensión en la infraestructura hasta 22 horas antes del accidente, un indicio compatible con una rotura progresiva de la vía. Esto abriría la posibilidad de que el fallo no fuera repentino, sino que se estuviera produciendo con anterioridad sin ser detectado por los sistemas de control.

El pasado 18 de enero, Aarón, un joven onubense de 20 años, era uno de los pasajeros del Alvia que terminó volcado tras el choque con el Iryo en Adamuz. De aquel accidente han quedado muchos datos, peleas políticas y decenas de informes, pero la madre de Aarón, Carmen, no quiere que el caso de su hijo quede en el olvido, y por eso ha escrito una carta abierta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a la que ha contestado en su nombre el consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

En su carta se resume el rosario de médicos que su hijo visitó durante dos semanas tras la tragedia, con fuertes dolores que siempre le achacaron a una rotura de costillas, hasta que un radiólogo dio con la clave: aplastamiento de columna.

Carmen asegura en sus redes sociales que escribe a Juanma Moreno “como madre”. “No desde la rabia, aunque la haya. No desde el reproche vacío. Le escribo desde el dolor profundo, desde la impotencia y desde el agotamiento de una familia que solo ha pedido algo muy simple: que cuiden bien de su hijo”, escribe en la carta, adelantada en El Libre. Recuerda que la noche del accidente, Aarón fue trasladado al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba donde, “entendiendo el colapso del momento, únicamente le realizaron radiografías de tórax y pelvis”. Fue diagnosticado de fractura de ambas clavículas y derivado a su hospital de referencia en Huelva, el Juan Ramón Jiménez.

El primer paciente que llegó al hospital de Huelva

Si en el Reina Sofía había colapso, en Huelva no era así. Fueron los primeros afectados del accidente en llegar a ese hospital. “Pensamos que allí continuarían con un estudio completo acorde a un traumatismo de tal magnitud. Pero no fue así. Se repitieron únicamente las mismas radiografías. Insistimos en que tenía golpes en la cabeza, dolor en la mandíbula, dolor generalizado en todo el cuerpo. Su vagón había sufrido un impacto y volcado. Aun así, no consideraron necesarias más pruebas”.

El día 19 ingresó para ser intervenido de ambas clavículas. Tras la operación, “comentamos el fuerte dolor de espalda y la inflamación facial con dolor mandibular. Nos dijeron que el dolor de espalda se debía a dos costillas rotas y no se solicitó ninguna prueba adicional. Fue dado de alta”. Pero en casa los dolores eran insoportables y volvieron a Urgencias.

Esther, hermana de Carmen, cita que solo la insistencia de un radiólogo y el empecinamiento de la familia hizo posible un diagnóstico real, porque “mientras le hacían una radiografía de espalda, el personal de rayos nos dijo que si el médico decía que no había fractura, insistiéramos”. Fue premonitorio. Con las placas en pantalla, el médico de guardia insistía en que no había fractura, así que la propia familia le tuvo que decir que mirase bien la pantalla. Como se temían, Aarón tenía fractura con acuñamiento vertebral. Un TAC posterior confirmó fractura y aplastamiento vertebral. Pero ahí no acabó la odisea.

“Nos enviaron a casa andando, sin indicaciones de reposo absoluto, sin advertirnos del riesgo de que ponerse de pie pudiera agravar la lesión. Durante 15 días mi hijo estuvo levantándose para ir al baño o ducharse, sin saber que podía estar comprometiendo su lesión”.

Aarón ingresó de nuevo para ser operado, pero el día previsto no pudo operarse por falta de anestesista. Cuando el traumatólogo que finalmente lo intervino lo visitó, “lo primero que nos dijo fue: ni un pie en el suelo. Nadie nos había advertido antes”. Fue intervenido con fijación desde la vértebra 7 hasta la 12. Tiene 50 puntos en la espalda, placas y tornillos. Tras la cirugía, “el propio médico nos informó de que el TAC inicial no estaba bien informado y que las vértebras afectadas no eran las que se habían comunicado previamente. Otro error más”.

La familia siguió insistiendo en el dolor de mandíbula y rodilla. “Se prometieron pruebas que no se realizaron. Incluso intentaron darle el alta con dolores insoportables, con rescates analgésicos cada hora y media, recién operado de la columna y con costillas fracturadas. Las radiografías posteriores dijeron que no había fractura mandibular”.

Pero la familia no se conformó, y acudió a la sanidad privada. Un especialista maxilofacial, mediante ortopantomografía y TAC, confirmó fractura de mandíbula. “Mi hijo llevaba desde el 18 de enero con la mandíbula rota sin que nadie en la sanidad pública se hubiera percatado. Una fractura que debería haberse intervenido hacía más de un mes. Ahora esperamos una resonancia de rodilla, también solicitada por nuestro seguro privado, porque nuevamente en la sanidad pública no consideraron oportunas más pruebas”.

“Señor Moreno, ¿es esto justo?”

Carmen pregunta a Juanma Moreno si es justo “para un joven de 20 años que ha sobrevivido a un accidente de tal magnitud tener que mendigar pruebas diagnósticas, para una familia vivir con el miedo constante de qué será lo próximo que no hayan visto o que una madre tenga que confiar más en su intuición que en el sistema sanitario que debería proteger a su hijo”, y le lanza una pregunta final: “Si fuera su hijo, ¿se conformaría con lo ocurrido? ¿Se sentiría tranquilo sabiendo que durante semanas nadie detectó fracturas vertebrales y mandibulares tras un accidente de tren?”.

La tía de Aarón confirma que Juanma Moreno no les ha contestado de forma alguna, pero sí el consejero Antonio Sanz, aunque se muestra decepcionada con la respuesta. Cree que la carta en redes sociales llegó a sus oídos, y el pasado viernes, antes de una reunión de la familia con el director del hospital y algunos médicos, les telefoneó, “pero, por decirlo de alguna forma, no fue una conversación muy amena, porque puso en duda las lesiones de mi sobrino”.

Esther cita que el consejero había accedido a información del expediente de Aarón. Desde la Junta de Andalucía se indica a elDiario.es Andalucía que Sanz no accedió a información sensible sino solo a lo básico para poder hablar con la familia. No se entra a valorar la actuación de los médicos en este caso.

La tía del joven dice que lo peor que ve ella en él es su estado de ánimo, porque “cada vez que va al médico le sacan una cosa nueva, y eso es difícil de llevar para alguien tan joven”, y recalca que si su hermana no hubiese insistido al médico con lo que le dijo el radiólogo, su sobrino seguiría sin ser operado de la espalda.

El caso de Aarón ha sido puesto en manos de un bufete de abogados onubense. La familia quiere saber qué ha pasado y delimitar responsabilidades, de forma similar a cómo termina la carta de la madre en las redes sociales: “Esperando que esta carta no quede en el silencio y que sirva para mejorar lo que claramente ha fallado”.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha emitido una nota para informar sobre los últimos avances de la investigación del accidente de Adamuz, ocurrido el pasado 19 de enero y en el que murieron 46 personas y resultaron heridas más de 150.

