El rechazo vecinal al proyecto del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para el scalextric de la M-30 entre Puente de Vallecas y Retiro, conocido como Vallecas Abierto, está a punto de llegar al Defensor del Pueblo. La formación política Independientes por Madrid, comandada por Marta Higueras (exteniende de alcaldesa con Manuela Carmena), ha elevado una queja a Ángel Gabilondo donde exige el derribo de la infraestructura.

El abogado Javier Flores, que ha litigado también contra los cantones de limpieza en zonas urbanas, el caso del Hospital de Torrejón o la compra del ático de Chamberí por parte del Ejecutivo de Ayuso, firma un escrito en representación del partido de reciente creación donde rechaza que el desmontaje se aplace a una operación urbanística sin fecha en el Abroñigal, como deslizó Almeida.

Se alinea así con las asociaciones vecinales de Puente de Vallecas y Retiro o con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, que han calificado el proyecto municipal de “tomadura de pelo”. Vallecas Abierto apenas aumentará el número de pasos de peatones, colocará varios jardines verticales y pintará de verded algunas columnas o superficies tras una inversión de 11,5 millones de euros. Las entidades que se oponen a su diseño defienden de hecho que en la práctica blinda el scalextric al incorporar en la zona nuevas dotaciones municipales.

Levantado en 1976, es el último paso elevado de este tipo que sigue en pie en Madrid. Lo componen ocho carriles por los que, según datos municipales, pasan unos 300.000 vehículos al día junto a las viviendas de los barrios de Numancia y San Diego, en Puente de Vallecas, y de Adelfas y Pacífico, en Retiro. Desde hace 50 años, el puente parte en dos a vecinos de ambos distritos y separa Vallecas del resto de la ciudad.

“Los vecinos de Vallecas llevan 50 años viviendo debajo de una autopista y la respuesta del Ayuntamiento es pintar el suelo, poner bancos y colgar macetas en el muro. A Vallecas no se le decora el abandono, se le paga la deuda histórica. Y esto no es solo cosa de Vallecas: los vecinos de Retiro que viven al otro lado del puente sufren el mismo ruido y la misma barrera. Aplazar el derribo a una operación que no tiene fecha, como es la del Abroñigal-Madrid Nuevo Sur es la forma educada de decir que no se va a hacer nunca”, afirma Higueras, portavoz de Independientes de Madrid (que prepara ya su candidatura para los comicios municipales de mayo).

La formación recuerda a Somos Madrid que el pleno municipal acordó hace más de un lustro poner fin a la infraestructura: “El 30 de junio de 2021, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, el propio alcalde anunció que antes de junio de 2023 estaría listo el proyecto para eliminar el paso elevado de la M-30 sobre la avenida de la Albufera, que podrá ser ejecutado en el próximo mandato. Ese proyecto nunca ha visto la luz. Tres meses antes, el 30 de marzo de 2021, el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad de todos los grupos, también el del alcalde, iniciar los estudios y trámites para suprimir el paso elevado”.

Independientes por Madrid da un paso más allá con su instancia al Defensor del Pueblo en una reclamación reiterada de la oposición en Cibeles y de los vecinos en las calles. En abril, la plataforma Vallekas Sostenible enumeró los efectos nocivos en la salud, el medio ambiente, la seguridad, la movilidad o la integración social que genera el scalextric. Abogan como solución por su desaparición mediante un “proyecto novedoso” que, a tenor de la respuesta social, no parece ser el que el Consistorio ha puesto sobre la mesa.

El portal de Maricarmen ha amanecido este miércoles arropado por decenas de personas que se han mantenido toda la noche para evitar su desahucio, previsto para hoy. Frente a ellos, se han desplegado varias unidades de antidisturbios desde primera hora,tras una noche de solidaridad rodeada de activistas, vecinos y distintas personalidades de la cultura.

“Yo no quiero el ático de Ayuso, para nada. La gente no quiere áticos, quiere pisos para poder vivir tranquilamente”. Así ha respondido al cántico “el ático de Ayuso para Maricarmen” la vecina de 87 años que este miércoles se enfrenta al cuarto intento de desahucio por parte de una inmobiliaria. Ha sido uno de los grandes momentos de la multitudinaria concentración frente a su domicilio, en el madrileño distrito de Retiro. El inicio de una acampada con la que cientos de personas pretenden acompañar a Maricarmen y protegerla de un desalojo previsto alrededor de las 8.00.

La movilización ha materializado el empuje social y vecinal para impedir que Maricarmen, a punto de cumplir 88 años y con una discapacidad que ronda el 50%, sea desahuciada en una nueva intentona de la inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversiones para echarla de una casa donde ha pasado 70 años. Gracias al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y a la presión social, el desalojo de Maricarmen ha sido suspendido en tres ocasiones. La primera en octubre y las dos siguientes en junio. Como esta vez, el Sindicato llamó a actos de resistencia para hacer presión y así conseguir que Maricarmen continuara. Impulsaron incluso un pasacalles en el que participaron el actor Juan Diego Botto o los cantantes Ismael Serrano y Rozalén. Pero este martes, el poder de convocatoria ha sido incluso mayor.

Junto a personas que han acudido con sacos de dormir y esterillas para pasar la noche o con las camisetas naranjas del Sindicato, diversas figuras públicas han querido mostrar también su respaldo a Maricarmen. En un escenario improvisado a pocos metros de su portal, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, Ana Belén ha leído un conmovedor poema de Rafael Alberti titulado Desahucio. Poco antes, la actriz y cantante definió el proceso que está sufriendo la octogeneraria como “cruel” y “miserable” en declaraciones a Somos Madrid. Su intervención ha concluido con una particular versión de su tema más exitoso: “Mírala, mírala, mírala, ella se va a quedar”, ha cantado a una emocionada Maricarmen.

La presentadora Inés Hernand ha ejercido de maestra de ceremonias en una noche donde también han intervenido Carlos Bardem, Marwán, Ángel Carmona, Ignatius Farray o Juan Diego Botto, que ha leído el artículo 47 de la Constitución para definirlo como “ciencia ficción” ante casos como el de Maricarmen. La cantante La Mare ha adaptado su canción Gaditana para dedicarla a la gran protagonista de la noche: “Maricarmen, Maricarmen, que nadie pueda echarte de tu balcón”.

El dúo cómico Alpilpil ha rechazado el discurso de la derecha sobre un egoísmo intrínseco en el ser humano que justifique este tipo de operaciones, y ha señalado la ambición concreta de personas como Isabel Díaz Ayuso y compañías como Urbagestión: “No es el ser humano en general el que se compra un ático con 6 millones de euros de dinero público, es Ayuso. No es el ser huamano el que vende miles de viviendas públicas a un fonde buitre, es Ana Botella. No es el ser humano en general el que compra un piso para subir el alquiler un 300% y echar a una persona que vive en su casa desde hace 70 años, es Urbagestión. Son empresas y personas con nombres y apellidos”. Han agradecido además el masivo apoyo popular: “No todos somos tibios como el cabeza cerilla de Ed Sheeran”.

La jornada también ha tenido espacio para protagonistas anónimos que han ejemplificado esa implacación social. El Coro Canción Protesta ha interpretado tres temas sobre el poder de la lucha inquilina que han conmovido a los asistentes. Su actuación ha culminado con gritos como “este desahucio lo vamos a parar”, “fuera fondos buitre de nuestros barrios” o “los grandes tenedores a los contenedores” por parte de los manifestantes.

También ha dejado piel de gallina la reunión de Maricarmen con Paquita y Alejandro, otros protagonistas recientes de intentos de desahuciar a personas ancianas. El caso de Alejandro, donde la expulsión de su residencia fue promovida por el propio Ayuntamiento de Madrid, ha sido paralizado por la Justicia. Enferma de párkinson, Paquito continúa luchando por su parte contra un gran tenedor que ha llegado a promocionar viviendas de sus antiguos vecinos en la web del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid. “Estoy muy nerviosa, pero quería mandarle mi apoyo y mi ayuda a esta señora. Estoy esperando lo mismo, esto no termina nunca. ¿Los acuchillamos a ello o qué?”, ha dicho Paquita. Alejandro ha lanzado un mensaje de aliento y agradecimiento: “Miro a mi alrededor y veo miles de personas. Y los que no han podido venir, Paquita y Maricarmen. Vamos a conseguir que les duela la cabeza”.

El discurso más potente ha venido de la mano de Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas: “Mañana, si no somos muchos, esa gente de azul marino nos va a echar y no les va a temblar la mano para conseguir una casa más para unos especuladores de mierda”, ha espetado ante la impasible mirada de los policías desplegados a la zona para el dispositivo de seguridad. Ha recordado el gasto público en estos agentes o en procesos judiciales “para echar a na persona de su casa”. La gente ha coreado entonces un espontáneo grito de “vergüenza”. “Maricarmen se queda, Madrid se queda y todas nosotras con ella. Pero incluso si consiguen echarnos, no va a ser una derrota. Mirad lo que hemos conseguido”, ha concluido Racu para exaltar el respaldo popular a esta acampada.

Su soliloquio ha coincidido con el despliegue de una enorme lona dirigida contra la presidenta autonómica: “Ayuso nos echa de Madrid. Nosotras nos quedamos con Maricarmen”, reza el mensaje colocado sobre la fachada del edificio donde vive y espera seguir viviendo a partir de mañana.

“He pasado aquí 71 años y no me quiero ir, pero hacen lo que sea por dinero. Quiero agradeceros a todos, sobre todo al Sindicato de Inquilinas que me apoya desde 2020. También a mi abogada, que aguanta una cantidad enorme de llamadas. Recomiendo a todo el mundo que vaya al Sindicato, porque no es fácil. Llevo siete años con una daga detrás de la nuca”, ha relatado Maricarmen, visiblemente cansada pero dispuesta a seguir peleando.

La concentración ha estado marcada también por una noticia conocida poco antes de su arranque: una escritora anónima se ofrece a costear la subida del alquiler a Maricarmen. Ella seguiría pagando 500 euros mensuales y la donante cubriría los 2.150 que faltan para satisfacer la última oferta de Urbagestión. Desde el Sindicato de Inquilinas insisten en la escasa pretensión de la inmobiliaria por encontrar cualquier salida que no implique “expulsar ya” a Maricarmen. “La solución no es darle el dinero a los especuladores, pero aún así dirán que a la mierda, que quieren echarla para venderlo por cuatro veces más”, ha advertido asimismo Valeria Racu.

La cuarta amenaza de desalojo contra Maricarmen llega así tras toda esta movilización y logros como que la ONU haya exigido suspender el procedimiento o proporcionarle una alternativa. En junio, fue una decisión del juzgado número 90 de Madrid la que concedió una prórroga a la afectada. El tribunal estimó el recurso en el que la abogada Beatriz Duro alegaba que el segundo aplazamiento no se atenía a la legislación. En concreto el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que si el inmueble a desalojar es la vivienda habitual del ejecutado, el juzgado otorgará un plazo de un mes para el desalojo. Al haberse dado un plazo menor a dicho período para el nuevo desahucio, la Justicia estimó que a Maricarmen se le concediese una nueva fecha de un mes que empezó a contar desde la estimación del recurso.

El caso de Maricarmen se retrotrae además a los aspectos más machistas y desiguales de la legislación franquista. Su padre firmó en 1956 el contrato de arrendamiento. A su muerte pocos años después, se subrogó en su esposa, que continuó viviendo en el mismo domicilio junto a su hija hasta que fallecimiento en 2005. Maricarmen heredó el contrato, subrogándose con las mismas condiciones, es decir, con una subida al IPC y con un contrato indefinido propio de los pisos de renta antigua previos a la reforma de Boyer.

Urbagestión defiende para justificar el desahucio que con la actual legislación los contratos no se pueden subrogar dos veces, por lo que Maricarmen habría perdido esa capacidad de obtener el piso bajo esas condiciones ventajosas. Sin embargo, eso se debe a que la regulación franquista en materia de vivienda no permitía a las mujeres firmar contratos. Si, como se puede hacer, los dos padres de Maricamen hubieran firmado el contrato, su subrogación hubiera sido la primera y seguiría beneficiándose de la modalidad conocida como “renta antigua”. Por contra, la inquilina se ha visto en esta situación después de que la propiedad solo ofreciese subidas superiores al 300% del alquiler que paga ahora: 1.650 euros por los 500 de la mensualidad que abona actualmente.

“Con el Real Decreto sobre vivienda este desahucio estaría parado, ya que Maricarmen se podría acoger a supuestos recogidos en el borrador del Real Decreto”, afirman desde el Sindicato, que ha sido muy crítico con la falta de intervención del Gobierno de Pedro Sánchez. También apuntan a Ayuso: “La situación contrasta con el debate generado en Madrid en torno al ático de Chamberí. Más de 400 metros cuadrados y 6 millones de euros invertidos. Mientras las instituciones encuentran fórmulas y recursos para aumentar el patrimonio de personas con poder, una vecina de 87 años lleva años luchando para no quedarse en la calle. El contraste es evidente y obliga a preguntarnos cuáles son las prioridades de quienes gobiernan”. La organización expone que “el problema de la vivienda no es que no existan recursos o viviendas, sino quién tiene acceso a ellas y qué intereses se priorizan para utilizarlos”.

