Habrá huelga indefinida del metal en la Región de Murcia. Este lunes ha tenido lugar el último intento entre los sindicatos UGT, CCOO y USO y la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) para intentar negociar un nuevo convenio en el sector, sin éxito. Una negociación in extremis que no ha sido fructífera, y que precede al paro por parte de los trabajadores de la industria que comenzará este martes.

El conflicto afecta a 35.000 trabajadores y a 8.000 empresas de la industria del metal. Los sindicatos aprobaron la huelga el pasado 16 de octubre, en una asamblea en la que 130 delegados respaldaron que fuera indefinida, frente a los 22 que se abogaban por una movilización limitada a cinco días.

Según ha informado el secretario general de UGT Fica, José Antonio Nieto, tras “numerosas horas” reunidos en la Oficina de Mediación de y Arbitraje Laboral (OMAL), la patronal FREMM “no ha aportado nunguna propuesta nueva distinta a la del pasado julio”. Está propuesta fue rechazada de plano por UGT y USO y tumbada por la asamblea de CCOO.

El mayor escollo ha estado en la falta de propuestas por la patronal y su negativa a quitar del convenio los términos “compensable y absorbible” de los pluses, lo que provoca de hecho que las subidas que se acuerden se diluyan con el incremento del IPC. Este miércoles 28 de octubre se producirá un nuevo intento de mediación.

Desde la Delegación de Gobierno se ha previsto “un dispositivo preventivo para garantizar el derecho a la huelga y la convivencia durante la movilización”.

A sus espaldas arrastran meses de desencuentros con la patronal, con fricciones insalvables respecto a los complementos salariales y las bajas laborales. El pasado jueves se produjeron actos vandálicos en el valle de Escombreras y en Sabic con la quema de neumáticos y el intento de cortar el acceso a los puestos de trabajo de la zona. Una acción que los sindicatos condenaron en bloque estas acciones, “fuera de control y de todo aviso legal a la Delegación de Gobierno y a los cuerpos de seguridad y emergencias”: “Es importante remarcar que este tipo de conductas aisladas ponen en peligro a la integridad física de las personas trabajadoras”, han denunciado CCOO Industria, UGT Fica y USO.

Los sindicatos rechazan la cláusula compensación y absorción, que permite que algunas mejoras retribuidas se compensen con cantidades ya percibidas por los trabajadores. En la práctica, las organizaciones sindicales consideran que limita los efectos de las subidas salariales.

Otro desencuentro reside en el plus industrial de 24 euros, que las organizaciones reclaman que no puede ser absorbido ni compensado. La patronal, por su parte, ha ofrecido en otras jornadas de negociación que la cuantía ascienda a seis euros.

Llegó a firmarse un preacuerdo entre la FREMM y CCOO el pasado mes de julio que contemplaba, entre otros, un incremento salarial del 15 % para 2026-2029 con cláusula de revisión, además de otros avances en materia de subrogación, plus de astillero, plus de desempeño, plus industrial, mejoras de dietas, pluses de toxicidad, penosidad y peligrosidad y reducción de jornada anual hasta las 1.752 horas. Un documento que fue rechazado por los delegados y afiliados de CCOO en una asamblea, con un resultado ajustado: 50,85% de votos en contra y un 49,15% a favor.

Hubo una noche del año 2019 en la que los entonces dirigentes de Vox en la Región de Murcia brindaron con sidra en vasitos de plástico al ritmo de Manolo Escobar. Mucho había que festejar bajo las luces halógenas de la sede de los ultraconservadores en el barrio murciano de La Flota. Se acababan de convertir en la primera fuerza en la Región de Murcia en las elecciones generales. “En Murcia comienza la Reconquista, hemos sido la primera fuerza”, exclamaba la cabeza de lista por la Región, Lourdes Méndez Monasterio. Afuera, comenzaban los primeros signos de la resaca electoral, donde formaciones políticas y expertos por igual comenzaron a intentar encontrar una explicación al auge de la extrema derecha en tierras murcianas.

La propia formación ultra no esperaba aquel resultado. “Sorprendió muchísimo el poder llegar a ser la fuerza más votada”, reconoce Méndez Monasterio, que todavía hoy lo describe como un “exitazo” y presume de que Vox se impusiera a la candidatura del PP encabezada por Teodoro García Egea, entonces secretario general de los populares. La diputada en la legislatura que acaba de disolverse lo atribuye a un partido volcado en la campaña, una explicación que deja fuera los factores coyunturales que apuntan los politólogos del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP).

“Fue un fenómeno llamativo, Murcia fue la única provincia que se tiñó de verde”, recuerda el codirector del CEMOP de la Universidad de Murcia (UMU), Ismael Crespo. Vox consiguió en las elecciones generales del 10N del año 2019 un total de 199.440 votos en la Región, el 28% de los sufragios emitidos en la Comunidad. Entre estas elecciones y las que tuvieron lugar tan solo siete meses antes —las del 28A—, la formación ganó un total de 56.000 apoyos y casi diez puntos porcentuales.

“Vox movilizó al máximo su capacidad electoral, logró superar a un PP y PSOE que estaban muy igualados, aunque con poco margen”, detalla el otro codirector del CEMOP, Juan José García Escribano. Y es que, como describe el politólogo, Murcia esas elecciones se coloreó de un verde Vox, pero por poco: los de Abascal consiguieron 199.829 votos, seguidos muy de cerca de los 189.500 de los populares y los 177.154 de los socialistas.

“Se trataba de tres partidos bastante igualados, una situación que no se va a dar en las próximas elecciones [del 29N]”, apunta Escribano. “Ahora hay dudas de si en Murcia el PSOE estará por debajo de Vox o si Vox quedará por debajo de PSOE. De momento parece que el PP quedará por encima de ambos, los promedios de las encuestas le están dando ahora mismo por encima de los cuarenta puntos porcentuales. Lo normal es que obtenga entre cuatro y cinco escaños sin problema, lo que en la Región de Murcia sería casi la mitad de los que se reparten en esta circunscripción”.

Méndez Monasterio, que abandona la política tras la filtración de unos audios en los que criticaba a la cúpula del partido, confía en que Vox repita los tres escaños de 2019. Las encuestas, sin embargo, sitúan al PP muy por delante, y la disputa real en la Región se libra por la segunda plaza, que además decidirá el cuarto senador, ya que la candidatura más votada suele llevarse tres de los cuatro escaños en juego para la Cámara Alta y el restante corresponde a la segunda.

Crespo también apunta a que el hito electoral que Vox experimentó en las elecciones del 10N del 2019 estuvo en gran parte motivado por dos fenómenos clave. Por un lado, los de Abascal obtuvieron por primera vez representación parlamentaria en las elecciones autonómicas de Andalucía del 2 de diciembre de 2018, con diez diputados. Por otro lado, en julio de ese mismo año hubo una crisis migratoria con la llegada de centenares de migrantes a Ceuta, las Islas Canarias y las costas de Andalucía, la Región de Murcia, Alicante y Mallorca. “Fue la primera vez que ese fenómeno, el de la inmigración en patera, se hizo notar”, abunda.

“En aquellos sitios donde había una mayor concentración de agricultura es donde se producía el mayor voto a Vox. La inmigración no era el factor fundamental, pero era coincidente con la producción agrícola. En otras zonas, por ejemplo, donde se juntaban la producción industrial y la migración, no había voto a Vox”, detalla el politólogo, que sitúa la potencia discursiva del partido de extrema derecha en su capacidad de vender narrativas a públicos muy diferentes. “Hay gente que les vota por la inmigración, en un marco puramente racista o xenófobo, otros que la enfocan en la seguridad ciudadana, y otros en la creencia de que los migrantes les quitan recursos”, ejemplifica.

Entonces la migración no se asomó entre las mayores preocupaciones de los murcianos, según el barómetro de otoño del año 2019 publicado por el CEMOP con muestras que se recogieron semanas antes de las elecciones generales del 10N. En la actualidad, de acuerdo con las encuestas de verano de este año, la inmigración se percibe como el mayor problema de la comunidad autónoma. También se ha colado otro de los puntos fuertes de Vox, la seguridad ciudadana, que se sitúa en el puesto número siete. “Ellos [Vox] hacen unos discursos bastante genéricos sobre a quién echar la culpa de las cosas que suceden, en este caso los inmigrantes”.

En estos años, la inmigración ha desplazado a otras banderas tradicionales de Vox, como la oposición al aborto. Méndez Monasterio lo justifica con el lenguaje habitual del partido: “Habiendo tenido un ataque a la integridad de España y una invasión en el propio país, el tema de la inmigración es absolutamente fundamental”. Es el tipo de mensaje que Crespo describe como un discurso genérico para señalar culpables, y que ha acompañado el ascenso de la inmigración hasta el primer puesto de las preocupaciones de los murcianos en el barómetro del CEMOP.

Otro factor determinante fue la cuestión catalana, que despertó pasiones en una provincia como la murciana, con un gran sentimiento nacionalista español y una menor identidad regional: “Acababa de emitirse la sentencia del procés y había movilizaciones. Todo eso adquirió una gran centralidad informativa en aquel momento y la defensa de la unidad nacional era uno de los ejes de la política de Vox”, describe Escribano.

