Miles de personas se han manifestado este sábado en Saint-Denis, en la periferia parisina, para protestar contra el racismo y en apoyo al nuevo alcalde de esa localidad, el izquierdista Bally Bagayoko, quien ha denunciado comentarios racistas contra él en televisión.

A la concentración ante el Ayuntamiento de Saint-Denis se sumaron, según transmitieron los organizadores a la prensa local, unas veinte mil personas.

Entre ellas estaban políticos de izquierdas como Jean-Luc Mélenchon, fundador de la formación de izquierda radical a la que pertenece Bagayoko, La Francia Insumisa (LFI), así como representantes de sindicatos y organizaciones civiles antirracistas.

“Venimos a manifestar con firmeza y de manera definitiva nuestro profundo compromiso con los valores de la República”, declaró el primer edil de Saint-Denis, que tiene unos 150.000 habitantes.

Bagayoko, de raza negra y con ascendencia maliense, subrayó que “ya basta” y defendió a quienes como él son “pura y simplemente franceses”, aunque eso moleste a los “racistas”. Lamentó igualmente que “las instituciones, año tras año, fallan o incluso se muestran cómplices” con las discriminaciones.

Bagayoko denunció el fin de semana pasado que el 27 de marzo fue comparado con un 'simio' y con un 'jefe de tribu' por parte del psicólogo Jean Doridot durante un programa en CNews, un canal propiedad del magnate ultraconservador Vincent Bolloré y de línea editorial cercana a la extrema derecha.

“Es importante recordar que el homo sapiens... somos mamíferos sociales y de la familia de los grandes simios. Y, por consiguiente, en toda colectividad, en toda tribu —nuestros antepasados cazadores, recolectores vivían en tribus—, hay un jefe cuya misión es instaurar su autoridad”, señaló Doridot en antena.

El día de su elección (22 de marzo), el alcalde de 52 años ya había sido objeto de una noticia falsa, al imputarle una frase que nunca había dicho: “Saint-Denis, la ciudad de los negros”.

La propagación de esa mentira fue atribuida a las esferas de la extrema derecha y denunciada por la Liga de Los Derechos Humanos (LDH) de Francia.

Bagayoko ha presentado una querella contra CNews en la que el prefecto de la localidad (figura equivalente a la del delegado del Gobierno en España) se ha constituido como parte civil a petición del primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

Desde el Ejecutivo central se condenaron igualmente los comentarios del tertuliano, calificándolos de innobles e inaceptables, aunque Bagayoko ha criticado que el presidente, Emmanuel Macron, no se haya pronunciado personalmente.

Lo que empezó como unas pintadas racistas en el centro de Loja (Granada), se ha extendido en las últimas semanas a otros barrios del municipio. Grafitis con la palabra “jamón” que están apareciendo cerca de viviendas de vecinos de origen musulmán, que no solo constituyen un ejemplo de vandalismo, sino de señalamiento y racismo. Así lo entienden en esta localidad del poniente granadino, salvo por el diagnóstico que hace cada uno de este fenómeno. Mientras desde el Ayuntamiento de Loja, gobernado por el PP, hablan de “hechos aislados”, vecinos y oposición critican la “pasividad” del Consistorio para borrarlas y su errática política para frenar el racismo en la localidad.

Porque Loja, 20.000 habitantes, vive en los últimos meses en un ambiente en el que, según apuntan algunos lugareños, hay grupos vinculados a la ultraderecha que pretenden señalar a las personas migrantes de origen musulmán para que se marchen del pueblo. Lo hacen a través de las citadas pintadas, pero también mediante mensajes en redes sociales en los que se pueden leer discursos que atacan directamente a la libertad de estos ciudadanos. Aunque no se trata de un fenómeno masivo contra los migrantes musulmanes, sí hay quienes apuntan a que el clima racista va en aumento ante la falta de interés del Ayuntamiento de Loja por frenarlo.

No en vano, el Ejecutivo municipal, que en los últimos meses ha cambiado de alcalde ante la salida del senador del PP, Joaquín Camacho, que llegó a estar en el centro de la polémica por señalar a los migrantes de la localidad como delincuentes, ha acabado recientemente con el programa de integración que llevaba funcionando los últimos ocho años y que desde diciembre ya no opera. Este programa estaba destinado a personas procedentes de otros países que quisieran aprender la cultura, el idioma, pero también como punto de encuentro y comunidad. Sin embargo, el Gobierno local acabó con él alegando que “no estaba cumpliendo los objetivos”.

Pintadas cerca de población migrante

Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que esta iniciativa municipal sí había conseguido congregar a varios vecinos migrantes y, de hecho, estaba funcionando como centro cívico para, por ejemplo, quienes no tienen acceso a un ordenador e internet, algo que sí podían usar en las dependencias locales destinadas a este programa. Para Juanfran Cañadas, uno de los técnicos que trabajó ahí con personas migrantes hasta diciembre, el contexto en el que aparecen las pintadas no es casual. “Las pintadas empezaron por el casco histórico de Loja, que es donde habita más población inmigrante, la mayoría musulmana”, explica. Se trata de una zona que fue el centro neurálgico de la ciudad hace medio siglo y que hoy arrastra un fuerte deterioro urbanístico y demográfico.

La denuncia pública la lanzó la vecina y periodista antirracista Ana Beauchy, que lleva meses documentando la aparición de estas pintadas. “Una veintena de pintadas con la palabra jamón decoran desde hace cuatro meses las fachadas de algunos muros y casas de Loja”, ha denunciado públicamente. Según explica, los grafitis “están cerca de viviendas habitadas por extranjeros de origen marroquí”, lo que, a su juicio, no deja lugar a dudas sobre su intencionalidad. “¿En qué momento empezamos a autorizar este odio en público?”, se pregunta. Para Beauchy, no se trata de un acto anecdótico, sino de un mensaje que se mantiene en el espacio público sin que nadie lo retire: “Hay que limpiar esas pintadas de la vergüenza de una vez”.

El lugar elegido para las pintadas tampoco es casualidad. Según apunta el ex técnico municipal, Juanfran Cañadas, el bajo valor de la vivienda y el abandono progresivo del casco histórico propiciaron que muchas familias migrantes adquirieran inmuebles en mal estado para reformarlos poco a poco y comenzar una nueva etapa. “Las pintadas no son casuales y están hechas en donde se concentra más población musulmana”, sostiene. A su juicio, no se trata de actos dispersos, sino de un patrón repetido en distintas zonas. “Cada vez hay más”, añade, aunque reconoce que no hay responsables identificados: “No sabemos quién o quiénes pueden ser los responsables. Solo sospechamos, pero no tenemos pruebas claras”.

Hechos “aislados”

El Ayuntamiento, sin embargo, ofrece una versión distinta. Fuentes municipales aseguran que las pintadas comenzaron “hace aproximadamente un año” y que no se ha producido una proliferación reciente. “No se han producido más en los últimos seis meses”, afirman. El Consistorio sostiene que en su momento se denunció la situación, se revisaron cámaras de seguridad y se investigó la posible autoría, aunque “no se ha llegado a detener” a nadie. Según la información que manejan, podría tratarse de una sola persona que actúa de madrugada. “No es un hecho de grupo”, dicen, y califican lo ocurrido como “pintadas vandálicas aisladas” que “no han gustado” y que en su día fueron consideradas “inasumibles”.

Desde la oposición, el portavoz del PSOE de Loja, Antonio García, también reconoce la existencia de las pintadas en los últimos meses y las interpreta como una alusión directa a la población musulmana. “Una referencia muy clara a la comida musulmana”, señala, aunque considera que podrían estar realizadas “por una misma persona o por un grupo muy reducido de personas” y que “no reflejan para nada lo que es el sentir de la ciudadanía lojeña”.

García coincide en que la limpieza no ha sido prioritaria. “Es verdad que el ayuntamiento no se ha esmerado mucho en su retirada”, afirma, al tiempo que critica las políticas de integración desarrolladas por el Gobierno municipal en los últimos años, que a su juicio “no han sido eficientes”. El portavoz socialista admite que en determinados momentos el clima social ha sido “algo más tenso”, pero lo vincula a episodios concretos de delincuencia protagonizados por varias personas de origen magrebí en un corto espacio de tiempo. “Era una crispación en contra del delincuente, independientemente de la procedencia”, sostiene.

Con todo, defiende que la identidad del municipio no responde a un escenario de confrontación. “Si algo ha caracterizado siempre a Loja es por ser una ciudad tolerante, respetuosa y multicultural”, dice. Porque la discrepancia no es solo sobre la autoría, sino también sobre la limpieza. Mientras vecinos y oposición denuncian que muchas de las pintadas siguen visibles meses después, el Ayuntamiento defiende que se han retirado algunas en función de los medios disponibles. “Los medios que tenemos son los que tenemos”, señalan, y recuerdan que parte de los grafitis están en fachadas privadas, lo que limita la intervención directa.

Por otro lado, voces críticas apuntan a que el cierre del programa municipal de integración ha dejado sin un espacio de referencia a parte de la población extranjera. Cañadas recuerda que durante ocho años el servicio funcionó también como punto de apoyo educativo y comunitario. Entre otras iniciativas, contaba con un aula de convivencia para alumnado expulsado temporalmente de centros educativos, un recurso que, según explica, ya no existe. “Se eliminó el programa directamente”, recuerda. Aunque desvincula de forma explícita la desaparición del servicio de la aparición de las pintadas, sí admite que la supresión de políticas de integración coincide con un momento de mayor tensión discursiva.

Tanto él como otros vecinos rechazan que la convivencia general esté deteriorada. “La mayoría de la población migrante convive en perfecta armonía con el vecindario”, afirma. “El clima de convivencia en absoluto está siendo desagradable”. Las pintadas, insisten, no representan a la mayoría de la ciudadanía lojeña, pero sí han abierto un debate sobre el significado de su presencia en el espacio público.

Cuando en 2020 Modou decidió participar en una iniciativa del Ayuntamiento de Lorca, en la Región de Murcia, contra el racismo y la xenofobia, no podía imaginar que, apenas cinco años después, sus compatriotas de Senegal, peones agrícolas como él, tendrían que enfrentarse a serios obstáculos para lograr el sueño que él sí pudo ver cumplido: reunirse con su esposa y, juntos, ver crecer a su hija.

Este municipio murciano no puede entenderse sin la presencia de personas y familias migrantes que conforman una parte significativa de su tejido social y laboral. Según datos recientes del padrón municipal, cerca de un 12% del total de su población —98.969 habitantes— nació fuera de España, con flujos procedentes de países como Marruecos, Ecuador, Colombia, Bolivia, Ghana o Senegal. Comunidades que han dinamizado sectores fundamentales como la agricultura, la hostelería o los servicios domésticos, y que contribuyen a frenar el envejecimiento demográfico, a dotar de trabajadores el campo de Lorca y a ocuparse del cuidado de personas ancianas y dependientes.

Sin embargo, las aportaciones de las personas migrantes y sus derechos han vuelto a ser puestos en entredicho con la última decisión política del Ayuntamiento de Lorca. Y es que, el Gobierno municipal, formado por el PP y Vox, con esta última formación —el autodenominado “partido de la familia”— al frente de la Concejalía de Servicios Sociales, ha anunciado el endurecimiento de las condiciones para emitir informes favorables de inserción social y de idoneidad de la vivienda, indispensables para que las personas extranjeras puedan conseguir la reagrupación familiar.

Esta decisión ha generado alarma entre colectivos sociales, juristas y organizaciones de derechos humanos que interpretan el cambio como un endurecimiento que pone en riesgo el acceso efectivo de las familias migrantes a un derecho legalmente reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tratados internacionales como los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Carta Social Europea o el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Reagrupación familiar: un derecho reconocido y sus mecanismos legales

La reagrupación familiar no es una concesión discrecional ni una medida de gracia, sino un derecho que también está regulado en la legislación española. Concretamente, en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Tal y como explican desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las personas extranjeras que residen legalmente en España pueden solicitar la reunión con familiares cercanos —como cónyuges, hijos menores o ascendientes— siempre que se cumplan ciertos requisitos, básicamente, medios económicos suficientes y vivienda adecuada.

La importancia de este derecho no es sólo legal sino profundamente humana. Para miles de familias migrantes, la reagrupación significa la posibilidad de reconstruir la vida cotidiana, facilitar la escolarización de los hijos e hijas, acceder conjuntamente a la sanidad, y construir un proyecto vital estable —y muchas veces seguro— en el lugar donde residen.

ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados) también reconoce que la reagrupación familiar es una herramienta central para proteger a las personas bajo protección temporal o internacional, permitiéndoles reunirse con cónyuges, hijos o progenitores que dependían de ellos y que están fuera del espacio Schengen.

El relato de Vox: acusaciones y funcionarios en el punto de mira

En Lorca, la concejala de Servicios Sociales, María Castillo (Vox) defiende el nuevo enfoque de su departamento con un mensaje que ha levantado ampollas entre los empleados municipales. Asegura que desde su llegada a este departamento “los informes [de arraigo y de idoneidad de la vivienda] han dejado de emitirse de forma automática” y ahora se realizan “con rigor legal y técnico”, con visitas domiciliarias “reales” y “comprobación exhaustiva de los requisitos”. La edil presume de estadísticas: desde 2024, solo se han emitido un 30% de informes favorables frente a un 70% desfavorables, cuando antes “prácticamente todos eran favorables”.

Lo que no cuenta Castillo es que esos datos encierran una trampa. Esta redacción ha tenido acceso a documentos administrativos oficiales que acreditan que, durante el anterior mandato corporativo, centenares de expedientes de reagrupación fueron archivados al no quedar acreditados los requisitos necesarios para acceder a este derecho. En esos casos, lo que no hacían los funcionarios era entregar dictámenes desfavorables a los interesados, al no resultarles de ninguna utilidad, puesto que los únicos válidos para solicitar la reagrupación familiar son los favorables.

Al no aclarar este aspecto, el subtexto de las declaraciones de Castillo es otro muy distinto: durante años, funcionarios municipales habrían actuado de forma negligente, emitiendo informes “automáticos”, sin visitas ni comprobaciones y, por tanto, incumpliendo la ley. Vox lanza así una sombra de sospecha sobre el trabajo de los profesionales de Servicios Sociales.

Dentro del propio Ayuntamiento el malestar es patente. Varios trabajadores, que prefieren no dar su nombre por temor a represalias, rechazan de plano estas acusaciones. “Es muy duro que la persona que está políticamente al frente de la concejalía nos acuse de hacer nuestro trabajo fuera de la ley”, explica una trabajadora social. “Siempre ha habido visitas, entrevistas y valoración técnica. La diferencia es que antes se entendía que nuestro papel era facilitar derechos, no bloquearlos”.

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia, su presidente, Juan Carrión Tudela, se ha dirigido por carta al alcalde del municipio, Fulgencio Gil (PP), para expresarle el malestar de este colectivo por unas declaraciones que “trasladan a la ciudadanía un mensaje sesgado y estigmatizante que puede contribuir a la desinformación, la desconfianza hacia los Servicios Sociales y el rechazo hacia colectivos en situación de vulnerabilidad”. Para Carrión, es “preocupante” que se interprete como algo positivo la limitación en el acceso a derechos reconocidos legalmente. Más aún cuando ese mensaje se lanza desde la Concejalía de Derechos y Servicios Sociales, “que tiene entre sus funciones la de garantizar el respeto y la protección de los derechos de todas las personas, incluyendo colectivos vulnerables y personas extranjeras”.

elDiario.es Región de Murcia también se ha puesto en contacto con los representantes de los trabajadores afectados por las afirmaciones de la concejala de Vox. Fuentes de UGT han censurado duramente las acusaciones de Castillo, a quien han acusado de hacer una “instrumentalización política de los Servicios Sociales” y de intentar convertir este servicio público en “una herramienta de control ideológico”. Desde CC.OO. han declinado hacer declaraciones al respecto.

Del enfoque garantista al restrictivo

Más allá de la retórica, lo que describen profesionales y entidades sociales es un cambio de criterio. Donde antes se evaluaba si una vivienda era razonablemente adecuada para una familia concreta, ahora se obliga a realizar interpretaciones mucho más restrictivas de los estándares. Donde antes se valoraba el conjunto de la situación social, ahora se enfatizan los elementos que permiten un informe desfavorable.

Este giro no es exclusivo de Lorca. Forma parte de una tendencia más amplia impulsada por la extrema derecha allí donde gobierna o influye, que consiste en utilizar procedimientos administrativos como barrera indirecta a la inmigración. No se cambia la ley, pero se endurece su aplicación hasta vaciarla de contenido.

La socialista María Dolores Chumillas, edil de Servicios Sociales en Lorca en el anterior mandato corporativo, advierte de las consecuencias de endurecer las condiciones para el reagrupamiento: “Hablamos de familias separadas durante años, de niños y niñas que crecen lejos de sus padres y madres, o de mujeres que quedan atrapadas en situaciones de dependencia económica y emocional”. Por eso, asegura, “hablar así de porcentajes es tremendamente frívolo e inhumano, porque detrás de cada informe desfavorable sabemos que hay una vida que se trunca”.

