Con lágrimas en los ojos. Así ha cerrado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, el intento de ser apartada del poder con una moción de censura. Tras un intenso Pleno, la moción no ha salido adelante por 13 'noes' y 12 'síes'. Tras dos horas y media de impasse entre los miembros de la Mesa de Edad, se ha celebrado el debate de esta moción que llegaba muerta al Pleno después de perder el respaldo de dos de sus firmantes, los díscolos de Vox Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo.

El debate de la moción lo ha abierto el candidato a alcalde, Jesús Giménez Gallo: “Un total de 16 personas han firmado que el gobierno de Cartagena está llevando a cabo una crisis institucional”, ha apuntado, contando los apoyos retirados de los ex de Vox y las solicitudes de continuar el debate de los fieles Abascal. En un principio, la moción contaba con los 14 votos necesarios para ser presentada, la mayoría absoluta del Pleno. Más tarde caería al descolgarse los tránsfugas de Vox, que se espera que vuelvan a incorporarse al gobierno municipal: “Con el trasunto que ha llevado el PP estos días no nos es de extrañar que los ciudadanos quieran dejar de creer en la política”, ha reprochado Gallo.

Un sentimiento que ha compartido el socialista Manuel Torres: “Durante estos diez días no me he preguntado si la moción salía o no, sino qué miedo tiene el PP de perder el poder. Esta moción no es un capricho, nace de la realidad de que este gobierno ha dejado de ser útil”.

“Esta sesión reunirá o no reunirá [las condiciones para que tenga lugar], pero lo que queda es un debate constructivo”, ha concluido Juan Pedro Torralba, portavoz de Sí Cartagena.

Arroyo, por su parte, ha pedido perdón por el “ridículo, bochorno y sinvergonzonería” que ha tenido lugar este martes en el Pleno de Cartagena. Ha querido insistir en la nulidad del Pleno y en el hecho de que se haya incumplido el 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG): “[Los tránsfugas de Vox] de manera libre han tomado una decisión y es presentar un requerimiento de desistimiento para no seguir apoyando que se presente, que se debata y que se vote esta moción de censura”, ha recordado.

“Nulidad de pleno derecho”

“Nadie está por encima de la ley, ni el PSOE ni Giménez Gallo. Hoy, por intereses partidistas y personales sin ningún fundamento, se está acometiendo una ilegalidad. Este Pleno está tomado por una nulidad de pleno derecho”, ha reprochado. “Por supuesto que en una democracia puede presentarse una moción de censura, pero debe cumplir sus condiciones, y esta no las cumple”.

En su turno de palabra, el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, ha atribuido a esta formación la continuidad del gobierno municipal: “Vamos a votar no a la moción. Vamos a votar no, y ella [Noelia Arroyo] seguirá pudiendo ser alcaldesa porque Vox no cambia principios por sillones”. “Ellos [el PP] se quedan con los tránsfugas que nos han traído hasta aquí, para pasar este bochorno. Se han acercado al cesto de la fruta y se han llevado la podrida para seguir en el poder”.

López Pretel ha aprovechado para reprochar la ausencia del tránsfuga de Vox, Diego Salinas, clave en el fracaso de la moción: “Uno de los firmantes y desfirmantes de la moción no vino al pleno pasado ni a este. Tenemos obligaciones como concejales”.

Al finalizar la votación en el Pleno del consistorio cartagenero, López Pretel ha reclamado ante los medios que “la coherencia de Vox no borra los errores del Partido Popular, que ha decidido expulsar del Gobierno a quienes fueron leales al pacto para conservar a quienes lo rompieron”. Una decisión que, ha anticipado, tendrá “consecuencias políticas, pues la confianza, cuando se rompe, es muy difícil de recuperar”.

El portavoz de Vox en el consistorio de la ciudad portuaria ha explicado que su formación ha votado en contra “porque el PSOE no va a entrar en ningún Gobierno siempre que esté en nuestras manos impedirlo, no porque el PP haya actuado correctamente”.

Rifirrafe en la Mesa de Edad

Todo apuntaba a que la moción nunca llegaría a debatirse, pero los miembros de la Mesa de Edad han entrado a mediodía en un intenso debate interno. Estos han sido Enrique Perez Abellán, concejal del cartagenerista Movimiento Ciudadano (MC), y Nacho Jaúdenes, edil del PP.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 197, establece que la Mesa de Edad deberá cerciorarse de que la moción cuenta con un candidato a alcalde -en este caso, Jesús Giménez Gallo de Movimiento Ciudadano (MC)- y con el apoyo de 14 concejales, la mayoría absoluta del pleno municipal cartagenero.

Ante la discrepancia de los miembros de la Mesa de Edad, la secretaria del Pleno, Adelia Rodríguez Arribas, ha tenido que hacer de moderadora. Jaúdenes ha recordado que los requisitos por los que se aceptó la moción deben cumplirse una vez llegue el momento de debatirla y presentarla, un criterio que compartió la secretaria del Pleno.

Por su parte, Abellán ha defendido que el debate de la moción tenía que seguir adelante: “Alguien tiene que decidir. La secretaria del Pleno nos asesora. Yo digo que esto debe continuar, y usted que esto debe parar, ¿quién va a decidir?”

Tras dos horas de media de impasse, finalmente se ha impuesto el criterio del edil de MC, mientras la alcaldesa de Cartagena ha advertido de que solicitará la nulidad del Pleno y demandará a Abellán por prevaricación.

De la implosión de Vox a la moción de censura

Aunque la moción de censura se presentó hace dos semanas, su maquinaria lleva moviéndose desde la implosión de Vox en la Región de Murcia. Tras el cese del por aquel entonces líder de los de Abascal en la Comunidad, José Ángel Antelo, Diego Salinas fue el primero en seguir su estela y abandonar la formación. Le seguiría Beatriz Sánchez del Álamo. Hace tres semanas, Salinas abandonó también el gobierno municipal, y una semana más tarde, los tránsfugas de Vox presentaron la moción de censura junto a MC, PSOE y Sí Cartagena.

La convicción de derrocar al gobierno de Arroyo les duró a los tránsfugas una semana. En un intento de evitar que tuviera lugar la moción, la alcaldesa destituyó a los fieles de Vox del gobierno municipal, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente. Horas más tarde, Salinas y Sánchez del Álamo renegaron de la moción de censura: “Creemos que lo más responsable y beneficioso para Cartagena es mantener la estabilidad institucional durante el tiempo que queda de legislatura”, justificaron así su cambio de parecer. El pasado lunes fueron más allá registrando sendos escritos de desistimiento para retirar sus firmas de la moción y afianzando su fracaso.

Los fieles a Abascal, por su parte, solicitaron formalmente que se mantuviera el debate, recordando que “una crisis política de esta magnitud no puede desaparecer por la simple presentación de un escrito de quienes la provocaron”.

“Que me has cortado, chico”, estas palabras revelan el tono adoptado entre los miembros de la Mesa de Edad del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, encargada de determinar si se debate y vota la moción de censura presentada contra la popular Noelia Arroyo. Los integrantes de este órgano, Enrique Pérez Abellán, concejal del cartagenerista Movimiento Ciudadano (MC), y Nacho Jaúdenes, edil del PP, han mantenido un tenso debate sobre esta cuestión desde el mediodía. Lo que ha empezado como una conversación a micro cerrado se ha convertido en una disputa abierta entre los miembros de la Mesa.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 197, establece que la Mesa de Edad deberá cerciorarse de que la moción cuenta con un candidato a alcalde -en este caso, Jesús Giménez Gallo de Movimiento Ciudadano (MC)- y con el apoyo de 14 concejales, la mayoría absoluta del pleno municipal cartagenero.

Ante la discrepancia de los miembros de la Mesa de Edad, la secretaria del Pleno, Adelia Rodríguez Arribas, ha tenido que hacer de moderadora. Jaúdenes ha expuesto que los requisitos por los que se aceptó la moción deben cumplirse una vez llegue el momento de debatirla y presentarla. Por su parte, Abellán ha defendido que debe seguir adelante el debate de la moción: “Alguien tiene que decidir. La secretaria del Pleno nos asesora. Yo digo que esto debe continuar, y usted que esto debe parar, ¿quién va a decidir?”

El concejal no adscrito Diego Salinas no ha acudido este martes al Pleno, así que, en el caso de celebrarse, el PP podría perder la moción.

El clima del Pleno se ha recrudecido aún más al declararse el propio Abellán presidente de la Mesa, al ser el integrante de mayor edad y, de este modo, resolver a favor de la moción con su voto de calidad. Por su parte, el más joven ha defendido que los dos integrantes de la Mesa la copresiden.

La Mesa de Edad le ha cedido la palabra a la secretaria del Pleno, que también ha señalado que se deben mantener los mismos requisitos que se presentaron durante la moción en el momento de su lectura. No se pueden sustituir los proponentes, ya que eso significaría dar paso a otra moción de censura. “Constan en el expediente dos escritos, una de las proponentes retira el apoyo de la moción. Existen dos momentos en los que se deben cumplir los requisitos de la proposición. En la presentación de la moción y en su lectura”, ha argumentado.

Contra el criterio de Jaúdenes, Abellán ha intentado cederle en numerosas ocasiones la palabra a su compañero de partido, el candidato a la moción de censura y líder de MC, Jesús Giménez Gallo: “Esto quedará grabado para siempre. Una votación que debería haber tenido lugar se está convirtiendo en una presión a un concejal libre y electo por parte de los altos funcionarios de este Ayuntamiento”.

Finalmente, Noelia Arroyo ha preguntado si se cumplían las condiciones para celebrar la moción o se levantaba la sesión. “Todo es asesoramiento, nadie puede decirle lo que usted tiene que hacer”, le ha recordado la secretaria del Pleno. Por su parte, Giménez Gallo también ha adelantado que emprenderá acciones legales en caso de que se suspenda.

“Por el bien de la seguridad jurídica del Pleno”, el interviniente ha recomendado a la Mesa de Edad un receso.

La llave de la moción

Los tránsfugas de Vox han sido la llave que ha abierto y cerrado la moción de censura de Cartagena, el cataclismo de este duro encontronazo. Una semana les duró la convicción a los ex de Vox, Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, de presentar la moción de censura contra Noelia Arroyo junto a MC, PSOE y Sí Cartagena. Después, la alcaldesa les ofreció un puesto en el gobierno y la destitución de los fieles de Abascal, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente. Tras el nuevo acuerdo, los tránsfugas han hecho todo lo posible para desandar los pasos que caminaron hacia la moción. Lanzaron un comunicado renegando de ella, y el pasado lunes registraron sendos escritos de desistimiento para retirar sus firmas de la moción. Los de Vox, por otro lado, solicitaron poco después que se mantuviera el debate en otros escritos.

La moción de censura de Cartagena parece un nudo marinero. Cuando parece que está hecho, alguien tira de la cuerda desde el otro extremo. Por el momento, se desconoce si se podrá votar en el pleno municipal. Los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente, han registrado este lunes un escrito ante la Secretaría General del Pleno solicitando que se mantenga la celebración del pleno extraordinario de la moción de censura convocado para este martes. La maniobra llega horas después de que los concejales no adscritos Beatriz Sánchez del Álamo y Diego Salinas presentaran sendos escritos de desistimiento para retirar sus firmas de la moción a y, con ello, tratar de evitar que el debate y la votación lleguen a producirse, según ha adelantado el diario local La Opinión.

Queda en manos de la secretaria del Pleno determinar si se cumplen los requisitos para que tenga lugar el debate, ateniéndose a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). La norma, en su artículo 197, establece que la Mesa de Edad deberá cerciorarse de que la moción cuenta con un candidato a alcalde -en este caso, Jesús Giménez Gallo de Movimiento Ciudadano (MC)- y que cuente con el apoyo de 14 concejales, la mayoría absoluta del pleno municipal cartagenero. La secretaria del pleno deberá determinar si son válidos los escritos de desistimiento de los tránsfugas de Vox o la solicitud de mantener el debate de los concejales que se han mantenido fieles a Abascal.

Desde Vox consideran que “una crisis política de esta magnitud no puede desaparecer por la simple presentación de un escrito de quienes la provocaron”. El partido recuerda que durante más de dos semanas Cartagena ha vivido una situación de “máxima inestabilidad institucional” provocada por dos concejales que abandonaron sus siglas, firmaron una moción de censura contra el gobierno del que formaban parte y desencadenaron lo que califican como una crisis sin precedentes en el Ayuntamiento. Ahora, señalan, “pretenden que todo desaparezca sin debate público, sin votación y sin asumir ninguna responsabilidad política ante el Pleno”.

La formación de extrema derecha quiere conocer las razones por las que se firmó una moción de censura alegando un supuesto caos económico y de gestión para, posteriormente, sostener al mismo gobierno al que se pretendía desalojar. “Si hace unos días existía una situación tan grave que justificaba una moción de censura, los ciudadanos merecen saber qué ha cambiado exactamente. Y si nada ha cambiado, también merecen saber por qué se firmó aquella moción”, señala el partido en su nota de prensa.

Por ello, los ediles han manifestado formalmente su disposición a que la moción sea debatida y votada, “garantizando así que el Pleno pueda pronunciarse y que ningún artificio procedimental impida el debate político que Cartagena merece”.

Un voto sin anticipar y una aritmética “delicada”

El partido de Santiago Abascal no ha desvelado el sentido de su voto y lanza así una advertencia velada tanto al PP como a los promotores de la moción. Vox subraya que la situación política actual no es la misma que cuando se presentó la moción: entonces formaba parte del gobierno municipal, mientras que hoy ha sido “expulsado por decisión del Partido Popular para satisfacer las exigencias de quienes habían firmado la propia moción de censura”.