A falta de esas soluciones por parte de la administración, a Maricarmen le queda la “insurrección popular” que Carlos Bardem ha reivindicado como respuesta a “unas leyes injustas”. Cuando la noche se ha cerrado y la música ha ido apagándose, ha llegado el turno de “esa patria que son los barrios”, en palabras de Ángeles Carmona. Una patria que, junto al portal donde una mujer puede estar a horas de quedarse sin techo, ha tomado la forma de sacos de dormir, esterillas, sillas plegables y mantas. No saben lo que sucederá mañana, cuando amanezca, pero sea cual sea el resultado el ejemplo de Maricarmen seguirá marcando el camino. Lo ha resumido Ignatius cuando le ha dado las gracias a Maricarmen por “darnos un horizonte”. Ese horizonte donde, en pocas horas, el sol marcará el momento en el que un pueblo se levanta para defender a su vecina.

Una donante anónima se ofrece a costear la subida del alquiler que el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones ha impuesto a Maricarmen, la mujer de 87 años que este jueves se enfrenta al cuarto intento de desahucio de la casa en la que lleva viviendo siete décadas. Ella seguiría abonando 500 euros mensuales, mientras que la donante costearía los 2.150 euros restantes para completar la última oferta de la propiedad.

La noticia, adelantada por El País y que confirman a Somos Madrid fuentes del Sindicato de Inquilinas, llega mientras ya está en marcha una acampada junto al domicilio de la afectada. La calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, se ha llenado de vecinos, activistas y personajes públicos que pretenden pasar la noche junto a Maricarmen y frenar el desalojo.

Por el momento no ha trascendido la identidad de la persona que asumiría el gasto, más allá de que se trata de una escritora de éxito. Desde el Sindicato de Inquilinas indican a este periódico que es “su petición expresa” que sea una donación anónima.

La organización confía en que el gesto resuelva la situación de Maricarmen, pero recuerdan que Urbagestión “lleva tiempo sin presentarse si quiera en la mesa de negociación”. Una de sus miembros, muy implicada en el caso, cree que el deseo de la inmobiliaria “es echarla y ya está”. Y eso que la oferta presentada por la autora anónima incluye asumir la deuda de Maricamen, además de comenzar a pagar la nueva cantidad pactada. Recuerdan que la inmobiliaria tampoco atendió los intentos del Ministerio de Vivienda por comprar el inmueble a través de la empresa pública Casa 47.

El caso de Maricarmen, convrtida ya en un símbolo de las luchas inquilinas contra la especulación inmobiliaria y la crisis de vivienda, se retrotrae a los aspectos más machistas y desiguales de la legislación franquista. Su padre firmó en 1956 el contrato de arrendamiento. A su muerte pocos años después, se subrogó en su esposa, que continuó viviendo en el mismo domicilio junto a su hija hasta que fallecimiento en 2005. Maricarmen heredó el contrato, subrogándose con las mismas condiciones, es decir, con una subida al IPC y con un contrato indefinido propio de los pisos de renta antigua previos a la reforma de Boyer.

Urbagestión defiende para justificar el desahucio que con la actual legislación los contratos no se pueden subrogar dos veces, por lo que Maricarmen habría perdido esa capacidad de obtener el piso bajo esas condiciones ventajosas. Sin embargo, eso se debe a que la regulación franquista en materia de vivienda no permitía a las mujeres firmar contratos. Si, como se puede hacer, los dos padres de Maricamen hubieran firmado el contrato, su subrogación hubiera sido la primera y seguiría beneficiándose de la modalidad conocida como “renta antigua”. Por contra, la inquilina se ha visto en esta situación después de que la propiedad solo ofreciese subidas superiores al 300% del alquiler que paga ahora.

Siempre los mismos consejos para todos: guardar la horchata cerca del fondo de la nevera, nunca en una de una de las baldas de la puerta, y, si se va a probar junto con el agua de cebada, mejor beber primero esta última para que la horchata, que tiene mucho más cuerpo, no estropee el sabor.

A sus 59 años, José Manuel García López lleva ya 21 detrás del Kiosko Narváez, un puesto pintado con franjas azules y blancas y que está adornado con fotos antiguas que hablan de su historia centenaria. Se ubica cerca de la plaza de Felipe II, en el céntrico distrito de Salamanca, no muy lejos del parque del Retiro, en Madrid. Ayudado por Milton Chung, un peruano de 43 años que, comenta, nunca ha trabajado en un lugar con tanta historia, García no se cansa.

No se cansa de preparar las bebidas que llevan dando sustento a su familia desde hace más de 100 años ni de atender clientes en mitad del calor seco e inmisericorde del verano madrileño. Tampoco de reivindicar su oficio ni de investigar y contar la historia de su negocio, que ha puesto negro sobre blanco en un libro que se puede comprar en el propio puesto por 16 euros y que resulta delicioso para los apasionados de la historia de Madrid: El kiosko de horchata de la familia Guilabert (Uno Editorial). Porque García López no regenta un quiosco cualquiera: lleva el último aguaducho de Madrid.

Llegados a la capital a finales del siglo XIX, los aguaduchos eran unos puestos de madera que a veces no ocupaban mucho más que un armario, pero desde los que se surtía sobradamente de bebidas refrescantes y artesanales a los madrileños. Negocios tradicionales y familiares que pasaban de padres a hijos, durante buena parte del siglo XX llegaron a contarse por centenares en la capital, y no había manera, por ejemplo, de salir de la Plaza Mayor sin pasar por delante de alguno. Su nombre proviene del hecho de que, antes de la llegada del imperio de la Coca Cola, lo que vendían principalmente estos negocios eran bebidas como el agua de canela, el agua de azahar o el agua de hinojo.

Sin embargo, como muchos de quienes regentaban estos quioscos eran hijos de esa migración interior que llevó a muchos españoles de la Comunitat Valenciana y Murcia a Madrid, se incorporaron pronto bebidas de estas regiones como la horchata y el agua de cebada. El invento tuvo un éxito tan arrollador que en El último cuplé, de 1957, se puede ver a la popularísima Sara Montiel y al actor Enrique Vera pidiendo ambas bebidas. Entonces, aunque hoy parezca mentira, no había un solo madrileño que no supiera lo que tomaban. “No había verbena sin horchata ni agua de cebada. Era algo muy de Madrid”, recuerda García emocionado.

Buena culpa de este éxito la tuvieron, entre otros muchos, los bisabuelos de García, Francisco Guilabert y Francisca Segura, que, sobre su carromato, tuvieron que emplear cerca de un mes en llegar desde su Crevillent natal hasta Madrid. Corría el año 1910 y, como muchos de esos crevillentins que finalmente recibirían el sobrenombre de “los ausentes”, formaron parte de una generación que tuvo que migrar a la capital en busca de un mejor futuro. Instalaron su aguaducho primero en la calle Cedaceros y después en la Plaza de las Cortes hasta que estalló la Guerra Civil. En esos años, el producto familiar se hizo tan famoso que no era raro que, en mitad de los encendidos debates de sus señorías, ujieres y parlamentarios salieran un rato del hemiciclo para refrescarse en su aguaducho.

Acabada la guerra, tras pasar por la Plaza del Carmen, el puesto se instaló en 1944 cerca ya de su ubicación actual, en el número 8 de la calle de Narváez. Entonces, regentaban ya el negocio los abuelos del actual dueño, María Guilabert y Manuel López. Fue ella quien, con el devenir de los nuevos tiempos, tuvo que ir cediendo a la bebida de moda: “Mi abuela las llamaba guarricolas”, dice García señalando una de las latas de Coca Cola que hoy ofrece también el establecimiento.

Desde entonces, el aguaducho lo han llevado siempre distintos miembros de su familia, incluido su hermano Miguel, que se acaba de jubilar y que, junto con el propio García, es ya la cuarta generación. “Mi hija no lo quiere llevar, pero le he dicho que lo podemos poner a su nombre y que lo lleve alguien por ella”, propone el actual dueño, que trabajará en el puesto, anuncia, hasta que el cuerpo aguante ya que no se resiste a que el negocio caiga. Sabe que, con él, caería parte de la historia de Madrid.

Una tradición casi extinta

También se resiste a dejar de hacer lo que ha hecho siempre. Por eso, García se levanta a las 5.15 de la mañana para preparar su horchata, su agua de cebada y su limonada de siempre, bebidas que guarda en grandes garrafas de 60 litros y que tratará de explicar a todos los curiosos que se acerquen al puesto. En total, calcula, en un día de calor puede llegar a vender 130 litros de horchata, a los que hay que sumar unos 10 litros de esta bebida sin azúcar y los 50 del granizado de limón. El puesto permanece abierto de lunes a domingo desde mediados de abril hasta finales de septiembre o principios de octubre, cuando el frío obliga a esperar ya la siguiente temporada.

Pero el negocio ya no es lo que era: “Aquí había siempre colas de 15 o 20 personas”, recuerda el quiosquero, que calcula que en los últimos 20 años la facturación ha bajado un 60%. Y eso que, de vez en cuando, cuentan con el inesperado impulso de la viralidad. Hace unas semanas, una visita y un vídeo de Bárbara Moreno, la influencer conocida como Barbygant, provocaron que agotaran toda su horchata durante unos días. Después, vuelta a la normalidad, como cuando pierde el gas una de esas guarricolas que criticaba la abuela de García.

“En Madrid se ha descuidado mucho el negocio tradicional”, reflexiona García, que ahonda en la idea de que la identidad de un lugar está ligada a la memoria: “Le estoy agradecido al Ayuntamiento por la placa de negocio centenario, pero nos deberían haber cuidado mucho más. Si hace unos años éramos cientos y ahora solo quedamos nosotros, algo ha pasado. Este oficio es muy bonito, pero también muy duro, y las grandes franquicias ahora lo ocupan todo. Todo son franquicias, por todas partes. Pero eso es perder la historia, que es la gracia de un sitio. Si vas a Burgos, vas a ver la catedral”.

Para invertir la tendencia, García tiene claro que haría falta voluntad política: “En los negocios centenarios se debería fomentar que, aunque no pase de padres a hijos, se traspase a alguien que se comprometa a respetar la esencia”. Por ahora, no parece que una iniciativa así pueda salir adelante. Hace un par de semanas, por ejemplo, cerró en Madrid Tejidos Bober, otra tienda centenaria, y en abril dijo adiós el Bazar Arribas, la última juguetería de la Plaza Mayor. Detrás, historias parecidas de alquileres imposibles e inaguantable presión turística.

De respetar la esencia saben algo en el Kiosko Narváez, que presume de no haber alterado la receta de sus productos en todos estos años. Lo confirma al pasar por ahí José Argüelles, un hombre de 75 años que se acerca al negocio, saluda al quiosquero y comenta, sin el menor atisbo de duda: “Vengo desde hace 60 años. El sabor siempre ha sido el mismo”.

No es, ni mucho menos, el cliente más longevo del puesto. Por allí, cuenta García, todavía se acerca un cliente de 99 años a quien llaman “El Chavalín” y que recuerda cómo era el puesto cuando era niño. Pero un 14 de agosto, con la ciudad casi vacía, quienes se acercan sobre todo son turistas. Andan curioseando por la zona Ana Yáñez y Frida Vilchis, dos estudiantes mexicanas de 21 años del Instituto de Estudios Bursátiles de Moncloa-Aravaca, donde cursarán Finanzas hasta final de año. Les llegó la historia del negocio por redes sociales y quisieron descubrirlo. Siguiendo los consejos que les han dado, prueban primero el agua de cebada: “¡Muy rica!”. Finalmente, la horchata: “¡Deliciosa!”. Dos clientas más para el último aguaducho de Madrid, que todavía resiste.

El Ayuntamiento de Madrid estudia una vía judicial para conseguir que Casa Árabe convoque su Consejo Rector y así desencadenar la expulsión del Ministerio de Exteriores del edificio que actualmente ocupa junto al parque del Retiro. Lo ha asegurado este jueves el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, después de constatar cómo ha quedado en nada el ultimátum que dio para que las Escuelas Aguirre fueran desalojadas por la institución el pasado 1 de septiembre.

En relación con la primera de las cuestiones, la Comunidad de Madrid no formaliza su salida porque el Ministerio no convoca al Consejo Rector. Nosotros ya hemos pedido al Ministerio, en reiteradas ocasiones, que convoque el Consejo Rector de Casa Árabe para poder formalizar la salida y, por tanto, para que nosotros podamos recuperar el edificio. Por tanto, lo único que tiene que hacer el Ministerio es convocar ese Consejo Rector y mientras no convoque ese Consejo Rector y no hay obstáculo para convocar ese Consejo Rector, está ocupando ilegalmente el inmueble de Casa Árabe.

“Estamos estudiando de qué manera podemos obtener amparo judicial para que el Ministerio convoque al Consejo Rector”, ha explicado Almeida en respuesta a una pregunta de Somos Madrid sobre la situación actual de Casa Árabe, consciente de que se encuentra actualmente en un callejón sin salida ante su intento de acabar con las actividades de la institución en el edificio municipal.

“Solo hay un requisito que impide la salida de la Comunidad de Madrid, la recuperación del edificio y la ejecución de obras, que es que el Ministerio no convoque al Consejo Rector”, ha admitido, corroborando lo que apuntaba esta misma semana Exteriores, que el consistorio no puede retirar su aportación al consorcio de Casa Árabe -el edificio citado- hasta que uno de los actuales miembros no certifique su salida.

Almeida ha seguido acusando a la cartera dirigida por Albares de encontrarse “ocupando ilegalmente” el edificio. A nivel formal, no obstante, no existe actualmente ninguna orden oficial de expulsión porque la Comunidad de Madrid anunció su salida pero no la ha podido ejecutar formalmente al tener que hacerlo en el Consejo Rector. “Le pido desde aquí al Ministerio que convoque mañana mismo el Consejo Rector. Mañana mismo”, decía.