Historias que importan: humanizar las cifras

Al margen de los términos técnicos y los debates jurídicos y políticos, existen historias personales que ilustran lo que está en juego cuando se trata de reagrupación familiar. Mahdia, una mujer afgana que logró reagrupar a su hermana y a sus tres sobrinas tras años de espera, cuenta que antes de reunirse con su familia en España el estrés constante y la inseguridad eran una carga diaria: “Aquí por fin están a salvo: podrán ir al colegio y vivir tranquilamente sin preocuparse por las bombas o por los talibanes. Allí vivían con depresión, porque no hay ningún futuro para ellas en Afganistán”, relata Mahdia.

También respira aliviada Sandrine, una camerunesa, rescatada en el mar por el barco Open Arms que llegó a España dejando atrás una situación de violencia y migración forzada. Su hijo Dijibril, entonces de 12 años, había cruzado el Mediterráneo antes que ella y permaneció solo en Malta durante varios meses. Las leyes españolas y la coordinación entre organizaciones y autoridades, lograron unirles de nuevo.

Las historias de integración también muestran el impacto positivo de la reagrupación en el largo plazo. Por ejemplo, Chaimae Hainan, originaria de Marruecos, llegó a nuestro país siendo niña gracias a la reagrupación familiar. Hoy, con 27 años, es abogada y asesora jurídica en temas de migración. Se dedica precisamente a ayudar a otras personas que atraviesan procesos similares de regularización y reunión familiar, consciente de lo diferente que hoy sería su vida si ella no hubiera podido reunirse con sus padres, trabajadores legales en España.

Vivencias que muestran que, lejos de ser procesos unidimensionales, los procedimientos de reagrupación familiar pueden actuar como verdaderas palancas de transformación social, integración y estabilidad emocional y económica para las personas y sus comunidades.

¿Qué cambia realmente en Lorca? Entre la acción política y la vida cotidiana

La iniciativa del Ayuntamiento de Lorca —presentada como una medida de “rigor”— tiene repercusiones que van más allá de un ajuste burocrático. El endurecimiento en la emisión de informes sociales y de vivienda, con un brutal aumento de los desfavorables, puede traducirse en familias separadas durante años, menores que no pueden acceder a la escolarización o la atención sanitaria, o trayectorias vitales truncadas por la imposición de requisitos interpretativos más estrictos.

Los críticos argumentan que, si bien es legítimo asegurar el cumplimiento de la ley, no es jurídico ni ético convertir procedimientos técnicos en barreras ideológicas. “Lo que antes se abordaba desde un enfoque de integración ahora parece dominado por un afán de exclusión dirigido por mero interés político y electoral”, afirma Chumillas, quien recuerda que, en una sociedad democrática, “las políticas migratorias deben equilibrar el respeto a la legalidad con el respeto a los derechos humanos y la protección de la vida familiar”.

Por eso, el anuncio de Lorca, enmarcado en un discurso de “cumplimiento estricto”, abre un debate más amplio sobre qué se entiende por derechos, justicia, equidad y convivencia en tiempos de polarización política.

Para muchos juristas y organizaciones humanitarias, la respuesta no pasa por cerrar puertas administrativas, sino por hacer que los mecanismos existentes funcionen más rápido, con más claridad y con mayor enfoque en las personas, no en las cifras. Porque si la política migratoria sólo se cuenta en expedientes y denegaciones, se estará olvidando que, en cada caso, hay una historia de vida esperando a ser, por fin, reunida con los suyos.

Este miércoles Bruce Springsteen publicó una canción para protestar por los asesinatos del ICE en Minneapolis. Habrá quien piense que una canción no sirve de nada, y que los prejuicios ideológicos que justifican las redadas del ICE –o las ejecuciones extrajudiciales de sospechosos de narcotráfico en el Caribe– no se combaten con música. A mediados de los años 40, un cantautor estadounidense llamado Woody Guthrie pegó una pegatina en su guitarra con el lema “esta máquina mata fascistas”. Guthrie es una de las grandes influencias de Springsteen. Son el tipo de creadores que creen que el arte sí puede mejorar el mundo. ¿Pero cómo funciona esa máquina de matar fascistas?

Tendemos a pensar que para luchar contra la ultraderecha que deshumaniza al diferente y legitima la violencia debería bastar una argumentación racional. Que las personas que apoyan esas ideas, o que son indiferentes –tan peligrosa es una actitud como la otra– solo podrán ser desactivadas mediante datos y razonamientos. No es así. El fascismo no se elimina argumentando (o no solamente). Hay que apelar a sus mismas armas: la emoción, el sentimiento. Y ahí es donde empieza a funcionar la máquina.

Dentro de cada uno de nosotros puede crecer una personalidad fascista. Sucede cuando la desinformación y los discursos de odio nos inoculan miedo al diferente, al extraño (y especialmente al pobre). Ese miedo infundado es una emoción, y solo se contrarresta del todo con otra emoción.

La película American History X, otra obra de arte, muestra bien cómo matar al fascista que puede crecernos dentro. Su visionado debería ser obligatorio en todos los institutos. El protagonista, el líder asesino de una banda de nazis cabezas rapadas, acaba reconstruyendo su personalidad –acaba matando a su fascista interior– a base de un lento proceso emocional en el que logra descubrir y abrazar la humanidad en el diferente, en el supuesto enemigo que en realidad no lo es. Emociones como la empatía, el humor, la compasión y el reconocimiento son el disolvente del fascismo.

La personalidad fascista está arraigando y floreciendo cada vez en más personas. Urge neutralizar esa deriva y para ello no bastan datos y razonamientos. Necesitamos canciones, series, películas, novelas y poemas que emocionen. Referentes –como lo es Bruce Springsteen en Estados Unidos–, que con sus obras logren conmover a las personas. Esa emoción abrirá, en el fascista, paso a la duda sobre sus propios prejuicios. Y solo desde la duda es posible dar el paso a la reflexión y al cambio de mentalidad. Así es como se mata a los fascistas. Así es como se reintegra a esas personas en la comunidad de quienes creemos que la humanidad es posible. 

“Malilla cuida a Malilla, seguridad ciudadana. En nuestro barrio no se roba”. Este es uno de los lemas que puede leerse en algunos de los carteles que se han colocado en diferentes comercios del barrio de Malilla. “Negocio protegido, seguridad ciudadana. El barrio no se toca”, dice otro de ellos.

Así lo han denunciado fuentes vecinales a elDiario.es las cuales explican que los paneles estaban colgados en al menos tres comercios ubicados entre las calles de Juan Ramón Jiménez y Oltá. Las mismas fuentes aseguran que se trata de un grupo con estética ultra que está promoviendo “la creación de patrullas ciudadanas bajo el falso argumento de la inseguridad ciudadana o de un supuesto incremento de la delincuencia y los robos que no se corresponde en absoluto con la realidad”.

Las mismas fuentes aseguran que “estas actuaciones ilegales solo contribuyen a fomentar la crispación, el miedo y el enfrentamiento social en un barrio que siempre ha sido y que sigue siendo tranquilo”.

Otras fuentes vecinales consultadas afirman que han tenido constancia de la creación de un grupo de WhatsApp en el que se invita a participar a vecinos y comerciantes de Malilla para comunicar incidencias, altercados o situaciones de inseguridad. Unos problemas que aseguran también que son inexistentes, más allá de las situaciones normales que puede haber en el resto de barrios de la ciudad: “Al parecer el fin es que si se comunica alguna situación en ese grupo que una suerte de patrulla ciudadana actúe, pero la verdad es que hasta ahora nadie los ha visto”, explican.

La creación de esta patrulla se aireó el pasado 20 de diciembre en el perfil de Facebook de extrema derecha 'El Noticiero Español', en el que se comparte la imagen de uno de los carteles colgados por los comercios del barrio acompañado del siguiente comentario: “Los vecinos del Barrio de Malilla en Valencia, salen a patrullar las calles ante la inseguridad en sus calles y robos tanto a ancianos como adolescentes. Son un grupo de vecinos y amigos, de toda la vida del barrio, los que protegen a sus vecinos de ”gentuza de fuera“ que solo acuden al barrio para robar. Ya ha habido detenciones de algunos ladrones. El lema de los vecinos: 'Malilla no se toca'. Si no hay más presencia policial, los vecinos seguirán”.

Al respecto, a preguntas de elDiario.es, fuentes de la Policía Local de València han confirmado que, independientemente de que se trata de un asunto que compete a la Policía Nacional, tienen la situación controlada, pero no les consta que haya habido ninguna acción. Por su parte, según ha averiguado elDiario.es, el Cuerpo Nacional de Policía sí que habría realizado alguna identificación relacionada con este grupo a finales de diciembre, al parecer cuando se instalaron los carteles, sin que se hayan detectado más movimientos relacionados con el tema.

Fuentes vecinales informaron a esta redacción que a última hora de la tarde se retiraron los carteles en al menos dos de los tres comercios en los que estaban instalados.

La sección de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de València ha presentado ante el juzgado de instrucción número 15 de València su escrito de conclusiones en relación con el procedimiento abierto contra la concejala de Vox en València, Cecilia Herrero, por la publicación de una veintena de tuits de tinte racista, hechos denunciados inicialmente por Compromís y por los que pide la apertura de juicio oral y una pena de entre 14 meses y tres años de prisión. Este documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, viene como respuesta al auto de procedimiento abreviado dictado el pasado mes de junio por el juez.

La edil difundió los mensajes entre los años 2020 y 2024 en su red social X, algunos de ellos tales como: “Tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a los moros”; “asco. Son salvajes. Fuera África de la Europa civilizada”; “no son migrantes ni inmigrantes; son invasores”; “basta de patrocinar al moro; los recursos nacionales para los españoles” o “el moro nos está invadiendo mientras se rearma. Invasión consentida y patrocinada por el gobierno traidor”.

Herrero lanzó el último mensaje el 19 de abril del pasado año contra el exdiputado de Podemos en Madrid Serigne Mbayé, quien compartió en la red X (antes Twitter) una serie de vídeos racistas, xenófobos y ofensivos de Daniel Esteve, el mediático líder de Desokupa, en el que él se preguntaba. “¿No parece que le falta algo o solo me lo parece a mí?”. Herrero contestó: “Sí. Falta que te vuelvas a tu país”.

En su escrito, el ministerio fiscal pide la apertura de juicio oral ante la Sala de la Audiencia Provincial y una pena de prisión de entre 14 meses y tres años, en función de los puntos del artículo 510 del Código Penal infringidos.

De esta forma, considera la Fiscalía que los hechos relatados son constitutivos de “un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución, previsto y penado en el artículo 510.1 a) del Código Penal, 510.3, 510.5 y 510.6 del mismo texto legal”. De acogerse esta primera opción, la pena que se solicita para Herrero sería “de 3 años de prisión con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 12 meses con cuota diaria de 20 euros y 6 meses de responsabilidad personal subsidiaria y la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por tiempo de 6 años”.

Alternativamente, el ministerio fiscal considera que también podría ser susceptible de aplicación el artículo 510.2 a) del Código Penal, además del 510.3, 510.5 y 510.6 del mismo texto legal. De acogerse a esta segunda opción, la pena solicitada sería “de 1 año y 2 meses de prisión con accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 8 meses con cuota diaria de 20 euros y 4 meses de responsabilidad personal subsidiaria y la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por tiempo de 5 años”.

En cualquier caso, añade el escrito, “y de conformidad con el artículo 56.1 del Código Penal apartado 3 en relación con los artículos 42 y 79 procede la imposición de la pena de inhabilitación para empleo o cargo público por el mismo tiempo”.

El artículo 510.1 a) del código penal establece que serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses: “Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad”.

El artículo 510.2 a) establece que serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses: “Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos”.

“Centra su ataque en las personas de color de piel negra”

La Fiscalía argumenta su petición en que “la acusada era consciente de que sus mensajes se incorporaban a redes telemáticas con vocación de perpetuidad, careciendo desde ese momento del control sobre su zigzagueante difusión, habida cuenta de que dichos mensajes una vez llegaron a manos de sus destinatarios estos podían multiplicar su impacto mediante sucesivos y renovados actos de transmisión, circunstancia que incrementaba exponencialmente los hechos y la consiguiente humillación del colectivo de víctimas objeto de sus ataques”.

Además, pone de manifiesto que “a través de los contenidos publicados durante los años 2020 a 2024 ha venido asociando inmigración con una invasión del territorio español, con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de temor, inseguridad y alarma social entre la población (...), a cuya ciudadanía se dirige en particular para tratar de orientar su voto a favor del partido político VOX, del que era a la sazón concejala”.

Según expone, en los mensajes “centra su ataque con especial beligerancia en el colectivo LGTBI, en las personas con discapacidad, en las personas de color de piel negra, de otros orígenes nacionales, a quienes cosifica, deshumaniza y les atribuye generalizadamente la comisión de delitos, sirviéndose en ocasiones para ello de una selección interesada de supuestas noticias, que manipula para generar alarma o temor en la población”.

A tal fin, “hace uso del origen de la persona, magrebí, o su religión, musulmana, como un rasgo definitorio del presunto agresor con la clara voluntad de asociar su procedencia con la delincuencia y de atribuir connotaciones negativas y estigmatizadoras a la inmigración en general”. Con todos estos mensajes, insiste el ministerio fiscal, “contribuye a despertar o aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos de forma generalizada e injusta contra estos colectivos de personas, con el evidente peligro de generar sentimientos odio, de rechazo y hostilidad frente a ellos por parte de la población”.

Conflicto en el grupo municipal de Vox

Se da la circunstancia de que su pareja y también concejal de Vox, Juan Manuel Badenas, estuvo investigado por comentarios racistas, aunque finalmente el juzgado archivó la causa. El edil difundió un bulo en sus redes sociales en el que atribuyó a un inmigrante el asesinato de un hombre de 40 años en el Puente de las Moreras de València cuando el autor de los hechos era español. Sin embargo, el juez argumentó el archivo en “la poca relevancia de las declaraciones del político que solo aparecieron en dos medios de comunicación”, entre otros motivos.

Como informó este diario, ambos concejales fueron readmitidos en Vox y en el gobierno municipal tras pasar al grupo de no adscritos por unos contratos que investiga la Fiscalía. Sin embargo, pese a estar integrados en el grupo municipal de Vox, ya se han separado de la disciplina de voto del PP y de los otros dos concejales de extrema derecha haciendo perder diversas mociones al equipo de Gobierno en el pleno del pasado mes de mayo.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Aoiz investiga al responsable de juventud de Vox en Navarra, Óscar Téllez, por un presunto delito de odio hacia menores migrantes por la difusión a través de sus redes sociales de varios vídeos en los que se vincula a estos menores con la delincuencia. La causa ha recaído en el Juzgado de Instrucción de Aoiz tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía a raíz de un informe elaborado por el Servicio de Atención y Lucha contra el Racismo y la Xenofobia del Gobierno de Navarra (SARX).

En el informe del SARX al que ha tenido acceso este periódico se recoge que los vídeos del dirigente de Vox en la comunidad foral “evidencian una intención continuada de difundir un discurso que fomenta la discriminación, hostilidad y violencia contra personas de origen extranjero, en particular menores no acompañados y hombres musulmanes de origen magrebí”. En ellos relaciona la llegada de estos menores a la comunidad foral con un supuesto incremento de la delincuencia e incluso muestra las caras de algunos de ellos, que se encuentran bajo la tutela del Ejecutivo foral. Por estos hechos, el Departamento de Derechos Sociales ya ha impuesto al partido de Santiago Abascal una sanción administrativa de 15.000 euros por una “infracción grave” de la normativa de protección y atención a menores recogida en una ley foral.

El Servicio de Atención y Lucha contra el Racismo y la Xenofobia destaca que las publicaciones de Téllez tienen un “enfoque sesgado y despectivo hacia los niños y los adolescentes” migrantes, lo que “perpetua” los estereotipos y bulos dirigidos hacia ellos. “Este hecho pudiese tener consecuencias graves en la percepción pública de este colectivo vulnerable interseccionado por la minoría de edad, el origen migrante y la pobreza, ya que alimenta el racismo, la xenofobia y el odio hacia ellos”, añade.

Se recoge a su vez que las publicaciones de Téllez en redes sociales como TikTok o Instagram han generado multitud de interacciones con mensajes “xenófobos” y “cargados de estereotipos racistas”. La Fiscalía ha apreciado “indicios claros” de delito de odio en la actividad del dirigente de Vox Óscar Téllez y ha denunciado los hechos por un presunto delito de odio.

Desde el partido de extrema derecha se han mostrado “encantados” de acudir ante un juez, si les cita, a decir lo que, a su parecer, piensan “millones de españoles”. “Allí donde colocan un centro de menas aumenta la delincuencia y que queremos devolverlos a sus países”, han espetado en un mensaje a través de sus redes sociales.

Archivada la investigación contra el alcalde de Valtierra

Por otro lado, la Fiscalía ha archivado las diligencias contra el alcalde de UPN de Valtierra, Manuel Resa Conde, por unas declaraciones que hizo en verano oponiéndose a la acogida de los menores migrantes no acompañados y en las que instaba, entre otras cosas, a ir “a degüello” contra ellos. El Gobierno de Navarra, que no tiene potestad para interponer una denuncia por delito de odio, dio traslado a la Fiscalía de las declaraciones del alcalde de Valtierra para que las analizara y, en su caso, las denunciase, pero finalmente han sido archivadas.