En definitiva, el auge de la extrema derecha en el 2019 tuvo más que ver con las circunstancias del momento que con un cambio ideológico del electorado. Ya se descartó la derechización de los electores conservadores tradicionales en un artículo publicado en el año 2022 por Crespo y el director técnico del CEMOP, Alberto Mora: “Se ha concluido que no hubo cambios ideológicos en el electorado murciano a lo largo del periodo 2018-2019”. Lo que sí detectó fue “una intensa transferencia de los electores del PP ideológicamente más extremistas hacia Vox”. 

“Más que consecuencia de una estructura de demanda, la fuerza de Vox parece derivar de una estructura de oferta, encarnada en la presencia de un liderazgo fuerte, como el de Santiago Abascal, en competencia con los líderes nacional y regional del PP”, abunda el documento. “Fue un momento crítico para el PP, que se rompió en todos los sentidos. Apareció Pablo Casado y compañía [entre quienes se encuentra el actual presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras], que representaba una nueva generación dentro del partido que rompe con el PP antiguo”. También el politólogo señala a la legislatura de Mariano Rajoy, que “no cubrió las expectativas del sector más conservador”.

De hecho, Vox nació como un partido para descontentos del PP y por descontentos del PP: “Tenemos que recordar que los que fundan Vox son expulsados del PP”, señala Crespo. En Murcia, el actual portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, fue candidato del PP al Congreso por la Región de Murcia en 2008. Ese año se presentó junto a su compañero en la Asamblea y expresidente de la Región con el PP, Alberto Garre; y con la exdiputada de Vox en la Cámara Baja por la Región, Lourdes Méndez Monasterio, que acaba de dejar la política.

No solo la crisis interna del PP dejó votantes huérfanos, también el hundimiento de Ciudadanos, que se escenificó en aquellas elecciones. Con respecto a los comicios que tuvieron lugar siete meses antes, el partido naranja perdió 97.322 votos en la Región de Murcia: “En abril se podía haber puesto en marcha el Gobierno, pero Ciudadanos no quiso y Podemos tampoco. La gente estaba bastante cansada, en parte en Murcia se produjo un voto de castigo a las instituciones y a los partidos tradicionales”.

El partido que logró aquel resultado tardó poco en desmantelar a quienes lo habían conseguido. Poco después de las generales, la dirección nacional apartó al Comité Ejecutivo Provincial, que había dirigido la campaña en la Región, del que formaban parte, entre otros, Pascual Salvador, Paco Carrera y Mabel Campuzano. “Ahí hubo una ruptura dentro del partido”, admite Méndez Monasterio que habla de “egos y ambiciones personales” y apunta que la dirección que vino después tampoco funcionó. La actual es ya la tercera desde 2019, un historial de inestabilidad que contrasta con la imagen de orden que la formación traslada en sus campañas.

La desaceleración del 2023

Quizás uno de los indicios más contundentes de que el estallido de Vox en 2019 fue hijo de su tiempo se puede encontrar en los siguientes comicios del año 2023, las del 23J: la formación ultra perdió en Murcia 36.705 votos y un escaño, mientras que los populares vivieron un resurgir en la comunidad, ganando en la Comunidad 118.472 votos y un asiento en el Congreso.

“En 2023 ya se estaba jugando de otra manera, con la posibilidad clara de un gobierno. El PSOE ya gobernaba a nivel nacional, por lo que el votante de derechas consideró que la única forma de contrarrestarlo era el Partido Popular. Se impuso el voto útil”, detalla Escribano.

Un voto útil que, vaticina el politólogo, también podría imponerse en las elecciones del 29N de este año: “[El mecanismo del voto útil] puede funcionar también ahora, el PP parte con bastante ventaja respecto de Vox”.

“Aquí en Murcia ni vamos a ver la campaña. Los marcos serán nacionales, con encuadres y estructuras narrativas fijados en las sedes centrales de los distintos partidos”, teoriza Crespo. “Harán apariciones los líderes regionales, pero tienen elecciones en cuatro meses, no pueden desgastarse en estos comicios”.

Pesos pesados del partido, perfiles técnicos y concejales de algunos de sus ayuntamientos. Son algunos de los perfiles que ha seleccionado la ultraderecha en la candidatura de Vox al Congreso por la Región de Murcia para las elecciones del próximo 29 de noviembre. Una lista que combina dirigentes consolidados, como Joaquín Robles y Luis Gestoso, con representantes de la gestión pública y la política local, y que se presenta en un contexto marcado por las crisis internas que han sacudido a la formación en los últimos años.

La lista llega, además, con algunas de sus figuras vinculadas a controversias recientes: desde las acusaciones de una exconcejala contra Gestoso hasta la investigada Aída Peñalver por la supuesta falsificación de documentos vinculada a la destitución de José Ángel Antelo como portavoz del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional.

Joaquín Robles, el relevo de Méndez Monasterio

El diputado de Moratalla Joaquín Robles se ha convertido en cabeza de lista en sustitución de Lourdes Méndez Monasterio, que había encabezado la lista en las tres últimas generales y anunció este lunes que abandonaba la política.

La diputada, hermana del asesor de Santiago Abascal, comunicó su decisión al partido el 15 de octubre, pocos días antes de que se abriera el plazo de presentación de candidaturas, y ha negado que su retirada guarde relación con las grabaciones publicadas en marzo en las que criticaba a la cúpula del partido.

Robles, que fue el número dos de Méndez en las convocatorias de 2019 y en la de 2023, nació en 1964, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia y fue profesor en el IES San Juan de la Cruz de Caravaca. Obtuvo su escaño en abril de 2019, lo revalidó en noviembre de ese año y en 2023, y en la actual legislatura ejerce como portavoz de Educación de Vox en el Congreso.

Tras la caída de José Ángel Antelo, su nombre fue el más citado para presidir la gestora que debía sustituir al exlíder regional. Fuentes cercanas le describen como “un hombre gris de partido” y sin especial aceptación dentro del lobby kiko de Murcia, ya que en el pasado fue conocido entre el estudiantado por cuestionar la religión en sus clases.

En octubre de 2019 se encargó de presentar la proposición de ley con la que Vox pretendía derogar la Ley de Memoria Histórica aprobada durante el Gobierno de Zapatero, y en esa comparecencia, preguntado por la postura de su partido ante el franquismo, argumentó por qué, a su juicio, no tiene lógica condenar a ese régimen.

Luis Gestoso, de la guerra con Antelo a las acusaciones de Guerrero

Con el número tres vuelve a la lista el portavoz municipal en Murcia, Luis Gestoso, que ya ocupó ese puesto en las generales de 2109 y fue diputado en el Congreso entre noviembre de ese año y 2023.

Nacido en Cartagena en 1962, Gestoso fue durante ocho años director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Gobierno regional del PP, cargo del que fue cesado en abril de 2014, y al año siguiente pidió la baja voluntaria en un partido en el que había militado casi tres décadas.

Pasó después unos meses por Ciudadanos, que abandonó al ser imputado por una operación urbanística de su etapa como concejal de Urbanismo en Molina de Segura, causa en la que resultó absuelto. Ya en Vox, fue el negociador del partido en la investidura fallida de Fernando López Miras en 2019.

Miembro del Comité Ejecutivo Nacional, fuentes cercanas lo sitúan entre las personas de la máxima confianza de Santiago Abascal al haber coincidido ambos en una etapa política en Euskadi, y su figura estuvo en el centro de la crisis que acabó con la salida de Antelo, con quien mantenía un enfrentamiento político abierto.

En mayo, la concejala María Guerrero abandonó el grupo municipal de Vox en Murcia, calificó de “insostenible” la situación interna y responsabilizó directamente a Gestoso, después de haber remitido varios informes internos a la dirección del partido.

En la misiva de despedida que publicó en sus redes sociales, lamentó, además, “que se están perdiendo perfiles muy válidos y queridos, y manteniendo otros que se han dedicado a la política toda la vida y que, sin la misma, desconozco si tendrían cabida en otra profesión” y denunció que “ahora se contrata a familiares y parejas de cargos”, una acusación que se produce cuando la coordinadora del grupo municipal, Nerea Alzola, ha sido relacionada sentimentalmente con Gestoso.

Aída Peñalver: de la Administración regional a las disputas internas de Vox

Sexta en la lista de candidatos de Vox, Aída Peñalver Martínez ha ocupado distintos puestos de responsabilidad bajo el paraguas de la ultraderecha. La pasada legislatura, desde septiembre de 2023 hasta julio de 2024, fue secretaria general de la Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, dirigida entonces por José Ángel Antelo. Tras la salida de Vox del Gobierno regional, se incorporó al Comité Ejecutivo Provincial como responsable de Organización Territorial.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, Peñalver también ha sido asesora jurídica del grupo municipal en el Ayuntamiento de Murcia y ha coordinado, desde 2020, el grupo de trabajo de Vida, Familia y Natalidad de la formación de ultraderecha.

Sin embargo, su nombre no cobró protagonismo hasta febrero de 2026, cuando dimitió en bloque junto a otros cuatro integrantes de la dirección provincial en plena crisis interna de Vox en Murcia para forzar la caída del entonces líder regional del partido, José Ángel Antelo. La maniobra buscaba forzar un cambio en el liderazgo regional y evidenció las profundas diferencias existentes en torno a la gestión de Antelo y al control de la organización. El episodio situó a Peñalver en uno de los momentos más delicados de la estructura murciana del partido, marcado por las tensiones de la dirección territorial y la nacional.