En la situación actual, es difícil pensar que Casa Árabe vaya a convocar voluntariamente una reunión que derivaría en la clausura de su sede en Madrid. Por su parte, el alcalde sigue alertando de problemas estructurales para vaciar el edificio: “El Ayuntamiento de Madrid ha hecho todos los trámites para recuperar un inmueble que pone en riesgo la seguridad e integridad física de las personas”, ha añadido.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha inaugurado el curso político lanzando un ataque directo al Ministerio de Exteriores por la situación de Casa Árabe. El regidor acusa al departamento que dirige José Manuel Albares de “okupación ilegal” por no haber desalojado las instalaciones este 1 de septiembre, fecha marcada por el Consistorio para vaciar las antiguas Escuelas Aguirre de la calle Alcalá, en la confluencia con O'Donnell. El Ayuntamiento anunció su intención de recuperar el inmueble y acometer “inmediatamente” las obras de “reforma urgente”.

“Vamos a ejercer las acciones legales oportunas para que se desaloje y se convoque el consejo rector de Casa Árabe, de forma que la Comunidad de Madrid pueda abandonarlo”, ha dicho el primer edil ante las preguntas de la prensa en un acto con sus concejales y todo su equipo celebrado en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez del Retiro. La salida de la Comunidad de Madrid de la institución es necesaria a nivel formal para que el Ayuntamiento pueda ejecutar el derecho de recuperación del edificio sin que proceda indemnización, como apuntó el propio consistorio cuando anunció la decisión de desalojar a la entidad de las Escuelas Aguirre.

“No hay respuesta de Ministerio frente a los requerimientos del Ayuntamiento, mientras hay un riesgo cierto a la integridad de las personas, por lo que Exteriores es el responsable directo que está jugando con la seguridad de trabajadores y visitantes”, avisa Almeida. “Hay daños estructurales que han obligado a colocar redes para que no caigan aleros o cornisas. Cuando se desaloje, entraremos de forma urgente para ejecutar las obras”, añade. El líder del Ejecutivo municipal ha insistido en que “lo grave” es que “el ministro se niegue a convocar el consejo rector”, un paso imprescindible para completar el trámite de expulsión.

Las palabras de Almeida llegan en la jornada fijada para el lanzamiento, en la que el alumnado ha convocado una nueva manifestación en los jardines del recinto desde las 19.00. En las últimas semanas, los estudiantes han llevado a cabo acciones contra la decisión de Cibeles bajo el lema Casa Árabe no se toca.

Los afectados defienden que la institución no es solo un espacio de cursos, sino un centro cultural, académico y diplomático vinculado a las relaciones entre España y el mundo árabe. Además, han advertido de que el plazo dado por el Ayuntamiento para abandonar el edificio resulta insuficiente para reorganizar la actividad. Los alumnos han pedido al alcalde que “lo piense” y reconsidere la decisión. Creen que si el edificio requiere obras o reformas, estas deberían abordarse mediante diálogo y colaboración institucional, sin que ello implique el desalojo definitivo de Casa Árabe de Escuelas Aguirre.

Cuca Sánchez, concejala de Más Madrid apunta que “no hay ninguna necesidad de que esto ocurra, Almeida está a tiempo de rectificar y parar este despropósito”. “Hablamos de una institución que lleva 20 años construyendo puentes entre España y el mundo árabe, que acoge a diplomáticos, estudiantes, intercambios culturales con numerosos países, y un patronato en el que están el Ministerio de Exteriores, la AECID, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y el propio Ayuntamiento de Madrid. Y aun así, Almeida prefiere echarla a la calle antes que sentarse a buscar una solución”, subraya.

“¿Haría lo mismo con Casa Sefarad? ¿También la consideraría un chiringuito? ¿Ha puesto en conocimiento de la Unesco esta decisión, ya que el edificio está en pleno Paisaje de la Luz?”, se pregunta la edil. Recuerda que “Ayuso ya rompió 20 años de diplomacia cultural abandonando el patronato porque no le gustaba quién lo dirigía”. “Exigimos a Almeida que escuche a la comunidad diplomática, académica y cultural que hoy defiende Casa Árabe para que dé marcha atrás en una decisión que solo beneficia a sus prisas para darle otros usos ¿privados? a este edificio de alto valor inmobiliario”, zanja.

Mientras un señor trabaja con su portátil en una de las mesas de la planta baja del flex living Flipco Retiro, en el número 58 de la calle Cavanilles de Madrid, el barrio continúa con su trasiego al otro lado de la puerta de vidrio que sirve de acceso. Hombres mayores que caminan con ayuda de sus cuidadoras, matrimonios de jubilados que se sientan a la sombra en un banco o trabajadores de distintos establecimientos que apuran el cigarro del mediodía.

De repente, un extraño episodio provoca la interacción entre estos dos universos en principio aislados. Una señora se detiene junto a la entrada de Flipco, observa las piedras blancas que decoran el espacio y empieza a guardarlas en un bolso. Ni siquiera mira a los lados por si alguien la observa o alguna cámara de seguridad la capta. Las toma como si fueran un bien personal, o más bien común. Como si las encontrara en el parque situado a unos pocos metros.

El acto, al borde de la legalidad, demuestra una forma de resistencia imprevista frente a unos negocios que parecen operar dando la espalda a los lugares donde se insertan. Ninguno de los clientes que abandonan Flipco mientras Somos Madrid permanece en la puerta atiende las preguntas planteadas. Es una cuestión más de prisa que de descortesía: a todos ellos les espera ya un VTC cuando salen a la calle.

Flipco Retiro aterrizó en el corazón del distrito de Retiro a finales de abril. Ofrece dos estudios para estancias temporales, que van desde pocos días hasta varios meses, en la antigua sede de Metro de Madrid. No en vano, la Nave de Motores (abierta a visitas del público) se ubica a pocos pasos. Detrás del proyecto y previa inversión de 39 millones de euros está el fondo inmobiliario Argis, promotora inmobiliaria que también tiene una pata puesta en los alquileres tradicionales.

Pasar una noche en alguna de sus dos estancias cuesta un mínimo de 166 euros si se alquilan por días, mientras que en la modalidad mensual no bajan de 2.000 euros. De este modo, Argis garantiza unos ingresos muy superiores a los dueños de unos alquileres tradicionales que a su vez contribuye a aumentar con la implantación de su modelo. El precio de un piso de dimensiones similares a las del estudio en la zona oscila entre los 900 y los 1.000 euros. Y eso que el alquiler ha subido en Pacífico más de un 10% por metro cuadrado en el último año, según Idealista. Solo este último mes, ya con Flipco, lo ha hecho casi un 3%. Esto es, muy por encima del resto del distrito (en otros puntos incluso ha retrocedido).

Quedarse en Madrid al margen de la ciudad

“¿Esto qué es?”, pregunta a su hija un señor que pasea por la acera donde se ubica este alojamiento en el barrio de Pacífico. “Parece como un hotelito”, responde ella. No va desencaminada, ya que los flex living no se diferencian en demasía del tradicional apartahotel. Tampoco del más moderno coliving. A priori, se distancian en su apuesta por mayores y mejores servicios para fomentar estancias algo más prolongadas. Pero lo cierto es que muchos de estos negocios jugan indistintamente con ambos conceptos y apelan tanto a la cohabitabilidad como a la flexibilidad.

La verdadera divergencia está en el terreno normativo. El flex living opera principalmente bajo licencia hotelera o de hospedaje en suelo terciario destinado a oficinas, permitiendo alquileres de media estancia (de días a meses) sin las restricciones de la vivienda turística o la convencional. La flexibilidad no es así cosa solo de los huéspedes, también responde a la falta de regulación sobre un modelo que se erige con grandes facilidades.

De esta manera, los precios alcanzan cotas mucho más elevadas que las del alquiler tradicional, sin apenas seguridad para los inquilinos ni moderación de las cantidades que pagan largo plazo (en cambio, la Ley de Arrendamientos Urbanos limita las subidas anuales al IPC o al 3% durante unos contratos que deben durar un mínimo de cinco años). Todo ello dificulta echar raíces en este tipo de hospedajes y emprender proyectos de vida. De hecho, suelen enfocarse a nómadas digitales o a expats como los que se ven al otro lado del cristal en Cavanilles.

Un modelo en plena ebullición, como muestran de las cifras difundidas desde la sede en Madrid de la compañía de servicios inmobiliarios JLL. Un informe de finales del año pasado estimaba en 19.089 la cantidad de camas flex living en España, un número que podría duplicarse hasta las 38.716 en solo dos años. El análisis expone que la Comunidad de Madrid concentra esa oferta, el 60% de las camas actuales y el 72% de las proyectadas. 11.375 están ya en el mercado y más de 14.000 en desarrollo, para un total de 25.375 plenamente operativas en 2028 (en Barcelona, segunda provincia en implantación, no llegan a las 7.000). La capital aglutina la inmensa mayoría dentro de la región. Todo ello reforzado por el apoyo del Gobierno regional y del municipal, que facilitan su implentación con controles poco estrictos o hasta campañas promocionales.

En Flipco, toda esta actividad en ebullición se desarrolla en un bloque que cuenta también con decenas de viviendas. De hecho, el número 58 de Cavanilles incluye tres portales al margen de los apartamentos de estancia temporal. A dos de allos se accede por una puerta situada a pocos metros de la entrada al negocio, mientras que al correspondiente a la letra c se llega dando un rodeo al citado parque anexo.

Los residentes de esas viviendas prefieren guardar silencio ante las preguntas de este periódico, al igual que lo hacen de momento desde Flipco Retiro al no contestar las preguntas de este medio sobre cómo ha sido la llegada a un barrio que de momento les mira con recelo y suspicacias. Por ahora, como sus clientes, prefieren esquivar la mirada a quienes les rodean.

El tira y afloja entre el Ayuntamiento de Madrid y la Casa Árabe ha hecho saltar las alarmas este verano. Finalmente, si todo va según las previsiones del área municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, será el próximo 1 de septiembre cuando la entidad pública (que promueve relaciones entre España y el mundo árabe) deberá desalojar el edificio en el que tiene instalada su sede, en las antiguas Escuelas Aguirre de la calle Alcalá, en la confluencia con O'Donnell. Para tratar de impedirlo, el alumnado de la actual institución ha llamado a concentrarse el próximo martes frente al inmueble, coincidiendo con la orden de expulsión.

Las instalaciones de las Escuelas Aguirre albergan la sede principal de la Casa Árabe en la capital desde marzo de 2008, después de ejecutar una importante remodelación en el interior. Su cesión fue concebida para fortalecer los vínculos culturales e institucionales asociadas a esta región en Madrid, pero el propio alcalde José Luis Martínez-Almeida ya avanzó que su ayuntamiento iba a recuperar la posesión del edificio y este no podrá mantener su uso actual.

Este mismo miércoles el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, ha reconocido que el consistorio ya sopesa un plan alternativo por si finalmente no pueden ejecutar el desalojo. “Esperamos que se produzca en el plazo determinado, pero en todo caso, antes del día 1, mañana o pasado, daremos cuenta también de la planificación para el eventual caso de que no se produzca”, ha indicado Carabante en declaraciones a los medios, al ser preguntado por esta cuestión en la cuenta atrás para la fecha tope.

Por su parte, la protesta de los estudiantes de Casa Árabe se ha convocado a partir de las siete de la tarde del primer día de septiembre, junto a los jardines de la sede. El objetivo será mostrar su rechazo al desalojo de la sede bajo el lema “Casa Árabe no se toca”. El alumnado ha pedido al alcalde que reconsidere su decisión, asegurando que no todo pasa por su desalojo definitivo de Escuelas Aguirre y reprochando, asimismo, que el plazo ofrecido por el Ayuntamiento resulta insuficiente para reorganizar la actividad antes de abandonar el edificio.

El Gobierno municipal sostiene que la medida responde al estado de conservación del edificio y al incumplimiento del contrato de concesión, así como a la necesidad de acometer obras de rehabilitación y regeneración en el inmueble. Pero, además de encontrarse con el rechazo de alumnos y simpatizantes, también los grupos de la oposición en Cibeles han cuestionado a Almeida.

Más Madrid y PSOE le acusan de utilizar el estado de las instalaciones y los informes sobre la gestión de Casa Árabe durante su etapa con Irene Lozano (exdiputada con el PSOE) como argumento para justificar una decisión que, a su juicio, es política mientras que el PP sostiene que esta recuperación de la propiedad es “legal, legítima y de absoluta responsabilidad”, aludiendo a que la exdirectora de la institución ya había planteado en 2024 cerrar la sede de Escuelas Aguirre y operar solo desde Córdoba.

Mañana o pasado daremos cuenta también de la planificación alternativa, para el eventual caso de que no se produzca el desalojo

Borja Carabante — Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad

Una a una, las 5.000 planchas que recubren el Palacio de Cristal pronto serán sustituidas por nuevas piezas. La gran joya arquitectónica del Parque del Retiro lleva meses hibernando para renovar su estructura, actualmente ocupada por andamios, pasarelas o escaleras móviles que los equipos técnicos utilizarán para reponer los cristales de su gran caparazón. La idea es que esté listo para su reapertura el próximo verano, en julio de 2027; y en la tranquilidad del verano tratan de darle un empujón.

En total son 10 plantas de andamios las que actualmente hay colocadas, y los operarios deben treparlas por empinadas escalerillas hasta llegar a lo más alto de la cúpula, que está a 25 metros del suelo y sobresale por encima de los inmensos árboles, que rodean el edificio. De ello ha informado la Agencia Efe después de una visita al equipamiento junto al director de las obras, Javier Contreras.

