La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha anunciado este jueves su intención de ser la candidatura de la formación morada a la presidencia de la Región de Murcia para las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

Este jueves se ha abierto el proceso de Primarias del partido, mediante el que se elegirá no solo la candidatura al Parlamento autonómico, sino también las candidaturas a la alcaldía de Murcia y Cartagena y a la Coordinación Autonómica y la Asamblea Ciudadana Autonómica del partido. Desde este jueves hasta el 13 de septiembre se podrán presentar candidaturas y del 5 al 11 de octubre se realizarán las votaciones por vía telemática.

“La política desgasta. Tiene un coste personal alto. Te quita tranquilidad y tiempo con la gente que quieres, te deja muchas cicatrices. Pero hay algo que yo no he aprendido a hacer en estos años: mirar hacia otro lado”, ha explicado Marín en una rueda de prensa celebrada en la sede de Podemos de Murcia.

“No puedo hacerlo”, ha proseguido, “ante una injusticia”. “No puedo hacerlo viendo lo que está ocurriendo con nuestra tierra. Y no quiero acostumbrarme a escuchar que la Región de Murcia tiene que conformarse con lo que hay. Podría haber decidido que ya era suficiente”. Marín ha manifestado que sigue teniendo capacidad para indignarse y ganas de pelear. “Y sigo creyendo que la política merece la pena cuando sirve para mejorar la vida de alguien”. Marín ha dado “un paso más” sabiendo “lo difícil que es”. “Pero teniendo claro algo: quedan muchas batallas que merece la pena dar por la gente de mi tierra”.

Víctor Egío, a por la Coordinación Autonómica

Por su parte, Víctor Egío ha confirmado que da un paso adelante para asumir la coordinación de Podemos en la Región de Murcia “en un momento complicado ante el avance de la ultraderecha” tras la marcha de Javier Sánchez Serna, a quien ha agradecido su “inmenso trabajo y la tenacidad” que ha demostrado a lo largo de los últimos siete años. “Gracias a Javier, Podemos es hoy la referencia de la izquierda alternativa en la Región de Murcia”, ha aseverado.

Egío ha reivindicado su afán de “estar con la gente en la calle”, bien sea en una huelga del metal, en la puerta de un colegio apoyando las protestas de la comunidad educativa, o con los conductores de autobús, que este jueves van de nuevo a la huelga para reclamar más derechos y una mejora del transporte público. “Eso es lo que voy a hacer por esta organización. Me voy a dejar la piel, voy a hacer lo que he hecho siempre: trabajo, trabajo y trabajo”.

El candidato a la coordinación de la formación morada ha trasladado además su “total apoyo” a la candidatura de María Marín a la Asamblea Regional. “Llevo siete años trabajando codo con codo con María, ha dado todas las batallas en esta Región, por la sanidad, por la educación pública, por la contaminación, al lado siempre de los más débiles, y no se me ocurre mejor persona para recuperar la Región de Murcia para su gente”.

Proceso de primarias abierto 

El secretario de Organización de Podemos, Ángel Luis Hernández, ha explicado finalmente la apertura de un nuevo proceso de Primarias autonómicas, municipales y a la Asamblea Ciudadana Autonómica en la formación morada. “Hay algo que forma parte de nuestra identidad. En Podemos, las personas inscritas son quienes eligen tanto a nuestros representantes políticos como a su dirección política”.

Hernández ha agradecido también a Sánchez Serna su “excepcional trabajo” durante su periplo al frente de Podemos. “Esa inteligencia política que ha demostrado siempre seguirá acompañándonos”, ha admitido. El secretario de Organización ha admitido que la Región de Murcia afronta un “momento político decisivo”. “Después de décadas de gobiernos del PP, tenemos muchos problemas que no pueden esperar, como el deterioro de los servicios públicos, la dificultad de acceso a la vivienda, la precariedad laboral, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, la desigualdad y el avance desmesurado de la ultraderecha”, ha concluido. 

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha recibido hoy a Antonia Mayol, afectada, junto a otros miembros de su familia, por una orden de desahucio de su vivienda en Alcantarilla prevista para el próximo 22 de septiembre.

Durante el encuentro, al que han asistido representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Jose Antonio Vives, Francisco Morote y Joaquín Sánchez, el delegado del Gobierno les ha transmitido todo su “apoyo” y el “compromiso de trabajar” para intentar avanzar en una solución al problema habitacional ocasionado por el desahucio.

Lucas ha informado que realizará diversas gestiones para intentar aplazar el desahucio y, al mismo tiempo, hablar con el Ministerio de Vivienda y la SAREB por si existiera alguna solución que permita realojar a los afectados.

Tanto la familia como los representantes de la Plataforma han agradecido el interés del delegado del Gobierno por este asunto y han mostrado su deseo y confianza en que se pueda encontrar una solución satisfactoria.

El diputado en el Congreso y actual coordinador de Podemos en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, no se presentará a las primarias para renovar la dirección autonómica de su partido. Así lo ha anunciado a través de sus redes sociales, poniendo fin a siete años al frente de la formación en la comunidad autónoma.

“Dirigir también implica saber cerrar etapas, organizar relevos y prepararse para los escenarios por venir. Por eso, he decidido convocar una Asamblea Ciudadana extraordinaria para renovar la dirección autonómica e impulsar nuevos liderazgos”, ha explicado.

Por el momento, el favorito para sucederle es el actual secretario de Comunicación de Podemos en la Región y exdiputado del parlamento murciano, Víctor Egío. En su despedida, Sánchez Serna ha apoyado expresamente su candidatura: “Sé que tiene la inteligencia, el compromiso y la firmeza para conducir nuestra organización en estos tiempos oscuros”. Al proceso pueden presentarse otros candidatos.

Sánchez Serna continuará su labor en el Congreso de los Diputados. Precisamente este miércoles dará la réplica a la Ministra de Transición Ecológica en la comparecencia en la que tiene que dar cuentas sobre la gestión de los incendios por parte del Gobierno.

El aún coordinador en la Región de Murcia asumió su cargo en el año 2019, un momento que él mismo ha definido como “especialmente convulso”, marcado por la dimisión de Óscar Urralburu, que dejó la formación morada para integrarse en Más País.

“En este tiempo he tenido el privilegio no solo de dirigir un proyecto de izquierdas valiente -que no se ha achantado ante caciques y fascistas-, sino también de trabajar con compañeros excepcionales, de esos que hacen que la militancia cotidiana valga la pena”.

Los populares han conseguido la toma en consideración de su reforma de la Ley del Mar Menor en la Asamblea de la Región de Murcia. Y lo han hecho esquivando a Vox y uniendo fuerzas con José Ángel Antelo y Virginia Martínez, los dos exdiputados de Abascal que ahora forman, junto a los parlamentarios de Podemos, parte del Grupo Mixto. Las otras dos propuestas de modificación de la norma, la de Vox y la de Podemos, no han logrado reunir los apoyos suficientes.

La modificación abarca, tal y como define el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, “un punto de un artículo y una disposición adicional”. Aunque el portavoz insiste en que “lo que estaba prohibido va a seguir estando prohibido y lo que estaba permitido va a seguir estando permitido”, de aprobarse la modificación de la normativa vigente se rebajarán sanciones y condicionarán castigos a los infractores que contaminen la laguna salada: sustituye el régimen autonómico de sanciones sobre nitratos por el estatal, lo que en la práctica rebaja las horquillas de las multas; la comisión de infracciones graves o muy graves pasan de conllevar la pérdida automática del derecho a subvenciones públicas durante dos años a que esto solo sea una posibilidad; y elimina la obligación de que las explotaciones agrícolas y ganaderas contraten las Entidades Colaboradoras de la Administración Agraria (Ecarm) para las inspecciones.

Junto a la iniciativa de los populares, el Pleno someterá también a toma en consideración las propuestas registradas por Vox y por Podemos en el Grupo Mixto. La formación de Santiago Abascal plantea una reforma que, además de revisar las restricciones a la actividad agraria, excluye al municipio de Fuente Álamo de determinadas restricciones, “al no existir conexión entre su acuífero y el acuífero Cuaternario”. El Grupo Mixto, por su parte, ha registrado su propia propuesta de modificación de la ley para restringir la expansión de las macroplantas fotovoltaicas en la cuenca vertiente.

Contaminar sin perder la subvención

Uno de los cambios más controvertidos se ha logrado modificando una sola conjugación verbal. La reforma toca el artículo 83.4, que restringe el derecho a acceder a subvenciones públicas a los infractores. En el nuevo texto, se sustituye “conllevarán”, por “podrán conllevar”, lo que supone que la pérdida del derecho a subvenciones públicas durante dos años pase a ser tan solo una posibilidad, en lugar de una consecuencia automática. “Los infractores y no infractores van a competir en igualdad de condiciones para acceder a una subvención, ¿quién va a querer cumplir la ley si no tiene ninguna repercusión?”, plantea Carmina Fernández, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia.

Para Podemos, el cambio deja esa decisión en manos de la Administración. “Dependerá del criterio de la Consejería”, sostiene su portavoz, María Marín. “Rebajan el régimen sancionador, que lo aplican los jueces, para así poder suavizar todo aquello que escapa del control del Gobierno regional y el Partido Popular”, abunda Fernández.

Por su parte, el portavoz de Vox en la Asamblea regional, Rubén Martínez Alpañez, cuestiona que la reforma no vaya más allá en la revisión de las consecuencias de las sanciones. A su juicio, que una infracción grave o muy grave tenga aparejadas restricciones sobre las ayudas es razonable, pero reclama que las mismas reglas se apliquen a todos los agricultores.

Rebaja de la horquilla sancionadora

En el año 2022, dos años después de que saliera adelante la Ley del Mar Menor, se aprobó la ley estatal 30/2022, por la que se regula el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas. En el texto, se establece un régimen sancionador en materia del uso sostenible de nutrientes en la agricultura. De aprobarse la modificación, se aplicará este marco general, pensado para la generalidad nacional y que no tiene en cuenta la vulnerabilidad de la laguna.

Se trata de otro de los puntos que cuestionan desde la oposición. Marín sostiene que la Ley 30/2022 no obliga a eliminar los regímenes específicos de las comunidades autónomas y cita el artículo 27.1 de la norma, que establece que el régimen estatal se aplicará “salvo en las comunidades autónomas que dispongan de régimen sancionador específico, en las que se aplicará dicho régimen”. La diputada considera que este precepto permite mantener el régimen sancionador específico de la Región de Murcia y cuestiona el argumento utilizado por el PP para modificarlo.

“Una situación de contaminación y de desequilibrio excepcional como tiene el Mar Menor, necesita una legislación excepcional, que es la Ley de Protección del Mar Menor. La laguna salada es el espacio más degradado que hay en todo el Mediterráneo y no podemos aplicarle las mismas sanciones que a otros sitios”, reclama Fernández.

“Existe el principio legal de no regresión ambiental, que indica que no se pueden dar pasos atrás en la protección de espacios naturales si no están justificados. Y en este caso está claro y a la vista está que no están en absoluto justificados”, recuerda la portavoz socialista.

Por otro lado, Alpañez coincide con los populares en que se debe equiparar el régimen sancionador de la laguna al estatal, argumentando que la normativa específica del Mar Menor se diseñó en un contexto de mayor deterioro de la laguna y que mantenerla para los agricultores del Campo de Cartagena supone un trato discriminatorio respecto al resto de productores de la Región. “Se está dando el mismo trato a todos los agricultores salvo a los del Campo de Cartagena”, afirma Alpañez, que califica esta situación de “apartheid”.

Eliminación de las Ecarm

Con la modificación el control de las explotaciones agrícolas y ganaderas a través de las Ecarm pasará de ser una obligación a una sugerencia, dado que el nuevo texto cambia “tendrán la obligación” por “podrán contratar”.

“Si ya era complicado la participación de las Ecarm en la gestión del Mar Menor, ahora las van a hacer absolutamente innecesarias”, lamenta Fernández.

Marín cuestiona igualmente la eliminación de la obligación de contratar las Ecarm y considera que supone perder una vía de control en un contexto en el que, a su juicio, los medios de inspección de la Administración son ya insuficientes.