En el texto se detalla la secuencia del accidente de la manera más precisa hasta la fecha, si bien se señala que estas informaciones “no constituyen en ningún caso las conclusiones definitivas sobre este accidente”. Se explica que el tren de la empresa Iryo descarriló, ocupando la vía contigua, y solo 14 segundos después el Alvia de Renfe, sin tiempo para frenar, colisionó contra el primer convoy. No obstante, añade la CIAF, “durante el proceso de investigación pueden aparecer nuevos hallazgos que modifiquen las hipótesis presentadas”.

La secuencia temporal de los eventos que condujeron al accidente sería la siguiente, “una vez obtenidos los datos de los registradores jurídicos, y tras analizarlos en conjunto con la secuencia de eventos del enclavamiento de ADIF y los datos de la diagnosis de los trenes”:

La CIAF recuerda que “con respecto a las imágenes del interior de los coches del tren Iryo 6189, se está realizando el correspondiente análisis que permitirá definir de forma más concreta la secuencia y/o confirmar los datos anteriores”.

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, creada por más de 120 afectados del accidente ferroviario del pasado 18 de enero, convocará una manifestación el próximo 20 de marzo en Huelva bajo el lema Por la seguridad del ferrocarril, que saldría desde la estación de tren y finalizaría en las plaza de Las Monjas, donde procederían a la lectura de un manifiesto.

Así lo ha confirmado el portavoz de la asociación, Mario Samper, sobre una información adelantada en Canal Sur TV este viernes. Asimismo, ha explicado que a la misma acudirán la mayor parte de las víctimas que conforman la plataforma de afectados y sus familiares, menos los que aún se encuentran convalecientes, así como ha señalado que cuando tengan la autorización formal invitarán a participar a la misma a la sociedad onubense porque “la seguridad del ferrocarril nos afecta a todos”.

Igualmente, ha indicado que la intención, cuando puedan, es también celebrar otra manifestación en Madrid para tratar de concentrar a un mayor número de afectados de otras provincias que en este caso no van a poder asistir, ha asegurado en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

A la espera de la respuesta de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, confían en que se les otorguen los permisos administrativos para poder llevar a cabo esta manifestación. En caso de que la administración diera el visto bueno, la manifestación saldría de la estación de tren Huelva-Término de la capital a las 18.00 horas y recorrería varias calles hasta finalizar su recorrido en la plaza de Las Monjas de la capital, donde se leería un manifiesto.

“Indignados”

De otro lado, Samper se ha mostrado crítico con el homenaje a víctimas de Adamuz que ha realizado el Gobierno central este viernes en Huelva, en el marco de la celebración de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa en La Rábida. El mismo se ha centrado en el descubrimiento de una placa en memoria de cuatro víctimas de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede de La Rábida, en Palos de la Frontera, dos estudiantes heridas y dos colaboradores fallecidos, María Clauss y Óscar Toro, y en la lectura de un poema.

Al respecto, el portavoz de la plataforma ha apuntado que se encuentran “indignados” por el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya venido “a nuestra casa, a Huelva, a hacer un homenaje a algunas de las personas” afectadas y “no aprovechara esta buena ocasión para mostrarnos ese cariño que decía en el Parlamento que nos tenía”. “Pues no, no se ha acercado”, ha lamentado.

El balance del trágico accidente fue de más de un centenar de heridos y 46 personas fallecidas y afectó especialmente a la provincia de Huelva, con 28 víctimas mortales. La última persona, una mujer de 42 años natural del pueblo onubense de La Palma del Condado, falleció el 30 de enero tras permanecer ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

La mayoría de las víctimas mortales eran españolas, excepto tres que eran ciudadanas de Marruecos, Rusia y Alemania. Según las informaciones que se fueron conociendo horas y días después, 28 de los fallecidos tenían su lugar de residencia en Huelva; nueve en Madrid; dos en León, otras dos en Córdoba, uno en Alemania, otro en Alicante, uno en Málaga, uno en Tenerife y otro en Ceuta.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado inadmitir este viernes por falta de competencia la denuncia presentada contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por delitos de homicio imprudente en relación al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que el pasado 18 de enero le costó la vida a 46 personas.

Fue a finales de enero cuando el magistrado abrió diligencias previas de investigación a raíz de la denuncia presentada por la Asociación Libertad y Justicia, en lo que fuentes jurídicas traducían como un mero trámite para recabar la posición del Ministerio Público sobre la admisibilidad o no del asunto en este tribunal. El pasado 10 de febrero, la Fiscalía emitió informe contrario a que el asunto fuera admitido al entender que no era el juzgado competente.

Ahora, fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es señalan que el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 sigue la misma senda que ya marcó en el caso de la querella de Hazte Oír contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y acuerda inadmitir esta denuncia.

Ya cuando trascendió la presentación de esta denuncia, estas mismas fuentes auguraban poco recorrido al asunto habida cuenta que Puente como ministro tiene aforamiento ante el Tribunal Supremo. Además, se añadía a esto que, desde el principio, parecía difícil sostener la competencia de la Audiencia Nacional porque fallaba otro de los requisitos atractores de este tribunal especial, y es que para que se extendiese la competencia del juzgado sobre el accidente de Adamuz era necesaria la existencia de una organización criminal.

Así las cosas, la investigación sobre el accidente ferroviario continúa en manos de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) Plaza 2. De hecho, la instructora es la juez Cristina Pastor, quien fue nombrada titular de esa plaza en el mes de enero, dos días después de que se produjera el siniestro.

El tren de borrascas que azotó a Andalucía afectó profundamente al sector agroalimentario. Las pérdidas se cuantifican por miles de millones y el cultivo de la frase en Huelva arrastra las consecuencias. A principios de marzo, la producción debería estar a un 40%, sin embargo, “se ha tirado en estos dos meses casi la mitad de la fruta”, indica Manuel Piedra Chaves, secretario general de UPA Huelva. Con el fin de rescatar lo que queda de temporada, el sindicato ha salido a la calle y, bajo las Setas de Sevilla, ha repartido alrededor de 1.600 tarrinas llenas del fruto rojo, animando a la población a que se fije en la etiqueta antes de comprar.

Esta es la tercera edición de repartos que organiza UPA en diferentes puntos del país, comenzando por la Puerta del Sol, en Madrid. Tras hacer parada en el pueblo de Adamuz, donde ocurrió el trágico accidente ferroviario, la capital hispalense ha sido el siguiente destino. En declaraciones a este medio, Chaves destaca que las lluvias torrenciales afectaron a las fresas en el momento más crucial: “En los dos primeros meses de campaña es cuando más valor tiene, pero hemos tenido que arreglar las estructuras, los plásticos, con todo el gasto que conlleva y, lógicamente, estamos mal”. Por tal motivo, acuden a la ciudadanía, “pedimos que nos ayuden, que consuman producto de la tierra, como son las fresas de Huelva que, en definitiva, son las fresas de España y suponen el 91% de la producción”.

Había quien cogía más de una tarrina o intentaba repetir con sonrisa picarona. Pero tantos oriundos como extranjeros disfrutaron del sabor de este fruto que da más de 100.000 puestos de trabajo, confirma el representante de UPA. “El impacto ha sido fuerte y, aunque aún no está cuantificado el daño, la economía de la agricultura se está resintiendo”, añade. Para hacerse una idea, la reconstrucción de Andalucía tras el paso de las borrascas supondrá una inversión de al menos 9.000 millones de euros, con fondos movilizados a través del Gobierno central y de la Junta de Andalucía. El plan de choque autonómico está destinado principalmente al campo andaluz, junto a los autónomos y pymes turísticas y comerciales, además de las familias que han visto sus casas destrozadas.

