Mientras Trump lleva a cabo una expulsión masiva y en muchos casos violenta de migrantes y mientras la derecha y extrema derecha votaban en el Parlamento europeo un nuevo Reglamento de retorno para la deportación de personas migrantes a terceros países de dudosa seguridad, el Gobierno progresista de España acaba de aprobar un Real Decreto para una regularización extraordinaria de aquellos que lleven en nuestro país más de cinco meses, no tengan antecedentes penales y estén en situación administrativa irregular. 

Son dos formas distintas de entender el fenómeno de la migración, en un caso, el español, poniendo el acento en la igual dignidad de las personas como sujetos plenos de derechos, y en el otro desde un enfoque xenófobo, de rechazo al diferente que viene a invadirnos y “sustituirnos”, en esa grotesca interpretación del “gran reemplazo”.  

La regularización es ante todo una respuesta a una situación real, la presencia desde hace tiempo en nuestro país de varios cientos de miles de personas de origen extranjero, que han venido huyendo del hambre, de la persecución o de las guerras y viven en situación de irregularidad administrativa, “sin papeles”, al no tener reconocida una condición jurídica que les permita disfrutar de derechos básicos como el resto de la ciudadanía. No pueden trabajar con derechos, haciéndolo en su caso en la economía sumergida, sometidos a situaciones de explotación y exclusión social y con dificultad de acceso a servicios públicos generales. 

Se trata de una decisión políticamente valiente del Gobierno, que tiene un gran apoyo social, cuyo origen se encuentra en una Iniciativa Legislativa Popular promovida por 700.000 personas con el respaldo de más de 800 entidades, entre ellas la Iglesia Católica, los empresarios y sindicatos y múltiples organizaciones de la sociedad civil, que fue admitida a trámite por una amplísima mayoría parlamentaria y que ahora adquiere vigencia a través de una reforma del reglamento de extranjería. 

Se estima por el Gobierno que servirá para regularizar a unas 500.000 personas migrantes que ya están entre nosotros y responde ante todo a una concepción humanista, de derechos humanos, basada en la común dignidad de todos, nacionales y extranjeros, como personas, así como en la convicción de que el acceso a derechos y deberes constituye un elemento esencial para la cohesión social y la convivencia democrática.

Las derechas han contestado con enorme dureza. De Vox era todo esperable, pues sus propuestas políticas se basan en la xenofobia y el odio al migrante, con un discurso estigmatizador que ha llegado a proponer la expulsión de ocho millones de extranjeros de nuestro país, lo que llaman un proceso de remigración, ligado a un concepto de pueblo de claro componente étnico.

Pero lo más grave es la asunción de ese discurso por parte del PP, cada vez más decidido a competir en este terrero con Vox y la extrema derecha europea. Feijóo, cuya única política es oponerse a cualquier decisión del Gobierno, ha descalificado la regularización extraordinaria considerándola “inhumana, injusta, insegura e insostenible”, y en una vuelta de tuerca más ha llegado a decir que se va a regularizar a “inmigrantes que han abusado de una mujer”. Ya la portavoz del PP había vinculado la regularización al riesgo de presencia de terroristas en nuestro país, afirmaciones hiperbólicas que ni ellos mismos creen.

Porque la regularización no solo no es inhumana e injusta, sino todo lo contrario; lo que deshumaniza a las personas es precisamente su invisibilidad, no ser reconocidas como sujetos de derechos, y lo que es injusto en la sobreexplotación que lleva el trabajar en la economía sumergida, con menores salarios y sin poder protestar, así como no poder disfrutar de los servicios públicos en condiciones de igualdad. Y como bien sabe Feijóo, no se va a incluir a delincuentes ni va a aumentar la inseguridad.

Los datos de criminalidad son muy claros. En nuestro país, a pesar de haber aumentado en los últimos años en más de diez millones el número de personas de origen extranjero, no solo no se ha incrementado la criminalidad, sino que, si no consideráramos los nuevos delitos informáticos, ha disminuido, siendo España uno de los países europeos más seguros. Y es sabido que del proceso de regularización quedan excluidas las personas con antecedentes penales y, en algunos supuestos, las que en función de la información policial se consideren una amenaza para el orden público. Pero la criminalización del migrante, el engaño, con el objetivo de generar miedo en la ciudadanía, es ya una consigna no sólo de Abascal y su gente, sino lamentablemente también del núcleo duro del PP.

Y respecto a que la medida es insostenible, es también falso. Todos los estudios económicos de entidades españolas y de organismos internacionales vienen enfatizando que el dinamismo de la economía española en los últimos cinco años deriva en gran medida de la política de regularización e integración de migrantes que lleva que viene llevando a cabo el Gobierno de España, incorporando plenamente a la actividad productiva a personas de origen extranjero, a diferencia de lo que hacen otros países que los excluyen y expulsan. 

Además de lo que implica de incorporación al mercado formal de trabajo de varios cientos de miles de personas, que cotizarán a la Seguridad Social y pagarán más impuestos, favoreciendo de esa manera la mejor sostenibilidad del sistema de pensiones. También desde este punto de vista la regularización en marcha es una oportunidad para nuestro país.

Este cambio tan radical de posición del PP, que en su momento votó a favor de la tramitación de la ILP, expresa una vez más su profunda debilidad ideológica y su dependencia de su ala más dura, como Ayuso, y de Vox. Cabe preguntarse dónde quedan aquellas palabras de quien fuera portavoz del PP en 2024, Borja Sémper, defendiendo regularizar a cientos de miles de personas que estaban en la economía sumergida, asegurando que “hay que darles una salida, faltaría más”. Y dónde queda también la afirmación de julio de 2024 de Moreno Bonilla en el parlamento andaluz de que él no iba “a participar en la cacería del inmigrante”. Y cabe igualmente preguntarse dónde están los democristianos del PP, que se supone defienden un humanismo cristiano de acogida al migrante, como sí defendió la señora Merkel. Y podemos asimismo preguntarnos si las regularizaciones que llevó a cabo Aznar fueron también injustas, inhumanas e inseguras, o si sólo lo es la actual simplemente por el hecho de llevarla a cabo un Gobierno de mayoría socialista, aunque beneficie a España y a las personas migrantes.

Y por cierto, frente a lo que afirman estos pseudoprofetas de la derecha, ninguna de las anteriores regulaciones promovidas por los gobiernos de González, Aznar y Zapatero generó lo que mendazmente alegan de “efecto llamada”, pues tras ellas no se produjo ese efecto de incremento de la llegada de inmigrantes a nuestro país.

Dar la batalla cultura contra la xenofobia

La batalla de la extrema derecha, con el apoyo entre nosotros del PP, contra la inmigración es una batalla contra los valores ilustrados, que son los valores fundacionales de la Unión Europea, la igual dignidad de todas las personas cualquiera que sea su origen y procedencia, y el respeto y garantía de sus derechos fundamentales. La clave antimigratoria que ya no ocultan es la cultural, la defensa de la que vienen llamando la “identidad española”, una identidad cerrada y excluyente, que proclama su esencia blanca y cristiana, contraria al islam, y que consideran amenazada por la presencia de extranjeros.

Es, pues, necesario oponerse y movilizarse, promoviendo una batalla cultural contra la xenofobia y el odio al migrante, con base en un humanismo compartido, porque frente a la deshumanización y la criminalización de la migración lo que está en juego es la vida de las personas. Debemos defender la idea de ciudadanía democrática, que se construye sobre el pluralismo social y político, abierta a la integración de ciudadanos de distinto origen étnico y religioso. 

El recientemente fallecido Habermas afirmaba que “tenemos que superar la opinión de que los inmigrantes supuestamente deben asimilar los ”valores“ de la cultura mayoritaria y adoptar sus ´costumbres`”, entendiendo, por el contrario, que “no puede haber integración sin ampliación del propio horizonte, sin la disposición a abrirse a un espectro más amplio de olores e ideas”. Frente a las identidades cerradas y excluyentes se mostraba a favor de lo que llama “cultura constitucional”, es decir, el sometimiento a la Constitución y las leyes, con los valores que las sustentan, libertad, igualdad, derechos fundamentales, señalando que lo que el Estado liberal debe exigir a sus inmigrantes consiste en “aprender el idioma del país y respetar los principios constitucionales”. En definitiva, ciudadanía democrática frente a “cultura nacional” y xenofobia al diferente.

El domingo 12 de abril Victor Orbán perdió las elecciones en Hungría, pero todo indica que su programa resucitó a más de dos mil kilómetros: en Mérida. ¿Por qué digo esto? Básicamente, porque si uno lee las claves del acuerdo firmado entre PP y Vox en Extremadura no sabe si se trata de un subidón de adrenalina reaccionario o de un corte y pega del ideario y del plan de gobierno desplegado por Fidesz a lo largo de cuatro legislaturas. 

Si se lee el documento del acuerdo arriba mentado, dividido en 11 apartados temáticos, se vislumbran las políticas implementadas en el país de los magiares. Sobre todo, en los temas relacionados con la protección de la familia y la desprotección de las personas nacidas fuera de su territorio. 

Si quieren un resumen de las medidas, aquí les doy una nota telegráfica. Respecto de la familia, la moral y el buen parecer, destaca el fomento de la familia tradicional (a poder ser, numerosa), la lucha contra la “ideología de género”, los desalojos exprés contra los okupas, la asignación de prestaciones y servicios locales para los nacionales y el consumo de los productos españoles (y olé) en los comedores infantiles. En cuanto al chivo expiatorio estrella (ya saben cuál), destacan la no aceptación de menores no acompañados, no dar ni agua ni servicios a los inmigrantes, la desaparición de partidas para ONG humanitarias, los controles del padrón y del permiso de residencia y -muy importante- cero recursos para difundir la cultura y la lengua árabe, que ha sido muy demandada por esos lares durante las últimas décadas. A lo señalado, se les suma el rechazo a las políticas de la UE, en particular el Pacto Verde, a las normas comunitarias sobre el campo y a la Agenda 2030. ¡Ah! Y la eliminación de la ecotasa (que es una ruina) y larga vida a la central nuclear de Almaraz. Y, claro, una rebaja de impuestos, sobre todo en lo que atañe a las sucesiones, a las tasas autonómicas y a las donaciones… Medida que se compagina con promesas de mayores inversiones y gastos (no queda claro con qué dineros) en lo de siempre: educación, salud y vivienda protegida. 

¿Qué les parece? Toda una declaración de intenciones. En el fondo, el propósito último del acuerdo es menoscabar la moral y cabrear a los ecologistas, a los progres, a las feministas, a los no binarios y a todas aquellas personas que quieren y dicen querer una sociedad algo más justa y fraternal de la que tenemos. Y, claro, dar una alegría a los multipropietarios, a los latifundistas, a los católicos tradicionalistas, y a las clases populares y medias autóctonas que se creen maltratada y amenazadas por una migración que, en el caso de Extremadura, no llega al 5%, y a los “pata negra” españoles en un territorio donde el jamón es el producto estrella. Vaya, al fin y al cabo, se trata de una amalgama social no muy diferente a la que proporcionó victorias electorales a Bolsonaro, Meloni o Trump. Y a Orbán, obvio. 

La gran pregunta, llegados a este punto, es por qué el PP aceptó firmar tan alegremente este acuerdo que supone una victoria simbólica sin precedentes para Vox. Pues, más allá del reparto de carteras y cargos, y trozos de pastel, la gran victoria de Vox ha sido hacer al PP de Feijóo rehén de su discurso. En este sentido, el PP se aleja definitivamente de la familia de los conservadores europeos que han levantado un muro entre ellos y la extrema derecha (dícese también radical, neofascista o ultra). Adiós a la CDU, CSU, gaullistas y PSD portugués. Hoy el PP está en la línea de los conservadores o liberales holandeses, suecos y austríacos que, en un acto temerario de desmemoria, han aceptado el abrazo del oso iliberal a cambio de mantenerse -no sabemos si por mucho tiempo- en el poder. 

Hasta hace muy poco, los vientos soplaban a favor de los reaccionarios. No sabemos si, hoy en día, los desmanes de Trump y Netanyahu en Oriente Medio y el enfrentamiento de Trump con el Papa de Roma van a suponer un descenso de dicha tendencia. Sin embargo, lo que sí queda claro es que el discurso nativista de “primero los de casa” enarbolado por Vox y comprado alegremente por el PP corre el peligro de instalarse en nuestra sociedad. Una sociedad que ha experimentado un descenso social en bloque, que se da cuenta de la creciente brecha que se instala entre los pudientes y la mayoría de los mortales, y a la que se le hace más fácil canalizar su impotencia y rabia machacando a los que tienen por debajo en un mundo donde el turbocapitalismo ha arrasado con cualquier utopía que no sea de la del crecimiento personal y la macrobiota. Así las cosas, Vox y el PP se han sacado de la manga un eslogan que huele a alcanfor: el de la “preferencia nacional”, el mismo que en su día ya enarboló el difunto Jean-Marie Le Pen y que durante 16 años ha sido la divisa de la Hungría de Orbán. 

Post data: ¡Uy! ¡Preferencia nacional! Lo que nos faltaba en un país que tiene un lío que no veas con esto de las naciones y nacionalismos. 

En julio de 2024 escribí en este mismo espacio una colaboración acerca del empleo público irregular. Lo hice a raíz de una cuestión prejudicial elevada al TJUE sobre esta cuestión por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 30 de mayo de aquel año. En el auto en que se planteó la cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo, el TS preguntó de manera clara y directa, resumidamente dicho, si es contraria a la normativa de la UE la jurisprudencia española que defiende los principios de igualdad, mérito, capacidad y no discriminación en la libre circulación de trabajadores y niega el reconocimiento de la condición de trabajadores fijos del sector público a los trabajadores indefinidos no fijos y si, de ser así, el reconocimiento de una indemnización disuasoria al trabajador indefinido no fijo en el momento de la extinción de su relación laboral, puede considerarse una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales en el sector público.