Sobre las Ecarm, Vox respalda la eliminación de su obligatoriedad, aunque defiende que sea la propia Comunidad Autónoma la que asuma las labores de control. Alpañez califica de “disparate” que los agricultores tengan que contratar obligatoriamente a una empresa para verificar el cumplimiento de la normativa y considera que no deberían tener que “estar defendiendo permanentemente su inocencia”, por lo que, a su juicio, que dejen de ser obligatorias es “un paso importante”.

Vox: la modificación avanza sin el partido que la exigió

La iniciativa del PP tiene además un recorrido político particular. La reforma de la Ley del Mar Menor fue una de las exigencias que Vox incluyó en el acuerdo presupuestario alcanzado con el PP para 2025, una proposición que los populares presentaron en diciembre de ese año. Se concibió al dictado de los de Abascal, llegando a modificarse en febrero para incluir la eliminación de la obligatoriedad de las Ecarm y así contentarlos cuando Antelo aún estaba al frente de este partido.

Sin embargo, la propuesta que ahora impulsa el Gobierno regional no cuenta con el respaldo de Vox, sino con el de Antelo y Virginia Martínez, que abandonaron la formación poco después y se integraron al Grupo Mixto.

Casualmente, el día antes de que se presentase la proposición para modificar la Ley del Mar Menor, Antelo y Martínez se reunieron con la Fundación Ingenio, colectivo civil que asegura aglutinar al 85% de los agricultores del Campo de Cartagena. El pasado martes, vísperas del debate, se reunieron con más representantes del sector agroalimentario: “No estamos aquí para bloquear por bloquear ni para hacer ruido. Estamos para conseguir resultados. Mañana tenemos la oportunidad de empezar a corregir una injusticia histórica con el campo murciano y vamos a aprovecharla”, aseguraron.

Los cambios ya generaron una fuerte contestación cuando el PP registró su propuesta a finales de 2025. Organizaciones ecologistas y expertos en derecho ambiental alertaron entonces de que la rebaja del régimen sancionador podía vulnerar el principio de no regresión ambiental, que impide a las administraciones reducir sin una justificación suficiente el nivel de protección alcanzado para un espacio natural.

La reforma también encuentra una oposición frontal en la oposición parlamentaria. Marín considera que el Gobierno regional pretende rebajar las exigencias de una ley cuyos instrumentos fundamentales, a su juicio, todavía no se han desarrollado plenamente. “

“El Gobierno regional no la está cumpliendo [la Ley del Mar Menor] desde su aprobación”, afea la portavoz de los socialistas, que recuerda que el Ejecutivo regional todavía no ha elaborado un Plan de ordenación territorial de la cuenca vertiente, aprobado el programa de actuación de la contaminación por nitratos en el campo de Cartagena o un estudio de los puertos de la laguna salada.

La portavoz de Podemos acusa además al PP de actuar “al servicio de sus amos, el agro y la construcción” y sostiene que pretende “cargarse la protección, el mantenimiento, la restauración y el deber que tienen como Administración de conservación del medio ambiente”.

La diputada también endurece sus críticas al PP por el modo en que, según sostiene, está defendiendo la modificación. “Estoy muy cansada de que el PP intente usar la falta de conocimiento de todas estas cuestiones para hacer lo que le da la gana”.

La posición de Podemos choca también con la de los dos diputados cuyo apoyo permite al PP sacar adelante su iniciativa. Marín resta importancia a la postura de Antelo y Virginia Martínez y sostiene que habrían respaldado la reforma aunque el PP hubiera presentado otro tipo de modificación. “A mí la postura de Antelo y Martínez me trae sin cuidado”, afirma. La portavoz asegura que su partido ya advirtió en abril de una operación de transfuguismo vinculada a la aprobación de otras iniciativas del Gobierno regional. “Lo dijimos hace cuatro meses y se ha cumplido todo, desgraciadamente, todo al dedillo”, afirma. Marín acusa a ambos diputados de estar “vendidos al PP”.

La posición de Vox marca también una distancia clara con la de Antelo y Virginia Martínez, a quienes Alpañez acusa de tránsfugas: “Se han entregado a los brazos del PP y han dado carta blanca” al Gobierno regional.

Más de medio año después de la crisis interna de Vox, con implosiones en Madrid, la Región de Murcia y Castilla y León, Santiago Abascal aún no ha conseguido recoger todos los escombros. Después de que Vox expulsase del partido a su antiguo presidente provincial y portavoz del grupo en el Parlamento murciano, José Ángel Antelo, el diputado no ha abandonado su escaño en la Asamblea Regional. Permanece en el Grupo Mixto junto a otra desencantada de la formación de extrema derecha, Virginia Martínez.

Frente a otros residuos que los de Abascal han logrado depurar del resto de parlamentos regionales, Antelo y Martínez representan en Murcia la fragmentación de la extrema derecha y tienen el potencial de cambiar el tablero político de la Comunidad. El PP, con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta, podría desembarazarse de la dependencia que hasta ahora ha mantenido con Vox. “Con la implosión de Vox, se abren las posibilidades de negociación a Fernando López Miras. El PP es el principal beneficiario en el corto plazo de esta escisión del partido de Vox”, apunta el director técnico del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) de la Universidad de Murcia (UMU), Alberto Mora.

“Vamos a un modelo de final de legislatura más transaccional, con una negociación casi iniciativa por iniciativa. Tanto a Vox como a Antelo se les plantea un reto porque, por un lado, tienen que diferenciarse entre ellos, y por otro tienen que conseguir ser visualizados por parte de la opinión pública como partidos posibilistas, de gestión”, abunda.

De esta forma, podríamos estar ante unas negociaciones presupuestarias muy diferentes a las del pasado ejercicio. Entonces el proceso fue agónico, sellado en junio, y los populares tuvieron que ceder, concesión tras concesión, para contentar a los de Abascal, siendo las más polémicas el cierre de un centro de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz y la eliminación de subvenciones a sindicatos y patronal.

“Tanto Antelo como Vox tienen que sacar rédito en este proceso de negociación, ya sea con una modificación de la Ley del Mar Menor o con cuestiones vinculadas a la seguridad y la migración. Tienen que sacar partido, pero no pueden ser especialmente incisivos o duros en el proceso de negociación con el Gobierno regional porque tienen que competir entre ellos”.

Por su parte, el codirector del CEMOP, Ismael Crespo, duda de que López Miras se arriesgue a negociar con Antelo: “Sacar los presupuestos adelante con Antelo tendría un coste político muy bajo. El problema es que al año siguiente, el PP gobierna con Vox. No le conviene enfadarlos [a los de Abascal]”. “Tampoco creo que vaya a haber presupuestos, no le veo sentido. Sería una negociación que se comería prácticamente todo el primer cuatrimestre del año próximo, le darían el dominio de la actualidad a Vox. El PP se quedaría recibiendo golpes y desgaste parlamentario”.

¿Cuánto le queda a Antelo en el Parlamento murciano?

Posiblemente, el principal factor que disuade a López Miras de negociar con Antelo es que duda de su supervivencia. “Habrá que ver si Antelo logra finalmente cristalizarse en un nuevo partido político o en una agrupación de electores, y presentarse a las elecciones”, señala Mora.

“Pero no es solamente crear un partido político y crear estructuras, es tener las élites suficientes para poder conformar una candidatura y tener cierta vertebración territorial. Y eso es difícil”, describe el politólogo. “Para tener una plataforma tiene que haber una coalición detrás, tanto económica como social. Y no veo incentivos en los sectores que están apoyando a la extrema derecha en la Región de Murcia para cambiar los huevos de cesta”, observa Crespo.

Incluso si Antelo consiguiera crear una formación política solvente, debería enfrentarse a la aritmética electoral. “De crear un partido, se abre otro de análisis político porque tendría que alcanzar el 3% de los votos en la Región de Murcia. No es sencillo, tendría que conseguir en torno a unos 20.000 votos aproximadamente”, cuantifica Mora. “Es verdad que Antelo parte de una posición, digamos, ciertamente ventajosa, al haber liderado Vox durante un tiempo y tener niveles de conocimiento razonablemente altos”.

El último barómetro del CEMOP, con muestras que se tomaron hasta el 6 de febrero, tan solo unas semanas antes de que Antelo fuera expulsado de Vox, el político quedó en segundo puesto en los índices de conocimiento del candidato y valoración, con casi un 62% de conocimiento y una nota de 3,5 sobre 10. Respecto a la evaluación que realizaban sus propios votantes, empató con López Miras con un 6,6: “[Antelo] está en una posición favorable para empezar a competir, porque el nuevo liderazgo de Vox todavía está por configurarse”, analiza Mora.

Por su parte, el codirector del CEMOP no observa estos datos con tanto optimismo. “El PSOE había cambiado de líder. Entonces [Francisco Lucas Ayala] era una persona un poco más desconocida. Antelo llevaba muchos años bregando y María Marín [Podemos] suele mantener esos índices”, recuerda, concluyendo que no ve signos de que Antelo vaya a consolidar una posición si no tiene ayuda externa.

Mientras, conviene recordar que Antelo no se ha pronunciado sobre su voluntad de constituir un partido político. “Espinosa de los Monteros ya comentó que se estaba planteando hacer una plataforma entre algo de lo que quedaba por ahí de Ciudadanos y Vox. Una opción para ellos sería que utilicen Murcia como experimento, lanzando una plataforma aquí”, teoriza Crespo. Pero el tiempo, recuerda el politólogo, “se les va agotando”.

Alvise, ¿competencia de Vox en Murcia?

Mientras que Antelo —por el momento— no tiene plataforma ni apoyos, hay una formación que ya ha obtenido resultados. “No descarto que Alvise vaya a rozar la entrada en la Asamblea Regional”, apunta Crespo.

Tal y como recuerda el politólogo, el partido de Alvise, Se Acabó La Fiesta (SALF), obtuvo buenos resultados en ecosistemas políticos similares al de Murcia. “Almería es un referente para nosotros porque se comporta de forma muy parecida a Murcia. En esta provincia Alvise ha conseguido el 2,9% de voto en las últimas elecciones autonómicas en Andalucía”, señala. “En Aragón obtuvo 17.000 votos. Si tenemos en cuenta que Murcia tiene una mayor concentración de territorio urbano, Aragón tiene la misma población electoral que Murcia [poco más de un millón]. Alvise sacó 17.000 votos, que fue el 2,7%”.

Mientras que, tal y como recuerda Crespo, Antelo necesitaría de los apoyos tradicionales para prosperar como partido, la formación se mueve por unos códigos novedosos que podrían garantizarle votos también en la Región de Murcia: “Alvise vive en un ecosistema diferente, de Telegram y redes sociales. No necesita el apoyo de, por ejemplo, un empresario. Le veo con más posibilidades”.

¿Qué papel asume el PP?

El pasado 27 de agosto, López Miras abrió el curso político murciano con un duro discurso antimigratorio llegando a pedir la intervención militar: “Pido al presidente del Gobierno, ante su pasividad e inacción y comprobando que la situación está lejos de estar controlada, que active los medios necesarios, incluso los militares”.

“Da la sensación de que, digamos, el PP ha recuperado cierta iniciativa en esos espacios o esos temas de discusión en la agenda política. También es verdad que la agenda mediática y la agenda pública en general están condicionadas por estas cuestiones y ha dejado de estar a la expectativa de por dónde va Vox”, observa Mora.

Referirse a una embarcación con migrantes a bordo como una “narcolancha” o describir a sus ocupantes como “encapuchados” son términos que se estrenaron en esa comparecencia del presidente murciano. Pero la estrategia detrás de este vocabulario, tal y como indica Crespo, viene de Madrid: “El Partido Popular de la Región de Murcia vive sobre la base de los argumentarios del PP nacional de Génova. No creo que tenga un discurso propio y menos en temas nacionales como la inmigración”.

“Quizá nos puede sorprender un poco más porque López Miras suele ser más cauto en este tipo de cuestiones. Pero creo que está repitiendo una estrategia del Partido Popular: endurecer su discurso para asemejarse a Vox en los puntos de anclaje que tiene con el voto, los de inmigración y seguridad”, abunda. Para el codirector del CEMOP, esta estrategia de los populares viene tarde: “La batalla por el tema de la inmigración y la seguridad ya está perdida. El votante de centro moderado, con este tipo de discursos, se aleja del voto al PP”.