“A pesar de que las manifestaciones vertidas por uno y por otro son muy similares, prácticamente idénticas, en el caso del alcalde de Valtierra ha decidido archivar la causa, mientras que en el caso del dirigente de Vox aprecia indicios de la comisión de un delito de odio”, ha lamentado este miércoles la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro. Alfaro ha afeado que el alcalde de UPN es un dirigente “con discurso ultra” que hizo uso de los medios de comunicación para atacar a las personas de origen migrante.

Según ha explicado la consejera la decisión de la Fiscalía no es recurrible, aunque ha apuntado que todavía cabe la posibilidad de interponer una denuncia ante un juzgado de instrucción, cuestión que están estudiando jurídicamente si tienen posibilidad de hacerlo. Alfaro ha aseverado que el Ejecutivo foral va a seguir “vigilante” para no tolerar “bajo ningún concepto los discursos de odio y humillación a los que está siendo sometida la población migrante, especialmente los menores, independientemente de la afiliación política que tengan sus autores”.

“En mi documentación tengo un nombre adaptado al español para que se pronuncie parecido a como suena en realidad”, cuenta Chia Chieh Woo Xia, hostelero de 27 años nacido en Murcia. Jia Jie Hu Xia es su nombre original. Su historia se enmarca en un fenómeno de crecimiento demográfico reciente en la historia de España. Si en 1998 eran 12.036 las personas de nacionalidad china censadas en el país, según datos del INE, hoy son 238.372.

Una cifra que sitúa a esta comunidad como la séptima población extranjera más numerosa y que, en su propia evolución, construye nuevas realidades sociales: la de los hijos e hijas de migrantes chinos nacidos en España. Muchos de estos jóvenes han crecido en hogares cuya relación con el tejido social del país ha sido limitada, marcada en gran medida por la barrera del idioma, la autoexigencia en el trabajo y la vida dentro de su propio entorno comunitario.

También forma parte de esa generación Ana Jin, directiva de 36 años en una multinacional con sede en Murcia; o Jie Lin Wu, empresario y hostelero de 30 años que en 2024 abrió su propio negocio, Madre Tigre, tras ganar el CreaMurcia de Gastronomía en 2023.

Pese a su creciente peso demográfico, la comunidad china continúa siendo una de las más desconocidas y estigmatizadas. Para muchos de estos jóvenes nacidos en España, a la carga de los prejuicios sociales se suma el desafío de crecer entre dos marcos culturales que rara vez confluyen.

Qingtian, la ciudad origen de la población China en España

La mayor parte de la inmigración china en España procede de un mismo lugar: Qingtian, una ciudad de unos 300.000 habitantes situada en la provincia de Zhejiang, al este de China. “En los años 80 y 90, Qingtian era un condado pobre dentro de una provincia muy rica”, explica Gladys Nieto, profesora de Antropología china en la Universidad Autónoma de Madrid. “A principios del siglo XX hubo una vinculación puntual con Europa y, a partir de ahí, se activó una cadena migratoria hacia países como Francia u Holanda. Después empezaron a llamar a parientes. Hoy casi todos en Qingtian tiene familiares en Europa”.

Ana Jin describe ese proceso como ‘un movimiento de masas’: “Mi padre fue de los primeros chinos en llegar a España. Cuando se asentó, ayudó a familiares y vecinos. Se iban apoyando unos a otros y por eso la mayoría procede de la misma zona”, explica.

La comunidad china ha estado muy huérfana por parte de la Administración

La llegada de la población china a España estuvo marcada por la falta de apoyos institucionales. “Es una generación que no lo tuvo nada fácil”, apunta Nieto. “En lugares como Italia existen servicios de apoyo en el propio idioma para inmigrantes chinos recién llegados; en España eso prácticamente no existe”, añade. “Aquí la comunidad china ha estado muy huérfana por parte de la Administración”.

Autora de ‘La inmigración china en España: una comunidad ligada a su nación’ (2007), uno de los primeros estudios sobre esta realidad, Nieto comenzó a trabajar con población china a principios de los 90, cuando la comunidad era todavía muy reducida. “En mi relación con ellos, me han llegado a entregar cartas del Ayuntamiento porque no sabían leerlas”, recuerda la antropóloga.

Una vulnerabilidad que Jin Li recuerda en sus padres: “Cuando llegaron a Murcia, en los 90, no había un plan de incorporación de la comunidad china a la sociedad española”, explica. “Iban al supermercado y no sabían cómo comprar. Las tareas cotidianas se convirtieron en un reto diario. Para ellos fue un proceso muy duro”.

Entre dos mundos: “El choque cultural lo sentía al entrar o salir de casa”

Crecer entre dos culturas con unos contrastes muy marcados y que apenas confluyen entre sí es un fenómeno muy particular -y determinante- en la vida los hijos de migrantes chinos nacidos en España: “Fuera de casa vives experiencias que no forman parte de la cultura china; vuelves a casa y, sumado a la adolescencia, ese choque pesa mucho más. Sales de nuevo y, por tus rasgos físicos, la gente te señala. Creces intentando adaptarte para no sufrir”, explica Jie Lin Wu, que confiesa: “El choque cultural se siente desde el minuto uno, cuando no te sientes ni chino ni español”.

Gladys Nieto explica que los descendientes de inmigrantes chinos son quienes más expuestos están al choque cultural. “Muchos padres -señala la profesora-, mantienen posturas muy conservadoras y temen que la integración de sus hijos en la sociedad española implique la pérdida de valores propios de la cultura china”.

Desde que comienzan su escolarización, estos jóvenes crecen plenamente integrados en la sociedad española y terminan construyendo un entorno social que, a diferencia del de sus padres, está formado en su mayoría por españoles nativos.

A mis padres les hubiera gustado que continuara con el negocio familiar o que no me casara con un español; temen que pierda la cultura china.

“En mi círculo, el 90% son españoles. Tengo raíces chinas, pero también un carácter y una personalidad muy españoles”, explica Ana Yin. “A mis padres les hubiera gustado que continuara con el negocio familiar o que no me casara con un español; temen que pierda la cultura china. Pero con el tiempo han entendido que quienes migraron fueron ellos, no yo”.

La directiva añade que en su vida adulta no siente ese choque cultural, pero que sí lo ve en su familia: “Mis padres, aunque lleven aquí 40 años, no tienen amigos españoles con los que salgan a cenar. Su mundo es la familia y poco más”, cuenta. “De pequeña, por ejemplo, no me dejaban ir a casa de amigas después del colegio o quedarme a dormir: algo muy habitual aquí, pero impensable en casa”.

En muchas ocasiones, esta división social y cultural provoca que estos jóvenes no se sientan, en palabras de Chia Chieh, “ni de un sitio ni de otro”. Una sensación de no pertenencia que, en su caso, continúa incluso en el país de origen: “Cuando voy a China a casa de mis abuelos, aunque tenga rasgos asiáticos y hable chino, como he nacido en España y vivo aquí, me llaman lǎo wài (老外), que significa extranjero. Y cuando estoy aquí, al tener apariencia de chico asiático, también soy extranjero”.

Para Jie Lin, todo responde a una lógica de supervivencia: “Nuestros padres no se han podido adaptar a la sociedad y no te pueden enseñar a hacerlo. Muchos emigraron muy jóvenes, sin educación, desde zonas rurales. Lo único que podían hacer era dejarnos en el restaurante o en la tienda”.

Sinofobia y microrracismos: “Voy al chino”

El racismo hacia la comunidad china recibe el nombre de sinofobia. Aunque las personas de origen chino no suelen experimentar un racismo tan pronunciado como otras nacionalidades, los tópicos y la estigmatización siguen presentes.

Si bien en España hace tiempo que se habla de ‘micromachismos’, tanto que la RAE lo incluyó en su actualización de 2022, no ocurre lo mismo con los ‘microrracismos’, un término que sí recoge la FundéuRAE y que define como “el conjunto de los comportamientos, prácticas y estrategias cotidianas con las que se ejerce el poder de dominio de una etnia sobre otra”.

No puedo imponer a nadie que en vez de decir ‘vamos al chino’ digan ‘vamos al bazar’, pero la realidad es que ese tipo de comentarios denigran a la persona

“Yo no puedo imponer a nadie que en vez de decir ‘vamos al chino’ digan ‘vamos al bazar’, o ‘vamos a la tienda de Lin”, cuenta Jie Lin. “Pero la realidad es que ese tipo de comentarios denigran a la persona, porque no le das un nombre, la encasillas como alguien asiático metido en una tienda, cuando detrás de esa persona hay mucho más”.

El joven empresario incide en la despersonalización hacia la comunidad china: “Lo noto mucho en miradas por la calle. Incluso cuando es para decir algo bueno, como ‘mira qué bien viste el chino’, siempre es ‘el chino’. Parece que un chino no puede vestir bien, que un chino no puede ser gordo o calvo. No existe esa naturalidad hacia nosotros”.

Ana Jin, por su parte, reconoce las actitudes racistas más en la relación de sus padres con el entorno que desde su propia experiencia: “De pequeña, recuerdo cuando mis padres intentaban hablar con alguien y les hacían muecas y bromas por conjugar mal los verbos”, cuenta.

La percepción pública de la comunidad china está llena de prejuicios y leyendas urbanas. Según la antropóloga Gladys Nieto: “Se cree que existe competencia desleal en el comercio, que los restaurantes no están limpios, que comen gatos… Es una comunidad rodeada de leyendas urbanas”.

Que son muy listos, muy cerrados o que trabajan mucho, son algunos de los tópicos con que la sociedad dibuja a la comunidad china. “Los tópicos son generalizaciones, y cuando generalizas una sociedad, metes todo en el mismo saco”, explica Jie Li. “No todos los chinos son muy listos, y no todos son muy trabajadores. Hay de todo. Si en España percibimos que no salen de la tienda o el restaurante es porque es una generación que ha tenido que empezar de cero y sobrevivir”, sentencia.

Sienten rechazo a los medios porque temen que los engañen o que se perpetúen estereotipos negativos. Es un colectivo maltratado por la prensa

Una percepción pública, en muchos casos, alimentada por el tratamiento mediático: “Programas como Equipo de Investigación u otros que han intentado retratar la comunidad china han sido muy dañinos. Por eso los chinos de primera generación son muy reacios a hablar con los medios, piensan en proteger sus negocios y sienten que sus palabras se tergiversarán, cuenta Ana Jin. Una idea que, desde la academia, comparte Nieto: ”Sienten rechazo a los medios porque temen que los engañen o que se perpetúen estereotipos negativos. Es un colectivo maltratado por la prensa“.

Nacer en España pero seguir siendo un extranjero

Si durante las últimas décadas del siglo XX el protagonismo fue del flujo migratorio chino, en las primeras del siglo XXI la realidad -y, por tanto, la terminología- es otra. “Ya no hablamos de migrantes”, señala Nieto. “A menudo usamos la expresión ‘inmigrantes chinos de segunda generación’ para referirnos a estos jóvenes nacidos en España, ¿hasta cuándo se les va a seguir considerando migrantes?”.

Según la antropóloga, las expresiones que elegimos tienen consecuencias: “Se acaba perpetuando la idea de que nunca se deja de ser migrante y de que tampoco se termina de ser ciudadano, aunque no sean ellos los que migraron ni, en algunos casos, sus propios padres”.

Un 53,6% de las mujeres gitanas de Sevilla ha sufrido discriminación, de las que un 79,1% advirtieron de que era por pertenencia étnica mientras que el 12,4% apuntaba que era por su situación socioeconómica. Así lo refleja el primer estudio en la materia hecho por Amuradi (Asociación de Mujeres Universitarias Romí Andaluzas), en colaboración con Fakali (Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas). Una lacra para la que exigen a las administraciones públicas acciones que reviertan “ese muro casi infranqueable”.

Bajo el nombre Contexto y realidades de las mujeres gitanas de Sevilla, el informe apunta que menos del 1% de las 250 encuestadas, de entre 16 y 70 años, tienen estudios superiores. A su vez, el 41,8% tiene formación primaria y el 18,3% secundaria, en cambio, el porcentaje de mujeres sin estudios crece hasta el 32,3%. Una cuestión por la que un tercio de la muestra afirma que desea continuar su formación profesional, pese a las dificultades que presentan los entornos en los que viven.

Carmen Carbón, miembro de Fakali, presentó este jueves los datos dentro de la jornada Mujeres gitanas con nombre propio: testimonios y claves de su realidad social en Sevilla, reivindicando la huella de la historia del pueblo gitano. “Hay que celebrar, reconocer y visibilizar el legado, porque muchas veces nuestra historia ha sido contada por otras personas”, mantuvo. Un relato colectivo que ha sido transmitido, mayormente, desde la periferia. “De Torreblanca al centro de Sevilla, ¿qué se tarda?”, preguntó al público que llenaba la sala, “¡un ratillo!”, contestaban las asistentes con tono irónico.

La vida en la periferia

Un gesto simple, pero diferenciador. Un tramo de diez minutos en coche llega a convertirse en una hora y media en transporte público. Una cuestión que limita el acceso a los recursos y, por tanto, a una igualdad real entre la ciudadanía, como reflejan las vecinas de Torreblanca, Polígono Norte y Polígono Sur, Mairena y San Juan, en sus respuestas a la encuesta. La comunidad, expulsada de Triana y realojada en los suburbios a lo largo del siglo XX, vive “un impacto” que, pese al activismo de las asociaciones, “sigue a día de hoy”, recordó Carbón.

A tenor del mercado inmobiliario, el estudio de Amuradi determina que casi un 7% de las mujeres gitanas no dispone de una vivienda digna, agravándose así la precariedad que afrontan cada jornada. Por contra, un 41,8% poseen un inmueble propio, mientras que el 25,9% viven en régimen de alquiler y un 15,1% en condición de cedida. Además, hay un 23,7% que habita en otras modalidades, sin especificar en qué tipo de hogares se encuentran.

Solo un 4,5% son autónomas

En cuanto a la ocupación en el ámbito laboral, más de la mitad de las mujeres se encuentra desempleada, en concreto, un 52,5%, una cifra que cuadruplica la media nacional. Aparte, hay un 8,3% que tiene trabajo por cuenta ajena, otro 15,5% está en búsqueda de empleo y solo un 4,5% deciden ser autónomas. A raíz de las condiciones en las que viven las afectadas, más del 65% afirma que sufre estrés, especialmente debido a sus obligaciones familiares o laborales, lo que viene acompañado por una falta de acceso a recursos y de apoyo, indica el análisis.

A este contexto, habría que añadir que un 47% de las mujeres gitanas encuestadas manifestaron que no disponían de tiempo ni espacio para sí mismas, por lo que repercute en su autonomía y salud mental. “El informe fue un primer paso en este sentido y en la segunda etapa desarrollada ofrecimos atención según las necesidades y demandas del colectivo, aprovechándolo para combatir los datos tan nefastos que hay”, declaró Sandra Suárez Reyes, coordinadora del estudio, en conversación con este medio.

La asistencia desempeñada por la asociación estuvo especialmente enfocada a reducir “la clara brecha digital” que hay en la comunidad, un obstáculo a la hora de realizar trámites burocráticos, asistir a las aplicaciones educativas de sus menores o acceder a recursos educativos para mejorar su formación, expresó la experta. De ahí, se extrae que un 46,3% de las mujeres fueron atendidas por motivos sociales relacionados con recursos básicos, ayudas, prestaciones o situaciones de vulnerabilidad social. En menor medida, un 24,6% estuvo dedicado al empleo y otro 17,4% a la educación como tal.

Reivindicar

Los indicadores marcan así el camino a seguir tanto para las asociaciones como para las políticas públicas. Al respecto, Carmen Silva de los Reyes, coordinadora de Fakali y Amuradi, subrayó que ante la ausencia de cifras y observaciones sobre las condiciones de vida del pueblo gitano y, en particular, de las mujeres gitanas, decidieron investigar este sector con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

“Es una necesidad palpable, tanto por nuestra parte que lo demandamos como de las instituciones, no existen datos, ni en Sevilla, Andalucía o a nivel estatal, solo hay unas estimaciones que se quedan muy antiguas”, reflexionó, “lo que no se investiga, no existe, pasa desapercibido de cara a la sociedad”. Con esta batida, ahora toca el paso más arduo: conseguir los propósitos marcados, más allá de “una percepción” sino en consonancia con una realidad documentada, “para ponerle nombre y apellido a la necesidad tan imperante que existe”.

Nombres y apellidos, identidades, múltiples y cambiantes, que serán inspiración a las generaciones venideras, como las biografías que se reflejan en el libro Con nombre propio. La publicación, a cargo de Fakali con la colaboración del Consistorio hispalense, da voz a mujeres gitanas de Sevilla, tanto conocidas mundialmente como las que en el día a día construyen las calles por las que se hace historia. Desde Lole Montoya, a Bernarda de Utrera, María Filigrana, Gloria Jiménez, Pepa La Calzona o la mismísima Pilar Vargas, quien acudió al evento.