Había habido antes muchas cuestiones prejudiciales planteadas por Tribunales españoles sobre esta problemática que ha mantenido nuestra atención durante muchos años, dando lugar a sentencias del TJUE en las que ha ido dando respuesta a las mismas. Desde la muy conocida sentencia de 14 de septiembre de 2016, en el caso De Diego Porras, que inició la saga, pasando por la de 22 de febrero de 2024, en la que, en respuesta a tres cuestiones prejudiciales planteadas por la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, ha determinado que la calificación como indefinido no fijo no es una respuesta adecuada para combatir el abuso. Y la sentencia del 13 de junio de 2024 en la que, aunque siguiendo el criterio de la anterior, añade una frase que en mi opinión es determinante, al señalar que ello será posible “siempre que esa conversión no implique una interpretación contra legem del Derecho nacional”.

Todas esas sentencias tuvieron gran impacto y enorme presencia en los medios de comunicación, subrayándose por la mayor parte de ellos que el TJUE obliga a declarar la fijeza de las personas trabajadoras de la Administración Pública en situación de abuso de la contratación temporal. Desde luego, no era así, y de hecho no se ha interpretado hasta ahora de esta manera por la inmensa mayoría de los Tribunales españoles.

La expectación por conocer la decisión del TJUE sobre las preguntas que le planteó el TS era máxima. Y hemos conocido la respuesta en la sentencia de 14 de abril de 2026, Caso Obadal. En dicha sentencia, en esencia y muy brevemente expresado, el TJUE rechaza nuevamente que la calificación de trabajador indefinido no fijo sea adecuada en los casos de abuso de la temporalidad y también rechaza una indemnización tasada y la falta de asunción de responsabilidad de las Administraciones y el modo en que se han diseñado los procesos de estabilización de aquel personal, entendiendo que no son medidas ajustadas a la cláusula 5ª de la Directiva 1999/70 -que es la que se está interpretando-.

Pende también otra cuestión prejudicial planteada por sobre la misma cuestión por el TSJ de Galicia. Conoceremos pronto también su resultado.

Lo que realmente está en el núcleo del debate que aún nos mantiene pendientes es la de la calificación que ha de darse a la contratación laboral pública abusiva. Es decir: si en estos casos la relación laboral ha de ser considerada “indefinida no fija” y, por tanto, susceptible de ser extinguida cuando la vacante se cubra en un proceso reglamentario, con la indemnización que proceda -hasta ahora de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades-, o bien ha de calificarse como “fija”, sin que quepa su válida extinción por tal causa.

Sin duda es un debate que aún preocupa y ocupa no solo a los Tribunales españoles, sino también a todas las Administraciones Públicas y a una buena parte de la ciudadanía.

Ahora hay que esperar a la decisión del TS al resolver los recursos que tiene pendientes sobre esta materia, sin perjuicio de que otros Tribunales resuelvan ya los suyos con arreglo a la doctrina del TJUE en esta última sentencia.

No me gusta predecir el futuro en ningún ámbito y, menos aún en el judicial. Creo, sin embargo, que el TS tiene que decidir varias cuestiones troncales. De un lado, si mantiene o no su doctrina sobre la figura del trabajador indefinido no fijo y la posibilidad de cobertura de la vacante que ocupa con la consiguiente extinción de su relación laboral con el percibo de la indemnización que anteriormente he reseñado. O si, por el contrario, entiende que cabe declarar la fijeza de dicho personal sometido a contratación temporal abusiva, aunque considero poco probable esta posibilidad. También el TS puede decidir que, manteniendo la calificación de la relación laboral como indefinida no fija en tales casos, la indemnización por extinción por cobertura de la vacante sea superior -por ejemplo, de 33 días de salario por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades, como para los trabajadores fijos despedidos improcedentemente-. O si en tales supuestos no habría obligación de incluir tales vacantes en una Oferta de Empleo Público. Y, finalmente, habrá de resolver también si estas personas tienen derecho a una indemnización que repare los casos de abuso incluso para quienes no ven extinguidos sus contratos por la cobertura de la vacante. 

Ah, y sobre la validez de los procesos de estabilización de este personal diseñados por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en cuyo Preámbulo se reseña que “la doctrina que ha fijado el TJUE en esta materia dispone que las autoridades españolas tienen que instaurar medidas efectivas que disuadan y, en su caso, sancionen de forma clara el abuso de la temporalidad; y que las diferencias en el régimen jurídico del personal temporal y del fijo deben basarse únicamente en razones objetivas que puedan demostrar la necesidad de estas diferencias para lograr su fin”.

Esperamos expectantes lo que el TS resuelva y cómo desenrede esta madeja. Lo esperamos quienes decidimos sobre estas cuestiones, quienes están en esta situación laboral y, asimismo, quienes pretenden legítimamente acceder al empleo público y se preparan para ello.

Hay una sensación de fatiga que va atravesando las distintas democracias europeas y que no resulta fácil acabar relacionándola con una sola causa. Pero entiendo que una parte de la misma tiene que ver con la sensación de que el pacto sobre el que se construyeron nuestras sociedades (tú te esfuerzas hoy, progresas y el sistema te protege mañana, tú delegas en las instituciones y estas responden), parece que ha dejado de funcionar como la gente esperaba. Cruje lo suficiente como para que cada vez muchos y diversos se pregunten si merece la pena seguir confiando. Esa fatiga parece que se manifiesta con especial intensidad en las generaciones que están entrando en la vida adulta sin haber conocido una época en la que las promesas fueran cumpliéndose. Es en esa franja en la que se cruzan con especial intensidad la precariedad material, la incertidumbre y una sensación de agotamiento fruto más de la propia dinámica vital que del trabajo. Y es precisamente en esa franja en la que la democracia se juega parte de su futuro. 

Un reportaje reciente de El País examinaba un fenómeno revelador: el creciente distanciamiento de los jóvenes respecto al sistema fiscal. Según el Instituto de Estudios Fiscales, el 93,6% de los mayores de 65 años considera que los impuestos son necesarios. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, esa cifra cae al 67,9%. Un 30% de los españoles, lo que es todo un récord en la última década, considera que los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin que acabe de quedar claro a cambio de qué. Y entre los más jóvenes, especialmente entre los varones, esa percepción se agudiza.

La idea de que los jóvenes no creen en la democracia va reapareciendo de manera asidua. Casi siempre con datos que lo avalan. Según el CIS, un 38% de los menores de 24 años no descartaría vivir en un régimen poco democrático si eso les garantizase mejor calidad de vida. Un estudio del ICIP revela que solo un tercio de los jóvenes catalanes menores de 35 años considera la democracia preferible a cualquier alternativa. En el conjunto de Europa, uno de cada cinco jóvenes ya no la defiende como el mejor sistema de gobierno. Los datos son preocupantes. Pero deberíamos evitar que la recepción pasiva de los mismos acabe generando una lógica de profecía autocumplida.

La versión más extendida se refugia en la idea que los jóvenes no valoran lo que tienen, que no saben lo que tuvieron que pelear sus mayores. En España se concreta en que desconocen lo que fue el franquismo, no valoran lo que costó la transición, dan por descontadas libertades que costaron mucho conseguir. Asoma una idea de ingratitud, combinada con afirmaciones como que se han vuelto cómodos, que no quieren esforzarse o que buscan el atajo, como ser influencer o apostar por las criptomonedas. Tenemos que ir con cuidado, ya que corremos el riesgo de confundir el síntoma con la enfermedad. 

Lo que de manera más general se está resquebrajando es la confianza en el pacto social que los impuestos representan. La disposición a contribuir depende de que uno perciba el sistema como justo y crea que el esfuerzo de hacerlo tendrá retorno. Y es precisamente la sensación de sistema justo y la expectativa de futuro lo que puede estar fallando. Los datos disponibles van en esa línea: el 83% de la ciudadanía cree que la presión fiscal recae más sobre las rentas bajas y medias que sobre las grandes fortunas. Más de la mitad considera que la relación entre lo que se paga y lo que se recibe es peor en España que en otros países europeos. El sistema funciona bajo una lógica de ciclo vital (pago más ahora que trabajo y después me veré compensado) pero ello exige que haya confianza en ese futuro. Si esa confianza se debilita, como ocurre entre quienes han crecido encadenando crisis, la solidaridad intergeneracional se resquebraja. Esto no es un conflicto entre jóvenes y mayores, aunque a veces se presente así. Es algo más profundo: es la erosión de las bases comunes propias de cualquier proyecto colectivo. Cuando los jóvenes se distancian del sistema fiscal, no están rechazando la idea de lo público; están diciendo que lo público, tal como lo experimentan, no les incluye como debería.

A la percepción de injusticia presente se añade algo más difuso, pero igualmente poderoso: la sensación de que no es solo que las cosas vayan mal, sino que van a ir a peor. El cambio climático, la precarización global del trabajo, la aceleración tecnológica que amenaza empleos antes de que se hayan consolidado, la sucesión de crisis que se encadenan sin respiro: todo ello configura un horizonte poco propicio a la esperanza. Este estado de ánimo, que a veces se etiqueta como colapsismo y al que alude el último libro de Eudald Espluga, es más un sentido común difuso que se respira en redes, en conversaciones llenas de ironía y resignación, que una ideología fundamentada. 

Frente a ello la democracia no puede prometer enemigos claros y soluciones rápidas como las que ofrecen la extrema derecha o el aceleracionismo tecnológico. Lo que la democracia sí puede hacer, y debe hacer con urgencia, es reconstruir el pacto que se está rompiendo. Y eso empieza por lo más concreto: entregar presente. No planes a quince años, no indicadores macroeconómicos, no promesas electorales que se evaporan: cosas tangibles que cambien la vida. Vivienda accesible. Empleo que permita independizarse. Un sistema fiscal que se perciba como justo, que informe adecuadamente de lo que valen los servicios públicos y que devuelva de manera visible lo que recibe. Cuando la política entrega eso, la desafección va perdiendo sustrato. 

La democracia ha de explicarse mejor. Todo lo que hoy parece obvio, como la sanidad pública, los derechos laborales, el voto femenino, la despenalización de la homosexualidad, la propia existencia de una España democrática tras cuarenta años de dictadura, no ha venido del cielo. Han sido éxitos de la gente que lo peleó. Recuperar esa memoria no es nostalgia. Es una evidencia que los éxitos cuentan, como dice Rebecca Solnit, aunque la victoria definitiva no se haya dado. Mantener abierta la incertidumbre, aceptando que no sabemos cómo será el futuro y que depende en parte de lo que hagamos, no es ingenuidad. Es la única posición intelectualmente honesta.

Y hay una tercera dimensión, la más descuidada. El sentido no lo produce la política institucional. Lo producen los espacios y entornos donde la gente se encuentra, se organiza, cuida, crea, discute, comparte proyectos que no se miden en rentabilidad. Tejido asociativo, cultural, comunitario. La política no puede fabricar sentido, pero puede proteger los espacios donde el sentido emerge. Y cuando no lo hace, el vacío lo llena quien sepa: las plataformas digitales, los vendedores de crecimiento personal, los profetas del colapso, o los demagogos con soluciones simples.

La insatisfacción juvenil con la democracia existente no es necesariamente antidemocrática. Puede ser la forma en que la democracia siga exigiéndose lo que aún no es. La pregunta no es si los jóvenes creen en la democracia. La pregunta es si la democracia va a ser capaz de darles razones para que sigan creyendo en ella.

El acuerdo xenófobo y racista de PP-Vox en Extremadura, la ambigua posición de Feijóo ante la guerra de Irán, la dosis de recuerdo de la Kitchen, de Luis Bárcenas, de la corrupción de Estado, de M. Rajoy, de la destrucción de pruebas sobre la financiación ilegal, del uso fraudulento de los fondos reservados… Al presidente de la Junta de Andalucía y aspirante a revalidar la mayoría absoluta el próximo 17 de mayo, Juanma Moreno, le explota estos días la cabeza con la munición que se empeña su partido en proporcionar a la izquierda. La socialista María Jesús Montero tiene material de sobra para el desgaste. Cuestión distinta es que pueda desafiar los malos augurios que le pronostican los sondeos. 

Pero a lo que vamos. Moreno, que tanto hizo para llevar en volandas a Feijóo hasta la séptima planta de la calle Génova, ahora no sabe cómo soltar el lastre del gallego para que no interfiera en su campaña. Moreno, que se esfuerza en marcar distancias con Vox, y ahora María Guardiola, con la bendición de Génova, mete a los ultras en el Gobierno de Extremadura con un pacto racista, xenófobo y hasta inconstitucional que en pocas semanas se reeditará en Aragón y Castilla y León. Moreno, que tanto evita el insulto y el cuerpo a cuerpo, y agacha la cabeza con la ristra de improperios que sueltan los suyos por la boca. Moreno, que se aseguró de que Rajoy no pusiera un pie en Andalucía hasta que no pasen las elecciones andaluzas, y ahora va Bárcenas y recuerda en sede judicial, para que nadie olvide, lo que todos sabían y taparon durante años: “M.R era Rajoy y encargó destruir un audio cortito”. Moreno, que no tolera las formas de Ayuso, y no tiene manera de contener el torrente de vituperios de la baronesa parlanchina.

El PP parece dispuesto a arruinar el empeño del presidente de Andalucía para gobernar en solitario otros cuatro años. El matrimonio extremeño con Abascal llega justo cuando el auge de Vox parecía registrar una línea descendente como consecuencia de su alineamiento con Trump, de la derrota de Orbán en Hungría y de sus líos internos. Algo que no resulta inofensivo para los intereses de Moreno, quien hace esfuerzos, además, por desmarcarse del pasado de Aznar y de Rajoy, pero también del presente de un Feijóo resignado a su dependencia absoluta de la ultraderecha. 