Diferencia de 8 euros desde el campo al supermercado

Hasta ahora, no han recibido ningún tipo de subvención a la espera de que se desarrollen las medidas planteadas por las administraciones. A la espera y en mitad de unas ventas que, a priori, no serán tan buenas como en periodos anteriores, Piedra Chaves también se refiere a la competencia de los intermediadores: “Hoy he visto en Sevilla precios de 10 y 11 euros el kilo de fresas, mientras que a nosotros nos pagan 2 euros. Alguien se está quedando con el dinero que no le llega al agricultor”. Una señora corrobora la cifra que da el integrante de UPA, aunque siempre opta por ir a la venta del barrio, donde están ahora mismo a 6 euros.

Las fresas entregadas a los sevillanos corresponden a la variedad Marisma, originaria de Huelva, producidas por la empresa FNM (Fresas Nuevos Materiales), que se han recolectado a primera hora de la mañana para realizar el reparto en la capital andaluza. Al respecto, Verónica Romero resalta el simbolismo que tiene el reparto de fresas en este emplazamiento: “La campaña #YoComoFresasdeHuelva se puso en marcha en 2024 como estrategia para confirmar la excelente calidad de la fresa de Huelva, y de los frutos rojos en general. Aparte, este cultivo ofrece trabajo a cientos de sevillanos que se desplazan diariamente a la provincia vecina para obtener unos ingresos con los que generar riqueza y vida en nuestros pueblos”.

Los repartos continuarán la próxima semana en dos comunidades autónomas distintas: Extremadura, con parada en Mérida el martes 10 de marzo; y Castilla y León, donde se repartirán fresas en Salamanca (miércoles 11) y Segovia (jueves 12).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este viernes en La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), un homenaje del Gobierno de España en recuerdo a las víctimas de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) que viajaban en el tren Alvia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Este gesto se lleva a cabo en el marco del inicio de la celebración de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebrará en la provincia onubense.

Pedro Sánchez ha estado acompañado en este momento de recogimiento por once de sus ministros que asisten a la cumbre, así como por la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, el senador del PP por Huelva Carmelo Romero, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y otras autoridades andaluzas y provinciales.

El acto, celebrado en la explanada de sede de la UNIA en Huelva, ha consistido en el descubrimiento de una placa que reza “en memoria de las víctimas de esta universidad en el accidente ferroviario de Adamuz” y en la lectura de un poema. Se trata de un gesto que ha querido tener el Ejecutivo central por las dos estudiantes heridas y los dos colaboradores de la sede Santa María de La Rábida, María Clauss y Óscar Toro, que resultaron víctimas mortales en el accidente. En este sentido, se ha recordado que el accidente “tuvo un hondo impacto en la provincia de Huelva, incluida en su comunidad educativa”.

Posteriormente, se ha procedido a la lectura de un poema del Premio Nobel moguereño Juan Ramón Jiménez. “Como médanos de oro, que vienen y que van son los recuerdos. El viento se los lleva y donde están, están. Y donde están, y están donde estuvieron y donde habrán de estar. Médanos de oro. Lo llenan todo, mar total de oro inefable, con todo el viento en él, son los recuerdos”.

Tras ello, se ha dado inicio de la cumbre, ya con la presencia del primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro, y sus ministros, y a lo largo de la jornada se guardará también un minuto de silencio en la explanada del IV Centenario en recuerdo de todas las víctimas del accidente.

Aunque en un primer momento el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaron celebrar un homenaje de Estado por las víctimas el 31 de enero, finalmente fue pospuesto tras trasladar una amplia mayoría de las familias de las víctimas que no podrían acudir.

Después de eso, la misa funeral oficiada por el Obispado de Huelva el pasado 29 de enero se convirtió en un auténtico acto oficial, con la presencia de familiares de fallecidos y de heridos, así como de los reyes de España, Felipe VI y Letizia; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello, tres ministros, encabezados por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El balance final del trágico accidente fue de más de un centenar de heridos y 46 personas fallecidas y afectó especialmente a la provincia de Huelva, con 28 víctimas mortales. La última persona, una mujer de 42 años natural del pueblo onubense de La Palma del Condado, falleció días después de accidente --el 30 de enero-- tras permanecer ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha afeado este lunes la actitud de “ninguneo” y de “acoso y derribo” que, en su opinión, ha ejercido la Junta de Andalucía contra la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama, por denunciar los fallos en el sistema de cribados de cáncer de mama de la sanidad andaluza.

Montero ha contrapuesto esa actitud con la “empatía” que el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) traslada hacia aquellas “víctimas de situaciones” ante “las que consideran que se pueden poner de perfil y que no tienen ninguna responsabilidad”, en alusión a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, después de que el presidente andaluz rompiera a llorar el sábado durante su discurso institucional con motivo del 28F al recordar el trágico suceso.

Todo ello después de que el PSOE andaluz anunciara este domingo la concesión del premio Clara Campoamor a Amama y a su presidenta, Ángela Claverol, por su implicación en las reivindicaciones ante las negligencias por los cribados de cáncer de mama. Ya el lunes, Montero ha vuelto a defender a la asociación que destapó la crisis de los cribados de cáncer, en una atención a medios durante una visita a Cantillana (Sevilla).

No a la comisión de investigación sobre los fallos en los cribados

La también ministra de Hacienda ha aprovechado una pregunta sobre la decisión del PP de citar al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del Senado sobre el conocido como 'caso Koldo' para preguntarse: si el PP “quiere utilizar comisiones de investigación para estudiar materias, por qué el Parlamento andaluz no ha creado la comisión de investigación” sobre los fallos en los cribados del cáncer de mama que solicitó el Grupo Socialista.

“Una realidad que ha ocurrido” en Andalucía, ha recordado Montero, quien ha subrayado que se trata de una “negligencia” que ha afectado a “2.500 personas al menos, que conozcamos, aunque no tenemos el dato” exacto, según ha apostillado.

En esa línea, la que también fuera consejera de Salud en la etapa de Gobierno socialista en la Junta de Andalucía ha puesto de relieve que no se conocen datos como “qué mujeres han desarrollado posteriormente una enfermedad” tras los fallos en los cribados, o “cuántas han tenido que ponerse en tratamiento porque el programa falló y no se pudo intervenir previamente”.

Mirada “especial” sobre las mujeres

María Jesús Montero ha trasladado al respecto que “parece que las víctimas no son iguales” para el Gobierno del PP andaluz, un partido que “utiliza” a “algunas víctimas y algunos casos” para “hacer su propaganda política”, mientras que “otros casos parece que pasan desapercibidos, sobre todo cuando afectan a las mujeres”, según la secretaria general del PSOE-A.

La vicepresidenta ha recordado en ese punto que “estamos en la semana en la que vamos a festejar el 8 de marzo”, Día Internacional de las Mujeres, y en la que, por ello, ella pide que “la política tenga una mirada especial sobre las mujeres, sobre los obstáculos que tienen que atravesar”.

En ese punto, la dirigente socialista ha llamado la atención sobre “qué casualidad que, donde ha fallado el sistema sanitario en Andalucía, haya sido en algo que afecta de lleno a las mujeres andaluzas, como es ni más ni menos la capacidad de desarrollo de un cáncer de mama, que es la enfermedad oncológica, el cáncer más frecuente que tiene la población femenina, en este caso las mujeres en Andalucía”, ha remachado.

