Durante casi cuatro décadas, treinta y seis ediciones desde 1984, un puñado de coches ha subido cada año a toda velocidad por la carretera que trepa hasta el santuario de La Santa, en pleno corazón de Sierra Espuña. La prueba de rallies se llamaba, con cierto sentido de la redundancia, la Subida a La Santa, y dejó de disputarse en el año 2023, cuando al fin se tuvo en cuenta el detalle de que cruzar a toda pastilla un espacio protegido por varias figuras ambientales no era, quizá, la más prudente de las tradiciones. Desde entonces, el PP y Vox no han parado de buscarle una vuelta al asunto que permita que siga celebrándose.

La última vuelta es una ley aprobada en febrero de este año que saca del Parque Regional 41 hectáreas alrededor del santuario: el recinto del Corazón de Jesús, el mirador del Ángel, la Virgen Blanca, el Convento de las Monjas y el tramo de la carretera RM-502 por el que, casualidades de la vida, discurría el rally. Desde el 8 de marzo, nada de eso forma parte del Parque Regional de Sierra Espuña; al menos, eso es lo que dice la Ley 1/2026 de 2 de marzo aprobada por la mayoría parlamentaria de PP y Vox, porque por encima de esa ley regional siguen en pie dos protecciones que la Asamblea de la Región de Murcia no puede levantar por su cuenta.

Esas 41 hectáreas continúan formando parte de la Red Natura 2000 europea, integradas en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Sierra Espuña, vigente desde 1998, y en la Zona Especial de Conservación (ZEC), declarada apenas unas semanas antes del recorte, el 12 de febrero de 2026. Ambas figuras nacen de directivas comunitarias y ni una mayoría parlamentaria regional ni la propia comunidad autónoma pueden derogarlas: quitar esa protección dependería de Bruselas, no de la Región.

Y este dato es importante: los servicios jurídicos de la Asamblea ya habían avisado de que no se podía sacar esos terrenos del parque. En un informe firmado a las 13:35 del 17 de febrero de 2026, declararon que la iniciativa “no cumple con los requisitos exigidos por la legislación básica estatal para la modificación de los límites de un espacio natural protegido”, y que excluir los terrenos “sin ningún tipo de estudio científico o justificación ambiental que lo avale” le confería “un cierto grado de arbitrariedad”. Cuarenta y ocho horas más tarde, con los votos de PP y de Vox, el Pleno la aprobó igualmente.

Cinco meses después, esa ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Y el pasado viernes 17 de julio, la Asamblea Regional acordó personarse para defenderla, encomendando las alegaciones a sus propios servicios jurídicos: los mismos que la habían desaconsejado por escrito. “Los servicios jurídicos que informaron de la ilegalidad de la ley ahora tienen que alegar contra su propio informe. Esto es kafkiano, surrealista total”, resume José Luis Álvarez Castellanos, coordinador de IU en la Región de Murcia y diputado de IU-Verdes en el Grupo Mixto, que votó en contra de la personación. “Solamente espero que la letrada que hizo el informe no sea la misma a la que le toque alegar, porque entonces ya no sé. Pobre mujer”.

Una ley en seis días

La proposición se había registrado el 14 de febrero de 2025, firmada por los portavoces del PP, Joaquín Segado, y de Vox, José Ángel Antelo, y llevaba un año criando polvo. Hasta que, en febrero de 2026, se aceleró de golpe: el 13 se pidió la urgencia del procedimiento; el 18 la avaló la Junta de Portavoces con el rechazo del PSOE y del Grupo Mixto, y el 19 salió adelante en el Pleno por lectura única. Seis días para una modificación de límites que la legislación estatal reserva a supuestos de evolución natural “científicamente demostrada” y somete siempre a información pública.

En esa misma semana, además, el Consejo de Gobierno había aprobado el 12 de febrero, un día antes de que se pidiera la urgencia, el Decreto 6/2026, que declara Sierra Espuña como Zona Especial de Conservación y aprueba su Plan Rector de Uso y Gestión, el instrumento que fija qué actividades pueden realizarse en el parque y bajo qué condiciones. No se publicó hasta el 4 de marzo y la ley se tramitó entera en ese hueco.

Para Álvarez Castellanos, ahí está la prueba de que la operación se hizo a conciencia: existía un instrumento para regular la actividad con medidas correctoras, igual que se hizo con la romería, y se optó por no usarlo. “Sí se podía haber metido con equis medidas correctoras, y no lo hicieron”, sostiene. “Como no pueden ir por la vía de la autorización, alguna mente iluminada se le ocurre: bueno, pues saquemos el trozo, que es pequeñito, la carretera fuera y ya está. Así de simple”.

“Coches que pueden accidentarse o incendiarse”

La Subida a La Santa no es una carrera cualquiera. Puntúa para el Campeonato de España de Montaña, reúne a cerca de medio centenar de pilotos y se disputa sobre 3,8 kilómetros de la RM-502, con más de doscientos metros de desnivel: coches de competición lanzados por una carretera estrecha flanqueada por pinares. Dejó de correrse en 2023, cuando la dirección general competente en medio natural emitió un informe desfavorable, y volvió a suspenderse en 2024.

El biólogo Jorge Sánchez, de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), lo resumía el año pasado a este medio: una cosa es la romería, “que tiene su raíz histórica”, y otra “una prueba deportiva con coches que pueden sufrir accidentes o incendiarse”, una presión que, explicaba, Sierra Espuña no puede soportar. Lo ilustra, sin quererlo, la propia Comunidad Autónoma: el pasado 20 de julio, ante la ola de calor, limitó las actividades en sus montes e incluyó de forma expresa, junto a los fuegos y la pirotecnia, las “pruebas de vehículos a motor”.

El elefante en la habitación

La exposición de motivos se explaya, casi rayando en pura literatura, en las romerías de Santa Eulalia, patrona de Totana desde 1644, en los naranjos y limoneros de los Huertos y en el sendero del Peregrino. Habla de todo menos de los hechos que la motivan. Aunque puertas afuera no se molestaron en disimular: cuando salió adelante, la propia dirección del PP la celebró como la ley que permitiría volver a correr el rally “como en las últimas 37 ediciones”.

Y lo hace invocando algo que nunca estuvo prohibido: la romería figura como uso preferente en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 1995, y el propio informe de los servicios jurídicos añade no saber qué impide hoy celebrarla ni si podría resolverse con condiciones específicas, en lugar de sacando el terreno del parque. “La romería se ha autorizado toda la vida, está incorporada a los instrumentos de gestión del parque y no ha habido nunca ningún problema”, apunta Rubén Vives, portavoz de Ecologistas en Acción en la Región. “Utilizan eso como ariete”. Álvarez Castellanos lo dice con otras palabras: “El rally es como el elefante en la habitación, que todo el mundo sabe que está ahí, pero del que nadie habla”.

“Yo estoy convencido de que probablemente el rally no se va a poder volver a hacer, desde luego no en el trazado tradicional”, admite Álvarez Castellanos. “Y están buscando una salida para poder decir: si al final esto no se puede hacer, no es culpa nuestra. De cara a la galería, parece que es el Gobierno regional el que prohíbe el rally ya que la prohibición sale de su propia Consejería de Medio Ambiente”. Lleva tres años suspendido por decisión de la dirección general competente, con informes técnicos en contra desde mucho antes.

Vives va más allá: cree que la ley no se escribió para prosperar, sino para construir un relato. “Ellos ya saben que esto tiene un riesgo, pero pequeño. No está pensado para convencer a nadie, sino para los suyos, para darle argumentos a su gente: ‘al final esto no se hace porque los ecologistas no quieren y porque el Constitucional está con los ecologistas’. Juegan al victimismo”. Y remata: “Se llenan la boca de legalidad y de Constitución, pero solo cuando les beneficia a ellos”.

El PP y Vox lo cuentan de otra manera. El documento con el que la ponencia de ambos grupos propone defender la norma, adelantado por La Opinión de Murcia, niega que haya “una regresión material de la protección ambiental”: los terrenos excluidos “seguirán sometidos a las figuras de protección europeas y estatales, como la Red Natura 2000”, y son zonas pavimentadas, edificaciones y áreas de uso público intensivo que “nunca constituyeron el núcleo ecológico del espacio protegido. La ley no sacrifica la protección ambiental, sino que busca su convivencia mediante una delimitación más ajustada a la realidad territorial”, concluye.

El principio de no regresión

Todo este pleito gira, en el fondo, alrededor de una precepto legal: el principio de no regresión ambiental. Lo explica Eduardo Salazar, abogado ambientalista vinculado a Ecologistas en Acción: “Si tú proteges un espacio natural, no puedes ir para atrás. Si lo proteges y diste unas razones científicas para protegerlo, el principio de no regresión en derecho ambiental impide que puedas ir para atrás”. Su traducción legal es el artículo 52 de la Ley 42/2007: solo cabe sacar terreno de un espacio protegido cuando lo justifiquen cambios producidos en él por su evolución natural, científicamente demostrada. No por conveniencia, ni por tradición, ni por un rally.

Preguntado por qué debería haber hecho la Asamblea para que la reforma fuera legal, Salazar responde que, sencillamente, no había nada que hacer: “El Parque no se puede modificar así, ni por ley ni por nada; haría falta una pérdida de valor de origen no humano, acreditada físicamente”. Y pone ejemplos de la propia Región: no se puede desproteger Calblanque, ni se pudo con Cabo Cope. Los servicios jurídicos de la Asamblea habían llegado por escrito a la misma conclusión: la exclusión, sin justificación ambiental, incurre en “un cierto grado de arbitrariedad, vulnerando con ello el principio de no regresión ambiental, reconocido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como del Tribunal Constitucional”.

“Aunque le quiten la definición de parque, aquello sigue siendo Red Natura, y eso no depende de ellos, depende de Europa, que no recorta límites así, a la ligera”, zanja Vives. Álvarez Castellanos le da la vuelta al argumento contrario: “Si me dicen que la figura de parque no añade ningún elemento de protección porque ya basta con la Red Natura, entonces eliminemos el parque regional entero. ¿Para qué nos sirve?”. Ni siquiera los números cuadran entre sí: la exposición de motivos habla de un 0,3% del parque y PP y Vox manejan 54,3 hectáreas, pero el anexo con las coordenadas (su delimitación con efecto jurídico) encierra 41, el 0,23% de las 17.804 que tiene Sierra Espuña.