Y si el PP ha elegido el peor momento para Moreno al oficializar su entente con Abascal, en mucho peor tiempo la Comisión Europea ha decidido echar por tierra el empeño de la derecha judicial y política para que Bruselas tumbara las sentencias del Constitucional que amparan a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE. 

La Comisión Europea ha pedido que no se admita a trámite de la “cuestión prejudicial” sobre el pronunciamiento del TC que solicitaba la Audiencia Provincial al entender que el TJUE no puede convertirse en una especie de “supercasación europea”, por más que se empeñen los populares en desacreditar, con tretas varias, al máximo garante de la Constitución española y todos sus pronunciamientos. De haber sido al contrario, la damnificada hubiera sido, seguro, la campaña de María Jesús Montero. Pero, por una vez no es al perro flaco al que todo son pulgas, sino al más rollizo en número de escaños.

Mejor le iría a Moreno, si el PP de Feijóo hubiera asumido el coste de una repetición electoral en Extremadura. Si no lo ha hecho es porque ni el racismo, ni la xenofobia ni la ilegalidad manifiesta son ya líneas rojas en su acción política. Y, quizá, también porque para el horizonte no tan lejano a Feijóo no le interesa en absoluto que el actual presidente de la Junta emerja como el único barón capaz de cortocircuitar a Vox sin hacer suyo el ideario ultra ni entrar en sus guerras culturales.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, es seguidor de un pastor nacionalista cristiano que sostiene que las mujeres no deberían tener derecho al voto. No es una afiliación superficial, Hegseth llegó a compartir en sus redes sociales el año pasado un vídeo en el que ese pastor defendía abiertamente esa idea. El secretario de Defensa, por supuesto, no es el único partidario de Trump en sugerir que lo de votar hay que dejarlo en manos de gente preparada, es decir, de los hombres. También lo hizo, por ejemplo, John McEntee, asesor principal del Proyecto 2025 y exdirector de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca de Trump. O Paul Ingrassia, a quien Trump nominó para dirigir la Oficina del Asesor Especial, sugirió derogar el voto femenino en un podcast. 

Lo que esta panda defiende es el voto familiar. Es decir, un voto por hogar. Pero, por supuesto, ese voto correspondería al marido y no a la mujer porque los hombres, opinan, ostentan la máxima autoridad familiar. La razón detrás de toda esta corriente puede estar en el hecho de que los hombres son más propensos a votar por la derecha que las mujeres. También hay quien tiene esta convicción por razones religiosas, una especie de mandato bíblico. Pero también están los influencers y podcasters del ala ultraconservadora estadounidense que llevan meses normalizando la idea de derogar la Decimonovena Enmienda por pura misoginia. Sin medias tintas, son tipos que odian y desprecian a las mujeres, nos presentan como parásitas, y creen y esperan que volvamos a estar subordinadas a ellos. 

“¿Por qué excluir a las mujeres? Porque su delicadeza las hace inadecuadas para la práctica y la experiencia en los grandes asuntos de la vida, las arduas empresas de la guerra y las exigentes responsabilidades del Estado. Además, su atención está tan centrada en la crianza de sus hijos que la naturaleza las ha dotado de mayor aptitud para las tareas domésticas. Y los niños no tienen juicio ni voluntad propios…”. Esto le escribía John Adams a James Sullivan el 26 de mayo de 1776. Doscientos cincuenta años después, estamos volviendo a esto, a ese ideal de mujeres sumisas, delicadas, esposas tradicionales, amas de casa entregadas, sin voz ni voto. 

Ni siquiera hace falta que se ponga en práctica, el simple hecho de que esta idea vuelva a circular ya es aterrador. Aunque no se llegue a ese escenario (legislativamente sería bastante complejo), la convicción ya está flotando, el derecho de las mujeres a votar ya está siendo cuestionado. 

El sufragio universal no es negociable sin vaciar la propia idea de democracia. Pero esto es lo que esta gente —que se permite el lujo de ir por el mundo dando lecciones, por cierto— entiende por democracia, un sistema en el que el voto sea de ellos. Las ideas más repulsivas de los misóginos más extremos de Internet se están difundiendo ante nuestros propios ojos desde despachos de la Casa Blanca por otros misóginos. Estamos a un susto de dejar sin ficción a Margaret Atwood.  

Hace ya cinco años, poco antes de la célebre foto de Colón, Ayuso hizo estallar la polémica entre las filas de la derecha al insinuar, a propósito de los indultos que preparaba el Gobierno, que si el rey Felipe VI los firmaba podía tratarse de un cómplice. Cómplice con la peligrosa voluntad separatista-etarra del Gobierno de por aquel entonces, supongo. La cuestión es que eso preparó una separación entre la Corona y una parte de la derecha que parecía hasta ese momento imposible o inverosímil. No tanto por la parte del Partido Popular, que sigue siendo por mucho lo de siempre y, en tanto que lo de siempre, más monárquico que cualquier variación. Tampoco por la parte de Vox que del Partido Popular es una excrecencia o secreción, capaz de vestir corbata Viva El Rey De España (¡verde!) cuando toca; sí por otra más joven, con otros referentes. De ahí se pasó, desde Vox, a criticar “que [si] quien ciñe la Corona confunde neutralidad con sometimiento, o estabilidad con complacencia hacia el poder político, [esto] puede contribuir involuntariamente a dilapidar un legado que no le pertenece en propiedad, sino que custodia en nombre de la nación”.

De aquellos polvos estos lodos. Esta semana se ha consumado un divorcio parcial entre la Iglesia católica y la derecha; o cabría, más bien, hablar de nulidad matrimonial, pues en principio el matrimonio había de ser indisoluble. Llaman mucho la atención, tras el pacto entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, las palabras de Figaredo y Carlos H. Quero, en entrevista con El País: “no se seguirá subvencionando a las ONG que acogen a inmigrantes irregulares, tampoco a las de la Iglesia”. El Partido Popular dice que no dejará a Cáritas sin ayudas, Vox anuncia que no habrá ninguna ayuda si asisten de alguna forma a los excluidos sociales, que resulta, en este caso, que son inmigrantes.

No es un síntoma nacional: como las réplicas de un terremoto, el recelo que desde España la derecha patria ha exhibido ante el papa Francisco o ahora ante su sucesor, León XIV, tiene mucho que ver con los recelos propios internacionalmente del trumpismo y el conflicto internacional entre católicos y evangélicos. En Brasil, pocos datos explican el auge de la extrema derecha de Bolsonaro como el crecimiento del evangelismo; en 2024, entre los votantes evangélicos, Trump cosechó el 80% de los apoyos. La coalición contemporánea de la derecha no incluye hoy a los católicos liberales; si en Alemania todavía existe un cordón sanitario a los neofascistas, es porque cuentan con democristianos y no sólo con neoliberales. En España, a pesar de todo, la derecha seguía siendo católica. Disfrutaba mucho de serlo, de hecho; disfrutaba de hablar a partir de productos culturales de su presunto auge o de los valores tradicionales en la devoción juvenil; disfrutaba hasta ahora, porque lleva regular que el sumo pontífice sea Prevost en vez de Robert Sarah.

¿Hasta dónde va a arrastrar Vox al Partido Popular en esta disolución de los votos entre la Iglesia y la derecha? ¿Cuánto va a ser el Partido Popular capaz de sostener la pantomima según la cual no importa lo que hayan firmado, pues todo ha de estar “sujeto a la legalidad”, y capaces son de tomar por tontos a sus negociadores, a sí mismos, a sus votantes y a cualquiera que atienda a lo que dicen, a lo que hacen o a lo que mienten? Si el vicepresidente de Trump es capaz de sugerirle al propio papa que tendría que ser “más cuidadoso al hablar de teología”, si tan sonado e insoportable para algunos es ese distanciamiento, con tantas tensiones, ¿tendrá el progresismo que contar, en no tanto tiempo, con la Iglesia como uno de esos aliados?

No es fácil enunciar algo así, sobre todo en España, que cuenta con una historia y un pasado —el de las heridas que deja la dictadura nacional-católica— muy presentes; pero presentes para todos, pues tampoco hay que olvidar las palabras lacerantes y ataques insistentes que también ha proferido la derecha contra cardenales como José Cobo por acordar con el Gobierno a propósito de la resignificación del Valle de los Caídos. La Iglesia no va a ser un aliado progresista, aunque lleve tiempo en el camino hacia su apertura: sí creo, firmemente, que va camino, al menos en términos de alianzas internacionales, de convertirse en un aliado democrático. Democrático, pues, contra la xenofobia de quienes quieren que se mueran los inmigrantes que enferman en nuestro país, contra los que planean legislar sobre la vida y la muerte y la prioridad nacional, en favor de la dignidad humana, democrático contra la regresión y democrático en la justicia social. Y no está nada mal, para equilibrar los equilibrios internacionales, contar al Vaticano como aliado en unas cuantas causas, aunque en otras haya que combatirlo fervientemente; es la política del siglo XXI. Si la derecha quiere tomar a Dios por enemigo, ¿quién somos nosotros para impedírselo?

La decisión iraní de levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz parecía un paso definitivo para retomar la negociación de un acuerdo de paz en Irán, suspendida tras un solo día de sesiones, e incluso para prorrogar el alto el fuego, que termina el próximo miércoles, y abrir expectativas del fin de la guerra. Esta medida estaba sin duda vinculada al alto el fuego de diez días en Líbano acordado el jueves 16, ya que Teherán había declarado esa tregua como condición indispensable para aceptar el proceso de paz. Detener su ataque a Líbano es lo último que quería el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, porque la guerra de Irán, si termina ahora, no ha logrado sus objetivos y él necesitaba un éxito en ese otro frente para mantenerse en el poder y compensar a los miembros más extremistas de su gobierno como Bezalel Smotrich o Itamar Ben-Gvir, además de que creía poder aprovechar esta oportunidad para cumplir su deseo de ocupar de forma permanente el territorio libanés al sur del río Litani.

Caben pocas dudas de que Netanyahu había acordado con el presidente de EEUU respetar el alto el fuego con Irán a cambio de tener manos libres en Líbano, porque en caso contrario no se hubiera atrevido a declarar que la tregua no afectaba a sus operaciones en este país. La paz en Líbano no era importante para Washington, ni para casi nadie, porque esa guerra, o mejor dicho esa matanza, no influyen en el precio del petróleo u otras materias primas. Pero la firme actitud de Teherán ha terminado por forzar al presidente de EEUU, Donald Trump —que necesita imperiosamente salir de ese avispero en el que irreflexivamente se ha metido— a imponer a Netanyahu esta tregua, demostrando una vez más que todo lo que hace Netanyahu es porque Washington se lo permite, y que EEUU es siempre el responsable último de todo lo que sucede en Oriente Medio, tanto cuando actúa directamente como cuando lo hace a través de Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel estaban aplicando en Líbano el método Gaza: arrasar pueblos y ciudades, no dejar piedra sobre piedra, con la esperanza de que entre todos los muertos hubiera algún terrorista, o algún familiar de uno, porque la idea de venganza —con un oscuro origen religioso— está presente en todas las acciones militares israelíes. Es sorprendente que haya sido solo Irán, el único país no árabe de la zona, el que haya defendido a Líbano hasta el punto de condicionar su propia paz, después de seis semanas de sufrimiento, a una tregua en ese país. Los Estados árabes han mirado para otro lado, absolutamente indiferentes a los 2.200 muertos, más de 7.100 heridos y un millón de desplazados de esta guerra absolutamente desigual, como hicieron ante el genocidio de los palestinos en Gaza. Por supuesto. Irán trata de proteger a Hezbolá, pero Israel no ataca solo a la milicia chií, ataca al país. Conviene recordar que cuando Israel lanzó sus dos primeras invasiones de Líbano —1978, 1982— Hezbolá ni siquiera existía.

La reapertura de Ormuz es sin duda el objetivo más importante para Trump. Su bloqueo es lo que le impulsa a buscar desesperadamente el fin de la guerra, ya que el incremento en EEUU del precio de los combustibles, los fertilizantes, y consecuentemente de la inflación, está teniendo ya efectos políticos internos muy negativos, que se unen al rechazo en amplias capas de la población estadounidense a una guerra de elección, cuyas razones y objetivos nunca fueron explicados claramente, y que contradice la política de aislamiento y de no intervención en guerras lejanas con la que Trump ganó la presidencia, cuando están cerca las elecciones de medio mandato.

El anuncio del fin del bloqueo hizo a Trump sentirse más fuerte y capaz de imponer mejor sus condiciones a Irán, al menos durante las horas que duró, lo que se tradujo —como siempre— en declaraciones extemporáneas, contrarias a la discreción que requiere cualquier negociación. Decidió mantener su propio bloqueo, porque era un símbolo para vender la victoria, puesto que el rival había cedido antes, y porque además le permitía seguir presionando económicamente a Teherán, sin empeorar las consecuencias para su propio país y para todo el mundo. Por eso era algo sorprendente que los dirigentes iraníes hubieran tomado esa decisión sin haber acordado la apertura total por ambas partes, aunque sí que afirmaron que la anularían si EEUU no correspondía con igual medida. Como Washington no reaccionó, Teherán ha revertido el levantamiento de su bloqueo, que ha durado menos de 24 horas, y sus patrulleras han atacado a barcos en el estrecho. No obstante, si la tregua en Líbano se mantiene, es probable que se ponga fin al bloqueo por ambas partes, aunque el presidente estadounidense todavía no ha dado la orden de levantar el suyo. Si esa condición se cumple, la negociación podría reanudarse muy pronto, quizá este mismo lunes, siempre que el presidente estadounidense no arruine esta segunda oportunidad con su actitud errática y arbitraria.