De igual modo, y a preguntas de los periodistas, María Jesús Montero ha defendido el premio 'Clara Campoamor' que este pasado domingo anunció que el PSOE-A va a conceder a Amama, y ha sostenido que es un reconocimiento “merecido”, teniendo en cuenta que fue la asociación que “denunció que se estaba produciendo una realidad entre mujeres que no conocían los resultados de su mamografía, aunque esa mamografía fuera sospechosa de tener alguna lesión”.

Amama, ejemplo de “empoderamiento de las mujeres”

Fueron así mujeres que, “de forma valiente, salieron a la opinión pública denunciando esta situación”, y que, según ha continuado relatando la líder socialista, “terminaron ellas siendo víctimas también del ninguneo del acoso y derribo a los que las ha sometido la Junta de Andalucía”, que “solamente se apiada, tiene empatía, con las víctimas de aquellas situaciones en las que la Junta considera que se pueden poner de perfil y que no tienen ninguna responsabilidad”, ha opinado.

“Cuando hay responsabilidad de la Junta de Andalucía, las víctimas pasan a ser de segunda división”, ha sentenciado María Jesús Montero, quien ha defendido así que Amama ha sido la asociación que ha representado a “esas mujeres (que) han recibido todo tipo de ataques explícitos o implícitos de la Junta de Andalucía”, y que “han representado la valentía femenina, el empoderamiento de las mujeres cuando tienen que luchar contra una enfermedad”.

La vicepresidenta ha advertido de que dicha asociación “se creó para darle confort” a mujeres que desarrollan un cáncer de mama, “para trasladar su experiencia” y “los instrumentos que tienen” esas personas a su alcance, “no solo sanitarios”, sino también “psicológicos, porque la mutilación de la mama o cualquier otra intervención genera algunas secuelas psicológicas” con las que estas asociaciones “intentan trabajar para que estas mujeres puedan reanudar su vida en las mejores condiciones posibles”, según ha puesto de relieve Montero.

De este modo, la vicepresidenta primera del Gobierno ha aseverado que el premio 'Clara Campoamor' que se le concede a Amama es “merecidísimo”, y “ojalá hubiera muchas asociaciones” como ella, al tiempo que ha querido subrayar que es “radicalmente falso” que dicha asociación tenga “tintes políticos”, ya que se creó para “la autoayuda, para las personas que tienen el mismo problema, pero que, posteriormente, tuvieron que denunciar” lo que sucedía con los cribados de cáncer de mama, según ha añadido para concluir.

El 28F es una jornada para compartir lo que somos, para celebrar que es un orgullo ser andaluz y pertenecer a una tierra que es ejemplo de solidaridad y de valentía. El destino ha querido que este año el Día de Andalucía haya venido precedido de dos hechos que marcarán para siempre nuestra historia: la tragedia ferroviaria de Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas, y el tren de borrascas, que también provocó la pérdida de vidas humanas y daños materiales incalculables. Se trata de dos desafíos que Andalucía ha tenido que afrontar en un corto espacio de tiempo y en los que los andaluces, como hacen siempre, han estado a la altura.

Hemos visto a vecinos de un pueblo adentrarse en plena noche a unas temperaturas gélidas en una zona inhóspita en la que se acababa de producir un accidente para ver en qué podían ayudar y cómo podían socorrer a aquellos a quienes no conocían. Hemos visto a un pueblo dando todo lo que tenía para arropar y acompañar a las personas afectadas.

Hemos visto también cómo se desalaoja a un pueblo entero y a vecinos que abandonan sus casas sin rechistar porque así era necesario para preservar su seguridad y sin saber cuándo podrían volver. Con enorme dignidad y desde la confianza plena en que la decisión de las autoridades era por su bien.

Hemos visto cómo otros pueblos hermanos acogían al pueblo errante en este trance y les ofrecían también todo lo que tenían y todo lo que estaba en su mano para aliviar su difícil situación. Lo que hemos visto estos días difíciles y a la vez conmovedores ha sido Andalucía en estado puro. Hemos visto la dignidad, el respeto y la solidaridad de un pueblo que siempre está con los suyos, que cuida, comparte y demuestra su grandeza, en los buenos y en los malos momentos.

Una Andalucía que quiere diálogo y respeto, y que no quiere confrontación ni politiqueo, para seguir adelante con paso firme, con paso seguro, como dice el lema elegido este año para el 28F, avanzando con la mirada puesta en los 50 años de la autonomía andaluza, que se cumplirán en 2030

Los gobernantes y los representantes políticos del pueblo andaluz en general debemos estar a la altura de esta lección que Andalucía ha vuelto a dar estos días y que ha trascendido de nuestras fronteras. Una Andalucía que quiere diálogo y respeto, y que no quiere confrontación ni politiqueo, para seguir adelante con paso firme, con paso seguro, como dice el lema elegido este año para el 28F, avanzando con la mirada puesta en los 50 años de la autonomía andaluza, que se cumplirán en 2030.

Atrás quedaron el conformismo y la resignación. Andalucía es ahora una tierra que mira sin complejos a las regiones más avanzadas de España, en la que más baja el paro, en la que se crean ocho de cada diez empresas de nuestro país, que bate récord en exportaciones internacionales, que encabeza el descenso del abandono temprano y del fracaso escolar, y que converge cada vez más, gracias al proyecto del presidente Juanma Moreno. Pero aún queda mucho trabajo por delante para seguir avanzando y para ello es necesario que el Gobierno de Andalucía sea estable y pueda seguir tomando las medidas necesarias para que el paso de la Andalucía en blanco y negro de las etapas socialistas a una Andalucía dinámica, moderna, abierta y serena no se trunque. Un Gobierno de Andalucía que no traicione el espíritu de igualdad que simboliza también el 28F y que significa que no vamos a aceptar que se rompa la solidaridad territorial en nuestro país por prebendas a unos pocos en contraprestación de apoyos políticos espurios. Un Gobierno de Andalucía que defienda siempre lo que nos corresponde por justicia en materia de financiación y respete las instituciones de las que nos hemos dotado para convivir en democracia. Es el Partido Popular de Andalucía el que mejor representa en nuestra tierra esos valores y es un honor que así sea para seguir haciendo de nuestra comunidad un lugar mejor y para seguir acompañando a los andaluces y servirlos desde la responsabilidad, la honestidad y el rigor.

Feliz Día de Andalucía.

En 1851, apenas seis meses después del descubrimiento del procedimiento fotográfico del colodión húmedo, la Comisión de monumentos históricos de Francia dirigida por Prosper Merimée pidió a varios fotógrafos la toma de imágenes de una serie de monumentos importantes. A este encargo se le conoce como Misión Heliográfica, y ha sido la inspiración de innumerables aventuras similares. También lo es de Misión Andalucía, un proyecto de colaboración del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) y el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) que reúne a ocho fotógrafos para plasmar en imágenes el paisaje rural de la comunidad.