Peñalver, actual coordinadora del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento murciano, es una de las dos personas investigadas por la presunta falsificación documental relacionada con la destitución de Antelo como portavoz del grupo tras aquella crisis. El Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena la ha citado en esa condición junto a un asesor del grupo, después de que Antelo denunciara que se había usado sin su autorización el certificado digital del grupo parlamentario, vinculado a él como portavoz, para tramitar su relevo. Vox sostiene que ninguno de los dos ha recibido justificación del juzgado.

Antonio José Candel: un cargo de confianza

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Murcia, Antonio José Candel Cano, número nueve en la lista de candidatos por Murcia, está vinculado a Vox al menos desde 2022, cuando trabajó como jefe de prensa de Juan García-Gallardo, entonces vicepresidente de la Junta de Castilla y León. A ese puesto, le siguió el de asesor de Antelo en su época de consejero de Interior. Y de su tierra natal dio otro salto territorial, esta vez a la Comunitat Valenciana, donde desempeñó el cargo de asesor (personal eventual) de la presidencia de las Corts Valencianes, presidida por Llanos Massó (Vox). Su retribución anual, como publicó elDiario.es, ascendía a 63.000 euros brutos.

A pesar de que desde la presidencia de las Corts se defendió su labor de asesoramiento en comunicación, las informaciones publicadas cuestionaron su presencia habitual en la institución y la distribución de sus funciones. Algunas fuentes situaban a Candel más en Murcia que en Valencia, donde le atribuían tareas orgánicas del partido. Entre ellas, la coordinación de los pactos municipales con el PP o la interlocución con la dirección nacional del partido. En marzo de 2026, la presidencia de las Corts justificaba el papel de Candel argumentando que combinaba el “teletrabajo” con la presencialidad.

Gonzalo López Pretel, el vicealcalde que cesó Arroyo

En el séptimo puesto figura Gonzalo López Pretel, portavoz municipal de Vox en Cartagena, que formó parte del Gobierno local como vicealcalde y concejal de Litoral y Sanidad hasta que la alcaldesa Noelia Arroyo lo cesó como primer teniente de alcalde responsable del área por decreto el pasado mayo.

Ese cese puso fin al pacto de Gobierno que PP y Vox habían firmado en noviembre de 2023, y llegó después de que los exconcejales de Vox Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo estudiaran una moción de censura con PSOE, Movimiento Ciudadano y Sí Cartagena con el objetivo de apartar a López Pretel del Ejecutivo municipal.

Ya en la oposición, López Pretel justificó el voto en contra de Vox a esa moción con el argumento de que su partido no facilitaría la entrada del PSOE en el Gobierno local.

María Castillo, bajo el foco por desalojos de personas sin hogar

María Castillo Castro, octavo puesto de la lista al Congreso por Murcia y concejala de Servicios Sociales en Lorca, quedó en el centro de la polémica tras los desalojos de personas sin hogar de dos edificios sin terminar durante una ola de frío en enero de 2026. Las actuaciones, realizadas por la Unidad del Padrón en colaboración con la Policía Local, afectaron a personas que utilizaban esos inmuebles como refugio.

Según publicó elDiario.es el 20 de enero de 2026, fuentes municipales confirmaron que Servicios Sociales no había solicitado intervenir ni había recibido derivaciones relacionadas con los desalojos.

“Las políticas sociales han caído en picado desde que está Vox en la concejalía”, aseguran fuentes del entorno municipal. “Parece que lo que más importa es que no se vea en la calle a las personas sin hogar, y el departamento que trabajaba con migrantes, para ayudarles con el empleo o el papeleo se lo cargaron de un plumazo”. Según las mismas fuentes, “hay muchas ayudas estancadas y se ha descuidado mucho a la gente, no tienen una agenda y la atención social directa ha desaparecido”.

Desde el entorno de las organizaciones humanitarias de Lorca lamentan que desde la llegada de Vox a Política Social en el Ayuntamiento “se ha activado el típico discurso sobre la retirada de las subvenciones a algunos colectivos”. Sin embargo, “son insinuaciones que no se han podido traducir en nada práctico por falta de competencias”.

La consejera de la Región de Murcia Carmen Conesa, dará el salto a la política nacional en las elecciones generales del 29N. Tal y como ha adelantado el diario local La Verdad, la titular de la cartera de Turismo, Cultura y Deportes, será la número tres en la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la circunscripción de la Región de Murcia. El primer puesto lo ocupa la actual portavoz del PP en la Comisión de Industria y Turismo en el Congreso y portavoz adjunta del Grupo Popular, Miriam Guardiola.

López Miras deberá buscarle un sustituto a Conesa para antes del próximo 26 de octubre. La consejera deberá abandonar su puesto en el Ejecutivo regional en los próximos días, en cumplimiento con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La norma establece como una incompatibilidad el hecho de compaginar un cargo en una administración regional con el trabajo parlamentario en la Cámara Baja.

Un nuevo movimiento en el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia tan solo cinco meses después de que López Miras nombrase Joaquín Buendía como nuevo consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y a Isabel Ayala como nueva titular de la cartera de Salud, unos cambios que coincidieron con la crisis producida por la conocida como 'trama de las prótesis' en el seno del Sistema Murciano de Salud.

No es el único nombre que da el salto a la política nacional, el concejal de cultura y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, será el número dos en esta lista. A diferencia de en el caso de Conesa, Avilés podrá compaginar ambas responsabilidades.

En las anteriores elecciones generales del 2023, los populares obtuvieron en la Región de Murcia un total de cuatro parlamentarios en el Congreso de los Diputados, mientras que el PSOE se quedó con tres, Vox obtuvo dos y Podemos solo uno.

La Junta Electoral ha requerido al Ayuntamiento de Cartagena que retire de su página web y del resto de canales institucionales una información sobre las obras de las calles Morería Baja y Cantarerías, publicada el pasado 13 de octubre por el Consistorio, al considerar que incumple la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Según denuncia el portavoz del PSOE en Cartagena, Manolo Torres, la publicación incluía un balance de las actuaciones y referencias a logros, una práctica que, de acuerdo con el artículo 50.2 de la LOREG, está prohibida durante el periodo electoral.

Torres sostiene que este caso evidencia el uso partidista de los canales municipales por parte de la alcaldesa, Noelia Arroyo, y critica que, en lugar de ofrecer información de interés público, se utilicen para favorecer al Partido Popular. En este sentido, el socialista afirma que la alcaldesa ha convertido estos espacios en un “panfleto del PP”.

El portavoz socialista también cuestiona lo que considera un trato desigual hacia los grupos de la oposición. Según denuncia en una nota de prensa, mientras el Gobierno municipal utiliza los medios institucionales para difundir sus actuaciones, se limita el acceso de los partidos de la oposición a la web del Ayuntamiento.

“La alcaldesa sigue utilizando los medios institucionales para hacerse propaganda, a pesar de que la ley lo prohíbe”, afirma Torres, quien recuerda que los recursos municipales “pertenecen” al conjunto de la ciudadanía. “Hay que recordarle que los medios del Ayuntamiento de Cartagena son de todos los cartageneros, ni del PP ni de Noelia Arroyo”, concluye.

La Asamblea Regional ha aprobado este martes, con el voto favorable del Partido Popular y la abstención de Vox, una moción del Grupo Socialista que insta al Gobierno de Fernando López Miras a establecer un protocolo común en las nueve áreas de salud de la Región para actuar con rapidez ante cualquier sospecha de cáncer de mama. El protocolo debe aplicarse con independencia de la edad de la paciente y también cuando los síntomas aparezcan entre dos revisiones programadas del cribado.

El apoyo de los populares contrasta con el voto en contra que mantuvieron en las dos iniciativas anteriores sobre el programa de detección precoz. En noviembre de 2025, la Cámara aprobó una moción socialista para un plan de choque contra los retrasos en las mamografías con el respaldo de Vox y del Grupo Mixto y el voto en contra de los populares. En mayo de este año salió adelante, también pese al rechazo del PP, la moción de Podemos-IU-Verdes que insta al Ejecutivo a auditar el programa de cribado, con un plazo de tres meses para encargar una evaluación externa e independiente.

La iniciativa aprobada hoy pide, además, al Gobierno regional que haga efectiva la ampliación del cribado hasta los 74 años, manteniendo su inicio a los 45, tal y como anunció en octubre de 2022. “Han pasado cuatro años desde aquel anuncio y seguimos reclamando que se cumpla. Anunciar medidas sanitarias es fácil; lo importante es ejecutarlas, dotarlas de recursos y garantizar que lleguen a las mujeres”, ha afirmado la viceportavoz socialista Marisol Sánchez durante la defensa de la moción.

La mitad de detecciones

Sánchez ha basado su intervención en el informe publicado en abril por la Alianza por la Transparencia, Calidad y Equidad en el Cribado de Cáncer de Mama, elaborado a partir de datos oficiales. Según ese documento, en 2023 el programa murciano detectó 2,43 cánceres por cada mil mujeres cribadas, frente a una media nacional de 4,67. El porcentaje de tumores diagnosticados en el intervalo entre dos revisiones alcanzó el 15,79% en la Región frente al 6,7% de media en España. El informe estima que, si esas deficiencias se hubieran mantenido durante la última década, entre 150 y 180 mujeres podrían haber recibido un diagnóstico más tardío del que habría permitido un programa con rendimiento mejor.