El punto más problemático del acuerdo para poner fin a la guerra es sin duda el nuclear. Irán ha declarado reiteradamente su renuncia al desarrollo de armas nucleares. Alí Jamenei lo había prohibido y el plan iraní de diez puntos, que dio origen a la tregua, incluye literalmente este compromiso, como también que el enriquecimiento se mantendría pero sujeto a acuerdos sobre su volumen. La discusión se centra ahora en esa capacidad iraní de enriquecer uranio, y en las reservas que posee de mineral ya enriquecido, 411 kilogramos al 60%, que todavía no tienen la concentración necesaria para fabricar un arma nuclear, pero podrían alcanzarla algún día. Según el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, que fue el mediador en la negociación que tuvo lugar en Ginebra entre representantes estadounidenses e iraníes, 48 horas antes de que EEUU e Israel lanzaran su ataque, Irán había aceptado ya degradar su uranio enriquecido, reducir sus reservas a cero, y someter su programa de enriquecimiento al control, no solo de la Organización Internacional de la Energía Atómica, sino de inspectores estadounidenses. Según Albusaidi, la delegación de EEUU habría aceptado esta posición y se iba a firmar un acuerdo de principios la semana siguiente en Viena. 

Pero después del ataque, las condiciones por parte de Washington se endurecieron de nuevo: Irán debía entregar todo su uranio enriquecido, renunciar al enriquecimiento para siempre, y desmantelar todas las instalaciones que aún estén operativas, destruyendo todas sus centrifugadoras. A cambio recibiría de EEUU el uranio necesario para operar la central de Busher, la única que tiene, lo que supondría una total dependencia de Teherán respecto a Washington y el fin de la autonomía estratégica y política del régimen de los ayatolás. En la negociación de Islamabad hubo desacuerdo tanto en el destino del uranio enriquecido como en la duración del período durante el cual Irán se comprometería a no enriquecer más. A partir de ahí, una transacción parecía posible, pero Trump resucitó sus exigencias máximas —a raíz de la efímera apertura iraní de Ormuz— poniendo en riesgo el acuerdo. El control del programa nuclear iraní se puede conseguir mediante inspecciones y sistemas de verificación, como se hizo con el pacto de 2015 —dinamitado por Trump por presiones de Netanyahu— así que este asunto parece más bien una excusa para lanzar un ataque cuyo primer objetivo era la caída del régimen iraní. Esto no se ha conseguido, y se trata ahora de centrarse en esta cuestión, como si su solución fuera una consecuencia de la agresión, cuando ya estaba al alcance, aprovechando que el objetivo de que ni ahora ni nunca haya otra potencia nuclear en la zona es compartido ampliamente en buena parte del mundo, incluida Europa.  

Es difícil discutir que Irán tiene que renunciar a poseer armas nucleares. Por supuesto, no debería tenerlas. Pero tampoco ningún otro país del mundo. Son una aberración que pone en manos de unas pocas personas la destrucción completa de la humanidad y del planeta. En este caso la pregunta es inevitable: ¿por qué podría tenerlas Israel y no Irán? Según Trump porque “las usaría inmediatamente”. Pero esta es una más de sus falacias. El régimen de los ayatolás no ha atacado jamás directamente a nadie, solo se ha defendido cuando ha sufrido una agresión, y esto es algo que no se puede decir de Israel, que ha bombardeado repetidamente Irán, y asesinado a científicos y políticos iraníes, sin haber recibido ningún ataque por su parte. ¿Por qué iba a ser diferente la actitud defensiva iraní si tuviera armas nucleares, sabiendo que la respuesta significaría también su propia destrucción? Desde 1945, ninguna potencia nuclear ha osado nunca utilizarlas, ni aun estando en guerra como Rusia en Ucrania, o Pakistán e India en sus enfrentamientos armados, conscientes de sus terribles consecuencias. No, nadie piensa realmente que Irán fuera a emplear alegremente armas nucleares contra sus vecinos, la razón verdadera es que si las tuviera no podría ser atacado impunemente cada vez que Tel Aviv o Washington lo crean conveniente, y —sobre todo— que la hegemonía militar de Israel en la región, que está respaldada por sus propias armas nucleares, desaparecería o se debilitaría, al verse estas neutralizadas por la posibilidad de una respuesta equivalente del régimen iraní.

El otro punto de discrepancia se refiere a las compensaciones económicas que exige Irán por los daños sufridos. Por supuesto, EEUU no va a pagar reparaciones, eso sería tanto como reconocer una victoria iraní. Pero hay otras formas de conseguir los mismos objetivos, como el levantamiento de las sanciones o el desbloqueo de los fondos iraníes congelados desde hace más de 40 años. La discusión aquí gira en torno al alcance y limitaciones de esas medidas que Washington quiere parciales y condicionadas y Teherán totales e incondicionales. Tampoco Irán va a conseguir la garantía que pide de no volver a ser atacado, ni de que no lo sean sus grupos afines, lo que incluiría a Hamás y Hezbolá. Ni EEUU que Teherán renuncie por completo a su programa de misiles.

Es imposible saber lo que va a pasar a corto plazo en el escenario caótico que ha provocado en Oriente Medio el ataque ilegal y criminal de EEUU e Israel a Irán. Trump es imprevisible y lo mismo puede actuar por la prudencia que le dicta el miedo a su fracaso y declive político, que dejarse llevar por su narcisismo y megalomanía que aparentemente le empujan a creerse sus propias mentiras. Necesita que la guerra termine, pero también poder fundamentar mínimamente un relato de éxito. Los dirigentes iraníes —siempre condicionados por la Guardia Revolucionaria Islámica donde reside el verdadero poder—, parecen dispuestos a resistir hasta que se acepten algunos de sus planteamientos, indiferentes al sufrimiento de su pueblo, al que no representan sino someten. No obstante, ambas partes necesitan la paz, y las dos harán concesiones. Aunque no se puede descartar una vuelta a la vía militar, es posible que, si Netanyahu no consigue impedirlo, en la segunda ronda de negociaciones se llegue a un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Pero aunque esto se logre y las armas callen en y alrededor de Irán, eso no significa que vaya a haber paz. Esa es una aspiración mucho más ambiciosa y más difícil, casi una utopía en una región que no ha dejado de estar de una u otra forma en guerra desde que se fundó el Estado de Israel en 1948. Antes o después, Irán se recuperará y de nuevo Israel sentirá la necesidad de volver a debilitarlo. Mientras tanto, esta guerra habrá conseguido que el régimen, lejos de cambiar como proclama Trump, se haya radicalizado y sea aún más represivo frente a los disidentes, las minorías étnicas y las mujeres. En Líbano, ya han sido denunciadas numerosas violaciones del alto el fuego —que solo ha sido acordado por diez días—, mientras Netanyahu ha declarado que no piensa retirarse del sur del país, y que mantiene su derecho a atacar a Hezbolá, al menos en esa zona. Las hostilidades allí no van a terminar ahora, esto solo es una pausa para que Irán negocie. Y por supuesto, el gobierno israelí seguirá con su política de exterminar a los palestinos y expoliar sus territorios, ante la indiferencia del mundo —también de los árabes, también de los europeos—, que es el verdadero corazón y origen de todos los conflictos que se han producido y seguirán produciéndose en la región.

No puede haber paz sin justicia. Y no hay justicia para los palestinos, ni para los iraníes —menos aún para los que se oponen a su gobierno—, ni para los libaneses. Ni siquiera para los países árabes que se han visto arrastrados por EEUU a una guerra que no es la suya, y han sufrido las consecuencias. Tampoco la justicia hará pagar nunca a Trump y a Netanyahu la decisión de empezar esta guerra, inútil además de criminal. La posible paz actual, si se consigue, solo será una tregua —imperfecta— entre dos guerras. 

La paz solo puede ser el resultado de la convivencia pacífica, la aceptación de las diferencias, la búsqueda de intereses comunes o al menos convergentes, la tolerancia. A la paz no se puede llegar nunca por la fuerza, como proclamaron Trump y sus adláteres, la fuerza solo produce dominación, confrontación, odio y violencia. Hasta que todos los actores de la región no comprendan y asuman que les beneficia más cooperar y convivir que enfrentarse continuamente, hasta que no acepten que el respeto a los derechos humanos, políticos, sociales, económicos y religiosos de todos, empezando por el derecho a la vida, es la única base sobre la que se pueden construir un futuro pacífico y próspero para todos, seguirá sin haber paz, continuaremos contemplando horrorizados estas masacres sangrientas que nos encogen el corazón con la impotencia de quien asiste a algo que su condición humana rechaza, careciendo de los medios para ponerle fin.

La semana pasada tuve que hacer dos trámites burocráticos aparentemente sencillos: resolver un papeleo con Hacienda, y cumplimentar la inscripción de un campamento para una de mis hijas. Gracias a la administración electrónica, no perdí una mañana entera en una delegación de Hacienda yendo de funcionario en funcionario, y otra mañana en una oficina del Instituto Andaluz de la Juventud entregando los papeles en una ventanilla. Gracias a la administración electrónica, perdí no una sino dos mañanas enteras y otras dos tardes en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, y no una sino dos mañanas, y media tarde más, en la ventanilla electrónica de la Junta de Andalucía.

Creo que soy razonablemente competente en asuntos informáticos, me manejo con todo tipo de webs y aplicaciones, hago facturas electrónicas y uso casi a diario mi certificado. No soy precisamente un analfabeto digital. Y aun así, estuve a punto de rendirme con Hacienda y pagar una multa que no me correspondía con tal de no entrar otra vez en la sede electrónica; y a punto de decirle a mi hija que se olvidase del campamento, y hasta me daba igual perder el dinero de la reserva, con tal de poner fin a esa tortura.

Eso esta semana. En cualquier otra podría haber lloriqueado igualmente por una factura rechazada cuatro veces en FACe, un alta de terceros en el portal electrónico original y único (no hay dos iguales) de un ayuntamiento, intentos fallidos por dar de baja un impuesto de vehículos, o el enésimo documento escaneado y presentado para cobrar una ayuda europea a la renovación de ventanas dos años después de instaladas y pagadas las ventanas.

Ya sé que son “problemas del primer mundo”, y que tenemos urgencias mayores de las que escribir, pero decidme, ¿en qué momento la administración electrónica, que venía para facilitarnos la vida, se convirtió en un agujero negro que devora nuestro tiempo, nuestra paciencia y nuestro ánimo? ¿Cuándo la “tristeza burocrática” de la que hablaba Remedios Zafra se convirtió en desesperación burocrática, camino de la depresión burocrática? ¿Por qué aceptamos convertirnos en suministradores de datos (que además ya tienen) al servicio de unas administraciones deshumanizadas, a las que les hacemos el trabajo que antes nos resolvían ellas?

No soy yo que tengo el día quejica: seguramente tú puedes contar lo mismo por cualquier trámite con tu ayuntamiento, diputación, administración autonómica o central, Tráfico, Hacienda, Seguridad Social, SEPE, organismos varios... En todos los casos la experiencia es similar: una yincana laberíntica, críptica, en lenguaje poco claro, nada intuitiva, llena de callejones sin salida y fallos, sin nadie humano al otro lado, y que parece diseñada para lograr el que a menudo es su resultado: que el ciudadano desista, que se rinda, que lo deje, que renuncie a lo que quiera que intentaba conseguir.

Y no solo trámites, también el día a día laboral de tantos trabajadores. Empezando por el profesorado, obligado a perder en protocolos interminables las horas y las fuerzas que no les sobran. Por supuesto, no es algo exclusivo de la administración pública, también muchas empresas convierten darte de baja o resolver una incidencia en una prueba de resistencia, sin que haya nunca nadie humano con quien hablar, solo asistentes virtuales de IA y menús telefónicos de “teclee su número de DNI”, “indique su consulta”, “marque siete si está interesado”…

La opacidad de la burocracia electrónica se vuelve más sangrante cuando afecta a la población más vulnerable, cuya supervivencia no debería depender de llegar a la última pantalla del videojuego. Leo que la regularización de personas migrantes se puede hacer por internet, ante la previsible saturación de las oficinas presenciales. Solo espero que conseguir los papeles no dependa de registrarse en Cl@ve PIN, actualizar Java o instalar la última versión de Autofirma.

Perdón por el desahogo.

Santiago Abascal y su directiva, “que en su vida han tenido dos euros juntos”, en la brillante y acertada definición de su antiguo camarada Ortega Smith, aún lo deben estar celebrando entre incrédulos y eufóricos. Por si quedaba alguna duda tras los catastróficos pactos de junio del 2023, se confirma que este Partido Popular es un chollo entre un millón para Vox; una ganga que no debería dejar escapar y ese chóped que cualquiera sueña encontrar. Solo le pido a Dios que en todas las negociaciones que me queden en esta vida me toque enfrente alguien como Alberto Núñez Feijóo y su Partido Popular. El acuerdo de Extremadura no es un pacto, es un saldo.

Justo cuando el tiempo empezaba a correr a favor de los populares y el miedo a una repetición electoral cambiaba de bando. Justo cuando la marca internacional ultra empieza a dar síntomas de gripado y todo cuanto no parecía hacerle daño a Vox empieza a hacérselo; como suele acontecer en todas las franquicias. Justo cuando la marca Trump se ha vuelto tóxica y le abría una autopista por la derecha para internarse envuelto en la bandera de España en el espacio de Vox. Justo cuando las guerras internas, deserciones, purgas y denuncias por corrupción estaban convirtiendo a Vox en el capítulo más violento y tedioso de los Peaky Blinders. Justo cuando el votante de derechas empezaba a cansarse de tanto desorden y el sangrado de las encuestas permitía a los populares sentarse a esperar a que Vox concediera el empate antes de las elecciones andaluzas, los altos mandos de Génova deciden hacerle otro regalo a Vox y permitirles cantar victoria. 