Al encuentro, lleno de autoridades, acudió Mercedes Soriano, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Sevilla; también, Laura Martínez, directora general de Igualdad del consistorio hispalense; y Antonio Ismael Huertas, director general de la Consejería de Inclusión, entre otros. Asimismo, destacó la presencia de Beatriz Carrillo de los Reyes, directora general de Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo del Ministerio de Igualdad, quien advirtió que “sin las instituciones es imposible remover todos los obstáculos”, ya que el racismo “es una arquitectura de poder que coloca a la gente según sus diferencias culturales, de identidad, para expulsarlas del sistema”.

En la comunidad autónoma en la que Vox ha sorpasado al PSOE en las encuestas y la migración es la segunda preocupación entre la población, la comunidad musulmana ha decidido decir basta. Tras protagonizar un titular tras otro demonizándolos, acaban de lanzar la Plataforma por los Derechos de la Comunidad Musulmana. 

En menos de seis meses, ciudadanos magrebíes han sido perseguidos por grupos fascistas armados y sin escrúpulos, han intentado prohibir las celebraciones musulmanas en un municipio murciano y han cerrado un centro de menores no acompañados. Y detrás de estos episodios, siempre el discurso de la ultraderecha.

Para abordar estos asuntos nos encontramos en Torre Pacheco con Osama Alalo, politólogo y uno de los impulsores de la Plataforma: “Desde la política se pueden conseguir cambios importantes para el conjunto de la sociedad”, explica convencido y esperanzado. El joven no reside en este municipio, pero sí que se desplaza hasta aquí a diario para cumplir con su horario laboral. El lugar de la entrevista es simbólico: este municipio murciano fue el escenario de una invasión de decenas de ultras organizados a través de las redes sociales y llegados de toda España el pasado julio. Tomaron las calles del pueblo, persiguiendo a la comunidad musulmana y vandalizando sus negocios.

Alalo junto con su mujer Kenza Midoun fueron los responsables de leer los manifiestos antirracistas tanto en la concentración celebrada en Torre Pacheco como en la manifestación que discurrió por el centro de Murcia pocos días después de los disturbios racistas que asolaron esta localidad murciana.

La vida de Alalo ha estado ligada de forma constante al asociacionismo, siendo una de las voces de condena contra los altercados racistas que tuvieron lugar en esta localidad murciana: “Queremos intentar unir a las comunidades musulmanas de los diferentes pueblos. Después de lo ocurrido en Torre Pacheco o en Jumilla, las comunidades musulmanas de estas localidades se han visto solas, por lo que queremos trabajar en esa red de unión”, cuenta. En el municipio del Altiplano, PP y Vox aprobaron una moción el pasado julio para prohibir los rezos islámicos en las instalaciones deportivas.

De padre sirio y madre argelina, el politólogo se ha criado en un entorno que define como “reivindicativo, de lucha contra las injusticias y las desigualdades”. La Plataforma precisamente es fruto de la unión entre amigos: “Tenemos la misma preocupación, sabemos que hay que hacer algo para cambiar la realidad que tenemos y darle voz a aquellas personas que no la tienen”.

¿Cuáles fueron las conclusiones de este primer encuentro de la Plataforma por los Derechos de la Comunidad Musulmana?

Queríamos estudiar cuáles son los principales desafíos a los que nos enfrentamos como comunidad. Según el último informe FOESSA, la mayor parte de la desigualdad recae sobre la población migrante. Si segmentamos este dato, vemos que es la población del norte de África la que sufre mayores tasas de pobreza y pobreza severa.

También observamos una descohesión comunitaria como comunidad musulmana y una falta de representación y participación política de nuestra comunidad en la sociedad donde estamos viviendo.

¿Cómo visualiza el futuro de la Plataforma?

Nuestra intención es que la plataforma sea horizontal, participativa, donde exista una cocreación de contenido entre la comunidad y sus impulsores. No queremos jerarquías ni que haya dirigentes dentro de la organización, solo facilitadores del proceso, que la realidad surja de la propia comunidad.

¿Cómo definiría el tejido asociativo de la comunidad musulmana en la Región de Murcia?

Es muy precario. No existe ninguna asociación profesionalizada con una estructura orgánica estable que trabaje durante todo el año. Hay asociaciones impulsadas por el voluntariado, pero ninguna con un programa anual, que reciba subvención y cuotas de socios. 

La única organización estable que tenemos son los centros islámicos, las mezquitas, pero al final estamos viendo que no responden a las necesidades sociales.

¿A qué se debe?

Partimos de la base de que nuestras comunidades en general no tienen una cultura participativa por los países de origen de donde vienen. Llegan aquí y la principal preocupación es el trabajo. Lo único que han podido hacer en colaboración o para la comunidad han sido las mezquitas. Pero las mezquitas están focalizadas dentro de sí mismas, los dirigentes en su mayoría no tienen una visión del conjunto.

En la mayoría de los municipios las mezquitas son propiedad privada y lo máximo que han podido alcanzar ha sido impulsar clases de árabe.

¿Esta falta de organización dentro de la comunidad musulmana ocurre en el resto de España?

Tenemos en Valencia un tejido asociativo importante, al igual que en Madrid y Barcelona. Se puede decir que Murcia es una tierra virgen para el trabajo asociativo de nuestra comunidad.

¿Cómo encajan las mezquitas dentro de la Plataforma?

Hemos decidido tomar otro camino, pero sin olvidarnos de ellas [las mezquitas]. Queremos hablar, participar con ellos, enseñarles que se pueden hacer las cosas de otra manera. Debemos reflexionar sobre el significado que tiene una mezquita en la Región de Murcia, no tiene por qué ser el mismo que en Marruecos o Argelia porque estamos en diáspora. Entendemos que la mezquita debe ir mucho más allá de un espacio de oración.

¿Siente que esta falta de representatividad se extiende a los medios de comunicación?

Estamos viendo que siempre estamos en el foco, y de manera negativa. Día a día se va construyendo más miedo hacia nosotros. Hay una 'valentía cobarde' contra nuestra comunidad, que quiere quitarnos derechos. Hemos visto que lo normal es que sean voces ajenas las que hablan sobre nosotros. Cuando pasa algo, [los medios] llaman al tercer sector que, en su mayoría, no atiende a la comunidad inmigrante musulmana como tal, sino a los recién llegados. 

Tenemos bastante desventaja. El enfoque que se le está dando es un enfoque incorrecto y, además, siempre una visión paternalista.

Entrando en política, una de las condiciones para que PP y Vox firmasen los presupuestos de este año era la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en la Región de Murcia. El consejero de Educación, Víctor Marín, insistió en que esto era “beneficioso para el interés general”. ¿Os sentís moneda de cambio?

Piensan que nosotros podemos ser la moneda de cambio de cualquier cosa porque no estamos organizados para reclamar o para hacer absolutamente nada. [El PP] sabe que Vox siempre va a querer reducir los derechos de nuestra población.

Esta posición que tenemos de debilidad, de falta de cohesión y de organización ya nos está perjudicando directamente sobre nuestros derechos. Ayer fueron las clases de árabe, mañana será otra cosa. Esto es una escalada. Como minoría, nos están aplastando.

Estamos en Torre Pacheco. Han pasado más de cuatro meses desde que ultras de toda España vinieron a lo que denominaron como “la caza al migrante”. ¿Cómo está la población musulmana en el municipio?

No sé qué más le tiene que pasar a la comunidad musulmana para que despierte. Sigue todo igual, no hubo ningún movimiento comunitario. No se sentaron a analizar lo ocurrido, cómo evitar que vuelva a pasar. Sigue la misma atomización: cada uno por su lado y esperando el siguiente golpe.

Tal y como lo describe, parece que llevan la situación con resignación.

Parece que están totalmente resignados. La culpabilidad es multidireccional, también tenemos al Gobierno de España, la Comunidad autónoma y el Ayuntamiento. No estamos viendo movimiento por ninguna de las partes. Ha tenido que venir una asociación de Málaga para montar una jornada de convivencia aquí en Torre Pacheco. Es un poco fuerte, que tengan que venir de 450 kilómetros a organizarte algo en tu pueblo.

“¡Negro de mierda, vete al Bioparc!”; “¡maricona, hijo de perra!”; “¡qué quieres gitano!”; “¡que le den por culo al sudaca!”; “una amarilla por empujar, otra por negro y a la calle”. Estos son solo algunos ejemplos de los improperios que deben soportar cada partido desde al menos la temporada pasada los aficionados del sector 5 de Mestalla, entre ellos niños que van al fútbol con sus padres, por parte de otro hincha que se sienta en la zona junto a su hermano (audios adjuntos).

El malestar entre los aficionados del sector era tan patente que comenzaron a hablar de la posibilidad de denunciar la situación. Y así lo hizo J. M. Bort, socio del Valencia CF y periodista de Levante-EMV, diario que avanzó la polémica por los reiterados insultos racistas y homófobos que debían aguantar cada partido: “Yo estaba en el sector 6 y la temporada pasada decidí cambiarme al 5 junto a mi hijo en unos asientos con mejor visibilidad. La verdad que me extrañó que había bastante disponibilidad en la zona. Con los primeros partidos entendí por qué. Comentándolo con otros aficionados de la zona me dijeron que ese tipo de insultos por parte de estos individuos eran continuos y que estaría bien sacarlo a la luz de alguna forma”, comenta en declaraciones a elDiario.es.

Así pues, en noviembre del pasado año puso la situación en conocimiento del club valencianista, que le recomendó que lo denunciara también a través de un canal de La Liga habilitado para comunicar situaciones de este tipo: “Los responsables de la competición me contactaron con bastante rapidez y mandaron a unos inspectores, que estaban en contacto con el club, a tres partidos diferentes. Uno de los partidos es contra el Real Madrid, donde este individuo profirió todo tipo de insultos racistas. Sin embargo, el personal de La Liga dice que desde su posición no pueden captar bien lo que dicen, a pesar de que les ofrecí mis asientos que están justo debajo. Me dijeron que seguiríamos en contacto”.

Sin embargo, ante la falta de avances, el pasado mes de abril se decide a grabar los insultos por su cuenta para recopilar las pruebas necesarias para presentar una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio. Así lo hizo en los partidos de la pasada temporada en Mestalla del Valencia CF contra el Getafe CF, Ahtletic Club de Bilbao, Sevilla FC y Real Betis, y en el derbi contra el Villarreal CF del pasado 25 de octubre.

El pasado 29 de octubre presentó el escrito ante el ministerio fiscal en el que pone de relieve que otros cinco aficionados de la zona están dispuestos a declarar como testigos: “Todos ellos han expresado su malestar por la situación y su deseo de que se actúe contra estas conductas que perjudican la imagen de Mestalla y del valencianismo”, reza la denuncia a la que ha tenido acceso elDiario.es, en el que destaca también que el hermano del denunciado “no participa habitualmente de los insultos racistas”.

Al respecto, fuentes de la Fiscalía han informado a elDiario.es de que han abierto diligencias de investigación ante los hechos denunciados y que ya han iniciado las primeras pesquisas.

La denuncia de J. M. Bort también pone de manifiesto que opta por esta vía “ante la falta de medidas efectivas por parte del club y de La Liga, pese a haber sido avisados en anteriores ocasiones”.

Al respecto, fuentes del Valencia CF han asegurado a preguntas de esta redacción que “el club ha seguido de cerca este tema desde que tuvo conocimiento y con las pruebas se le notificó al autor la apertura de expediente y la expulsión cautelar”. En concreto, fue la semana pasada cuando la entidad valencianista abrió un expediente de expulsión que se resolvió recientemente. Ahora dispone de un periodo de tiempo para presentar alegaciones, pero hasta que el asunto se resuelva de forma definitiva, no podrá entrar al estadio.

Tras recibir la queja, el Valencia CF hizo un estudio de la actitud del abonado mediante las cámaras de seguridad en los siguientes seis o siete partidos y que también enviaron a personal de la seguridad del estadio en otros encuentros sin que se produjeran acciones punibles. La publicación de los audios en el diario Levante-EMV el pasado 10 de noviembre permitió al club disponer de pruebas para abrir el citado expediente.

Por su parte, La Liga ha informado a este diario de que ha comunicado a la Fiscalía su intención de personarse en el caso como realizan siempre en situaciones de este tipo, un extremo que han confirmado fuentes del ministerio fiscal. Además, han explicado que mandaron a personal de Competición a tres partidos pero que no lograron recabar pruebas suficientes como para acreditar las denuncia del aficionado: “Con todo, realizamos un informe que compartimos con el Valencia CF y cuando conocimos los audios que se publicaron comunicamos a la Fiscalía nuestra personación en el caso”, insisten.

Un racista expulsado por la afición del Valencia CF

J. M. Bort ha querido poner de manifiesto que la afición del Valencia CF no tolera el racismo y que el movimiento que se ha dado en el sector 5 de Mestalla es la prueba más evidente: “Todos los estadios tienen a su idiota de cabecera. Mestalla no es una excepción. Escuchamos a un aficionado del Barça gritarle ”mono, mono“ a Vinicius, los cánticos en las puertas del Metropolitano o los insultos racistas a Lamine Yamal de un socio del Real Madrid en el Bernabéu. Nadie se libra, que no vengan ahora los moralistas de turno. Pero esta vez, en Mestalla, al racista no lo ha señalado una cámara ni un futbolista famoso: lo hemos hecho nosotros, los propios aficionados. Así que, si alguien quiere dar lecciones, que empiece limpiando su propia grada”.

Tanto es así, que en el mencionado partido contra el Villarreal se produjo un enfrentamiento directo entre aficionados que presenciaban el partido y el individuo denunciado por sus continuos comentarios racistas. “Negro de mierda, negro de mierda”, le gritó el hermano a Thomas Partey, futbolista negro del Villarreal. “Con cuatro pateras han hecho un equipo”, contestó el ya expulsado de Mestalla.

La tensión fue tal que otro espectador les recriminó su actitud (audio adjunto): “Es insoportable venir con gente como vosotros. Lo tenéis todo: racistas, sexistas...”, a lo que el denunciado contestó: “Para una vez que vienes, cállate. No des por culo. Seguro que no eres ni del Valencia CF”. Precisamente, gracias a J. M . Bort y a otros aficionados del Valencia CF estará una larga temporada sin pisar Mestalla y sin ensuciar la imagen de un club centenario.

A las seis de la mañana la noche es todavía un océano de oscuridad en los descampados de las afueras de Torre Pacheco. A esa hora exacta, Ahmed, un jornalero marroquí de 40 años que trabaja para una de tantas empresas de trabajo temporal (ETT) de la zona, espera en una rotonda desierta, con el chaleco naranja y las botas manchadas de barro, junto a una decena de compañeros, marroquíes y centroafricanos todos. La espera, como la fatiga, parece aquí un atributo más de la vida cotidiana. Al cabo de un cuarto de hora, una furgoneta vieja que chirría al girar el volante los habrá escupido en medio del campo.

“Lo que pasa dentro de esas furgonetas de las ETT nadie lo puede saber. A veces también traen autobuses para que quepa más gente, mucha sin papeles. Las empresas se aprovechan de los trabajadores, los engañan, acuerdan contratos que después incumplen. Son el cajón de sastre de la explotación laboral del campo murciano, pero también es la forma más rápida que tienen los migrantes de encontrar un empleo”, explica a este diario Getsemaní Alcaraz, del sindicato UGT.

Decenas de furgonetas idénticas, como si ninguna tuviera marca ni matrícula, surcan cada mañana abarrotadas de jornaleros inmigrantes el laberinto de caminos y carreteras del Campo de Cartagena. Ha llegado la época de sembrar la lechuga que en los próximos meses se comerá Europa.

En esta comarca coexisten miles y miles de historias como la propia de Ahmed, todas tan parecidas entre sí, tan marcadas por el desarraigo: él llegó sin nada a Torre Pacheco en 2005 y malvivió durante largos años trabajando en los cultivos de forma clandestina y alquilando cuartos compartidos hasta que logró formalizar los papeles. Hoy, tanto tiempo después, se siente atrapado en el puesto de peón. Pero necesita trabajar, sí o sí, “aguantar lo que haga falta, por muy duro que sea”, dice. Ganar unos pocos billetes al final de la jornada, ayudar a su familia, sobrevivir.

Un julio distinto

Esta campaña de lechuga, bien lo sabe él, tiene algo distinto. En julio, igual que muchos otros jornaleros, llegó una tarde del trabajo, exhausto de recoger melón, recién bajado de otra de esas furgonetas de principios de siglo que lo trajo de vuelta al barrio de San Antonio, donde vive, y se dio de bruces con un pueblo que ya no reconocía, donde todos los magrebíes, sin distinción, estaban siendo señalados. El racismo y el rechazo visceral a la inmigración que Vox había tratado de inocular durante meses en la Región de Murcia era aquí una realidad.