El ayuntamiento de Torre Pacheco ha puesto en marcha este viernes una nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana que busca castigar las conductas discriminatorias entre sus vecinos. Se trata de una medida que entrará en vigor un año después de los disturbios racistas que asolaron al municipio, y coincidiendo con la crisis migratoria de Ceuta.

“Las conductas tipificadas como infracciones en este capítulo encuentran su fundamento, constitucional y legal, en la necesidad de evitar en el espacio público todas las prácticas individuales o colectivas que atenten contra la dignidad de las personas, así como las prácticas discriminatorias de contenido xenófobo, racista, sexista, homófobo o de cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social, especialmente cuando se dirijan a los colectivos más vulnerables”, explica el segundo capítulo de la normativa, que regula los Atentados contra la dignidad de las personas.

El texto prohíbe, entre otras conductas, “el menosprecio a la dignidad de las personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, sea de contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo, o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

La normativa penaliza un gran abanico de conductas que puedan hacer peligrar la convivencia en el seno de la localidad, por lo que además de las conductas discriminatorias también castigará la mendicidad organizada y coercitiva, el ofrecimiento y demanda de servicios de naturaleza sexual o el vandalismo y la contaminación.

Las infracciones de esta ordenanza pueden suponer multas de 3.000 euros en el caso de las muy graves, 1.500 en las graves y 750 en las leves. En su contenido prohíbe explícitamente “insultos, burlas, molestias intencionadas, coacción psíquica o física, agresiones u otras conductas vejatorias”, tanto por escrito como por palabra.

Tampoco tolerará “la colocación en propiedad privada –y que sean visibles desde la vía pública– de objetos que impliquen menosprecio o discriminación de contenido xenófobo, sexista, racista, aporofóbico, o por razón de religión, orientación sexual, pensamiento o cualquier otra circunstancia personal, económica o social”.

El 22 de mayo no cabía un alfiler en la sala de plenos del Ayuntamiento de Murcia. Más de 200 personas arroparon la toma de posesión de Rebeca Pérez como nueva alcaldesa, en un acto que sirvió también para escenificar el respaldo del Partido Popular a la sucesora del fallecido José Ballesta. Entre los asistentes estaban el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, una representación de peso que llegaba después de que, apenas diez días antes, Alberto Núñez Feijóo hubiera viajado a Murcia tras el fallecimiento de Ballesta y coincidido con Pérez, entonces alcaldesa en funciones, y con López Miras.

La fotografía de aquel día y la presencia de Tellado en la investidura dibujaron el cierre de filas de las direcciones regional y nacional del PP en torno a la nueva alcaldesa.

“Más allá de su carácter simbólico, ese respaldo conjunto responde a una lógica claramente estratégica”, valora el politólogo Alberto Mora, director técnico del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Murcia (UMU). El objetivo, explica, era cerrar cuanto antes cualquier posible crisis de sucesión, despejar las dudas sobre el liderazgo y evitar que Pérez afronte las elecciones de 2027 bajo la sombra de la provisionalidad. Pero la operación trasciende el ámbito municipal: “Murcia es una plaza central para el PP, no solo en el ámbito regional, sino también en su estrategia nacional”, subraya Mora.

Con el respaldo del partido asegurado, Pérez afronta ahora el reto más complejo: dejar de ser la sucesora de Ballesta para construir un liderazgo propio. Para ello, apunta el analista, tendrá que demostrar capacidad de gestión y establecer un vínculo propio con la ciudadanía, también a través de una comunicación eficaz de esa gestión.

La propia alcaldesa sitúa su mandato en ese equilibrio entre continuidad y cambio. En el balance de sus primeros cien días, asegura que ha tratado de “preservar un legado” y una forma de entender Murcia que compartió durante años con Ballesta, pero también de “imprimir mi propia manera de gobernar”, basada, dice, en la cercanía, la escucha y la presencia en barrios y pedanías.

Pérez asegura que su llegada a la alcaldía ha supuesto una etapa de “aprender, escuchar y, sobre todo, trabajar”, pero evita presentar estos primeros meses como una ruptura con su antecesor. Su objetivo sostiene, es que el Ayuntamiento mantenga en marcha los grandes proyectos mientras ella imprime su propio estilo al Gobierno municipal.

El portavoz socialista del Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, descarta cualquier tipo de ambigüedad en el balance y aprecia en el Gobierno de Pérez “una continuidad en la política del anuncio que se ha hecho ya”. “Desde que está gobernando el PP hace 30 años no se ha hecho nada relevante en Murcia. Hacen grandes promesas, continuos proyectos que suponen cambios 'históricos' y luego publicitan que han cambiado cuatro farolas o que se han construido 20 metros de acera”.

Murcia sale mal parada al ser comparada con la evolución reciente de otras capitales de provincia cercanas como Almería, Granada o Alicante, a ojos de Ruiz Maciá. “Estamos hablando de que para el nuevo plan de ordenación están diciendo como objetivo terminar las costeras, que se tenían que haber finalizado hace 15 o 20 años. ¿Entonces, como el tranvía, como el transporte público? Hay una política de conformismo porque hay una política de anuncio, cartel y espectáculo, como la del árbol de navidad”, apunta el portavoz socialista, al tiempo que señala los problemas de limpieza que experimenta la ciudad y la situación de abandono en la que se encuentran muchos de sus colegios públicos.

Una nueva etapa en el Ayuntamiento

Una de las primeras decisiones que ha marcado esa nueva etapa ha sido el relevo de Mercedes Bernabé por Diego Avilés, concejal de Cultura e Identidad, como portavoz del grupo municipal. Mora considera que el cambio es relevante porque modifica la forma en la que el Ejecutivo municipal fija posición y responde a la oposición y ve en Avilés un perfil coherente con el tono que Pérez quiere imprimir a su mandato.

La alcaldesa confirma esa lectura, aunque evita presentar el relevo como una enmienda a la etapa anterior. Avilés, afirma, representa una “voz joven, preparada y muy vinculada a Murcia”, mientras que el cambio responde a la voluntad de “aprovechar al máximo las capacidades” del equipo en una “nueva etapa”.

Pérez reivindica además un tono de “cercanía, serenidad y diálogo” y asegura que se puede discrepar con firmeza “sin convertir la política municipal en una confrontación permanente”. Avilés, cofrade del Perdón desde su nacimiento hace 34 años, forma parte de la Ejecutiva del partido desde 2022 y ha destacado durante esta legislatura por su buen talante con el mundo de la cultura y el resto de grupos políticos.

La lectura que hace Ruiz Maciá de este movimiento político es que la regidora murciana quiere revitalizar el grupo municipal de cara a las próximas elecciones, darle continuidad a Avilés y “ponerlo más en el escenario”. “Pero más allá de eso, no creo que vaya a cambiar nada”.

En su primera intervención como portavoz del grupo municipal popular el pasado 19 de agosto, Avilés hizo una declaración de apoyo a los vecinos de Ceuta “ante la grave crisis migratoria y de seguridad que se ha generado en nuestro país”, mientras que la semana pasada hizo lo propio con la llegada en los últimos días de “centenares de inmigrantes ilegales” a las costas murcianas, hecho que llevó a López Miras a pedir la intervención del Ejército el pasado jueves.

La primera crisis importante de su Gobierno ha llegado, precisamente, en el terreno de la gestión interna, con el conflicto protagonizado por su primer teniente de alcalde, José Guillén, quien habría ordenado a trabajadores de la contrata de Parques y Jardines a acudir, en horario laboral, como público a una conferencia suya en las jornadas del Tour del Talento celebradas el 27 de mayo en el Auditorio Víctor Villegas. Para Mora, el episodio supone uno de los primeros focos de desgaste y una prueba de la capacidad de Pérez para gestionar los conflictos dentro de su propio equipo.

Su impacto electoral, sin embargo, todavía resulta difícil de medir. “A esta distancia de las elecciones, el caso Guillén difícilmente condicionará por sí solo el voto”, apunta el politólogo Alberto Mora. El riesgo aparecería si deja de percibirse como un episodio aislado y la oposición consigue integrarlo en un relato más amplio sobre el funcionamiento del Gobierno municipal.

Para el portavoz socialista municipal, la alcaldesa de Murcia se puso de perfil en aquel momento: “Sabe perfectamente de las irregularidades que se cometieron y que era algo totalmente reprochable”. “Seguimos teniendo una forma de gestionar lo público al servicio de lo privado. Nadie del equipo de gobierno ha intentado corregir lo ocurrido y, en cambio, se me ha reprobado a mí, pero ahí están los vídeos y los audios”.

Pérez, preguntada por si la gestión de su primer teniente de alcalde estuvo a la altura, evita entrar en una valoración política del conflicto. Asegura que se dieron “las explicaciones oportunas” y que su obligación como alcaldesa es conocer los hechos, escuchar las distintas versiones y actuar sobre esa base, “no según titulares ni exigencias políticas”.

Proyectos frente a la acusación de inmovilismo

El portavoz socialista, quien abandonó Podemos en febrero de 2023 y ha sido comparado con Zohran Mamdani por su estilo de comunicación en las redes sociales, también reivindica de forma contundente que Murcia necesita una adaptación a la nueva situación del clima. “El que no quiera ver que no se puede vivir durante casi cuatro meses al año, pues tenemos un problema muy serio”.

Más allá de las polémicas, Pérez quiere que su primer año quede asociado a la gestión. Frente a la acusación de “inmovilismo” que le atribuye el PSOE, la alcaldesa reivindica una Murcia “más preparada, más abierta y más conectada” y otra dimensión vinculada a la conservación del patrimonio y la identidad del municipio.

Entre las actuaciones que destaca están el nuevo modelo de transporte público, el protocolo para abordar los problemas de inundaciones, el Plan de Acción Integral para las pedanías, la recuperación del yacimiento de San Esteban y distintos proyectos de infraestructura verde. También sitúa como uno de los hitos de estos primeros meses la llegada a Murcia del nuevo centro tecnológico de Quantix.

Pérez cifra en 731,5 millones de euros la licitación del nuevo modelo de transporte público y en 40 millones la inversión prevista por Quantix, con 250 empleos altamente cualificados.

Ese será precisamente uno de los terrenos sobre los que se medirá su liderazgo en los próximos meses. Mora considera que el margen de error todavía existe, aunque se irá reduciendo a medida que avance el mandato. “Un gobierno puede salir airoso de varias polémicas si no afectan a cuestiones centrales para los ciudadanos o si logra corregirlas con rapidez”, señala.

El examen de 2027

La batalla electoral de 2027 se jugará, según Mora, en dos terrenos. Por un lado, el PP tendrá incentivos para nacionalizar la competencia y aprovechar la lógica de bloques y la confrontación con el Gobierno central, un terreno que moviliza con eficacia al electorado de la derecha. Pero esa estrategia puede convivir con otra operación en clave municipal: asociar a Pérez con “la cercanía, la capacidad de gestión y la estabilidad”.

El riesgo para los populares es que la nacionalización del debate termine reforzando también a Vox e intensificando la competencia dentro del espacio de la derecha.

La alcaldesa, mientras tanto, insiste en desmarcar su discurso de la cuenta atrás electoral. El respaldo público de Feijóo y López Miras a su candidatura para 2027 fue, reconoce, recibido con “emoción, humildad y una enorme responsabilidad”, pero considera que el verdadero respaldo tendrá que llegar de los ciudadanos: “Ese respaldo hay que ganárselo cada día en la calle y serán los murcianos quienes finalmente juzguen nuestro trabajo”.

La oposición parte de una situación más complicada, según Mora, por su menor visibilidad. Su reto no será únicamente conseguir que los electores conozcan a sus candidatos, sino asociarlos con un proyecto reconocible y con una expectativa creíble de gobierno.

Para el PSOE, además, existe el desafío de movilizar a un electorado que “viene mostrando más dificultades de activación”. Si la elección queda absorbida por la política nacional, los socialistas competirán “en un terreno menos favorable”. Si, por el contrario, consiguen municipalizarla y convertirla en una evaluación de la gestión y del futuro de la ciudad, tendrán “más margen para hacer competitiva la elección”.