Una vicepresidencia y dos consejerías en las áreas que Vox demandaba más un pacto programático marcado por las prioridades y los relatos de la ultraderecha a cambio de algo tan obvio como aprobar cuatro presupuestos no es un acuerdo; es un negocio redondo para Santiago Abascal y los suyos. Unas horas antes del plazo límite para ir a la repetición electoral habrían firmado por bastante menos. El miedo habría guardado la viña y un acuerdo ventajoso para Feijóo. Es la consecuencia de una estrategia de oposición basada en la idea de que todo vale: te las meten dobladas por todas partes. 

Que María Guardiola lo envuelva en la épica de una Targaryen que ha logrado, por fin, reunir a los siete reinos para enfrentar al ejército de los caminantes rojos únicamente incrementa su ridículo y la ganancia del otro. 

Moreno Bonilla tiene que estar encantado. Toda su campaña basada en pedir el voto para evitar el lío de tener que pactar con Vox y desde Génova le demuestran que de lío nada y que está chupado: solo hay que darles lo que piden. Toda la campaña tratando de evitar el asunto de la inmigración y los tuyos se tiran de cabeza al pozo con la retórica ultra de tus competidores. Dos por el precio de uno: una ganga.

El mismo día en que se publicó en el BOE el decreto de regularización de inmigrantes, el Washington Post publicó un editorial con el título America`s worker shortage is now a crisis (La escasez de trabajadores en los Estados Unidos es ahora una crisis)

Toda la evidencia empírica de que se dispone indica que la inmigración ha tenido unos efectos no ya positivos, sino muy positivos para la sociedad estadounidense. Dicha evidencia empírica fue desconocida por el presidente Donald Trump ya en su primer mandato, pero lo ha sido mucho más en el comienzo del segundo. Sin inmigrantes la población de Estados Unidos habría descendido desde que ha llegado por segunda vez a la presidencia y estaría afectando a áreas decisivas para el bienestar del país, ya que, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Migration Policy Institute, los inmigrantes representan el 23,6% de los trabajadores en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el 15,9% en enfermería y el 28,4% en el de los trabajadores de la salud en general. 

Por su parte el Cato Institute: Immigrants Effects on Government Budgets 1994-2023, informa que “los inmigrantes generaron en impuestos más que todos los beneficios recibidos a través de todos los niveles del Gobierno (federal, estatal y municipal)”; “crearon un superávit fiscal cumulativo de 14.500 millones de dólares”. La aportación de los inmigrantes hubiera supuesto el equivalente al 33% de los déficits combinados en todos los niveles de gobierno entre 1994-2023, que se habrían producido sin dicha aportación.

La crisis que el WP detecta como consecuencia de la política inmigratoria de Donald Trump es extrapolable a los países miembros de la Unión Europea en general y a España en particular. La “prioridad nacional”, “American First”, es negativa en ambas orillas del Atlántico, como subrayó George Mombiot en The Guardian: “The facts are stark: Europe must open the door to migrants or face its own extinction” (Los hechos son testarudos: Europa tiene que abrir la puerta a los inmigrantes o afrontar su propia extinción).

Afortunadamente España, que ha sido un país de emigración hasta mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, ha sabido convertirse de una manera razonablemente efectiva en un país con una notable tasa de inmigración, en torno al 15%. La regularización de la población inmigrante que ya reside en territorio español ha sido el instrumento jurídico del que se ha hecho uso por parte de Gobiernos tanto del PSOE o del PP.

La que ahora mismo está iniciando su andadura se diferencia de las anteriores en que su origen está en una “iniciativa legislativa popular” de más de setecientos mil ciudadanos, que fue admitida a trámite por el Congreso de los Diputados por casi unanimidad, PP incluido.

Ha sido a través de la combinación de la democracia directa y la democracia representativa como se ha decidido poner en marcha esta regularización. Dicha iniciativa dice mucho a favor de la sociedad española. Por ello, en buena lógica, no debería haberse planteado ningún problema en la implementación de esta medida. 

Desafortunadamente no ha sido así, aunque, afortunadamente, su oposición no va a impedir que la regularización se produzca. Y que, su aceptación por el conjunto de la sociedad se produzca con naturalidad, como ha ocurrido con las anteriores. Y es que, como ha dicho la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, criticando de manera expresa la decisión de la alianza PP y Vox en Extremadura: “no se puede dejar a nadie al margen de un sistema al que contribuye”. 

Las personas que conviven en un territorio tienen que hacerlo en pie de igualdad en el ejercicio de los derechos. Con la excepción del derecho de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución, los extranjeros deben poder ejercer los demás derechos reconocidos como fundamentales en la Constitución. En ese ejercicio descansa la posibilidad misma de una convivencia pacífica, justamente lo contrario de lo que están diciendo estos últimos días los dirigentes del PP y Vox.

¿De qué hablamos cuando hablamos de derecha? ¿Podemos meter en el mismo saco a liberales, ultraliberales, anarcocapitalistas, democristianos, fascistas, populistas, nacionalistas, conservadores, tradicionalistas? Para Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, la respuesta es: todo vale. Todo vale para llegar a La Moncloa, se entiende.

El liberalismo que parece defender nunca ha sido mayoritario en la España democrática. “La derecha es, fundamentalmente, un pensamiento y una acción reactivas que se oponen a la izquierda”, cuenta el historiador Antonio Rivera, autor de Historia de las derechas en España. Fraga fue el primero en liderar una derecha patria de corte conservador y con sitio para los restos y las estructuras del franquismo y los nacionalismos se hicieron fuertes en País Vasco y Cataluña, al margen de ese movimiento. Aznar unificó y amplió el espacio conservador, engulló el supuesto espacio de centro y marcó el camino futuro: neoliberalismo duro y crudo imitando a Margaret Thatcher en lo económico, nacionalismo conservador español y muy español en lo ideológico. Rajoy siguió esta pauta, con la particularidad personal de dejar que todo se pudra, desde el proceso catalán a la policía patriótica. Pablo Casado llegó con ganas de regeneración pero no fue eficaz antes de que sus compañeros le tiraran por la ventana —metafóricamente—. Y aquí llegó Alberto Núñez Feijóo, el gestor, para hablar de derecha sensata y moderada sustentada en un sólido entramado mediático, económico y judicial. 

Los que le conocen dicen que a Feijóo le gusta ir a mesa puesta. Él llegó a Madrid para gobernar España y su escasa firmeza ideológica permitió los primeros pactos con Vox que malograron su objetivo principal. Ahora vuelve a repetir error, con un Vox más fuerte que entonces pero que está frenando su ascenso, y está tocado por la crisis interna y la caída de uno de sus principales tutores y financiadores, Viktor Orbán. Con este panorama, la derecha de Feijóo, que no cuenta con activos genuinamente liberales y que vive del antisanchismo (una alternativa a la contra, destructiva, enemiga del apaciguamiento entre adversarios políticos) ha decidido doblar la apuesta: más Vox y más tópicos del populismo más reaccionario: rechazo a la inmigración, unidad de la patria, los españoles primero y desregularización al estilo motosierra. 

No hace falta repetir que el concepto de “prioridad nacional” es racista e ilegal. Discriminar por sus orígenes a personas que viven en España legalmente, que contribuyen a la riqueza del país y pagan sus impuestos a la hora del reparto de ayudas sociales es establecer una sociedad de castas, con ciudadanos de primera y de segunda. Ante esta situación hay que apelar a la izquierda pero también a la derecha, a esa supuesta derecha liberal, a la derecha democristiana de principios humanistas, a la derecha con ideología y valores, no solo con ambición política, a la derecha que tiene más ideas en la cabeza que bajar impuestos y aplicar con mano dura la ley y el orden. Y eso es imposible dentro del Partido Popular de Feijóo. El líder del PP ha decidido pasar por encima hasta de la dignidad humana en su tortuoso y cada vez menos edificante camino a la Moncloa. Y ha demostrado que la derecha que representa no tiene una idea clara ni del país ni del mundo que nos rodea, y por eso, ha decido subcontratar la ideología al partido de Santiago Abascal. España, no hace falta decirlo, puede vivir sin Sánchez, pero será mucho peor gobernada por una derecha autoritaria, iliberal y antihumanista que, además, no entiende los retos humanos, geopolíticos, tecnológicos y económicos que tenemos por delante. Y esa, desgraciadamente, es la derecha de Alberto Núñez Feijóo. 

“Los padres de mi padre no habían estado ni del lado de las víctimas ni del lado de los verdugos. No se habían distinguido por actos de valentía, pero tampoco habían pecado por exceso de celo. Simplemente eran Mitläufer, personas 'que siguen la corriente”, nos explica la escritora y periodista franco-alemana, Géraldine Schwarz, en su libro editado en español con el título “Los amnésicos”. En esta obra imprescindible de memoria histórica del nazismo, la autora escruta el comportamiento de su familia como epítome de la inmensa mayoría del pueblo alemán que contribuyó al Holocausto mediante la acumulación de pequeñas cobardías que habían creado las condiciones necesarias para el desarrollo de “los peores crímenes de Estado organizados que la humanidad haya conocido jamás”, explica Schwarz.

Quizás sea este el ejemplo más cercano que tenemos en la historia reciente que nos demuestra la importancia del comportamiento, aparentemente inocuo, de los indiferentes y socialmente individualistas que no se comprometen con nada y se mantienen en la indiferencia porque van a lo suyo -en falaz equidistancia- sin apoyar ni a tirios ni a troyanos. 

Cuando las tropas aliadas entran victoriosas en territorio nazi y descubren las atrocidades del régimen de Hitler se produce una catarsis de incredulidad mundial ante la aparición de aquellos seres humanos convertidos en esqueletos vivientes y de los horrores que relatan. La asunción de la culpa o, cuando menos, de la responsabilidad de todo un pueblo, evidentemente cómplice silencioso o partícipe de la locura del III Reich, ha sido un proceso largo y doloroso que todavía está por concluir y que afecta a toda Europa.

Hijo bienvenido de aquel desastre humanitario y criminal es el marco de la legalidad internacional, acuerdos e instituciones vigentes, diseñadas para buscar y mantener la paz a través del diálogo y los compromisos. Es lógico que se enciendan todas las alarmas, cuando vemos que todo salta por los aires con tres peligrosos y muy poderosos protagonistas que se destacan por su desacato manifiesto al statu quo mundial como hacen Trump, Netanyahu y Putin en estos tiempos. Que no nos extrañe la desesperanza y desazón que despiertan y contagian los furibundos belicistas con sus atronadoras amenazas que retumban en todos los medios de comunicación cada mañana y aterrorizan a los internautas durante las 24 horas del día.

Hoy comprendemos muy bien la depresión que embargaba a Stefan Zweig cuando, en carta al escritor Joseph Roth, confiesa en 1933: “Me siento muy oprimido. Mi amargura por la desgracia política me atormenta como un nervio inflamado. Temo por Austria, y la caída de Austria sería también, en lo más hondo, nuestro fin”. La negra premonición del judío austríaco se vería cumplida con el peor de los escenarios poco después.

En sistemas democráticos occidentales actuales, tenemos la suerte de que la sociedad civil se expresa mediante la opinión pública, el activismo y las movilizaciones. Así ha ocurrido frente a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los desmanes imperialistas y autoritarios del presidente de los Estados Unidos o la respuesta cívica y crítica ante el genocidio del gobierno de Israel contra los gazatíes, tras el atroz atentado de Hamás y secuestro de israelíes, el 7 de septiembre de 2023. Sin embargo, los autócratas siempre buscan mecanismos que acallan las protestas y, para ello, cuentan con múltiples recursos como las fuerzas del orden y algunos tribunales. En este caso, la eficacia de tales instrumentos de coacción palidece ante la colosal influencia de las redes sociales, que multiplican ad infinitum el poder de medios tradicionales.

Cuando, en octubre de 2023, Israel respondió al atentado de Hamás con una nueva guerra (la segunda después de Yom Kipur en 1973), emprendió una agresión de tal magnitud contra la población civil gazatí que ha sido reiteradamente calificada como genocidio por el empleo de tácticas de exterminio contrarias al Derecho Internacional. El Tribunal Penal Internacional y la ONU denunciaron los crímenes de lesa humanidad del Ejército israelí: asesinatos de niños y bebés, desplazamientos de 2 millones de personas, destrucción de hospitales, mezquitas y cementerios… Han sido acreditadas atrocidades que el mundo ha visto en el cine y la televisión, como la hambruna a causa del uso del hambre como castigo colectivo, asesinatos de menores a sangre fría, sin olvidar el bloqueo del suministro de agua y la ayuda humanitaria. 

Personalidades del mundo de la cultura, el cine, el ecologismo y la política participaron el año pasado en una iniciativa propagandística contra la guerra, -convocada por organizaciones humanitarias- y se embarcaron en la “Global Sumud Flotilla” que, el 1 de septiembre del 2025, inició su singladura. La flotilla solidaria con el pueblo palestino concitó el apoyo de 42 países con activistas que pretendían romper el aislamiento de ayuda humanitaria a Gaza. La iniciativa tuvo una enorme repercusión y recibió una solidaridad asombrosa por cada puerto por el que pasaba desde donde se despedía y celebraba esta manifestación marítima al grito de “Gaza no estás sola”. Aunque los barcos fueron bloqueados antes de lograr su objetivo y los activistas detenidos y deportados, la flotilla constituyó el mayor éxito propagandístico y mediático de las protestas contra el genocidio.

Gracias a periodistas y cooperantes que transmitían al mundo lo que estaba ocurriendo en esa franja de Gaza, las gentes decentes de las democracias se rebelaban y denunciaban el horror y las matanzas con diversas manifestaciones y protestas. Los gobiernos empezaron a darse cuenta de que no podían permanecer por más tiempo en la equidistancia de la culposa indiferencia y surgieron nuevos gestos diplomáticos contra Israel aumentando. Se multiplicó el número de países a favor de un estado palestino en convivencia pacífica con Israel. 