La diputada socialista también ha aportado datos de listas de espera analizados por su grupo, correspondientes al mes de junio. Según el PSOE, 480 mujeres esperaban una mamografía sin que se respetaran las garantías fijadas por la normativa autonómica, ya que 314 tenían una cita que superaba el plazo máximo legal de 30 días y otras 166 no tenían fecha asignada. “No estamos diciendo que todas estas mujeres tengan cáncer. Estamos denunciando que el Servicio Murciano de Salud no está garantizando los plazos establecidos”, ha precisado.

El texto aprobado encarga al Gobierno regional diseñar el protocolo junto con los profesionales sanitarios y los colectivos implicados. La moción recoge propuestas de asociaciones de pacientes como AMIGA, y su objetivo es garantizar una valoración adecuada ante cualquier sospecha clínica, también en mujeres que estén fuera de la edad del cribado. “Una mujer no puede tener menos garantías por vivir en un municipio u otro, y una sospecha de cáncer no puede esperar a la siguiente revisión programada”, ha defendido Sánchez.

El asunto volverá al pleno este miércoles, cuando el Grupo Socialista preguntará a la consejera de Salud por la falta de transparencia sobre los resultados del programa de cribado.

Tras casi un mes de movilizaciones vecinales contra el cierre del camino de servidumbre que una a las pedanías murcianas de Javalí Viejo y Javalí Nuevo, se han paralizado temporalmente las obras de la empresa armamentística de la zona.

Según ha comunicado el Ayuntamiento de Murcia, se ha derogado el decreto que autorizaba las obras de Rheinmetall-Expal, “hasta que se dote a los vecinos de un itinerario peatonal alternativo”.

“El Consistorio señala que no podrá procederse al cierre del paso solicitado por el Ministerio de Defensa y la empresa Rheinmetall Expal Munitions, por razones de seguridad y Defensa nacional hasta que estas construyan un recorrido peatonal alternativo”.

El documento inicial, firmado por la jefa de servicio de calidad urbana, la concejala delegada de Talento Joven y Espacios Públicos y la directora de la Oficina de Gobierno Municipal del consistorio murciano, le concedía a la empresa armamentística un año para tramitar el proyecto de un itinerario que comunicara a los vecinos del pueblo. Ahora, sin embargo, el Ayuntamiento emplaza también al Ministerio de Defensa la responsabilidad del nuevo trazado: “El recorrido definitivo y sus características deberá ser consensuado con los vecinos por el Ministerio con el objetivo de compatibilizar las necesidades vecinales con las derivadas de la actividad de la instalación”.

“El Ayuntamiento ha mantenido contacto permanente con vecinos, Juntas Municipales y responsables del proyecto para estudiar las afecciones de esta actuación y las alternativas que permitan compatibilizar las necesidades de movilidad vecinales con las expuestas por el Ministerio de Defensa, con el objetivo de minimizar su impacto a los vecinos”, han defendido.

La paralización ha llegado tras varias semanas de movilizaciones, después de que el pasado 6 de septiembre a los vecinos se les cortase este camino sin servidumbre sin previo aviso. Por ahora, la única vía alternativa para los vecinos es una estrecha carretera de doble sentido y sin arcén, que añade un par de kilómetros al recorrido original.

La diputada de Vox Lourdes Méndez Monasterio ha anunciado este lunes en su cuenta de X que no repetirá como cabeza de lista al Congreso por Murcia en las elecciones del 29 de noviembre y que abandona la política para dedicar tiempo a su familia. La comunicación a su partido se produjo el pasado 15 de octubre y llegó a pocos días del plazo para registrar las listas, ya que la presentación de candidaturas al Congreso y al Senado se abre el 21 de octubre y se cierra el 26, y obliga a Vox a elegir un nuevo número uno en una circunscripción donde ha logrado alguno de sus mejores resultados. Méndez había encabezado la candidatura en las tres últimas generales, ya que fue la número uno en abril de 2019 y renovó el escaño en noviembre de ese año. En 2023 volvió a liderar la lista, con Joaquín Robles como número dos.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, la diputada explica que “da un paso” al lado para dedicarse “con serenidad” a su familia. En el mismo texto agradece a Santiago Abascal “su confianza” y su “esfuerzo y valentía por el bien de España”. También reconoce el trabajo de “las innumerables personas anónimas” del partido y expresa su deseo de que Vox gane las elecciones “por el bien de los ciudadanos y por el bien de España”.

En conversación con elDiario.es Región de Murcia, Méndez ha reconocido que le ha costado dar el paso porque llega en vísperas de unas elecciones en las que espera un buen resultado: “He pasado toda la travesía del desierto. Me ha costado tomar la decisión porque ahora supongo y espero que haya que celebrar una victoria”. Añade que, aunque no vaya en las listas, seguirá “entregada al partido”.

“No deja de ser una mera anécdota”

El tono de la despedida contrasta con las críticas a la dirección de Vox que The Objective le atribuyó en marzo a partir de dos grabaciones, en las que reprochaba al partido el “ordeno y mando” de la cúpula, el trato a las mujeres y el abandono de la causa antiabortista para centrarse en la inmigración y el Pacto Verde, y llegaba a afirmar que en el partido “han descartado que las mujeres voten a Vox”.

Méndez niega que su retirada tenga relación con aquellas grabaciones que fueron publicadas“tres años después descontextualizadas”: “No, en absoluto. Después de 35 años dedicada a la política he pasado por muchos obstáculos”. Califica su difusión de “una actuación tan rastrera atacando a la propia intimidad” que “no deja de ser una mera anécdota que a quien retrata es a quien lo hizo”, en alusión a quien la grabó y a quien la publicó. También defiende lo que dijo en ellas: “Solo faltaba que uno no pudiera criticar a su empresa en la intimidad. Que alguien me diga si no lo ha hecho en algún momento”.

Nacida en Córdoba en 1957 y vecina de San Javier, Méndez Monasterio suma seis legislaturas en el Congreso. Según su ficha parlamentaria, ha sido diputada en la VIII, IX, X, XIII, XIV y XV legislaturas y es doctora en Derecho y abogada en ejercicio. Su primera etapa, con el PP, duró de abril de 2004 a enero de 2016, y terminó distanciada del partido de Mariano Rajoy por su política sobre el aborto. Su paso a Vox fue gradual, ya que comenzó a intervenir en actos de la formación en 2018, pero no se afilió hasta 2019. Ese mismo año fue elegida diputada por la formación de Abascal en las generales de abril. En esta última etapa ha sido portavoz de Vox en la Comisión Constitucional y en la de Reglamento.

Un resultado “histórico”

Durante toda su carrera, su perfil ha estado ligado al activismo contra el aborto y la eutanasia, y preside la asociación Familia y Dignidad Humana. Su nombre ganó peso en las generales de noviembre de 2019, cuando Vox fue la fuerza más votada en la Región, con el 27,95% de los votos y tres escaños. Tras aquel resultado, la diputada lo calificó de “histórico” y reconoció que no esperaban ser “la primera fuerza”. En 2023, la candidatura que encabezó bajó al 21,83% y a dos diputados.

Antes de llegar al Congreso, fue concejala y primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de San Javier y diputada en la Asamblea Regional. Entre 2002 y 2004 fue consejera de Trabajo y Política Social en el Gobierno regional de Ramón Luis Valcárcel.

Las negociaciones entre Podemos, IU y Movimiento Sumar en la Región de Murcia para concurrir juntos en las elecciones generales del 29 de noviembre en la Región de Murcia han fracasado. Las conversaciones buscaban conciliar las posiciones de Izquierda Unida (IU) y Movimiento Sumar, quienes han defendido un acuerdo de ámbito estatal articulado en torno al Frente Amplio y la Podemos, que ha planteado una fórmula de confluencia propia, ajustada a la Región de Murcia.

Para el coordinador autonómico de IU, John David Bayback, las negociaciones no han sido un fracaso, ya que el Frente Amplio ha conseguido aunar a quince fuerzas, “aunque una decida ir por libre y se ha quedado incompleto”. “Nos hubiera gustado que hubieran sido 16, pero no ha sido por falta de intentarlo hasta el último momento”.

Bayback, a punto de entrar en el acto que celebra Frente Amplio que se celebra en Madrid ha dicho que quieren ir unidos en todo el país porque no son unas elecciones autonómicas. “No podemos responder a lo que pedía Podemos porque en la práctica era romper el acuerdo federal, incluso ofreciendo alguna propuesta específica para la región dentro del acuerdo federal con un cambio de denominación, haciendo una campaña sobre Murcia”. “Hemos hecho todo lo posible”.

Por su parte, el coordinador autonómico de Podemos, Víctor Egió, ha manifestado en sus redes sociales que lo ha intentado “todo”. El pasado jueves ofreció a IU que asumieran el número uno de la candidatura por la Región de Murcia, inclusive el viernes llegaron a debatir la denominación para una candidadura unitaria de IU, Podemos y Sumar que se llamara Frente de Izquierdas de la Región de Murcia, como el que se pactó en Canarias o en la Comunitat Valenciana. “Hasta que IU federal ordenó pararlo todo”.