Según el comisario de la muestra, Juan María Rodríguez, “ahora que nos asomamos al abismo de la IA, cuando la fotografía vuelve a sentirse acosada, volvemos a los orígenes. Por eso hemos hecho nuestra propia misión, reivindicando el valor y la encrucijada de nuestro propio paisaje”. En cuanto a los nombres seleccionados, que han contado con la asesoría científica de de Silvia Fernández Cacho, destaca que son “muy distintos entre sí”, y han llevado a cargo el desafío “siendo ellos mismos, sin hacer fotoperiodismo, ni una bonita colección de postales; ni tampoco un documentalismo contemporáneo gélido. Necesitábamos plasticidad y belleza”.

Por otro lado, Rodríguez admite que se trataba de una idea “un poco kamikaze”, por lo que supone pretender concentrar toda la riqueza del paisaje andaluz en solo 129 imágenes. “Al menos hemos logrado una síntesis del territorio, planteada de manera de manera autoral, subjetiva y contemporánea”. Entre los seleccionados figura María Clauss, la fotógrafa onubense que falleció junto a su marido en el trágico accidente ferroviario de Adamuz, y a la que se dedica la muestra a modo de homenaje. “Recuerdo que María se sentía un poco abrumada por este trabajo, pero acabó haciendo una de las mejores aportaciones del equipo. Verla crecer en este proyecto fue maravilloso”.  

Alto nivel

El resto del catálogo está integrado por Santi Donaire, Manuel Espaliú, Susana Girón, Laura León, Pablo López, David Jiménez y Julián Ochoa, una nómina que “reivindica también el alto nivel de los fotógrafos andaluces de hoy, aunque estén muy dispersos”, señala Rodríguez. De paso, se plantea la pregunta de qué es un paisaje, cuestión que para los organizadores tiene una respuesta simple: “Es todo aquello que el ciudadano percibe como tal. El paisaje no solo son arbolitos, también es el polo químico. Eso permite que veamos algunas intervenciones del hombre, como placas solares o huellas de destrucción, como el rastro de los incendios. Todo está planteado de manera sutil, incluyendo poesía y abstracción, y por supuesto mucho guiño metafotográfico”.

“Es un intento de dejar un testimonio del paisaje andaluz, y a la vez de la mirada de varios autores”, comenta David Jiménez, uno de los fotógrafos invitados. “En mi caso particular me tocó una serie de comarcas en la provincia de Almería, un lugar al que tengo mucho apego emocional. He quedado fascinado al descubrirla con más detalle, en particular el desierto de Tabernas, un lugar único y mágico, así como la comarca de Los Vélez, el yacimiento de los Millares, las canteras de Macael… Ha sido una experiencia muy grata, haciendo un trabajo a medio camino entre lo descriptivo y lo poético, lo artístico y lo documental. Algo hermoso que esperamos que perdure en la memoria”.

Laura León, también participante en el proyecto, comenta que trabajó en las provincias de Sevilla y Córdoba, “antiguos yacimientos mineros, asentamientos romanos, etc. No me tocó una parte especialmente icónica, y muy difícil por las temperaturas estivales, pero ha tenido momentos maravillosos”, añade. “Se ha trabajado sobre una representación subjetiva, evitando los hitos reconocibles… Que por otro lado, en mi caso, eran inexistentes. Yo me he centrado en espacios donde hay mucha huella humana, y eso le da una estructura muy concreta al trabajo. Una de las imágenes que más me ha interesado es la de unas personas de San José de la Rinconada que seguramente no pueden irse de vacaciones, y pasan el verano viendo despegar los aviones del aeropuerto de Sevilla y comiendo pipas. Ha sido una experiencia que me ha permitido abandonar la mirada cotidiana y activar una observación mucho más atenta. Al contemplar el paisaje desde ahí, se comprende su valor patrimonial y su condición de fenómeno en permanente transformación”.   

Continuidad de las dunas

En cuanto a la muestra resultante, que puede verse en la sede almeriense del CAF desde esta semana hasta el 24 de mayo, crea “una secuencia visual, una especie de horizonte común que pudiéramos llamar Andalucía, con las muchas ambigüedades que eso pueda tener”, subraya Rodríguez. “Hay muchos tipos de engarce visual, y no queríamos organizar las imágenes por provincias ni tipos de paisaje. Aquí optamos por un continuum, dando como resultado una exposición ondulada: la duna de Almería puede tener continuidad en la de Huelva”.

Asimismo, las casi 500 imágenes que conforman el trabajo global pasarán a formar parte del archivo del CAF, y el IAPH las colgará en su página web “para darle un valor utilitario, permitiendo que el ciudadano pueda acceder a ellas y descargárselas gratuitamente, y dotando al proyecto de un contenido pedagógico y didáctico. Esta muestra permite, entre otras cosas, ver cómo ha cambiado Andalucía”, concluye Rodríguez, “y no nos cabe duda de que seguirá cambiando”.

Poner topes a las subidas de precios que se producen tras situaciones de emergencia, como la ocurrida con la dana; o cuando suceden accidentes que afectan a uno de los principales medios de transporte, como sucedió hace poco más de un mes en Adamuz (Córdoba). Eso es lo que busca el Ministerio de Consumo con el real decreto que aprobó hace unas semanas para evitar esos precios disparados en esos momentos de crisis, cuando se altera de forma excepcional la oferta y la demanda.

Esta medida ha roto, aunque solo se aplique en esos momentos de emergencia, el tabú de que no pueden establecerse límites a los precios en el marco de la libertad de mercado. Un debate que fue polémico hace casi cuatro años, cuando la invasión de Ucrania por Rusia derivó en una espiral inflacionista que llevó a plantear límites incluso en sectores tan esenciales como el de la alimentación. Algo que, al final, no llegó a materializarse. 

Este jueves, ese real decreto llega al Congreso de los Diputados, donde se dirime su aprobación. Analizamos las claves de la medida impulsada por el Ministerio encabezado por Pablo Bustinduy.

¿Cuándo se pueden limitar los precios?

El real decreto plantado por Consumo busca arreglar un vacío legal. Si se convalida, la Administración podrá actuar para limitar las subidas de precios en situaciones excepcionales de emergencia, como la dana o el accidente de Adamuz. 

Básicamente, se trata de actuar en situaciones de emergencia que influyen en la demanda y la oferta de un producto o de un servicio. Por ejemplo, actualmente, si en una situación de emergencia hay un acelerón de búsquedas de compra, los precios se disparan. Y puede que ese acelerón esté motivado, como ya ha sucedido, por un accidente de tren. 

“Hasta ahora, la libertad absoluta de precios permitía la modulación de estos en ese tipo de situaciones sin ninguna limitación, más allá de la prohibición de incrementos de precios personalizados en situaciones de emergencia de protección civil”, explican fuentes del Ministerio de Consumo, porque ese era, hasta ahora, el único escenario posible para estas limitaciones.

El real decreto que el jueves tiene que convalidar el Congreso permite que, en situaciones de emergencias o casos de fuerza mayor que alteran de forma significativa las condiciones habituales de oferta y demanda, se active esta limitación temporal, siempre que así lo apruebe el Consejo de Ministros.

¿Por cuánto tiempo se pueden limitar? ¿Y cómo se limitan?

Como se ha explicado anteriormente, la limitación de precios en situaciones de emergencia la tiene que aprobar el Consejo de Ministros y tiene que estar acotada en el tiempo. “El correspondiente acuerdo debe precisar la fecha de inicio y final de la medida, los bienes o servicios afectados y la referencia aplicable para la limitación de precios de los bienes o servicios cubiertos”, explican desde el Ministerio Consumo.