El resultado de las atrocidades del gobierno de Netanyahu empezaba a volverse en su contra hundiendo en el abismo su imagen de víctima. Pero Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, acudió en su ayuda y se sacó de la manga -el pasado mes de octubre- un bonito Plan de Paz que incluía un engañoso alto el fuego. Un cese de hostilidades que no ha sido tal porque se estima que el ejército de Israel ha matado a 700 palestinos desde entonces, además de bombardear a la población civil del Líbano y seguir apoyando las ocupaciones de colonos en Cisjordania.

No hay duda de que el Plan de Paz ha sido un rotundo éxito para sus promotores. El llamado alto el fuego de octubre ha conseguido lo que Israel necesitaba: el silencio internacional y el aislamiento completo de la población gazatí. Confinados en una estrecha porción del territorio, la población continúa sin alimentos, agua, ayuda humanitaria o sanitaria. Los periodistas y el personal sanitario local han sido asesinados y no está autorizada la entrada a Gaza de la prensa internacional. Ya no tenemos imágenes que desde el interior se enviaban a fotoperiodistas y corresponsales extranjeros. No sabemos qué está pasando allí dentro. 

La guerra de Trump contra Irán y el coincidente ataque de Netanyahu al Líbano terminaron por completar la maniobra. El impacto de esta nueva guerra -de tintes dramáticos por sus protagonistas y el impacto económico mundial- ha terminado por desplazar a Gaza del interés mundial. Primero, desapareció de las portadas, después de las noticias y, posteriormente, de las preocupaciones de la ciudadanía. Los poderosos han cubierto con un tupidísimo velo lo que está pasando en Gaza, donde millones de personas siguen sufriendo la tortura de una limpieza étnica que nadie parece poder impedir. 

El pasado domingo zarparon de varios puertos del Mediterráneo naves que a estas horas navegan formando una nueva otra Global Sumud Flotilla, con 3000 activistas de un centenar de países en singladura hacia Gaza. En esta ocasión, cuentan con la veteranía de Greenpeace y Open Arms para establecer un corredor humanitario de ayuda a Gaza. Esta pertinaz flotilla supone la mayor intervención civil coordinada que se ha organizado en apoyo del pueblo palestino. Sin embargo, casi nadie lo sabe. Apenas ha tenido reflejo en los medios de comunicación. No hay cabida en los periódicos ni minutos de televisión para hablar de Gaza. Esta flotilla, más numerosa, mejor organizada y preparada que la anterior, ha sido despedida con indiferencia. La ciudadanía está angustiada por otra guerra, por su economía y por lo que pueda venir. Me pregunto si nos llamarán Mitläufer cuando, algún día, las tropas aliadas entren en Gaza y descubran lo que está ocurriendo allí.

Las crónicas describen un nivel apabullante de incompetencia en Jared Kushner, yerno de Donald Trump. Fue su enviado especial para negociar con Irán en la primera fase, pero han empezado a apartarlo. Encuentro cierto placer vengador en leer estas cosas. Kushner era un agente inmobiliario de postín, sin experiencia diplomática, hasta que su suegro le encargó resolver guerras. Hace dos semanas, en una reunión de inversores en Arabia Saudí dijo: “La paz no es muy distinta de los negocios”. Para él, vender un ático en la Quinta Avenida es lo mismo que gestionar un enfrentamiento histórico, cuajado de trauma, desconfianza y dolor. 

Hay una corte de leales a Trump -también en España- que niegan la complejidad del mundo y se están dando de bruces con la realidad. El negacionismo, patrón epistemológico de la ultraderecha global, no es un error, es como ven las cosas. Viven en sus alucinaciones y sólo quieren que les den la razón. Comparten aquella visión atribuida a Karl Rove, asesor de George Bush hijo: “Somos un imperio y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad”. 

En España esta epistemología imperial y la incuria que la acompaña tiene aprendices extremeños. El próximo vicepresidente, Óscar Fernández, no sabe decir el nombre de la consejería que gestionará: tuvo que leerlo ante la prensa. Vox ha incorporado al acuerdo la idea de que los problemas de vivienda y servicios públicos en Extremadura se solucionarán postergando a los extranjeros. Es su estrategia nacional. La realidad representa un pequeño problema: los foráneos con sólo el 4% de la población en Extremadura.

Algunos votantes compran el discurso porque la explicación más simple entra con mayor facilidad en nuestros cerebros saturados de tanto escrolear. Sin embargo, la realidad tiene esa textura de los caramelos masticables: la tratas de engullir rápido y se te pega a las muelas. Tienes que acabar metiéndote la mano en la boca. Es lo que hace Trump estos días: la realidad es vengativa y la ha tomado con él.

El Papa, en cambio, es un hombre de otro tiempo. No tiene prisa. Sabía desde que llegó que tendría que confrontar con Trump. Y ha ocurrido. Como buen católico acumula sobre sus espaldas dos mil años de big data sobre los conflictos de la humanidad: el trauma, la desconfianza y el dolor. Todo lo que desprecia el andamiaje epistémico de la ultraderecha forma parte del conocimiento fundacional de León XIV. Sabe bien de qué habla cuando dice que “el mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos”. 

La idea de la paz como negocio naufraga en Irán. Y la paz como filosofía de vida ha asomado orgullosa esta semana. Las dos visiones, encarnadas por los dos norteamericanos más poderosos globalmente, han generado un terremoto político. La paz como principio político ha sido ensalzada también en la Global Progresive Alliance. De Hungría a Ormuz, pasando por Barcelona, la izquierda mundial ha degustado la esperanza. Y por fin piensa habemus Papam.

Aunque la paz no es negocio, negociar da mucha paz. María Guardiola lo ha aprendido al precio de perder su identidad política y su autoridad frente a Génova. Pero la incompetencia de la ultraderecha no es accidental, sino un error de diseño: si buscas sólo leales, no tendrás talento. Es lo que le sucede al Vox de Abascal.

Su acuerdo con el PP abusa de la ambigüedad estratégica. Abascal ha colocado el concepto de “prioridad nacional” en el papel y lo ha vociferado en los mítines. La realidad es que el mismo documento del acuerdo diluye su entidad. Los recursos públicos se procurarán asignar -asegura el papel- “a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Eso incluye a muchos extranjeros. Abascal ha logrado una victoria conceptual que, como niega la realidad, necesita una retórica grandiosa.

Vox asistirá en los próximos días a un bautizo y a un funeral. El funeral será en Chipre, donde Viktor Orban acude a su última cena del Consejo Europeo. El bautizo tendrá lugar en Mérida, donde nacerá un nuevo vicepresidente autonómico ultra.

La ultraderecha global está desorientada y España ha contribuido a ello: la cumbre de la Alianza Progresista Global que se clausura hoy en Barcelona es un ejemplo. Qué paradoja. La esperanza de los demócratas respira mejor en todo el mundo, justo cuando en nuestro país se fortalece la ultraderecha. Confío en que la pegajosa textura de los hechos los ponga pronto en evidencia: no se puede gobernar contra la complejidad de lo real.

La mayor gilipollez que se suele decir cuando la extrema derecha tiene cierto éxito es que ocurre porque la izquierda ha abandonado a la clase trabajadora y ha dejado de ocuparse de sus problemas materiales. Si algo ha dejado en evidencia la política de los últimos años es que a la extrema derecha solo le preocupan las cuestiones culturales como instrumento para garantizar los privilegios materiales de los que más tienen. Extremadura es el último ejemplo donde se busca un burka en Almendralejo para que los terratenientes puedan seguir explotando moros. 

En España hay mucho racista. Hay mucho racista para el que el racismo es el motor fundamental de su vida. Por eso para los racistas no sirven de nada los números que voy a dar, porque son racistas. Pero esos números sirven para desmontar esa gilipollez de que la izquierda no se ocupa de los problemas materiales y por eso se van hacia la extrema derecha que sí se ocupa de esos problemas, porque si algo ha hecho este gobierno, con mayor o menor fortuna por la coyuntura internacional, es poner en el centro de su política precisamente esas cuestiones materiales de la clase trabajadora. No como muchos quisiéramos, pero es indudable que eso ha sido nuclear en su política por encima de las cuestiones culturales. 

El acuerdo de gobierno de PP y Vox, el acuerdo racista, ha propuesto prohibir en espacios públicos que las mujeres porten burka o niqab. Una demanda popular histórica extremeña, por delante de su derecho a un tren digno y unas infraestructuras del primer mundo, por fin ha sido puesta en el centro. Se acabó que las moras no puedan ir tapadas, estén donde están aunque nadie haya visto una. Para entender la necesidad de esta medida hay que conocer una serie de datos que contextualicen hasta qué punto Vox se ocupa de problemas inexistentes que tienen como único objetivo alimentar pulsiones racistas donde no hay problemas para capitalizar ese sentimiento de odio. 

En Extremadura hay una población aproximada de 20.000 musulmanes, bastante estable con pequeñas oscilaciones desde el año 2016. La mayoría de esa población se encuentra en Badajoz, Cáceres y Talayuela, con una población general en toda Extremadura de 1.065.000 habitantes. Los musulmanes suponen el 1,8% de la población, muy por debajo de la media nacional que está cerca del 5%. Extremadura es un territorio con una extensión de 41.635 kilómetros cuadrados, lo que supone que hay un musulmán por cada 0,46 kilómetros cuadrados. Si segmentamos la población musulmana más aún mirando solo a la población femenina, que es la potencial portadora de burka o niqab, tan solo existen 7.000 mujeres en una población de más de un millón de personas, lo que supone el 0,69% de la población. 

El gobierno de PP y Vox ha puesto en el foco una ley para perseguir y criminalizar a un colectivo que supone el 0,69% de la población. Así empiezan los pogromos. Pero podemos aún recortar más si hacemos una estimación. La mayoría de la población musulmana en Extremadura es de Marruecos, donde el burka no existe y el niqab es marginal. Así que atendiendo a la población existente, las características culturales y el uso de estas prendas en la población general, le he pedido a Claude que haga una estimación sobre cuál es el uso potencial de estas prendas en Extremadura. La Inteligencia Artificial de Anthropic ha considerado una estimación de uso del niqab de entre 5 y 20 personas y del burka de un total de 0 mujeres musulmanas. Es decir, la preocupación fundamental de Vox y el PP es atender y poner en el centro un problema que no existe. 

Para seguir contextualizando es más probable encontrarse con una especie en peligro de extinción crítico como el Águila Imperial, que mantiene 75 parejas reproductoras en toda Extremadura, la Cigüeña Negra, el Avetoro o el Desmán Ibérico. Es más probable encontrarse con especies casi desaparecidas de nuestra fauna extremeña que con una mujer musulmana portando por las calles de cualquier población extremeña un burka o un niqab. Como ya hemos dicho ninguno de estos datos servirá para convencer a un racista que deje de serlo y por eso este tipo de medidas seguirá produciéndose en partidos racistas como VOX que las proponen y en partidos racistas como el PP que las aceptan, pero no por ello tenemos que dejar de explicar que legislar sobre el burka en Extremadura tiene el mismo sentido concreto que preocuparse por la proliferación del leopardo de las nieves por La Siberia extremeña. Pero así funciona el odio y la irracionalidad, porque con una buena campaña de desinformación y propaganda puede que algunos piensen que por qué no va a haber por Herrera del Duque un animal que tiene como apellido “de las nieves” estando en La Siberia. No subestimen el poder de la idiocia. 

La agonía de Haití no se detiene. Cada día es una tragedia. El presente mes de abril no ha sido del todo malo, teniendo en cuenta que el país está casi completamente en manos de bandas violentas. Y aún así: comenzó con la masacre de unas 50 personas en la localidad de Jean-Denis y siguió con una estampida humana (por causas aún no esclarecidas) que el día 13 mató a unas 30 personas en la histórica fortaleza de Laferrière. Entre los días 13 y 15, las lluvias torrenciales causaron al menos 13 muertos y grandes destrozos.

Nada nuevo. El año pasado, la violencia de las bandas dejó tras de sí unos 6.000 muertos. Es imposible disponer de cifras exactas. La administración pública colapsó hace mucho tiempo y los cadáveres suelen ser quemados con neumáticos y enterrados rápidamente, para evitar infecciones.

El gran periodista español Ricardo Ortega murió en Haití el 7 de marzo de 2004. Se había refugiado con otras personas en un callejón de Puerto Príncipe durante el ataque de una banda. Entonces llegaron tropas de la fuerza de intervención estadounidense. Ricardo se asomó mostrando la cámara y gritando que era periodista. Un marine le disparó una ráfaga mortal.

Parecía que Haití había tocado fondo y que las tropas extranjeras, con toda su brutalidad, lograrían pacificar el pequeño país. Nada de eso. Aquella fuerza militar amparada por la ONU se marchó como había venido, sin otro éxito que aumentar el número de víctimas.

El 12 de enero de 2010, un terremoto causó, según cálculos más o menos oficiales, 316.000 muertos. Lean de nuevo la cifra, por favor. En otoño de ese año se extendió una epidemia de cólera. La rumorología culpó a un destacamento de soldados nepalíes y varios de ellos fueron linchados. Los haitianos viven en un estado permanente de terror y paranoia. Que la religión más extendida sea el vudú, tan abundante en magias y maldiciones, no ayuda.

El 14 de agosto de 2021 hubo un nuevo terremoto. “Solamente” 2.500 muertos, en esta ocasión.

El último presidente electo de Haití, Juvenal Moïse, fue asesinado el 7 de julio de 2021. Un grupo de mercenarios colombianos y estadounidenses entró en su residencia, simulando un operativo policial antidroga, y tras romperle varios huesos a golpes lo acribillaron a tiros. Se ignora quién ordenó el magnicidio.