Los andamios ocupan la totalidad de los 13.000 metros cúbicos del inmenso invernadero, lo que permite restaurar tanto la estructura de hierro como sustituir los cristales. Hace ocho meses, recién entrado el año, se inauguró la intervención en la lona que actualmente cubre el Palacio de Cristal, que administra el Museo Reina Sofía (de carácter estatal) y solo permanecerá cubierto temporalmente por una obra llamada Fardo.

Esta idea fue encargada a la artista peruana Andrea Canepa, que se ha inspirado en los fardos textiles de la cultura precolombina de Paracas, con telas coloridas para los paños acristalados que crean un recorrido visual al rodear el edificio.

Cerrado desde 2023 por riesgo de caída

El Palacio de Cristal es una estructura histórica, construida en 1887 con motivo de la Exposición General de las Islas Filipinas. Es un ejemplo destacado de la arquitectura de cristal y hierro en Madrid y se utiliza como sede de exposiciones del Museo Reina Sofía desde los años noventa.

A finales de 2023, el edificio cerró sus puertas después de la caída de algunas piezas de su estructura, para iniciar unas obras necesarias para devolverle su esplendor y garantizar su correcta conservación. Las obras se enmarcan en un plan de conservación del patrimonio histórico gestionado por el Ministerio de Cultura y tienen un coste previsto de unos 7 millones de auros.

Se están reparando ciertas estructuras metálicas dañadas por la corrosión y tratando de solventar uno de sus mayores problemas estructurales: la condensación y las altas temperaturas que alcanza, que en los meses de verano llegan a los 50 grados. Para ello, se ha ideado una configuración de los vidrios que, intentando respetar la obra al máximo, la convierte en un espacio más funcional.

Las calles de Madrid acogerán la noche del próximo lunes, 17 de agosto, la acción performática Saca nocturna, una propuesta artística en la que una escultura de Federico García Lorca recorrerá varios enclave estratégicos de la capital coincidiendo con el 90º aniversario del asesinato del poeta. La intervención está dirigida por La Juan Gallery y se enmarca en el programa Cultura Orgullosa, del Ministerio de Igualdad y desarrollado en colaboración con el Ministerio de Cultura.

Así, tomará como punto de partida las sacas nocturnas registradas durante la Guerra Civil y la dictadura para resignificar el concepto y hacer que el escritor “regrese simbólicamente a la ciudad”.

Para la acción, un grupo de nueve artistas transportará a pie una obra de Fernando Sánchez Castillo que pertenece a la exposición La Perla Peregrina, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El itinerario dará comienzo a las 20.30 en el Palacio de Velázquez, situado en el Parque del Retiro, y discurrirá por la Cuesta de Moyano, el entorno del Museo del Prado, el Real Jardín Botánico, la calle Huertas y la plaza de Matute hasta concluir sobre las 23.00 en la plaza de Santa Ana (junto a la estatua del poeta granadino).

Los creadores encargados de acompañar la figura durante el recorrido son Ana Novoa, Asun Soto, Jade Baldó, Velutto, Rodrigo González, Guille Mocholi, Alexia Sayago, Ana Geranios y Rubén Tamarit. El programa Cultura Orgullosa 2026 contempla cerca de una treintena de actividades programadas en 16 museos estatales y diversas instituciones culturales hasta mayo de 2027, con el objetivo de dar visibilidad a la creación artística del colectivo LGTBI+ y a la diversidad sexual, de género y familiar.

En cuando al poeta y dramaturgo al que se homenajeará el lunes, llegó a Madrid por primera vez en la primavera de 1918. Siendo aún muy joven, se alojó en la casa de huéspedes donde residía el propio Mora Guarnido antes de recalar en la Residencia de Estudiantes. En su misma habitación, de hecho, en el número 36 de la calle de Calle San Marcos.

Cuando uno piensa en el Madrid de García Lorca, las primeras paradas suelen ser la colina de los Chopos, donde estaba su Residencia de estudiantes (en los Altos del Hipódromo); o en la biblioteca del Ateneo, en los teatros donde estrenó y los cafés que frecuentó. También hay constancia de que los parajes de la Dehesa de la Villa le inspiraron al escribir el poema El Macho Cabrío, publicado en su Libro de poemas. Lo cuenta su antiguo amigo José Mora Guarnido en Federico García Lorca y su mundo, escrito en Montevideo en 1957.

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha hablado este lunes con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para abordar la continuidad de la Casa Árabe en su actual sede, las Escuelas Aguirre. Según fuentes del Ministerio, la conversación ha sido “cordial” y “constructiva” y ha concluido con el acuerdo de mantener abierto el diálogo con el objetivo de que la institución pueda permanecer en el edificio, donde tiene su sede desde hace 20 años.

La llamada se ha producido después de que Albares remitiera una carta al regidor madrileño en la que le pedía abordar el anuncio de retirar la cesión del inmueble y desalojar la Casa Árabe antes del 1 de septiembre. El ministro ha trasladado de nuevo a Almeida que considera la decisión “incomprensible” y ha reiterado la “mano tendida” de Exteriores para buscar una solución. También le ha transmitido el malestar y la sorpresa que la medida ha provocado entre embajadores árabes acreditados en Madrid, estudiantes de árabe, intelectuales y otros sectores de la ciudadanía.

Albares ha expresado asimismo su “extrañeza” por que el anuncio se produjera públicamente sin haber sido consensuado con el resto de integrantes del Consejo Rector de Casa Árabe, del que forman parte el Ministerio de Exteriores, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y el Ayuntamiento de Madrid. En este sentido, el ministro ha advertido a Almeida del “grave daño” que, a su juicio, supondría la salida de la institución de las Escuelas Aguirre para la política exterior española, la imagen internacional de España y la proyección exterior de Madrid.

Durante la conversación, Albares también ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid ha participado en los patronatos de Casa Árabe y ha firmado las actas relativas a su gestión, al tiempo que ha defendido la labor de la actual dirección y el plan de gestión que está desarrollando. Además, el ministro ha anunciado que este martes mantendrá una reunión solicitada por los estudiantes de árabe en la sede del Ministerio de Exteriores del Palacio de Santa Cruz, quienes buscan una solución para poder continuar con sus cursos.

Almeida anunció a finales de junio que el Ayuntamiento recuperaría la posesión de las Escuelas Aguirre y que Casa Árabe tendría hasta el 1 de septiembre para abandonar el inmueble. La decisión se comunicó formalmente en una reunión extraordinaria del Consejo Rector del Consorcio Casa Árabe, después de que la Comunidad de Madrid abandonara el organismo. El Consistorio sostiene que este cambio en la composición del consorcio le permite recuperar el edificio en virtud del decreto de cesión de 2008.

El histórico inmueble, situado en la confluencia de las calles de Alcalá y O'Donnell, es la sede principal de Casa Árabe desde hace 18 años. En su momento, el Ayuntamiento justificó la decisión por el estado del edificio y por sus críticas a la gestión de la institución durante la etapa de Irene Lozano. Al mismo tiempo, manifestó su disposición a colaborar para que Casa Árabe encontrase otra ubicación, aunque descartó cederle otro edificio municipal.

Son las cinco de la madrugada. Un estruendo sacude el número 50 de la avenida del Mediterráneo y despierta a Julio Rodríguez, uno de los vecinos del edificio. No es la primera vez. Sale al balcón de su piso, en el que vive con su madre de 94 años, y comprueba que las máquinas continúan trabajando junto a su vivienda. Llama a la Policía Municipal para denunciar el ruido. Al otro lado del teléfono le responden que ya han recibido más avisos de otros vecinos y que enviarán una patrulla. La escena, asegura, se repite con demasiada frecuencia desde que comenzaron las obras de ampliación de la línea 11 de Metro y la construcción del futuro intercambiador de Conde de Casal.

La transformación de este enclave, situado entre la avenida del Mediterráneo y la calle Doctor Esquerdo y que sirve de frontera entre los barrios de Pacífico y Adelfas, en el distrito de Retiro, ha convertido la plaza de Conde de Casal en uno de los mayores frentes de obra de la capital. El proyecto persigue tres grandes objetivos: prolongar la L11 de Metro y conectarla con la L6, construir un nuevo intercambiador de transportes con más de 20 líneas de autobuses y habilitar un centro comercial subterráneo. El precio a pagar es alto: mientras avanzan los trabajos, los vecinos aseguran convivir desde hace meses con ruido, polvo, vibraciones, cambios constantes en la movilidad y una creciente sensación de incertidumbre.

“Al principio nuestra principal preocupación eran los ruidos y los horarios de trabajo”, explica Julio Rodríguez, uno de los vecinos afectados. Recuerda que desde la Consejería de Transportes se anunció que las labores nocturnas se limitarían, pero sostiene que ese compromiso nunca llegó a cumplirse. “Aquí han trabajado durante muchas noches, incluidos festivos. El 1 y el 2 de mayo estuvieron trabajando y el día 3 incluso se produjo un escape de gas. Lo peor es que los vecinos no recibimos ninguna información”, relata. Según explica, aquel día el hotel situado junto a la obra fue avisado para que cerrara todas sus ventanas, mientras que quienes viven en los edificios colindantes desconocían por completo qué estaba ocurriendo.

La falta de transparencia por parte de la Comunidad de Madrid, de quien depende el proyecto, y el Ayuntamiento, que gestiona la movilidad, se ha convertido, precisamente, en una de las principales reclamaciones del vecindario. María Ángeles Rodríguez, presidenta de la Asociación Vecinal Retiro Norte, denuncia que los cambios se suceden sin previo aviso. “Un día cortan una calle, otro modifican el tráfico o instalan nuevas vallas, pero nunca informan con antelación a los vecinos”, resume. Esa sensación de improvisación, afirma, alimenta la inquietud de quienes conviven a escasos metros de las excavadoras y descubren cada mañana un nuevo escenario al salir de casa.

Los cambios en la movilidad son otra de las consecuencias más visibles de la actuación. Hasta principios de mayo todavía circulaban vehículos por el túnel de Conde de Casal, pero el tráfico se reorganizó prácticamente de un día para otro y buena parte de los carriles pasaron a la superficie. “De la noche a la mañana tenemos una auténtica autopista pegada a nuestras casas”, lamentan los residentes. Aseguran que se enteraron a través de la prensa del cierre, que se prolongará hasta febrero de 2027.

A ello se suman calles cortadas, aceras ocupadas por vallas y accesos mucho más estrechos de lo habitual. Los vecinos sostienen que esa nueva configuración dificulta incluso la entrada de los servicios de emergencia. Como ejemplo, recuerdan el caso de un paciente que vive en el número 58 que tuvo que ser trasladado en camilla hasta la ambulancia porque el vehículo sanitario no pudo llegar hasta el portal debido a la disposición de las obras. “No queremos esperar a que ocurra una desgracia”, advierte Julio.

A medida que la demolición del antiguo túnel ha ido avanzando, también lo ha hecho la preocupación de quienes viven en el entorno. Los residentes describen vibraciones constantes en los edificios, grandes bloques de hormigón cayendo durante los trabajos de demolición y una sensación permanente de riesgo. Hace apenas unos días, los vecinos del número 8 de la plaza de Conde de Casal llamaron al 112 al notar cómo temblaba el inmueble. Los bomberos acudieron para revisar posibles grietas. “La primera vez que fuimos a ese edificio, su presidente no quería saber nada del asunto. Pero cuando comenzaron las vibraciones y tuvieron que llamar a los bomberos, su postura cambió completamente”, recuerda la presidenta de la asociación vecinal.

Las grietas inquietan al vecindario

Las grietas son, probablemente, el símbolo más visible de la preocupación vecinal. En distintos edificios han comenzado a aparecer fisuras que sus propietarios relacionan con las vibraciones derivadas de la obra. A ello se suma la caída, hace unos meses, de cascotes de la fachada del número 175 de la calle del Doctor Esquerdo. Afortunadamente, no hubo heridos, pero la propia comunidad de vecinos ha tenido que costear la instalación de una malla verde que recubre todo el edificio por precaución, ya que el Gobierno regional no ha respondido ante la petición de los residentes, que aseguran que el inmueble pasó una Inspección Técnica del Edficio (ITE) favorable el año pasado.

Los vecinos aseguran que antes del inicio de las obras se llevaron a cabo mediciones en los edificios y que semanas después se efectuó una segunda inspección, incluso con técnicos que accedieron a algunas viviendas descolgándose por las fachadas. Sin embargo, denuncian que esos informes nunca les han sido entregados. “Si realmente consideran que las grietas no tienen importancia, que lo demuestren con inspecciones e informes. Lo que genera desconfianza es que directamente nieguen el problema sin comprobarlo”, sostiene el portavoz vecinal.

La Comunidad de Madrid rechaza esa versión. Preguntada por este periódico, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras asegura que “no tiene constancia de incidencias estructurales atribuibles directamente a las obras ni de afecciones que comprometan la seguridad de los edificios del entorno”. Asimismo, sostiene que los trabajos “se ejecutan conforme a la normativa vigente y bajo seguimiento técnico permanente para garantizar la seguridad tanto de los vecinos como de los trabajadores y usuarios”.

El departamento que dirige Jorge Rodrigo defiende además que el desarrollo de las obras responde a “una planificación técnica rigurosa”, diseñada para reducir los plazos de ejecución y minimizar las molestias. Según la Consejería, el uso de soluciones de construcción industrializada ha permitido acortar en más de siete meses el calendario inicialmente previsto para una infraestructura que considera estratégica tanto para la ampliación de la Línea 11 como para recuperar la normalidad en el corredor de la A-3.