En cuanto a los números, Vox recuerda que los promotores que mantienen su posición suman doce concejales, frente a los diez del PP y los dos no adscritos que han decidido sostener al gobierno. “La aritmética política es, por tanto, mucho más delicada de lo que algunos intentan trasladar a la opinión pública”, advierten, recordando además que en una moción de censura “lo determinante es el resultado final de la votación y la relación entre votos favorables, votos contrarios y eventuales abstenciones”.

Vox desafía a Arroyo y le plantea que, si quiere mantener la Alcaldía, deberá explicar a los ciudadanos por qué ha expulsado del gobierno a quienes fueron leales al pacto de coalición “para satisfacer las exigencias de quienes firmaron una moción de censura contra ese mismo Gobierno”. Y deberá explicar también, añaden, “por qué la estabilidad de Cartagena depende hoy precisamente de quienes hace apenas unos días afirmaban que este Gobierno era incapaz de gestionar la ciudad”.

“La pregunta ya no es qué hará Vox. La pregunta es qué explicaciones están dispuestos a dar quienes provocaron esta crisis política”, concluye el partido, que llama a que cada concejal “dé la cara, se siente en el Pleno y vote públicamente aquello que considere mejor para la ciudad”.

Arroyo desactiva la moción

La alcaldesa del PP en Cartagena, Noelia Arroyo, destituyó el pasado miércoles a los dos concejales de Vox que formaban parte de su gobierno de coalición, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente, en una maniobra calculada para frenar la moción de censura que estaba prevista para el 2 de junio. La iniciativa había sido impulsada por el partido cartagenerista Movimiento Ciudadano (MC), el PSOE y Sí Cartagena, y necesitaba los votos de los 14 firmantes para salir adelante, incluidos los de Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, dos exconcejales de Vox que habían abandonado el partido en marzo. 

La maniobra de Arroyo funcionó: pocas horas después de los ceses, Salinas y Sánchez del Álamo anunciaron en un comunicado que no votarían a favor de la moción, alegando que lo más responsable era mantener la estabilidad institucional y evitar que el PSOE entrara en el gobierno municipal. Con su retirada, la moción quedó desactivada antes de llegar a votarse, y Arroyo conserva la alcaldía, aunque ahora gobierna con Vox en la oposición.

La división de Vox en la Región de Murcia tras la expulsión a finales de febrero de su antiguo líder José Ángel Antelo ha derivado en la partición de este grupo municipal en Cartagena, ya que existía una tensión palpable entre ellos a lo largo de este mandato que ha acabado provocando una crisis de gobierno.

Nueve años gobernando la Región de Murcia han dado a Fernando López Mirás un sentido del ritmo político preciso. Al igual que se suceden las estaciones del año con sus cada vez más extremos episodios climáticos, el lorquino ha ido lidiando con distintas coaliciones de gobierno, rupturas, crisis, mociones de censura, una pandemia y, sobre todo, mucho ir y venir de consejeros y consejeras. La experiencia le ha proporcionado la precisión de un cirujano que sabe poner la venda antes de la herida, ahora que rondan al Gobierno regional varios escándalos; el más grave de ellos, la trama de las prótesis caducadas que ha supuesto un fraude de casi siete millones de euros y 11 detenidos, entre ellos facultativos y responsables de compra de material del Servicio Murciano de Salud (SMS). Con los comicios a un año vista, López Miras remodela su gabinete y, de paso, sale a pescar votos entre los huérfanos de Ciudadanos y los desencantados de un Vox roto por dentro en la región.

Fuentes próximas al Gobierno regional insisten en que la entrada de nuevos responsables al cargo de las consejerías de Agricultura y Salud, la nueva portavocía y el intercambio de responsabilidades de los consejeros de Economía y Hacienda, por un lado, y Empresa y Empleo, por otro, estaban previstos “desde hacía varios meses” y puede que así fuera. López Miras descendió las escaleras del Palacio de San Esteban hasta la Sala Ramón Gaya el pasado jueves y, como un reloj suizo, anunció la nueva alineación del Ejecutivo el día en el que se cumplían tres años de la última convocatoria electoral; todo un remozo para las siguientes elecciones que ya practicó la legislatura anterior —en aquella ocasión, con una dirección centrista—. Dos días después, los nuevos responsables tomaban posesión de su cargo y se hacían la foto de rigor entre las columnas renacentistas del primer patio de la sede del Gobierno autonómico.

A pesar de la puntualidad suiza, el contexto político en la Región acaba de experimentar importantes sacudidas en sus principales plazas, Murcia y Cartagena: mientras Rebeca Pérez se ha convertido en la primera mujer alcaldesa de la capital murciana tras la muerte de José Ballesta; Noelia Arroyo retendrá el liderazgo en la ciudad portuaria en un nuevo giro de guion, en el que la división de Vox tras la expulsión de José Ángel Antelo ha llevado a dos concejales a salir de la formación de ultraderecha y envalentonarse con una moción de censura de la que después se arrepintieron.

Una imagen “fresca y moderada”

Y qué es de una imagen renovada sin una flamante portavocía, según cuenta Ismael Crespo, codirector del CEMOP, el CIS murciano. Marisa López Aragón ha reemplazado su antigua responsabilidad al frente de Empresa, Empleo y Economía Social y la ha sustituido por Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, una Consejería con muchos apellidos. No por ello es la mujer fuerte del presidente, ya que se trata de asuntos técnicos si exceptuamos lo que afecta a la negociación presupuestaria, de la que su anterior responsable, Luis Alberto Marín, ha salido desgastado. Para la refriega política, seguirá al frente el consejero de Presidencia, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, quien acumula el mayor peso orgánico y territorial y se perfila como sucesor natural de López Miras en el caso de que este dé un salto a Madrid. Su cartera se amplía con Juventud, en una clara muestra de la importancia que tiene para el PP este sector de la población que cada vez mira a Vox con mejores ojos.

López Aragón cuenta con las mejores cartas para “refrescar” la imagen del Ejecutivo murciano porque no es del PP pata negra, como pueda ser la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, quien tiene bastante ascendencia en el gabinete. De hecho, se incorporó al gobierno regional en la remodelación de julio de 2024, cuando López Miras reorganizó el Ejecutivo tras la ruptura del pacto con Vox, buscando estabilizar el gobierno con perfiles técnicos. Fue elegida directora del SEF en 2020 por el antiguo consejero de Ciudadanos Miguel Mota y continuó en ese puesto una vez que este partido salió de la coalición de Gobierno. El ascenso meteórico de López Aragón desde entonces se debe a una conjunción de su “pragmatismo” con su impronta “moderada”, capaz de seducir “a socialdemócratas desencantados de Pedro Sánchez”. Es decir, el PP quiere seguir amarrando por su flanco izquierdo a los antiguos votantes de Ciudadanos.

Fuentes del SEF, por su parte, hablan de que externalizó la gestión del organismo a asociaciones patronales y entidades sociales y que es “la mejor representante de los empresarios” en un momento en el que estos presionan a Antelo y la antigua diputada de Vox Virginia Martínez para que aprueben con el PP una serie de leyes que les sean favorables, como la recientemente acordada de Simplificación Administrativa.

Largas listas de espera para el especialista y una trama en el SMS

Quizás sí que había previamente preocupación en el Gobierno regional por el hecho de que Murcia tiene uno de los peores registros del país del porcentaje de personas que esperan más de 60 días para una primera consulta con el especialista y se buscara “otra gestión” en la Consejería murciana de Salud, de modo que la hasta ahora gerente del SMS, Isabel Ayala, haya sustituido a Juan José Pedreño. Sea como fuere, su destitución ha coincidido con la presunta trama de prótesis caducadas en el SMS, en la que se habrían facturado implantes en mal estado mediante irregularidades en los sistemas de compra y registro. Una trama que, presuntamente, ha estado en funcionamiento desde 2019 hasta fechas recientes. La Policía Nacional ha constatado que, al menos, se usó un stent caducado. El PSOE ha calificado de “infamia” el nombramiento de Ayala al haber ocupado la máxima responsabilidad en el SMS durante los años en los que operó dicha trama, mientras que el diputado de Podemos-IU en la Asamblea Regional, José Luis Álvarez-Castellanos, ha recordado que no es un caso “aislado”, ya que el SMS lleva arrastrando “irregularidades, contratos bajo sospecha y advertencias previas” del Tribunal de Cuentas.

Ayala es licenciada en Medicina y especialista en Atención Primaria y tiene un perfil técnico y continuista. Llegó a la gerencia del SMS en 2023 tras una carrera de gestión que arrancó en los centros de salud y fue escalando puestos hasta los órganos directivos del sistema sanitario murciano. Quienes la conocen la describen como una profesional con capacidad de diálogo, empuje y compromiso con el conjunto del sistema. Su nombramiento llega, en todo caso, en un momento de escasez de profesionales, una política de conciertos cuestionada y unas listas de espera que sus propios compañeros de profesión califican de “brutales”.

Un fuerte peso político frente a los recortes del Trasvase 

El segundo escándalo que más dolores de cabeza le ha dado al Gobierno regional en esta la legislatura ha sido protagonizado por la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, salpicada por un informe encargado a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en 2023 que detectaba niveles elevados de metales pesados en los suelos del entorno de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y que su departamento habría ocultado, alimentando las acusaciones de falta de transparencia por parte de la oposición y los colectivos ecologistas. Le sustituye un fuerte peso político del Partido Popular, Joaquín Buendía, director gerente de Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur), adonde llegó hace un año tras una década como alcalde de mayorías absolutas en Alcantarilla, la quinta ciudad con más población de esta comunidad autónoma.

El antiguo primer edil de Alcantarilla viene a apagar “el incendio” que se anticipa en la Región ante el cambio de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura que prepara el Gobierno de España. También es un político que, según fuentes municipales, “pone la bandera más grande, hace la jura de bandera más importante y saca más procesiones”, reforzando el flanco identitario más a la derecha del partido y, así, debilitar al ya dividido Vox.

Ingeniero técnico en Electrónica Industrial y antiguo docente, Buendía estuvo con el expresidente Pedro Antonio Sánchez, cuya sombra parece seguir siendo alargada y que se vio obligado a dimitir por los casos 'Púnica' y 'Auditorio', al frente de las direcciones generales de Formación Profesional, de Recursos Humanos y Calidad Educativa, y también la de Empleo Público.

De esta forma, el Gobierno murciano trata de recomponerse en medio de las turbulencias y rastrear votos en todos los frentes.

Dos veces se ha fijado Hollywood en la ciudad de Cartagena. Una fue en 1989, cuando a algún ejecutivo de la meca del cine se le ocurrió que el desvencijado casco antiguo de nuestra ciudad se parecía mucho al Beirut de las muchas guerras libanesas. Pusieron las cámaras en varias calles y solares abandonados del centro, añadieron tres decorados desangelados, colgaron pósters de Jomeini y el resultado se puede ver en algunas escenas de una macarrónica película bélica de baja estofa: Navy Seals, con Charlie Sheen.

25 años después el panorama urbano de la ciudad no había mejorado mucho: en 2015, con unos cuantos escombros y cascotes esparcidos por los solares desventrados de la calle de las Beatas se pudo recrear el Irak bélico que aparece en otra peli barata norteamericana, esta vez con heroína femenina, que los tiempos han cambiado, aunque Cartagena no: Megan Leavey, protagonizada por la actriz Kate Mara.

Dicen que no somos lo que creemos ser: somos como nos ven los demás. Y el casco antiguo de Cartagena es visto como un desastre urbanístico que salta a los ojos de cualquiera, un escenario de guerra con edificios sin restaurar, aceras rotas, solares que da pena verlos, fachadas sujetas con hierros al suelo para que no se caigan… Un ejemplo palmario de abandono institucional.

Una moción de censura fallida

Esta anécdota cinematográfica explica muchas de las cosas que pasan aquí. Cartagena está rota en sus calles y fachadas, y en su política local también. Este mes de mayo ha habido una jugada política que refleja esto: un intento de moción de censura para desalojar al PP de la alcaldía, propiciado por la implosión de Vox, cuyos cuatro concejales se han peleado entre ellos y ha habido una confusión de transfuguismos bidireccionales alentados primero por la oposición y después por el propio gobierno municipal.

Este vertiginoso vodevil se ha saldado con una victoria tamayesca de la alcaldesa pepera, que ha salvado la alcaldía al quedarse al final con los dos tránsfugas exvoxeros que han cambiado de bando tres veces en un mes, mientras que los dos leales a Vox se quedan fuera del gobierno municipal y con cara de circunstancias y los impulsores de la moción, compuestos y sin novia. Ningún partido es inocente: ese Ayuntamiento es un mercado persa en el que todos llevan diez años tejiendo alianzas contranatura, cambiantes e imposibles, y jugando al mismo juego de aprovecharse de compraventas de concejales fruto de un transfuguismo que, increíblemente, permite el sistema político español. La política en Cartagena está llena de explosiones, cadáveres, cuellos sanguinolentos, escombros y cascotes y malos de película cutre: igualito que en los ínfimos films de guerra que Hollywood rodaba aquí no hace tanto tiempo.