Ahí quedará una de las principales incógnitas de estos primeros cien días: si Rebeca Pérez conseguirá convertir la sucesión de Ballesta en un proyecto político propio o si su mandato acabará siendo leído como una continuidad de la etapa anterior.

“Hablamos mucho de que somos el séptimo municipio de España, pero no tenemos los servicios ni la calidad de vida que le corresponden”, valora Ruiz Maciá.

La intervención del ejército como medio disuasorio. El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha pedido a Pedro Sánchez que despliegue a los militares para vigilar las costas de la Comunidad de la migración ilegal: “Pido al presidente del Gobierno, ante su pasividad e inacción y comprobando que la situación está lejos de estar controlada, que active los medios necesarios, incluso los militares”, ha declarado tras el Consejo de Gobierno.

En las últimas dos semanas han llegado a la Región tres lanchas con unas 150 personas en total, lo que le ha parecido suficiente como para calificar la situación de las costas murcianas de “inquietante” y de pedir la asistencia de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex): “Es evidente que necesitamos un mayor control de fronteras y el Gobierno o no puede o no quiere realizarlo”

López Miras ha inaugurado el curso político elevando el discurso antiinmigración, y se ha referido como “narcolanchas” a las embarcaciones con migrantes que llegan a la Región de Murcia: “[Necesitamos] medios que puedan desempeñar la labor de vigilancia con un efecto disuasorio contra estas narcolanchas”, ha demandado.

“Insisto, cuando hablamos de pateras, las personas que no hayan visto estos vídeos [de las llegadas de estas dos semanas] pueden pensar que estamos hablando de cayucos que llevan días a la deriva con personas en un estado de salud muy delicado, en un drama humanitario. Estamos hablando de embarcaciones rápidas con en torno a los 1.400 caballos de potencia, tripuladas por encapuchados que llegan con total impunidad a las costas de la Región de Murcia. Dejan en Cartagena a las personas que traen en perfecto estado de salud”.

Tras el Consejo de Gobierno, López Miras y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, se han reunido con representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil: “No podemos aceptar que tras denunciar que la única patrullera de la Guardia Civil para vigilar nuestras costas estaba fuera de servicio, nos envíen otra embarcación que no reúne el mínimo de condiciones para ser efectiva”, ha trasladado.

“El Gobierno [central] sabía de la situación de debilidad de nuestra costa y también sabía que las mafias estaban operando y se fue de vacaciones consciente de que no había medios para combatirlas”, ha denunciado López Miras, que asegura que Pedro Sánchez aún no le ha respondido a la misiva que le envió el pasado lunes reclamando más medios.

Otra carta, la que el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala, le envió a López Miras para abordar de forma conjunta la situación de la inmigración irregular, continúa sin respuesta: “Un día se dirige a mí [el delegado del Gobierno] diciendo que soy indigno y al siguiente, como una maniobra de distracción, envía una carta para que la prensa se haga eco. Él, que habla de colaboración, de sensatez y de lealtad… algo está fallando”, ha despachado el jefe del Ejecutivo.

Doble de migración, según datos “no oficiales”

De acuerdo con López Miras, la alarma está motivada porque ha llegado el doble de migrantes que el pasado año, al tiempo que ha reconocido que no tiene datos que sostengan estas afirmaciones: “Este año, en estos ocho primeros meses, la cifra está por encima de los 2.000. Insisto, datos no oficiales, porque a nosotros nadie nos dice nada de la llegada de inmigrantes ilegales a las costas de la Región”. Algo que han desmentido desde la Delegación del Gobierno, que insiste en la transparencia de los datos.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha querido desmontar “algunos bulos” al respecto de la llegada de migrantes a las costas murcianas en los últimos días. Por un parte, ha señalado en un tríptico que ha publicado en la red X, que “la situación no está descontrolada”. Y apuntan que la vigilancia de la Guardia Civil “es permanente”, las embarcaciones “se monitorizan y se activa un dispositivo para localizar a los ocupantes”; además, “todas las personas han sido localizadas y puestas a disposición judicial”.

Frente la difusión del mensaje de “una llegada masiva de migrantes” a través de embarcaciones clandestinas, destacan desde la Delegación que “no estamos ante una situación extraordinaria”. En noviembre de 2017, anotan, “con el gobierno anterior, llegaron hasta 650 personas inmigrantes a las costas de la Región en solo tres días”. Y añaden que “hoy estamos lejos de los picos de llegadas registradas en episodios anteriores”.

Desmienten también “que lleguen con total impunidad”. Y aclaran que en algunos casos “interceptar una embarcación en el mar supone un riesgo para la vida de sus ocupantes y de los agentes, por lo que se despliega un dispositivo para proceder a las detenciones en tierra”.

Y, por último, niegan que las últimas llegadas sean una consecuencia de la situación en Ceuta: “La Región de Murcia -afirman- al igual que Almería, Alicante o Baleares, recibe habitualmente embarcaciones procedentes de la ruta argelina”. Concretan, además, que “las personas que han llegado en las últimas semanas a nuestras costas no han partido de Marruecos, sino de Argelia”.

López Miras “sobreactúa”

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, ha denunciado que “López Miras está sobreactuando para sacar rédito político de un drama humanitario” y ha lamentado que el presidente de la Región de Murcia “esté utilizando la inmigración para confrontar y generar alarma social”.

“Su intención no es otra que intentar tapar su pésima gestión con ejemplos tan graves como la trama de las prótesis o la falta de medios de los bomberos”, ha añadido.

En este sentido, Gadea ha destacado que el delegado del Gobierno y secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, propuso una reunión al presidente regional para abordar la situación “con rigor, responsabilidad y desde la coordinación entre administraciones”, una propuesta que López Miras ha rechazado.

“López Miras no ha aprendido nada y sigue alimentando discursos racistas que ponen en riesgo lo más importante: la convivencia, tal y como vimos hace un año en Torre Pacheco”, ha lamentado la portavoz socialista.

Por su parte, Podemos ha criticado la “nula intención” que tiene el presidente regional, Fernando López Miras, de “trabajar en soluciones para esta crisis migratoria”. “Ni tampoco de ayudar a Ceuta”, ha aseverado el portavoz morado Víctor Egío, “porque si fuera así, lo primero que tendría que haber salido de este Consejo es una decisión para colaborar en el reparto solidario de los menores que ahora mismo están en la Ciudad Autónoma”.

Para la formación morada, López Miras ha decidido este jueves, de nuevo, “anteponer los intereses de su partido y la estrategia xenófoba de sus aliados de Vox a los verdaderos intereses de la Región”. Egío ha recordado que la solución a la actual crisis migratoria pasa por una “cuestión de solidaridad”, pero también de “inteligencia política”. “Ceuta, Melilla, Andalucía, las Islas Baleares y la Región de Murcia somos los territorios que reciben estos flujos migratorios, y somos los primeros interesados en que haya un reparto solidario entre todas las comunidades”, ha proseguido.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha exigido este lunes a Pedro Sánchez más medios policiales para hacer frente a las mafias que se mueven “sin control” en las costas murcianas. Lo ha hecho a través de una carta que se ha materializado tras la llegada en los últimos seis días de 112 migrantes a bordo de embarcaciones clandestinas a la Cala del Barco y Punta Negra, en Cartagena.

En su misiva, López Miras ha mostrado además su preocupación ante la posibilidad de que la “invasión” de Ceuta este verano provoque que los migrantes que no lograron pasar a la ciudad autónoma sigan buscando vías irregulares para llegar a España.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia ha considerado el discurso del presidente murciano “irresponsable” y “oportunista”. Y ha lamentado que se vincule la situación de Ceuta “con la llegada de más inmigrantes a nuestras costas”. Según Francisco Lucas, “son dos fenómenos completamente distintos”.

“Lamentablemente, el presidente regional ha decidido utilizar la inmigración para generar alarma social, asustar a la población y tapar su incapacidad para gestionar la Región de Murcia; López Miras vuelve a demostrar su deslealtad institucional y oportunismo, copiando lo que ha hecho Moreno Bonilla en Andalucía y enviando una carta al presidente del Gobierno vinculando estos dos fenómenos y describiendo una situación que no es real en la Región de Murcia”, ha manifestado el delegado.

“Entiendo la preocupación de los ciudadanos, pero al mismo tiempo les garantizo que todos los organismos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la Región de Murcia luchan incansablemente y con buenos resultados contra las mafias, como demuestra el desmantelamiento en agosto de una de las mayores organizaciones dedicadas al tráfico de personas en el Mediterráneo”, ha añadido.

Lucas ha comunicado que el Ministerio del Interior ha asignado una nueva embarcación que ya está en Cartagena y que servirá para reforzar los medios del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico y las mafias.

“Total impunidad”

En su carta a Pedro Sánchez, el presidente regional ha denunciado que en el plazo “de apenas cuatro días”, se ha registrado la llegada de lanchas rápidas que trafican con inmigrantes “con total impunidad y a plena luz del día, sin que hayan sido interceptadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Sin embargo, en un comunicado de prensa, el delegado del Gobierno ha recordado que todas las personas que han desembarcado en la Región de Murcia en los últimos días han sido localizadas por la Guardia Civil, atendidas por Cruz Roja y que se han iniciado los correspondientes procedimientos de expulsión.

En palabras de López Miras, “lo ocurrido en las playas de Cartagena estos días de agosto, pone de manifiesto la imprevisión de un Ministerio del Interior sin respuesta a las reiteradas demandas de reforzar los efectivos de la Guardia Civil en nuestra comunidad autónoma”. Y ha urgido a incrementar los medios tecnológicos de vigilancia, “como sensores, radares o drones, que permitan controlar y prevenir incidentes de esta naturaleza”.

Quinta dimisión en la legislatura en el seno del consistorio de Las Torres de Cotillas. Esta vez renuncia al cargo Andrea Barquero, del Partido Popular, que hasta ahora era concejala de Educación y Cultura.

De acuerdo con el diario local La Opinión, Barquero ha anunciado su dimisión este martes por motivos de salud. El alcalde de la localidad, el popular Pedro José Noguera, ha recordado en declaraciones a elDiario.es Región de Murcia que la concejala aún tiene que ratificar su dimisión: “Cuando llegue a Pleno, si lo ratifica, se irá”, ha explicado. “Somos un partido dinámico, tenemos gente de sobra, hasta 24 personas en la lista”, ha añadido, asegurando que se desconoce quien sustituirá a la edila.

Barquero tomó posesión de su cargo el pasado 30 de julio y asumió el 4 de agosto la cartera de Educación y Cultura. Por su parte, la concejala de Vox Inga Popa, que ocupó la vacante que dejó Isabel Zapata tras su adiós de la política, se quedó con la Concejalía de Recursos Humanos y Personal, Urbanismo, Ordenación del Territorio y Vivienda. Tan solo dos semanas después, Barquero ha dado un paso atrás.

“La mayoría de las dimisiones han sido por motivos de salud, y las que han sido por motivos de salud no puedo discutirlas. Pero ninguna tienen nada que ver con el Grupo Popular, cada uno toma sus decisiones”, ha abundado Noguera.

La primera de esta ola de dimisiones fue la de la anterior alcaldesa, María Eugenia Sánchez, por motivos de salud, meses después de ganar las elecciones. Después abandonaron su cargo Manuel Durán, Álvaro Hernández y Gloria Fernández. La más reciente fue la de la concejala de Festejos, Manuela Sarabia, también por motivos de salud.

El primer edil ha descartado que las dimisiones estén ligadas a “desavenencias graves”, tal y como ha llegado a afirmar, el exconcejal de Vox, Pablo Ruiz, anteriormente concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil: “[A Pablo Ruiz] lo han echado de Vox y yo le he quitado las competencias por ser una persona desleal con el Ayuntamiento y Las Torres de Cotillas. Es una persona que no tiene ni grupo ni partido, no representa a nadie”.