“El décimo escaño en la Región de Murcia podía haber sido para una enorme compañera como Penélope Luna. Y todo pinta que ahora será para Vox. Va a ser difícil explicar esto cuando llevamos años trabajando juntos en la Asamblea Regional, en los municipios y en los movimientos sociales”, ha afirmado Egío en su cuenta de X.

El acuerdo entre Podemos, Movimiento Sumar e Izquierda Unida (IU) para concurrir juntos a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en la Región de Murcia sigue en el aire, aunque las distintas formaciones mantienen abierta la posibilidad de alcanzar una candidatura unitaria. La negociación se centra en acercar la apuesta de Movimiento Sumar e IU por un acuerdo estatal en torno al Frente Amplio y la propuesta de Podemos de establecer una fórmula propia de confluencia adaptada a la realidad murciana.

El coordinador autonómico de Podemos, Víctor Egío, defiende que el entendimiento en la Región no debe quedar supeditado a las discrepancias existentes en el ámbito estatal. Para respaldar su postura, reivindica el trabajo compartido durante los últimos años en la Asamblea Regional, los ayuntamientos y las movilizaciones sociales. “Nadie entendería que, aunque en Madrid no se pongan de acuerdo, no alcancemos un pacto aquí”, sostiene.

Egío rechaza que la unidad implique necesariamente la integración de Podemos en el Frente Amplio y apuesta por una coalición que tenga en cuenta las particularidades políticas de Murcia. “No creo que los votos de la Región de Murcia valgan menos que los de Canarias”, afirma, en referencia a los acuerdos alcanzados en otros territorios.

En la misma línea, el diputado murciano de Podemos Javier Sánchez Serna ha reclamado a todas las formaciones, incluida la suya, un esfuerzo para cerrar un acuerdo. A través de la red social X, ha advertido de las consecuencias políticas de una posible división: “Si no hay unidad, si con nuestra división contribuimos a la llegada de un gobierno de PP-Vox, quedaremos desacreditados para muchos años”.

Por su parte, IU-Verdes mantiene su apuesta por una candidatura unitaria y espera que Podemos se incorpore a las negociaciones o plantee una fórmula compartida que permita a todas las organizaciones concurrir juntas. El diputado regional de IU-Verdes José Luis Álvarez-Castellanos ha explicado que su formación se remite a la estrategia federal del Frente Amplio de cara a las próximas elecciones generales y sitúa a Penélope Luna como su referente si se abre una negociación; mientras que en Podemos todavía no han definido quién será cabeza de lista.

Un acta de diputado desde 2016

Álvarez-Castellanos recuerda que la izquierda ha concurrido unida a las elecciones generales desde 2016 bajo distintas marcas electorales: Unidos Podemos, Unidas Podemos y Sumar, en 2023. Durante ese periodo, la izquierda ha revalidado el acta de diputado en la Región de Murcia a lo largo de cinco convocatorias electorales consecutivas.

En las últimas elecciones generales, celebradas en julio de 2023, Sumar agrupó a IU, Podemos, Verdes Equo y Más Región. Estos comicios constituyen el precedente electoral más reciente para analizar la representación de la izquierda en la circunscripción murciana, que reparte diez escaños.

En el ámbito autonómico, los acuerdos entre ambas formaciones han resultado más difíciles. En 2019, IU y Podemos concurrieron por separado a las elecciones regionales. En 2023, las negociaciones para presentar una candidatura conjunta estuvieron cerca de prosperar, pero finalmente no llegaron a buen puerto. Como resultado, ambas formaciones acabaron concurriendo juntas en la candidatura autonómica de Podemos.

Por su parte, Óscar Urralburu, secretario de Organización estatal de Movimiento Sumar, insiste en que “estamos trabajando en la línea de conformar un Frente Amplio, cualquiera puede sentarse para contribuir a este proyecto de construcción plural y diversa, para hacer frente a la oleada ultra que viene en España y en Europa”. Hasta las 23.59 “tenemos tiempo”, concreta. Para Urralburu la negociación se tiene que centrar de acuerdo al ámbito estatal, “a excepción de territorios como Canarias donde han planteado un Frente Amplio propio y hemos llegado a acuerdos con esas coaliciones, pero con partidos de ámbito estatal las coaliciones se cierran a ese nivel”.

El Comité Regional del PSRM-PSOE ha aprobado por unanimidad la propuesta de candidatura a las Cortes Generales para las próximas elecciones del 29 de noviembre. María González Veracruz e Irene Jódar serán las cabezas de lista al Congreso y al Senado, respectivamente. La propuesta será trasladada ahora a la Comisión Federal de Listas y al Comité Federal para su aprobación definitiva el próximo 17 de octubre.

El secretario general del PSRM, Francisco Lucas ha defendido un país “que no criminalice a las personas por su origen ni las señale por su orientación sexual; un país en el que la pobreza no se herede, en el que las personas tengan acceso a una vivienda digna y las oportunidades no dependan del dinero que tengan en el banco”.

“No quiero que nuestros hijos y e hijas crezcan en un país en el que la pobreza se herede; quiero que crezcan en un país en el que nadie tenga que elegir entre pagar el alquiler y llenar la nevera, en el que se garantice una sanidad pública y una educación de calidad a todos y todas; que los nuestros mayores puedan vivir con dignidad y que nuestros jóvenes puedan construir su propio proyecto de vida”, ha añadido.

Lucas ha remarcado que el 29N la Región de Murcia se juega “muchísimo”, y ha recordado que, en los últimos ocho años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado respuesta los principales desafíos de la comunidad: 700 millones de euros para recuperar el Mar Menor, 3.000 millones de euros en ferrocarril, y 700 millones de euros para reforzar la desalación.

En este sentido, ha afirmado que la Región de Murcia necesita seguir avanzando con un gobierno progresista “que siga invirtiendo para mejorar la vida de todas las personas que vivimos en esta tierra”, y ha hecho referencia a Maricarmen, que se ha convertido en el rostro de uno de los mayores problemas que sufre nuestro país: la vivienda. “Desde el primer momento lo dijimos con claridad: un sistema que desahucia de su casa a una mujer de 87 años es un sistema que ha fracasado. No hay excusas. No hay matices. Es una cuestión de humanidad. Y, ante una cuestión así, hay que elegir de qué lado se está”.

Al hilo, ha detallado que, “mientras el Partido Popular y Vox votaban en contra de los decretos de vivienda en el Congreso, anteponiendo los intereses de los fondos buitre a los de los jóvenes y las familias, la Delegación del Gobierno estaba trabajando para evitar desahucios, como el de Antonia y Vanesa, dos vecinas de Alcantarilla con discapacidad”.

“No podemos permitir que la lucha de tantas personas caiga en saco roto. Por eso, salimos con valentía, con fuerza y con determinación. Feijóo y Abascal han dejado claras sus prioridades desde el comienzo de esta precampaña: recortar los derechos que tanto nos ha costado conquistar. Han puesto en cuestión aspectos del sistema público de pensiones. Han planteado dar más protagonismo a las mutuas en la gestión de las bajas médicas. En definitiva, vuelven a poner sobre la mesa su agenda de recortes y retrocesos”, ha añadido.

Finalmente, ha comentado que la derecha y la ultraderecha siempre piden sacrificios a los mismos, a las familias trabajadoras, mientras defienden a los especuladores y las grandes fortunas. Para terminar, Lucas ha llamado a la movilización el próximo 29 de noviembre: “El futuro no está escrito, lo escribimos entre todos y todas. Que nadie se quede en casa. Que nadie piense que su voto no importa. Que nadie dé por decidido el resultado antes de que se abran las urnas. Que el próximo 29 de noviembre la fuerza de la gente llene las urnas”.

La Junta Electoral Provincial de Murcia ha archivado de forma unánime la denuncia del PSOE contra el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, por criticar a Pedro Sánchez durante una declaración institucional en el Palacio de San Esteban posterior al anuncio de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los socialistas solicitaron la apertura de un expediente sancionador contra el jefe del Ejecutivo regional por una posible vulneración de la Ley Electoral, al tiempo que exigieron la retirada del vídeo de la comparecencia de la página web de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de todas las redes sociales.

En su resolución, aunque la Junta Electoral no considera que los mensajes del presidente de la Región de Murcia fueran políticamente neutrales, ha recordado que se pronunciaron antes de que comenzase legalmente el periodo electoral. Y es que, las declaraciones se produjeron el 5 de octubre, mientras que la convocatoria electoral no se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el día 6.

Es por ello que la Junta Electoral va a permitir que continúen en línea el vídeo de la declaración institucional, además de las publicaciones en redes sociales: “No existe norma ni criterio interpretativo que establezca que, iniciado el periodo electoral, todas las noticias publicadas referidas a actos anteriores, por tanto, válidos, deban retirarse”, ha detallado la resolución.

“López Miras no puede utilizar la Presidencia de la Comunidad y el Palacio de San Esteban para hacer campaña contra el Gobierno de España. Una cosa es que hable como presidente del PP en un recinto privado y otra muy distinta que utilice una institución que pertenece a todos los murcianos para lanzar un mitin contra un partido político”, señaló la portavoz del Partido Socialista en la Región de Murcia, Isabel Gadea.

“¡Gentuza, cabrones!”, han sido algunas de las lindezas que ha proferido la concejala de Participación Ciudadana de Torre Pacheco, Ginesa Conesa (PP), a los manifestantes acampados por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid.