“No queremos a gente así en nuestras calles. Les vamos a deportar a todos”, dijo impune el 12 de julio el líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo, en pleno centro de Torre Pacheco. Cinco días antes, la diputada en el Congreso de la formación ultra, Rocío de Meer, había fijado la cifra concreta de personas que el partido anhela expulsar del país: ocho millones, incluyendo sus hijos. Varios grupos de Telegram compartían entonces las declaraciones de ambos políticos y fotografías de vecinos marroquíes de la localidad: “Hay que acabar con esta gentuza de mierda”; “Estamos hasta los cojones de los putos moros”.

El laboratorio del campo

La ultraderecha, liderada por Vox y legitimada en la Región de Murcia por el PP, ataca y pretende por esta vía restar libertades a la población migrante y, por ende, no de casualidad, al eslabón más débil y a la vez más imprescindible del sector primario. En estos pueblos agrícolas, reconvertidos de pronto en laboratorio político, la xenofobia sirve para sostener la economía y también para controlar el porvenir de los propios jornaleros, que llegaron a España con el cambio de milenio y han dedicado su vida a sacar adelante las cosechas.

Para todo ello, la formación ultra cuenta con la complicidad silenciosa de los grandes agricultores: ninguno salió ni ha salido aún a defender públicamente a los trabajadores de la horda de nazis que vino a perseguirlos en verano. Pero tampoco se echaron a la calle a gritar contra ellos pidiendo su deportación. La patronal sabe muy bien de dónde bebe su negocio. Cuando llegue la primavera, Murcia habrá exportado, por valor de 656 millones de euros, el 65% del total de facturación nacional de lechuga, según datos de la Consejería de Agricultura. Sin migrantes que siembren y recojan cada pieza esta industria no tendría posibilidad de existir.

Un aprovechamiento estructural

“La Región vincula su identidad a ese lema tan defendido por la clase política, ‘la huerta de Europa’, pero no hay ningún tipo de reconocimiento hacia aquellos que, con sus manos y su energía física, la hacen posible. Esa ausencia de reconocimiento, que podemos calificar de racista, demuestra que la agricultura murciana quiere trabajadores sin ciudadanía, que no planteen problemas, que sean solo pura mano de obra”, reconoce el sociólogo de la Universidad de Murcia Andrés Pedreño.

Vox juega, prosigue el investigador, con una contradicción: por un lado, perpetúa las consignas xenófobas —con sonadas medidas como la prohibición de actos islámicos en otra zona profundamente rural, Jumilla—, y por otro trabaja desde la política para los empresarios del lobby agrario. Las víctimas directas de su rechazo son indispensables para los intereses del gremio.

En esta línea ahonda Mohamed El Gheryb, presidente de la Asociación de Integración de Trabajadores Marroquíes (ATIM). “Digamos que es una relación tóxica: los agricultores necesitan migrantes con necesidades precarias de los que aprovecharse para facturar todo ese dineral que facturan. Los segundos necesitan trabajar para sobrevivir. Pero, ahora, la extrema derecha ha aprovechado los problemas derivados de las malas políticas públicas de integración para señalarlos como culpables de todos los males. Lo que buscan, realmente, es mantenerlos como una fuerza laboral sin libertades”.

40 euros el día

El Campo de Cartagena es tan inmenso que cada metro cuadrado de tierra puede esconder un testimonio crudo de sufrimiento. El termómetro marca treinta grados al sol en este mediodía de finales de octubre. Un compañero le trae agua en una botella de plástico muy usada y Ahmed le agradece el detalle en árabe. Lleva ya varias horas deslomado sobre el suelo. Hace más de una década que vive así: empalmando contratos temporales; haciendo todo el rato lo mismo.

“Mira cómo llevo la camiseta, mojada de tanto sudar, sin un minuto para poder cambiarme, haciéndome polvo la espalda. Y todo por 40 euros. Todos aquí estamos igual, desde que amanece hasta que casi se hace de noche”, cuenta. “Llegué a Torre Pacheco hace veinte años con la urgencia de trabajar y mandar dinero a mi familia. Desde entonces no he hecho otra cosa. La gente y los políticos pueden decir lo que quieran de nosotros, pero lo único que queremos es esto, seguir trabajando”.

Economía sumergida

Las estadísticas oficiales reflejan que el 60% de los trabajadores del campo en la Región de Murcia son de origen extranjero, y que su sueldo medio mensual ronda los 1.100 euros. Pero un sinfín de jornaleros como Ahmed cobra por debajo de ese salario y trabaja más horas de las que permite la ley.

En ese 60% de extranjeros solo se cuentan los que están dados de alta en la seguridad social. UGT calcula que la cifra real puede superar el 90%. Sobre el terreno, en esta mañana, los únicos nacidos en España que hay en las fincas son los jefes.

“La economía sumergida ocupa un papel demasiado importante. Hay pocas empresas que cumplan las reglas. Solo cuando salen a la luz desgracias como accidentes o acosos comprobamos las penosas condiciones en que trabajan los migrantes. Es como la punta de un iceberg. Tenemos el producto de mejor calidad de Europa, sí. Pero a costa de la dignidad de muchas personas”, destaca Gerardo Medina, de CCOO. El sindicalista denuncia la nula predisposición que hay entre los agricultores para mejorar los convenios colectivos.

El cambio del discurso

Esta reticencia no es fortuita: los empresarios del agro murciano se han mimetizado en los últimos tiempos con el discurso de Vox. La situación que describe Medina no ha cambiado, sin embargo, en los más de treinta años que los migrantes llevan siendo el capital laboral de la comarca.

El silencio de la patronal en los disturbios raciales de Torre Pacheco, que sucedieron a un paso de todas estas fincas, fue demasiado elocuente para Mohamed El Gheryb. “El que se calla ante las injusticias acaba convirtiéndose en cómplice. Los jefes no dieron la cara por quienes trabajan para ellos porque no necesitan personas que vivan tranquilas, sino esclavos que estén a sus pies”, manifiesta. Durante aquella semana, la recogida del melón no paró ni un solo segundo.

A finales de los noventa, recuerda el exalcalde del municipio Antonio León, los agricultores incluso llegaron a sacar los tractores a la calle pidiendo que se abrieran de par en par las fronteras. “Exigían flexibilizar las condiciones para que entrara más gente en España, porque las cosechas se quedaban sin recoger”. “Ahora”, observa, “esas demandas han dado un giro de 180 grados”.

Manuel Martínez representa a la patronal Asaja en la cuenca del Mar Menor. Vicente Carrión, por su parte, es portavoz de Coag. Ambos reconocen, con palabras muy parecidas, que la inmigración es clave para el crecimiento de la industria, pero afirman que debe haber un control exhaustivo en esas mismas fronteras que un día pidieron romper. Que solo es bienvenido quien tenga la predisposición de trabajar incansablemente.

“Desde que entran de manera ilegal hasta que consiguen un contrato de trabajo pasan dos o tres años. En ese intervalo la gente necesita medios para vivir, y si uno no tiene para comer puede ser capaz de cualquier cosa. Si dejas pasar una frontera, hay que dar la opción de trabajar al día siguiente”, explica Martínez.

“La solución”, continúa, “está en contratar en origen. Que vengan con acuerdos formalizados, los cumplan y vuelvan a sus países”. Este es un punto también muy reclamado por Vox. Según El Gheryb, se trata más bien de “una trampa”: “Vendría gente para trabajar, pero no habría ningún control. Les tendrían viviendo en casetas, trabajarían horas y horas y no pasaría nada, porque ni siquiera conocerían cuáles son sus derechos”.

La jaula de hierro

“Todas esas afirmaciones concuerdan con la estrategia de deshumanización de la ultraderecha”, abunda Andrés Pedreño. “Ningún empresario va a negar que se necesitan migrantes. La clave está en el cómo: sin que tengan las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos, porque tenerlas los llevaría a acceder a otros mercados laborales, y así, la agricultura, estaría condenada”.

A diez minutos por carretera de la parcela donde Ahmed se está dejando la espalda, Said supervisa la recogida de lechuga de un manto verde donde ya no se ve la tierra. Todas las piezas que arrancan de sus raíces viajarán esta noche en camiones rumbo a Francia. Este marroquí de 48 años que, en 2006, tras un lustro de empleo indocumentado, accedió a ser encargado de peones, es otro ejemplo de lo que Pedreño denomina “jaula de hierro”: una estructura invisible hecha de precariedad y falta de políticas de integración que encierra a miles de trabajadores en los mismos puestos durante generaciones. “Y no puedes quejarte”, dice Said, “porque si te quejas y pides algo más te amenazan con echarte y hay cientos como tú dispuestos a sustituirte”.

El dueño de todas estas hectáreas de lechuga hoy tiene más de 60 hombres a su cargo. Cuando se le pregunta por la situación de sus trabajadores, y por el señalamiento racista que están recibiendo, prefiere no dar su nombre, pero sí responde: “Sin ellos sería imposible exportar lo que se está exportando. Tienen que estar aquí, tienen que seguir viniendo. Quien plantea expulsarlos no sabe de lo que habla”.

Antes de que acabe el invierno, este agricultor habrá vendido cerca de cuatro millones de ejemplares frescos de lechuga. Con el próximo amanecer regresarán todos los jornaleros. Esta desagradecida huerta no se detiene nunca.

Este periódico se ha puesto en contacto en varias ocasiones con Vox para recoger su punto de vista, pero no ha obtenido respuesta.

En la madrugada del 16 de julio, un hombre marroquí de 20 años fue detenido en Gran Canaria como presunto autor de un delito de lesiones graves contra una menor tras el incendio de una infravivienda en La Isleta. Poco más de 24 horas después, y coincidiendo con las persecuciones de migrantes de Torre Pacheco (Murcia), Vox aprovechó para alentar la xenofobia también en la isla y convocó una concentración contra la inmigración a las puertas de un campamento de acogida de la capital de la isla. “Desde Vox lo tenemos muy claro. Nosotros vamos a estar con los españoles. Vamos a defender su seguridad hasta las últimas consecuencias”, dijo Alberto Rodríguez, candidato del partido al Congreso de los Diputados por Las Palmas. Este martes, el juez ha dejado en libertad provisional al joven después de que la víctima declarara que el incendio fue fortuito y que él la intentó auxiliar. 

La adolescente, tutelada por el Gobierno de Canarias, fue trasladada a la Unidad de Quemados de Sevilla en un avión medicalizado, con más del 50% de su cuerpo afectado por las quemaduras del incendio. En un primer momento, fuentes policiales comunicaron a los medios que la menor refirió que el joven la había agredido y que esa era una de las hipótesis. En uno de los autos del juez se exponía que esta era una de las contradicciones que había que resolver, y en la resolución en la que se acordó la puesta en libertad del detenido se concluyó que la declaración de la víctima “consolida la tesis” mantenida desde un principio por el grupo de Homicidios de la Policía Nacional, aludiendo a informes médicos que “relativizan” la hipótesis de que la víctima fuera rociada con líquido inflamable. El auto también refleja que la víctima resultó atrapada en la habitación, pese a los intentos de auxilio del investigado.

“La propia víctima ha negado expresamente tal extremo, consolidándose así la tesis policial inicial de que nos hallamos ante un incendio accidental en el que la víctima resultó atrapada en la habitación, pese a los intentos de auxilio del investigado”, expone el auto del magistrado Tomás Martín. Aun así, la investigación sigue abierta para dirimir si el investigado cometió una imprudencia en el origen del incendio. 

Según ha podido saber este periódico, la decisión del Juzgado provocó el enfado del eurodiputado de extrema derecha Jorge Buxadé, que casualmente se encontraba en Canarias con motivo de la visita de una delegación de eurodiputados a Gran Canaria y Tenerife para evaluar el impacto de la migración en las islas. Fuentes de esta delegación afirman que Buxadé estaba en ese momento en una reunión con la Fiscalía y la Guardia Civil, en la que trató de vincular la delincuencia con la inmigración, siendo reprendido incluso por un representante del PP. Estas fuentes aseguran que la crispación que el líder de Vox intentó introducir se encontró con “instituciones calmadas y entidades sociales que trabajan bien en el terreno y en proyectos interesantes de integración”.  

Desde el primer momento y en plena investigación de los hechos, agitadores y partidos de extrema derecha, negacionistas de la violencia de género, aprovecharon para vincular la inmigración con esta lacra y con la delincuencia. El influencer Rudy Ruymán, denunciado en múltiples ocasiones por delitos de odio contra migrantes, convocó otra protesta en contra de la inmigración en La Isleta. “Una joven canaria, menor y tutelada ha sido quemada viva en La Isleta. Un agresor: un marroquí de 20 años recién llegado en patera con orden de expulsión y viviendo en un piso okupa”, dijo en sus redes sociales.

El líder de Vox, Santiago Abascal, tampoco desaprovechó la oportunidad de señalar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como responsable de la violencia machista que sufren las mujeres en España y de pronunciar un discurso racista contra el investigado, ahora en libertad. “Sánchez no ha tenido una sola palabra para las mujeres víctimas de violaciones de estas últimas semanas. Ni para la niña quemada viva por un salvaje llegado hace poco en patera. Él es el principal responsable de ese horror que se repite en todas las calles de España”, publicó en su cuenta de Facebook el 28 de julio.

Este 16 de septiembre, tras el auto del Juzgado sobre la puesta en libertad del joven marroquí, Abascal volvió a sembrar el odio ignorando el testimonio de la menor y el contenido de los informes policiales. ''¿Por qué tenemos que tener en la calle a estos monstruos? No hay un partido de los que han gobernado que se atreva a responder. Por eso decimos que a los pueblos los están engañando y traicionando. Porque es terrible que solo Vox diga que esto no puede pasar. Y algún día a los españoles se les acabará la paciencia y pedirán responsabilidades directas a los que hacen posible esta aberración'', dijo en su cuenta de X.

Por su parte, pocos días después de la detención, los medios de comunicación lanzaron titulares en los que destacaban que el joven había llegado hacía pocos meses a Lanzarote en una patera. “Fue muy significativo cómo lo abordaron algunos medios de comunicación, saltándose todos los códigos establecidos y que insisten en no nombrar el origen cultural de una persona a la hora de informar de un delito. Al nombrar el origen cultural, estás nombrando a un colectivo entero”, explica el investigador José Manuel Álamo. “Había muy poca información y se hicieron múltiples juicios. Había un interés grande en criminalizar a todo el colectivo, especialmente al colectivo de jóvenes marroquíes migrantes sin referentes familiares, que sufre mucha presión”, asegura. 

En este punto coincide el investigador y profesor de Periodismo de la Universidad de La Laguna Rodrigo Fidel. “El relato está construido con todos los ingredientes destinados a despertar la rabia y la indignación de quien lo lee. Es un inmigrante, agrede a una chica, que es ”nuestra“, ocurre en una infravivienda…”, ejemplifica. Además, critica que los medios destacaran que el joven tenía una orden de expulsión, a pesar de que este documento se emite a todas las personas que llegan por vía irregular a España, como si estuviera “casi en busca y captura”. 

“Este discurso de la extrema derecha es 'algoritmo + odio'. Esa es la combinación. Los principios químicos que están alimentando este incendio”, asevera. Una vez se propaga la desinformación, es “difícil” atajarla. “El desmentido siempre va a posteriori. Es lo duro del asunto. El que pega primero, pega dos veces”, dice Fidel.

Álamo recuerda que “se utilizó políticamente la vinculación de lo que estaba pasando aquí con lo que estaba pasando en Torre Pacheco”. “Se intentó, sin éxito ninguno, dar una sensación de peligrosidad que no es real”, añade el experto en diversidad cultural y convivencia. En esta línea, para el investigador es clave que las administraciones pongan el énfasis narrativo en los elementos positivos de la migración en el ámbito local: “Necesitamos en las calles profesionales que se dediquen a trabajar en la complejidad del hecho migratorio y gestionarlo de una forma positiva, participativa, y encontrar vías donde venza lo que existe en común y lo que podemos compartir”. 

El mantra de que los extranjeros cometen más agresiones machistas

Las plataformas feministas alertaron desde el primer momento del racismo que estaban difundiendo Vox y otras asociaciones de extrema derecha con sus discursos. El caso en un principio se investigaba entre sus hipótesis como presunta violencia machista. Desde la Red Feminista de Gran Canaria se emitió un comunicado en el que se desmarcaba de la concentración promovida en el barrio de La Isleta. “No se puede usar la violencia de género como excusa para incitar al racismo”, dijo la red, a la vez que advirtió del “uso instrumental y xenófobo de un caso de extrema gravedad”. 

La Red recordaba en ese comunicado que en 2023 menos del 25 % de los agresores condenados por violencia de género eran extranjeros“, mientras que ”el 75 % restante eran españoles“. ”Utilizar un caso atroz para fomentar la xenofobia es deshonesto y peligroso. Lo único que los agresores tienen en común es que son hombres. Ahí debería estar el foco“, apuntó. 

El colectivo feminista opina que “quienes se esconden detrás del anonimato no buscan justicia, sino sembrar el odio”, y alerta de que “el cartel que convoca la manifestación no menciona a ninguna organización responsable”, lo que le resulta sospechoso.

Nereida Vizuete, portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria, señala a este periódico que “no hay una vinculación entre nacionalidad y machismo”. “Lo único que tienen en común los agresores de violencia machista es que son hombres”, agrega.