Desde la oposición, el portavoz del PSOE en la localidad, Francisco Jesús López Manzanera, ha asumido las dimisiones como un “síntoma de la descomposición de la corporación municipal”: “El Ayuntamiento no va bien, no hay equipo. Como [los concejales salientes] ven que el proyecto no va a funcionar, van saliendo”.

Óscar Urralburu, coordinador de Movimiento Sumar en la Región de Murcia, ha sido elegido nuevo secretario de Organización a nivel estatal, una de las principales responsabilidades dentro de la renovada Ejecutiva de la formación que gobierna en coalición con el PSOE. El nombramiento llega tras un ciclo de revisión del modelo organizativo del partido que arrancó el pasado 11 de julio y que se ha prolongado durante un mes de debate interno hasta conformar la nueva dirección.

Desde este cargo, Urralburu se encargará del fortalecimiento interno de la organización y de la coordinación con los territorios, en una etapa en la que Sumar pretende reforzar su implantación, ampliar la militancia y preparar el curso político que arranca en septiembre, antesala de un ciclo electoral que en 2027 incluirá elecciones municipales, autonómicas y generales. En declaraciones a elDiario.es, el dirigente murciano ha reconocido que se trata de “una responsabilidad, sin duda”, y ha añadido: “Es un reto importante. Es un reto necesario también porque creemos que hay que estar pendiente en los territorios y preparar la campaña electoral”.

Urralburu ha explicado que una de sus prioridades será terminar de asentar la estructura del partido en todo el país. Según ha detallado, Sumar ya ha renovado su dirección en Aragón —la última en incorporarse— y todavía quedan pendientes La Rioja, Cantabria y Extremadura, territorios que “siguen con una asamblea provisional”, pese a tener procesos electorales autonómicos próximamente. El objetivo, señala, es consolidar también las direcciones locales durante el próximo curso político y reorientar los recursos del partido —económicos, humanos y de planteamiento político— hacia el apoyo a los territorios de cara a las municipales y autonómicas.

Balance de gobierno y horizonte de 2027

Preguntado por el balance de estos años de Sumar en el Gobierno de España, Urralburu ha sostenido que la estancia en el Ejecutivo ha sido, “en términos generales, positivo”, aunque ha reconocido que “podría ser mejor”. Cita como asignaturas pendientes el decreto de vivienda previsto para septiembre y la prestación universal por hijo, y defiende que hay que sostener lo conseguido “contra viento y marea”. Pese a las encuestas actuales, se ha mostrado convencido de que “todavía se puede repetir gobierno” en 2027, y ha apuntado que el partido empieza ya a “tomar el pulso” en comunidades autónomas y ayuntamientos perdidos en 2023.

Sobre si afronta con fuerzas esta nueva etapa, ha sido tajante: “Yo me veo con energía para abordar esta tarea, la verdad”. Urralburu ha advertido de que en los últimos años el esfuerzo institucional se ha impuesto sobre el trabajo organizativo, dejando a la izquierda a la izquierda del PSOE con estructuras “débiles, salvo en algunos casos concretos”. Por eso, ha defendido la necesidad de “generar sinergias positivas entre todas las organizaciones” de cara a la movilización del próximo ciclo electoral.

Preguntado específicamente por Podemos, ha reconocido que el partido no forma parte, por el momento, del espacio de negociación en el que sí están Más Madrid, IU, Compromís, Chunta Aragonesista, los Comunes y el propio Movimiento Sumar. Aun así, ha insistido en que “la puerta está abierta” y en que Sumar está “dispuesto a trabajar conjuntamente”, frente a la opción de librar “batallas particulares”.

Reconocimiento para Sumar Región de Murcia

Desde Sumar Región de Murcia han celebrado el nombramiento como “una excelente noticia” para la comunidad autónoma, subrayando que supone un reconocimiento al trabajo político desarrollado por Urralburu en los últimos años y una garantía de que las necesidades del territorio estarán presentes en uno de los espacios de decisión más importantes del proyecto. Los coordinadores regionales, Juan Carlos Pastor y Lorena Lorca, trasladaron su felicitación al dirigente murciano y destacaron que su elección refleja la confianza que inspira su trayectoria, además de expresar el respaldo de toda la organización regional en esta nueva etapa.

Con esta incorporación, Sumar Región de Murcia gana representación en uno de los principales órganos de decisión del partido, en una etapa en la que la formación pretende consolidar su agenda en materia de derechos laborales y sociales, servicios públicos, transición ecológica y lucha contra la desigualdad.

Trayectoria

Urralburu llegó a Murcia procedente de Pamplona, hace ya más de tres décadas, donde ha desarrollado buena parte de su carrera como profesor de instituto y su implicación sindical en la enseñanza pública. Su salto a la primera línea política llegó con la irrupción de Podemos, formación que encabezó en la Región desde su fundación y con la que logró en 2015 la mejor cosecha electoral de la izquierda a la izquierda del PSOE en la Asamblea Regional. La pérdida de peso del partido en las urnas de 2019 y las tensiones con la dirección estatal le llevaron a apartarse de la primera línea ese mismo año. Su regreso a la política institucional se produjo de la mano de Más País, con el proyecto local Más Región, germen de lo que hoy es su implicación en Movimiento Sumar.

Cheques por jornal, “a porrillo” y libres de impuestos. Esta es la curiosa retribución que el Ayuntamiento de Murcia ha pagado a sus voluntarios de Protección Civil a lo largo de 24 años. El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias, tras una denuncia presentada por dos miembros de la propia agrupación municipal: “Ellos te dan el cheque y te dicen que vayas a cobrarlo al banco de en frente. Pasan los meses y ves que no te piden un expediente para justificar los gastos”.

Tal y como recuerda la denuncia al Tribunal de Cuentas, “la actividad voluntaria se caracteriza por su carácter gratuito, altruista y no retribuido”. Esto no es incompatible con el derecho a reembolso de los gastos ocasionados por la actividad, como pueden ser la comida o el transporte. El problema, recuerdan los denunciantes, llega cuando la regularidad de los pagos no responde a “verdaderos reembolsos de gastos reales, necesarios, individualizados y documentalmente acreditados”, sino a “cantidades fijas por guardia, jornada, disponibilidad, asistencia o colaboración”. En otras palabras, el Tribunal de Cuentas tendrá que dilucidar si los cheques que el Consistorio dio a sus voluntarios de Protección Civil durante más de dos décadas fueron para retribuir jornadas de servicio, y no para pagar dietas.

Los pagos se recibían limpios y libres de impuestos, aseguran los denunciantes. Sin embargo, incluso las dietas de los voluntarios deben estar sujetas a IRPF, tal y como estipula el artículo 17.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Esto lo corrobora el Ministerio de Hacienda en múltiples consultas relativas al tema: “Hay cuatro dictámenes vinculantes del Ministerio de Hacienda que dicen que los ayuntamientos tienen que declarar estos pagos en el IRPF”.

“Cuantías fijas por guardia”

Según la denuncia, los importes a percibir por los voluntarios eran cuantías fijas por guardia. Resulta reveladora una relación de voluntarios y guardias publicada en un grupo de WhatsApp de la Agrupación. El listado abarca desde el uno de enero hasta el 19 de enero del año 2023. Tras una relación de DNI parcialmente anonimizados figuran dos columnas para el tipo de guardia, y una tercera con las cantidades a abonar a los voluntarios. Los denunciantes apuntan a que los importes se habrían podido calcular en “cuantías fijas por guardia”: “En guardias ordinarias de fin de semana, el criterio sería supuestamente de 50 euros por cada guardia de 24 horas y 25 euros por cada guardia de 12 horas”, explican los denunciantes. Un día tenía dos turnos, mañana y tarde, “por lo que acabas con 64 euros”, abundan. La suma total de las cuantías de ese listado ascienden a 12.400 euros.

“El problema también viene porque el que lleva el registro de cuántos servicios se hacen son los propios voluntarios. Puedes jugar con apuntarte cosas, es un descontrol total del dinero público”, aventuran.

Más allá del listado al que han tenido acceso los denunciantes, y los cheques que han podido fotografiar, los voluntarios confiesan que va a ser “un reto” estimar cuánto dinero desembolsó el Ayuntamiento de esta manera: “Al terminar el servicio, te hacían firmar una hoja para hacer constar que recogías el cheque, lo imprimían ellos [el Servicio de Protección Civil]. Después lo llevabas al banco y lo cobrabas en efectivo, el voluntario se queda sin ningún tipo de documentación que refleje ese pago”, explican.

“Llegó un punto en el que el propio director del banco salía de su despacho, al ver que no paraban de llegar voluntarios con cheques para cobrarlos. A veces se le juntaban seis voluntarios en la sede, con cheques de 2.000 euros cada uno firmados por el Ayuntamiento de Murcia”, detallan.

Los denunciantes han solicitado al Tribunal de Cuentas que requiera al Consistorio y a la entidad bancaria “la relación íntegra de cheques, pagarés, transferencias, disposiciones y movimientos bancarios que pudieran estar vinculados a pagos a voluntarios de Protección Civil”.

Reglamento interno

Los denunciantes han recurrido también el reglamento interno de Protección Civil al considerar que amplía de forma excesiva el régimen disciplinario. En un escrito de alegaciones de 60 páginas, al que ha tenido acceso este medio, solicitan que se anule el procedimiento de aprobación al entender que el Ayuntamiento no realizó una consulta pública previa, un trámite que consideran necesario al afectar el texto a derechos y obligaciones de los voluntarios. El Consistorio defendió que no era necesario al tratarse de una norma organizativa, una interpretación que los denunciantes rechazan porque el reglamento regula aspectos como el acceso a la Agrupación, los deberes, las sanciones o las condiciones para continuar como voluntario.

“No tenían un reglamento y sin reglamento no se puede abrir expedientes, como habían hecho con nosotros; así que tuvieron que hacer uno deprisa y corriendo”, relatan los denunciantes al tiempo que concretan que se encuentra en fase de aprobación.

Los alegantes sostienen que el nuevo texto modifica el modelo de voluntariado al introducir mayores exigencias de disponibilidad, disciplina y obediencia. Entre los puntos que cuestionan se encuentra la obligación de prestar al menos 60 horas de servicio al año, “repartidas en los cuatro trimestres, salvo justificación médica o necesidad imperiosa”. El mismo artículo establece que “no podrá renovar ni solicitar reincorporación en los próximos dos años” quien no cumpla ese requisito.

También cuestionan el artículo 81, que regula la expulsión definitiva y que, según el texto, “implicará la prohibición de volver a pertenecer a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Murcia bajo cualquier modalidad”. Los alegantes piden sustituir esta prohibición sin límite temporal por un plazo determinado y revisable.

Y advierten de que algunas normas podrían afectar a derechos de los voluntarios, como la libertad de expresión o la posibilidad de comunicar irregularidades: “No quieren que acudamos a otras administraciones a denunciar nada”.

El escrito cuestiona igualmente la limitación para pertenecer a varias organizaciones de protección civil, recogida en el artículo 31, que declara que “la pertenencia a la Agrupación será incompatible con la integración simultánea en otras organizaciones de voluntariado de protección civil de ámbito estatal, autonómico o municipal, así como en entidades análogas, cuando dicha pertenencia pueda afectar a la disponibilidad, neutralidad, coordinación o eficacia del servicio”.

Los alegantes recuerdan que el Consejo de Estado, en su dictamen 950/2018 sobre un reglamento similar en Cantabria, “consideró esencial suprimir una prohibición de pertenecer a más de una organización de voluntariado de protección civil por falta de motivación suficiente y por limitar los derechos de asociación y participación voluntaria”.

Becas bajo la lupa del Defensor del Pueblo

El tercer frente abierto por los mismos voluntarios es la gestión de las becas para cursar el grado medio de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES). “Se convocan cada dos años, para premiar a los que tienen más antigüedad o han acumulado más horas o más servicios”. También las impugnaron “por incumplir con la ley de subvenciones y de procedimiento administrativo, y el 5 de noviembre nos tuvieron que dar la razón”. Según denunciaron, no existe un órgano colegiado de valoración y las convocatorias nunca se publicaron en el tablón de edictos electrónico ni en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Cinco días más tarde, solicitaron formalmente la revisión de oficio de las seis convocatorias de becas concedidas desde 2015, al considerar que el mismo vicio estructural se repitió de forma sistemática durante una década. Cada convocatoria estaba valorada en unos 27.200 euros por curso, alcanzando una cifra de 160.000 euros el total que podría verse afectado si prospera la revisión, afirman los denunciantes, que piden además la suspensión cautelar de cualquier nueva convocatoria y el reintegro de las cantidades indebidamente abonadas.