La vía penal y la constitucional

Antes del Constitucional, Ecologistas en Acción probó la vía penal: el 10 de abril denunció ante la Fiscalía por presunta prevaricación a los seis miembros de la Junta de Portavoces que votaron la urgencia, por hacerlo a sabiendas del informe jurídico. La Fiscalía la archivó, y Salazar admite que no había caso: “No es prevaricación porque no está tipificado; una votación parlamentaria no lo es, no tiene tipo penal porque no es delito”. La denuncia fue más gesto que vía; la batalla de verdad está en el Constitucional.

Allí, el recurso lo presentó el Defensor del Pueblo, a instancia de los ecologistas. El Pleno lo admitió el 23 de junio, y de ahí nace el emplazamiento que ha llevado a la Asamblea a personarse. Sin embargo, la admisión no suspende la ley, así que la norma se aplica y los terrenos seguirán fuera del parque hasta que el tribunal resuelva lo contrario.

“No vamos a dejar que esto quede así”, avisan desde Ecologistas en Acción, que recuerdan Marina de Cope, Carrascoy y las Salinas de San Pedro. El precedente que todos citan es el primero: en 2012 el Constitucional anuló la desprotección de cerca de 15.000 hectáreas para el macroproyecto de Marina de Cope y pasaron once años hasta que el pleito por fin se resolvió.

Mientras tanto, cada 8 de diciembre la patrona seguirá bajando del santuario a Totana por un paraje que ya no es Parque Regional, pero sigue siendo Red Natura, por lo que la Asamblea Regional, con la mayoría derechista en ristre, se ha enfrentado a la Carta Magna de la nación para proteger una tradición que nunca estuvo en peligro, mientras su objetivo secundario, que era y es el rally de Totana, seguirá sin poder celebrarse.

La Fiscalía de Cartagena ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 un dictamen en el que solicita el sobreseimiento provisional de la causa abierta por calumnias contra el responsable de Las Noticias RM, el portal que la investigación de ciberdelincuencia de la Guardia Civil terminó vinculando con Jesús Cobos, exsecretario de Comunicación del PSRM, y con su empresa Sistemas Informáticos Carthago S.L. El escrito, fechado el 22 de junio, responde a un Auto del pasado 1 de abril que consideraba que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de calumnia con publicidad.

Todo el caso arrancaba con la querella que Damiana García Soto, concejala de Festejos del PP en La Unión, interpuso el 27 de febrero de 2024 contra la página web Las Noticias RM. Dicho portal había publicado que García había participado, como parte del tribunal calificador, en el proceso selectivo en el que obtuvo su plaza de funcionaria, y que es prima del alcalde del municipio. Fue esa denuncia la que activó a la unidad de ciberdelincuencia de la Guardia Civil para identificar a los autores del portal, firmantes habituales bajo el seudónimo “Señor X”, para saber a quién dirigir en específico la querella.

La Fiscal argumenta ahora que ninguna de esas dos afirmaciones era falsa. La propia querellante, explica el auto, reconoció en su declaración que firmó la aprobación de la lista definitiva de aspirantes, estando su nombre incluido en ella, y que el alcalde de La Unión es, en efecto, familiar suyo (hijo de una prima), aunque la noticia hablara de forma genérica de un “primo” sin precisar el grado. El escrito subraya además que los artículos no imputaban ningún delito, solo señalaban esa participación y ese parentesco. Por eso, concluye la Fiscal, no existen elementos ni prueba suficientes para sostener la acusación.

La petición de archivo golpea la raíz de un caso que, desde que trascendió el informe policial, ha escalado por vía mediática y política. La identificación de Cobos como responsable del portal, por una factura de comunicación de su empresa al PSRM que, en principio, nada tenía que ver con la financiación de la web, derivó en titulares que vinculaban al partido con un “medio fantasma”, y en una información de The Objective que atribuyó antecedentes penales por tráfico de drogas a la mujer de Cobos, Carmen García Giménez, a raíz de una confusión de apellido con otra persona. La Guardia Civil rectificó después oficialmente ese error. La7, la televisión pública murciana, abrió sus informativos con la versión inicial, lo que llevó al PSRM a pedir la dimisión de su director general.

El dictamen de la Fiscalía no cierra el caso por sí solo: corresponde ahora al juzgado dictar el Auto de sobreseimiento, y la parte querellante podrá oponerse y mantener su acusación por su cuenta. Pero el razonamiento del Ministerio Fiscal, el de que la denuncia original carecía de base desde el principio, obliga a repreguntar sobre qué se sostuvo una investigación que terminó salpicando a una persona ajena a la política, y sobre la rapidez con la que esa investigación se convirtió en munición electoral. Cobos ha recibido la noticia con optimismo y ha declarado a elDiario.es Región de Murcia que “la verdad prevalece ante la mentira y nos hará libres”, pero que todavía hay que esperar que la justicia, esta vez de manos de los propios jueces, archiven definitivamente el caso.

El Gobierno regional ha firmado con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, el tercer Acuerdo de Mejora de la Calidad del Empleo del Servicio de Prevención Selvícola y Defensa del Patrimonio Natural de la Región de Murcia, que dispara el coste del contrato forestal hasta los 140 millones de euros para el periodo 2028-2032, frente a los 80 millones del ciclo anterior. Se trata de un incremento del 75% en la licitación, que pasa de una dotación anual de 16 millones de euros a 28 millones.

De esa partida anual, en torno al 78% se destinará a masa salarial, incremento retributivo, estabilidad del empleo y mejoras de las condiciones laborales de los bomberos forestales, mientras que el 22% restante se orientará a recursos, medios materiales, organización y mejora de la prestación del servicio.

Subida salarial del 30,82% en cinco años

El acuerdo, vigente hasta 2032, contempla una subida salarial acumulada del 30,82% para los bomberos forestales. El incremento arrancará con una subida del 14% en 2028 y continuará con subidas del 3,5% anual en cada uno de los cuatro ejercicios siguientes.

Este nuevo marco da continuidad al acuerdo firmado en febrero de 2022, vigente hasta 2027, que supuso una mejora salarial del 19,6% en cinco años y que culminará el próximo ejercicio con una subida del 7% antes de la entrada en vigor del nuevo pacto.

De 350 a 379 efectivos

El acuerdo refuerza también la estabilidad laboral del servicio, que actualmente cuenta con 350 personas y pasará a estar integrado por 379 efectivos gracias a la incorporación de 29 nuevas plazas.

Además, 100 trabajadores de la plantilla actual mejorarán sus condiciones de empleabilidad: el 91% de ellos pasará a estar contratado durante los 12 meses del año, mientras que el 9% restante —que en la actualidad trabaja solo dos meses durante la campaña estival— ampliará su periodo de contratación hasta los cinco meses.

Con estas medidas, el dispositivo pasará de un 71,5% de pleno empleo actual —con 250 de los 350 efectivos contratados todo el año— a un 97,7% a partir de 2028, con 370 de los 379 integrantes del servicio contratados durante los doce meses.

Fin de las movilizaciones forzosas fuera de horario

El acuerdo incorpora también cambios en materia de conciliación familiar. Entre ellos, la eliminación de la localización obligatoria fuera del horario ordinario, de manera que no se producirán llamamientos forzosos fuera de la jornada de servicio: las movilizaciones extraordinarias pasarán a ser voluntarias y retribuidas.

Así, las movilizaciones voluntarias fuera de horario por emergencias de nivel 1 y 2 se retribuirán con 150 euros brutos, y los cambios de horario comunicados con menos de 48 horas de antelación se compensarán con 30 euros brutos.

En caso de intervención fuera de la Región por requerimiento de la Administración regional, se abonarán 150 euros brutos diarios en desplazamientos dentro de la península y 250 euros brutos diarios en actuaciones fuera de la península o en el ámbito internacional, cantidades independientes de las horas extraordinarias que correspondan.

El diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, ratificó este miércoles en los juzgados de Cartagena la denuncia presentada por la presunta falsificación de su firma, falsedad en documento oficial y usurpación de identidad, unos hechos que ha calificado como “extraordinariamente graves” y que, a su juicio, “no tienen cabida en una democracia ni en una organización que aspire a gobernar”.

Antelo explicó que la denuncia tiene su origen en la utilización de su firma “sin su conocimiento ni autorización” para presentar un documento oficial mediante el que se solicitaba su propio cese. “Parece una broma, pero desgraciadamente no lo es. Utilizar la firma de una persona para que solicite su propio cese demuestra hasta dónde algunos están dispuestos a llegar”, señaló.

El portavoz apuntó que fue la letrada de la Asamblea Regional quien detectó las irregularidades, paralizó la tramitación del escrito y dejó constancia en un informe de las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.

“Cuando un cargo público tiene conocimiento de un posible delito, no tiene otra opción que acudir a la Justicia. Mirar hacia otro lado habría supuesto incumplir con mi obligación”, afirmó.

Antelo insistió en que “nadie en su sano juicio utiliza la firma de otra persona sin su consentimiento” y aseguró que este tipo de actuaciones “atentan contra los principios más elementales del Estado de derecho y de la seguridad jurídica”.

Asimismo, manifestó su convicción de que “este tipo de decisiones no se toman de forma aislada”, apuntando que quienes materializaron los hechos “actuaban siguiendo instrucciones superiores”. “Los trabajadores cumplen órdenes; quienes deben responder son quienes las dan. La responsabilidad política no puede esconderse detrás de terceros”, indicó.

En este sentido, cargó contra la dirección de Vox por lo que considera unas prácticas “impropias de una organización democrática”. “Resulta profundamente preocupante que un partido que pretende gobernar España incurra en comportamientos que recuerdan a las peores prácticas del socialismo: saltarse la ley, vulnerar derechos y creer que todo vale para eliminar al discrepante”, denunció.

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha distinguido a los seis proyectos ganadores de los Premios Emprendedor del Mes correspondientes al primer semestre de 2026, una convocatoria que vuelve a poner rostro al talento empresarial que está naciendo y creciendo en la Región de Murcia.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, entregó hoy estos galardones, que premian iniciativas con modelos de negocio innovadores, capacidad de crecimiento y vocación de aportar soluciones útiles en ámbitos tan diversos como el ocio, la salud, la ciberseguridad, la logística, la economía local y la nutrición personalizada.

Durante el acto, el consejero de Empresa destacó que la Región de Murcia “está viviendo un momento emprendedor especialmente intenso, con más empresas y una nueva generación de iniciativas que no se conforman con abrir una persiana, sino que aspiran a competir, diferenciarse y crecer”.

“Estos premios demuestran que detrás de cada dato hay talento, riesgo, esfuerzo y una enorme capacidad para transformar buenas ideas en actividad económica y empleo”, subrayó.