Vizuete insiste en que esa asociación que se realiza es realmente interesada e incide en que el machismo se da en todas las clases sociales, en todas las edades y en todas las razas. Cuando Vox y otros grupos alentaron esa convocatoria en La Isleta este verano asegura que le afearon a la Red Feminista que no se sumara, pero la portavoz recuerda que ellas están condenando constantemente todas las agresiones todo el año. “Hemos condenado a las 113 víctimas de violencia machista que han sido asesinadas en Canarias, las más de 1.300 en el Estado, pero no lo hacemos en función de quién es el agresor”, sostiene. 

“Si a alguien le preocupa más cuál es el país de origen de un agresor que el hecho de que haya violencia machista, tiene un problema serio. Y eso es lo que dijimos cuando se hizo esta convocatoria”, subraya Vizuete, que aclara que la Red convoca cuando “las investigaciones están terminadas y las víctimas están declaradas oficialmente como víctimas de violencia machista, precisamente por estas cosas, porque no podemos hacer comentarios públicos a golpe de titular ni dejarnos llevar por intereses que son claramente racistas y xenófobos”. “De hecho, la única intención de la extrema derecha era esa, polarizar más el ambiente”, asegura. 

“Hay que denunciar todas las violencias machistas, hay que denunciarlas todas, todo el tiempo. Y no podemos tratar de forma especial o como si fuera lo común que una persona de cualquier nacionalidad cometa un acto de violencia machista cuando en realidad no es el motivo principal”, insiste. 

De hecho, este año el 59,3% de los asesinatos machistas han sido cometidos por hombres españoles. El pasado año, la cifra fue del 63,8% de nacionales y en 2021, por ejemplo, del 77,6%. Además, según datos del Consejo General del Poder Judicial, el perfil de los agresores machistas, en general, se corresponde con el de un hombre de más edad que la víctima en el 70,8 % de los casos y de nacionalidad española en el 64,6% de los casos. 

Por su parte, el Foro Contra la Violencia de Género de Tenerife también denunció la instrumentalización de este caso y dijo que esos grupos de extrema derecha buscan desviar el foco del verdadero problema, “el patriarcado y sus violencias contra las mujeres”, ya que “la violencia machista no tiene nacionalidad, tiene raíces patriarcales”.

Según el Foro, “la violencia machista es una manifestación estructural de desigualdad que atraviesa todas las culturas, clases sociales y territorios, utilizar un caso de violencia de género para fomentar el odio xenófobo y el racismo no solo es profundamente racista sino irresponsable y peligroso”.

“Tenemos el derecho a querer sobrevivir como pueblo”. Así justificó a principios de julio la diputada de Vox Rocío de Meer la propuesta de expulsión de personas migrantes y sus hijos, incluyendo también así a quienes han nacido en España. El partido calcó una a una las teorías racistas popularizadas por la ultraderecha global en los últimos años: habló de “reemplazo demográfico” y también de “reemigración masiva”. Dos meses antes, Falange convocaba en Madrid una manifestación contra la inmigración apoyada por grupos neonazis y fascistas. En la pancarta de cabecera lucía una única palabra: “Reemigración”.

Desde que Vox planteara abiertamente una deportación generalizada el pasado 7 de julio para “preservar la identidad española” se han sucedido otros dos hechos racistas que han marcado el verano y que, por su concentración en el tiempo y crudeza, forman parte de un salto cualitativo. Todo ha ocurrido en solo un mes: Torre Pacheco fue escenario de conflictos con motivación racista tras la agresión a un hombre al tiempo que todo el ecosistema ultraderechista aprovechaba para diseminar su mensaje antiinmigración. Ello se une a la prohibición en Jumilla de los actos musulmanes en espacios públicos de la mano de PP y Vox.

“La línea se cruzó hace tiempo, ahora estamos viendo los frutos de algo que se ha ido sembrando incesantemente desde hace años”, cree Sergi Soler, historiador de la Universidad Autónoma de Barcelona. El experto asegura que el país asiste a “una nueva ola de radicalización” que es producto de “la normalización” del discurso previo: “Una gran parte del público mainstream ha asimilado la ola anterior, así que se da paso a la siguiente”. “España ha entrado sin duda en una nueva era de extrema derecha”, asiente el estadounidense Connor Mulhern, investigador principal del consorcio La Internacional Reaccionaria.

Soler, miembro de ARENAS, un proyecto que está analizando las narrativas extremistas, lo desarrolla: “Cuando surgió Vox y las extremas derechas en Europa se empezó a hablar de temas que antes eran tabú, entre ellos, la vinculación de la inmigración y la delincuencia o el negar la discriminación de las mujeres, por ejemplo. Sin embargo, sus narrativas y estrategia de machaque incesante han contribuido a que la gente ya hable abiertamente de ello. El discurso se ha asimilado e interiorizado por gran parte de la población, por lo que ya se puede poner en marcha otra fase de radicalización en la que se proponen soluciones más extremas”.

Un vehículo desde los márgenes

Las declaraciones de líderes de Vox hechas durante este mes dibujan la realidad soñada por los grupos ultraderechistas españoles que, a pesar de ser muy minoritarios y diferenciarse del partido de Abascal en temas como la guerra de Gaza, comparten retórica migratoria. Solo un vistazo al contenido que generan Falange, Democracia Nacional o Núcleo Nacional (NN) basta para atisbar coincidencias. Esta última asociación, abiertamente neonazi, enarbola un racismo más etnicista con constantes apelaciones a la raza, pero al igual que Vox habla de “invasión”, vincula inmigración e inseguridad y habla de una supuesta amenaza a las raíces y cultura nacionales. “Estamos perdiendo España”, dijo uno de sus líderes, Enrique Lemus, en la inauguración de su sede en Madrid.

“Vox ha logrado amplificar el discurso extremista e introducirlo en la corriente principal de la política”, cree Mulhern, que va aún más lejos: “Y ha ofrecido un vehículo institucional para que individuos y redes de los márgenes más radicales accedan a cuotas de poder”. Algo que precisamente aprecia el experto en la manera en que su mensaje “se solapa con la ideología abiertamente neonazi” de la “reemigración”, una retórica que “es casi idéntica” a la que defienden figuras radicales a nivel global como íder del grupo etnonacionalista austríaco Movimiento Identitario Martin Sellner.

Por eso Mulhern piensa que “la caza al inmigrante” fomentada en Torre Pacheco “podría ser perfectamente el primer paso de una tendencia más amplia y no una excepción”. De hecho, la extrema derecha lleva tiempo buscando propagar este tipo de protestas a otras ciudades, lo que denominan con el eufemismo “apatrullar” las calles en lugares que consideran “difíciles con el tema de la seguridad”, en palabras de Núcleo Nacional. Las protestas ante centros de menores migrantes también son una de sus banderas al tiempo que Vox ha intensificado su campaña contra ellos.

Esta doble dimensión de grupos más radicalizados y partidos políticos como Vox “se está replicando en toda Europa”, explica la investigadora Nuria Alabao, autora de Las guerras de género. La política sexual de las derechas radicales. “Cada vez que Vox está utilizando esta retórica legitima y acerca al mainstream el discurso de los neonazis y reduce el coste social de expresar posiciones abiertamente racistas”, añade la experta. Por su parte, el periodista y coordinador de AlgoRace, Youssef M. Ouled, apunta a “una amplitud del discurso racista nunca antes vista”, pero señala como caldo de cultivo “los planteamientos racistas preultraderecha” presentes en España de forma estructural.

Todas las voces expertas consultadas para este reportaje coinciden en que la deriva de los últimos tiempos no ha ocurrido solo en España. Pero más allá del auge internacional, Alabao aporta un ingrediente nacional y hace referencia al segundo plano que ocupa ahora la cuestión independentista, campo de batalla habitual de las derechas. La experta considera que “se ha cerrado el ciclo del procés y la cuestión territorial está desactivada como gran movilizadora”, por lo que la ultraderecha “se ha movido todavía más” y profundiza en cuestiones relacionadas con la inmigración. “No es un desplazamiento tan inesperado, lleva tiempo creándose un campo fértil para que el discurso de la persecución del migrante se acepte e incluso la violencia callejera de grupos ultras se perciba como legítima”.

Sin embargo, el racismo ya existía antes de la irrupción de la ultraderecha, sostiene Youssef M. Ouled. “Lo que sucede es que ha permanecido más ignorado, salvo para quienes lo padecen”, esgrime el activista haciendo referencia a la actuación del Gobierno en la frontera sur o a las redadas raciales. Lo que sí cree Ouled es que la extrema derecha “ha incorporado un nivel de deshumanización y criminalización nuevo” y que lo ocurrido en Murcia “es un experimento para valorar su capacidad de movilización y condicionar el panorama social y político”, pero aunque “haya una percepción de más racismo” este “se sustenta en un racismo social e institucional que ya estaba ahí”.

Racismo cultural y biológico

En el marco de este proceso, Connor Mulhern identifica una “radicalización” de Vox a partir de las elecciones europeas de 2024. En parte “por haber mejorado” la movilización de sus bases en el ámbito digital y también debido a que “el ala más etnonacionalista de Vox se ha vuelto dominante” en el partido desplazando a “muchas voces relativamente más moderadas”. “Vox ya era de extrema derecha, pero a menudo se distingue entre la derecha radical, como Giorgia Meloni, y la extrema derecha más vinculada al fascismo clásico. Aunque Vox es un espectro, se ha ido inclinando más hacia esta última posición”, sostiene.

En términos generales, el experto se remonta en el tiempo y explica que la extrema derecha española “tuvo históricamente sus raíces en la nostalgia franquista” y, aunque esta sigue presente, la ola actual “es marcadamente distinta” y en ella convive el racismo cultural que ha predominado en los últimos años y que hace referencia a las costumbres o la religión para rechazar al extranjero con el racismo más etnicista. “Es la defensa de una nación española basada en un racismo biológico explícito que presenta a los españoles como parte de una 'pura' nación blanca europea en proceso de ser supuestamente 'reemplazada' por personas no solo culturalmente distintas sino genéticamente inferiores”.

De esta forma cree Mulhern que se ha podido llegar a medidas como la de Jumilla con el apoyo del PP, que respaldó la propuesta después de modificar la moción original de Vox pero manteniendo la intención inicial. La decisión, que permite prohibir el Ramadán o la 'fiesta del cordero’ en espacios públicos, “se basa en la premisa de que los musulmanes no forman parte de la nación española” independientemente de qué nacionalidad tengan. Lo mismo ocurre con la defensa de la deportación de inmigrantes y sus hijos a pesar de que hayan o no nacido en España.

En esta ocasión Vox ha llegado a mostrarse crítico con la Conferencia Episcopal Española y su rechazo al veto musulmán en la localidad murciana, lo que ha provocado la reacción de obispos españoles de diferentes corrientes ideológicas. Alabao analiza el movimiento en un contexto en el que la formación utiliza las creencias no tanto desde el punto de vista estrictamente religioso sino con la idea “del cristianismo cultural”, es decir, como “un marcador identitario frente al Islam y como eje de la identidad nacional y europea”. De esta forma cree la investigadora que Vox busca al votante más radicalizado y se presenta “como el verdadero defensor de la fe sin complejos”.

Con todo, las voces expertas apuntan a ampliar la mirada y apelan también al resto de sectores y partidos políticos. “No hay que combatir el racismo de la ultraderecha únicamente, sino poner sobre la mesa el necesario debate sobre el racismo en España”, sostiene Youssef M. Ouled. Mulhern, por su parte, cree que Vox “ya no se conforma con operar desde los márgenes políticos” sino que está “poniendo a prueba” hasta dónde puede llegar. “Y hasta ahora se está encontrando con poca resistencia. Es evidente que el Gobierno no solo no comprende lo que está pasando, sino que tampoco sabe cómo combatirlo”.

La Universidad de Edimburgo, una de las instituciones educativas más antiguas y prestigiosas de Reino Unido, jugó un papel “descomunal” en el diseño de teorías pseudocientíficas racistas, según una inédita investigación histórica que también ha arrojado luz sobre cómo la institución se benefició de la esclavitud transatlántica.

De acuerdo con una investigación oficial a la que ha tenido acceso The Guardian, la universidad recaudó una suma que como mínimo equivaldría hoy a 30 millones de libras esterlinas [unos 34,7 millones de euros] a través de donantes y antiguos alumnos relacionados con la esclavitud de los pueblos africanos, con las plantaciones, y con las riquezas generadas por el sistema de explotación en todo el Imperio Británico.

En los siglos XVIII y XIX la Universidad de Edimburgo se convirtió en un “refugio” para profesores que desarrollaron teorías de supremacismo blanco y desempeñaron un papel fundamental en la creación de “pseudociencias raciales” desacreditadas según las cuales los africanos ocupaban el escalafón más bajo de una supuesta jerarquía racial.

Fundada en el siglo XVI, la antigua universidad mantiene un patrimonio de 9,4 millones de libras esterlinas [unos 10,8 millones de euros] que procede directamente de donantes relacionados con la esclavitud, las conquistas de la era colonial y estas pseudociencias. Ese patrimonio se ha destinado a financiar conferencias, premios y becas vigentes en la actualidad.

Sir Peter Mathieson, el rector que encargó la investigación, dice que aunque las conclusiones de la investigación son “duras de leer”, la Universidad de Edimburgo no puede aplicar “memoria selectiva” sobre su historia y sus logros.

En un comunicado oficial, Mathieson ha pedido disculpas sinceras en nombre de la universidad por “su papel, no solo por el beneficio material obtenido gracias a prácticas y sistemas que causaron tanto sufrimiento, sino por la contribución a producir y perpetuar un pensamiento racializado que ha afectado de manera significativa a las comunidades étnica y racialmente minoritarias”.

Otros hallazgos de la investigación

Para contribuir en la construcción de dos de sus edificios más famosos, el Old College on South Bridge (década de 1790) y la antigua facultad de medicina cerca de Bristo Square (década de 1870), la universidad pidió explícitamente donaciones a graduados cuya actividad económica estaba vinculada al comercio transatlántico de esclavos, según el mismo documento.

Las donaciones equivalían a aproximadamente 30 millones de libras esterlinas, teniendo en cuenta solo la variación de los precios [unos 34,7 millones de euros]. Teniendo en cuenta el aumento de los salarios desde entonces, la cifra equivaldría hoy a 202 millones de libras [unos 234 millones de euros]. Por último, si se considera el crecimiento económico registrado desde entonces, la cifra equivaldría en la actualidad a 845 millones de libras [unos 978 millones de euros].

La universidad gestionaba un mínimo de 15 dotaciones financieras derivadas de la esclavitud en África y otras 12 del colonialismo británico en la India, Singapur y Sudáfrica. Diez de ellas siguen activas en la actualidad, con un valor mínimo de 9,4 millones de libras esterlinas [unos 10,9 millones de euros] a día de hoy.

La universidad conserva aproximadamente 300 cráneos de personas esclavizadas y desposeídas. Fueron recogidos en el siglo XIX por frenólogos de Edimburgo que relacionaban erróneamente la forma del cráneo con el carácter y la moral de una persona.

Menos del 1% del personal de la universidad y poco más del 2% de sus estudiantes son negros. Un porcentaje muy por debajo del 4% de la población para todo Reino Unido, pese a que Edimburgo es reconocida como una institución de enseñanza global.

Los autores del informe terminan con serias dudas sobre el papel que desempeñó la universidad como sede de la Ilustración escocesa durante los siglos XVIII y XIX, cuando se hizo conocida por el trabajo de eminencias como el economista Adam Smith o el filósofo David Hume.

Qué hacer con el legado económico de la esclavitud

El hecho de que una parte de la historia de la universidad esté “relacionada con la esclavitud y con el colonialismo, con la apropiación violenta de cuerpos, de mano de obra, de derechos, de recursos, de tierras y de conocimientos es profundamente estremecedor, sobre todo para una institución tan estrechamente vinculada con los valores humanísticos y liberales de la Ilustración escocesa”, escriben.

Como forma de combatir el racismo institucional que impregna a la institución, los autores del informe piden que la universidad destine ese legado financiero a la contratación de académicos negros y de minoritarias, así como a investigar y enseñar sobre racismo y colonialismo.

Dentro de la serie de 47 recomendaciones, los autores también piden a la institución que deje de aceptar como válida la definición de antisemitismo promovida por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), dado que coarta el “libre debate” sobre las políticas y acciones de Israel en Gaza y Cisjordania (en Reino Unido, una mayoría de universidades reconoce la definición de antisemitismo de la IHRA).

Los autores del informe solicitan a la universidad que se deshaga de manera urgente de todas sus inversiones en empresas que tengan contratos importantes con el Gobierno de Israel.

El rector Mathieson asegura que la universidad está evaluando “activamente” su adopción de la definición de la IHRA, así como sus inversiones en empresas vinculadas a Israel después de que miembros del personal y estudiantes de la universidad organizaran una serie de protestas acusándola de complicidad con el accionar israelí en Gaza.

Mathieson dice que entiende los sentimientos que hay detrás de la petición pero que no puede retirar el apoyo a la definición de antisemitismo de la IHRA, ni vender participaciones en empresas que se enfrentan un boicot antes de completar la evaluación. “Obviamente, se trata de un tema muy candente y de actualidad”, ha explicado durante una entrevista con The Guardian.