El Ayuntamiento no ha dictado resolución expresa sobre esa solicitud pese a haber transcurrido “sobradamente” el plazo legal de tres meses previsto en la Ley 39/2015. Ante ese silencio, los promotores del escrito recurrieron al Defensor del Pueblo, que el pasado 17 de junio admitió a trámite la queja e inició actuaciones ante el Consistorio murciano para que se pronuncie de forma expresa sobre los hechos. La institución que dirige Ángel Gabilondo ha advertido, no obstante, de que su intervención“ no suspende los plazos para que los afectados puedan acudir, si lo consideran oportuno, a la vía contencioso-administrativa”.

Durante casi cuatro décadas, treinta y seis ediciones desde 1984, un puñado de coches ha subido cada año a toda velocidad por la carretera que trepa hasta el santuario de La Santa, en pleno corazón de Sierra Espuña. La prueba de rallies se llamaba, con cierto sentido de la redundancia, la Subida a La Santa, y dejó de disputarse en el año 2023, cuando al fin se tuvo en cuenta el detalle de que cruzar a toda pastilla un espacio protegido por varias figuras ambientales no era, quizá, la más prudente de las tradiciones. Desde entonces, el PP y Vox no han parado de buscarle una vuelta al asunto que permita que siga celebrándose.

La última vuelta es una ley aprobada en febrero de este año que saca del Parque Regional 41 hectáreas alrededor del santuario: el recinto del Corazón de Jesús, el mirador del Ángel, la Virgen Blanca, el Convento de las Monjas y el tramo de la carretera RM-502 por el que, casualidades de la vida, discurría el rally. Desde el 8 de marzo, nada de eso forma parte del Parque Regional de Sierra Espuña; al menos, eso es lo que dice la Ley 1/2026 de 2 de marzo aprobada por la mayoría parlamentaria de PP y Vox, porque por encima de esa ley regional siguen en pie dos protecciones que la Asamblea de la Región de Murcia no puede levantar por su cuenta.

Esas 41 hectáreas continúan formando parte de la Red Natura 2000 europea, integradas en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Sierra Espuña, vigente desde 1998, y en la Zona Especial de Conservación (ZEC), declarada apenas unas semanas antes del recorte, el 12 de febrero de 2026. Ambas figuras nacen de directivas comunitarias y ni una mayoría parlamentaria regional ni la propia comunidad autónoma pueden derogarlas: quitar esa protección dependería de Bruselas, no de la Región.

Y este dato es importante: los servicios jurídicos de la Asamblea ya habían avisado de que no se podía sacar esos terrenos del parque. En un informe firmado a las 13:35 del 17 de febrero de 2026, declararon que la iniciativa “no cumple con los requisitos exigidos por la legislación básica estatal para la modificación de los límites de un espacio natural protegido”, y que excluir los terrenos “sin ningún tipo de estudio científico o justificación ambiental que lo avale” le confería “un cierto grado de arbitrariedad”. Cuarenta y ocho horas más tarde, con los votos de PP y de Vox, el Pleno la aprobó igualmente.

Cinco meses después, esa ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Y el pasado viernes 17 de julio, la Asamblea Regional acordó personarse para defenderla, encomendando las alegaciones a sus propios servicios jurídicos: los mismos que la habían desaconsejado por escrito. “Los servicios jurídicos que informaron de la ilegalidad de la ley ahora tienen que alegar contra su propio informe. Esto es kafkiano, surrealista total”, resume José Luis Álvarez Castellanos, coordinador de IU en la Región de Murcia y diputado de IU-Verdes en el Grupo Mixto, que votó en contra de la personación. “Solamente espero que la letrada que hizo el informe no sea la misma a la que le toque alegar, porque entonces ya no sé. Pobre mujer”.

Una ley en seis días

La proposición se había registrado el 14 de febrero de 2025, firmada por los portavoces del PP, Joaquín Segado, y de Vox, José Ángel Antelo, y llevaba un año criando polvo. Hasta que, en febrero de 2026, se aceleró de golpe: el 13 se pidió la urgencia del procedimiento; el 18 la avaló la Junta de Portavoces con el rechazo del PSOE y del Grupo Mixto, y el 19 salió adelante en el Pleno por lectura única. Seis días para una modificación de límites que la legislación estatal reserva a supuestos de evolución natural “científicamente demostrada” y somete siempre a información pública.

En esa misma semana, además, el Consejo de Gobierno había aprobado el 12 de febrero, un día antes de que se pidiera la urgencia, el Decreto 6/2026, que declara Sierra Espuña como Zona Especial de Conservación y aprueba su Plan Rector de Uso y Gestión, el instrumento que fija qué actividades pueden realizarse en el parque y bajo qué condiciones. No se publicó hasta el 4 de marzo y la ley se tramitó entera en ese hueco.

Para Álvarez Castellanos, ahí está la prueba de que la operación se hizo a conciencia: existía un instrumento para regular la actividad con medidas correctoras, igual que se hizo con la romería, y se optó por no usarlo. “Sí se podía haber metido con equis medidas correctoras, y no lo hicieron”, sostiene. “Como no pueden ir por la vía de la autorización, alguna mente iluminada se le ocurre: bueno, pues saquemos el trozo, que es pequeñito, la carretera fuera y ya está. Así de simple”.

“Coches que pueden accidentarse o incendiarse”

La Subida a La Santa no es una carrera cualquiera. Puntúa para el Campeonato de España de Montaña, reúne a cerca de medio centenar de pilotos y se disputa sobre 3,8 kilómetros de la RM-502, con más de doscientos metros de desnivel: coches de competición lanzados por una carretera estrecha flanqueada por pinares. Dejó de correrse en 2023, cuando la dirección general competente en medio natural emitió un informe desfavorable, y volvió a suspenderse en 2024.

El biólogo Jorge Sánchez, de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), lo resumía el año pasado a este medio: una cosa es la romería, “que tiene su raíz histórica”, y otra “una prueba deportiva con coches que pueden sufrir accidentes o incendiarse”, una presión que, explicaba, Sierra Espuña no puede soportar. Lo ilustra, sin quererlo, la propia Comunidad Autónoma: el pasado 20 de julio, ante la ola de calor, limitó las actividades en sus montes e incluyó de forma expresa, junto a los fuegos y la pirotecnia, las “pruebas de vehículos a motor”.

El elefante en la habitación

La exposición de motivos se explaya, casi rayando en pura literatura, en las romerías de Santa Eulalia, patrona de Totana desde 1644, en los naranjos y limoneros de los Huertos y en el sendero del Peregrino. Habla de todo menos de los hechos que la motivan. Aunque puertas afuera no se molestaron en disimular: cuando salió adelante, la propia dirección del PP la celebró como la ley que permitiría volver a correr el rally “como en las últimas 37 ediciones”.

Y lo hace invocando algo que nunca estuvo prohibido: la romería figura como uso preferente en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 1995, y el propio informe de los servicios jurídicos añade no saber qué impide hoy celebrarla ni si podría resolverse con condiciones específicas, en lugar de sacando el terreno del parque. “La romería se ha autorizado toda la vida, está incorporada a los instrumentos de gestión del parque y no ha habido nunca ningún problema”, apunta Rubén Vives, portavoz de Ecologistas en Acción en la Región. “Utilizan eso como ariete”. Álvarez Castellanos lo dice con otras palabras: “El rally es como el elefante en la habitación, que todo el mundo sabe que está ahí, pero del que nadie habla”.

“Yo estoy convencido de que probablemente el rally no se va a poder volver a hacer, desde luego no en el trazado tradicional”, admite Álvarez Castellanos. “Y están buscando una salida para poder decir: si al final esto no se puede hacer, no es culpa nuestra. De cara a la galería, parece que es el Gobierno regional el que prohíbe el rally ya que la prohibición sale de su propia Consejería de Medio Ambiente”. Lleva tres años suspendido por decisión de la dirección general competente, con informes técnicos en contra desde mucho antes.

Vives va más allá: cree que la ley no se escribió para prosperar, sino para construir un relato. “Ellos ya saben que esto tiene un riesgo, pero pequeño. No está pensado para convencer a nadie, sino para los suyos, para darle argumentos a su gente: ‘al final esto no se hace porque los ecologistas no quieren y porque el Constitucional está con los ecologistas’. Juegan al victimismo”. Y remata: “Se llenan la boca de legalidad y de Constitución, pero solo cuando les beneficia a ellos”.

El PP y Vox lo cuentan de otra manera. El documento con el que la ponencia de ambos grupos propone defender la norma, adelantado por La Opinión de Murcia, niega que haya “una regresión material de la protección ambiental”: los terrenos excluidos “seguirán sometidos a las figuras de protección europeas y estatales, como la Red Natura 2000”, y son zonas pavimentadas, edificaciones y áreas de uso público intensivo que “nunca constituyeron el núcleo ecológico del espacio protegido. La ley no sacrifica la protección ambiental, sino que busca su convivencia mediante una delimitación más ajustada a la realidad territorial”, concluye.

El principio de no regresión

Todo este pleito gira, en el fondo, alrededor de una precepto legal: el principio de no regresión ambiental. Lo explica Eduardo Salazar, abogado ambientalista vinculado a Ecologistas en Acción: “Si tú proteges un espacio natural, no puedes ir para atrás. Si lo proteges y diste unas razones científicas para protegerlo, el principio de no regresión en derecho ambiental impide que puedas ir para atrás”. Su traducción legal es el artículo 52 de la Ley 42/2007: solo cabe sacar terreno de un espacio protegido cuando lo justifiquen cambios producidos en él por su evolución natural, científicamente demostrada. No por conveniencia, ni por tradición, ni por un rally.

Preguntado por qué debería haber hecho la Asamblea para que la reforma fuera legal, Salazar responde que, sencillamente, no había nada que hacer: “El Parque no se puede modificar así, ni por ley ni por nada; haría falta una pérdida de valor de origen no humano, acreditada físicamente”. Y pone ejemplos de la propia Región: no se puede desproteger Calblanque, ni se pudo con Cabo Cope. Los servicios jurídicos de la Asamblea habían llegado por escrito a la misma conclusión: la exclusión, sin justificación ambiental, incurre en “un cierto grado de arbitrariedad, vulnerando con ello el principio de no regresión ambiental, reconocido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como del Tribunal Constitucional”.

“Aunque le quiten la definición de parque, aquello sigue siendo Red Natura, y eso no depende de ellos, depende de Europa, que no recorta límites así, a la ligera”, zanja Vives. Álvarez Castellanos le da la vuelta al argumento contrario: “Si me dicen que la figura de parque no añade ningún elemento de protección porque ya basta con la Red Natura, entonces eliminemos el parque regional entero. ¿Para qué nos sirve?”. Ni siquiera los números cuadran entre sí: la exposición de motivos habla de un 0,3% del parque y PP y Vox manejan 54,3 hectáreas, pero el anexo con las coordenadas (su delimitación con efecto jurídico) encierra 41, el 0,23% de las 17.804 que tiene Sierra Espuña.

La vía penal y la constitucional

Antes del Constitucional, Ecologistas en Acción probó la vía penal: el 10 de abril denunció ante la Fiscalía por presunta prevaricación a los seis miembros de la Junta de Portavoces que votaron la urgencia, por hacerlo a sabiendas del informe jurídico. La Fiscalía la archivó, y Salazar admite que no había caso: “No es prevaricación porque no está tipificado; una votación parlamentaria no lo es, no tiene tipo penal porque no es delito”. La denuncia fue más gesto que vía; la batalla de verdad está en el Constitucional.

Allí, el recurso lo presentó el Defensor del Pueblo, a instancia de los ecologistas. El Pleno lo admitió el 23 de junio, y de ahí nace el emplazamiento que ha llevado a la Asamblea a personarse. Sin embargo, la admisión no suspende la ley, así que la norma se aplica y los terrenos seguirán fuera del parque hasta que el tribunal resuelva lo contrario.