Marín recordó que entre los meses de enero y mayo se han creado en la Región 1.702 sociedades mercantiles, lo que supone un incremento del 28,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, frente al 11,5 por ciento registrado por la media nacional.

Este comportamiento sitúa a la Región como la segunda comunidad autónoma con mejor evolución en creación de empresas en el arranque del año y equivale a un ritmo de 11 nuevas sociedades al día, por encima de las 7,6 de la media nacional.

Los proyectos reconocidos en este primer semestre son Murcianeo, plataforma digital que reúne en una sola aplicación la oferta de ocio, cultura y turismo de la Región; VidaQR, sistema de identificación digital para emergencias que permite a los servicios sanitarios el acceso a información médica esencial agilizando la atención en situaciones críticas; y Scorpion Cybertechnologies, 'spinoff' de la Universidad de Murcia que ha desarrollado una plataforma avanzada para simular ciberataques y entrenar a profesionales en entornos reales de ciberseguridad.

También han sido distinguidos Espacio Salero 11, un espacio multifuncional que integra comercio, cafetería y programación cultural para dinamizar la economía local y desestacionalizar la actividad en Cabo de Palos y el Mar Menor; Motivo Club, marca de suplementación nutricional premium basada en productos personalizados y formato monodosis; y Furgox, empresa que ofrece gestión logística integral para comercio electrónico mediante un software propio que automatiza almacenamiento, preparación y envío de pedidos con trazabilidad en tiempo real.

El consejero señaló que el compromiso del Gobierno regional “es seguir construyendo un ecosistema en el que emprender no sea una carrera de obstáculos, sino una oportunidad real para quienes tienen una idea, un proyecto y la determinación de hacerlo crecer”.

En este sentido, remarcó que se continuará acompañando a los emprendedores “con instrumentos de financiación, asesoramiento, programas de apoyo y conexión con el ecosistema innovador regional, porque cada nueva empresa que nace es también una nueva posibilidad de empleo, de futuro y de progreso para la Región”.

El grupo municipal de Vox en Mula deberá reintegrar a las arcas públicas 4.224,20 euros que percibió durante 2025 en concepto de asignación económica para gastos de grupos políticos. El Pleno de la Corporación aprobó la semana pasada, con los votos de PSOE, PP e IU y la ausencia del propio concejal de Vox durante el debate, instar al reintegro de esa cantidad, según consta en la propuesta de acuerdo de la Comisión de Hacienda.

El dinero se había destinado, según las facturas presentadas, al alquiler de un local utilizado como sede del grupo. Pero un informe de fiscalización del 11 de junio concluye que no existe “la debida justificación del gasto” y que hay “documentación indiciaria” de que los fondos podrían haber generado un beneficio directo o indirecto para miembros de la Corporación, en contra de lo previsto en el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Según se extrae de la documentación, a la que ha tenido acceso este periódico, el concejal de Vox, Pedro Sevilla Monedero, es uno de los herederos —con un 25% de la propiedad— del inmueble alquilado, cuya explotación gestiona la mercantil Grupo Resermu S.L., administrada por su hermano, socio único de la empresa. El propio informe de Intervención lo resume como un conflicto de intereses “real” derivado de un vínculo familiar directo. La mercantil gestora del bajo no tiene como actividad principal la explotación de inmuebles, sino las instalaciones eléctricas.

“Pudiera ocurrir que al formar parte D. Pedro Sevilla de la herencia yacente propietaria del local, se viera beneficiado por la renta del alquiler que percibe la mercantil que explota el local”, aventura el documento.

“Bandera roja”

El caso llegó a Intervención después de que una denuncia interna, presentada el 10 de marzo, alertara de que el local era “una simple cochera sin uso real como sede” y de que el edificio tenía una segunda planta sin regularizar catastralmente, algo que confirmó después el servicio de catastro municipal: “Mi sorpresa es cuando observo que la sede de PP, PSOE e IU existen físicamente, pero no la de Vox”, relata el escrito, presentado en el buzón de denuncias del consistorio.

El Comité Antifraude del Ayuntamiento abrió expediente y encargó un informe jurídico externo a la consultora ACAL, especializada en administración pública.

El documento advierte sin rodeos sobre el fondo del asunto: “Pudiera entenderse que D. Pedro Sevilla está beneficiando a su hermano al destinar fondos públicos al pago de un alquiler donde el arrendador es una mercantil propiedad de su hermano”, señala el informe, que concluye: “Estamos ante una bandera roja” que justifica una fiscalización a fondo.

El Comité Antifraude había requerido además al concejal que suscribiera una Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés, algo que, según el informe de Intervención, “no ha sido presentada” pese a la solicitud, lo que la propia Intervención califica como “un vicio formal insubsanable” y “una clara obstrucción a las potestades de control del Ayuntamiento”.

Pese a las presuntas irregularidades, el hermano del concejal defiende la legalidad del arrendamiento una vez el Comité Antifraude abre expediente, argumentando que se trata de una “relación jurídica privada consentida por los legítimos titulares del inmueble”.

El dictamen, fechado el 11 de mayo, no aprecia una incompatibilidad automática del concejal según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, al no ser este contratista del Ayuntamiento: “Estamos ante una relación entre privados en la que no es parte del Ayuntamiento, sino un concejal del Ayuntamiento”.

Pero sí concluye que el contrato de arrendamiento aportado —firmado únicamente por Sevilla y sin que en ninguna de sus cláusulas se mencione el precio de la renta— carece de un elemento esencial para su validez como negocio jurídico: “La única mención a la renta la encontramos en el acta de la asamblea extraordinaria del 18/12/2024, donde sí se mencionó que el precio sería de 360 euros mensuales”, detalla el informe. En el documento se recuerda que “el Ayuntamiento de Mula carece de potestades para declarar la nulidad de un contrato del que no es parte”.

La versión de Vox

Sevilla ha admitido públicamente que devolverá el dinero. En una nota de prensa difundida por Vox Mula, el concejal asegura que “los gastos que hemos presentado no son justificables para la subvención”, aunque insiste en que las facturas eran legales y estaban declaradas fiscalmente por la empresa arrendadora. El local, sostiene el concejal, “se usa para pagar un alquiler de un despacho para atender a los ciudadanos y de almacén de material” y que no se hace uso de él como “sede para actos políticos” del partido.

Sevilla sostiene que se ausentó tanto de la votación interna del partido —en la que, según el acta de la asamblea extraordinaria de Vox del 18 de diciembre de 2024, se aprobó por mayoría absoluta alquilar ese local— como del pleno y de la comisión informativa municipal, “para no crear un conflicto de interés”. El concejal enmarca las críticas recibidas como “difamaciones” que denunciará “según la gravedad” de cada caso.

“El hecho de que D. Pedro se ausentara de la votación ya evidencia que era consciente de la falta de apariencia de imparcialidad de su elección, en caso de participar, y por eso se abstuvo”, recuerda el informe.

El propio grupo político ya había decidido, en una asamblea posterior celebrada el 18 de diciembre de 2025 —antes de que el caso trascendiera públicamente—, no volver a hacer uso de la subvención municipal durante 2026.

Fraude de agua

El episodio del local no es el único asunto abierto para la dirección de Vox en Mula. El pasado 19 de junio, una inspección del Servicio Municipal de Aguas, gestionado por Aqualia, detectó en una propiedad arrendada por la coordinadora local del partido, Alicia Tudela López, una conexión directa e irregular a la red de abastecimiento, sin contador y sin contrato que la amparase, según el acta de inspección elaborada con presencia de la Policía Local.

“Se encuentra dicha finca conectada mediante una tubería o latiguillo directamente a la red de abastecimiento (sin contador), así como carecer de contrato que lo ampare”, describen desde Inspección.

El informe constata además la manipulación del registro y de los precintos del contador, así como una reconexión no autorizada tras un corte previo por impago. Aqualia calificó los hechos como infracción grave, conforme al punto 10 del acuerdo entre la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y remitió a Tudela una comunicación formal, fechada el 23 de junio, requiriéndole que se pusiera en contacto con la compañía para regularizar la situación.

La coordinadora de Vox en Mula, Alicia Tudela, afirma, sin embargo, que la vivienda se encontró ocupada “hasta hace unos meses”. “La vivienda es de mi hermana, la tengo alquilada pero ahora mismo está deshabitada; vamos por allí de vez en cuando para llevar cajas”, con el objetivo de arreglarla. Tudela asegura, además, que ha sido víctima “doblemente” de esta situación: por una parte, porque el domicilio estaba ocupado y por otra “porque en estos momentos estamos intentando reestablecer los suministros, pero el Ayuntamiento nos está dificultando las gestiones por ser yo la coordinadora de Vox”.

“Mi hermana vive en el extranjero, nosotros habíamos denunciado ya el enganche del agua; no entiendo por qué nos denuncian ahora a nosotros”, concluye Tudela.

Francisco Lucas será el candidato del PSOE a la presidencia de la Región de Murcia en las próximas elecciones autonómicas. El secretario general del PSRM-PSOE ha sido el único precandidato en reunir el número de avales exigido dentro del proceso de primarias convocado por el partido, lo que evita la celebración de una consulta a la militancia y allana su proclamación como cabeza de cartel.

El plazo para la presentación de avales terminaba este sábado a las 12:00 horas. Una vez concluido el recuento y la verificación, el Comité de Ética del PSRM-PSOE ha dictaminado que Lucas superó el mínimo requerido, llegando incluso a rebasar el máximo permitido de avales.

El otro aspirante que había manifestado su intención de concurrir a las primarias, el abogado lorquino Juan José González Amador, no logró reunir los apoyos suficientes, por lo que queda fuera de la carrera.

Con este resultado, Lucas se perfila como el rival de Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma y líder del PP, en un contexto marcado por el gobierno regional en minoría del popular y la prórroga presupuestaria vigente.

La proclamación de Lucas como candidato abre un trámite pendiente: su actual cargo como delegado del Gobierno en la Región de Murcia es incompatible con una candidatura autonómica, por lo que tendrá que presentar su renuncia antes de que se formalice el registro oficial de las listas electorales.

“Recuperar la ilusión de la Región”

Lucas ha apelado a la necesidad de recuperar la ilusión en la Región de Murcia. “La ilusión es la fuerza que mueve a toda la gente cuando decide dejar de conformarse. Es la valentía de quienes creen que otra región es posible”, afirmó el dirigente socialista, quien vinculó su decisión de dar el paso al frente al nacimiento de su hijo hace dos años.