Las imágenes, publicadas por la propia concejala en sus redes sociales, la muestran grabándose en la plaza, junto a la Real Casa de Correos y a pocos metros de las tiendas del campamento.

“Sindicalistas, coméis del pesebre del sindicato”, ha vociferado directamente a los manifestantes. Mientras tanto, un grupo numeroso de personas encapuchadas y con el rostro tapado se colocaba frente al campamento. En la concentración se exhibieron banderas preconstitucionales y simbología de la ultraderecha y se realizó el saludo fascista.

La edila no solo ha dedicado insultos a los manifestantes de Sol, también cargó contra el presidente del Gobierno: “Pedro Sánchez, a la mierda”. La concejala ha alternado los improperios con alabanzas al rey: “¡Viva España y viva el Rey!”.

Tras lo ocurrido, el PSOE ha exigido a Ginesa Conesa su dimisión inmediata y ha pedido al alcalde que la cese de forma “fulminante” y le retire las delegaciones de Pedanías y Participación Ciudadana. “Si el alcalde la mantiene en el gobierno, estará avalando que una concejala suya se codee con la ultraderecha más violenta. El silencio del PP también será una respuesta”, ha advertido la portavoz.

En la movilización ultra contra los acampados de Sol, se vieron banderas y saludos franquistas. Cinco personas han sido detenidas y un policía ha resultado heridos por los incidentes que provocaron.

López Miras tilda la acampada de Sol de “insalubre”

Tras los ataques que sufrieron los acampados en la Puerta del Sol por grupos de extrema derecha, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha rechazado desde Bruselas “cualquier actitud violenta” y “agresiva” como las que se sufrieron en el centro de Madrid.

En el mismo aliento, llamó a reflexionar contra la naturaleza de la acampada: “No es normal que una manifestación esporádica, que una acampada coyuntural, se esté convirtiendo en un asentamiento estructural y permanente”.

Según el jefe del Ejecutivo regional, la acampada, “sin agua corriente, sin electricidad, sin energía y sin unas condiciones mínimas de higiene y sanidad”, muestra unas condiciones “insalubres”.

El Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) ha denunciado al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ante la Junta Electoral Central por la utilización del Palacio de San Esteban para realizar “un acto de marcado carácter partidista” inmediatamente después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre.

El PSRM ha solicitado la apertura de un expediente sancionador a Fernando López Miras “por vulnerar la Ley Electoral”, así como la retirada del vídeo de la web de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de todas las redes sociales.

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, considera que López Miras ha vuelto a utilizar una institución pública “como si fuera la sede del Partido Popular” y reclama que la Junta Electoral determine si su actuación vulnera el principio de neutralidad institucional y las limitaciones establecidas por la legislación electoral.

“López Miras no puede utilizar la Presidencia de la Comunidad y el Palacio de San Esteban para hacer campaña contra el Gobierno de España. Una cosa es que hable como presidente del PP en un recinto privado y otra muy distinta que utilice una institución que pertenece a todos los murcianos para lanzar un mitin contra un partido político”, ha señalado.

La portavoz socialista ha recordado que el propio López Miras ya tiene un precedente en esta materia. En mayo de 2023, durante la campaña electoral de las autonómicas, el entonces candidato del PP presentó en el Palacio de San Esteban el Torneo Carlos Alcaraz. La Junta Electoral Provincial concluyó que la nota de prensa, las intervenciones de López Miras y la elección de la fecha del acto tenían “connotación electoralista” y suponían una “infracción electoral”.

“Es especialmente grave que tengamos que volver a denunciar al presidente por utilizar San Esteban con fines políticos cuando ya existe una resolución de la Junta Electoral que le advirtió precisamente por un acto de estas características en el mismo lugar”, ha afirmado Gadea.

La portavoz del PSRM también ha recordado que en aquella campaña electoral la Junta Electoral Central llegó a incoar un expediente a López Miras por utilizar su correo oficial como presidente de la Comunidad para enviar a los funcionarios una comunicación sobre la jornada laboral de 35 horas.

“Los antecedentes son claros. Los recursos y los espacios de la Administración no pertenecen al Partido Popular. Son de todos los ciudadanos y deben utilizarse con absoluta neutralidad, especialmente cuando estamos ante un proceso electoral”, ha subrayado.

“Lo que hizo López Miras en San Esteban este lunes no fue una comparecencia institucional para informar a los ciudadanos. Fue una intervención partidista en la que atacó al Gobierno de España y presentó las urnas como una oportunidad para cambiarlo. Y todo ello desde la sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”, ha añadido Gadea.

En este sentido, Gadea ha reclamado a López Miras que “deje de confundir sus responsabilidades como presidente de la Comunidad con sus intereses como presidente del Partido Popular de la Región de Murcia”.

“San Esteban no es la sede del PP ni la Presidencia de la Comunidad el cortijo electoral de López Miras. Los medios y las instituciones públicas no están para hacer campaña ni para servir a los intereses de un partido, son patrimonio de toda la ciudadanía y no vamos a consentir que se usen con fines partidistas”, ha concluido la portavoz del PSRM-PSOE.

Medio centenar de vecinos de las pedanías murcianas de Javalí Nuevo y Javalí Viejo han paralizado temporalmente el cierre del camino que quedará para uso exclusivo de una empresa armamentística de la zona, Rheinmetall-Expal. Los vecinos han perdido su conexión peatonal después de que el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Murcia ordenasen de forma unilateral el cierre “por motivos de seguridad ciudadana y defensa nacional”.

Lo que comenzó como un encuentro entre vecinos con medios de comunicación fue escalando hasta convertirse en una concentración improvisada en la que, al grito de “¡obra ilegal!”, vecinos de todas las edades han comenzado a zarandear el vallado, para después retirarlo de forma definitiva.

“¿Dónde está la licencia de obra? Solo tienen permiso para un vallado y están abriendo un socavón para construir un muro”, denuncia José Francisco Navarro, expedáneo de Javalí Viejo y uno de los portavoces de la plataforma vecinal. El decreto por el que el consistorio murciano autoriza a Rheinmetall el corte del camino autoriza, concretamente, “la ocupación de la vía pública para la instalación de vallado y puertas para limitación de acceso a la fábrica de pólvora”. Este medio ha preguntado al Ayuntamiento sobre la existencia o no de una licencia de obra, sin éxito.

“Tengo que ir a Javalí Nuevo porque mi hermana está empotrada en una cama, desde que se cortó el camino no puedo ir a cuidarla”, lamenta Josefa, una vecina de 74 años de Javalí Viejo, al tiempo que señala que no existe transporte público que comunique de forma directa ambas pedanías: “Te llevan a Alcantarilla [un municipio colindante] y de allí a Javalí Nuevo”.

La petición de clausura de este camino fue ratificada por el Ministerio de Defensa, que encomendó al Ayuntamiento de Murcia su puesta en marcha. El cierre, tal y como denuncia la alcaldesa pedánea de Javalí Nuevo, María Jesús Barquero, se hizo a espaldas de las dos poblaciones: “Se lo han comunicado a la Junta de Hacendados, a Bomberos, a Patrimonio, a Tráfico y a una asociación de regantes. Pero no han avisado a las dos pedanías afectadas”.

Un quebradero de cabeza no solo para la población local, también para los regantes. “Debajo del camino pasa la acequia de Churra la Nueva y la de La Aljufía. El tablacho de riego sale por la portería de la fábrica y pasa por debajo, ¿nos van a dejar entrar a abrir la llave de riego cada vez que necesitemos agua?”, señala Pedro Antonio, propietario de una parcela.

Una hora antes de lo sucedido, en una plaza de Javalí Viejo, los vecinos han comenzado a recoger las primeras firmas en contra del cierre del camino: “Queremos ejercer un poco de presión al Ayuntamiento. No pueden dar permisos [de cortar la vía] sin contar con la gente del pueblo”, explica Antonio, residente de la pedanía, hoja de firmas en mano.

Mientras el camino permanece cerrado, la única vía alternativa para los vecinos es una estrecha carretera de doble sentido y sin arcén, que añade un par de kilómetros al recorrido original: “Vengo todos los días a trabajar, a dar gerontogimnasia a los vecinos. Antes cruzaba la servidumbre y llegaba en un momento, pero ahora tengo que ir por la carretera con coches pasándome al lado a 70 kilómetros por hora”, señala Natalia, otra afectada.

Una alternativa podría tardar más de un año en llegar, tal y como señala el propio decreto del Ayuntamiento: “En el plazo máximo de doce meses desde la notificación de la autorización, el promotor deberá presentar ante el Ayuntamiento la correspondiente solicitud para la tramitación del proyecto del itinerario peatonal alternativo comprometido”.

“Rheinmetall se ha comprometido a promover y habilitar este itinerario alternativo, cuyo trazado previsto discurrirá por el perímetro de las instalaciones e incluirá una acera dotada de iluminación. La empresa asumirá íntegramente la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y su financiación”, han detallado desde el consistorio murciano.

600 puestos de trabajo

Desde el Ayuntamiento de Murcia aseguran que el cierre del camino de servidumbre viene motivado por una ampliación de las instalaciones de la fábrica: “La ampliación de la capacidad industrial implica la puesta en marcha de nuevas instalaciones y la definición de nuevas zonas de seguridad. Estas nuevas necesidades hacen necesario comunicar directamente los dos recintos de la fábrica, actualmente separados por un camino abierto al tránsito peatonal”.