El poder (muy limitado) quedó en manos de una serie de primeros ministros provisionales hasta que el último de ellos, Alix Didier Fils-Aimée, de 55 años, dueño de una cadena de tintorerías, se autoproclamó presidente hace dos meses.

Fils-Aimée contrató en 2025 los servicios de Erik Prime, antiguo propietario de Blackwater, la empresa de mercenarios que dejó en Irak un triste recuerdo. Prime prometió acabar con los líderes de las bandas usando drones. Pese a numerosos bombardeos desde el aire, con múltiples víctimas, ningún líder ha caído hasta ahora.

El gobierno controla, relativamente, una pequeña parte de la capital, Puerto Príncipe. El aeropuerto se usa de forma exclusiva para vuelos militares o paramilitares. El puerto está en manos del Rey Micanor (ese es su apodo), uno de los señores de la guerra que encabezan Viv Ansanm (Vivir Juntos en criollo), la confederación de bandas.

La nueva fuerza de intervención organizada por la ONU, compuesta por unos 5.500 soldados procedentes de Chad, Guatemala y Bangladés, no podrá desplegarse hasta el próximo otoño. La anterior fuerza de intervención apenas logró éxitos y fue acusada de perpetrar múltiples casos de violencia sexual.

En el país más pobre del hemisferio occidental, con una renta per cápita que no alcanza los 800 dólares anuales, pertenecer a una banda asegura la alimentación. A los señores de la guerra les cuesta poco reclutar jóvenes. Como una de las tácticas de las bandas consiste en hacer pasar guerrilleros por refugiados (hay 1,4 millones de desplazados en Haití) para infiltrarse en los barrios y atacar desde dentro, cualquier persona mínimamente sospechosa es objeto de linchamiento. Se vive en una continua paranoia colectiva.

Haití fue la primera república independiente del Caribe (1803). Y la primera república creada por esclavos que habían logrado sublevarse. Desde entonces no cesaron las desgracias. Tomó el poder Jean-Jacques Dessalines, un fanático que se proclamó emperador y ordenó la ejecución de todos los blancos. Una conjura de mulatos acabó con él. Hasta hoy, mulatos (identificados con la oligarquía) y negros (identificados con las clases populares) mantienen su enfrentamiento.

La que había sido la colonia más rica de Francia, gracias al azúcar, fue boicoteada por las principales potencias del siglo XIX. Los motivos, obviamente, eran raciales. Haití no logró salir de la pobreza. La pobreza engendró violencia y una sucesión de intervenciones militares, acompañadas de expolios, por parte de Estados Unidos.

Las dictaduras de François Duvalier (Papa Doc) y su hijo Jean-Claude Duvalier (Baby Doc), entre 1957 y 1986, acabaron de arrasar el país. Su brutal policía política, los Tonton Macoutes, está en el origen de las bandas: tras el fin de la dictadura, los antiguos policías se dedicaron a la delincuencia.

Durante años, el genial Antonio Fraguas, Forges, incluyó en un rincón de sus viñetas un mensaje invariable: “No te olvides de Haití”. No nos olvidemos.

Lo que está pasando en Vox es mucho más sencillo de lo que parece. Olvídense de un “colapso”, una balcanización, o incluso de una unidaspodemización del partido de Abascal, porque no va a ocurrir. Matizo: puede ocurrir, pero no es lo que va a ocurrir con mayor probabilidad. Lo que está por venir en Vox tiene dos caminos muy bien diferenciados y todo dependerá de si pretenden planear sobre el largo plazo o ejecutar un vuelo gallináceo para sacar a Sánchez del Gobierno en 2027.

En las últimas semanas han caído Javier Ortega Smith y José Ángel Antelo, entre otros. Esto forma parte de una estrategia en paralelo de Abascal para descabezar a las fuerzas locales y autonómicas del partido que pudieran convertirse eventualmente en barones como los que hay en el PP o en el PSOE; o sea, un esfuerzo dirigido a erigirse como única cabeza visible y plausible del partido. Con Ortega Smith y Antelo han caído también sus subordinados y seguidores a nivel autonómico y han sido reemplazados por gente más afín a la cúpula nacional; aquí es donde la mayoría de análisis, en mi opinión, caen en el error: no se trata tanto de una purga como de un castigo a la insumisión.

La estrategia de Vox de salirse de los gobiernos autonómicos en julio de 2024 les salió relativamente bien, porque consiguieron crecer electoralmente y demostrar a sus votantes que no iban a regalarle al PP las llaves de la gobernabilidad. Pero ocurre que cuando la política es espectáculo, hacer el mismo truco dos veces seguidas acaba aburriendo, aunque ese no es el problema. No el único, al menos, al que los ultraderechistas se enfrentan estos meses. En elDiario.es Murcia publicábamos hace unos días una pieza de investigación donde seguíamos la pista a Isidro Carrasco, portavoz de Vox en el municipio de Águilas, que, siendo edil de ese Ayuntamiento, había sido fichado también como asesor del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena. 

Tirando un poco del hilo de Carrasco, encontramos que, unos meses antes, había dado un puesto de libre adjudicación a la nuera de Carmen Menduiña, que a su vez es portavoz de Vox en Lorca y miembro del Comité Ejecutivo Provincial que dimitió en bloque para hacer caer a Antelo. Sé que puede parecer algo lioso, tanto nombre y tanto don nadie recolocado de aquí para allá como si Vox fuese una ETT, pero aquí viene la cuestión de fondo. Estos movimientos son, en esencia, una cadena de favores que se paga en forma de sueldos públicos; aunque sea cuestionable, no es ilegal, pero nos sirve para entender el motivo por el que en Vox está dimitiendo tanta gente, y que revela, además, su principal debilidad.

La estrategia de Vox de abandonar los gobiernos, ya sean autonómicos o municipales, más allá de su utilidad táctica (debilitar la posición de los populares), tiene un efecto colateral. Dicho en román paladino, estás pidiéndole a un mindundi del Ayuntamiento de, no sé, Retruécano del Caudillo, que renuncie a su puesto de concejal de festejos, fruto de las coaliciones con el PP y por el que le retribuyen treinta mil pavos anuales, únicamente por una cuestión de estrategia de partido. Y claro, aparecen los díscolos.

El PP -y el PSOE- se pueden permitir pedir a sus peones hacer estos sacrificios porque son partidos-empresa gigantescos y, si hoy te quito el sueldo del Ayuntamiento, mañana te pongo otro de asesor, te contrato en el partido, te llevo a Europa o ya veremos qué hacemos para no dejarte tirado. Vox no puede. 

Aquí está el nudo gordiano. No tienen suficientes puestos, ni suficiente dinero, ni suficiente estructura para reciclar a todos los que sacrifican algo por el partido. Cuando pides a alguien que abandone un puesto remunerado en un Ayuntamiento, dejas de tener herramientas para mantenerlo leal. Y eso es exactamente lo que está sucediendo: los que se van no se van porque ideológicamente desacuerden con Abascal, sino porque Abascal les está pidiendo que renuncien a su fuente de ingresos sin poder ofrecerles nada a cambio. Sobre todo cuando son conscientes de que Abascal está vampirizando la economía del partido al completo. Son divorcios económicos, no políticos. 

La purga de Ortega Smith y Antelo, visto desde esta óptica, tiene otra lectura. No solo es un acto de centralización del poder, también es una respuesta desesperada a un problema existencial: si no elimina a los que tienen capacidad de cuidar de sus gentes iba a perder el control sobre las bases del partido. Mejor descabezarlos que permitir que florecieran como alternativas.

La ironía de todo esto es que Abascal ha elegido ganar en corto plazo mediante la centralización total de los recursos políticos para las elecciones de 2027 a costa de garantizar su derrota en el largo plazo. Ha sacrificado la estructura del partido por el control de las bases; ha intercambiado la durabilidad por la toma de poder inmediata. Si gana en 2027, tal vez la maniobra le merezca la pena. Pero si falla, cuando en 2027 vea que sus sacrificios no han servido, descubrirá que ha quemado todos los puentes que lo mantenían vivo. Y no va a ganar porque Feijóo no sabe por dónde le da el aire, y ellos han pasado demasiado tiempo a la sombra de Trump y de Israel. Vox habla de sí mismo como un partido que no tiene techo, cuyo movimiento social, su pendulazo, no tiene vuelta atrás, pero sí la tiene. La verdadera debilidad de Vox es estructural y es irreversible.

Se acaba de publicar el acuerdo firmado por el Partido Popular y VOX para gobernar conjuntamente en Extremadura. La presidenta Guardiola, que hace poco decía que no podía dejar entrar en el gobierno a quienes deshumanizan a los inmigrantes, no solo lo ha hecho, sino que se ha sumado a ello.

El acuerdo es xenófobo. Sin duda. No por las medidas que prevé, sino por el lenguaje que utiliza y las ideas que evidencia. Cualquier jurista que lo lea entenderá inmediatamente que tanto VOX como el Partido Popular querrían adoptar toda una serie de normas que implican una discriminación por razón de origen, religión o raza. Pero no lo van a hacer en Extremadura. Esencialmente porque ninguna de ellas es competencia de la comunidad autónoma. En ese sentido, la única manera de aplicar en esa región el programa excluyente de los ultras que ahora ha asumido también el partido conservador sería saltándose la ley. Como los firmantes -que no son tontos- lo saben, el texto del acuerdo está lleno de requiebros y medias palabras que demuestran que efectivamente, desde el punto de vista jurídico es tan solo papel mojado.

Efectivamente, el documento firmado tiene mas forma de folleto propagandístico que de un programa de gobierno. Literalmente, el compromiso en la mayoría de puntos es ‘instar’ o ‘exigir’ al gobierno de España a cambiar las normas; ‘trabajar activamente’ para conseguir sus objetivos. A lo sumo, ’poner el máximo celo’ en determinadas cuestiones.

Un buen ejemplo está en los relativo al reparto de menores inmigrantes tutelados por el Estado. El real decreto que regula la materia establece un mecanismo de ejecución forzoso, de modo que las comunidades autónomas no pueden negarse a recibir a un menor. El acuerdo firmado entre ultras y conservadores, recalca que la junta de Extremadura se opondrá a este reparto “por todos los medios legales, jurídicos y políticos”, especialmente no participando en reuniones destinadas a reformar o aplicar el sistema. Es decir, en la práctica toda esa oposición se plasmará en una declaración indignada por la que la junta dirá que se opone al reparto. Con eso se habrá cumplido el acuerdo, incluso aunque Extremadura continúe aplicando la ley y acogiendo a los menores que se le asignen.

Tampoco hay prevista ninguna medida que venga a modificar las normas de empadronamiento. Más allá de los titulares que leemos estos días, lo máximo a lo que se comprometen los nuevos gobernantes extremeños en este punto es a pedir al gobierno que reforme la ley de bases del régimen local. Y ya se sabe lo que hay contra el vicio de pedir…

Uno de los principales hallazgos propagandísticos de este acuerdo es la inclusión de expresiones de dudosa eficacia jurídica que dan a entender la posibilidad de adoptar normas discriminatorias. Así en los apartados referidos a la vivienda y la seguridad, se habla del “principio de prioridad nacional”. Sin embargo, al leer la letra pequeña del acuerdo, este principio se traduce tan solo en exigir un tiempo de empadronamiento previo en Extremadura para acceder a determinados servicios, como vivienda protegida. Esa restricción no afectará necesariamente a extranjeros, sino a cualquier ciudadano que se traslade a vivir a esa comunidad autónoma. Más aún, conscientes de que eso dificulta el retorno de los extremeños, que emigraron a otros lugares, se modera con el criterio de que también se puede acceder si se tienen familiares viviendo ya en Extremadura. Aplicado a los residentes extranjeros viene a ser una especie de procedimiento de arraigo o unificación familiar. Nada que se oponga a las leyes españolas en materia de inmigración; más bien lo contrario.

Incapaces de negar demasiado la evidencia, en otro punto los firmantes reconocen que la junta de Extremadura tiene “limitadas competencias ”para, promover acuerdos con países de origen. Así, a lo largo de todo el texto, hay compromisos de fomentar, promover, intentar, o similar. Se han aprobado directrices comunes políticas pero no jurídicas. No estamos ante un acuerdo que se vaya a concretar en gran medida en normas extremeñas en vigor, sino en posicionamientos de su gobierno. Básicamente la señora Guardiola se compromete a defender frente al gobierno de la nación y a su propio partido, los posicionamientos xenófobos de Vox en materia de inmigración.

Siendo rigurosos, sí es cierto que en un puñado de apartados se habla de medidas concretas que adoptará el gobierno o el parlamento extremeño. Sucede así, sobre todo, en materia de protección al medio ambiente que es competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Lamentablemente, los partidos firmantes quieren cambiar las leyes de protección ambiental, de caza, de pesca y de espacios naturales, siempre fomentando el desarrollo desaforado y reduciendo la garantía del medio ambiente. Ahí podrán causar daños irreversibles. Sin embargo, en materia de migraciones y extranjería, por ahora, la falta de competencias hace imposible que desde Extremadura se amenace a la igualdad y los derechos humanos.

Esta vez disparan las salvas con munición de fogueo, pues. Pero estos fuegos artificiales son un anuncio de lo que podría pasar si tras las elecciones generales, se llegara a un acuerdo similar en el gobierno de España. Lo que anuncia ahora el Partido Popular es que está dispuesto a poner en marcha una legislación extremista y xenófoba si algún día su líder llega a la Moncloa. En este sentido, las aspiraciones que se reflejan en el acuerdo van mucho más allá de lo que prevén las normas en vigor en la mayoría de países europeos. Las reglas sobre inmigración y extranjería que le gustaría aplicar a la alianza entre populares y VOX solo tienen parangón, si acaso, en las de gobiernos extremistas, como los de Hungría o Polonia.