Más allá de las viviendas, la preocupación también se extiende al tejido comercial del barrio. Los vecinos aseguran que varios negocios ya han bajado la persiana desde el inicio de las obras y temen que la situación empeore cuando el nuevo intercambiador entre en funcionamiento. Su principal inquietud es que los viajeros procedentes de los municipios de la Carretera de Valencia accedan directamente desde los autobuses al metro a través del recinto subterráneo, donde está prevista la implantación de locales comerciales. “Toda esa gente dejará de pasar por la superficie. Ya no subirán a comprar el periódico, echar la quiniela o tomar un café”, lamenta Rodríguez, convencido de que muchos pequeños comercios perderán buena parte de su clientela habitual.

Ante este escenario, los residentes han comenzado a organizarse. Han creado una asociación de afectados, un grupo de WhatsApp para compartir incidencias y estudian acudir tanto al Defensor del Pueblo como a la Inspección de Trabajo para reclamar más información y una interlocución directa con la empresa constructora. “Nuestra intención no es paralizar la obra. Sabemos que una infraestructura de este tipo genera molestias y entendemos que hay que hacerla. Lo que pedimos es que se ejecute con garantías, respetando el descanso de los vecinos, informando de cada actuación y adoptando todas las medidas de seguridad necesarias”, resume Julio. Porque, insiste, el problema no es únicamente convivir con una obra de grandes dimensiones, sino hacerlo sin saber qué ocurrirá mañana ni cuánto tiempo más se prolongará una situación que, aseguran, ha cambiado por completo su día a día.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves la construcción de una nueva escuela infantil municipal en el distrito de Retiro, que se ubicará entre las calles Adelfas y Valderribas. Así lo ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo local.

El nuevo equipamiento, que será ejecutado por el Área de Obras y Equipamientos, contará con un presupuesto base de licitación de 4,6 millones de euros y dispondrá de una superficie construida de 1.652 metros cuadrados. El edificio tendrá sótano, planta baja y primera planta.

La futura escuela infantil albergará seis aulas, todas ellas equipadas con los espacios de servicio necesarios, como cambiadores, aseos, zonas de almacenamiento y fregaderos. Además, cada aula contará con acceso directo a espacios exteriores destinados al juego y las actividades al aire libre.

El centro también dispondrá de un hall principal, sala de usos múltiples, cocina, biblioteca, vestuarios, aseos, dependencias administrativas, almacenes y cuartos de instalaciones, con el objetivo de ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de los menores de entre 0 y 3 años.

Esta nueva dotación refuerza el esfuerzo inversor en nuevos equipamientos emprendido por el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida. En este sentido, con una inversión de más de 590 millones de euros, la ciudad suma 107 nuevas dotaciones municipales (88 ya finalizadas y otras 19 en construcción) desde 2019. Se trata de escuelas infantiles, centros de mayores y de día, polideportivos, centros culturales, bibliotecas, centros de servicios sociales, instalaciones para los servicios de seguridad y emergencias, equipamientos administrativos y dotaciones de economía, empleo e innovación, entre otros, en los 21 distritos de la ciudad.

La red municipal alcanzará las 80 escuelas infantiles

Durante la rueda de prensa, Sanz ha destacado que desde la llegada de José Luis Martínez-Almeida a la Alcaldía, en 2019, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una decena de escuelas infantiles municipales en distintos distritos de la ciudad, entre ellas la Margarita Salas, también ubicada en Retiro, además de centros en Moncloa-Aravaca, Centro, Villaverde, Villa de Vallecas, San Blas-Canillejas, Tetuán y Vicálvaro.

Ahora, con esta nueva infraestructura y la prevista en el barrio de El Cañaveral (Vicálvaro), Madrid alcanzará las 80 escuelas infantiles municipales, cumpliendo así el objetivo fijado en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.

Los centros abiertos entre 2019 y 2026 suman 941 plazas, el 10% del total de la red municipal. A ellas se añadirá el próximo curso 2026-2027 el centro de la calle Francisco Remiro, en el distrito de Salamanca, mientras que recientemente también se iniciaron las obras de una nueva escuela infantil en el barrio de San Fermín (Usera). Entre las actuaciones ya ejecutadas y las que están en marcha, el Ayuntamiento cifra la inversión destinada a estas infraestructuras en más de 40 millones de euros.

Nuevo aplazamiento del desalojo de Maricarmen, la mujer de 87 años que lleva años viviendo un calvario ante la presión de la inmobiliaria Urbagestión para que abandone la que ha sido su casa durante siete décadas. El tercer intento de deshucio, previsto para el miércoles 24 de junio en su casa del madrileño distrito de Retiro, ha quedado paralizado y ahora se ha fijado para el 23 de septiembre.

La presión social y logros como que la ONU haya exigido suspender el procedimiento o proporcionar una alternativa a Maricarmen han podido influir en una nueva prórroga que para el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid es insuficiente. De hecho, la entidad apunta que el juzgado número 90 de Madrid “desoye la petición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que pedía la suspensión del desahucio hasta que las administraciones públicas demostraran que están buscando una alternativa habitacional a Maricarmen, alegando que dichas administraciones han tenido tiempo suficiente para encontrar esta alternativa”.

O lo que es lo mismo, explican, “la judicatura diciendo a los ejecutivos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y al Gobierno Central que en estos meses de aplazamientos del desahucio de Maricarmen no han hecho nada para solucionar el problema”.

El Sindicato relata que el juzgado no atiende las pretensiones de la resolución de Naciones de Unidas, pero sí estima el recurso de la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, alegando que el segundo aplazamiento no se atenía a la ley. En concreto el artículo 704de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) que establece que si el inmueble a desalojar es la vivienda habitual del ejecutado, el juzgado otorgará un plazo de un mes para el desalojo. Al haberse dado un plazo menor al mes para el nuevo desahucio, el juzgado estima que a Maricarmen se le concede un nuevo mes y una nueva fecha de desahucio.

Desde el Sindicato de Inquilinas entregaron un dossier el pasado octubre al Ministerio de Vivienda del Gobierno de España dando varias soluciones al conflicto de Maricarmen, como la compra de la vivienda o la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para incluir contratos indefinidos, similares a las rentas antiguas. A su vez, se ha instado tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento a través de servicios sociales a que busquen una alternativa habitacional. Ni el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ni el de José Luis Martínez-Almeida les han contestado.

Informan además de que los actos de apoyo a Maricarmen se trasladan de la próxima semana al 22 de septiembre, en la víspera de la nueva fecha de lanzamiento. “Hace tiempo que este conflicto no va solo de Maricarmen. Va de la dignidad humana frente a la avaricia, del apoyo vecinal frente a un sistema que antepone la especulación a la vida. Maricarmen somos todas y cada vez somos más personas las que tenemos claro que una empresa no puede hacer lo quequiera con una vida. Por eso Almeida, Ayuso y Pedro Sánchez tienen que mover ficha o les espera un septiembre donde va a llover a cántaros”, sentencian.

La Organización de Naciones Unidas da de plazo a España hasta diciembre para informar de las medidas adoptadas para evitar el desahucio sin alternativa habitacional de Maricarmen, vecina de 87 años de Madrid que lleva más de 70 años residiendo en su vivienda. La ONU pide que se suspenda el desahucio mientras tramitan el procedimiento o que den alternativa habitacional adecuada a Maricarmen.

Después de una denuncia presentada a la ONU por la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, en coordinación con el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comite DESC) ha comunicado al Juzgado la existencia de esta denuncia. Da plazo al Estado hasta diciembre para emitir un informe sobre las medidas adoptadas para evitar el desahucio sin alternativa habitacional de Maricarmen y solicita que se suspenda el desahucio o que ofrezcan alternativa habitacional adecuada.

Maricarmen lleva más de cinco años peleando contra el fondo buitre Urbagestión, que compró su bloque en 2018 y que pretende desahuciarla para especular con su vivienda. En ella ha pasado casi toda su vida. Cuando murió su padre, siendo ella muy joven, quedó subrogada a su madre debido a que la normativa franquista consideraba ya una delegación el paso de la propiedad del varón a la mujer. Por ello, cuando la progenitora falleció, Maricarmen no pudo beneficiarse de un alquiler de renta antigua (restringido a las primeras subrogaciones anteriores a que la Ley Boyer degorara esta figura).

El próximo 24 de junio Maricarmen se enfrenta a su tercer intento de desalojo, tras la paralización del primero en octubre de 2025 gracias a la presión y organización sindical y el aplazamiento del segundo intento de desahucio este 3 de junio en una medida que para el Sindicato de Inquilinas ha sido un “burdo intento” para desmovilizar todo el apoyo social que estaba recibiendo Maricarmen.

La paralización del desalojo, en manos de la Justicia

Ahora, tras el informe de la ONU, la jueza tiene la facultad de suspender el desahucio mientras se tramita la denuncia presentada a la ONU “para evitar daños irreparables a la autora (Maricamen)”. Entre tanto, la comunicación está siendo estudiada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan que, si se ejecuta el desahucio el próximo 24 de junio, sería un desahucio ilegal, en contra de los tratados internacionales (de los que España es parte) y las recomendaciones de la ONU.

Una vez evitado el primer intento de desahucio a Maricarmen, varias organizaciones enviaron al Ministerio de Vivienda un dossier con alternativas para solucionar el conflicto de Maricarmen. La propia Maricarmen escribió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Seis meses después, ninguna de las dos comunicaciones han recibido respuesta.

Denuncian desde el Sindicato de Inquilinas que tanto la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, como el Ayuntamiento de Madrid que comanda José Luis Martinez-Almeida tampoco han ofrecido ninguna alternativa habitacional a Maricarmen.

Maricarmen se queda. Al menos, 21 días más. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha comunicado que el gran lema contra el desahucio de la mujer de 87 años, residente en el distrito de Retiro, se ha materializado aunque de momento sea tan solo por tres semanas. El fondo inmobiliario Urbagestión mantiene así sus pretensiones de expulsar a la vecina de un piso en el que ha vivido 70 años.

“Han aplazado para desmovilizarnos”, sostiene una de las portavoces de la organización inquilina en un vídeo compartido en redes. Alicia del Río explica en el clip que el desalojo queda ahora fijado para el miércoles 24 de junio. “No han solucionado nada, no han garantizado ninguna vivienda, solo nos dan 20 días de tortura”, expone.

Por ello, mantienen la convocatoria de un acto de protesta multitudinaria este mismo martes, desde las 18.30 en la biblioteca Eugenio Trías del parque del Retiro. A la movilización acudirán personalidades como Juan Diego Botto, Olga Rodríguez, Ismael Serrano o Alberto San Juan. Un evento que iba a preceder a una acampada para frener el lanzamiento de Maricarmen, originalmente previsto para el miércoles 3 de junio a primera hora de la mañana.

La situación de la inquilina se debe en gran parte al machismo imperante en la legislación franquista. “Las mujeres no podían entonces firmar contratos de alquiler”, contaba a elDiario.es sobre la primera firma del contrato, que hizo su padre en 1956. Al no poder firmar de primeras la madre, fue subrogada con la muerte del marido. Acogida a las rentas antiguas previas al decreto Boyer que acabó con los contratos indefinidos de alquiler, tan solo se permitía una subrogación indefinida, por lo que la muerte de la madre en 2005 terminó con su blindaje. Como segunda subrogada, ya no estaba protegida.

Pese a ello, los antiguos propietarios respetaron su renta antigua. También lo hizo Renta Corporación, la inmobiliaria que compró en primera instancia la vivienda en el año 2018 y que le ofreció comprar la vivienda a un precio que no podía asumir. La empresa respetó la negativa, pero vendió la vivienda a la inmobiliaria Urbagestión, que solo le dio la opción de quedarse con un alquiler de 1.650 euros al mes. Esto es, más del triple de lo que paga a día de hoy, unos 500 euros. Una cifra inalcanzable para alguien que cobra una pensión de 1.400 euros.

Después de negarse, recibió la orden judicial de desahucio a finales de 2020: “Yo no sé quiénes son estos señores, nunca he hablado con ellos”. El juzgado número 90 de Madrid dio la razón al considerar que cuando se produjo su subrogación, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron, “tácitamente” y que los compradores mantienen esta aceptación. Pero la Audiencia Provincial y el Supremo se posicionaron con las pretensiones los propietarios y en 2024 llegó otra carta de desahucio. 

La respuesta ciudadana, última defensa ante la especulación y las resoluciones judiciales

Los dos primeros intentos de desahucio, el último el pasado mes de octubre (que también fue detenido en medio de una gran respuesta ciudadana y culminó con una rueda de prensa en la vía pública), fueron cancelados por la Justicia ante la presión social. Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas muestran su predisposición a frenarlo plantándose dentro del piso y en la mismísima puerta. “Espero que haya mucha gente”, dice Maricarmen, consciente de que su caso provoca una mayoritaria indignación.

Maricarmen ha escrito cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sin recibir contestación alguna. “El Ayuntamiento no va a comprar mi piso y la señora Ayuso tampoco. Quien tiene que comprar mi piso, o poner alquileres indefinidos, es el Gobierno de España. Invierten un dinero que van a recuperar después, pueden ponerlo en alquiler social cuando yo me muera. Y por lo menos no permiten a echar a la gente a la calle”, expone.