En esta moción de censura, tanto los de un bando como los del otro dicen hacerlo por Cartagena. Respetemos a quienes lo creen de verdad. Otras personas ven otras motivaciones: resuena estos días aquella pieza de salsa caribeña tan buena titulada Quítate tú pa ponerme yo, de la Fania All Stars. La ironía que no falte. Otros ven otra metáfora menos divertida: una pelea a navaja en la que cualquiera es capaz de perder los dos ojos con tal de arrancarle uno al contrincante, bajo la siniestra premisa de yo me habré quedado ciego, pero estoy contento porque te he dejado tuerto a ti. La venganza de la venganza de la venganza anterior, y nada más. Es una ciudad que ha tenido mala suerte con sus políticos. Con todas y todos ellos.

Crisis de ciudad

Ese desastre político revela una crisis más profunda. Una crisis de ciudad. Cartagena, que en 1900 llegó a ser la séptima ciudad española en población, ha venido bajando posiciones en ese ranking en los últimos 40 años mientras todas las demás ciudades del entorno, significativamente Murcia (+9.5%) pero también Alicante (+12%), Elche (+9%), Valencia (+7%), Almería, (+6%) han venido creciendo mucho más en número de habitantes. 

El engordamiento de la capital murciana en detrimento de las otras ciudades de la región es causa y también consecuencia de este estado de cosas. Murcia ciudad es la esponja que lo absorbe todo: ha crecido un 9.5% en población en una década mientras Cartagena solo lo ha hecho en un 2%, y eso que ha habido un incremento de población migrante ligada al trabajo agrícola en el campo en torno al Mar Menor. La comarca de Cartagena debería salirse de las estadísticas dado el auge agrario exponencial vivido con el incremento de los regadíos y el desarrollo brutal del sector agroalimentario, pero no es así. Hay muy pocos habitantes más, y también con un índice mayor de pobreza derivado de los bajos salarios que se pagan en la agricultura, situados en el entorno del salario mínimo interprofesional. 

Infraestructuras obsoletas, industria renqueante

Y mientras, el AVE sigue sin llegar a la ciudad, que lo hará con 20 años de retraso, al igual que el anfiteatro romano. Hay tortugas y caracoles que avanzan con más velocidad que los proyectos eternamente aplazados de Cartagena. Tiene uno amigos en Alicante, Valencia o Málaga que van o vuelven de Madrid en dos horas; el cartagenero o quien nos visite sigue tardando cuatro o cinco en unos trenes imposibles. Teníamos un aeropuerto en San Javier con buena afluencia de turistas; lo clausuraron para inaugurar el aeromuerto (con eme) de Corvera que sigue sin llegar al millón de viajeros anuales. Por otro lado: ¿han probado a hacer pipí en la estación de autobuses de Cartagena? Ni lo intenten: hay presidios en el África subsahariana cuyos váteres están en mejor estado que esos. Y tampoco vayan con silla de ruedas ni con carricoches: la rampa mecánica que hay en el exterior lleva rota tantos años que nadie recuerda haberla usado nunca. Escaleras para arriba y escaleras para abajo. Es lo que hay. Una desidia y un abandono inexplicables.

Tenemos mala suerte industrial también: hay bonanza económica en una Región de Murcia cuyas empresas van viento en popa, y la única grande que va a acabar cerrando está, cómo no, en Cartagena: SABIC. Por otro lado, si se le echa un vistazo a cualquier ranking de las empresas con sede social en la Región de Murcia con mayor facturación, de Cartagena solo sale una entre las diez primeras, o nueve entre las cien primeras. Si no fuera por las grandes corporaciones cuya sede social está en Madrid -Repsol, Navantia, Enagas…- Cartagena sería un desierto industrial. Esa infrarrepresentación de empresas cartageneras en esa lista evidencia que falta músculo empresarial local, falta tejido de medianas empresas, faltan empresarios de los que sí aparecen y prosperan en el resto de la Región de Murcia con firmas de muy diversos sectores que sí crecieron y sí se multiplicaron. Nadie de aquí invierte nada: falta emprendeduría. La economía local languidece a la espera de inversiones exteriores que aparecen y desaparecen sin control alguno.

Luces y sombras en el turismo local

En el panorama urbano de la moderna Cartagena también hay luces. Superada la reconversión industrial de los 90, la ciudad encontró una nueva oportunidad con el teatro romano, un descubrimiento arqueológico de 1987 y abierto al público en 2008 tras (otra vez) veinte años de excavaciones y espera. El nuevo teatro romano atrajo algo nuevo a la ciudad: los cruceros del Mediterráneo hacen ahora escala en Cartagena para visitar un monumento espectacular que estuvo oculto 2000 años. Los turistas que se desparraman desde barcos que proceden de Mallorca, Génova o Marsella transitan exclusivamente por un kilómetro exacto que parte desde la terminal de cruceros y continúa por el muelle de Alfonso XII, la plaza de los héroes de Cavite, la plaza del Ayuntamiento, la calle Mayor, las Puertas de Murcia y la calle del Carmen. Esa línea constituye la milla de oro, cuatro calles donde la belleza de los palacios modernistas asombra a unos turistas que, ay, nunca pernoctan en la ciudad, porque los cruceristas llegan a las ocho de la mañana en barco y vuelven a irse a las seis de la tarde. Desayunan, pasean, compran un souvenir, comen una paella, toman un café y se largan. A la hora de cenar no queda nadie.

Es un turismo de relumbrón y a medio gas que alimenta unos cuantos negocios hosteleros, pero no a los hoteleros. Lo bueno es que no hay peligro de gentrificación ni alteran el mercado inmobiliario como sucede en las barcelonas y venecias devoradas por el turismo, porque nadie duerme aquí. Pero eso sí: esas cuatro calles lucen de maravilla y el Ayuntamiento las cuida como si fueran oro en paño. Hasta teselas de sombra han instalado al modo malagueño en la cartagenera calle del Carmen por la que pasean los turistas lejos de las fachadas rotas de calles que tampoco es que estén mucho más allá.

Muchas sombras y pocas luces en el panorama cultural

Y el mundo cultural no está mucho mejor. Nos prometieron restaurar el viejo Cine Central: diez años estamos esperando, y eso que el gobierno regional y el gobierno local son del mismo partido. Va uno a Murcia y ve cómo el viejo Cine Salzillo hace más de 20 años que fue esplendorosamente reconvertido en la Filmoteca Regional. Ay, los murcianos, qué bien se lo montan y qué bien les va todo, hay que ver. Hay un Teatro Circo en Murcia restaurado; hay un Teatro Circo en Cartagena abandonado y esperando rehabilitación pública para la que, por lo visto, falta presupuesto.

Nuestros teatros y cines públicos están cerrados todo el año esperando una inversión que los reforme, pero todos los años nos gastamos 400.000 euros del erario municipal y 375.000 del regional en un festival privado de heavy metal generosamente regado con dinero público que dura solo cuatro días. Su empresario y los fans de Iron Maiden ahorran dinero y están felices. La ciudadanía de Cartagena, quizá no tanto. Ah: también impulsa el Ayuntamiento las Cruces de Mayo, con música de sevillanas y trajes de faralaes y rosas clavadas en los peinados de las cartageneras, una “tradición” inventada que ni sabíamos que teníamos. Antes había pintadas muy graciosas en los muros que decían Cartagena is not Murcia o ¿Murciano, yo? ¡Un pijo! Ahora, por lo visto, somos más de Sevilla. ¡Qué bien!

La ciudad desgraciada

En Murcia todo el mundo está contento. En Cartagena estamos todos enfadados. La ciudad feliz frente a la ciudad perdedora. Hemos tenido mala suerte con todo. Con la geografía, con la historia, con la industria, el medio ambiente, los trenes, los teatros, los cines, las fiestas, los puertos y aeropuertos… y con los políticos locales también. Para describir la situación de esta ciudad de pasado esplendoroso, presente gris y futuro incierto se requeriría mucho más que un artículo de 1.500 palabras. El memorial de agravios -y de culpas propias, también- da para una enciclopedia. 

Todos nos preguntamos por qué esta ciudad no prospera como debería, por qué a todas las ciudades de nuestro entorno les va bien y Cartagena no levanta cabeza. Salimos en los telediarios nacionales por los exabruptos de políticos locales excéntricos que están perpetuamente enfadados. Pero nadie encuentra la respuesta a la pregunta de por qué esta es la ciudad de la mala suerte.

La política en la Región de Murcia está viviendo en este mes de mayo una sacudida detrás de otra. El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha aprovechado las ondas del terremoto que hacen temblar los centros de poder de la Región para realizar un cambio de Gobierno, tal y como hizo a finales de la legislatura anterior. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y el consejero de Salud, Juan José Pedreño, abandonan sus responsabilidades y son sustituidos por Joaquín Buendía, por el momento gerente de Esamur y exalcalde de Alcantarilla, e Isabel Ayala Vigueras, hasta ahora gerente del Servicio Murciano de Salud, respectivamente. La portavocía la asumirá la hasta ahora consejera de Empresa, Marisa López Aragón, desplazando a Marcos Ortuño, quien retiene la consejería de Presidencia, Acción Exterior y Emergencias y añade Juventud. López Aragón gana el mayor peso político al asumir también la cartera de Economía, Hacienda, Portavocía Fondos europeos y transformación digital, anteriormente en manos de Luis Alberto Marín, quien se hace cargo de Empresa, Empleo y Economía Social, en lo que supone un intercambio de áreas.

El presidente murciano ha explicado en su alocución el Palacio de San Esteban que la Región se enfrenta a una “etapa clave” y ha subrayado su disposición a proteger el Mar Menor y la agricultura. López Miras ha vuelto a poner sobre la mesa los “problemas” de financiación de la región y el “déficit histórico de infraestructuras”. Frente al ruido, la confrontación y corrupción nacional, el jefe del Ejecutivo ha defendido la estabilidad. “Gobernar es anticiparse”, ha concluido.

“No ha sido un año corriente”. Con esa frase arrancaba el anuncio de la última remodelación de López Miras hace ya dos años. Tampoco este lo ha sido. El murciano Fernando López Miras ha afrontado este jueves una nueva remodelación de su gabinete. Y lo ha hecho en un momento de especial presión política marcado por las crisis institucionales, la inestabilidad en el equilibrio municipal de ayuntamientos como el Cartagena o el desgaste derivado de la gestión de varios frentes judiciales y sanitarios que han tensado la agenda pública en la Región. No en vano, la reestructuración coincide con la investigación sobre la presunta trama de prótesis en el Servicio Murciano de Salud en la que se habrían facturado prótesis caducadas, mediante irregularidades en los sistemas de compra y registro.

Sara Rubira, consejera de Agricultura, ha sido una de las integrantes del Gobierno regional apartadas por el presidente Fernando López Miras en la remodelación. Su salida se relaciona con el desgaste generado en torno a la gestión de un informe sobre la calidad de los suelos del Campo de Cartagena. Un estudio encargado a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) por su departamento en 2023 y en el que se detectan concentraciones muy elevadas de metales pesados en el entorno de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. La controversia sobre el tratamiento administrativo del documento, su publicación y las acusaciones de falta de transparencia han intensificado las críticas de la oposición y de colectivos ecologistas, situando la gestión ambiental y agraria en el centro del debate político regional.

Este movimiento de piezas llega dos años después de la última remodelación del Ejecutivo, el 15 de julio de 2024, cuando el presidente Fernando López Miras anunció una nueva composición del Consejo de Gobierno tras la salida de varios consejeros de Vox. Aquella crisis se produjo como consecuencia de la ruptura del partido de Santiago Abascal de los pactos autonómicos a nivel nacional, lo que provocó la salida de José Ángel Antelo y José Manuel Pancorbo del Ejecutivo regional. Tras esa crisis, el PP ha gobernado en solitario en la Región de Murcia, con una estructura de gobierno que ahora afronta su primera reordenación de calado desde entonces.

En aquella remodelación de 2024 se incorporaron Marisa López Aragón como consejera de Empresa, Empleo y Economía Social y Jorge García Montoro, al frente de Fomento e Infraestructuras. Ese ajuste buscó estabilizar el Ejecutivo con perfiles técnicos tras la ruptura de la coalición.

Murcia y Cartagena

A nivel municipal, el tablero también se ha movido con fuerza. En Cartagena, la alcaldesa Noelia Arroyo ha logrado desactivar una moción de censura tras la fractura interna de Vox y la retirada de apoyo de exconcejales del partido, en un episodio que ha evidenciado la implosión de la formación en la ciudad portuaria. Y en la capital regional, Murcia ha visto cómo Rebeca Pérez tras el fallecimiento del exalcalde José Ballesta.

En paralelo a la remodelación del Gobierno regional, la crisis interna de Vox en la Región de Murcia se ha traducido también este jueves en la salida de José Ángel Antelo del partido, al que acusa de haber abandonado su papel como alternativa política para convertirse en un proyecto controlado por un reducido núcleo de dirigentes. El hasta ahora diputado regional ha justificado su decisión en lo que considera una deriva interna y en la “falta de coherencia estratégica” de la formación, que, según sostiene, “se ha alejado de sus principios fundacionales y ha perdido cohesión orgánica”.

Antelo sí que ha subrayado que mantendrá el apoyo a aquellas iniciativas que considere “beneficiosas” para la Región de Murcia, especialmente en materias como vivienda, inversiones en infraestructuras o proyectos vinculados al desarrollo regional.