En cuanto a cómo se van a fijar esos topes, el real decreto establece que, en esas situaciones de emergencia, el precio no podrá ser superior al máximo que tuvo el servicio o producto en los 30 días naturales anteriores al comienzo de esta situación de emergencia. Además, se introduce un mecanismo de tope adicional, que puede ser un tanto complejo. Este establece que si el precio máximo que ha tenido un servicio o un producto, en esos 30 días previos, fuese superior en más de un 50% al precio medio en ese mismo período, la referencia para topar un precio pasará a ser el precio medio de los 30 días más un 50%.

Asimismo, el real decreto contempla que, para bienes o servicios con marcada estacionalidad, se puede tomar como referencia el precio del mismo periodo en el año anterior, actualizado conforme al IPC.

Por último, la norma permite al Gobierno imponer a las comercializadoras la obligación de informar al consumidor sobre el precio medio y máximo ofertado en, al menos, los 30 días previos a la limitación de precios por situación de emergencia. También, garantiza que la limitación de los incrementos se mantenga vigente durante todo el tiempo en que persistan las condiciones de demanda anómala directamente vinculadas a la situación de emergencia.

¿Qué situaciones están incluidas?

El real decreto que aprobó el Ministerio encabezado por Pablo Bustinduy especifica que las situaciones en las que podrán toparse los precios no solo serán aquellas declaradas como de emergencia de protección civil, como sucedía hasta ahora, sino también aquellas que determine el Consejo de Ministros, que será el único órgano capacitado para hacerlo. 

De esta forma, la limitación de precios se podrá activar tanto cuando se produzca una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, como cuando se den estos otros supuestos: accidentes, emergencias técnicas, causas de fuerza mayor u otras circunstancias sobrevenidas no imputables a las personas usuarias. Siempre será el Consejo de Ministros el que determine esas causas.

Además, la medida que ahora tiene que refrendar el Congreso incorpora criterios de flexibilidad para evitar tensiones en la oferta. En concreto, se permitirán incrementos del precio solo cuando estén objetivamente justificados por un aumento acreditable de costes. También, si estos son necesarios para introducir nueva oferta que mitigue la escasez, siempre y cuando esto no suponga un aumento de márgenes para el operador, matiza Consumo.

En caso de que haya incumplimientos, los consumidores tendrán derecho a la devolución automática de cualquier importe cobrado en exceso sobre el precio máximo aplicable, sin perjuicio del régimen sancionador que establezcan las autoridades de Consumo.

¿Por qué se ponen en marcha ahora los topes?

Esta medida llega poco más de un mes después del accidente de trenes en Córdoba. Fuentes de Consumo explican que “se han recibido quejas de personas consumidoras y asociaciones, principalmente, en relación a servicios de transportes alternativos al transporte ferroviario”. 

También señalan que se constataron multitud de quejas, tras el apagón del 28 de abril de 2025, con los precios de las VTC, los vehículos de alquiler con conductor. “Estas situaciones son las que han impulsado, acelerado y perfeccionado el desarrollo de esta normativa, creada para dotarnos de más herramientas en la prevención y respuesta frente a posibles abusos”, recalcan.

¿Tienen que ver con los conocidos como precios dinámicos? 

El trasfondo es que este modelo de fijación de precios, que emplean muchas plataformas digitales, se ha generalizado durante los últimos años. Fuentes de consumo recalcan que el objetivo de los topes de precios en situaciones de emergencia “no es señalar empresas de forma genérica, sino garantizar que, en situaciones excepcionales, nadie pueda aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad”.

Esos precios dinámicos o personalizados permiten modificar el coste de un mismo bien o servicio en función de múltiples variables como la evolución de la demanda, el momento temporal de la compra o el comportamiento del usuario. “En condiciones de normalidad, estos sistemas pueden formar parte del funcionamiento del mercado, pero su aplicación sin límites claros genera opacidad y dificulta que las personas consumidoras tengan claridad sobre su compra”, señala el Ministerio. “Y esa falta de transparencia se agrava en situaciones excepcionales, cuando determinados servicios se vuelven escasos, por ejemplo, tras el cierre de una vía ferroviaria o ante una emergencia climática, y el precio puede dispararse en cuestión de horas”.

Precisamente, añaden las citadas fuentes, por eso es importante la limitación temporal de precios en contextos de emergencia. “Esta medida nos permite proteger a las personas afectadas y evitar que nadie tenga la tentación de obtener un beneficio extraordinario a costa de una desgracia”.

¿Entonces, los topes de precios en situaciones de emergencia están en manos del Congreso? 

Sí. El real decreto que los permite lo aprobó el Consejo de Ministros, pero el jueves tiene que lograr el respaldo de la Cámara Baja. 

“El papel de las instituciones es anticiparse a los abusos, garantizar el acceso a bienes y servicios básicos y poner siempre el interés general por delante, independientemente del partido por el que sean gobernadas o las siglas a las que responda el representante público”, defiende Consumo. “Cuando ocurre una desgracia, lo último de lo que tiene que preocuparse un ciudadano o ciudadana es de si le van a estafar y en esta cuestión todos los grupos políticos deberían estar de acuerdo”, concluyen.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha considerado este jueves que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, incurre en una “sobreactuación” al anunciar la creación de una comisión de seguimiento sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero cuando “no le compete” investigar este siniestro que, además, ya está siendo objeto de una investigación “independiente”.

Así lo ha trasladado el delegado en una entrevista concedida a Europa Press al día siguiente de que el presidente de la Junta anunciara la creación de una comisión de seguimiento del accidente de Adamuz que se cobró la vida de 46 personas, con el fin de evaluar la seguridad del tráfico ferroviario, y a la que tenía previsto invitar a participar a otras administraciones como el Gobierno de España.

Juanma Moreno realizó este anuncio en la rueda de prensa posterior a la reunión que el Consejo de Gobierno de la Junta celebró este pasado miércoles en Adamuz al cumplirse un mes de dicho accidente ferroviario.

“Sobreactuación”

Pedro Fernández ha comentado que no ha entendido ese anuncio del presidente de la Junta, y que “lo de la comisión de seguimiento es una figura que nunca había escuchado”. “Me parece una sobreactuación” por parte de Juanma Moreno “en este caso concreto”, ha agregado el delegado, que al respecto ha remarcado que ya “hay una comisión de expertos que está creada por ley para la investigación y las conclusiones necesarias de cualquier accidente ferroviario, como ha ocurrido en este caso”.

Dicha comisión, según ha aseverado, “es absolutamente independiente, ajena a la política” y, “por lo tanto, va a concluir lo que científica y objetivamente haya provocado ese accidente y qué medidas son necesarias para evitar que a futuro pueda ocurrir” otro similar.

Además, Pedro Fernández ha comentado que “en paralelo hay una investigación judicial que se nutre de un atestado que ha elaborado la Guardia Civil después de miles de fotografías, de cientos de elementos de peritaje y también de testificales, que están todas en manos de la jueza responsable de esta instrucción judicial”.

“Ninguna competencia”

El delegado ha subrayado además que “la competencia ante esa infraestructura, esa vía, es del Gobierno central, gestionada a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)”, por lo que “la Junta de Andalucía no tiene absolutamente ninguna competencia sobre esa vía, y no le compete llevar a cabo ningún tipo de investigación que ya se está llevando a cabo por los órganos legalmente establecidos, objetivos e imparciales”, ha remachado.