En los últimos meses, la mujer ha perdido gran parte de la movilidad y se ayuda de un caminador para moverse. “He tenido un problema bucal que creo que me ha afectado pero también el desgaste, la ansiedad, la angustia de estar luchando. He perdido tanta masa muscular que no puedo casi ni caminar. No me puedo tener en pie. El otro día fui a la manifestación en silla de ruedas, pero al menos fui. Que es lo que tiene que hacer la gente, salir a protestar. Y yo puedo ser la mecha que enciende una primera vela, pero detrás tienen que venir muchas velas y que la gente no se marche” clama. 

Desde Urbagestión se amparan en la sentencia del Supremo, que dice que el contrato de arrendamiento quedó extinguido tras la muerte de la madre de Carmen, ya que ella no tiene el 65% de minusvalía que le concedería la posibilidad de una segunda subrogación. Aseguran igualmente que la última renta la pagó Maricarmen en 2024 y que fue de 203 euros, no de 500. 

El Ayuntamiento de Madrid quiere que la polémica amaine en uno de los grandes emblemas de la ciudad. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, anunciaba este martes la suavización de los protocolos que rigen los cierres del parque del Retiro debido a determinadas condiciones meteorológicas. Unos ajustes que de momento atañen solo a este pulmón verde de la urbe, aislando las decisiones que le conciernen de las de otros parques. Según los cálculos del área de Medio Ambiente, dirigida por el concejal Borja Carabante, la actualización permitirá rebajar la cifra de días con clausuras en torno al 20%. Las modificaciones, eso sí, no terminan de contentar a unos vecinos y una oposición que exigen medidas de calado e integrales para mejorar el mantenimiento de las instalaciones.

La iniciativa se aprobará inicialmente este jueves en la Junta de Gobierno municipal y entrará en vigor, previsiblemente, en junio. Solo en los dos primeros meses de 2026, el Retiro permaneció plenamente cerrado en parte de su horario o en jornadas completas durante 13 días, casi uno de cada cuatro. A ello hay que sumar la clausura de estancias parciales, algunas precintadas y otras (como determinados jardines) valladas o con puertas echadas con llave.

La novedad implantada por el Ejecutivo de Cibeles incidirá en la velocidad del viento a partir de la cual se toman las medidas de seguridad. El Consistorio aumentará en 5 kilómetros por hora el umbral de rachas de viento para la activación de la alerta naranja, que se pondrá en marcha con velocidades entre 45 y 60 kilómetros por hora. Hasta ahora, el baremo para su activación iba de las 40 a las 55. En cuanto a la alerta roja, se fijará a partir de 60 kilómetros por hora frente a los 55 que debían superar las rachas con el reglamento actual.

El protocolo actual: por niveles de alerta y estándar en todos los parques

El actual protocolo establece distintos niveles de alerta que, al activarse, afectan al estado del Retiro y el resto de parques de la ciudad, donde de momento se mantiene sin cambios. Cuando se superan los 35 grados y la velocidad del viento oscile entre 40 y 55 kilómetros por hora se habla de alerta amarilla: en estos casos, cierran los Jardines de Cecilio Rodríguez y el Retiro restringe el acceso a zonas infantiles, deportivas o de mayores para balizar las partes afectadas.

Un nivel por encima, en alerta naranja, significa que a esa misma temperatura (más de 35 grados) el vendaval rebasa los 50 y puede llegar hasta los 65. Si se da esa circunstancia, se limitan las mismas áreas clave que en la alerta amarilla (infantiles, deportivas y de mayores) en el Retiro, donde también se anulan eventos al aire libre o se prohíbe entrar a determinadas zonas. Además, muchas veces las clausuras se trasladan a las primeras horas del día siguiente, hasta que los técnicos completen las comprobaciones oportunas.

El nivel de máximo riesgo es la alerta roja. Se inicia cuando al calor se suma un viento que corre a más de 65 kilómetros por hora. Es entonces cuando el Ayuntamiento clausura todas las áreas de recreo que puedan cerrarse materialmente (es decir, con puertas o muros) y aquellas de libre acceso, para las que aplica el mismo tipo de alerta.

Además del Retiro, cierran otros ocho parques históricos de la capital: el del Jardín del Capricho, en la Alameda de Osuna; el Parque Juan Carlos I; el de Juan Pablo II; la Quinta Torre Arias, la de los Molinos y la de Fuente del Berro; la rosaleda del Parque del Oeste y el Lineal del Manzanares. La normativa restringe igualmente el acceso a zonas de Madrid Río o Casa de Campo y suspende eventos al aire libre en el Parque del Oeste o la Dehesa de la Villa. Entre las medidas que contempla el Consistorio está la de que la protocolización individualizada no se constriña al Retiro, sino que cada parque tenga su propio patrón de clausuras y protocolos, lo que puede derivar en que con determinadas condiciones unos parques cierren y otros permanezcan abiertos durante la misma jornada.

Vecinos instan a poner el foco en otro sitio: “Necesitamos más recursos”

Almeida ha advertido que a lo largo de 2025 se produjeron más de 65 caídas de árboles durante los cierres previstos en el protocolo y también se acumularon más de 460 ramas caídas de gran porte, por lo que pide tomar en serio el protocolo de cierre. Actualizado por última vez en 2019, después de que la caída de un tronco acabara con la vida de un niño en un suceso que marcó profundamente a la exalcaldesa Manuela Carmena, vecinos y hosteleros del Retiro lo han tachado de “ambiguo”, “impredecible” o “errático”.

Este último calificativo lo utiliza en declaraciones a Somos Madrid Javier de la Puente, presidente de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, vecino del barrio y figura con amplia formación y experiencia como ingeniero de montes e ingeniero técnico forestal. A su vez, tacha el nuevo anuncio de Almeida de “insuficiente”. A su juicio, el foco debería estar no tanto en las decisiones sobre las clausuras, sino más bien en el cuidado del entorno y en una vigilancia efectiva: “Ahora el protocolo del Retiro se basa en tres cosas: el viento, la temperatura y la humedad del suelo, factores importantes para la caída de las ramas. Pero no se presta la suficiente atención a la situación de un arbolado envejecido y en mal estado, debido a podas defectuosas y a un suelo demasiado compactado. Por no hablar de errores como que se han llegado a plantar pinos de secano en césped de regadío”.

No se presta suficiente atención a la situación de un arbolado envejecido y en mal estado, debido a podas defectuosas y a un suelo demasiado compactado. Por no hablar de errores como que se han llegado a plantar pinos de secano en césped de regadío

Javier de la Puente — Presidente de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro

El área de Medio Ambiente no coincide con todas las valoraciones previas y recalca que esta medida se ha tomado analizando los cierres que ha habido durante los años de funcionamiento de los protocolos, así como que no conlleva una disminución de la seguridad. Desde el departamento municipal trasladan que se ha detectado una menor influencia de la temperatura máxima y la humedad del suelo en la sucesión de incidencias en alerta naranja y roja. Así, el equipo de Almeida otorga a las rachas de viento una influencia mucho mayor en los desprendimientos de la que se extrae del análisis de Javier de la Puente, para quien las condiciones del suelo son igualmente determinantes.

De la Puente reclama más personal y con mayor preparación: “Lo que hace falta en el parque más valorado de España, todo un Bien de Interés Cultural, es gente especializada en arboricultura. Necesitamos recursos técnicos y humanos, que vengan ingenieros de montes o agrónomos”. La movilización de la agrupación que lidera se ha redoblado en los últimos meses, cuando los cierres han comenzado a proliferar a la par que lo hacían sus consecuencias. A comienzos de año, un temporal provocó la decapitación de dos bustos, componiendo una siniestra imagen en el corazón del Retiro. La escultura homenaje al dramaturgo Ramón de Campoamor y Campoosorio, en la que tres mujeres rodean al autor, presenta desde hace semanas a dos de ellas sin cabeza. Fue la consecuencia más simbólica de las últimas caídas de árboles y ramas.

En cuanto a la eficacia de los cierres, este apasionado y gran conocedor de la naturaleza urbana exige mayor rigor a los que se ejecutan de manera parcial afectando solo a determinados recintos, como parques infantiles o zonas caninas: “Muchas veces el Retiro se precinta por áreas, pero se llenan de niños y de familias sin que pase nada. No hay sanciones, parece que con esta nueva idea de libertad estamos acostumbrados a que nos dejen hacer cualquier cosa”. De la Puente no plantea acabar definitivamente con estos cierres parcelados, ya que coincide en que con ciertas circunstancias “hay zonas peligrosas y otras que no lo son”, pero llama a “acotar mientras se vigila”.

Sí celebra el establecimiento de un protocolo desgajado del de otros parques: “Son 500 años de historia muy ligados a la ciudad. Pero luego están las cuestiones técnicas, como que es un parque con características propias. Por ejemplo, debido a la elevada compactación de su suelo, las raíces no respiran y eso facilita que puedan caer. Este es por cierto otro punto en el que el Ayuntamiento tendría que intervenir para su mejora trayendo una tecnología más moderna”. No entra a valorar que el equipo de Almeida “se base en datos que ellos tienen para subir el límite máximo de rachas de viento de cara a los cierres”. Desde su punto de vista, lo “importante” es “potenciar el cuidado de los árboles”.

El concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha mostrado a su vez sus “dudas” ante unos ajustes del protocolo que desde su formación venían demandando: “No se ha hecho el inventario completo del arbolado que exige el propio plan director del Retiro, que debería haberse actualizado en 2021. El Gobierno de Almeida se comprometió a individualizar protocolos parque por parque y ahora plantea rebajar las exigencias de manera general y dar el asunto por zanjado”.

“Los datos que tenemos no son nada tranquilizadores, entre octubre y febrero se han producido más de 200 incidencias en el Retiro, con 50 árboles caídos y más de 150 ramas fracturadas. Si caen sobre alguna persona, pueden tener consecuencias muy graves”, alerta. Nieto lamenta asimismo que “el Ayuntamiento justifica una vez más una decisión importante en un estudio estadístico que no comparte con la oposición”. “La seguridad y el uso del parque como refugio climático son compatibles, pero no tenemos claro que lo que propone Almeida vaya a permitirlo”, concluye.

La movilización del Sindicato de Inquilinas de Madrid ante el decreto del Gobierno que prorroga cientos de miles de alquileres no se va a quedar en una campaña mediática o digital. La organización emprende desde este martes 7 de abril una concatenación de asambleas abiertas en diferentes barrios de la capital, donde asesorar a todas aquellas personas que tengan dudas sobre el procedimiento para solicitar las renovaciones o los argumentos jurídicos con los que cuentan.

“Hay que recordar que en Madrid entre 2026 y 2027 finalizarán 474.000 contratos de alquiler, afectando a casi 1,6 millones de personas”, recalcan desde el Sindicato. Todos los que deban renovarse hasta el 31 de diciembre del próximo año, sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, están englobados en el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó en marzo.

Un paquete de medidas en materia de vivienda ante el impacto de la Guerra en Irán que todavía espera una quimérica convalidación en el Congreso, pero que a criterio de muchos juristas puede mantener sus efectos incluso si la Cámara Baja no lo aprueba, siempre y cuando los arrendatarios soliciten formalmente las prórrogas antes de la previsible desestimación parlamentaria del decreto.

Las asambleas físicas llegan después de “miles de visitas desde que se lanzó la página web poderinquilino.org, en donde se explica el Real Decreto-ley sobre la prórroga de 2 años de los alquileres, los pasos a seguir y los modelos a enviar”. Ahora el Sindicato da un paso más y “sale a las calles a hablar directamente con las inquilinas e inquilinos a los que se les acaba su contrato de alquiler antes de 2028 para que pidan la prórroga”.

Arrancan este martes 7 de abril con dos asambleas a las que puede sumarse quien lo desee: a las 12.00 en la plaza Agustín Lara de Lavapiés y a las 19.00 en el Casino de Lucero (en el número 1 de la calle Luis Pando, en el distrito de Latina). El miércoles 8, a las 19.00, regresan al mismo distrito para un encuentro en la plaza del Mercado de Tirso de Molina (en el barrio de Puerta del Ángel).

La actividad continuará el fin de semana: el sábado 11 a las 18.30 en el Centro Social Okupado La Rosa (calle del Bastero, 1) y el domingo 12 desde el mediodía en la plaza de las Palomas de Tetuán (nombre oficioso de la plaza del Canal de Isabel II).

La semana que viene las asambleas se celebrán el lunes 13, a las 18.30, en El Sanky de Carabanchel (número 23 de la calle José del Río). También el miércoles 15, colofón a la iniciativa en una jornada de intensa actividad, ya que a las 19.00 tendrán lugar tres encuentros simultáneos: en la plaza Rutilio Gazis de Arganzuela, en la plaza Roja de Vallecas y en la plaza de Daoíz y Velarde de Retiro.

Estas citas excepcionales se complementan con la actividad ordinaria del Sindicato. Así, el lunes 20 de abril tendrán sus habituales asambleas inquilinas los nodos de la organización en Madrid: este (número 63 de la calle Pedro Antonio de Alarcón), sur (calle Virgen de Icíar, 15), Latina (avenida de Portugal, 79), Carabanchel (El Sanky), Centro-Arganzuela (La Rosa), Corredor del Henares (Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz) y Sierra Norte (La Cabrera).

Por último, la agrupación recuerda que todos los viernes de abril (también este día 10) el Ateneo La Maliciosa alberga sus asambleas de bienvenida. El espacio del número 12 de la calle Peñuelas se abre a inquilinos e inquilinas con interés en sumarse a la lucha cada viernes desde las 18.30.