Todo cambia para que todo siga; el movimiento de Noelia Arroyo ha funcionado. La alcaldesa de Cartagena ha destituido este miércoles a los dos concejales de Vox que formaban parte de su gobierno, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente, y horas después ha conseguido lo que buscaba: Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, los dos ex concejales de Vox no adscritos cuyas firmas sostenían la moción de censura prevista para el 2 de junio, han anunciado en un comunicado que no votarán a favor de ella. La moción, impulsada por el cartagenerista Movimiento Ciudadano (MC), PSOE y Sí Cartagena, necesitaba sí o sí los 14 votos de todos sus firmantes para prosperar.

El comunicado, fechado este mismo miércoles 27 de mayo en Cartagena, lo firman ambos ediles y supone un giro radical respecto a su posición de apenas dos semanas. “Creemos que lo más responsable y beneficioso para Cartagena es mantener la estabilidad institucional durante el tiempo que queda de legislatura”, justifican, alegando también su preocupación ante “la posibilidad de facilitar la entrada del PSOE en el Gobierno municipal” en un momento de “incertidumbre política” en España.

Salinas y Sánchez del Álamo arremeten contra la dirección de Vox y afirman que “las conversaciones y negociaciones relacionadas con esa posible moción de censura fueron iniciadas por Rubén Martínez Alpañez, portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, junto a miembros de la dirección nacional del partido”. Una acusación directa que contradice de frente la versión del propio Alpañez, quien horas antes había negado cualquier implicación y anunciado acciones legales contra ellos.

Diferencias personales

Los firmantes explican que su salida de Vox se debió a que “las personas que actualmente representaban a Vox Cartagena, Vox Murcia y Vox Asamblea Regional habían dejado de representar los valores y principios” por los que entraron en el proyecto. También agradecen a Arroyo “haber entendido finalmente que la permanencia de Gonzalo López Pretel al frente del Gobierno municipal era perjudicial para Cartagena”.

Precisamente, López Pretel había protagonizado horas antes una rueda de prensa de urgencia a las 14 h de este miércoles, convocada de forma “arrebatada” tras conocer su cese mientras recogía banderas azules en Águilas. Con amargura, el ya exvicealcalde calificó lo ocurrido de “escándalo ético y democrático”: “Con mucha decepción y mucho dolor, porque hasta ahora hemos trabajado muy bien y de manera coordinada, la alcaldesa ha decidido mandarnos a la oposición. Ha preferido que los que estén en la bancada de la oposición seamos Vox, los que hemos sustentado este gobierno con políticas serias, con estabilidad, con lealtad”.

Para López Pretel, la decisión de Arroyo es “corrupción institucional. Esto es preguntar qué precio tiene y pagarlo. No es liderazgo, es sumisión a dos personas que han demostrado que no tienen principios ni valores. El viernes previo a la moción decían que estaban cómodos en este gobierno, el lunes firmaron la moción de censura y hoy se cobran un precio muy barato”.

“Difamación, mentira y engaño”

Alpañez, por su parte, también compareció para negar cualquier implicación en la moción y anunciar acciones legales: “Los tránsfugas están haciendo de la difamación, de la mentira y del engaño sistemático su modus operandi. Iniciamos acciones legales contra todos estos tránsfugas expulsados y malas personas que están achacando acciones a este portavoz”. Una versión que el comunicado de Salinas y Sánchez del Álamo desmiente punto por punto.

Antes de que el Ayuntamiento de la ciudad portuaria hiciera público el cese mediante comunicado, Arroyo ya había publicado este mediodía en su cuenta de X un mensaje que dejaba entrever su determinación: “Cartagena no puede aceptar que el sanchismo entre en el Ayuntamiento. Hoy más que nunca es necesario impedir que el gobierno de Cartagena se use para defender la política sectaria de un partido corrupto. No voy a permitir que Cartagena sea tomada por la parálisis, el desgobierno y la corrupción. Es mi responsabilidad”.

La maniobra, que le ha costado romper el pacto de coalición con Vox vigente desde noviembre de 2023 y enviar a sus socios a la oposición, ha logrado su objetivo a apenas seis días del pleno, en los que no han parado de correr rumores que apuntaban en esta dirección. Arroyo seguirá en la alcaldía; Vox, en la oposición y la moción de censura, desactivada antes de votarse.

López Pretel, que confirmó que votará en contra de la moción, cerró su comparecencia con una advertencia de cara a 2027: “Lo que sí va a salir más caro son los avales y las garantías de cumplimiento. Cuando volvamos a entrar en gobiernos, nos ponemos cláusulas de garantía de cumplimiento de esas políticas. No nos valen ya solo las palabras”.

Las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP tienen por primera vez en mucho tiempo una pugna abierta por su presidencia nacional. El congreso, convocado para el próximo 11 de julio, enfrentará al menos a dos candidatos: Ignacio Dancausa, líder de las juventudes del PP de Madrid y candidato con el respaldo explícito de Isabel Díaz Ayuso y la simpatía del secretario general del partido, Miguel Tellado, y Antonio Landáburu, presidente de esta organización juvenil popular en la Región de Murcia, que ha anunciado este martes su candidatura con un discurso de unidad territorial y apoyo a Alberto Núñez Feijóo.

“Es el momento de mojarnos”, ha apuntado Landáburu en un vídeo la publicado en la red social X, donde ha escenificado su anuncio en el Kilómetro 0 y en la fuente bajo la estatua ecuestre de Carlos III de la Puerta del Sol. “Esto va de unir a todos los jóvenes en torno al proyecto de Alberto Núñez Feijóo”, explica en esa misma publicación.

“En este tiempo, muchos compañeros me han animado a dar el paso”, señala el diputado regional aguileño en la red social. Su objetivo, añade, es “construir unas NNGG más fuertes, más vivas, más territoriales y más unidas, una organización donde cada afiliado cuente, donde todos los territorios sean protagonistas”.

En esta breve alocución repite la palabras “todos” hasta en nueve ocasiones, queriendo reflejar en su propuesta de 'Juntos, vamos a más' una imagen más descentralizada y plural de las Juventudes del PP. La periferia también quiere llegar al centro del tablero político popular, tal y como hizo Feijóo desde Galicia. Landáburu aspira a encarnar, precisamente, esa sensibilidad descentralizada que Génova necesita equilibrar frente al peso específico de Madrid.

Landáburu (Águilas, 1997), con estudios en Derecho aunque sin terminar la licenciatura por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), lleva toda su trayectoria política vinculado a las juventudes del PP. Fue secretario general de NNGG en Águilas y concejal en ese municipio costero entre 2019 y 2023, y preside la organización juvenil autonómica desde 2021. Actualmente, es diputado en la Asamblea Regional, donde ejerce como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y defiende las iniciativas de juventud y vivienda.

Respaldos explícitos

El aguileño llegó a la presidencia de NNGG de la Región tras un proceso marcado por las tensiones internas. En octubre de 2021, cuando dimitió el anterior presidente de la gestora, Francisco José García, la dirección nacional de esta organización juvenil del PP designó a Landáburu como su sucesor sin convocar un congreso, lo que provocó una concentración de protesta de militantes críticos frente a la sede del partido, que exigían elecciones democráticas conforme a los estatutos. El nombramiento contó con el respaldo explícito del jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, del que Landáburu se había declarado “fan incondicional”.

Ocho meses después, ya con el congreso convocado, el actual presidente de las NNGG murcianas se presentó como candidato único con 741 avales -cuando solo se necesitaban 85- y ningún rival se atrevió a disputarle el liderazgo. El 15 de octubre de 2022 fue elegido presidente con el 99,2% de los votos en el XIV Congreso celebrado en Murcia, poniendo fin a cuatro años de interinidad en la organización juvenil del PP regional.

Su contendiente, Dancausa, fue elegido presidente de NNGG Madrid en noviembre de 2022 con el 95% de los votos, por designio de Díaz Ayuso, quien vio en él un futuro líder y valoró especialmente su perfil emprendedor y su presencia en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, uno de los bastiones universitarios de la izquierda.

Afiliado al PP con 18 años, mezcla en su trayectoria la actividad política con experiencias laborales y empresariales y, con 24 años, dirige la estructura juvenil popular más numerosa del país en cuanto a afiliación. Si resulta elegido, se convertiría en uno de los interlocutores orgánicos más próximos a Ayuso en el seno del Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Presente y futuro

Casi todo el que manda algo en el PP ha pasado por Nuevas Generaciones, la organización juvenil que sirve para formar a los cuadros llamados a ocupar los cargos más relevantes. El caso más ilustrativo es el de Juan Manuel Moreno, que presidió NNGG entre 1997 y 2001 antes de convertirse en presidente de la Junta de Andalucía. Ayuso, por su parte, medró desde la organización autonómica madrileña que entonces lideró Pablo Casado, quien a su vez llegó a la presidencia nacional del partido. La organización juvenil es el primer espacio donde se dirimen las correlaciones de fuerzas que años después aterrizan en los congresos regionales y nacionales.

Cuatro policías a caballo flanqueaban la entrada al Ayuntamiento de Murcia el pasado viernes cuando Rebeca Pérez llegó al pleno extraordinario que la consagraría como la primera alcaldesa de la historia de la ciudad. En el salón de plenos, abarrotado con cerca de 200 invitados, esperaba ya el hijo del recientemente fallecido José Ballesta, sentado en primera fila. También había acudido desde Madrid Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, como señal inequívoca del respaldo de Génova a la nueva regidora. Pérez entró entre aplausos y, acompañada del presidente regional, Fernando López Miras, recibió el bastón de mando con visible emoción y lo lanzó al aire en recuerdo de su predecesor. Luego hizo un corazón con las manos desde la presidencia. Nuevo tiempo en La Glorieta.

Pérez (Murcia, 1980) llegó al Ayuntamiento poco después de las municipales de 2015, ocupando la vacante que había dejado su compañera de filas Adela Martínez Cachá. Era la primera vez que ocupaba un cargo público, aunque la política había estado muy presente en su vida desde siempre: su padre, Ángel Pérez, lleva más de treinta años al frente de la pedanía de El Esparragal como alcalde pedáneo. “Desde siempre me ha acompañado aquí y allá, en los actos”, cuenta él, orgulloso y emocionado. Cuando el exalcalde Miguel Ángel Cámara le llamó para proponerle que Rebeca entrara en las listas, Ángel Pérez recuerda que su respuesta fue clara: “Yo le dije que era ella la que tenía que responder”.

Murcia cuenta con 52 pedanías, núcleos de población alrededor del centro de la ciudad donde se desdibujan las fronteras entre urbe y huerta. Natural de El Esparragal, los orígenes pedáneos de Pérez no han sido un dato menor en su trayectoria. “Gran porcentaje de su agenda siempre o casi siempre es en pedanías”, apunta Diego Avilés, concejal de Cultura y compañero de gobierno. “Si hay un pedáneo que le llama con una preocupación, ella no pasa a lo siguiente. Eso lo agradecen mucho”. Recuerda cómo en el Entierro de la Sardina de este año tardaron casi una hora en recorrer la cabecera del desfile porque la paraba todo el mundo. “La llamaban por su nombre, le daban dos besos, le deseaban felices fiestas. Al final le dije: 'Rebeca, yo lo siento, pero llego tarde'”.

En las elecciones de 2019, la recientemente nombrada alcaldesa de Murcia ascendió al segundo puesto de las listas -cuatro años antes iba en el decimotercero- y Ballesta le dio las carteras de Movilidad Sostenible y Juventud, así como la portavocía municipal. Para el politólogo Ismael Crespo, director del máster de Gobierno y Administración Pública de la UMU donde Pérez fue alumna, ese movimiento ya era una señal inequívoca: “Él [José Ballesta] siempre lo comentaba en sus círculos, antes de la enfermedad: 'Rebeca va a ser la primera alcaldesa de Murcia'. Por eso estaba el número dos.”

La escuela de la oposición

En 2021, tras la moción de censura que sacó al PP de la alcaldía, Pérez siguió ejerciendo como portavoz del grupo municipal. Un período que Gloria Alarcón, presidenta del Fórum de Política Feminista de la Región y profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Murcia (UMU), relee como algo más que un simple trámite en la oposición: “Cuando la moción de censura, Ballesta permaneció en silencio. Era ella la que, al lado de su mentor, hablaba. Esos dos años fueron un periodo de mentorización espectacular”.

Cuando los populares recuperaron el control en 2023, Ballesta creó para ella el cargo de vicealcaldesa, que hasta ese momento no existía en el Ayuntamiento, y le asignó las competencias de Fomento y Patrimonio. Alarcón cree que la intención iba más allá de lo orgánico: “Creo que Ballesta quería ser señalado por haber puesto a la primera alcaldesa de Murcia. Yo creo que eso estaba ahí y era deliberado.”

Desde julio de 2022, Pérez es coordinadora regional del PP, cargo para el que López Miras la nombró en el último congreso autonómico, y pertenece a la Junta Directiva Nacional por designación directa de Feijóo. Hay que tener en cuenta la singularidad que supone la capital murciana dentro del partido: a diferencia de otras ciudades como Cartagena o Lorca, no existe una estructura municipal central, sino juntas propias de cada barrio y cada pedanía. Era ella, por tanto, quien ejercía de facto como responsable orgánica de la capital. “No es una concejala cualquiera”, resume Crespo. “Reúne todas las condiciones: muchos años de conocimiento del Ayuntamiento, apoyo orgánico sólido y una formación muy seria.”

Avilés describe un ascenso que nunca buscó el foco: “Ha sido un crecimiento silencioso. Nunca ha querido acaparar protagonismo. Por sus méritos propios y sobre todo por su grandeza personal ha ido ganándose la confianza de la gente”.