En la misma línea se pronunció la secretaria de Organización del PSOE, María Jesús López, quien defendió que con la elección de Lucas “comienza la cuenta atrás para abrir una nueva etapa en la Región de Murcia”

La última convocatoria del programa de dotación y rehabilitación de parques empresariales concede 900.000 euros en ayudas para mejorar infraestructuras industriales en la Región

El consejero de Empresa visita en Saprelorca una actuación ambiental financiada por este programa de ayudas en su convocatoria de 2024 para la mejora del sistema de evacuación de vertido de aguas pluviales

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info) ha impulsado 14 actuaciones de mejora en parques empresariales de la Región de Murcia a través de la última convocatoria del programa de ayudas para la dotación y rehabilitación de estos espacios productivos, que ha permitido movilizar una inversión subvencionable de 1.695.725 euros con una aportación pública de 900.000 euros.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha visitado este miércoles uno de estos espacios empresariales, Saprelorca, junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil.

Durante su visita, el titular de Empresa destacó que los parques empresariales “son el primer escaparate de nuestra capacidad para atraer inversión, generar empleo y dar a las empresas el entorno que necesitan para competir” y recordó que el Gobierno regional “mantiene una línea estable de apoyo a estos espacios como política económica que sostiene buena parte del músculo productivo de la Región”.

Esta línea de ayudas está dirigida a reforzar la calidad de los parques empresariales e industriales de la Región de Murcia, financiando inversiones que mejoren su funcionamiento, modernicen sus equipamientos y faciliten que las empresas desarrollen su actividad en entornos más competitivos y mejor preparados.

La convocatoria de 2025 ha beneficiado actuaciones en parques empresariales de Fuente Álamo, Bullas, Lorquí, Totana, Las Torres de Cotillas, Los Alcázares, Archena, Alhama de Murcia, Librilla, Mula, Yecla, Lorca y Puerto Lumbreras. En total, son 14 proyectos aprobados, ya que Fuente Álamo cuenta con dos actuaciones.

Las ayudas han permitido apoyar intervenciones promovidas tanto por ayuntamientos como por entidades urbanísticas de conservación y sociedades vinculadas al mantenimiento de parques industriales, con porcentajes de subvención que alcanzan hasta el 60 por ciento en determinados proyectos.

El consejero resaltó que “la Región de Murcia tiene una red de parques empresariales muy diversa, con realidades distintas y necesidades muy concretas, pero con un denominador común ya que todos son piezas esenciales para que la actividad económica se instale, crezca y permanezca en nuestro territorio”.

Una mejora ambiental para fortalecer el polígono industrial de Lorca

La visita a Lorca permitió conocer las obras de instalación de un hidroseparador de aguas pluviales en el Sector 1.A2I Norte del Polígono Industrial SAPRELORCA, una infraestructura diseñada para tratar aguas de escorrentía en episodios de lluvia y mejorar la calidad del vertido al cauce receptor de la rambla Alta.

La actuación ha supuesto una inversión total de 113.441 euros, de los que 56.720 euros han sido subvencionados por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia a través de este programa de ayudas para la dotación y rehabilitación de parques empresariales en su convocatoria del año 2024.

El nuevo hidroseparador hidrodinámico tiene capacidad para tratar hasta 425 litros por segundo y está orientado a lograr una alta eficiencia en la eliminación de sólidos en suspensión y en la reducción de hidrocarburos, mejorando significativamente la calidad del agua vertida al cauce y reforzando las infraestructuras de saneamiento, pluviales y depuración del polígono.

Saprelorca cuenta con una superficie urbanizada de 1.825.875 metros cuadrados, de los que 1.189.787 metros cuadrados son suelo útil distribuido en 350 parcelas industriales. Además, dispone de 75 hectáreas de reserva de suelo para su futura ampliación.

La sociedad trabaja en el desarrollo de una nueva ampliación por el lindero sur, con una superficie aproximada de 74 hectáreas, que contribuirá a consolidar el eje Lorca-Puerto Lumbreras como polo de actividad económica y logística, aprovechando la concentración empresarial de la zona.

El PSRM-PSOE ha hecho público el listado definitivo de precandidaturas registradas para el proceso de primarias internas con el que se designarán los candidatos socialistas a las elecciones autonómicas y municipales de 2027. El cierre del plazo de presentación ha permitido concretar quiénes optarán a encabezar las listas tanto a la presidencia de la Comunidad Autónoma como en los principales municipios de la Región de Murcia.

En el ámbito autonómico, la carrera interna se disputará entre dos aspirantes: el actual secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas Ayala, y Juan José González Amador. Ambos deberán ahora afrontar las siguientes fases del proceso interno, según el calendario fijado por la formación.

En el plano municipal, la mayoría de las grandes localidades cuentan con una única precandidatura registrada. Es el caso de Murcia, donde se ha presentado Ginés Ruiz Maciá; Cartagena, con Manuel Torres García; Lorca, con Isabel Casalduero Jódar; Yecla, con Cristóbal Ruiz Mora; Las Torres de Cotillas, con Francisco Jesús López Manzanera; y La Unión, con Pedro López Milán.

La única excepción se da en Mazarrón, donde sí habrá competencia interna entre dos aspirantes: Miguel Ángel Peña Martínez y Bartolomé Méndez Méndez, que deberán disputarse la candidatura en el proceso de primarias.

El partido ha precisado que aquellos municipios en los que solo se haya presentado una precandidatura quedarán exentos de la recogida de avales, quedando sus aspirantes prácticamente proclamados salvo incidencias en el procedimiento. En el resto de casos, tanto a nivel autonómico como en los municipios con más de un candidato, será necesario completar la fase de recogida de apoyos.

Según el calendario interno aprobado, el plazo para la presentación y recogida de avales permanecerá abierto entre el 4 y el 11 de julio hasta las 12.00 horas. Posteriormente, si hay más de un aspirante que supere los requisitos exigidos, se abrirá una campaña de información interna entre el 12 y el 18 de julio, antes de la jornada de votación prevista para el 19 de julio.

En caso de que ninguno de los candidatos logre una mayoría suficiente en primera vuelta, el reglamento contempla la celebración de una segunda votación el 26 de julio, tras la cual se proclamarán de forma definitiva los candidatos socialistas para las elecciones de 2027.

La Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado reabrir la investigación sobre la contratación de servicios culturales del Ayuntamiento de Calasparra, correspondiente al periodo comprendido entre 2010 y 2020, durante los mandatos de los socialistas Jesús Navarro y José Vélez, exsecretario general del PSRM-PSOE.

El tribunal, en un auto de la Sección Tercera, ha revocado el sobreseimiento provisional acordado en marzo por el Juzgado de Instrucción de Cieza, al estimar parcialmente un recurso presentado por el Partido Popular, representado por el abogado José Antonio Izquierdo. La Sala concluye en un auto al que ha tenido acceso este periódico que los indicios que motivaron la apertura del procedimiento “no han quedado desvirtuados” y considera prematuro el archivo de la causa, iniciada a raíz de una denuncia de la Fiscalía.

La investigación se centra en un presunto fraccionamiento de contratos de servicios culturales mediante contratos menores que, según las diligencias iniciales, habrían sido adjudicados de forma reiterada a una misma mercantil sin seguir procedimientos de concurrencia pública.

La Fiscalía aprecia en estos hechos posibles patrones reiterados de fraccionamiento para eludir los límites legales de los contratos menores y evitar la convocatoria de procedimientos abiertos. “Es indudable que tales contratos llegaron a celebrarse, porque los servicios se han prestado y las facturas se han pagado”, señala el auto.

El juzgado instructor había decretado el archivo provisional al señalar la inexistencia de un sistema único de archivo entre 2010 y 2022, la pérdida o dispersión de expedientes y la existencia de documentos sin clasificar, lo que dificultaba el análisis de la contratación, según el auto.

Sin embargo, la Audiencia Provincial discrepa de ese criterio y sostiene que la falta de documentación no debilita los indicios, sino que puede reforzar la necesidad de investigación. El tribunal subraya que consta la prestación de los servicios y su pago mediante facturas, y que no aparece acreditado que se tramitaran procedimientos que garantizaran la concurrencia de otras empresas.

Esta reapertura supone un nuevo capítulo judicial en la gestión del Ayuntamiento de Calasparra durante los años investigados, después de que otra causa relacionada con la organización de festejos taurinos entre 2017 y 2019 quedara archivada. En aquel procedimiento, en el que también figuraban dos exconcejales de Festejos y un empresario, se investigaban posibles delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

La Audiencia Provincial acordó el sobreseimiento de aquella causa por un motivo procesal, aludiendo al agotamiento del plazo legal de instrucción sin haberse practicado determinadas diligencias.

Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia han recordado que Vélez ya no tiene ninguna responsabilidad orgánica o institucional vinculada a la formación. Este periódico se ha puesto en contacto con el despacho del abogado Raúl Pardo Geijo, que lleva la defensa de Vélez, sin obtener ninguna valoración sobre la reapertura de la causa hasta el momento.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a propuesta de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, ha concedido a Francisco Jiménez el Distintivo Honorífico al Mérito al Servicio Público en el Territorio. El acto de entrega se ha celebrado en Santiago de Compostela, coincidiendo con la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, presidida por el ministro Ángel Víctor Torres. La distinción ha sido recogida por su viuda, Ascensión Leciñena, que ha estado acompañada por sus hijas e hijo, así como por el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas.

Francisco Lucas ha señalado que esta distinción “supone un merecido reconocimiento a una persona que demostró su compromiso con el servicio público hasta el último día”. Asimismo, ha destacado que Jiménez trabajó, “hasta el final”, para “mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia”.

De acuerdo con Delegación del Gobierno, el Distintivo al Mérito al Servicio Público en el Territorio reconoce y visibiliza la labor “ejemplar” del personal y de las unidades de la Administración General del Estado en el territorio, “destacando su contribución excepcional a la mejora de los servicios públicos y a la implementación eficaz de políticas públicas de especial sensibilidad”.

“Premia el compromiso y la trayectoria profesional, la dedicación excepcional en contextos de elevada exigencia, la innovación en la gestión y la especial implicación en iniciativas que redundan en beneficio de la ciudadanía y en el funcionamiento eficaz de las Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares”, han explicado.

“Este reconocimiento visibiliza el mérito allí donde se produce y proyecta una Administración comprometida y orientada a la excelencia en el servicio público”, han subrayado.