Los límites al alquiler del decreto y cómo beneficiarse de él

Una potente movilización que busca exprimir al máximo las posibilidades de los arrendatarios. La norma hace efectiva, desde su publicación en el BOE el pasado 22 de marzo, la congelación durante dos años de todos los alquileres residenciales acogidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos con independencia de su fecha de firma, siempre que venzan desde ese 22 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2027. Solo podrán experimentar una actualización anual limitada al 2% durante el periodo de prórroga, salvo que casero y ocupante de la vivienda acuerden un alza mayor. En este último caso, además, debe tratarse un propietario no considerado gran tenedor (diez viviendas o más). Si lo es, la subida quedará obligatoriamente restringida al 2%.

El Sindicato de Inquilinas ha creado dos modelos para acogerse a la prórroga, en función de si se trata de zonas declaradas tensionadas o no. Para recibirlos, solo hay que rellenar un pequeño formulario disponible en este enlace. La portavoz de la organización en Madrid, Valeria Racu, recuerda que es una prórroga “obligatoria, pero no automática” y de ahí la importancia de actuar. El Ministerio de Consumo ha lanzado asimismo su propio modelo de solicitud.

Desde el Sindicato animan a dirigir la solicitud al domicilio del casero, que se indica en el contrato, o a la sede de la inmobiliaria en caso de que haya sido gestionada mediante esta. “En realidad, a la dirección que ponga a efectos de notificaciones en el contrato, que suele aparecer en el encabezamiento o en una cláusula concreta que se llamada dirección a efectos de notificaciones”, especifica el abogado experto en vivienda Víctor Palomo. La comunicación deberá ser por escrito y con comprobante de entrega. Aunque es posible mediante correo electrónico certificado, el método más recomendado es el burofax. Correos explica cómo se ejecutan en esta página. Las organizaciones en defensa de los arrendatarios remarcan la importancia de guardar todo documento recibido o enviado.

Dos bustos decapitados rodeados de árboles caídos componen una siniestra imagen en el corazón del parque del Retiro. La escultura homenaje al dramaturgo Ramón de Campoamor y Campoosorio, en la que tres mujeres rodean al autor, presenta desde hace días a dos de ellas sin cabeza. Es la consecuencia más drástica del temporal de viento y lluvia que ha obligado a cerrar el recinto durante varios días consecutivos en las últimas semanas, ante la concatenación de borrascas que ha azotado Madrid y muchos otros puntos del país. Un chasco para los turistas, una pérdida para unos vecinos que tienen en el parque el principal valor del barrio y una enorme preocupación para el personal que trabaja en su interior.

Todo ello con las dudas que genera un protocolo municipal de cierres “ambiguo y errático”, como lo definen vecinos del distrito de Retiro. Las clausuras se comunican con poco margen y con habituales discrepancias entre diferentes canales de comunicación (paneles físicos en las puertas, redes sociales, comunicaciones corporativas...). En contraste a esta falta de claridad, la cuenta particular Estado Parques Madrid informa pormenorizadamente a través de X y BlueSky. Lo hace de manera automática, gracias a un bot, detallando de forma automática qué parques están afectados por cada tipo de alerta.

Respecto al Retiro, con alerta amarilla se restringe el acceso a áreas infantiles, deportivas y de mayores y también a los Jardines de Cecilio Rodríguez. Con la naranja, se suman el área canina, Pinar de San Blas, Cementerio, Planteles y los Jardines de Herrero Palacios. También se suspenden los eventos al aire libre. En alerta roja se procede al desalojo y cierre completo del parque. Hay que tener en cuenta que este último caso implica la clausura durante el aviso rojo, pero también en los primeros compases de la jornada siguiente, hasta que los técnicos evalúen el estado del arbolado o las ramas y la ausencia de peligro de desprendimientos.

El modelo no convence a Javier de la Puente, presidente de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, para el que, sin embargo, el principal inconveniente está en la gestión, el mantenimiento y el diseño actuales del parque. Pocas personas han dedicado tantos esfuerzos a conocer, preservar y mejorar este pulmón de Madrid. Lo hace además con conocimiento de causa, por su formación y carrera como ingeniero de montes e ingeniero técnico forestal.

“Fíjate en las raíces”, explica a Somos Madrid señalando a uno de los troncos tumbados junto a las estatuas decapitadas. “Crecen en horizontal y no en vertical, así que van subiendo y quedándose sin anclaje. Eso es porque van buscando un agua que no les llega. Antes esta zona se regaba con manguera, pero desde que rediseñó con el formato de pradera se hace mediante aspersores. En este caso el problema ha venido del propio diseño, que se ha hecho sin el control ni el conocimiento necesarios”, expone, mientras pasa a dirigir sus miradas a un plátano de sombra cercenado por la caída de los árboles de gran porte.

Durante un recorrido por el parque, va señalando decenas de árboles torcidos o con ramas sujetadas con pilotes. Raíces desprendidas o que podrían caer en cualquier momento. Afirma que el temporal ha arrasado “más de veinte” solo en el Retiro, a los que hay que sumar varios más en sus alrededores. Cree que “faltan medios tecnológicos de primer nivel y técnicos especializados”. Sobre este último punto, recuerda que en una reciente convocatoria para dirigir la conservación del Retiro hubo un único candidato: “Me he reunido con él y es un chico muy majo, pero su formación es como abogado. Espero que se rodee de un buen equipo, porque se necesitan personas con importantes conocimientos sobre la fauna y la flora del parque. Aquí tenemos 19.000 árboles de 160 especies diferentes. Y luego está el patrimonio, es un lujo recorrer un parque repleto de palacios y monumentos. Es una pena que acaben dañados, como el de Campoamor”.

La incertidumbre de llegar al trabajo y encontrar las puertas cerradas

En Nacional Retiro, uno de esos restaurantes dentro del parque que frecuentan turistas o algún corredor en busca de reponer fuerzas, la plantilla ha vivido en sus carnes la frustración de esta concatenación de clausuras. Una joven que atiende la barra explica que han caído los ingresos, han disminuido las horas de trabajo y ahora “habrá que recuperarlas cuando venga el buen tiempo”. Cuenta a este periódico que será más sencillo cuadrarlas ya que la empresa tiene hasta tres locales en el parque. Lo peor, explica, es la falta de información: “Nosotras venimos a trabajar, porque no avisan nunca. El otro día estuvimos esperando desde las 7.00 hasta las 13.30 porque se supone que iban a abrir”.

Un apunte positivo es que no se han producido recortes de plantilla: “Como es la época de mal tiempo estamos ya los justos”. La coyuntura es más complicada en verano, cuando también son comunes los cierres en jornadas con altas temperaturas y fuertes rachas de viento, dos factores que contribuyen al desprendimiento de ramas. “El año pasado apenas cerraron por estas fechas aunque llovió y en julio sí que cerraron mucho”, recuerda la empleada. Javier pone el acento en el efecto que los cierres están causando en Florida Park, el establecimiento más conocido y exclusivo del parque: “La concesión municipal que paga el dueño es casi millonaria y ya le han dicho que por muchos días al año en los que no pueda abrir no va a haber renegociación alguna de lo que paga”.

Manuela trabaja en la Biblioteca Municipal Eugenio Trías, situada dentro del parque. Al igual que los comercios o parte del personal de mantenimiento (los más perjudicados según Javier, ya que muchos cobran en función de las horas trabajadas), el cierre del Retiro implica un cambio sustancial en sus condiciones laborales, ya que no pueden acceder a las instalaciones: “Esos días nos derivan a otras bibliotecas para labores de refuerzo. Suelen tener en cuenta nuestras preferencias para llevarnos a la que pille mejor a cada cual, salvo que alguna lo necesite especialmente por tener poca gente”. Admite en conversación con este diario la especial complejidad de este 2026: “Normalmente suelen ser tres o cuatro días al año, pero es verdad que esta vez ha sido más lío porque ha habido semanas enteras en las que no hemos podido venir”.

Una de las principales afectaciones viene por el poco tiempo con el que reciben los avisos de estos traslados: “Es el margen que la alerta permite, así que normalmente nos lo confirman prácticamente cuando ya estamos aquí”. Javier propone crear un acceso a la instalación a través de la avenida Menéndez Pelayo, pero las complicaciones técnicas y para la conservación del patrimonio dificultan la idea. “Lo veríamos bien, pero es complicado también a nivel de accesibilidad”, apunta Manuela desde su puesto de atención al público en la entrada de la biblioteca.

Willy es paseador de perros y narra a este medio las dificultades que se están encontrando en su tarea: “Los animales necesitan correr dos o tres horas al día y no los puedes soltar en cualquier sitio porque se escapan (y te multan). Hace falta un espacio grande y cerrado, por eso el Retiro es ideal”. Recalca además que otros parques cercanos, como el de la Anunciación, “están descuidados, así que en situaciones adversas son todavía más peligrosos aunque no los cierren”. Todo ello en un distrito “donde ya hay más perros que niños”.

Cuestiona la poca previsión con la que actúa el Ayuntamiento de Madrid: “Cierran cuando les da la gana, a veces estamos dentro y nos echan”. Willy lamenta que “estas dos últimas semanas han sido terribles” y se ha encontrado varias veces con la misma situación: “Llegar con tres o cuatro perros a la puerta y no entrar, lo cual como es normal les pone muy nerviosos. Los propios vigilantes están en contra y nos dicen que pongamos quejas. En la zona de perros no hay apenas árboles, es ridículo”. En su caso, además, tampoco puede desarrollar sus labores cuando se producen cierres parciales: “Las zonas infantiles balizadas se siguen usando, porque solo ponen una cinta. La de perros, en cambio, queda cerrada con llave”.

Abrir caminos y reforzar controles

Julio, otro habitual paseador de perros en Retiro, conversa con Javier sobre posibles soluciones que no trastoquen de forma tan severa el día a día de los vecinos. Ambos proponen establecer “caminos abiertos” que funcionen cuando se anuncien las alertas. Es decir, habilitar algunas de las principales vías del parque que permitan al menos atravesarlo o acudir a sus puntos más importantes.

Son conscientes de que ello implicaría reforzar los controles y la vigilancia para que nadie abandone las zonas habilitadas, aunque animan a confiar en la responsabilidad ciudadana. Creen que esta opción solucionaría otro hándicap asociado a las clausuras: “Las calles de alrededor se congestionan entre los perros, los corredores y la gente que va con prisas a trabajar por aceras estrechas. Hemos llegado a ver clases de zumba que después de la clausura han pasado del interior del parque a las aceras”, apuntan. Javier apostilla que la propia Unesco ha pedido ensanchar estas aceras como parte del Paisaje de la Luz. “Claro que eso supondría quitar un carril de coches”, desliza en tono de reproche hacia el Ayuntamiento.

La cuestión de los controles también merece las críticas de Javier. Pone como ejemplo el caso de los agentes de parques: “Se incorporaron 38 por oposición hace unos años. Pues bien, ya solo quedan 12. Lo han ido dejando totalmente desmotivados. Han perdido atribuciones y las competencias en materia de seguridad y control, sin que se aclaren sus funciones”.

El presidente de los Amigos del Retiro aboga por una gestión cohesionada y centralizada: “Algunos aspectos son competencias de la Junta Municipal de Retiro, otras del área de Zonas Verdes [dependiente de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad] y hasta tenemos espacios determinados con un carácter más institucional que dependen de la vicealcaldía. Es un sinsentido, esa falta de coordinación se acaba viendo en el mejorable mantenimiento del arbolado, en un diseño que tiene muchos errores o en la mala comunicación de las medidas que se toman por las alertas”.

Admite que en la dinámica de cierres ha tenido mucho que ver las lógicas precauciones que se han extremado desde la muerte de un niño de 4 años por la caída de una rama mientras paseaba por el Retiro con su padre en 2018. “A la alcaldesa Manuela Carmena le afectó mucho personalmente”, recuerda. La exregidora ha reconocido públicamente que el día de la desgracia fue el peor de sus cuatro años en la alcaldía. Carmena intensificó los protocolos de cierre, azuzada también por unos fenómenos meteorológicos cada vez más adversos, y el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha mantenido esta política.

En la mañana en la que Javier y Julio muestran el lado más oscuro del Retiro, el sol luce en el cielo de Madrid por primera vez en semanas. Los árboles arrancados del suelo y las raíces caídas al suelo aparecen como sombras de una batalla. Un curioso contraste con el de esos vecinos que vuelven a deambular por un parque que es clave en la identidad del distrito, hasta el punto de darle nombre: “Estoy feliz, al final en gran parte viernes a vivir a la zona por tener al lado este tesoro”, comenta una paseante que lo recorre con su bebé. Cuenta que la pequeña, recién nacida, lo está conociendo por primera vez. Porque en las quejas vecinales hay un punto de estado de ánimo, de efecto que los cierres dejan en el espíritu general del barrio. Para quien ha crecido y vivido en el Retiro, como en el futuro esta niña, un solo día sin él deja un pequeño vacío difícil de llenar.

Una “hija de rojos, nieta de feriantes, hecha a sí misma”. Un “hijo de Alfonso Ussía, bisnieto de Muñoz-Seca, heredero”. Con estas credenciales se presentaba la tertulia Ser herederos: ¿herencia o maldición?, que este miércoles 25 de febrero ha tenido lugar en la Casa de Vacas del parque del Retiro, en Madrid, entre los escritores y columnistas Ana Iris Simón y Alfonso J. Ussía.