El 2027, una decisión que no es solo suya

En su discurso de toma de posesión, la alcaldesa prometió perseverar en los grandes proyectos heredados —las Fortalezas del Rey Lobo, el yacimiento de San Esteban, el Parque Metropolitano o Conexión Sur— y se mostró consciente del problema de la vivienda: “Continuaremos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que tener una vivienda asequible pueda ser una realidad”. Reivindicó sus raíces pedáneas: “Murcia son sus pedanías, con necesidades concretas y con un enorme potencial”. Apuntó a la seguridad como una “obsesión” y a la movilidad como deuda pendiente, con el objetivo de lograr “una ciudad más accesible que facilite una conexión eficiente entre todos los núcleos de población”. Llamó a la colaboración entre lo público y lo privado para impulsar la actividad económica y apoyar a autónomos y empresas. Y trazó una ambición más amplia: convertir Murcia “en una ciudad de referencia del Mediterráneo, turística y más cultural”, una urbe que definiría, con una mezcla de orgullo y humor, como “barroca e indie”. Tiró de Unamuno para definir cómo entiende el cargo: “El servicio público requiere de ser aplicados, pero no lo es quien se encierra sino quien va por todas partes con los ojos y los oídos bien abiertos y el corazón en la mano”.

“Los mismos problemas”

El portavoz socialista, Ginés Ruiz, le tendió la mano con un aviso: “Venir hoy aquí a hacer un discurso meramente protocolario sería fallarle a mucha gente”, afirmó, antes de enumerar los grandes problemas sin resolver del municipio: la vivienda, el transporte público, los colegios y el abandono de las pedanías. “Sería fallarles a todos esos vecinos, esos cientos de miles de vecinos de pedanías que sienten y con razón que el Ayuntamiento no se preocupa por ellos”, añadió.

Pérez llega al cargo con quince años de experiencia en los equipos de gobierno del Ayuntamiento de Murcia, un bagaje que el portavoz socialista no dudó en poner sobre la mesa. “Hay una cosa que me tranquiliza y es que usted es plenamente conocedora de todos los problemas”, señaló Ruiz con ironía evidente, para rematar a continuación: “Hay una cosa que me preocupa y es que lleva usted 15 años en los equipos de gobierno de este ayuntamiento y son los mismos problemas, son los mismos retos y son los mismos desafíos”. Una advertencia que, lejos de ser protocolaria, sonó como una declaración de intenciones de cara a la nueva legislatura.

Desde fuera del consistorio, Elvira Medina, portavoz de Podemos, fue más directa: “No creo que vaya a haber ninguna diferencia con la política de Ballesta, representa una continuidad. Murcia lleva dos décadas estancada”. Señaló el transporte público como asignatura pendiente: “Más del 63% de la población vive en pedanías, pero el transporte público es una vergüenza para ser la séptima ciudad de España”. Sí valoró el hito histórico, aunque con condiciones: “Lo más importante es saber si va a poner en marcha políticas feministas. Eso está por ver”.

De cara a 2027, la alcaldesa no quiso aventurar si será o no la candidata del PP. Una cautela que Crespo consideró obligada, ya que los cabezas de lista en las capitales de provincia los designa la dirección nacional en Madrid. “Me parecería muy atrevido que, cuando no está en tu mano ni en la de tu jefe inmediato, dijeras que te vas a presentar en 2027”.

Su padre lo resume con la materia prima de toda una vida de observación: “Desde niña le ha gustado mucho estudiar y cuando se propone algo lo cumple. Trabaja de forma incansable desde que se levanta hasta que se acuesta”. Y añade un rasgo que reconoce le trae algún que otro quebradero de cabeza: “Le gusta escuchar a la gente, pero Rebeca no puede evitar comprometerse con todos, a todo el mundo le dice que sí”.

También José Ángel Antelo, ahora diputado en la Asamblea Regional y que fue portavoz de Vox en el Ayuntamiento entre 2019 y 2023, coincide en el retrato. Antelo, que fue ala pívot del CB Murcia antes de que dos graves lesiones precipitaran su retirada, comparte con Pérez la afición al baloncesto en las canchas del Palacio de Deportes. “Está claro que no pensamos igual políticamente”, dice, “pero es muy constante, se preocupa por dar soluciones a los vecinos y se esfuerza en que todos la entiendan. Su estilo es mucho de estar en la calle, moverse por las pedanías, y eso puede mejorar Murcia”.

Gloria Alarcón, que la conoce desde que se incorporó al consistorio, apunta: “Me parece una política excepcional. Tiene una amabilidad, una empatía, una cercanía muy poco habitual en la clase política. Y lo está asumiendo con mucha personalidad porque ella no es una réplica de Ballesta”. Para la profesora de la UMU, estos valores se corresponden con el estilo del liderazgo femenino.

Los hombres fuertes

La reconfiguración del gobierno municipal se ha producido en torno a tres hombres que ya formaban parte del Ejecutivo de Ballesta, según el decreto firmado por la alcaldesa el pasado domingo. José Guillén se convierte en el número dos del consistorio como primer teniente de alcalde, manteniendo el control sobre áreas tan sensibles como el Desarrollo Urbano, los Parques y Jardines o la Limpieza Viaria. Por su parte, José Francisco Muñoz asume la portavocía del gobierno y amplía su radio de acción con las competencias de Fomento, reforzando así su papel en el desarrollo económico y la movilidad. Completa la triada Antonio Navarro, que además de mantener Urbanismo y Huerta, suma ahora la gestión del patrimonio municipal. Las competencias que Rebeca acumulaba como vicealcaldesa han quedado repartidas entre Muñoz y Navarro, mientras que Guillén ha reforzado su peso político con la gestión de los servicios públicos más relevantes.

A este núcleo duro se añade la incorporación de Pedro García Balibrea, director de Inforges, quien entra en el gobierno al frente de una concejalía de nueva creación -Agenda e Impulso Normativo-, pensada para ordenar el funcionamiento interno del ayuntamiento. Por otro lado, Pérez ha confiado en Miguel Ángel Pérez, el jefe de gabinete de su antecesor, para seguir coordinando la Alcaldía. Un equipo que lleva la impronta del anterior gobierno.

Fraude en la facturación, pero no en la hoja de quirófano. Fuentes sanitarias han insistido a este diario que la trama de las prótesis en el Servicio Murciano de Salud (SMS) no ha afectado a pacientes. Según su relato, cada prótesis posee un número de serie único, con el objetivo de monitorizar su trazabilidad. A efectos de facturación figuran los códigos de prótesis caducadas, pero no sospechan que se hayan podido usar en intervenciones quirúrgicas. No constan prótesis caducadas en la hoja de quirófano de ninguna intervención: “Hemos llegado a ver ocho pegatinas de facturación, aunque en la hoja de quirófano solo constaba una”, han relatado, indicando que los implicados llegaron a facturar productos copiando los códigos a mano.

Según las mismas fuentes, hubo fraude en la facturación, y en los partes de implantes figuraba un mayor número de prótesis -algunas caducadas- y se facturaban todas ellas. Sin embargo, en las historias clínicas de los pacientes “sí que aparece el material adecuado”.

Sobre por qué la trama pudo mantenerse en activo durante años, fuentes sanitarias han recordado que los implicados estaban totalmente permeados en todas las fases relativas a la gestión de las prótesis, desde su adquisición hasta su facturación: “Había toda una cadena que oscurecía el fraude”, han detallado.

En el año 2024 la Unidad de Inspección Médica del SMS envió a Fiscalía el primer informe alertando de posibles irregularidades. Más tarde, en el año 2025, se inició una investigación en colaboración con la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía.

En principio, la Policía Nacional había asegurado en un comunicado que se habían llegado a “utilizar en las operaciones médicas productos sanitarios caducados”. Por el momento, el Servicio de Cardiología del Virgen de la Arrixaca ha comprobado que los 380 pacientes intervenidos por los dos facultativos investigados no han tenido una complicación derivada de prótesis caducadas. Se espera que, de cara al verano, se habrá comprobado a los pacientes uno a uno.

En total, once personas han sido detenidas. Se les han imputado delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. De acuerdo con la Policía Nacional, los investigados han podido generar un agujero económico en los caudales públicos de casi siete millones de euros. Fuentes sanitarias han asegurado que la Comunidad “ya ha recuperado parte del dinero”, aunque se desconoce la cuantía.

El Tribunal de Instancia de Murcia acordó este jueves la libertad provisional de dos de los investigados con medidas cautelares. Se trata del médico de la Arrixaca y del comercial de la empresa el sector médico Logimed. El magistrado instructor, titular de la plaza 7 de la Sección de Instrucción, sí aprecia indicios “de todos o algunos de los delitos” por los que se ha abierto el procedimiento. Según fuentes sanitarias, el facultativo no está actualmente en activo. Se desconoce si están apartados del servicio el resto de implicados que forman parte del SMS.

Deberán comparecer quincenalmente ante el órgano judicial, se les ha retirado el pasaporte y tienen prohibida la salida del territorio nacional mientras se tramite la causa.

La oposición pide la dimisión del consejero de Salud

Podemos ha solicitado la intervención de la Alta Inspección Sanitaria del Estado en la trama de las prótesis caducadas del SMS. La formación morada ha alertado de la “práctica sistemática” de derivaciones a la sanidad privada que lleva a cabo la Consejería de Salud: “Es en hospitales privados donde se han implantado los materiales caducados, poniendo en riesgo la vida de muchos pacientes. Un entramado corrupto que ha operado durante cinco años sin que nadie diera la señal de aviso”, ha alertado su portavoz en la Región de Murcia, Víctor Egío.

Por su parte, el secretario del PSOE en la Región de Murcia y delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Lucas Ayala, ha exigido la dimisión del consejero de Salud: “Cualquiera puede estar entre los afectados”.

Murcia ya tiene alcaldesa. La primera de toda la historia del Ayuntamiento capitalino. Se trata de Rebeca Pérez (PP), que asume el cargo tras el fallecimiento del antiguo primer edil, José Ballesta: “Asumo el honor y la enorme responsabilidad de ser la primera alcaldesa. Lo hago con emoción, humildad y la máxima voluntad de diálogo”, ha expresado Pérez en el Pleno de toma de posesión, que se ha celebrado este viernes a las diez de la mañana.

Ha sido investida con 15 votos a favor. En la votación, con Rebeca Pérez como única candidata, la oposición ha votado en blanco. “Hoy me corresponde estar a la altura de Murcia, gobernar con rigor y responsabilidad de futuro”, ha manifestado tras la entrega del bastón de mando, visiblemente emocionada.

“Hace tres años adquirimos un compromiso con todos los murcianos”, ha insistido la recién estrenada alcaldesa: “Lo hicimos bajo el liderazgo del alcalde Ballesta y con un amplio respaldo electoral, nos propusimos que Murcia brillase”. La primera edil ha confiado en “estar a la altura de las circunstancias”, gobernar “con rigor, con responsabilidad y visión de futuro”. Para hacer de la administración local “una administración moderna, cercana y capaz de dar respuestas rápidas a todos sus vecinos”.

“Una ciudad limpia, segura y amable”

Rebeca Pérez ha definido a su equipo como “trabajador” y “reformista”: “Tengo a mi lado un equipo comprometido con esta ciudad y el interés general”, ha celebrado. Pérez ha hecho un repaso a algunos proyectos estratégicos “ilusionantes y que serán una realidad en los próximos meses” como la fortaleza de origen islámico del rey lobo, el parque metropolitano alcalde José Ballesta o la recuperación del yacimiento de San Esteban. “Queremos una ciudad limpia, segura y amable; este gobierno municipal trabajará para una Murcia generadora de oportunidades”, se ha comprometido la ya alcaldesa antes de destacar en sus agradecimientos a Ballesta, “el alcalde eterno”, por “su huella imborrable en nosotros y nuestra ciudad”.

El acto ha sido multitudinario, con más de 200 asistentes que han visto la investidura de la primera alcaldesa mujer. Al acto ha asistido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, además del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. Los asistentes han coreado “Rebeca” y “Murcia entera te quiere” mientras Pérez presentaba su candidatura.

Técnicamente, Pérez ya es la primera alcaldesa de Murcia desde la semana pasada, cuando se convirtió en alcaldesa en funciones tras la muerte de Ballesta. Diez días después, es investida como primera edil, cargo que desempeñará hasta las elecciones municipales del próximo año.

El acto de toma de posesión ha sido igual al de Ballesta cuando recuperó la alcaldía en el año 2023, después de perderla en la moción de censura. Hasta el último momento, Rebeca Pérez fue la mano derecha de Ballesta, siendo la primera vicealcaldesa del municipio y primera teniente de alcalde.

La mayoría absoluta de los populares ha dejado vía libre a Pérez en su investidura. En teoría, en la sesión plenaria cada uno de los partidos con representación en el Ayuntamiento debían presentar a su candidato. Tanto PSOE como Vox han declinado proponer alcalde.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, se ha negado a presentar candidatura por “las circunstancias” que rodean la toma de posesión: “No solo hemos perdido a un alcalde, hemos perdido a un amigo que en unos tiempos de zozobra ha sido un contrapunto y un ejemplo admirable. Ha sido alcalde hasta el último minuto, un ejemplo en la adversidad”. Vox se ha ofrecido a la nueva alcaldesa “para todo aquello en lo que puedan ayudar”.