No ha transcurrido ni un año de los disturbios racistas de Torre Pacheco cuando Vox trata de explotar una reyerta callejera en este municipio murciano para volver a lanzar mensajes xenófobos. Este jueves tres hombres tuvieron un altercado sobre las seis de la tarde en la avenida Juan Carlos I de esta localidad. El presunto agresor atacó en repetidas ocasiones a otro hombre con un martillo en la cabeza y después agredió con una botella rota en el cuello a un tercer hombre. Los hechos se produjeron ante la mirada de numerosos vecinos que grabaron la escena con sus móviles y alertaron al 112.

La víctima principal ingresó en estado crítico en el hospital Virgen de la Arrixaca, donde permanece en la UCI debatiéndose entre la vida y la muerte. El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca (PP), ha informado a este medio de que “a pesar de la gravedad, su situación está mejorando”. La segunda víctima se enfrenta a heridas leves.

“No es exclusivo de Torre Pacheco que haya heridos graves en una pelea”, ha advertido el primer edil pachequero, quien no ha querido entrar a valorar la información que diferentes líderes de Vox están publicando al respecto en redes sociales. La extrema derecha no ha tardado en utilizarlo para reactivar su discurso habitual sobre inmigración e inseguridad. Santiago Abascal ha difundido en X vídeos de la agresión y ha señalado que “nada nos obliga a seguir coexistiendo con esta barbarie, salvo la traición de una clase política desalmada decidida a convertir España en un país de depredadores y presas”.

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, por su parte, escribió en X: “Otra vez. Torre Pacheco. Lo de siempre. Pero no nos acostumbraremos. Nosotros no. Los españoles no. Hay que echarlos”.

Refuerzo de la presencia de Guardia Civil

El autor material de los hechos se encuentra detenido y la investigación, ya en marcha, está siendo llevada a cabo por la Guardia Civil. El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha informado de que se ha reforzado la presencia de agentes de este cuerpo militar en el municipio “por precaución”, aunque ha insistido en que, por el momento, no existe ningún riesgo para la convivencia.

El suceso llega justo cuando se cumple casi un año de la oleada de violencia xenófoba que vivió la localidad en julio de 2025, cuando la agresión a un vecino sexagenario por parte de un joven magrebí fue utilizada para convocar “cacerías” de migrantes que mantuvieron varios días en vilo al municipio y se saldaron con más de veinte detenidos.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anunció este viernes que el Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana un nuevo decreto ley de vivienda asequible, después de que PP y Vox alcanzaran un acuerdo que incorpora el concepto de “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas para vivienda protegida, pública y de alquiler. El anuncio, realizado a través de su cuenta en X, coincidió en el tiempo con el inicio de la intervención de la portavoz socialista, Carmina Fernández, en la segunda jornada del debate del estado de la Región.

“Estamos decididos a poner soluciones eficaces al problema de la vivienda que ha creado Sánchez. La próxima semana, el Gobierno de la Región de Murcia aprobará un nuevo Decreto Ley de Vivienda Asequible. Los jóvenes y las familias no pueden esperar y vamos a facilitarles el acceso a la vivienda”, escribió López Miras.

El acuerdo entre populares y la formación de Santiago Abascal se hizo público durante el propio debate. El portavoz de Vox en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, planteó al PP que el decreto podría estar aprobado “la semana que viene” si los populares votaban a favor de tres propuestas de resolución de su grupo: el compromiso de no construir viviendas en polígonos industriales rodeados de chimeneas, la salvaguarda de las zonas comerciales de los municipios y, el punto más controvertido, la aplicación de la prioridad nacional en todas las ayudas destinadas a vivienda protegida, pública y de alquiler.

El portavoz popular, Joaquín Segado, respondió con un escueto “las aceptamos”, despejando así el camino para que el decreto ley sea aprobado por el Consejo de Gobierno y, posteriormente, convalidado en la Asamblea. Para ello será necesario abrir un periodo extraordinario de sesiones, ya que el ordinario concluye el próximo martes.

El concepto de prioridad nacional ya ha sido incorporado por el PP en los acuerdos de gobierno firmados con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero su encaje constitucional genera serias dudas entre los expertos, puesto que el ordenamiento jurídico impide discriminar a las personas por su lugar de nacimiento.

Un decreto que ya cayó una vez

No es la primera vez que el Ejecutivo de López Miras intenta sacar adelante esta norma. El Consejo de Gobierno aprobó a finales de septiembre de 2025 un primer decreto ley de vivienda asequible, pero la Asamblea Regional lo derogó el 31 de octubre con los votos en contra de PSOE, Vox y Podemos-IU.

Tras la derogación, López Miras anunció que tramitaría la norma como proyecto de ley exprés, acusando a la oposición de formar una “pinza” que impedía la construcción de miles de viviendas para jóvenes y familias. El PSOE, a través de su diputado Miguel Ortega, defendió entonces que el decreto “solo es bueno para hacer negocio”, al no incluir ninguna medida para abaratar los precios.

Ahora, ocho meses después, es Vox -ya sin Antelo al frente del grupo tras su salida de la formación- quien allana el camino al decreto a cambio de la prioridad nacional. El objetivo declarado por el Gobierno regional es promover la construcción de 25.000 viviendas destinadas a jóvenes y clases medias en los próximos cinco años, mediante primas de edificabilidad a los promotores y la simplificación de trámites administrativos.

En la anterior jornada del Debate del estado de la Región de Murcia el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, trató de tapar el sol con el dedo. Poco o nada se dijo de los frentes abiertos que asolan la Región, y mucho de promesas a futuro. El presidente bordeó la actualidad regional a golpe de propuestas y partidas presupuestarias. Pero, este viernes, la oposición le ha obligado a meterse de lleno en la actualidad regional.

“Ayer faltó sobre todo la verdad. En concreto, la verdad sobre el asunto más grave al que se ha enfrentado la sanidad pública regional en los últimos años, la trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud”, le ha reprochado la diputada socialista, Carmina Fernández. En la jornada anterior, el jefe del Ejecutivo regional eludió hacer referencia alguna de las prótesis vasculares, que ha dejado un agujero en las arcas regionales de unos 6,9 millones de euros y trece investigados. Se limitó a brindar su “respaldo” al manifiesto firmado este miércoles por los profesionales sanitarios de la Arrixaca: “[Los sanitarios] piden respeto y piden que se depuren las responsabilidades de las personas investigadas y acusadas por la justicia”.

“Esto es un fraude que no se queda en un despacho, ha entrado en los quirófanos”, ha recordado la parlamentaria del PSRM-PSOE. López Miras no ha logrado convencer a sus adversarios políticos de que el fraude fue meramente económico, y que ninguna prótesis caducada llegó a implantarse en los pacientes. Una labor que ya tuvo que llevar a cabo la consejera de Salud en su comparecencia de la semana pasada.

El Ejecutivo ha insistido en que ningún político estuvo involucrado en la trama, y que desde Salud actuaron bajo los cauces de autocontrol establecidos. Pese a esto, la cabeza del anterior consejero, Juan José Pedreño, rodó. Lo hizo discretamente, bajo el paraguas de una remodelación del Consejo de Gobierno. Su salida vino acompañada de la sustitución de la consejera de Agricultura, Sara Rubira, por el exalcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía.

“Isabel Ayala era la gerente del Servicio Murciano de Salud, mientras se producían estos hechos. La máxima responsable del organismo en el que fallaron los controles sobre el material sanitario y presidía el órgano técnico que evaluaba y homologaba las prótesis y los implantes”, ha recordado la socialista.

El presidente ha recibido un último varapalo antes del debate, un informe del Tribunal de Cuentas que apunta a “graves desajustes financieros y presupuestarios” en el ejercicio de 2023 en la Región. En concreto, señaló una “sobrevaloración constante” del Ejecutivo, que calculó el resultado presupuestario de ese año en 306 millones positivos, cuando realmente el año se cerró con un saldo negativo de 131,2 millones de euros. El Tribunal de Cuentas apuntó a que el desajuste se debe principalmente a la falta de cobertura de las pérdidas ordinarias del Servicio Murciano de Salud (SMS), valoradas en 432,5 millones de euros en ese año. “Ayer no se explicó el déficit de 3.724.000.000 de euros que arrastra el Servicio Murciano de Salud, consecuencia de su nefasta gestión. Todos los años presupuestan 900 millones de gastos menos del que al final ustedes ejecutan”, ha reprochado la diputada socialista.

Vox: “El Gobierno regional tiene los bolsillos rotos”

El portavoz del grupo parlamentario de Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha comenzado su intervención pidiendo la dimisión del presidente de la nación, Pedro Sánchez, por “indecente, corrupto y traidor”, al tiempo que le ha acusado de “adulterar las próximas elecciones generales” a través del actual proceso de regularización. Después de su diatriba contra el Ejecutivo central, el de Abascal ha señalado que en lo que a gestión se refiere, “el PP es lo mismo que Pedro Sánchez, pero de color azul”.

Alpañez ha denunciado que el Gobierno regional ha incumplido tanto las mociones aprobadas en la Asamblea Regional como el pacto que alcanzó con Vox para los presupuestos de 2025. “La sombra de la mala gestión se alarga sobre su gobierno”, ha señalado el portavoz en referencia al escándalo de las prótesis que sacude la sanidad murciana.

En lo que respecta a la deuda regional, el representante de Vox en el Parlamento murciano ha dicho que el Gobierno de López Miras tiene “los bolsillos rotos”. “El descontrol nos está llevando a duplicar la deuda en diez años de siete mil millones de euros a 14 mil millones”.

También cuestionó el hecho de que se hubieran aumentado las exportaciones “en casi todos los sectores industriales”, cuando lo que han subido han sido los precios de los productos. “Su triunfalismo choca con la realidad de la calle”, ha apuntado. En lo que respecta a la vivienda, el portavoz de Vox ha ofrecido un acuerdo inmediato si el PP asume la condición de la “prioridad nacional”.

Alpañez ha puesto en duda igualmente las cifras ofrecidas por el Gobierno regional en lo que se refiere al turismo y ha comparado la llegada de los turistas extranjeros a otras comunidades autónomas frente a la Región: mientras que Catalunya recibe 20 millones de turistas foráneos al año; la Comunitat Valenciana, unos 12 millones; o Andalucía, alrededor de 14; la Región de Murcia solo acoge un millón.

“La recuperación del Mar Menor es perfectamente compatible con la competitividad del campo, siempre que se evite la entrada de vertidos de agua dulce y fecal a través de infraestructuras”, ha advertido Alpañez, quien ha pedido la “interconexión de todas las cuencas con trasvases solidarios”. También ha exigido “situar a la familia en el centro de toda acción de gobierno”. “Tenemos que romper las banderas de la resignación”, ha concluido.