“El crecimiento previsto de la fábrica permitirá además incrementar de forma importante su actividad y empleo. Actualmente, trabajan en estas instalaciones alrededor de 400 personas y la ampliación prevista permitirá alcanzar cerca de 1.000 trabajadores en los próximos tres años, lo que supone la previsión de cerca de 600 nuevos empleos que contribuirán a dinamizar la economía de Javalí Viejo y de su entorno”, adelantan desde el consistorio.

Una convivencia incómoda

Existen registros de la pedanía de Javalí Viejo desde finales del siglo XIII, y los primeros documentos de la Fábrica de la Pólvora no aparecen hasta mediados del siglo XVIII. El camino de paso, entonces, era a través de una barca, puesto que aún no se habían soterrado las acequias que separaban ambos municipios. Pero el recorrido fue el mismo, incluso cuando se instaló más tarde el histórico camino de servidumbre que ahora corta el complejo.

Ya en la Guerra Civil, la Fábrica de la Pólvora sufrió una serie de bombardeos, pero no fue hasta los años 70 cuando se comenzó a considerar apartar a las instalaciones de la población local. Un proyecto por el que el Ministerio de Defensa llegó a adquirir unos terrenos para efectuar el traslado, pero que se truncó tras el descenso de la producción de la pólvora, y lo que entonces se pensaba que sería el cierre de la Fábrica.

La historia reciente entre las dos poblaciones murcianas y la armamentística ha estado marcada por los ruidos, los olores intensos y los accidentes laborales. El pasado año una deflagración en las instalaciones del complejo provocó la muerte de un trabajador y dejó varios heridos. Entonces fuentes consultadas de UGT muy próximas a los delegados sindicales de la fábrica aseguraron que estaba operaba con “una elevada carga de trabajo” y “a un ritmo fuerte”. “El volumen de actividad y producción que llevaban”, detallaron las fuentes sindicales, “era alto desde hace mucho tiempo, y se había convertido en algo normal”.

“Soportamos cuando hay pruebas de pólvora, una vez al mes pegan cañonazos enormes. Si la detonación es pequeña te molesta en el oído, pero cuando es un obús te deja sordo unos cuatro o cinco segundos”, detalla el antiguo pedáneo.

“Estamos acostumbrados a lidiar con esto. Ya desde pequeño, estando en clase, recuerdo como temblaban los cristales de las ventanas cada vez que hacían una prueba”, describe Samuel, un joven residente en Javalí Viejo.

Pero el ruido de la fábrica, para los vecinos que viven pared con pared, es “incesante”: “Ahora fabrican también por la noche, es como el motor de un avión. Nos está resultando imposible dormir”, describe una vecina que vive a escasos metros y prefiere no identificarse.

A esto hay que sumarle los fuertes olores que emanan del complejo al anochecer, y que se extienden por todo el complejo: “Volviendo de hablar con el director de la fábrica sobre el cierre del camino de servidumbre tuve que subir las ventanillas del coche por el olor a éter, que me hacía toser. Y así siempre”, explica la alcaldesa pedánea.

Dudas sobre uso de tecnología israelí

Un informe del Centre Delàs que publicó el pasado mes de marzo elDiario.es analiza la aplicación del Real Decreto-ley aprobado en septiembre de 2025 para limitar las relaciones armamentísticas con Israel. El estudio concluye que la norma no ha supuesto el fin de estos vínculos y señala que continúan vigentes contratos con empresas de la industria militar israelí por un valor cercano a 1.200 millones de euros, entre ellos los relativos a los misiles Spike LR2 y al sistema SILAM (Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad).

El informe 'Opacidad y desinformación en las relaciones armamentísticas entre España e Israel' apunta que el contrato del SILAM, valorado en cerca de 700 millones de euros y adjudicado al consorcio Escribano y Rheinmetall-Expal, plantea dudas sobre el uso de tecnología israelí. Aunque las empresas encargadas del proyecto han propuesto una alternativa nacional para sustituir los componentes de la empresa israelí de tecnología militar y defensa Elbit Systems, el Centre Delàs reclama al Ministerio de Defensa que aclare si esa tecnología podría seguir incorporándose de forma indirecta a través de la filial alemana de Elbit o del programa EuroPULS.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado, en seis autos notificados hoy, la fianza de 70 millones de euros acordada en la causa relativa a la desaladora de Escombreras para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse.

Las resoluciones desestiman los recursos presentados por las defensas contra el auto de apertura de juicio oral dictado por el órgano instructor el 11 de noviembre de 2024, en lo relativo al afianzamiento económico. Aquella resolución requirió a los acusados para que prestaran fianza por 70 millones de euros, con apercibimiento de embargo de bienes suficientes en caso de no hacerlo.

La Audiencia recuerda que en este momento procesal no corresponde resolver definitivamente sobre la existencia de responsabilidad penal o civil y señala que las cuestiones relativas al fondo “donde tienen que decidirse es en el juicio oral, y que corresponden a la sentencia definitiva”.

Respecto de la cuantía, la Sala concluye que los 70 millones establecidos en el auto de apertura de juicio oral constituyen una cantidad “incluso reducida” respecto de lo que resulta del análisis de los escritos de acusación y añade que “desde luego es conservadora, no pudiendo la misma ser minorada en absoluto”.

Los magistrados explican que la medida persigue asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en sentencia, sin anticipar el resultado del procedimiento. Así, precisan que “el afianzamiento no es una privación de un activo económico o de un importe de modo definitivo para la parte a la que se insta el mismo, sino simplemente un aseguramiento de las cifras a las que pueda resultar condenada en sentencia”.

La Audiencia rechaza también que la fianza hubiera sido acordada de oficio. Explica que, aunque el Ministerio Fiscal solicitó como medida cautelar la consignación judicial de las cuotas futuras del arrendamiento, la Comunidad Autónoma, como actora civil, pidió subsidiariamente “la exigencia de fianza a los investigados por el importe total de las responsabilidades civiles reclamadas”. “Nada se ha actuado de oficio, por ende”, concluye la resolución.

La Sección Segunda distingue igualmente la situación procesal actual de anteriores momentos de la instrucción en los que fueron rechazadas otras medidas cautelares. Las resoluciones explican que las circunstancias han cambiado, al existir ya un auto firme de continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado y haberse formulado los correspondientes escritos de acusación.

Asimismo, la Sala descarta que otras medidas cautelares adoptadas anteriormente hagan innecesario el afianzamiento ahora confirmado y considera que la prohibición de disponer de la planta desaladora “en modo alguno, al menos indiciariamente, puede entenderse como afianzamiento suficiente para las responsabilidades civiles posibles reclamadas en los escritos de acusación”.

Las costas de los recursos se declaran de oficio y contra las resoluciones no cabe recurso ordinario.

Dos decretos fracasados y acampadas repartidas por todo el país. En tan solo una semana, el tablero de juego de la vivienda ha dado un vuelco dos veces, volviendo al punto de partida después del ‘no’ de PP, Vox y Junts a apoyar las medidas. Mientras las fichas continúan moviéndose, se siguen firmando desahucios. Una realidad que Dani, Aurora y sus tres hijos tienen muy presente, después de conseguir parar por segunda vez su 'lanzamiento'. “Estamos más tranquilos que en verano. Por lo menos, tenemos una puerta abierta a negociar con el fondo, que es lo que nosotros queríamos”, celebra Dani. Hace medio año, la pareja recibió “por sorpresa” una carta de desalojo para ellos y sus tres hijos de 10, 17 y 23 años, este último con un 45% de discapacidad. “Vino un representante del fondo con un cerrajero a cambiar la cerradura. Menos mal que mi mujer estaba ese día en casa”.

“Nos llamaron okupas y nos dijeron que nos teníamos que marchar”, recuerda Dani. La familia, que lleva 19 años viviendo en el piso, nunca ha dejado de pagar el alquiler, tampoco las facturas de luz, comunidad y agua. Les desahuciaban, explica Dani, porque el juez no admitió la validez de su contrato de alquiler: “No hicieron valer ni el contrato, ni los pagos, ni nada”. La primera orden de lanzamiento llegó el pasado 30 de julio. En ese momento, gracias a la acción de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y la presión social, se logró aplazar hasta el 28 de septiembre.

De acuerdo con el afectado, el anterior propietario dejó de pagar el piso, que acabó en manos de una entidad bancaria y, finalmente, de un fondo de inversión: “En ningún momento nos notificaron que esta vivienda se dejó de pagar, ni que se había subastado, ni que había pasado a ser propiedad de un fondo”.

“Vino un perito a echar fotos”

En otras palabras, entidades bancarias y fondos de inversión tuvieron conocimiento de la venta del piso mucho antes que los propios habitantes de la vivienda, que descubrieron lo ocurrido cuando ya era demasiado tarde: “El banco nunca nos informó de la subasta, ni nos ofreció la posibilidad de comprar. Ellos sabían que el piso estaba en alquiler. Hace tiempo, no sé si porque el propietario intentó revisar la hipoteca o algo así, vino un perito del banco a echar fotos y a ver el piso”.

Como muchos otros, la familia vivió este proceso a ciegas: “No teníamos ninguna forma de contactar directamente con el fondo. Simplemente, nos vinieron del juzgado que teníamos que abandonar la vivienda”.