“Necesitamos que se ejecuten los proyectos”

Por su parte, el portavoz socialista, Ginéz Ruiz Maciá ha destacado que la de este viernes “no es una sesión de investidura normal, por ello no vamos a presentar candidatura”. “Sea cual sean las circunstancias hoy ha sido investida como la primera alcaldesa de Murcia, y eso es motivo de celebración”. Sí que Maciá ha recordado que “Murcia necesita un equipo de gobierno que ejecute proyectos, que no se rescaten entre presupuesto y presupuesto, campaña electoral, tras campaña electoral”.

Al asumir Pérez la alcaldía, se ha tenido que nombrar a un nuevo concejal para los populares, el siguiente de su lista. Se trata de Pedro Luis Balibrea, director de Inforges.

Por el momento se encuentran vacante las carteras de Fomento y Patrimonio, que hasta ahora ocupaba la recién nombrada alcaldesa. La portavocía del Ayuntamiento, que también formaba parte de las funciones de Pérez, fue asumida la semana pasada por el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz tras la Junta de Gobierno.

Compraban productos sanitarios sin homologar a precios inflados y los empleaban en centros sanitarios de la Región de Murcia. Así operaban, presuntamente, los once detenidos por fraude millonario en el Servicio Murciano de Salud (SMS). Se les han imputado delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. De acuerdo con la Policía Nacional, los investigados han podido generar un agujero económico en los caudales públicos de casi siete millones de euros.

De acuerdo con el diario local La Verdad, entre los detenidos se encuentra el antiguo comercial de la empresa del sector médico Logimed, dos exjefes de la central de compras del SMS y dos médicos del Hospital Virgen de la Arrixaca. Según la investigación de la Policía Nacional, que comenzó en enero del año 2025, el fraude se realizaba sobre todo en operaciones médicas derivadas desde el Servicio Murciano de Salud a centros concertados y en las que se habrían pagado sobrecostes de entre un 100 y un 1.287 por ciento. Se facturaban servicios que “debían ser gratuitos” y por material sanitario que “no había sido utilizado”. En operaciones médicas, incluso, se llegaron a emplear productos sanitarios “caducados”: “Un riesgo para la salud pública”, han definido desde la Policía Nacional.

El presunto entramado criminal introducía datos falsos en el sistema contable “con el objetivo de utilizar productos sanitarios no autorizados y que no habían sido incorporados al catálogo único de productos”, fijando unos precios de compra muy elevados, y dejando de utilizar los productos que sí estaban autorizados y que tenían un coste muy inferior. En total, la investigación ha identificado al menos treinta productos no homologados y facturados de forma fraudulenta, “desde prótesis vasculares hasta material sanitario fungible”.

Según las investigaciones, los implicados tenían un conocimiento exacto de los puntos sensibles del sistema informático contable, y contaban con el auxilio de funcionarios con responsabilidades en la central de compras del Servicio Murciano de Salud, así como en puestos del sistema de facturación: “Junto con la ausencia de licitaciones públicas habrían permitido negociaciones directas y arbitrarias con la principal mercantil investigada, todo ello en contra de la Ley de Contratos del Sector Público”, ha explicado la Policía Nacional. Fue la propia Consejería de Salud de la Región de Murcia la que puso en conocimiento de la Fiscalía los supuestos hechos tras detectar indicios de irregularidades en una de las auditorías realizadas por el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.

Se han solicitado medidas cautelares patrimoniales a la autoridad judicial respecto de los principales investigados, bloqueando cuentas bancarias, inmuebles y vehículos.

El último en firmar salió corriendo de El Corte Inglés de Murcia. Ricardo Segado, concejal de Movimiento Ciudadano (MC), trabaja allí y no tiene dedicación exclusiva en el Ayuntamiento. Llegó a la notaría del Paseo Alfonso XIII de Cartagena, estampó su firma y se fue. Era el número 14. Habían pasado las seis de la tarde del lunes 19 de mayo. Así terminó la jornada más intensa de la legislatura en Cartagena, pero la historia de cómo se llegó hasta allí arranca mucho antes, en Madrid, en las guerras internas de un partido que no aparece en el título de la moción.

El detonante se encuentra en la defenestración de José Ángel Antelo como presidente de Vox en la Región de Murcia. Antelo arrastró en su caída a Diego Salinas, candidato de Vox a la alcaldía de Cartagena en 2023, quien había llegado al número uno de la lista local con su apoyo, pero cuya portavocía municipal recayó en Gonzalo López Pretel por decisión de la dirección nacional, sembrando desde el primer día las semillas de una guerra interna que acabaría por reventar.

Cuando Abascal forzó la salida de Antelo, Salinas fue el primero en marcharse de Vox. Después lo haría Beatriz Sánchez del Álamo. Y la semana pasada, Salinas dio el paso definitivo: abandonar también el gobierno municipal. Para blindarse ante las acusaciones de transfuguismo que no tardarían en llegar, dejó por escrito su posición en una publicación de Facebook: “Nuestra Constitución prohíbe expresamente el mandato imperativo, y el pacto antitransfuguismo va contra el espíritu de la Constitución. Por eso hicieron un pacto y no pudieron hacer una ley”.

Jesús Giménez Gallo, portavoz de MC y candidato a la alcaldía, tiene su propia lectura de las tensiones dentro del grupo municipal de Vox. “Tengo la sensación de que han sido formas de trabajo, que no han sabido o no han podido trabajar juntos, y lo que me llega es que él [López Pretel] es el que lo impedía.” Y añade una anécdota reveladora sobre Sánchez del Álamo: “Cuando vino el Carnaval, la concejala delegada de Turismo quiso ir a la Gala Drag Queen y su partido le prohibió que fuera. Creo que ha pasado con mucha gente: caen en partidos con los que luego hay cosas que ellos mismos no entienden”.

Según López Pretel, la ruptura se precipitó cuando desde Vox les comunicaron que “no tenían sitio en el partido para 2027”.

“Un par de semanas” de conversaciones

En Semana Santa, Giménez Gallo tenía una respuesta clara para quien le preguntara por una posible moción de censura: “Las mociones de censura no se piensan, se registran. Y ahora mismo no hay ninguna registrada ni en ciernes, por lo menos que yo sepa”. Dos meses después, la moción existe y él es el candidato a alcalde.

El proceso que lo hizo posible fue, según sus protagonistas, más orgánico que estratégico. “Ha sido más dos o tres conversaciones al salir de plenos en los que hemos visto que todo estaba fatal, sobre todo el tema económico”, explica Giménez Gallo. Hubo un pleno, el Miércoles Santo, que los portavoces de la oposición describen como determinante: el gobierno tuvo que presentar un déficit de diez millones de euros en las cuentas de 2025, después de haber subido los impuestos. Y la semana pasada, en un consejo de administración de la Sociedad Municipal Casco Antiguo, descubrieron que un edificio llevaba dos meses en riesgo de derrumbe y que las celebraciones de Semana Santa y las Cruces de Mayo habían transcurrido bajo su sombra sin que el gobierno convocara la reunión urgente hasta después. “Era todo tan demencial”, dice Giménez Gallo.

Manuel Torres, portavoz socialista, coincide en el diagnóstico: “No había un duro. Estamos casi intervenidos por el Ministerio de Hacienda. Solo se hacen fiestas y anuncios vacíos.” En sus redes sociales había celebrado días antes la salida de Salinas del gobierno en términos que anticipaban el camino que se abría: “Demuestra valentía y coherencia abandonando el Gobierno, y pone en evidencia que Arroyo dirige un Ejecutivo roto y sin rumbo”.

Fue en ese contexto cuando, hace “un par de semanas”, los tres portavoces de la oposición empezaron a hablar con mayor regularidad. Primero entre ellos. Luego, cuando Salinas y Sánchez del Álamo fueron abandonando el gobierno, también con ellos. “Una vez que hubo movimiento, los tres portavoces los sondeamos”, resume Giménez Gallo.

La notaría del Paseo Alfonso XIII

El fin de semana previo, varios implicados estuvieron perfilando el texto de la moción. El lunes, unos por la mañana y otros por la tarde, fueron desfilando por la notaría. Optaron por esa vía, en lugar de la Secretaría del Pleno, porque permitía mayor flexibilidad horaria: no todos los firmantes son liberados políticos. La jornada se extendió desde las diez y media de la mañana hasta pasadas las seis de la tarde, cuando llegó Segado desde Murcia. A las 19:20 se registró la moción con las 14 firmas: siete de MC, cuatro del PSOE, uno de Sí Cartagena y dos de los exconcejales de Vox. Exactamente la mayoría absoluta en un Ayuntamiento de 27 ediles.

El ambiente, describe Giménez Gallo, era de “nervios y de responsabilidad. Todos somos conscientes de que estamos poniendo carne en el asador”. Pero también pesó el recuerdo de 2015, cuando MC entró al Ayuntamiento y encontró tal nivel de deuda que, de no haberse tramitado un ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) de Repsol que llevaba años pendiente, el consistorio se habría quedado directamente sin dinero. “Como ya sabemos lo que pasó en 2015, eso nos ha convencido de precipitar hoy lo que había que hacer”.

La ciudad de los pactos

Cartagena tiene una larga tradición de pactos que trasciende a cualquiera de los partidos implicados en esta moción. En 2015, fue un acuerdo entre PSOE y Podemos el que hizo alcalde al propio Pepe López, pese a que el PP había sido la lista más votada.

En 2019, fueron tres partidos —PP, PSOE y Ciudadanos— los que se aliaron para impedir que gobernara MC, que había ganado las elecciones.

Y desde noviembre de 2023, el gobierno lo han sostenido PP y Vox. “Aquí ya podemos hablar de tradición de pactos”, dice Giménez Gallo, quien señala una razón estructural: la existencia de MC, el partido municipalista con más votos de un solo municipio en toda España, obliga a cualquier gobierno a buscar apoyos que de otra manera no necesitaría. “Al final, fíjate la guerra nacional que ha abierto el PP contra esta moción. Cuando tú lees los titulares dicen el PSOE. Y tú dices: no, no, perdona, el alcalde que se propone no es del PSOE”. De hecho, es Movimiento Ciudadano quien lidera la moción; el PSOE ha alcanzado un acuerdo tanto con MC como con Sí Cartagena para apoyarla.

Un acuerdo de mínimos

La coalición tiene ingredientes heterodoxos. Torralba fue concejal del gobierno de Arroyo. Salinas encabezó la lista de Vox. MC es un partido municipalista cuyo fundador, Pepe López, acumuló durante su etapa como alcalde dos condenas por delitos leves —una por tentativa de maltrato y otra por coacciones a un funcionario— y resumió su estilo con una frase célebre: “Las verdades, como puños. Y si hace falta, a la cara”. Giménez Gallo representa una ruptura con ese perfil. Y el PSOE es el partido que en 2019 expulsó a seis de sus propios concejales por pactar con PP y Ciudadanos a espaldas de la dirección. Algunos de aquellos expulsados, reagrupados hoy bajo la marca Sí Cartagena, son ahora parte del gobierno que el PSOE quiere construir.

El portavoz de MC lo llama “un acuerdo de mínimos, casi de rescate”. Torres prefiere “gobierno de concentración”. El Partido Socialista ha ligado su apoyo a una agenda progresista compartida —igualdad, políticas LGTBI, derechos humanos— cuyos detalles se concretarán en los próximos días. Y esta vez el procedimiento interno ha sido escrupuloso: la dirección local informó a la regional antes de dar ningún paso público, la Comisión Ejecutiva Regional se reúne el miércoles a las 20 h y después vendrá la consulta a la militancia. Un contraste con 2019, cuando la expulsión de los seis concejales llegó, precisamente, por saltarse ese mismo protocolo.

La reacción de los derrotados

El portavoz de Vox en el Consistorio cartagenero, López Pretel, acusó al PSOE de ser el “instigador en la sombra” y a Giménez Gallo de pura ambición personal: “La última oportunidad que va a tener de ser alcalde, aunque sea para salir en una procesión con el bastón de mando.” Y lanzó el aviso que nadie debería ignorar: “Esto no ha terminado. De ayer al día 1 podemos tener moción, no moción y moción otra vez.”

“Asalto al Ayuntamiento por intereses partidistas”, calificó Arroyo la firma de la moción y advirtió que abriría “un año de caos, bloqueo, parálisis, bronca y enfrentamiento”. Remató con una serie de preguntas dirigidas a los exconcejales de Vox: “¿Ahora van a estar de acuerdo con que el Naval se mantenga abierto como centro temporal de inmigrantes? ¿Con que no se construya la Ciudad de la Justicia? ¿Con que estemos cuatro años sin trenes?”

Giménez Gallo, por su parte, anticipa las maniobras y las nombra sin rodeos: “Espero que todo quede en el juego democrático y que no utilicen otro tipo de técnicas”. Y sobre la comparación con la moción de PSOE, Ciudadanos y Podemos que salió adelante en Murcia en marzo de 2021 para después ganar el PP con mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2023: “Ballesta era un alcalde enamorado de su pueblo. Ella [Noelia Arroyo] no es una burócrata enamorada del pueblo de Cartagena, sino del poder”.

El día 2 de junio

La votación no será el 1, sino el 2 de junio: la Secretaría del Pleno no dio por recibida la moción hasta el martes, lo que concede al gobierno de Arroyo un día más de margen. López Pretel ya advirtió que piensa aprovecharlo. Si prospera, Jesús Giménez Gallo será alcalde de Cartagena. El mismo que en Semana Santa repetía que las mociones de censura no se piensan, se registran.