Podemos: “Seis años de saqueo de la sanidad pública”

Desde el Grupo Mixto la diputada de Podemos, María Marín, ha reprochado también el silencio de López Miras en la jornada anterior alrededor del escándalo de las prótesis vasculares: “Dio usted en esta Cámara un espectáculo indecente. Ayer hubo un clamoroso silencio en su intervención. Ni una palabra sobre la trama de las prótesis. Solo tenía que decir una: perdón por haber permitido durante seis años el saqueo de la sanidad pública”.

Ha recordado que el fraude de las prótesis solo fue posible porque el Servicio Murciano de Salud “lleva años ignorando las advertencias del Tribunal de Cuentas”: “Nosotras fuimos las primeras en dar la voz de alarma en julio de 2024, después de publicarse un contundente informe del Tribunal de Cuentas”.

“El hospital privado al que se derivaban estas operaciones es el hospital Quirónsalud del barrio del Infante en Murcia. Otra vez el grupo Quirón asociado a la corrupción del PP. Señor López Miras, ya sabemos los negocios que se trae su jefa la señora Ayuso con el grupo Quirón”, ha apuntado Marín. “Fuera Quirón, fuera el grupo Ribera. Fuera los mercaderes del templo de la sanidad pública”, ha exigido.

Lo de las prótesis no ha sido el único escándalo sanitario de este año en la Región de Murcia. Un informe demoledor de Alianza por la transparencia, calidad y equidad en el cribado de cáncer de mama detectó un retraso “evitable” en el 10% de los diagnósticos de cáncer de mama en Murcia. El por entonces consejero, Pedreño, despachó el documento asegurando que el informe estaba “politizado”: “Usted anunció el año pasado la presentación del primer Plan Oncológico de la Región de Murcia. Desde entonces lo único que hemos conocido son las denuncias de la Alianza por la Transparencia en el cribado del cáncer de mama y también por los retrasos en el cribado del cáncer de colon en Cieza, graves irregularidades que ya están costando vidas”, ha reprochado Marín.

En materia de educación, la diputada morada ha afeado a López Miras que “recicle” el Plan de Climatización: “Es un refrito del Plan de Eficiencia Energética y Adaptación Bioclimática que ya anunció en 2019. Llevamos seis años de mentiras”.

“En esta tierra uno de cada cinco jóvenes está condenado al fracaso escolar y al abandono educativo temprano. En toda su intervención usted no mencionó este problema”, ha apuntado. “Usted ayer prometió la ampliación de los mismos centros educativos que el año pasado. La construcción de las mismas carreteras. El mismo plan de choque contra las listas de espera”, ha enumerado.

Antelo: “El PP se deja manipular por los intereses de Vox”

López Miras ha tenido que escuchar la intervención de su antiguo socio de gobierno, el antiguo líder de Vox, José Ángel Antelo, ahora en la bancada del Grupo Mixto. Antelo ha urgido a que se materialice el Decreto de la Vivienda en la Región: “Es espantoso que el PP se deje manipular por los intereses de Vox”.

Ha defendido el Trasvase Tajo-Segura, y ha exigido la creación de un Plan Hidrológico Nacional: “Creo que el agua desalada no es la solución, debe llegar a través de un trasvase”. También ha cuestionado por qué la modificación de la Ley del Mar Menor no está aprobado. Se trata de un punto de las negociaciones presupuestarias del anterior año fiscal entre PP y Vox, que nunca llegó a materializarse: “Proteger el Mar Menor no quiere decir que haya que perseguir, socavar o poner fin a ningún sector”, ha afirmado en alusión al sector agrícola.

Por último, ha afeado el “déficit de infraestructuras” de la Región de Murcia: “La infraestructura del aeropuerto de Cartagena está hecha para cuatro millones de pasajeros. A día de hoy sigue con menos pasajeros que el Puerto de San Javier”.

Segado: “Vamos a seguir defendiendo el trasvase con uñas y dientes”

“Lo que sucede en la Región de Murcia no es ajeno a lo que sucede en el resto de España”, han sido algunas de las primeras palabras que ha pronunciado el portavoz del grupo parlamentario popular, Joaquín Segado, en la segunda jornada del debate del Estado de la Región y, a partir de ahí, ha basado la mayor parte de su intervención de 45 minutos en las críticas a la corrupción del Gobierno central. Al delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, le ha afeado el hecho de que “hace poco más de un año vino Santos Cerdán a darle su bendición en Cartagena como secretario general”, mientras que no le ha escuchado denunciar “con claridad” los casos de corrupción que acechan al antiguo secretario de Organización del PSOE.

También ha denunciado Segado que “la corrupción también hizo su parada en esta tierra” cuando el antiguo ministro de Transporte, José Luis Ábalos, “se llevó presuntamente una mordida de más de medio millón de euros por la estación del AVE de Murcia”. El portavoz del PP en el Parlamento murciano ha requerido a Lucas que “pida perdón porque su padrino y el señor Ábalos han robado dinero de los ciudadanos de esta tierra”.

“Lo único que le importa al socialismo en esta tierra es defender a Pedro Sánchez para seguir en su sillón”, ha zanjado. La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, también ha recibido su rapapolvo, ya que Segado ha señalado que su intervención en este debate ha consistido en “insultos constantes durante 22 minutos”.

Segado ha echado en cara a los socialistas haber votado en contra “del blindaje del trasvase” y ha negado que el agua procedente de las plantas desaladoras pueda sustituir a la que llega a través de esta infraestructura. “Vamos a seguir defendiendo el trasvase con uñas y dientes”, ha afirmado el portavoz popular frente a la reforma de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura aprobada por el ministerio de Transición Ecológica que reducirá los caudales trasvasables hasta en un 40% en 2027 al aumentar los caudales ecológicos mínimos de este río.

Por último, el portavoz del PP en la Asamblea ha congratulado a Alpañez por decidirse a aprobar conjuntamente la ley de vivienda. “Desbloquear por fin una ley: esa es la forma responsable de gobernar del PP”, ha afirmado Segado, al tiempo que ha alentado a Vox a repetir la jugada con los presupuestos regionales.

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha rechopracho que el presidente de la comunidad murciana, Fernando López Miras, ha convertido el Debate sobre el Estado de la Región se ha convertido en “un simple tablón de anuncios”: “Da promesas que sirven para ocupar titulares durante unas horas, pero que después nunca se materializan”.

“Estamos ante un Gobierno Regional agotado, que se puede definir con tres palabras: abandono, parálisis y mentiras. Tengo 37 años y, desde que tengo uso de razón, llevo escuchando los mismos problemas en la Región”, ha apuntado.

Lucas ha hecho estas declaraciones tras la intervención del presidente regional, Fernando López Miras la primera sesión del Debate del Estado de la Región: “Hoy hemos asistido, una vez más, a un ejercicio de ciencia ficción, a una intervención que describe una Región de Murcia que solo existe en la cabeza de López Miras”.

En este sentido, ha indicado que, después de más de tres décadas de gobiernos del Partido Popular, se sigue hablando de las mismas necesidades y arrastrando los mismos problemas. “Da la sensación, o eso pretende, de que López Miras acaba de llegar, pero lleva ya nueve años al frente de la Presidencia de la Comunidad Autónoma”.

“Nueve años en los que ha sido incapaz de resolver estos problemas, sin construir ninguna vivienda pública, suspendiendo clases por la falta de aulas climatizadas; nueve años poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía y de los propios bomberos por falta de medios, y aumentando las listas de espera en sanidad; nueve años que terminan con el mayor escándalo en la historia de nuestra Región: la trama de las prótesis”, ha remarcado.

Al hilo, ha afirmado que López Miras ha perdido una magnífica oportunidad para dar explicaciones y, sobre todo, para pedir perdón a los ciudadanos y ciudadanas de la Región, pero no ha dado ni una explicación, ni una disculpa, ni un gesto de empatía. “Ha demostrado, una vez más, que no está a la altura”.

“Después de nueve años como presidente de nuestra Región, cabe hacerse una pregunta. ¿Por qué será recordado López Miras? ¿Por la sopa verde del Mar Menor? ¿Por los más de 400 altos cargos que se saltaron el protocolo de vacunación en la pandemia? ¿O por la trama de las prótesis?”.

Lucas ha insistido en que los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia merecen mucho más, y ha trasladado un mensaje de esperanza: “Estamos preparados para abrir una nueva etapa en la Región de Murcia, para sustituir la parálisis por la acción y cambiar la resignación por la ilusión, para construir, entre todos, una Región de Murcia con más justicia social, con más calidad de vida y con más oportunidades. Somos la alternativa y seremos el futuro gobierno de la Región de Murcia”.

La portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín, ha calificado el discurso de este jueves del presidente de la Región, Fernando López Miras, en el debate sobre el estado de la Región, como “un hatajo de mentiras y datos manipulados y un refrito de promesas incumplidas que el PP saca a pasear cada año”. “Hoy no hemos visto a un presidente serio y responsable como merece esta tierra, hoy ha venido a la Asamblea Fernando el del Bombo, el de los anuncios, las promesas electorales. Un presidente en campaña. El rey del bulo”, ha denunciado.

La diputada ha señalado que el Plan Climatiza contra el calor en las aulas anunciado por el jefe del Ejecutivo es “un copia y pega” del Plan de Eficiencia Energética que ya anunció en 2020 “y que no se ha cumplido”. Otro ejemplo, ha explicado Marín, es el Plan Oncológico de la Región, algo que también anunció el año pasado y que tampoco ha llegado. “Y todo mientras crecen las denuncias por irregularidades en el cribado del cáncer de mama o de colon”, ha subrayado.

“Pero más que las mentiras de López Miras, nos preocupan sus silencios”, ha esgrimido Marín. “No ha dicho ni una palabra ni ha dado ninguna explicación sobre la trama de las prótesis y la corrupción que desborda el Servicio Murciano de Salud”. La portavoz morada ha destacado asimismo el silencio sobre las cesiones del PP a la ultraderecha “que ya ha firmado para aprobar los presupuestos de este año: racismo, homofobia y negacionismo climático, que han sido durante esta legislatura los verdaderos ejes de la política de este Gobierno”.