Mathieson admite que la investigación sobre el pasado colonial de la institución ha llegado a conclusiones “profundamente impactantes” y “verdaderamente incómodas”.

Una de ellas fue enterarse por los apuntes de la década de 1790 de los estudiantes de Dugald Stewart que su profesor, uno de los filósofos morales más famosos, enseñó a miles de estudiantes que los europeos blancos eran racialmente superiores. Se da la paradoja de que tanto Stewart como Adam Ferguson, su mentor, fueron “abolicionistas de toda la vida”. Pero en el sur de Estados Unidos sus teorías raciales fueron usadas para justificar la esclavitud.

Además de celebrar sus éxitos, dice Mathieson, la universidad ha tenido que aceptar duras verdades sobre su pasado. Según el rector, se trata de la investigación histórica más exhaustiva jamás realizada por una universidad de Reino Unido.

“Creo que una gran parte del informe es dura de leer, pero confío en su exactitud porque confío en los expertos que lo han redactado”, dice. “Creo que buscábamos la verdad, que es la verdadera misión de una universidad, y eso incluye la verdad sobre nosotros mismos, además de la verdad sobre cualquier otra persona”.

Mathieson y los altos cargos de la Universidad de Edimburgo encargaron el informe después de que en 2018 la Universidad de Glasgow hiciera una revisión pionera sobre sus vínculos con el esclavismo, y de que llegaran también a Edimburgo las protestas organizadas en EEUU por el Black Lives Matter tras el asesinato en Minneapolis de George Floyd (2020). La investigación de Edimburgo ha sido liderada por el profesor Tommy J. Curry, especialista en teoría crítica de la raza, y por la doctora Nicola Frith, experta en reparaciones.

Entre otros hallazgos, hay pruebas de que la universidad recibió dinero generado con los impuestos a los barcos que transportaban azúcar y tabaco producidos por esclavos, y de que había invertido las donaciones generadas gracias a la esclavitud de los africanos en bonos de guerra, en bonos coloniales, y en fincas de las Highlands escocesas.

El informe también acusa a la universidad de “inercia” con el tema del abolicionismo de la esclavitud. Pese a que en su claustro había profesores que lideraban la campaña abolicionista, la institución decidió no unirse a tres universidades y facultades escocesas que elevaron una solicitud al Parlamento pidiendo la abolición de la esclavitud.

“Escocia tiene una deuda moral por haber sostenido una ideología que durante siglos contribuyó a explotar, matar y dominar a personas racializadas”, dice Curry. “No hay nada que argumentar frente al hecho de que las personas que orquestaron el colonialismo venían de Edimburgo; no es el único lugar del que vinieron, pero en aquella época la Universidad de Edimburgo estuvo a la vanguardia en la creación y proliferación de estas teorías”.

En 2020, Edimburgo se convirtió en uno de los centros de protesta del movimiento Black Lives Matter cuando algunos estudiantes y trabajadores exigieron un cambio de nombre en un bloque de pisos bautizado por el filósofo de la Ilustración David Hume, autor de una nota al pie de página abiertamente racista donde se sostiene que los negros eran inferiores.

Despertando la furia de algunos historiadores, la universidad accedió a un cambio temporal en el nombre del edificio, que pasó a llamarse ‘40 George Square’. Un informe posterior encargado por la universidad ha recomendado que este nuevo nombre sea permanente y la creación de un nuevo comité para evaluar un cambio de nombre en otro edificio moderno, el Dugald Stewart, debido a sus teorías sobre la raza.

Medidas anticolonialistas

Según Mathieson, muchas de las recomendaciones del informe sobre descolonización presentado por el equipo de 24 académicos, investigadores y consultores serán aceptadas sin más por la universidad, mientras que otras requerirán más consideración y fondos. “Si finalmente perdemos el coraje porque no nos gustan las conclusiones, la decisión original de realizar el trabajo queda invalidada”, dice. “Sabíamos que esto no iba a ser fácil”.

La universidad creará un grupo dedicado a la implementación de las medidas aconsejadas por el informe. Según Mathieson, una de las que apoyará activamente será el establecimiento en la Universidad de Edimburgo de un centro para el estudio del racismo, el colonialismo y la violencia contra las personas negras, buscando un local como espacio comunitario y ayudando a encontrar filántropos que aporten fondos, entre otras fuentes de financiación externa.

Mathieson señala que la universidad también tiene mucho trabajo por delante para comprender por qué son tan pocos los estudiantes y miembros del personal negros. Un contraste con los estudiantes asiáticos, que representan un tercio del total, con casi 9.300 procedentes de China.

“Sin duda”, la Universidad de Edimburgo financiará nuevas becas para estudiantes pertenecientes a grupos minoritarios, apunta Mathieson. “Algunos de los recursos de la universidad pueden destinarse y se destinarán a este fin”, añade antes de señalar que, tal vez, la universidad no pueda reasignar algunos fondos vinculados a la esclavitud o al colonialismo si las condiciones en que fueron donados restringen su uso a unos fines específicos.

Traducción de Francisco de Zárate.

Los altercados racistas ocurridos en Torre Pacheco a raíz de la agresión a un anciano el pasado 9 de julio han dejado, hasta el momento, 700 personas identificadas, 140 denunciadas y 10 detenidos, así como 12 auxilios, según ha confirmado este martes la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que se ha desplazado a la localidad para felicitar a los agentes que participaron en el dispositivo y mantener reuniones con autoridades, entre ellas el alcalde.

“Afortunadamente, escasos días después, la normalidad y la convivencia en este municipio ha vuelto y eso es lo importante”, ha celebrado González, que ha dado por cerrado el episodio de “crispación social y enfrentamientos”, pero no la investigación, ya que continúa abierta y bajo secreto sumarial.

De forma que el dispositivo de seguridad desplegado en la zona, en el que han participado 200 agentes, está cerrado desde hace unos días y la normalidad es la protagonista actual de esta localidad, ha reiterado la directora general de la Guardia Civil.

Así, ha aprovechado su visita para poner en valor cómo en un plazo de 72 horas se logró identificar y detener a dos de los participantes en la agresión violenta al anciano y que el cuarto día “ya se encontraba detenido, gracias también a la colaboración de otras policías, cuando estaba a punto de salir del país el autor de esa agresión”.

En esos mismos días, ha precisado, entró a prisión sin fianza “el presunto agitador, alentador de estas concentraciones que se produjeron”.

Iñaki Williams, que lleva ya más de una década defendiendo los colores del Athletic Club, va a portar el brazalete de capitán durante la próxima temporada y se va a convertir en el primer capitán negro de la historia del club bilbaíno.

En una rueda de prensa concedida este martes, el jugador ha querido reivindicar sus orígenes humildes y confrontarlos con los discursos de odio esparcidos por la ultraderecha. “Somos gente de familia muy humilde y el poder exponer de esta manera lo que viene a hacer aquí la gente es bueno para todos. Parece que está de moda la ultraderecha, pero los que tenemos voz seguiremos trabajando y callando bocas y tirando barreras”, ha proclamado.

La respuesta ha venido después de que un periodista le preguntase qué supone para el jugador que por primera vez haya un capitán negro en el Athletic. “Parece casualidad cuando mi madre y mi padre me parieron en Bilbao hace 31 años. El destino es el destino. Si no fuese por mis padres, yo no estaría aquí y Nico [su hermano] tampoco. Tenemos la suerte de poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día y ser una de las referencias ya no solo en Euskadi, sino en España”, ha añadido el jugador.

El cielo amenaza con venirse abajo removiendo el aire, salado, más fresco de lo habitual sobre el laberinto de caminos de tierra marrón, inconsistente y rebosante de nutrientes del Campo de Cartagena. Esto, en pleno julio, es un respiro que por desgracia, ellos lo saben, no durará mucho, pero es un alivio recoger melón bajo este manto de nubes aunque sea solo por un día. Un grupo de trabajadores faena al rebufo del rastrillo de un tractor que remolca un gran contenedor en el que van volcando los melones que sacan de la tierra. “Estos son bereberes. Del norte de África. No son árabes. Eran agricultores en Marruecos. Alguno que otro ya es jefe de cuadrilla. Aquí trabajan desde las seis de la mañana hasta la una y media o las dos, a pleno sol, con 35 grados. Este es un trabajo duro, duro de verdad”, cuenta Daniel, un agricultor veterano de la zona que maneja el tractor.

El Campo de Cartagena debía ser una tierra baldía y de secano que, milagros de la hidráulica, ha terminado siendo una de las tierras de cultivo más productivas de todo el mundo. Para que puedan hacerse una idea, en el año 2019, la Región exportó más de 2,5 millones de toneladas de productos agrícolas: melón, lechuga, brócoli, acelga, berenjena o alcachofa. Las tierras orientales de Carrascoy llenan las despensas de medio mundo. “Yo lo he vivido todo, cuando esto era secano puro. Había cuatro pozos nada más. La zona regable era una décima parte de lo que hay ahora. Esto empezó a cambiar con el trasvase, y con él vino la mecanización… y sobre todo, la inmigración. Sin inmigrantes esto no es viable. No es que no sea rentable, es que no es posible”, continúa.

La presencia masiva de trabajadores inmigrantes está justificada con la necesidad casi ilimitada de mano de obra de un campo que nunca jamás deja de cultivarse: “Aquí el 80% de la mano de obra son inmigrantes. Y si me apuras, en algunos tajos, el 100%. Si mañana los marroquíes, los latinos y los rumanos se van, aquí no se recoge ni un melón”. El sociólogo Andrés Pedreño explica a elDiario.es Región de Murcia que la mayor parte de los marroquíes que hoy pueblan Torre Pacheco provienen de la provincia de Uchda, en el oriente del país, una región históricamente minera que ya trasvasó en los años sesenta a muchos trabajadores a la Sierra Minera de Cartagena y que, al ver la metamorfosis del campo, cambiaron de sector. “Cuando se produce la gran transformación al regadío en los ochenta, se presenta un problema de escasez de mano de obra. El país se estaba modernizando y las bolsas de jornaleros del sur se iban a otros sectores de la economía que estaban en alza, como la construcción, la hostelería o el turismo. En el 86 entramos en la Comunidad Económica Europea (CEE) y en el 91 el mercado único europeo, y ahí es cuando Murcia especializa su territorio en lo que luego se llamó la 'huerta de Europa'”.

Daniel no quiere aparecer en cámara ni que se muestre su nombre, porque “luego vienen los sindicatos, las cámaras, la tele. Y ya te montan el circo de la esclavitud y no sé qué. Hace 30 años, vale. Pero ahora, sin papeles no trabaja nadie. Y por menos de ocho euros la hora no te viene ni Dios”. Brahim, trabajador marroquí de veinte años, lo confirma: “El trabajo es duro, a veces para morirse, pero está bien pagado. Yo llevo dos años trabajando en el melón y en la lechuga y merece la pena”. Pese a que los sigue habiendo, los casos de explotación laboral en el campo se han ido reduciendo paulatinamente con los años, en parte gracias a la presencia constante de inspectores de trabajo.

A pesar de su veteranía trabajando la huerta, Daniel lamenta que no se vaya a dar un relevo generacional: “Mi hijo, por ejemplo, es bioquímico. Tiene un máster en Enología en la Politécnica de Madrid. No quiere saber nada del campo. Los españoles no quieren trabajar aquí. ¿Por qué? Porque es más cómodo tener un sueldo, aunque sea pequeño, que ser empresario. No te imaginas la cantidad de papeles que se requieren para llevar esto medio en condiciones. Esto no es solo sudar: es papeleo, es responsabilidad, es desgaste. Y de mano de obra, mucho menos. Hay poca, y a veces problemática”.

De casa al trabajo, y del trabajo a casa

Entre la población marroquí, muchos de ellos naturalizados o nacionalizados españoles, sí que se está adquiriendo esa transmisión del oficio de padres a hijos. Según Daniel, “hay alguno que ya se mete a emprendedor. Les gusta la mecánica, montan talleres, venta ambulante, incluso alquilan fincas. Tienen iniciativa. Más que muchos de los nuestros, que se van a otros oficios y se olvidan del campo”.

A las dos de la tarde, cuando el calor rompe los relojes y el horizonte vibra por la temperatura, Omar pedalea de vuelta a casa. Son veinte minutos en bicicleta bajo la solanera. Veinte minutos de polvo, sudor y silencio, desde la finca hasta el piso donde vive con su familia. Lleva veinte años trabajando en el campo. Lo ha hecho todo: ha recogido melones, limones, ha trabajado en almacenes, sabe lo que es cargar cajas en agosto y arrancar lechuga con escarcha en diciembre. Omar habla con una sinceridad que corta: “Esto, si no fuera por nosotros, no tira. Nosotros hacemos el trabajo; ellos ganan, y nosotros cobramos. Y seguimos”. Se refiere a los patrones, a los almacenes, al engranaje entero. “En los melones, en los limones, solo trabajamos marroquíes. Españoles, ninguno. Solo como jefes o tractoristas”.

La semana pasada, cuando se desataron las cacerías racistas en Torre Pacheco, se encerró en casa con su mujer y sus hijos. “No salí para nada. Solo del trabajo a casa y de casa al trabajo. En bici, claro”. No pisó la plaza ni la tienda ni la calle, no asomó su rostro, reconocible para la turba solo por el color de su piel, por el umbral de la puerta. Solo al tajo y al hogar. “Los que montaron el lío no eran de aquí. Vinieron de fuera a buscar pelea. Pero nosotros seguimos con lo nuestro”.

Pese al relato que trata de imponerse, la población migrante de Torre Pacheco hace lo posible por convivir, trabajar y, sobre todo, prosperar. Ya hay familias con tres o cuatro generaciones que comienzan a medrar en la sociedad aupados por las espaldas dobladas de sus padres y abuelos. Mohammed es supervisor de finca. Llegó en 1990, cuando tenía veinte años, en una época en la que apenas había marroquíes y los pocos que había se repartían entre la industria y el campo. Empezó abajo del todo, haciendo lo que nadie quería, y ahora dirige cuadrillas, coordina cultivos y organiza la recogida.

Una cadena de mando bien jerarquizada

“No hay españoles haciendo nuestro trabajo”, dice. “Camioneros, tractoristas, jefes, sí. Pero en la tierra, muy pocos”. Habla con claridad, sin queja, sin heroísmo, asumiendo que forma parte de algo más grande que él, pero que también es suyo. “Esto sigue funcionando gracias a los que vinimos y a los que siguen viniendo”. Mientras en el centro del pueblo se multiplicaban los bulos y las agresiones, en los bancales de melón y lechuga apenas se notó el temblor. Como si el campo viviera al margen del ruido, ajeno al odio y entregado a otra lógica: la de madrugar, rendir y regresar a casa con lo justo para volver a empezar el día siguiente.

La llaman “la jefa” y lo es. Lleva 25 años en el campo y ha tenido a su cargo hasta 200 personas. Es ecuatoriana y aún recuerda cuando aterrizó en Barajas en un avión de la KLM lleno de compatriotas que venían, como ella, con la intención de trabajar hasta caer rendidos. Hoy, tras décadas de viajes en autobús y de horarios imposibles, gestiona peones, reparte tareas y decide quién vale y quién se queda fuera.

Para Andrés Pedreño, una de las claves de la altísima productividad, es el saber hacer de los capataces para llevar a sus trabajadores: “La explotación del trabajo marroquí se ha basado en mantenerlos en posiciones subalternas y subordinadas, no es contradictorio que los agricultores reconozcan que son indispensables y, al mismo tiempo, mantengan una posición racista, porque es una estrategia para tener trabajadores sumisos y ordenados. Lo sorprendente es que esto haya sido aceptado tan silenciosamente por la población migrante, y esto se debe a que se han encontrado un entorno político, institucional y social muy reacio a reconocerles la ciudadanía. Hay que preguntarse cuántas escuelas concertadas y privadas existen en un pueblo como este”.

“Yo me fijo mucho en el comportamiento. Si alguien se aprovecha, mañana no trabaja más conmigo”, cuenta, sin levantar la voz. Su liderazgo se basa en la firmeza y en haberlo pasado todo: “Jornales impagados, amenazas, botellas rotas, turnos de sol a sol...” explica la encargada.

A su lado, un agricultor español de poco más de treinta años asiente. Lleva meses sin encontrar gente para recoger y reconoce que ya no sabe qué más hacer. “Falta mano de obra, y faltan empresarios que quieran tirar pa’lante”. Sabe que el problema no es solo el rechazo de los jóvenes a trabajar en el campo, sino también el miedo de muchos pequeños propietarios a asumir el “problema” de contratar en regla: seguridad social, ETT, inspecciones laborales y costes; pese a los millonarios beneficios que este sector arroja todos los años. “Esto lo estamos sosteniendo entre cuatro”, suelta. Y se marcha a seguir recogiendo plásticos del bancal donde hace unos días aún se recogían melones que acabarán en las próximas horas en un supermercado de Berlín.