A la pregunta de si desde la Junta se han puesto en contacto con la Delegación del Gobierno al hilo de esta iniciativa, Pedro Fernández ha respondido que “en absoluto”, y ha considerado que, con ella, se da por parte del Ejecutivo de Juanma Moreno “un aprovechamiento de una situación para hablar de una comisión de seguimiento sobre una infraestructura que no es competencia de la Junta de Andalucía”.

“Es como si yo anuncio que mañana desde la Delegación del Gobierno vamos a poner en marcha una comisión de fiscalización y control de la actividad en los hospitales de Andalucía”, cuando “no tenemos la competencia para hacerlo”, ha añadido Pedro Fernández, que ha considerado por ello que dicho anuncio del presidente andaluz “es utilizar la situación de una tragedia por fines estrictamente políticos”.

Colaboración entre administraciones

Por otro lado, el delegado del Gobierno ha defendido que, tras el accidente, “la cooperación, la colaboración” entre administraciones fue “inmediata”, y el Ejecutivo central, como cada vez que “es necesario durante una emergencia”, se dedicó a “actuar desde el minuto uno, poniendo a disposición todos los medios necesarios”, según ha subrayado.

De hecho, ha apuntado que “el mayor porcentaje de medios que hubo tras el accidente” estaba vinculado “con la Administración General del Estado”, que realizaron “un magnífico trabajo junto con los profesionales sanitarios y bomberos”, según ha valorado Pedro Fernández, que ha querido “reconocer” esa labor, al igual que la de los “cientos de voluntarios, especialmente del pueblo de Adamuz y del entorno” del municipio que “se acercaron esa trágica noche” al lugar del accidente “para ayudar”.

En esa línea, ha remarcado que la cooperación fue “inmediata”, y “se activó la Unidad Militar de Emergencias (UME) en dos ocasiones”, además de que él estuvo “en contacto permanente” con el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, por lo que “la colaboración, como siempre”, con la Junta se llevó a cabo “con lealtad absoluta por parte del Gobierno de España”, según ha defendido.

Caso Pineda

Asimismo, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha querido dejar claro que lo que se investiga en relación al exconcejal socialista Rafael Pineda son hechos que “se refieren a una administración ajena absolutamente a la Delegación del Gobierno”, ya que tienen que ver con el Ayuntamiento de Sevilla.

El exconcejal socialista ha sido detenido esta semana en relación a una supuesta trama urbanística de la empresa municipal de vivienda de Sevilla, Emvisesa, y este pasado miércoles quedó en libertad con cargos, sin medidas cautelares, tras pasar a disposición judicial y acogerse a su derecho a no declarar.

Preguntado por este asunto, el delegado del Gobierno ha subrayado que quien le conoce sabe que “nunca” entra “en valoraciones sobre investigaciones judiciales”, precisamente “por esa razón”, la de que son asuntos “objeto de investigación judicial” que, por tanto, están “sub iudice”, y desde la premisa de que “hay que respetar y que la Justicia haga su trabajo, como siempre lo hace, respetando al máximo los procedimientos judiciales”.

En todo caso, Pedro Fernández ha querido “añadir que los hechos que se investigan por parte de la autoridad judicial se refieren a una administración ajena absolutamente a la Delegación del Gobierno” en Andalucía, de forma que “estamos hablando en este caso concreto del Ayuntamiento de Sevilla”.

El accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que ha dejado 46 víctimas mortales, no solo ha puesto en el foco la duda de si el mantenimiento de las vías ferroviarias es el correcto o si se han producido otro tipo de problemas en la infraestructura, sino también si en España y en concreto en Andalucía hay excesiva dependencia de la alta velocidad frente al tren convencional. Un viejo debate que se ha reabierto mientras Adif defiende que la infraestructura está preparada para seguir usando ferrocarriles clásicos y Renfe evita pronunciarse directamente, pero que desde el propio sector ferroviario se ve de manera más crítica: se han desmantelado las líneas ferroviarias tradicionales de corta y media distancia y el futuro no parece frenar esta tendencia.

Porque desde que en 1992 se inauguró la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, la mayor parte de las infraestructuras ferroviarias que se han desplegado están pensadas para los trenes AVE. Aunque ha habido algunas excepciones, lo cierto es que el contexto histórico del ferrocarril en Andalucía muestra que hubo un fuerte declive de las conexiones a lo largo del siglo XX que no se revirtió hasta la década de los 90 con la implantación de la alta velocidad, pero a costa de las vías de tren convencional. Una circunstancia que durante los días en los que la línea de alta velocidad entre Andalucía y el resto de la península ha estado cortada desde Adamuz -el punto en el que se produjo el accidente- ha puesto de relieve la dependencia que tiene el modelo ferroviario de ella.

No en vano, Andalucía sigue teniendo conexiones por tren convencional con el resto del país a través de Linares (Jaén), Guadalcanal (Sevilla) y Cumbres Mayores (Huelva). Sin embargo, Renfe, la única operadora de las vías clásicas, apenas las ha reforzado durante el cierre de la alta velocidad y, por el contrario, ha decidido apostar por la fórmula de AVE y autobús usando la vía que sí estaba operativa hasta Adamuz. Al respecto de por qué no se ha utilizado el tren convencional, desde Renfe evitan pronunciarse, pero fuentes del sector ferroviario tienen clara la respuesta: no hay trenes suficientes al haberse vendido y porque no se quiere volver a apostar por el ferrocarril clásico.

Cuatro décadas de alta velocidad

Para explicar el porqué de esta visión, hace falta hacer un análisis histórico del despliegue del tren en Andalucía. Durante las últimas cuatro décadas, los diferentes gobiernos centrales han priorizado un modelo ferroviario centrado en la alta velocidad como eje vertebrador del territorio. Tras la puesta en servicio del AVE Madrid-Sevilla coincidiendo con la Expo de la capital hispalense en 1992, las inversiones se orientaron a extender esta red y a adaptar los entornos urbanos a su llegada.

El gobierno de José María Aznar impulsó el soterramiento de las vías en Cádiz e inició las obras de la alta velocidad a Málaga, que culminaron en 2007 ya con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. En paralelo, se comenzaron los trabajos para duplicar y ampliar las vías en las áreas metropolitanas de Cádiz y Málaga, así como las obras de la alta velocidad a Granada, que no concluirían hasta 2019.

La Junta de Andalucía, por su parte, puso en marcha proyectos como el Eje Ferroviario Transversal y el Corredor de la Costa del Sol, pensados para mejorar las conexiones internas por ferrocarril convencional. Sin embargo, la crisis económica iniciada en 2008 acabó por truncar ambos planes, que quedaron inacabados o directamente abandonados. A esta lista se suman los trabajos del Corredor Mediterráneo en Almería, que también quedaron paralizados durante años.

El giro definitivo llegó con los recortes aplicados durante el gobierno de Mariano Rajoy. Bajo el argumento de la falta de rentabilidad, se suprimieron varios servicios considerados deficitarios, dejando sin tráfico de viajeros la línea convencional Córdoba-Bobadilla y eliminando los servicios diurnos entre Linares y Granada. Se mantuvieron, una vez más, las conexiones entre Andalucía y Extremadura, que sobrevivieron a sucesivas oleadas de recortes, pero el mapa ferroviario convencional siguió encogiendo.