Ahora, con la posibilidad de un acuerdo sobre la mesa, Dani se muestra “esperanzado”: “Esperamos llegar a un acuerdo. Desde un principio trasladamos nuestro deseo de adquirir la propiedad”.

Según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial, se han producido 45 desahucios al día en España y dos diarios en la Región de Murcia en los primeros tres meses de 2026.

“Solo a finales de este mes de septiembre teníamos diez desahucios, hemos conseguido parar al menos ocho. No paran de llegar”, describe José Antonio Vives, portavoz de la PAH en Murcia. La repercusión que tiene el caso de Maricarmen ha sido fundamental, ha sido la gota que ha culminado el vaso, pero detrás hay muchos casos“.

La Paz, en el punto de mira

La familia de Aurora y Dani reside en el humilde barrio de La Paz, una zona que, por su proximidad al centro de Murcia, ha atraído la atención de fondos de inversión: “Sabemos que le ha pasado a más gente. Ha habido más desahucios en la zona, aunque desconozco sus circunstancias”, explica Dani.

De acuerdo con los datos del INE, la renta media anual de la zona apenas supera los 8.000 euros anuales, un 43% menos que la media del municipio. “En el barrio viven muchas familias vulnerables allí que se estaban acogiendo al escudo social. Ahora los fondos están reactivando las ejecuciones”, resume Vives. El pasado febrero, PP, Vox y Junts tumbaron por segunda vez el decreto que incluía la renovación del escudo social: “Han pasado seis meses, hemos visto una explosión de casos”.

Ahora que los nuevos decretos de la vivienda han caído tras el voto en contra de las derechas, Vives afea el rechazo del Gobierno regional a poner en marcha los controles del precio de la vivienda y el alquiler vigentes en la Ley Estatal de Vivienda: “No se ha hecho nada. En Barcelona con los mecanismos aplicados la han bajado un 7%. Puedes tener todas las herramientas del mundo, pero si no las aplicas no sirven de nada”. Pese a que en 12 municipios hay barrios que cumplen los requisitos para declararse zonas de mercado tensionado, el Gobierno regional se ha negado a ello. En noviembre del año pasado el Ejecutivo regional sorprendió, además, al denegar ayudas directas al alquiler ya concedidas a miles de jóvenes desde 2023, alegando falta de presupuesto: “Se ha dispuesto denegar la ayuda al no haber crédito suficiente para la concesión y pago a dichos expedientes”, justificaron.

La Consejería no especificó ni el número de personas que se habían beneficiado de esa subvención ni cuántas se quedaron fuera del proceso, pero insistió en que el importe aportado bajo el marco del Plan Estatal de Vivienda resultó “escaso” para sufragarlas: “El crédito restante [destinado a la ayuda] son 6141,45 euros (3853,25 euros en 2025 y 2288,20 euros en 2026)”, defendió Fomento en una carta enviada a los solicitantes, indicando que la cantidad del siguiente expediente para conceder (12.420,00 euros) “superaría la cantidad del crédito restante”.

Ahora, en plena crisis de la vivienda, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado “la mayor convocatoria de ayudas al alquiler de los últimos años” con 16 millones para llegar a 2.300 jóvenes.

La Región de Murcia ha experimentado uno de los mayores encarecimientos en los precios de la vivienda libre en los últimos meses. Según el INE, el incremento fue de un 15,6% en el primer trimestre de este 2026. El precio de la vivienda nueva subió una media del 10,9% en la comunidad. Mayor fue el aumento de la vivienda usada, que experimentó una subida del 16,3%. Unos porcentajes que superaron con creces a la media nacional, que alcanzó el 13,5%, la cifra más alta desde que se tiene registro.

El portavoz de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío, ha exigido este jueves, en el tercer aniversario del incendio de las discotecas de Atalayas que se cobró la vida de 13 personas, la creación de una comisión de investigación independiente, compuesta por expertos, “donde no puedan estar los mismos políticos” que provocaron la tragedia.

“Tres años después, aquí, en los solares donde estaban las discotecas Teatre y la Fonda Milagros solo queda un inmenso vacío y una gran sensación de injusticia, porque los verdaderos responsables políticos no han pagado por ello”, ha denunciado Egío.

El portavoz morado ha apuntado hacia los concejales Antonio Navarro (PP) y Andrés Guerrero (PSOE), que “debieron haber cerrado estas discotecas cuando suponían un evidente peligro” y que a día de hoy “siguen en sus puestos como si nada hubiera pasado”. 

Egío ha cargado también contra la comisión de investigación creada por el Ayuntamiento de Murcia, la cual “se suspendió en falso, y ni siquiera se publicaron sus conclusiones”. “PP y PSOE se han dedicado a taparse entre ellos. Si permitimos que los responsables de la tragedia de Atalayas salgan impunes, esto volverá a repetirse”, ha concluido. PP y Vox tumbaron asimismo en la Asamblea Regional, en noviembre de 2023, un mes después del incendio, una iniciativa de Podemos para crear una comisión de investigación independiente.

El escenario político de la Región de Murcia sufriría un cambio significativo si las elecciones autonómicas se celebraran en estos momentos, según el Barómetro de Verano de 2026 del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) hecho público este jueves. El Partido Popular seguiría en la primera posición, aunque el avance de Vox sí que modificaría la composición del bloque de la derecha. El PSOE perdería varios de los escaños obtenidos en 2023.

El CEMOP advierte que el trabajo se desarrolló entre el 1 y el 17 de septiembre, “en un contexto de elevada intensidad política, que debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar los resultados”. En el ámbito nacional, apuntan, “el inicio de septiembre estuvo condicionado por la crisis de Ceuta”.

La estimación sitúa al PP con un 43,1% de los votos y conseguiría entre 21 y 22 diputados. La formación de Fernando López Miras conservaría prácticamente el mismo apoyo registrado en las últimas autonómicas y se quedaría a una distancia de uno o dos escaños de la mayoría absoluta, situada en 23 parlamentarios.

El movimiento más destacado, sin embargo, sería el de Vox. El partido alcanzaría el 25,4% de los sufragios, con 12 representantes, tres más que en 2023 y se convertiría en segunda formación en la Asamblea Regional, después de haber partido del 17,9% de los votos en las anteriores elecciones.

Según el análisis del CEMOP, unos 20.000 antiguos votantes del PP se decantarían por la formación de Santiago Abascal. Al mismo tiempo, más de 60.000 electores que votaron al Partido Popular en 2023 permanecerían actualmente indecisos.

El PSOE pierde terreno

El retroceso más acusado correspondería al Partido Socialista. La estimación le atribuye un 17,7% de los votos y una representación de entre nueve y diez diputados, frente a los 13 que consiguió en 2023. El descenso también se refleja en la fidelidad de su electorado. Más de la mitad de las personas que respaldaron al PSOE en las últimas autonómicas se encuentra indecisa o ha trasladado su apoyo a otros partidos.

Con una previsión de nueve o diez parlamentarios, el PSOE podría situarse por debajo de los 11 escaños, lo que supondría sus peores resultados en unas elecciones autonómicas en la Región de Murcia.

En cuanto a Podemos, su intención de voto pasa del 4,8% registrado en 2023 al 5,3%, aunque la estimación mantiene sus dos diputados. La formación seguiría, por tanto, sin alcanzar los tres representantes para disponer de grupo parlamentario propio.

La opinión sobre el Gobierno central

El barómetro también analiza cómo valoran los ciudadanos la situación política nacional. Una amplia mayoría, el 82,7% de los entrevistados, considera que Pedro Sánchez tiene “mucha o bastante responsabilidad política” en relación con las investigaciones y los escándalos que han afectado a personas vinculadas al Ejecutivo.

La percepción es especialmente elevada entre quienes se declaran abstencionistas y también supera la mitad entre los propios votantes socialistas.

Los líderes políticos no llegan al aprobado

Ninguno de los dirigentes incluidos en la encuesta alcanza una valoración media de cinco puntos. Entre los líderes autonómicos, López Miras obtiene un 4,7 sobre 10. Francisco Lucas y María Marín se quedan en 2,5 puntos, mientras que Rubén Martínez Alpañez, incorporado por primera vez a esta medición como referente autonómico de Vox, recibe un 2,6.

La valoración también es baja entre los principales dirigentes nacionales. Alberto Núñez Feijóo obtiene un 3,8, Santiago Abascal un 3,6 y Pedro Sánchez un 1,9. Sánchez es, además, el dirigente nacional con mayor grado de conocimiento entre los participantes en el estudio.

Los trabajos para retirar la inscripción dedicada a José Antonio Primo de Rivera de una de las fachadas principales de la Catedral de Murcia, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), ya han comenzado. Las labores son visibles desde la Plaza de la Cruz, después de que haya expirado el plazo de tres meses concedido al Obispado de Cartagena para proceder a su retirada.

El pasado mes de junio, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática acordó incluir esta inscripción en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática y requirió su eliminación para evitar posibles sanciones.

Según la resolución, la inscripción constituye un homenaje expreso al fundador de Falange Española y mantiene la expresión “¡Presente!”, utilizada habitualmente en los actos de homenaje falangistas.

La Comisión Técnica de Expertos consideró que este elemento supone un reconocimiento público a una de las principales figuras ideológicas del franquismo y que refleja la vinculación entre la Iglesia católica y la dictadura durante el periodo del nacionalcatolicismo.