“No vamos a dejar que esto quede así”, avisan desde Ecologistas en Acción, que recuerdan Marina de Cope, Carrascoy y las Salinas de San Pedro. El precedente que todos citan es el primero: en 2012 el Constitucional anuló la desprotección de cerca de 15.000 hectáreas para el macroproyecto de Marina de Cope y pasaron once años hasta que el pleito por fin se resolvió.

Mientras tanto, cada 8 de diciembre la patrona seguirá bajando del santuario a Totana por un paraje que ya no es Parque Regional, pero sigue siendo Red Natura, por lo que la Asamblea Regional, con la mayoría derechista en ristre, se ha enfrentado a la Carta Magna de la nación para proteger una tradición que nunca estuvo en peligro, mientras su objetivo secundario, que era y es el rally de Totana, seguirá sin poder celebrarse.

La Fiscalía de Cartagena ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 un dictamen en el que solicita el sobreseimiento provisional de la causa abierta por calumnias contra el responsable de Las Noticias RM, el portal que la investigación de ciberdelincuencia de la Guardia Civil terminó vinculando con Jesús Cobos, exsecretario de Comunicación del PSRM, y con su empresa Sistemas Informáticos Carthago S.L. El escrito, fechado el 22 de junio, responde a un Auto del pasado 1 de abril que consideraba que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de calumnia con publicidad.

Todo el caso arrancaba con la querella que Damiana García Soto, concejala de Festejos del PP en La Unión, interpuso el 27 de febrero de 2024 contra la página web Las Noticias RM. Dicho portal había publicado que García había participado, como parte del tribunal calificador, en el proceso selectivo en el que obtuvo su plaza de funcionaria, y que es prima del alcalde del municipio. Fue esa denuncia la que activó a la unidad de ciberdelincuencia de la Guardia Civil para identificar a los autores del portal, firmantes habituales bajo el seudónimo “Señor X”, para saber a quién dirigir en específico la querella.

La Fiscal argumenta ahora que ninguna de esas dos afirmaciones era falsa. La propia querellante, explica el auto, reconoció en su declaración que firmó la aprobación de la lista definitiva de aspirantes, estando su nombre incluido en ella, y que el alcalde de La Unión es, en efecto, familiar suyo (hijo de una prima), aunque la noticia hablara de forma genérica de un “primo” sin precisar el grado. El escrito subraya además que los artículos no imputaban ningún delito, solo señalaban esa participación y ese parentesco. Por eso, concluye la Fiscal, no existen elementos ni prueba suficientes para sostener la acusación.

La petición de archivo golpea la raíz de un caso que, desde que trascendió el informe policial, ha escalado por vía mediática y política. La identificación de Cobos como responsable del portal, por una factura de comunicación de su empresa al PSRM que, en principio, nada tenía que ver con la financiación de la web, derivó en titulares que vinculaban al partido con un “medio fantasma”, y en una información de The Objective que atribuyó antecedentes penales por tráfico de drogas a la mujer de Cobos, Carmen García Giménez, a raíz de una confusión de apellido con otra persona. La Guardia Civil rectificó después oficialmente ese error. La7, la televisión pública murciana, abrió sus informativos con la versión inicial, lo que llevó al PSRM a pedir la dimisión de su director general.

El dictamen de la Fiscalía no cierra el caso por sí solo: corresponde ahora al juzgado dictar el Auto de sobreseimiento, y la parte querellante podrá oponerse y mantener su acusación por su cuenta. Pero el razonamiento del Ministerio Fiscal, el de que la denuncia original carecía de base desde el principio, obliga a repreguntar sobre qué se sostuvo una investigación que terminó salpicando a una persona ajena a la política, y sobre la rapidez con la que esa investigación se convirtió en munición electoral. Cobos ha recibido la noticia con optimismo y ha declarado a elDiario.es Región de Murcia que “la verdad prevalece ante la mentira y nos hará libres”, pero que todavía hay que esperar que la justicia, esta vez de manos de los propios jueces, archiven definitivamente el caso.

El Gobierno regional ha firmado con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, el tercer Acuerdo de Mejora de la Calidad del Empleo del Servicio de Prevención Selvícola y Defensa del Patrimonio Natural de la Región de Murcia, que dispara el coste del contrato forestal hasta los 140 millones de euros para el periodo 2028-2032, frente a los 80 millones del ciclo anterior. Se trata de un incremento del 75% en la licitación, que pasa de una dotación anual de 16 millones de euros a 28 millones.

De esa partida anual, en torno al 78% se destinará a masa salarial, incremento retributivo, estabilidad del empleo y mejoras de las condiciones laborales de los bomberos forestales, mientras que el 22% restante se orientará a recursos, medios materiales, organización y mejora de la prestación del servicio.

Subida salarial del 30,82% en cinco años

El acuerdo, vigente hasta 2032, contempla una subida salarial acumulada del 30,82% para los bomberos forestales. El incremento arrancará con una subida del 14% en 2028 y continuará con subidas del 3,5% anual en cada uno de los cuatro ejercicios siguientes.

Este nuevo marco da continuidad al acuerdo firmado en febrero de 2022, vigente hasta 2027, que supuso una mejora salarial del 19,6% en cinco años y que culminará el próximo ejercicio con una subida del 7% antes de la entrada en vigor del nuevo pacto.

De 350 a 379 efectivos

El acuerdo refuerza también la estabilidad laboral del servicio, que actualmente cuenta con 350 personas y pasará a estar integrado por 379 efectivos gracias a la incorporación de 29 nuevas plazas.

Además, 100 trabajadores de la plantilla actual mejorarán sus condiciones de empleabilidad: el 91% de ellos pasará a estar contratado durante los 12 meses del año, mientras que el 9% restante —que en la actualidad trabaja solo dos meses durante la campaña estival— ampliará su periodo de contratación hasta los cinco meses.

Con estas medidas, el dispositivo pasará de un 71,5% de pleno empleo actual —con 250 de los 350 efectivos contratados todo el año— a un 97,7% a partir de 2028, con 370 de los 379 integrantes del servicio contratados durante los doce meses.

Fin de las movilizaciones forzosas fuera de horario

El acuerdo incorpora también cambios en materia de conciliación familiar. Entre ellos, la eliminación de la localización obligatoria fuera del horario ordinario, de manera que no se producirán llamamientos forzosos fuera de la jornada de servicio: las movilizaciones extraordinarias pasarán a ser voluntarias y retribuidas.

Así, las movilizaciones voluntarias fuera de horario por emergencias de nivel 1 y 2 se retribuirán con 150 euros brutos, y los cambios de horario comunicados con menos de 48 horas de antelación se compensarán con 30 euros brutos.

En caso de intervención fuera de la Región por requerimiento de la Administración regional, se abonarán 150 euros brutos diarios en desplazamientos dentro de la península y 250 euros brutos diarios en actuaciones fuera de la península o en el ámbito internacional, cantidades independientes de las horas extraordinarias que correspondan.

El diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, ratificó este miércoles en los juzgados de Cartagena la denuncia presentada por la presunta falsificación de su firma, falsedad en documento oficial y usurpación de identidad, unos hechos que ha calificado como “extraordinariamente graves” y que, a su juicio, “no tienen cabida en una democracia ni en una organización que aspire a gobernar”.

Antelo explicó que la denuncia tiene su origen en la utilización de su firma “sin su conocimiento ni autorización” para presentar un documento oficial mediante el que se solicitaba su propio cese. “Parece una broma, pero desgraciadamente no lo es. Utilizar la firma de una persona para que solicite su propio cese demuestra hasta dónde algunos están dispuestos a llegar”, señaló.

El portavoz apuntó que fue la letrada de la Asamblea Regional quien detectó las irregularidades, paralizó la tramitación del escrito y dejó constancia en un informe de las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.

“Cuando un cargo público tiene conocimiento de un posible delito, no tiene otra opción que acudir a la Justicia. Mirar hacia otro lado habría supuesto incumplir con mi obligación”, afirmó.

Antelo insistió en que “nadie en su sano juicio utiliza la firma de otra persona sin su consentimiento” y aseguró que este tipo de actuaciones “atentan contra los principios más elementales del Estado de derecho y de la seguridad jurídica”.

Asimismo, manifestó su convicción de que “este tipo de decisiones no se toman de forma aislada”, apuntando que quienes materializaron los hechos “actuaban siguiendo instrucciones superiores”. “Los trabajadores cumplen órdenes; quienes deben responder son quienes las dan. La responsabilidad política no puede esconderse detrás de terceros”, indicó.

En este sentido, cargó contra la dirección de Vox por lo que considera unas prácticas “impropias de una organización democrática”. “Resulta profundamente preocupante que un partido que pretende gobernar España incurra en comportamientos que recuerdan a las peores prácticas del socialismo: saltarse la ley, vulnerar derechos y creer que todo vale para eliminar al discrepante”, denunció.

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha distinguido a los seis proyectos ganadores de los Premios Emprendedor del Mes correspondientes al primer semestre de 2026, una convocatoria que vuelve a poner rostro al talento empresarial que está naciendo y creciendo en la Región de Murcia.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, entregó hoy estos galardones, que premian iniciativas con modelos de negocio innovadores, capacidad de crecimiento y vocación de aportar soluciones útiles en ámbitos tan diversos como el ocio, la salud, la ciberseguridad, la logística, la economía local y la nutrición personalizada.

Durante el acto, el consejero de Empresa destacó que la Región de Murcia “está viviendo un momento emprendedor especialmente intenso, con más empresas y una nueva generación de iniciativas que no se conforman con abrir una persiana, sino que aspiran a competir, diferenciarse y crecer”.

“Estos premios demuestran que detrás de cada dato hay talento, riesgo, esfuerzo y una enorme capacidad para transformar buenas ideas en actividad económica y empleo”, subrayó.

Marín recordó que entre los meses de enero y mayo se han creado en la Región 1.702 sociedades mercantiles, lo que supone un incremento del 28,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, frente al 11,5 por ciento registrado por la media nacional.

Este comportamiento sitúa a la Región como la segunda comunidad autónoma con mejor evolución en creación de empresas en el arranque del año y equivale a un ritmo de 11 nuevas sociedades al día, por encima de las 7,6 de la media nacional.

Los proyectos reconocidos en este primer semestre son Murcianeo, plataforma digital que reúne en una sola aplicación la oferta de ocio, cultura y turismo de la Región; VidaQR, sistema de identificación digital para emergencias que permite a los servicios sanitarios el acceso a información médica esencial agilizando la atención en situaciones críticas; y Scorpion Cybertechnologies, 'spinoff' de la Universidad de Murcia que ha desarrollado una plataforma avanzada para simular ciberataques y entrenar a profesionales en entornos reales de ciberseguridad.

También han sido distinguidos Espacio Salero 11, un espacio multifuncional que integra comercio, cafetería y programación cultural para dinamizar la economía local y desestacionalizar la actividad en Cabo de Palos y el Mar Menor; Motivo Club, marca de suplementación nutricional premium basada en productos personalizados y formato monodosis; y Furgox, empresa que ofrece gestión logística integral para comercio electrónico mediante un software propio que automatiza almacenamiento, preparación y envío de pedidos con trazabilidad en tiempo real.

El consejero señaló que el compromiso del Gobierno regional “es seguir construyendo un ecosistema en el que emprender no sea una carrera de obstáculos, sino una oportunidad real para quienes tienen una idea, un proyecto y la determinación de hacerlo crecer”.

En este sentido, remarcó que se continuará acompañando a los emprendedores “con instrumentos de financiación, asesoramiento, programas de apoyo y conexión con el ecosistema innovador regional, porque cada nueva empresa que nace es también una nueva posibilidad de empleo, de futuro y de progreso para la Región”.

El grupo municipal de Vox en Mula deberá reintegrar a las arcas públicas 4.224,20 euros que percibió durante 2025 en concepto de asignación económica para gastos de grupos políticos. El Pleno de la Corporación aprobó la semana pasada, con los votos de PSOE, PP e IU y la ausencia del propio concejal de Vox durante el debate, instar al reintegro de esa cantidad, según consta en la propuesta de acuerdo de la Comisión de Hacienda.