En 2015 entró en servicio la línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz, lo que permitió que el tiempo de viaje entre Madrid y Cádiz bajara por primera vez de las cuatro horas. No obstante, esta línea sigue funcionando con ancho ibérico y electrificación a 3 kV, a diferencia del resto de líneas de alta velocidad españolas, electrificadas a 25 kV, lo que limita la velocidad máxima a 220 kilómetros por hora. Según explican fuentes ferroviarias, un futuro cambio de electrificación y de ancho permitiría la llegada del AVE a Cádiz y reducir el trayecto a unas tres horas y cuarto, lo que, de nuevo, incidiría en la apuesta por la alta velocidad frente al tren convencional que ya existe.

Un “desmantelamiento” progresivo

Así, para fuentes del sector, el paso del tiempo ha provocado un desmantelamiento progresivo del ferrocarril clásico. Desde los años noventa, la llegada del AVE no convivió con el tren clásico: lo sustituyó. Servicios que antes recorrían Andalucía por líneas convencionales fueron desviados a la alta velocidad o directamente suprimidos. En algunos casos, como el de Granada, la plataforma del AVE se construyó de hecho sobre el trazado histórico, clausurando definitivamente la línea anterior. En otros, como entre Córdoba y Málaga, la vía sigue operativa, pero prácticamente sin viajeros, relegada a mercancías o trenes turísticos puntuales.

De esta manera, según explica un trabajador de Adif que prefiere guardar el anonimato, cuando se produce una incidencia grave -como el accidente de Adamuz- el sistema demuestra su fragilidad: “Aunque existen rutas alternativas por vía convencional (Linares-Baeza, Guadalcanal o Cumbres Mayores), no hay material suficiente para reforzarlas. Muchos trenes convencionales han sido vendidos a Portugal o desguazados sobre todo desde la pandemia, y los que quedan (media distancia) no están pensados para absorber grandes flujos ni trayectos largos”.

Sin embargo, cuando se plantean reabrir viejas líneas convencionales, como la histórica Guadix-Lorca cerrada en 1984, los proyectos se dilatan en el tiempo o no llegan a materializarse. Desde el Ministerio de Transportes se han impulsado estudios informativos que, por el momento, cuestionan su viabilidad económica. Miguel Montenegro, portavoz ferroviario de CGT, critica ese enfoque. “Se ha instalado en la cabeza de los responsables políticos la idea de que los servicios públicos son negocios, y no lo son”, afirma. A su juicio, el beneficio del ferrocarril “no está en la rentabilidad económica directa, sino en el servicio que presta a la ciudadanía”.

“Si aplicáramos ese criterio a la sanidad o a la educación, cerraríamos centros en los pueblos pequeños”, añade. Montenegro sostiene que el ferrocarril convencional nunca ha sido tratado como un verdadero servicio público, sino como un complemento residual “con que exista algún tren”. Por otro lado, sostiene que “el AVE no conecta a la ciudadanía: conecta grandes ciudades”. Para el portavoz de CGT, apostar por la alta velocidad únicamente “es excluyente y no vertebra el territorio”.

Conexiones en desuso

Desde su experiencia de más de cuatro décadas en el sector, Montenegro describe un proceso continuado de desmantelamiento que trasciende siglas políticas y gobiernos. Denuncia que existen líneas electrificadas, estaciones abiertas y trazados en buen estado que no prestan ningún servicio de viajeros, no por falta de infraestructura, sino por decisiones políticas. El ejemplo más claro es la línea Córdoba-Bobadilla, que atraviesa municipios de tamaño medio sin un solo tren de pasajeros.

Rafael González, portavoz del Sindicato Ferroviario, coincide en el análisis y cree que el origen del desequilibrio actual está también en una mala planificación. “Entró una fiebre en la clase política y todo el mundo quería llevar el AVE a su territorio”, explica. Ese impulso, añade, supuso que “todos los recursos y todas las inversiones se destinaran a la alta velocidad, mientras la red convencional quedaba abandonada”.

Según González, si se mira en el plano nacional, en algunos corredores la llegada del AVE no sólo supuso una reducción de servicios convencionales, sino su desaparición. “En Galicia, por ejemplo, buena parte del trazado de alta velocidad sustituyó a la red antigua, cargándose los servicios que daban cobertura a pueblos pequeños”, señala, citando el caso de Sanabria o los trayectos intermedios entre Ourense y Zamora. “La gente se quedó sin tren y sólo le quedó el autobús o el coche para ir al médico, al trabajo o a estudiar”.

“Las líneas de alta velocidad se inauguraban, se hacía la foto y luego se olvidaban de que había que mantenerlas desde el primer día”, sostiene. Según explica, los contratos de mantenimiento se privatizaron con criterios laxos, bajo la idea de que una infraestructura nueva no requeriría grandes actuaciones. “Ese modelo se ha mantenido durante años, mientras aumentaban las circulaciones y el desgaste del material”, apunta González.

Adif defiende sus inversiones

Desde Adif, gestor de las infraestructuras ferroviarias, rechazan la idea de un abandono de la red convencional en Andalucía. Desde la entidad se recuerda que es necesario distinguir entre “líneas” -las vías ferroviarias- y “circulaciones”, que dependen de los operadores. Por ello, las mismas fuentes de Adif aseguran que en Andalucía “se ha invertido y se viene invirtiendo tanto en la red de alta velocidad como en la red convencional”, y citan actuaciones en tramos como Linares-Córdoba, Zafra-Huelva, Utrera-Antequera o Linares-Almería. También destacan que el eje Córdoba–Bobadilla forma parte de la futura autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza y que la red convencional operativa está “preparada para la circulación de trenes de viajeros y mercancías”.

En ese sentido, Adif remarca que la decisión de reforzar o no los servicios convencionales “corresponde a los operadores ferroviarios, fundamentalmente Renfe, en función de su planificación comercial”. Pero desde Renfe evitan pronunciarse al respecto pese a las preguntas de este medio. La operadora no cuestiona la existencia de las líneas convencionales, pero tampoco explica por qué no las utiliza. Tampoco aclara por qué no se ha hecho más uso durante estos días de las conexiones por Linares o Guadalcanal, asegurando que “se han dispuesto las alternativas con mejores conexiones, tiempos de viaje y confort”.

Por otra parte, ni CCOO ni UGT, sindicatos mayoritarios del sector, han querido participar en este reportaje. Su ausencia se suma a un debate que, tras décadas de decisiones acumuladas, parece haberse desplazado del servicio público y la vertebración territorial a una lógica casi exclusivamente comercial. Aunque proyectos como la puesta en marcha del tren convencional entre Villa del Río y Palma del Río demuestran que el ferrocarril clásico sigue siendo atractivos para los usuarios.

Pese a ello, el accidente de Adamuz ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: qué ocurre cuando un sistema ferroviario lo apuesta casi todo a una sola carta. Durante los días en los que la alta velocidad ha quedado interrumpida, la alternativa ha sido escasa y lenta en desplegarse. Las vías convencionales seguían ahí, pero los trenes no. Y esa ausencia, más allá de la coyuntura del accidente, es el resultado de un modelo que lleva años avanzando en la misma dirección, según denuncian desde el propio sector ferroviario.