Marín se ha referido en última instancia a la “verdadera Región”, la que está “ahí fuera”: los trabajadores del metal “que hoy se han concentrado a la puerta de la patronal para reclamar un convenio y salarios dignos; cuatro de cada diez trabajadores que en esta Región son pobres”; los niños y niñas “a más de 30 grados en las aulas”; las educadoras infantiles “que cobran 1.000€ y que tienen ratios de más de 20 niños y niñas”; o las “más de mil personas que mueren cada año esperando una ayuda a la dependencia”. “Estas cuestiones son de su competencia. Esta es la Región a la que López Miras le da la espalda. Es la Región que Podemos-IU va a traer mañana a esta Cámara”.

Un discurso “plagado de anuncios que no pasan de esa fase”

Por su parte, el diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos, se ha referido al discurso de López Miras como “más electoralista que de análisis de la gestión realizada en este año” y “plagado” de anuncios “cuya mayor parte no pasa de esta fase”, algunos de ellos “repetidos de discursos anteriores”. Este es el caso, ha proseguido el parlamentario, de “las infraestructuras del desdoblamiento de la vía de alta capacidad de Mazarrón o la carretera de acceso a Altorreal” y del plan de choque “para reducir las listas de espera sanitarias, que no se reducen y sí engordan la inversión en concertación sanitaria”.

“Otros anuncios no son sencillamente creíbles”, ha proseguido Álvarez-Castellanos. En el contexto del Plan Climatiza, el PP “ha votado en contra” de todas las mociones presentadas en la Asamblea para impulsar la climatización de los centros educativos. “El Gobierno regional ha ejecutado apenas un 6% del presupuesto de 2025 destinado a la climatización cuando contaba con el 95% del mismo cofinanciado por la UE”, ha evidenciado.

Lo más “preocupante”, a juicio del diputado de IU, es que López Miras “no ha dedicado ni una frase a analizar las causas de las tremendas desigualdades derivadas del mal reparto de la riqueza” en la Región. “Nada sobre la pobreza, trabajadores pobres, salarios bajos, pensiones bajas o causas de exclusión en el acceso a la vivienda”. “Y, por supuesto, nada sobre el fraude que afecta al Servicio Murciano de Salud. Podría haber aprovechado para explicar por qué cesó al anterior consejero de Salud, el señor Juan José Pedreño”, ha concluido.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha llegado al Debate del estado de la comunidad autónoma con muchos frentes abiertos, pero sacando pecho de cifras y con un capazo de propuestas y promesas. “Confianza”, “certezas” y “estabilidad”, son las palabras que el presidente ha reiterado en un discurso en el que ha rehuido de hacer referencia de los titulares que han asolado a la Comunidad. Un debate que llega justo un mes después de la última sacudida política en la Región con la renovación del Gobierno murciano en plena crisis por el fraude de las prótesis vasculares.

Sin embargo, la única alusión del presidente al mayor escándalo sanitario de la historia murciana ha sido brindar su “respaldo” al manifiesto firmado este miércolespor los profesionales sanitarios de la Arrixaca: “[Los sanitarios] piden respeto y piden que se depuren las responsabilidades de las personas investigadas y acusadas por la justicia”, ha resaltado.

Así ha despachado la alargada sombra de la trama de las prótesis vasculares, que ha dejado un agujero en las arcas regionales de unos 6,9 millones de euros y trece investigados. Quedará por ver si, cuando llegue el turno de intervenciones de la oposición el próximo viernes, López Miras tendrá que tratar de convencer a sus adversarios políticos de que el fraude fue meramente económico, y que ninguna prótesis caducada llegó a implantarse en los pacientes. Una labor que ya tuvo que llevar a cabo la consejera de Salud en su comparecencia de la semana pasada.

Lo de las prótesis no ha sido el único escándalo sanitario de este año en la Región de Murcia. Un informe demoledor de Alianza por la transparencia, calidad y equidad en el cribado de cáncer de mama detectó un retraso “evitable” en el 10% de los diagnósticos de cáncer de mama en Murcia. El por entonces consejero, Pedreño, despachó el documento asegurando que el informe estaba “politizado”. Ahora, López Miras ha anunciado la inminente presentación del Plan Oncológico de la Región de Murcia: “Un compromiso adquirido con esta Cámara y en cuya elaboración han participado 168 profesionales del Servicio Murciano de Salud y Asociaciones de Pacientes”, ha definido.

“Su objetivo es claro: diagnosticar antes, agilizar la atención y ofrecer un mejor acompañamiento a pacientes y familias durante todo el proceso. Porque en cáncer ganar tiempo es ganar oportunidades de vida”, ha abundado.

Lopez Miras ha anunciado que la Región de Murcia dejará de ser una de las nueve comunidades autónomas que aún mantienen el copago a las ayudas de la ELA: “La campaña de bulos en torno al copago de las prestaciones de los enfermos es una indignidad, porque no es una imposición de ninguna comunidad autónoma, porque la única y exclusiva responsabilidad es del Gobierno de Sánchez, de su Gobierno y de su ministra de Sanidad”, ha reprochado. El copago está contemplado por la normativa estatal de la Ley de Dependencia, que prevé la financiación especial de 500 millones para la ley ELA.

“Normalidad democrática”

López Miras ha atribuido a su gobierno una “normalidad democrática”, y ha sacado pecho de las cuentas autonómicas: “Hemos aprobado anualmente los presupuestos generales de la Región de Murcia”, ha presumido. Pendientes todavía de aprobar los presupuestos de este 2026, el Ejecutivo confía tenerlos “antes de agosto”.

El presidente ha presumido también de datos de empleo: “Al inicio de esta legislatura contábamos con 660.000 ocupados y hoy superamos los 711.000 mil murcianos y murcianas más trabajando desde el inicio de la legislatura”. Respecto a la tasa de paro, ha bajado “dos puntos” en los últimos ocho años, de 126.000 personas sin empleo a 72.500.

El presidente ha nombrado, además, la estrategia de impulso al empleo presentada este mayo y que está dotada de 400 millones de euros para alcanzar los 730.000 trabajadores ocupados en 2029 y reducir la tasa de paro por debajo del 10 por ciento.

Respecto al PIB, la Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma que más ha incrementado su PIB en la última década, un 56%, “solo superados por Madrid y Baleares”. Según López Miras, la economía regional creció un 4,5% en 2025: “La cifra más alta de España, lo que refleja una economía más abierta y competitiva; basado en un modelo basado en la industria, el emprendimiento y la simplificación administrativa”. Y ha cifrado en 13.728 millones de euros las exportaciones el pasado ejercicio, un 30% más que antes de la pandemia. Más de cinco mil empresas de la Región vendieron sus productos en el exterior, ha señalado.

2.000 plazas para FP y secundaria

En educación, López Miras se ha comprometido a poner en marcha el Plan de Climatización 2026-2030, con una inversión de 89 millones de euros para que “todas las aulas de los centros educativos de la Región de Murcia cuenten con la temperatura adecuada”. Se trata de una reclamación histórica por parte de padres y de la comunidad docente: esta semana las familias de los estudiantes del IES Cañada de las Eras de Molina de Segura llevaron el problema del calor en las aulas al Defensor del Pueblo, después de no recibir una respuesta “efectiva” por parte de la consejería de Educación.

Al tiempo, López Miras ha anunciado el lanzamiento de 2.000 plazas para “Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos” en la convocatoria de oposiciones de 2027.

Deducciones fiscales

“Hay quienes piensan que los problemas se solucionan con nuevos impuestos y quienes pensamos lo contrario: que las familias saben cómo administrar sus recursos; y ese ha sido el camino seguido por su Gobierno”, ha continuado el presidente en su discurso. López Miras ha destacado que la Región de Murcia es una de las comunidades con más deducciones fiscales para familias, autónomos y clases medias. Y ha concretado que cerca de 800.000 contribuyentes se han beneficiado en la última campaña de la renta de las 27 deducciones autonómicas existentes, con un ahorro conjunto de 45 millones de euros.

“Conviene detenerse en ello porque hay miles de personas que encuentran en estas medidas una ayuda real para afrontar el día a día”, ha apuntado al tiempo que ha dado un dato: nueve de cada diez contribuyentes beneficiados por estas deducciones tienen bases liquidables inferiores a los 24.000 euros anuales.

El presidente regional ha anunciado la extensión de la la bonificación del 99% del Impuesto sobre Sucesiones a todo el grupo tercero de parentesco, mediante la incorporación al proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad. “Lo haremos progresivamente, empezando con un 25% de esa bonificación con aplicación inmediata”. La medida supondrá, según afirma, un ahorro de seis millones de euros y beneficiará a 3.200 ciudadanos. Una rebaja fiscal que ya se aplica, ha dicho, al impuesto de donaciones. “Avanzamos así en nuestro objetivo de que nadie tenga que pagar dos veces por el esfuerzo de toda una vida”.

El presidente ha concretado que 160.000 familias se han beneficiado de las bonificaciones en donaciones y sucesiones en la Región de Murcia. Y ha asegurado que el 97% de los expedientes corresponde a herencias inferiores a 50.000 euros, es decir, “a clases medias y trabajadoras que reciben el fruto de décadas de esfuerzo familiar”.

Con una frase, “libertad frente a intervención, crecimiento frente a conformismo”, ha querido resumir la política económica desarrollada durante los últimos años, “basada en generar confianza, reducir cargas para ciudadanos y empresas y construir una administración más cercana”.

40 millones en extinción de incendios

El Gobierno regional ha reforzado el sistema de emergencias y extinción de incendios con una dotación de 40 millones de euros, ha defendido López Miras, frente a los 28 del pasado ejercicio. Y ha previsto la incorporación de nuevos efectivos en las próximas semanas. El Ejecutivo ha subrayado la importancia de la planificación y la coordinación en la respuesta ante situaciones de riesgo e incendios.

En materia medioambiental, ha defendido la inversión de 306 millones de euros desde 2020 en la recuperación del Mar Menor y ha rechazado su utilización como elemento de confrontación política. Ha anunciado además nuevas actuaciones, como la licitación del Centro de Recuperación de Especies y la culminación de proyectos en El Carmolí.

López Miras ha vuelto a reclamar al Gobierno central mayor implicación en infraestructuras hidráulicas, energéticas y de transporte, así como la ejecución de obras pendientes en la Confederación Hidrográfica del Segura, la planificación de la red eléctrica y el avance en carreteras y autovías estratégicas para la Región.