El dinero se había destinado, según las facturas presentadas, al alquiler de un local utilizado como sede del grupo. Pero un informe de fiscalización del 11 de junio concluye que no existe “la debida justificación del gasto” y que hay “documentación indiciaria” de que los fondos podrían haber generado un beneficio directo o indirecto para miembros de la Corporación, en contra de lo previsto en el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Según se extrae de la documentación, a la que ha tenido acceso este periódico, el concejal de Vox, Pedro Sevilla Monedero, es uno de los herederos —con un 25% de la propiedad— del inmueble alquilado, cuya explotación gestiona la mercantil Grupo Resermu S.L., administrada por su hermano, socio único de la empresa. El propio informe de Intervención lo resume como un conflicto de intereses “real” derivado de un vínculo familiar directo. La mercantil gestora del bajo no tiene como actividad principal la explotación de inmuebles, sino las instalaciones eléctricas.

“Pudiera ocurrir que al formar parte D. Pedro Sevilla de la herencia yacente propietaria del local, se viera beneficiado por la renta del alquiler que percibe la mercantil que explota el local”, aventura el documento.

“Bandera roja”

El caso llegó a Intervención después de que una denuncia interna, presentada el 10 de marzo, alertara de que el local era “una simple cochera sin uso real como sede” y de que el edificio tenía una segunda planta sin regularizar catastralmente, algo que confirmó después el servicio de catastro municipal: “Mi sorpresa es cuando observo que la sede de PP, PSOE e IU existen físicamente, pero no la de Vox”, relata el escrito, presentado en el buzón de denuncias del consistorio.

El Comité Antifraude del Ayuntamiento abrió expediente y encargó un informe jurídico externo a la consultora ACAL, especializada en administración pública.

El documento advierte sin rodeos sobre el fondo del asunto: “Pudiera entenderse que D. Pedro Sevilla está beneficiando a su hermano al destinar fondos públicos al pago de un alquiler donde el arrendador es una mercantil propiedad de su hermano”, señala el informe, que concluye: “Estamos ante una bandera roja” que justifica una fiscalización a fondo.

El Comité Antifraude había requerido además al concejal que suscribiera una Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés, algo que, según el informe de Intervención, “no ha sido presentada” pese a la solicitud, lo que la propia Intervención califica como “un vicio formal insubsanable” y “una clara obstrucción a las potestades de control del Ayuntamiento”.

Pese a las presuntas irregularidades, el hermano del concejal defiende la legalidad del arrendamiento una vez el Comité Antifraude abre expediente, argumentando que se trata de una “relación jurídica privada consentida por los legítimos titulares del inmueble”.

El dictamen, fechado el 11 de mayo, no aprecia una incompatibilidad automática del concejal según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, al no ser este contratista del Ayuntamiento: “Estamos ante una relación entre privados en la que no es parte del Ayuntamiento, sino un concejal del Ayuntamiento”.

Pero sí concluye que el contrato de arrendamiento aportado —firmado únicamente por Sevilla y sin que en ninguna de sus cláusulas se mencione el precio de la renta— carece de un elemento esencial para su validez como negocio jurídico: “La única mención a la renta la encontramos en el acta de la asamblea extraordinaria del 18/12/2024, donde sí se mencionó que el precio sería de 360 euros mensuales”, detalla el informe. En el documento se recuerda que “el Ayuntamiento de Mula carece de potestades para declarar la nulidad de un contrato del que no es parte”.

La versión de Vox

Sevilla ha admitido públicamente que devolverá el dinero. En una nota de prensa difundida por Vox Mula, el concejal asegura que “los gastos que hemos presentado no son justificables para la subvención”, aunque insiste en que las facturas eran legales y estaban declaradas fiscalmente por la empresa arrendadora. El local, sostiene el concejal, “se usa para pagar un alquiler de un despacho para atender a los ciudadanos y de almacén de material” y que no se hace uso de él como “sede para actos políticos” del partido.

Sevilla sostiene que se ausentó tanto de la votación interna del partido —en la que, según el acta de la asamblea extraordinaria de Vox del 18 de diciembre de 2024, se aprobó por mayoría absoluta alquilar ese local— como del pleno y de la comisión informativa municipal, “para no crear un conflicto de interés”. El concejal enmarca las críticas recibidas como “difamaciones” que denunciará “según la gravedad” de cada caso.

“El hecho de que D. Pedro se ausentara de la votación ya evidencia que era consciente de la falta de apariencia de imparcialidad de su elección, en caso de participar, y por eso se abstuvo”, recuerda el informe.

El propio grupo político ya había decidido, en una asamblea posterior celebrada el 18 de diciembre de 2025 —antes de que el caso trascendiera públicamente—, no volver a hacer uso de la subvención municipal durante 2026.

Fraude de agua

El episodio del local no es el único asunto abierto para la dirección de Vox en Mula. El pasado 19 de junio, una inspección del Servicio Municipal de Aguas, gestionado por Aqualia, detectó en una propiedad arrendada por la coordinadora local del partido, Alicia Tudela López, una conexión directa e irregular a la red de abastecimiento, sin contador y sin contrato que la amparase, según el acta de inspección elaborada con presencia de la Policía Local.

“Se encuentra dicha finca conectada mediante una tubería o latiguillo directamente a la red de abastecimiento (sin contador), así como carecer de contrato que lo ampare”, describen desde Inspección.

El informe constata además la manipulación del registro y de los precintos del contador, así como una reconexión no autorizada tras un corte previo por impago. Aqualia calificó los hechos como infracción grave, conforme al punto 10 del acuerdo entre la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y remitió a Tudela una comunicación formal, fechada el 23 de junio, requiriéndole que se pusiera en contacto con la compañía para regularizar la situación.

La coordinadora de Vox en Mula, Alicia Tudela, afirma, sin embargo, que la vivienda se encontró ocupada “hasta hace unos meses”. “La vivienda es de mi hermana, la tengo alquilada pero ahora mismo está deshabitada; vamos por allí de vez en cuando para llevar cajas”, con el objetivo de arreglarla. Tudela asegura, además, que ha sido víctima “doblemente” de esta situación: por una parte, porque el domicilio estaba ocupado y por otra “porque en estos momentos estamos intentando reestablecer los suministros, pero el Ayuntamiento nos está dificultando las gestiones por ser yo la coordinadora de Vox”.

“Mi hermana vive en el extranjero, nosotros habíamos denunciado ya el enganche del agua; no entiendo por qué nos denuncian ahora a nosotros”, concluye Tudela.

Francisco Lucas será el candidato del PSOE a la presidencia de la Región de Murcia en las próximas elecciones autonómicas. El secretario general del PSRM-PSOE ha sido el único precandidato en reunir el número de avales exigido dentro del proceso de primarias convocado por el partido, lo que evita la celebración de una consulta a la militancia y allana su proclamación como cabeza de cartel.

El plazo para la presentación de avales terminaba este sábado a las 12:00 horas. Una vez concluido el recuento y la verificación, el Comité de Ética del PSRM-PSOE ha dictaminado que Lucas superó el mínimo requerido, llegando incluso a rebasar el máximo permitido de avales.

El otro aspirante que había manifestado su intención de concurrir a las primarias, el abogado lorquino Juan José González Amador, no logró reunir los apoyos suficientes, por lo que queda fuera de la carrera.

Con este resultado, Lucas se perfila como el rival de Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma y líder del PP, en un contexto marcado por el gobierno regional en minoría del popular y la prórroga presupuestaria vigente.

La proclamación de Lucas como candidato abre un trámite pendiente: su actual cargo como delegado del Gobierno en la Región de Murcia es incompatible con una candidatura autonómica, por lo que tendrá que presentar su renuncia antes de que se formalice el registro oficial de las listas electorales.

“Recuperar la ilusión de la Región”

Lucas ha apelado a la necesidad de recuperar la ilusión en la Región de Murcia. “La ilusión es la fuerza que mueve a toda la gente cuando decide dejar de conformarse. Es la valentía de quienes creen que otra región es posible”, afirmó el dirigente socialista, quien vinculó su decisión de dar el paso al frente al nacimiento de su hijo hace dos años.

En la misma línea se pronunció la secretaria de Organización del PSOE, María Jesús López, quien defendió que con la elección de Lucas “comienza la cuenta atrás para abrir una nueva etapa en la Región de Murcia”

La última convocatoria del programa de dotación y rehabilitación de parques empresariales concede 900.000 euros en ayudas para mejorar infraestructuras industriales en la Región

El consejero de Empresa visita en Saprelorca una actuación ambiental financiada por este programa de ayudas en su convocatoria de 2024 para la mejora del sistema de evacuación de vertido de aguas pluviales

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info) ha impulsado 14 actuaciones de mejora en parques empresariales de la Región de Murcia a través de la última convocatoria del programa de ayudas para la dotación y rehabilitación de estos espacios productivos, que ha permitido movilizar una inversión subvencionable de 1.695.725 euros con una aportación pública de 900.000 euros.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha visitado este miércoles uno de estos espacios empresariales, Saprelorca, junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil.

Durante su visita, el titular de Empresa destacó que los parques empresariales “son el primer escaparate de nuestra capacidad para atraer inversión, generar empleo y dar a las empresas el entorno que necesitan para competir” y recordó que el Gobierno regional “mantiene una línea estable de apoyo a estos espacios como política económica que sostiene buena parte del músculo productivo de la Región”.

Esta línea de ayudas está dirigida a reforzar la calidad de los parques empresariales e industriales de la Región de Murcia, financiando inversiones que mejoren su funcionamiento, modernicen sus equipamientos y faciliten que las empresas desarrollen su actividad en entornos más competitivos y mejor preparados.

La convocatoria de 2025 ha beneficiado actuaciones en parques empresariales de Fuente Álamo, Bullas, Lorquí, Totana, Las Torres de Cotillas, Los Alcázares, Archena, Alhama de Murcia, Librilla, Mula, Yecla, Lorca y Puerto Lumbreras. En total, son 14 proyectos aprobados, ya que Fuente Álamo cuenta con dos actuaciones.

Las ayudas han permitido apoyar intervenciones promovidas tanto por ayuntamientos como por entidades urbanísticas de conservación y sociedades vinculadas al mantenimiento de parques industriales, con porcentajes de subvención que alcanzan hasta el 60 por ciento en determinados proyectos.

El consejero resaltó que “la Región de Murcia tiene una red de parques empresariales muy diversa, con realidades distintas y necesidades muy concretas, pero con un denominador común ya que todos son piezas esenciales para que la actividad económica se instale, crezca y permanezca en nuestro territorio”.

Una mejora ambiental para fortalecer el polígono industrial de Lorca

La visita a Lorca permitió conocer las obras de instalación de un hidroseparador de aguas pluviales en el Sector 1.A2I Norte del Polígono Industrial SAPRELORCA, una infraestructura diseñada para tratar aguas de escorrentía en episodios de lluvia y mejorar la calidad del vertido al cauce receptor de la rambla Alta.

La actuación ha supuesto una inversión total de 113.441 euros, de los que 56.720 euros han sido subvencionados por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia a través de este programa de ayudas para la dotación y rehabilitación de parques empresariales en su convocatoria del año 2024.

El nuevo hidroseparador hidrodinámico tiene capacidad para tratar hasta 425 litros por segundo y está orientado a lograr una alta eficiencia en la eliminación de sólidos en suspensión y en la reducción de hidrocarburos, mejorando significativamente la calidad del agua vertida al cauce y reforzando las infraestructuras de saneamiento, pluviales y depuración del polígono.

Saprelorca cuenta con una superficie urbanizada de 1.825.875 metros cuadrados, de los que 1.189.787 metros cuadrados son suelo útil distribuido en 350 parcelas industriales. Además, dispone de 75 hectáreas de reserva de suelo para su futura ampliación.

La sociedad trabaja en el desarrollo de una nueva ampliación por el lindero sur, con una superficie aproximada de 74 hectáreas, que contribuirá a consolidar el eje Lorca-Puerto Lumbreras como polo de actividad económica y logística, aprovechando la concentración empresarial de la zona.