Un acto impulsado desde la Junta Municipal de Retiro, presidida por Andrea Levy (que ha ejercido de maestra de ceremonias), como parte del programa La velada de pensar. El proyecto, según sus creadores, llevará discusiones de este pelaje a diversos centros culturales madrileños en los próximos meses. Uno de sus coordinadores es el escritor y polemista Juan Soto Ivars, quien además ha moderado este primer debate de posiciones enfrentadas o contrarias, al menos sobre el papel.

Cada interviniente ha ofrecido su punto de vista durante 15 minutos sin la presencia del otro contertulio. A continuación, una vez el público ha escuchado ambas versiones, los asistentes que han llenado el recinto han podido dirigir sus preguntas dirigidas a ambas personalidades a un número de WhatsApp habilitado a tal efecto y Soto Ivars ha seleccionado las que consideraba más interesantes. Es entonces cuando ha surgido el “cara a cara”, tal como lo ha presentado el moderador.

Las historias: el “honor” de Ussía y la “pena hacia los ricos” de Simón

La intervención en solitario de Ussía ha sido sin duda el momento más brillante, o al menos soportable, de la jornada. Puede que un poco alejado de la realidad, pues se ha presentado como un tipo que no ha heredado lo que la gente piensa, al menos económicamente (curiosamente esta tendencia a que ciertas élites se definan como poco más que pordioseros es algo que Ana Iris Simón ha criticado luego). Pero ciertamente ha tenido gracia su explicación de que cuando eres un escritor hijo de otro, además uno con un perfil tan marcado como el de Alfonso Ussía y Muñoz-Seca (fallecido en diciembre), pierdes “automáticamente a un 50% del público objetivo [el de izquierdas]”. De esa mitad “luego pierdes a otro 25 o 50%, cuando ven que tú no escribes ni eres como tu padre”.

De él dice que heredó dos cosas, por encima de todo: “El nombre y una biblioteca”. Ha asegurado que nunca tuvo la necesidad de “matar al padre” y recibe esa herencia “como un honor”, por mucho que las comparaciones estén siempre ahí. Para muestra, la presentación de una de sus novelas, que se abarrotó con lectores que en realidad creían que quien iba a acudir era su progenitor.

Ussía ha rescatado una bonita anécdota a raíz de unos versos que Joaquín Sabina, rival intelectual e ideológico de su padre, le dedicó en un libro de sonetos. El título del poema era Don Mendo no se hereda, en referencia a la obra cumbre de Pedro Muñoz Seca, abuelo y bisabuelo de los Ussía, respectivamente. Luego se llevó su correspondiente respuesta, ya que Ussía y Muñoz-Seca le animó a aprender lo que era una sílaba, pues el poema en realidad construía un soneto cojo. “Al final de la vida de mi padre tuvieron cierto acercamiento espiritual o intelectual. Fue bonito heredar esa relación de sables con un desenlace tierno”.

Al final de la vida de mi padre, Sabina y él tuvieron cierto acercamiento espiritual o intelectual. Fue bonito heredar esa relación de sables con un desenlace tierno

Alfonso J. Ussía

El monólogo de Ana Iris Simón no ha tenido tantos pasajes rescatables. Lo ha comenzado anunciado el fallecimiento de Antonio Tejero, que ha trascendido en medio del acto, y vinculándolo a la cuestión de la herencia: “La sociedad habrá mirado con condescendencia, odio y suspicacia al hijo de Tejero”. Luego ha hablado del concepto de herencia como “rémora”, con citas a Edipo o a la familia Panero que tan crudamente retrató Jaime Chávarri en El desencanto. Pero pronto ha comenzado a desbarrar. Ha explicado que “en el mundo moderno la familia, la patria, el sexo biológico o incluso la especie [primera referencia a los therians] son vistos como algo a superar”.

Luego ha hablado de “un despertar de cierta pena hacia los ricos”, por no haber vivido una infancia como la suya, tan modesta, unida y familiar, con Camela siempre sonando. “Yo lo atribuía a mi ideología pero tiene más que ver con la fe”, ha comentado antes de pasar a leer un salmo. Así, para Simón “el orgullo de clase convive con el odio de clase”. Con el tiempo, asegura, empezó a ver que “hay ricos que son buenas personas y pobres que son unos hijos de puta”.

Hay ricos que son buenas personas y pobres que son unos hijos de puta

Ana Iris Simón

Ha contado también que en su caso, paradójicamente, “gracias a contar la envidia que me daban la vida de mis padres he conseguido una posición en la que ya no me dan envidia”. Ha enlazado esta reflexión con un dardo a David Uclés: “Yo no he vendido 300.000 ejemplares y he podido comprarme un piso en Madrid”, aunque el autor de La península de las casas vacías ya matizó que podría permitírselo cuando reciba los pagos que le corresponden por esta novela. En cualquier caso, el debate debería ser si es necesario vender 300.000, 100.000 o un solo ejemplar para permitirse un piso. Piques entre autores aparte, Simón ha zanjado su miniponencia valorando que “solo tiene sentido mirar la herencia desde la naturalidad y el agradecimiento, se haya nacido en la periferia o en la cúspide”.

El debate: dos perfiles (no tan) contrapuestos

La actividad pretendía confrontar las visiones de trayectorias contrapuestas, aprovechando el nuevo lema del Ayuntamiento: “Madrid, donde se cruzan los caminos”. Pero finalmente, las coincidencias ideológicas no han sido precisamente la excepción por mucho que el recorrido vital de cada figura tenga sus particularidades. Ya se sabe que a veces los caminos se cruzan.

Pese a ello, en el debate final sí han aflorado algunas discrepancias en el terreno económico y en el papel del Estado sobre la herencia recibida. Así, aunque ambos han coincidido en revisar el impuesto de sucesiones sobre una primera vivienda, Ana Iris Simón aboga por elevar las tasas para quienes reciban “diez o veinte”. Ussía, por su parte, piensa que no debe ser así necesariamente “si alguien se lo ha ganado gracias a una idea brillante que ha ayudado a mucha gente”. Para la escritora, el problema es conseguir ese dinero “y luego gastarlo en comprar pisos, que no debería ser un bien de mercado”. Su contrincante intelectual ha acabado por aceptar este planteamiento, hasta el punto de que ha dicho estar de acuerdo con Gabriel Rufián, cuando animó en La Revuelta a los ricos a invertir en oro o cualquier cosa, salvo en casas.

Lo curioso de la postura de Ussía ha sido la contradicción manifiesta en la que ha caído. Si por un lado se opone a que el impuesto de sucesiones menoscabe los logros conseguidos por un padre, rechaza igualmente que los hijos hereden deudas por los deméritos de sus progenitores. La fortuna debe heredarse para perpetrar el privilegio, sin injerencia del Estado, pero ante la desgracia ese mismo Estado debe venir en socorro.

El intercambio de opiniones ha llevado hasta una confrontación de los modelos estadounidense y chino, después de que Ussía hablase del “desastre” del comunismo y los sistemas que tienden a igualarnos por abajo. Ana Iris Simón ha apostillado que “en China un 90% de la gente joven tiene acceso a la vivienda mientras en Estados Unidos la gente se muere en la puerta de los hospitales”, para concluir que “de la libertad no se come”. Ussía ha contrarrestado con las bondades del sistema democrático y el electoralismo, pero Simón ha recordado que “quien se muere en los hospitales lo hace con Trump y lo haría con Kamala Harris”.

La periodista pronto ha virado el discurso a su habitual cuestionamiento de las libertades individuales, asegurando que “las últimas generaciones las han prevalecido sobre las colectivas, sobre todo desde la izquierda”. La clásica falsa dicotomía entre luchas que pueden y deben ser perfectamente compatibles, que de hecho se retroalimentan entre ellas (por no hablar de que es la derecha quien vive absolutamente obsesionada con las cuestiones de índole identitaria). Luego ha sugerido que la vida sin descendencia está poco más que condenada al nihilismo: “Sin hijos no trabajamos igual, no solo a un nivel asalariado, sino también en otros aspectos de la vida. Me he dado cuenta que sin hijos no me interesaba realmente el estado de las cosas”.

Me he dado cuenta que sin hijos no me interesaba realmente el estado de las cosas

Ana Iris Simón

La conversación, que casi ha parecido una síntesis del choque entre esa derecha ayusista o neoconservadora frente al camuflaje obrerista del nuevo Vox de Carlos Hernández Quero, ha acabado derivando en mofas al (artificial) fenómeno therian, a raíz de una pregunta sobre esas personas que dejan su herencia a mascotas. Un caso igual de puntual (habría que ver si real) que el de dichos therians, que ha servido a Ussía para comentar que al salir del acto “te puedes encontrar a un par de leones peleándose” y a Soto Ivars bromeando con “un aumento de la zoofilia si te enteras de que el perro heredero está forrado”. Simón, con su tendencia a llevar las cosas a lo material, mencionó la noticia de “un gato que heredó un piso que no quedó libre hasta que se murió” para lamentar luego que “como ya no puedes meter a esa persona en un psiquiátrico cuando muere pasa eso, en vez de dejárselo al pueblo”.

Los futuros invitados de más tertulias “civilizadas” y sin “zascas” con el respaldo del Ayuntamiento

El austero cartel del debate auguraba ya emociones fuertes en un acto englobado dentro del programa La velada de pensar. Una iniciativa que toma su nombre de La velada del año, los combates de boxeo aderezados con música y misceláneas varias que el influencer Ibai Llanos organiza una vez el año. “Lo estamos montando en los centros culturales de los distritos, un jueves de cada mes en uno diferente”, ha relatado Soto Ivars en un vídeo publicado este miércoles en su canal de YouTube, donde se podrán ver estas jornadas después de su celebración.

El escritor y polemista presenta la iniciativa como “un tipo de debate diferentes a los de televisión y redes, para que se escuchen dos visiones contrapuestas de un tema polarizador sin que estén discutiendo o el discurso se mueva en función de lo que el otro dice”. Habla de “escuchar a la otra parte evitando las interrupciones y los zascas, con una forma de debatir civilizada”. En la publicación de su canal, Soto Ivars avanza algunos futuros ponentes de La velada de pensar: Pedro Herrero (autor de Extremo centro: el manifiesto), la opinóloga Estefanía Molina, el periodista Arcadi Espada o la también periodista Marta Peirano, investigadora sobre tecnológicas y autora del libro El enemigo conoce el sistema.

Este periódico ha consultado a fuentes del Ayuntamiento de Madrid el presupuesto o las retribuciones para esta velada de pensar, que promocionan también a través de canales oficiales, y las que están por venir. En su respuesta no concretan cifras, aunque indican que “la empresa ganadora del contrato para la organización de los eventos del distrito es la responsable de elaborar una programación para todo el año, en la que se incluyen jornadas y conferencias”. Recuerdan que el año pasado “estuvieron el filósofo Jorge Freire y la escritora Carmen Posadas”.

Breve historia de tres opinadores

Redactora en cabeceras como VICE España, Ana Iris Simón saltó a la fama en 2020 por la publicación de Feria, una obra autobiográfica y ensayística en la que reivindica sus raíces rurales y analiza las expectativas frustradas de su generación. Muy mediática fue su intervención en un acto sobre la España vaciada en la Moncloa en 2021, cuando criticó la precariedad estructural que afecta a los jóvenes al tiempo que reivindicaba “rescatar la importancia y el valor de las comunidades orgánicas en toda su complejidad, sin remilgos ni moralinas: la familia, el municipio, la patria”. También “reivindicar la masculinidad de mi hermano, de mi abuelo, de mis amigos y de mi padre, que cumple con muchísimos de los estereotipos de lo que ahora se ha convenido en llamar el hetero básico”. Desde entonces se ha convertido en tertuliana de programas como Espejo Público, además de publicar una columna semanal desde 2023 en El País.

Por su parte, Alfonso J. Ussía es hijo del escritor y periodista Alfonso Ussía y Muñoz-Seca, fallecido en diciembre. El abuelo materno de este fue el dramaturgo Pedro Muñoz Seca, autor de La venganza de Don Mendo fusilado en Paracuellos, y estaba emparentado también con Jaime Milans del Bosch y Ussía, el único capitán general que sumó sin reservas al intento del golpe de Estado del 23-F. Alfonso J. Ussía colabora o lo ha hecho en diversos medios: The Objective, El Confidencial, ABC u Onda Cero. En 2024 publicó el ensayo Borroka. Años de plomo y sangre, sobre la lucha de la Guardia Civil contra ETA, y en 2025 Bajo cielo, particular recorrido por Madrid con prólogo de Andrés Calamaro. Libro este último de la editorial Círculo de Tiza, como en el caso de Feria. Ussía ha compaginado esta faceta de cronista con la de redactor de discursos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, labor que llevó a cabo como parte de su gabinete de comunicación entre 2023 y 2024.

Respecto a Juan Soto Ivars, es un adalid de la “poscensura” desde la publicación de su ensayo Arden las redes en 2017. Las críticas a lo que denomina las batallas culturales, sobre todo las que emprende la izquierda, pueblan otras de sus obras, como La casa del ahorcado o La trinchera de las letras. Pese a esa supuesta censura imperante que para algunos es simplemente libertad de crítica, lo cierto es que no ha parado de publicar libros ni su voz ha dejado de escucharse en todo tipo de medios de comunicación en los últimos años. Ha colaborado o colabora en Radio Televisión Española, laSexta, El Mundo, TV3 o Cuarto Milenio y Horizonte, programas de Iker Jiménez en Cuatro. A finales del año pasado lanzó el controvertido ensayo Esto no existe, sobre denuncias falsas de violencia de género.