Pozo Estrecho, París, Londres

La productividad de estas tierras roza lo irreal, y casi brotan nada más cosecharlas, y llenan y llenan almacenes que trabajan sin descanso, llenan camiones que salen día y noche en dirección a cada capital europea; Pozo Estrecho-París-Londres, el barbecho no es una opción. Las cintas no paran: cajas y más cajas, lechugas calibradas al milímetro, melones enfriados en tiempo récord y hasta brócolis que se etiquetan por talla como si fueran trajes de chaqueta, que van todos a parar a hileras infinitas de camiones que vienen a explicar que cada ciclo de riego es un envío internacional y cada jornada de tajo acaba en una lonja poco después.

“Afortunadamente, nosotros nunca hemos tenido los problemas de violencia de El Ejido, pero hay cierto rechazo y problemas de asimilación ante ese cambio demográfico que ha habido durante los últimos 20 años”. Corría el año 2019 cuando el entonces candidato socialista a las elecciones municipales de Torre Pacheco compartió estas declaraciones con elDiario.es. Seis años y más de una docena de detenidos después, el consenso entre expertos y vecinos es que nada podría haber alertado de que este municipio de 40.000 habitantes y un 30% de población extranjera iba a ser escenario de 'cacerías' a migrantes.

La estrecha relación entre Vox y Torre Pacheco se remonta a seis años atrás, cuando Vox acumuló el 31% de los votos en las elecciones generales de 2019: “El factor fundamental es que había agricultura intensiva e inmigración marroquí. El voto a Vox estaba muy relacionado con las zonas de agricultura intensiva donde hubiera mano de obra migrante. Otras zonas con concentración de otro tipo de migración, como por ejemplo la latinoamericana, no tuvieron un incremento del voto de Vox en las urnas”, ha explicado Ismael Crespo, politólogo y codirector del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP).

Crespo ha recordado que por los mismos motivos se experimentaron repuntes de voto a Vox en la Vega Baja de Alicante y en la zona de Almería más próxima a la Región de Murcia. “Recordemos que en el verano de 2018 sufrimos la peor ola de pateras de la historia del país. En eso Vox basó su campaña en Andalucía, y con eso enlazó las elecciones generales de 2019”, ha contextualizado.

“En aquel momento se estaba atacando mucho a la agricultura tras la crisis del Mar Menor. Los agricultores se sintieron muy criminalizados, diría que por eso Vox consiguió muchos votos aquí”, ha apuntado Antonio León, portavoz del Partido Independiente de Torre Pacheco que fue alcalde de la localidad hasta 2023.

Ahora, la esencia del discurso se mantiene, pero el voto al partido de extrema derecha ha migrado: “El 50% de su voto se concentra en Murcia capital. También está en las ciudades de Lorca y Molina de Segura”, ha enumerado. “El voto de Vox ya no es el voto del campo. No hay más que ver que tanto Torre Pacheco como los municipios de la zona agrícola son del PP, con un voto razonablemente abundante”, ha analizado. En las generales del año 2023, el voto a Vox se desinfló en Torre Pacheco, bajando hasta el 26%, mientras que el Partido Popular remontaba con un 44% de los votos.

“Los mensajes de odio no solo han sido un buen caldo de cultivo para Vox en el municipio, también han beneficiado al Partido Popular. Desde el PP también vinculan migración con inseguridad y delincuencia”, ha recordado Verónica Martínez Marín, portavoz del PSOE en Torre Pacheco.

Sin ir más lejos el alcalde de Torre Pacheco, el popular Pedro Ángel Roca, ha insistido en que en el municipio ha habido un aumento de la criminalidad relacionado con la población migrante, pese a no existir datos que lo respalden: “De forma oficial no ha habido aumento, pero yo sé la oficiosa, la que veo todos los días”, aseguró en declaraciones a la Cadena SER. Según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio de Interior, en Torre Pacheco ha habido una variación de la criminalidad convencional con respecto al año anterior de un 3,6%, unas cifras en línea con los datos de los municipios colindantes y del resto de la Comunidad.

“Los datos de criminalidad son propios de una ciudad en crecimiento que se ha multiplicado por tres o por cuatro en las últimas tres décadas y media. Es un proceso muy rápido que siempre genera situaciones conflictivas”, ha analizado el profesor de sociología en la Universidad de Murcia Andrés Pedreño, que apunta a que, por lo general, la población migrante en municipios con agricultura extensiva no ha sido victimario, sino víctima: “No olvidemos las noticias recurrentes de mafias que explotan migrantes, de encargados que acosan sexualmente a jornaleras o de accidentes de furgoneta con jornaleros a bordo. La mayor parte de las situaciones conflictivas que se han desarrollado en Torre Pacheco se las ha llevado la población migrante”, ha insistido.

Pedreño ha apuntado que señalar al migrante, especialmente en una zona como Torre Pacheco, es un movimiento político bastante ventajoso. El grueso de la población migrante, objetivo de los ataques, no tiene derecho a voto, por lo que las derechas obran con la tranquilidad de que no serán castigadas en la urnas: “¿Por qué el alcalde se permite ese uso salvaje de la estadística? ¿Por qué se acusa a la población marroquí del municipio? Están arremetiendo contra un colectivo que no tiene capacidad de defenderse, no tienen capacidad de articular voto. Lo que nos sorprende es cómo la gente inmigrante lleva tres décadas aguantando unos grados de explotación sin prácticamente ningún tipo de protesta ni ninguna alteración del orden público”.

Un ataque orquestado desde fuera

Difícilmente se puede entender lo ocurrido en Torre Pacheco si se ignora que el conflicto no es inherente al municipio, que las 'cacerías' podrían haber tenido lugar en cualquier otra localidad del país con una gran densidad de población migrante. Que para difundir el mensaje de odio al extranjero, los ultras y la extrema derecha podrían haber elegido cualquier escenario: “En El Ejido vimos un pueblo entero a la cacería de migrantes. En Torre Pacheco lo que estamos viendo es un municipio que mira lo ocurrido con miedo y extrañeza. Aquí la acción la protagonizan jóvenes que vienen de fuera y que están desarrollando creencias amparadas por Vox, basadas en la ecuación falsa que vincula migración con delincuencia”, ha apuntado Pedreño.

“Lo que sucedió [la paliza al vecino de 68 años de Torre Pacheco] se hubiera quedado en una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, ir al municipio se ha organizado en redes sociales. Los discursos políticos en un ambiente de alta polarización politizan este tipo de situaciones”, ha abundado Crespo.

“La extrema derecha tiene un sistema de redes sociales reticular, no como los partidos tradicionales, que las tienen segmentadas y organizadas” ha comparado el politólogo. “Por ejemplo, el PP de Lorca, de Murcia y nacional tienen sus propias redes sociales, no comparten información y no hay directrices verticalizadas. Por su parte, la extrema derecha envía toda la información a Madrid y es desde allí donde se decide que es relevante, y a partir de ahí se retransmite al resto de sedes.

Esto fue muy evidente el pasado 1 de julio, cuando Vox amenazó al Gobierno regional con romper el acuerdo de los presupuestos si se compraban viviendas para acoger a menores migrantes. El aviso vino desde la cuenta de Santiago Abascal, y minutos después lo replicó José Ángel Antelo.

“También manejan mucho las granjas de trolls, con comandos especializados en redes sociales que difunden noticias e imágenes falsas”, ha abundado Crespo. Tras la agresión al vecino de Torre Pacheco se viralizaron más de una media docena de vídeos falsamente atribuidos al ataque, además de información sin contrastar sobre el número de implicados en la brutal paliza y su procedencia. “A esto le sumamos que hay gente que se maneja bajo estos códigos, ve cuatro cosas en TikTok, Twitter o Instagram, se lo creen y se viraliza”.

Como resultado de esta larga cadena, en pocas horas grupos antisistema como Deport Them Now organizaron las primeras cacerías: “Convocamos cacería para los días 15, 16 y 17 de julio. Patrullas vecinales, investigación directa con el fin de dar con ellos, y justicia directa para reunirlos con Alá”, rezaba uno de los post. El pasado lunes su canal de Telegram en España fue cerrado por propagar la violencia.

Sobre qué puede motivar a ultras de todos los rincones de España a acudir a “limpiar Murcia”, Crespo lo tiene claro: “Son los mismos motivos por los que a uno le puede dar por drogarse, emborracharse, o conducir un coche a 300 kilómetros por hora. Para ellos, no creo que tenga que ver mucho con la política, es la misma experiencia que la que tienen los hinchas de fútbol cuando quedan para pegarse, que poco tiene que ver con defender los colores de su equipo”.

30 años de buena convivencia con la migración

Hasta esta semana Torre Pacheco era un excelente ejemplo de inclusión social: “Posiblemente hemos sido de los primeros municipios en los que llegó primero la migración debido al Trasvase Tajo-Segura. Cuando llegó el agua en el 79 comenzó a haber mucha demanda de trabajo y empezó a venir mucha gente de fuera. Primero acudieron migrantes nacionales de Andalucía, de Jaén, de Granada, de La Mancha; y a finales de los 80 empezó a venir gente del norte de África, principalmente de Marruecos”, ha relatado el exalcalde del municipio.

“Primero venían solos a trabajar, después a partir del año 90 empezaron a traer a sus familias. Poco a poco se fueron asentando o e integrando, ahora vive aquí un porcentaje elevado de inmigrantes de origen extranjero, pero muchos ya han nacido aquí en España. Aquí siempre ha habido una naturalidad, una convivencia”, ha continuado.

“Sorprende que, en una ciudad que ha crecido en tan poco tiempo, sostenida con una economía [la agrícola] que genera salarios muy bajos y se basa en situaciones de explotación, haya existido tanta normalidad hasta ahora”, ha señalado Pedreño, que ha apuntado entre las claves de integración a un gran desarrollo entre los años 90 y los primeros años de los 2000 de los servicios sociales de la zona: desarrollo de políticas de migración, de apoyo a la vivienda, de integración social o de mediadores marroquíes en el campo de la salud y de la escuela. “Se han desarrollado programas ejemplares, pero que se han ido desmantelando en los últimos años con el Partido Popular”, ha lamentado.

La localidad murciana de Torre Pacheco vive una ola de violencia racista. La propagación de mensajes de odio por parte de medios, perfiles y grupos de chat de extrema derecha, incluso llamando a la “cacería” de migrantes, ha sido determinante para desatar la persecución xenófoba en esta localidad de 40.000 habitantes.

A continuación, se presenta una cronología que permite entender cómo se desencadenaron los hechos y qué consecuencias están teniendo.

Miércoles, 9 de julio: la agresión a Domingo

Un vecino de 68 años, identificado como Domingo, fue brutalmente agredido mientras paseaba cerca del cementerio. En su denuncia, señaló que los atacantes podrían ser jóvenes de origen magrebí. Aunque no hubo robo ni móvil claro, el incidente fue rápidamente instrumentalizado en redes sociales con vídeos falsos y mensajes de odio.

Jueves, 10 de julio: cuentas de ultraderecha comienzan a esparcir odio

Grupos de mensajería en Telegram y perfiles en redes sociales vinculados a la extrema derecha comienzan a difundir bulos. Fotos de los supuestos agresores que no corresponden con la realidad y un vídeo de una agresión a otra persona en mayo en Almería, una agresión homófoba a una persona sin hogar. El propio protagonista da detalles aquí.

El vídeo que corresponde a la agresión de mayo en Almería es difundido por medios y perfiles de extrema derecha como si fuera la agresión a Domingo del miércoles pasado en Torre Pacheco. Entre quienes difunden activamente el vídeo falso se cuentan Pablo Gasca, afín al grupo ultra Revuelta, vinculado a Vox, el medio HerQles o EDATV. “Los criminales deben pagar, la vida de nuestra gente está en juego”, escribe Gasca.

Ese mismo video falso es difundido por José Ángel Antelo, líder de Vox en la Región Murcia, y José Garre, concejal de Vox en Torre Pacheco. Tras ellos, innumerables cargos de Vox en toda España.

En paralelo, el líder de Desokupa, Daniel Esteve, escribe en su perfil de X: “Patrullas vecinales con palos y los enviamos al hospital”. En un vídeo, en la misma publicación, afirma lo siguiente: “Señores, solo hay una puta solución, patrullas de vecinos, gente con cojones, y en la mano, ¡palos! ¡Palos!. ¿Sus costumbres?: ¡Las nuestras!”.

Viernes, 11 de julio: llamamientos a la “cacería” de migrantes y primeros ataques racistas en Torre Pacheco

En grupos de Telegram de ultraderecha como Deport Them Now se habla desde mediodía abiertamente de atacar a cualquier persona racializada: “Moreno que veamos, paliza”. Se alude incluso a la posibilidad de matarlos: “Tengo hasta un par de pozos ciegos pa tirar alguno si hace falta”.

Los llamamientos a acudir a Torre Pacheco a atacar a migrantes y los mensajes que deshumanizan y estigmatizan a grupos sociales completos se suceden. Mientras tanto, el Ayuntamiento de la localidad, del PP, convoca una manifestación para el mismo viernes a las 20:00 bajo el lema “Torre Pacheco libre de violencia, libre delincuencia”.

A la concentración acuden vecinos de la localidad de distinto origen y religión y transcurre si incidentes, pero al término de la misma un grupo de personas, según los propios vecinos llegadas de fuera del pueblo, comienzan a insultar y a perseguir a ciudadanos de origen magrebí. Se registran las primeras agresiones racistas, heridos y detenciones. El operativo policial es manifiestamente insuficiente.

Sábado, 12 de julio: estalla la violencia en el barrio de San Antonio

La tensión se recrudece. Grupos de extrema derecha armados con bates y cascos se enfrentan a jóvenes españoles con raíces magrebíes, en el barrio de San Antonio, de mayoría migrante. Se producen destrozos, agresiones y al menos cinco heridos. La Guardia Civil interviene con antidisturbios para evitar enfrentamientos directos

Domingo, 13 de julio: blindaje policial y nuevos ataques

El municipio es acordonado por más de 75 agentes. A pesar del despliegue, un grupo de encapuchados logra atacar un restaurante de kebab. La noche termina con seis detenidos, entre ellos cinco españoles y un marroquí. La delegada del Gobierno confirma que los ultras planeaban “cacerías” organizadas por Telegram

Lunes, 14 de julio: nueve detenidos y 80 identificados

La Delegación del Gobierno eleva a nueve el número de detenidos: dos por la agresión inicial y siete por los disturbios posteriores. Se registran 30 denuncias por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana y se identifican 80 personas, muchas con antecedentes violentos.

El alcalde de Torre Pacheco vincula en la Cadena SER inmigración y delincuencia, pese a que reconoce no tener datos: “Yo sé la que veo todos los días, yo soy de Torre Pacheco, vivo en Torre Pacheco, convivo con mi vecino y sabemos la delincuencia que hay y los robos que hay. Y eso es lo que vemos, no el que se denuncien más o se denuncien menos”.

Pedro Sánchez declara que “el racismo es incompatible con la democracia”. El ministro Marlaska responsabiliza directamente a Vox por incitar los disturbios. PSOE y Podemos denuncian ante la Fiscalía al líder regional de Vox, José Ángel Antelo, por delito de odio tras sus mensajes xenófobos.

El ministro Marlaska informa de que decenas de vehículos han sido interceptados a las afueras de Torre Pacheco intentando entrar en la ciudad con puños americanos, porras extensibles y otros materiales.

El PP nacional evita pronunciarse claramente sobre las agresiones racistas en Torre Pacheco. Vincula veladamente inmigración y delincuencia, y culpa al Gobierno de la falta de seguridad en la localidad.

El tercero de los implicados en la paliza a Domingo es detenido en Errenteria, Euskadi.

Martes, 15 de julio: 13 detenidos, 120 identificados y una convocatoria

Tras una noche de relativa tranquilidad, en la que solo hubo una carga policial y en la que los imanes de la ciudad se reunieron en un parque para apaciguar a los jóvenes de origen magrebí, la delegación del Gobierno eleva a 13 el número de detenidos y a 120 el de los identificados, muchos de ellos con antecedentes por actos violentos.

A mediodía del martes salta la noticia de que la Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de liderar el grupo de Telegram 'Deport Them Now', al que se atribuyen las convocatorias para ejecutar “cacerías” de migrantes en Torre Pacheco. La detención se produjo el lunes y con este arresto el número de detenidos subiría a 14. Según informan fuentes del Ministerio del Interior, se ha procedido al cierre del canal y el caso está en manos de un juzgado de instrucción de San Javier. Los agentes han incautado también dos ordenadores. Por la tarde, dos de los tres detenidos por la paliza quedaron en libertad con medidas cautelares.

A las 20:00, diversos colectivos de extrema derecha convocan una manifestación en la plaza del Ayuntamiento bajo el lema “solo el pueblo salva al pueblo”. En principio es la primera de tres concentraciones convocadas en el mismo lugar para los días 15, 16 y 17.

Finalmente la manifestación del martes resulta un fracaso para los convocantes. La fuerte presencia policial y el dispositivo desplegado tanto en el núcleo urbano como en los accesos al municipio, de más de un centenar de agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, actuaron como medida disuasoria.

Miércoles, 16 de julio: una nueva convocatoria

La fuerte presencia policial se mantiene en Torre Pacheco, a la espera de la nueva convocatoria para este miércoles a las 20:00 horas.