Está ya está registrada. El Ejecutivo de Arroyo se fue desarmando como un castillo de naipes: primero Antelo, luego Salinas, luego Sánchez del Álamo, hasta que el edificio entero se vino abajo. Y que la política hace extraños compañeros de cama lo demuestra una coalición formada por socialistas, cartageneristas, ex socialistas y dos exconcejales de Vox que el lunes desfilaron, uno tras otro, por una notaría del Paseo Alfonso XIII.

La moción de censura contra la popular Noelia Arroyo ha contado con el beneplácito de la ejecutiva nacional del PSOE, según el portavoz socialista en Cartagena, Manuel Torres. El líder de los socialistas cartageneros ha defendido que lo que queda de legislatura estará marcado por un “gobierno de progreso y progresista”. Lo ha asegurado en una rueda de prensa convocada junto a los portavoces de los partidos con los que ha firmado la moción de censura, entre las que está el cantonalista Movimiento Ciudadano (MC), Sí Cartagena y los dos exconcejales de Vox, Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo.

Fuentes socialistas a nivel autonómico han matizado que la Comisión Ejecutiva Regional del PSRM se reunirá este miércoles para abordar la moción de censura. Tras esto, se convocará a una consulta a la militancia de Cartagena: “Tendrán la última palabra”, ha prometido el portavoz socialista.

Torres ha defendido que tras la moción no se esconden “tacticismos”: “Queremos sacar a Cartagena de la parálisis”. El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, también ha negado que la moción estuviera motivada por “cálculos políticos”. Pese a que, de prosperar la moción, las fuerzas políticas solo tendrían por delante un año de legislatura, Giménez Gallo se ha mostrado optimista: “Queda por delante un año apasionante, el 25% del mandato”.

“Queremos una Cartagena con más verdad y con menos relato. No venimos a prometer milagros, sino trabajo y estabilidad”, ha subrayado el portavoz de MC, reprochando el “colapso” en la localidad provocado por el gobierno de Arroyo.

El portavoz de Sí Cartagena, Juan Pedro Torralba, que formó parte del gobierno de Arroyo la pasada legislatura, también ha cargado duramente contra la alcaldesa de Cartagena, a quien le atribuye un “descontento generalizado” entre la población: “Eleva la deuda y aplica una política social que castiga a quien menos tiene”, ha reprochado.

“Una amalgama de concejales”

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha dicho que la moción de censura “no beneficia a nadie”, asegurando que no está planteada para mejorar la gestión del ayuntamiento que, ha sostenido, “va bien”.

Arroyo ha afeado que los concejales presentasen la moción motivada por “intereses partidistas”: “Han decidido bloquear el Ayuntamiento y bloquear un año de legislatura por intereses partidistas, poniendo de rehenes a los cartageneros”, ha denunciado.

La alcaldesa se ha mostrado especialmente dura con el PSOE, al que ha “acusado de aliarse con Vox”:“Se comprueba que el Partido Socialista de Pedro Sánchez es capaz de aliarse con concejales que se presentaron bajo las siglas de Vox y que están dispuestos a llegar al Ayuntamiento de Cartagena a cualquier precio”.

Arroyo también ha cuestionado como gestionarán Cartagena los firmantes de la moción de censura: “¿Qué tienen en común PSOE, MC y los ediles procedentes de Vox?”.

Sorpresa no ha habido. La posibilidad de una moción de censura en Cartagena contra la popular Noelia Arroyo venía fraguándose desde enero de 2025, cuando ya se produjo un primer conato. La fractura de Vox en la Región de Murcia le ha dado una mayor viabilidad, ya que Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, los dos exconcejales de la formación ultraderechista que abandonaron el partido tras la defenestración del exlíder regional José Ángel Antelo, han firmado este lunes la moción de censura que, previsiblemente, pondrá fin al gobierno de la alcaldesa popular en la ciudad portuaria. Sus votos, sumados a los del cartagenerista Movimiento Ciudadano (MC), PSOE y Sí Cartagena, alcanzan los 14 apoyos necesarios para la mayoría absoluta en un consistorio de 27 concejales.

Los grupos municipales de MC, PSOE y Sí Cartagena registraron este lunes la moción de censura ante notario. El documento incluye a los siete ediles de MC, los cuatro del PSOE, el de Sí Cartagena y los dos concejales no adscritos Salinas y Sánchez del Álamo. Las negociaciones entre las partes se habían acelerado a lo largo de la mañana: MC y PSOE se reunieron en una notaría situada a espaldas del Palacio Consistorial, mientras el goteo de concejales cartageneristas hacia ese mismo punto era constante. El anuncio cogió a la alcaldesa, Noelia Arroyo, en Madrid, donde asistía a la Junta Directiva Nacional del PP. El pleno para votar la moción quedó convocado automáticamente para el próximo 1 de junio.

Desde que la dirección provincial de Vox dimitió en bloque el pasado 26 de febrero para forzar la salida de Antelo, ocho concejales, una diputada y una coordinadora municipal han abandonado el partido en la región. En Torre Pacheco, tres ediles de Vox rompieron con la formación tras pactar con el PP a espaldas de la dirección nacional. En la Asamblea Regional, la diputada Virginia Martínez se incorporó al Grupo Mixto. La sangría orgánica que Antelo llegó a advertir —“no descarto más fugas”— se ha convertido en realidad en diferentes municipios.

En Cartagena, la mecha la encendió el propio Salinas, que se solidarizó con Antelo de inmediato tras su expulsión y abandonó el partido a principios de marzo; desde el pasado jueves, haría lo mismo con el gobierno municipal. Sánchez del Álamo, su mano derecha, dejó la formación a principios de abril. De este modo, desde finales de la semana pasada, la alcaldesa Arroyo gobernaba en minoría, sostenida por un hilo cada vez más fino.

Sánchez del Álamo ha sido señalada en varias ocasiones por MC como una de las impulsoras de la fallida moción de censura contra Arroyo en enero del pasado año. Mantiene una estrecha relación con Salinas y, como él, está enfrentada con el actual portavoz local de Vox, Gonzalo López Pretel, a quien Arroyo ascendió a vicealcalde tras destituir a Salinas como primer teniente de alcalde. Los rifirrafes entre la primera edil de Cartagena, también responsable de la cartera de Turismo, y quien fuera la delegada de esa concejalía, Sánchez del Álamo, han sido frecuentes. Un ejemplo de ello fue la celebración de las Fallas en este municipio murciano, tal y como recogió en su momento el diario local La Opinión.

Crisis orgánica y, ahora, de gobierno

Vox lleva tres meses sin poder retener a sus propios cargos en la Región de Murcia, su principal bastión electoral. Una crisis que ya no es solo orgánica, sino de gobierno, y que el PP murciano arrastrará hasta 2027.

Si al asumir el bastón de mando en 2023, Arroyo quiso gobernar una “legislatura del consenso” y tentó un gobierno minoría, enseguida se coaligó con Vox buscando la tan ansiada “estabilidad”.

MC se hizo con ocho concejales en esas elecciones, aunque en la Junta de Gobierno cuenta con siete, ya que María Dolores Ruiz decidió apartarse del partido. El PSOE de la localidad, por su parte, se enfrenta a una situación complicada, ya que en 2019 se vio obligado a expulsar a seis concejales por rubricar un pacto de gobierno secreto con el Partido Popular y Ciudadanos. Su escisión, Sí Cartagena, tiene un representante en el consistorio de la ciudad portuaria, Juan Pedro Torralba, que también ha firmado la moción de censura.

Todo empieza con una mancha de vino en el cuello de la camisa: vas caminando, tranquilamente, en dirección a la tintorería de la Calle Princesa, en el corazón del barrio del Carmen (Murcia), y lo haces a paso raudo porque son casi las ocho de la tarde y están a punto de cerrar. Mientras esperas tu turno, ahí fuera, en la calle, escuchas un sonido que pretende rugir, pero no pasa del leve alboroto. Te asomas y ves una pancarta que se mueve sola; una pancarta que reza: “contra la amnistía, por la igualdad de todos los españoles”; te frotas los ojos y compruebas que no estás a finales de 2023; que, de hecho, es 2026; compruebas también que la pancarta no se mueve sola, que tras ella hay cuatro, quizá cinco personas; miras con incredulidad a la señora de la tintorería y te dice: “Sí, hijo, sí. Vienen todos los días a esta hora desde hace tres años”. Todo empieza con una mancha de vino en el cuello de la camisa. Lo que son las serendipias.

Era noviembre del año 2023 y unos cuantos miles de personas se manifestaban contra la amnistía en la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia convocadas por el Partido Popular. La primera escena que recuerdo es la de varios miembros de la organización, chavales de las juventudes populares, repartiendo banderas de España y de la Unión Europea en los cuatro accesos de la plaza. Una hora después, Vox había convocado una segunda manifestación al otro lado del Segura, en la calle Princesa, justo enfrente de la sede del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) y hacia la que dos señoras se embarcaron después de decirle una a otra que estaba a su lado: “Venga, vamos ahora a lo de Vox, que yo me he dejado una tortilla de patatas hecha”.

Pasaron los días, los meses, los otoños, y las tortillas. La amnistía se aprobó y se fue incorporando al paisaje político con la misma naturalidad con la que se incorporan las rotondas a las salidas de los pueblos. Los autobuses dejaron de fluir y las plazas de las capitales fueron paulatinamente olvidando el sonido de los himnos y de los pitidos. Hasta el propio Partido Popular, que tan vehementemente había convocado aquellas concentraciones de noviembre del 23, fue dejando el tema de lado porque entendieron lo útil que podría ser un alto el fuego con Junts, y porque el refrán que mejor funciona en política es el de nunca digas de esta agua no beberé y este cura no es mi padre, porque nunca se sabe. Lo que pasa es que cuando enciendes una cerilla, a veces, lo que viene después ya no depende de ti.

Una liturgia vespertina

Así que es mayo de 2026, y todos los días a las ocho de la tarde, en la Calle Princesa de Murcia, la liturgia es la misma: aparecen dos personas, un hombre y una mujer. Ambos superan los sesenta años, podría decirse que holgadamente. Entre los dos, atan de los dos extremos una pancarta a dos árboles en la acera de un local de tatuajes, justo enfrente de la sede del PSRM. De un tiempo a esta parte, ponía “contra la amnistía, por la igualdad de todos los españoles”, pero ahora el eslogan es diferente y señala a la corrupción del gobierno en general. Esas dos personas esperan, junto a su pancarta, que lleguen los demás.

Muchos transeúntes del barrio del Carmen los conocen ya. Lola, una vecina que sale por las tardes a pasear con su hija, Lola también, dice que le resultan admirables los manifestantes. “Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero fíjate que llevan años aquí plantados, todos los días y no faltan ni uno”, explica. La camarera de un bar de la misma calle, en cambio, matiza: “de lunes a viernes siempre están aquí, menos en verano, Navidad y Semana Santa”.

Paco es el encargado de traer la pancarta. “¿De qué periódico venís? ¿elDiario…? ¿Ese es el del Escolar? Vosotros sois del PSOE, pero bueno, mira, al menos sois los primeros periodistas que se interesan por nosotros en todo este tiempo”. Se declaran enemigos acérrimos de este “gobierno criminal” y lamentan ser tan pocos. “La juventud, el pueblo, estáis dormidos y no sois conscientes de lo que se nos viene encima”, continúa Paco, al tiempo que van llegando el resto de los asistentes.

Cánticos y noticias

La convocatoria, explican, la hacían a través de un grupo de WhatsApp en el que hay más gente, pero cada vez se manifiestan menos. Ahora, dado el peso de la costumbre, no necesitan quedar para saber que allí se encontrarán. “Por el WhatsApp lo que hacemos es proponer cánticos para el día siguiente y nos pasamos noticias y cosas de esas”, dicen.

Se trata de otras cuatro personas, todas ellas mayores de sesenta años, excepto un señor algo más joven, Ramón, del que Paco nos advierte, “huid mientras podáis, porque como empiece a hablar no se va a callar en toda la tarde”. Ya son viejos conocidos en el barrio, y también tienen sus adversarios, como otro hombre mayor, declarado votante socialista, que les lanza alguna puya cuando pasa por su lado. Ramón le advierte que el Gobierno de Pedro Sánchez “nos está matando de hambre”, y el señor socialista le señala al torso, dejándole caer que hambre, lo que se dice hambre, no debe de pasar. “¿Sabe por qué estoy gordo, señor mío? Le pregunta; ”porque como pan“.

Es en ese momento cuando se sienten fuertes para empezar los cánticos contra una sede del Partido Socialista aparentemente vacía. “Antes”, arranca la señora que acompañaba a Paco al principio, “cuando estaba Pepe Vélez [antiguo secretario general del PSRM], se asomaba por la ventana y se reía de nosotros. Al menos nos hacía caso, porque el desgraciado que hay ahora [refiriéndose a Francisco Lucas] lo único que ha hecho ha sido mandar a la policía a denunciarnos”.

La protesta, como es evidente, no cuenta con el permiso de la Delegación del Gobierno, aunque según ellos no la necesitan porque son menos de 20 personas. Mercedes, la más mayor del grupo, y también, hay que decirlo, la más exaltada de todos ellos, explica que no son ninguna manifestación, sino una “coalición de ciudadanos ofendidos”, pero aun con todo tuvieron que buscarse un abogado para afrontar la denuncia de la Delegación de Gobierno, aunque no tuvieron que pagar una multa finalmente.