“Si hay un solo paciente al que se le haya colocado una prótesis coronaria caducada, si se ha puesto en riesgo la salud de los pacientes y el Gobierno regional lo está ocultando, López Miras debe dimitir inmediatamente”. La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha exigido este martes, en un encuentro con los medios de comunicación en el Palacio de San Esteban, “una investigación completa e independiente” de “todos y cada uno” de los pacientes operados en el hospital concertado donde se llevó a cabo la trama de las prótesis.

“No puede ser que los mismos altos cargos del Servicio Murciano de Salud y la misma inspección que durante años hizo la vista gorda sean los encargados de revisar a las personas operadas por la trama. Debe hacerlo una comisión de expertos independientes con formación médica”, ha manifestado.

Estas palabras de Marín llegan en el contexto de las últimas novedades de la investigación de la UDEF, que apuntan a un informe del SMS fechado en febrero de 2026 en el aparecen al menos dos historiales clínicos de pacientes a los que se les implantó una prótesis caducada, señalan desde Podemos en una nota. “Queda claro que esta trama no es solo un escándalo de corrupción económica, sino también muy probablemente una trama contra la salud pública”, ha proseguido.

La portavoz de Podemos ha denunciado que, a día de hoy, Salud solo ha remitido a la Fiscalía “la documentación sobre una treintena de personas” del total de 378, cifra que hasta el momento es la oficial de pacientes posiblemente afectados. Se trata de apenas el “8% de los pacientes operados por el médico que detuvo la policía”. Marín ha añadido, asimismo, que desde la Consejería únicamente se revisaron en febrero de 2025, cuando salió a la luz el escándalo, cinco pacientes del total.

La diputada ha arremetido contra la consejera Isabel Ayala, que compareció en la Asamblea el pasado viernes “sin dar ni una sola explicación de las intervenciones quirúrgicas ni de los pacientes, después de huir el jueves a la carrera para no someterse al control parlamentario”. En su comparecencia, Ayala aseguró “que no se habían constatado operaciones con material caducado”. “La semana anterior, el 11 de junio, López Miras también negó que hubiera pacientes afectados por prótesis caducadas. Pero los informes de la UDEF apuntan a otra cosa”.

La comparecencia en el Parlamento murciano de la consejera de Salud de la Región de Murcia, Isabel Ayala, por el escándalo del fraude en las prótesis vasculares, ha sido una reiteración del relato que la Consejería ha mantenido desde que el caso salió a la luz. En el hemiciclo el ambiente ha sido bronco, la presidenta de Asamblea Regional, Visitación Martínez, ha tenido que pedir silencio en la totalidad de las intervenciones.

La consejera ha defendido que el caso se destapó gracias “al exhaustivo trabajo del Servicio de Inspección de Centros y Servicios Sanitarios” del SMS. Ha ido más allá, declarando a Salud “víctima” del presunto fraude.

Pese a que el fraude se extendió en el tiempo durante más de una década, Ayala ha defendido que el destape de la trama demuestra que “los sistemas de control interno funcionan”: “Desde el Área uno, donde se detectaron estas supuestas irregularidades, rápidamente se pusieron en manos de la Inspección de Centros para la realización de una auditoría interna y posteriormente se trasladó a la autoridad judicial para que continuara la investigación”. Tal y como reconoce la propia consejera, la auditoría interna no tuvo lugar hasta noviembre de 2024.

Tras esa investigación interna, recuerda, se cesaron a dos responsables de la Unidad de Aprovisionamiento Integral y al jefe de Sección de Radiología Vascular e Intervencionista del Área uno: “Se acometió una importante renovación de diversos puestos del Servicio Murciano de Salud para reforzar los controles en este tipo de procedimientos. Hemos actuado con diligencia y transparencia”, ha defendido.

“Hay 13 personas investigadas y saben que entre ellos no hay ningún cargo político. Dejen a la Fiscalía y al juez que haga su trabajo y dejen de confundir a la población”, ha insistido.

Fraude “económico”

Ayala ha recalcado que el fraude es puramente “económico”, y que se limita a la adquisición y facturación de material sanitario“ y ha reiterado que ”no se ha constatado que existan episodios clínicos que estén relacionados con la implantación de material caducado“. En sus investigaciones, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional detectó la implantación de, al menos, un 'stent' caducado a un paciente. Este hallazgo tuvo lugar después de que la Policía Nacional analizase solo 8% de las 492 intervenciones que practicó uno de los cirujanos implicados en la trama. 

También ha explicado que las prótesis no homologadas son “seguras”: “El hecho de que el material implantable no esté homologado no significa que no sea válido y que no se pueda usar en los pacientes. Son perfectamente viables para implantarse porque están autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios”

Un informe interno de inspección alertaba del “grave riesgo para los pacientes” por el uso de prótesis homologadas por parte de la trama, no porque sean inseguras, sino porque se utilizaron para inflar los precios en la facturación. Para poder materializar el fraude recogían en la facturación el producto más caro sin homologar, e implantaban el producto homologado. El peligro que esto suponía para el paciente, detalla el documento, reside en las discrepancias entre lo facturado en el programa de gestión económica -conocido como SAP- y la historia clínica del paciente. Ante una alerta sanitaria decretada por la Agencia Española del Medicamento, se vería comprometida la trazabilidad del producto.

Ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población, recordando que desde el servicio sanitario correspondiente “se han revisado las historias clínicas” de los posibles pacientes afectados: “Como saben, se sigue revisando de forma exhaustiva a los pacientes que fueron atendidos por el médico implicado en un centro concertado y no se ha constatado que existan episodios clínicos que estén relacionados con la implantación de material caducado”.

La consejera ha aprovechado su intervención para adelantar la creación del Registro Regional de Prótesis Implantables “como elemento fundamental en la trazabilidad”. Asimismo, desde 2025 “se ha reforzado el servicio de Inspección sanitaria con la incorporación de 15 profesionales más”, entre inspectores, médicos, farmacéuticos y enfermeros. Además, se ha puesto en marcha dentro del Servicio de Inspección Sanitaria una unidad específica “para reforzar el control económico del Sistema Regional de Salud, con cuatro inspectores dedicados en exclusiva a este asunto”.

Respecto a la oposición, les ha acusado de instrumentalizar el fraude de las prótesis con fines políticos: “Les pido que dejen de hacer su trabajo a la policía y a la justicia en lugar de pretender utilizar la salud de las personas como una herramienta política”.

“Es una irresponsabilidad que solo se puede entender desde el intento de desviar la atención de la corrupción que invade al Partido Socialista”, ha concluido.

La comparecencia, un día más tarde

En teoría, la consejera debería haber comparecido el pasado jueves. Los socialistas modificaron el orden del día con los votos a favor de Podemos, Izquierda Unida y Vox con el fin de incluir la comparecencia de Ayala. El cambio se vio frustrado tres horas después del inicio del pleno, cuando la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, levantó la sesión prematuramente, alegando la disposición de la consejera. “Si ayer me hubieran convocado con normalidad cuando estaba en el Pleno y no aprovechando que ya me había ido, habríamos solventado esta comparecencia”, ha reprochado este viernes.

Martínez leyó un escrito de Ayala, en el que esta señaló que había sido informada de la votación una vez había abandonado la Asamblea tras responder a las preguntas parlamentarias, y ha defendido que, si existía interés en su comparecencia, la modificación del orden del día debía haberse planteado mientras permanecía en el hemiciclo. Tras la suspensión, se agendó la comparecencia para este viernes.

“Miente abiertamente”

La oposición en su conjunto ha cuestionado que ningún órgano político supiera de una trama de esta envergadura: “Usted ha sido gerente del Servicio Murciano de Salud desde septiembre de 2023 hasta el pasado mes, y como tal, era usted la responsable del aprovisionamiento de material y autorización de los planes de pedidos, y entre otras cuestiones, responsable de comprar las prótesis cardiovasculares”, le ha recordado la diputada del Grupo Parlamentario Socialista María Soledad Sánchez Jódar.

En esta línea, la portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín, ha acusado a toda la cúpula del SMS y al presidente regional, Fernando López Miras, de mentir “abiertamente” en el pleno de control del pasado jueves, y ha apuntado asimismo hacia el exsecretario general técnico del Salud y actual consejero de Fomento, Jorge García Montoro, cuyo nombre aparece en los correos intervenidos por la UDEF. “Ustedes conocían perfectamente el abuso de los contratos sin procedimiento de licitación pública. Contratos y concursos a dedo a los que se han desviado cientos de millones de euros y que han permitido la existencia de algo tan oscuro y sucio como la trama de las prótesis. Y las que están por venir, porque esto es solo la punta del iceberg”, ha proseguido.

Por su parte, el diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos, ha preguntado a Ayala si el SMS “ha revisado a todos los pacientes” que se han podido ver afectados por la trama. “¿Está en condiciones de asegurar aquí públicamente de que no hay ningún riesgo de que alguien pueda tener un implante caducado?”.

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha anunciado este jueves que la formación morada va a denunciar al diputado de Vox, Antonio Martínez Nieto, ante la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea Regional, después de que éste afirmara el miércoles, en sede parlamentaria, que el comunismo “sacó las conductas LGTBI del catálogo de los trastornos” para meterlas “en el de los derechos humanos”. “El PP tendrá que retratarse con su voto, porque vamos a pedir una sanción ejemplar para él”, ha afirmado.

“Sus palabras llamando enfermas y trastornadas a las personas LGTBI cruzaron todas las líneas rojas. Un parlamento democrático no puede acoger discursos que atentan contra los derechos humanos y ponen en la diana del odio a miles de personas”, ha manifestado Marín.

La portavoz morada ha recordado otras ocasiones en que Martínez Nieto ha traspasado todos los límites en sus intervenciones en la Asamblea, como cuando “amenazó a las personas pobres con aplicarles la ley de vagos y maleantes” o cuando instó a “ejercer la violencia contra las mujeres que ejercen su derecho a interrumpir su embarazo”.

“La libertad de expresión”, ha proseguido la diputada, “no puede amparar a un diputado que se comporta como un nazi. Porque hay que llamarlos así”. Marín ha asegurado que el PP de López Miras “es cómplice” de este discurso de la ultraderecha. “Con estos neonazis es con los que el Gobierno regional pretende pactar los Presupuestos”, ha afirmado.

Marín ha llamado a la ciudadanía demócrata y al colectivo LGTBIQA+ a una “respuesta contundente” contra Martínez Nieto. “Proponemos a los colectivos una masiva concentración en la Asamblea coincidiendo con el Debate sobre el Estado de la Región”, que tendrá lugar el próximo jueves 25 de junio. “Si Vox ataca el Orgullo, que el Orgullo llene la Asamblea”, ha concluido.