Franco, “un bendito”

Según explica la propia Mercedes, ella “no está politizada” y “no vota a ningún partido”, pero sí que afirma que la izquierda es una “panda de gentuza, vividores y asesinos que quieren reescribir la historia”. “Me río yo el 14 de abril, cuando salen a manifestarse y dicen 'Viva la República'. Y una mierda. Asesinos todos. Al cura de esa iglesia de allí [la iglesia del Carmen] lo fusilaron. Y al de san Bartolomé también. Y al de san Antón. Y […] también está el asesino más grande de toda la historia, Simón Bolívar. Luego dicen de Franco, ¡pero si fue un bendito!”.

“Yo, por ejemplo, no soy tan radical como ella”, dice Juan, otro de los asistentes, “de hecho yo he votado a los socialistas siempre. Aquí cada uno vota a una cosa y piensa de una manera distinta, pero esto ya no puede ser. ¿Es que no estáis viendo que se están cargando el país?”

A ratos algún coche o moto que pasa por delante toca el claxon en señal de apoyo, pero para Paco no es suficiente: “Nada, pitan y lo que tú quieras, pero no se nos une ni Dios, ya se les hará tarde”. A ratos, alguno de los participantes interrumpe su protesta para unirse a la conversación.

— Claro, yo me imagino que tú estarás encantado con este gobierno, ¿no?

— Yo soy anarquista, señora —respondo en defensa propia—, a mí el gobierno me da igual.

— ¿Anarquista? —contesta Paco— yo de joven estaba en la ORT [Organización Revolucionaria de Trabajadores], y éramos maoístas —dice, mientras enarbola su bandera rojigualda.

— ¿Y qué pasó? Para acabar así, quiero decir.

— Pues que nos aburguesamos de la hostia.

Ya ha entrado en vigor el reglamento para el Grupo Mixto en la Región de Murcia. El texto definitivo confirma la portavocía rotatoria entre los miembros del grupo parlamentario, lo que supone que en el próximo periodo de sesiones tendrán a un ex de Vox como portavoz. Tras la implosión del partido de extrema derecha, el antiguo líder de los de Abascal en la Comunidad, José Ángel Antelo, ha terminado compartiendo grupo parlamentario con los diputados de Podemos e Izquierda Unida-Verdes en la Asamblea Regional. Lo que comenzó como una convivencia incómoda entre adversarios políticos se ha convertido en el apoderamiento de Antelo del Grupo Mixto.

El nuevo reglamento, que rige las órdenes internas del Grupo, contempla rotar la portavocía entre sus miembros por orden de antigüedad, que se irá alternando en los diferentes periodos de sesiones y en la que no puede repetir quien ya haya ejercido esas funciones. Esto implica que la actual portavoz del Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín, deberá abandonar su puesto de inmediato. Le sustituirá su compañero José Luis Álvarez-Castellanos, que ejercerá esta labor hasta julio. A la vuelta del verano, le llegará el turno a Antelo hasta enero, cuando la también exdiputada de Vox Virginia Martínez le suceda o decida traspasársela al antiguo líder de Vox. Las elecciones regionales tendrán lugar el próximo mayo de 2027, por lo que el ex de esta formación de ultraderecha será previsiblemente el portavoz del Grupo Mixto hasta entonces.

Este reglamento no ha nacido del consenso, y llega más de dos meses después de que Antelo fuera expulsado de Vox y trasladado al Grupo Mixto. En un principio, el reglamento interno del Grupo Mixto debe confeccionarse entre los miembros del mismo. En concreto, el grupo parlamentario debería haber presentado un texto a la Mesa hace dos semanas pero no fue posible. Antelo ha manifestado desde el principio que quería contar con la portavocía y lo que consideraba “un reparto equitativo de los recursos, los espacios y los tiempos de intervención”. Ante la falta de consenso, el reglamento quedó en manos de la Mesa, donde el PP tiene la mayoría al estar formada por tres diputados populares y dos del PSOE.

El reglamento aprobado ha tomado como referencia el mismo que se estableció para el Grupo Mixto la pasada legislatura. Tras la moción de censura fallida presentada por PSOE y Ciudadanos en 2021, los diputados naranjas que se mantuvieron fieles a su partido tuvieron que pasarse al Grupo Mixto después de que lo tomasen los tránsfugas. Entonces tampoco hubo consenso entre los miembros del Grupo, por lo que la normativa quedó en manos de la Mesa. El texto estableció una portavocía rotatoria como la que ha entrado en vigor este jueves, en la que se turnaban en orden alfabético.

Respecto a las intervenciones en los Plenos, el reglamento señala que, si los miembros del Grupo Mixto así lo acuerdan, podrá intervenir un solo diputado en las sesiones de la Cámara, quien contará con el mismo tiempo que el resto de parlamentarios. Previsiblemente y ante la falta de consenso, el tiempo de intervención será asignado “a partes iguales entre todos sus integrantes presentes al comienzo de la sesión, que harán uso de la palabra sucesivamente por orden alfabético de primer apellido”. Esto supone que los dos diputados de Podemos e IU, de distintas formaciones políticas, tendrán el mismo tiempo de intervención que los dos antiguos parlamentarios de Vox.

Lo mismo ocurre con la subvención asignada al grupo parlamentario, que queda establecida en 19.940 euros al mes y distribuida al 50% entre ambas partes. A esto hay que sumarle la cantidad de 20.814,89 de euros, de acuerdo con los ajustes que deben realizarse en la subvención correspondiente a los meses de marzo y abril por la entrada al grupo de Antelo y Martínez.

José Joaquín Arias Ortín ha comunicado oficialmente su baja como afiliado de Vox y su desvinculación total, tanto política como personal, del partido. Arias, uno de los primeros alcaldes pedáneos que tuvo Vox en España, concretamente en Guadalupe, y que ha desempeñado distintas responsabilidades dentro del partido —como coordinador en Murcia, vocal en Guadalupe, director de Estrategia y Comunicación en el Ayuntamiento de Murcia y también en la vicepresidencia del Gobierno regional— ha asegurado que su decisión “no responde a un hecho puntual ni a un momento concreto”, sino a “años de decepción acumulada” ante la evolución interna de la organización.

“He dedicado años de mi vida, esfuerzo y renuncias personales a construir Vox Murcia; precisamente por eso sé perfectamente lo que fue este proyecto y, sobre todo, en lo que se ha convertido”, ha señalado. En su escrito de baja, Arias denuncia que el partido “ha dejado de premiar el mérito y la capacidad para convertirse en una estructura cerrada donde se aparta sistemáticamente a quienes tienen criterio propio”, mientras “se promociona a perfiles cuya principal virtud es la obediencia o la cercanía personal”. El ya exafiliado carga especialmente contra el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, cuya presencia dentro de la organización considera “absolutamente incompatible” con sus principios y su forma de entender la política.

“No voy a permanecer ni un minuto más en un proyecto político en el que figure el nombre de Luis Gestoso”, ha afirmado de manera tajante, asegurando además que “su forma de actuar genera un rechazo evidente dentro de amplios sectores de la propia organización y también en buena parte del entorno político y social de la Región de Murcia”. Arias ha revelado igualmente que interpuso una denuncia formal ante el Comité de Garantías de Vox contra Gestoso por unas manifestaciones públicas que consideraba ofensivas, injuriosas y contrarias a los propios estatutos del partido. Sin embargo, denuncia que “pese a la gravedad de los hechos y al tiempo transcurrido, no ha existido absolutamente ninguna respuesta ni actuación por parte de la dirección”.

Arias también ha mostrado su preocupación por la “falta de transparencia interna” y por las informaciones publicadas sobre la Fundación Disenso, vinculada al partido y presidida por Santiago Abascal, que habría registrado pérdidas cercanas a los 374.000 euros pese a haber recibido cerca de 11 millones de euros procedentes de Vox en los últimos años. “Lo verdaderamente preocupante es el modelo de dirección que existe detrás: una estructura cada vez más cerrada, controlada por cuatro amigos de Abascal que han convertido Vox en su negocio”.

Con la salida de José Joaquín Arias de Vox, ya han abandonado el partido ocho concejales, una diputada y una coordinadora municipal desde la caída del exlíder regional José Ángel Antelo el pasado 26 de febrero. 

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, anunció hoy en el pleno de la Asamblea Regional que la Comunidad va a acometer una inversión global de 11 millones de euros destinada a mejorar el confort térmico de las aulas y a mejorar las infraestructuras educativas de la Región de Murcia.

López Miras adelantó que el proyecto de Presupuestos que el Ejecutivo autonómico remitirá a la Cámara incluirá, por un lado, una partida de 7 millones de euros “para incrementar la potencia eléctrica” y que más aulas “tengan la climatización adecuada”. Además, el Gobierno regional destinará casi 4 millones de euros adicionales a iniciativas de mantenimiento y actualización de infraestructuras educativas, tanto en colegios como en institutos.

El plan plurianual de climatización permitirá instalar energías renovables como placas fotovoltaicas y dotará a los centros de sistemas de confort térmico adecuados, para ayudar a mitigar los episodios de calor.

López Miras puso en valor que “a pesar de ser la región peor financiada de España, somos la segunda que más invierte en educación”, incluyendo un aumento del gasto público en educación “de diez puntos, el doble que la media nacional”.

Durante su intervención, el máximo responsable autonómico resaltó que durante 2025 se han puesto en marcha nuevas infraestructuras educativas y ampliaciones de centros con una inversión total de 32 millones de euros. Entre las actuaciones realizadas figuran el nuevo Colegio de La Aljorra, el Sagrado Corazón de Librilla y ampliaciones en el Colegio Almendricos de Lorca, la Escuela de Hostelería de Cartagena, el Colegio Petra Sánchez de Los Alcázares o el IES Mar Menor de San Javier.

Estas actuaciones han permitido incorporar más de 23.000 metros cuadrados de nuevos espacios educativos en la Región de Murcia en un solo año, dentro del plan de mejora y ampliación de infraestructuras impulsado por el Ejecutivo autonómico.

En materia de eficiencia energética, el Gobierno regional ha invertido desde 2020 cerca de 80 millones de euros en más de un centenar de centros educativos de la Región de Murcia, en lo que supone “la mayor inversión en modernización energética que se ha hecho en esta Región”.

Una descomposición de gobierno a cámara lenta. El ejecutivo municipal de Cartagena entró este jueves en minoría ya que Diego Salinas, exVox que ocupaba el área de Desarrollo Económico, Industria y Empresa, ha presentado su renuncia “voluntaria e irrevocable” a la alcaldesa Noelia Arroyo en un escrito registrado en el Consistorio, según recoge La Opinión. Con su salida, el gobierno suma 13 concejales frente a los 14 de la oposición, lo que abre por primera vez de forma real la puerta a una moción de censura si los grupos contrarios al PP logran ponerse de acuerdo.

Salinas, que había abandonado Vox a principios de marzo tras la destitución de José Ángel Antelo como presidente provincial del partido pocos días atrás, alega en su carta discrepancias con la “línea de actuación y las dinámicas internas” del gobierno municipal. En particular, apunta a la creciente influencia del portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, con quien mantiene una mala relación desde hace años.

Arroyo había intentado capear el temporal manteniendo a Salinas en el gobierno tras su salida de Vox, con el objetivo de preservar la mayoría absoluta, fijada en 14 ediles en una corporación de 27. Para ello, cesó al propio Salinas como primer teniente de alcalde y nombró en su lugar a López Pretel como vicealcalde, mientras mantenía al edil no adscrito al frente de su concejalía. Una maniobra que ha acabado siendo insostenible.

Salinas ha defendido en su comunicado que su acción política siempre ha estado “guiada por el interés general, la lealtad institucional y el respeto a los compromisos adquiridos con los vecinos”, pero que las circunstancias actuales hacen “incompatible” su permanencia en el gobierno con esos principios. Junto a la renuncia al cargo, el concejal ha anunciado también que dejará de percibir el salario como concejal de área, limitándose a cobrar la compensación por asistencia a Plenos.

Una crisis sin final a la vista

La crisis no ha terminado, ya que todavía permanece en el gobierno la concejal no adscrita Beatriz Sánchez del Álamo, quien también abandonó Vox tras Salinas y ocupa las áreas de Nuevas Tecnologías, Administración Electrónica, Transparencia y Turismo. López Pretel lleva semanas presionando a Arroyo para que la expulse del ejecutivo, y este mismo miércoles anunció una moción para el próximo pleno contra el “transfuguismo”, en alusión directa a ambos ediles.

La salida del exconcejal de Vox complica el tramo final de una legislatura en la que Arroyo ha logrado sacar adelante sus principales objetivos: los presupuestos de 2026 y el nuevo Plan General.

En enero del año pasado ya se produjo un intento fallido de moción de censura, impulsado por el cartegenerista Movimiento Ciudadano (MC). La aritmética ya no juega a favor de Arroyo. Con 13 concejales en el gobierno frente a 14 en la oposición, cualquier acuerdo entre MC, PSOE, Sí Cartagena y los no adscritos podría traducirse en una moción de censura que quitara el bastón de mando a la alcaldesa.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, ha señalado en un comunicado de prensa que con la marcha de Salinas queda de manifiesto que la alcaldesa Noelia Arroyo se está aferrando al poder pese a su evidente “debilidad política, su falta de liderazgo y su incapacidad para generar consensos”.

Salinas, por su parte, ha demostrado “su integridad moral y coherencia al adoptar esta decisión, que le honra. Merece todo el respeto por negarse a seguir siendo cómplice de un Gobierno sin proyecto y sin objetivos. Dar este paso es una muestra de valentía”, según Torres.