Más allá, las ideas que de pronto ha abrazado el que hasta ahora era un partido conservador democrático (de centroderecha, en su propia denominación) son en gran medida inconstitucionales. Algunas ideas que no se ha atrevido a plasmar de modo vinculante en el acuerdo, pero que defienden al presentarlo públicamente suponen una auténtica discriminación por origen prohibida por la constitución.

Si el partido popular en esta nueva deriva xenófoba llegara al poder en próximas elecciones generales, solo podría aplicar este programa que ahora anuncia modificando previamente la Constitución y reduciendo el ámbito de protección en España de los derechos fundamentales. Está por ver si se atreverán a tanto, pero este acuerdo anuncia un cielo muy oscuro para los derechos humanos en nuestro país.

El acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar en coalición la Junta de Extremadura no es una deriva ideológica más, es una quiebra de nuestro modelo constitucional. No estamos ante un programa político con el que disentir, estamos ante una arquitectura de exclusión y violencia institucional que reproduce, con perversión inquietante, las políticas que Donald Trump ha instalado en Estados Unidos. Un sistema que legisla para discriminar, que decide quién merece la protección del Estado y quién no. Ahora son las personas migrantes, mañana, las racializadas. Después, las personas con discapacidad, las comunidades gitanas, las disidencias sexuales... La exclusión es solo un primer paso de la dominación, la opresión… de la violencia. 

Los líderes de Vox celebran públicamente el acuerdo como “un hito histórico” y alardean de que esta es la primera vez en la historia política española en que la que se institucionaliza la discriminación entre españoles e inmigrantes en la planificación de las políticas sociales. El eje del acuerdo es la llamada “prioridad nacional”. No es un simple criterio de gestión administrativa, es la institucionalización de una jerarquía de derechos, de vidas. Es la legalización de la violencia institucional. El acuerdo plantea un sistema en el que el acceso a derechos sociales, económico y culturales como las prestaciones, la vivienda o los servicios públicos quede condicionado en función del origen, del arraigo o de la “vinculación con el territorio”. Distinguir entre quién merece derechos y quién no tiene un nombre preciso en nuestro ordenamiento: discriminación.

El artículo 14 de la Constitución no deja margen a la ambigüedad. La igualdad ante la ley no admite ciudadanías de primera y de segunda. Para hacer lo que propone Vox no basta reformar la Ley de Extranjería, como se compromete el PP; habría que cambiar la Constitución. Es más, con este acuerdo, ambos partidos tensan también la Ley Orgánica de Partidos Políticos, cuyo artículo 9 establece que los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades, debiendo respetar la Constitución y la ley, al tiempo que su actividad deberá ajustarse a los principios democráticos. Este acuerdo ni los representantes políticos que lo promueven, no respetan la Constitución, y este acuerdo representa una actividad que no se ajusta a los principios democráticos.

Las medidas concretas revelan la magnitud del problema. Vox sabe (como lo sabe el PP) que hay conflictos de competencias insalvables y claros vicios de inconstitucionalidad en lo que dicen que harán. Pero su intención va más allá de ocupar gobiernos. Quieren ocupar las mentes, corromper la convivencia, lograr que lo que hoy resulta inadmisible empiece a parecer razonable. Porque una vez introducido el principio de “prioridad nacional”, lo que se erosiona no es solo el acceso a determinados derechos, sino el fundamento mismo de la igualdad. Se instala la idea de que hay personas más legítimas que otras para ser protegidas por lo público. Y cuando eso ocurre, la exclusión (la limpieza) deja de percibirse como una vulneración de derechos y empieza a justificarse como una opción política más.

El veto a la asistencia sanitaria a personas en situación irregular es directamente ilegal. El Tribunal Constitucional ya lo resolvió. La atención sanitaria, incluida la de urgencia, es un derecho subjetivo que ninguna norma autonómica puede retirar y el TC ya lo ha blindado. Vincular el acceso a vivienda y ayudas públicas al arraigo o al empadronamiento prolongado contradice frontalmente los artículos 13 y 14 de la Constitución y la Ley 15/2022, que prohíbe expresamente la discriminación por origen nacional o étnico. El requisito de cinco a diez años de empadronamiento continuado para acceder a vivienda protegida es lo que la Directiva 2000/43/CE define como discriminación indirecta, es decir, una medida aparentemente neutra que produce un impacto desproporcionado sobre personas de origen extranjero, sin justificación objetiva ni proporcionada. La prohibición del burka y el niqab en espacios de prestación de servicios públicos vulnera el artículo 16 de la Constitución y discrimina a un colectivo singularizado por religión, etnia y origen. La supresión del programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí choca con el artículo 27 de la Constitución y con compromisos bilaterales con Marruecos.

Pero es en el tratamiento de la infancia migrante donde el acuerdo muestra con mayor claridad su ruptura con el Estado de Derecho. Plantear la devolución de personas menores de edad no acompañadas excede las competencias autonómicas y vulnera principios básicos del ordenamiento español e internacional. El interés superior del menor, la prohibición de devoluciones automáticas y el deber de protección de la infancia en situación de desamparo son obligaciones jurídicas vinculantes, recogidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por prácticamente toda la comunidad internacional (con la excepción de Estados Unidos y Yemen) y plenamente integrada en nuestro sistema jurídico. La infancia no puede ser tratada como un instrumento de control migratorio. La experiencia reciente lo confirma. En julio de 2021, los intentos de devolución de menores desde Ceuta fueron paralizados por los tribunales precisamente por incumplir estas garantías básicas.

Hay además una dimensión que va más allá de la inconstitucionalidad de cada medida, y es valorar el potencial de este acuerdo como discurso de odio institucional. El artículo 510.1a del Código Penal protege frente a quien fomente o incite la discriminación por origen nacional. El TEDH tiene establecido que para que exista discurso de odio no hace falta incitar explícitamente a la violencia, basta con incitar a la discriminación o ridiculizar a partes de la población. Es exactamente lo que el Tribunal aplicó en el caso Féret contra Bélgica, donde condenó a un político de extrema derecha por un discurso xenófobo dirigido a restringir derechos de personas migrantes. Cuando desde Vox se califica la discriminación entre españoles e inmigrantes de “hito histórico” y “eje estratégico” se producen declaraciones que, bajo ese estándar y el del artículo 510.1a del Código Penal, podrían sustentar una denuncia ante la Fiscalía Delegada en Delitos de Odio. 

Pero el problema no es únicamente Vox. El problema es que el Partido Popular ha decidido asumir ese marco como propio. La extrema derecha ya no es una fuerza que presiona desde fuera, es una lógica que se integra en un gobierno autonómico. Por eso es muy importante que tengamos claro que pasar de la igualdad jurídica a la preferencia identitaria no es compatible con la Constitución y que la respuesta jurídica existe (recursos de inconstitucionalidad, conflictos de competencias, impugnaciones contencioso-administrativas). También es necesario que tengamos claro, que el daño más inmediato y profundo de este acuerdo no es lo que dice que prohibirá, recortará o derogará, es el marco mental que instala en la ciudadanía, en el pueblo español. 

Pero el problema no es únicamente Vox. El problema es que el Partido Popular ha decidido asumir ese marco como propio y, al hacerlo, lo legitima y lo amplifica. La extrema derecha deja de ser una fuerza que presiona desde fuera para convertirse en quien dicta la lógica de un gobierno con un programa que sus electores no votaron, para eso ya hubieran votado a Vox. El PP es el que está desplazando el umbral de lo aceptable, el que está tensionando la Constitución y el propio sistema con tal de permanecer en el poder. Porque el daño más profundo de este acuerdo no es solo lo que pretende prohibir, recortar o expulsar, es el marco narrativo, de creencias y no-convivencia que instala. Es la idea de que se puede discriminar, excluir, prescindir de vidas. Ese es el verdadero peligro, sustituir el interés general que define a un Estado social y democrático de Derecho por una lógica de “prioridad nacional” que convierte los derechos en privilegios. Es renuncia al artículo 10 de la Constitución que dice que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.”

Hay decisiones políticas que no solo cambian políticas públicas, sino que tensionan de forma deliberada los fundamentos del orden jurídico. El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura introduce una de ellas: la llamada “prioridad nacional” en el acceso a prestaciones. No es un matiz programático, sino un planteamiento con profundas implicaciones jurídicas y políticas, porque cuestiona el principio sobre el que se ha construido el Estado social: la igualdad en el acceso a derechos en función de la necesidad.

La cuestión es directa: ¿puede el acceso a servicios públicos —sanidad, vivienda, ayudas— condicionarse por la nacionalidad o el arraigo? La respuesta, en términos jurídicos, es muy limitada y acaricia la ilegalidad. El artículo 14 de la Constitución consagra el principio de igualdad y prohíbe la discriminación, mientras que el artículo 41 configura un sistema de protección social basado en la necesidad. A ello se suma el marco europeo, que restringe cualquier exclusión sistemática. Y existe un límite adicional: muchas de estas materias exceden las competencias autonómicas, lo que abre un conflicto directo con el Estado.

Aquí es donde la “prioridad nacional” introduce un salto cualitativo. No se limita a modular requisitos administrativos, sino que establece una preferencia estructural basada en la pertenencia. Desplaza el eje desde la necesidad hacia la identidad. Y ese desplazamiento no solo tensiona la Constitución, sino que abre la puerta a su impugnación judicial.

Las consecuencias son previsibles. Si estas medidas se desarrollan normativamente, se activará una dinámica de conflicto institucional con el Gobierno central y de control por parte de los tribunales. No es un escenario hipotético, sino el funcionamiento ordinario del Estado de derecho. Y tiene derivadas personales: quienes firmen decisiones contrarias al ordenamiento pueden enfrentarse a responsabilidades jurídicas.

Pero el alcance del cambio no es solo jurídico. Es también político. En Extremadura, la inmigración no es un capítulo de tres páginas: es el marco. Aunque ocupe una parte limitada del documento, la lógica de la “prioridad nacional” se proyecta sobre vivienda, ayudas y sanidad. Es, en la práctica, una “lepenización hispánica” del programa de gobierno: la traducción española del llamado “chovinismo de bienestar” que defiende Marine Le Pen, donde el acceso a derechos se redefine en función de criterios identitarios.

No estamos ante medidas aisladas, sino ante un programa que ordena el acceso a derechos en función del origen. Un desplazamiento que encuentra paralelismos en la Hungría de Orbán, donde la ley dejó de operar como garantía universal para convertirse en instrumento de diferenciación. No es casualidad que el Parlamento Europeo calificara en 2022 al país como un “régimen híbrido de autocracia electoral” y que la Comisión Europea activara por primera vez el mecanismo de condicionalidad, congelando miles de millones de euros en fondos europeos por vulneraciones del Estado de derecho.

La historia europea del siglo XX ofrece, además, advertencias claras sobre los riesgos de institucionalizar jurídicamente la segregación. Las Leyes de Núremberg marcaron el momento en que la desigualdad dejó de ser social para convertirse en legal. No es una analogía directa, pero sí un recordatorio incómodo de hasta dónde pueden evolucionar estas lógicas cuando el derecho deja de proteger a todos por igual.

Esto interpela directamente al PP. Asumir este enfoque no es un ajuste táctico, sino un desplazamiento estratégico. Supone acercarse a posiciones que tensionan su tradición constitucional y europeísta y lo sitúan en una lógica de fricción con los límites del sistema. La urgencia por asegurar gobernabilidad se convierte así en un vector de riesgo: el de deslizarse hacia una forma de rebeldía legal que erosiona su perfil como partido de Estado.

En el caso de Vox, la lógica es distinta. No hay contradicción, sino coherencia estratégica. La “prioridad nacional” cumple una función política clara: señalar, estigmatizar y reforzar una identidad basada en la exclusión. Convertir ese marco en política pública le permite presentarse como un actor eficaz.

A ello se suma una dimensión práctica que suele quedar en segundo plano: el coste económico e institucional. La experiencia reciente en la Comunitat Valenciana es ilustrativa. Allí, la confrontación con el Estado por la normativa aprobada por PP-VOX ha derivado en una creciente judicialización: cerca de 400 procedimientos anuales y un coste superior a 316.000 euros, además del refuerzo de estructuras administrativas para gestionarlos. Cuando la acción política se orienta hacia el conflicto sistemático con el marco jurídico, el resultado no es solo ideológico: es también administrativo y presupuestario. Se tensionan recursos, se ralentiza la gestión y se erosiona la seguridad jurídica.

La pregunta, por tanto, no es únicamente si estas medidas son viables jurídicamente —que presentan serias dudas—, sino qué modelo de Estado y de democracia dibujan: uno en el que los ciudadanos dejan de ser iguales ante la ley.

Justo cuando la extrema derecha es desbancada del poder en Hungría con un gran efecto dominó, Vox decide hacer una exhibición de fuerza que el PP le compra con profesión explícita de fe ultra. Los húngaros han tenido 16 años para sufrir las políticas neofascistas y hartarse al punto de obviar cualquier otra cosa que no fuera echar a Orbán. No le van tampoco las cosas demasiado bien, precisamente, al gran motor del desasosiego actual que es Donald Trump. Y se está demostrando que el presidente estadounidense es ya un lastre para los partidos de ultraderecha europeos. Más aún, algunos medios internacionales lo califican de “tóxico”.

El contexto no favorece, pues, a Vox en absoluto. Con Orbán desaparece una poderosa fuente de financiación para ellos. Encontrarán otra, sin duda, al menos mientras las fuerzas que promocionan los fascismos lo sigan viendo rentable, pero ha de buscarse las castañas de nuevo para llenar ese capítulo esencial. Y, en estas circunstancias, Vox se lanza en plancha a demostrar quiénes son. España tuvo, retuvo y olvida su pasado rotundamente fascista. Y no está erradicado. La policía parece tolerar la violencia que empieza a desplegar Vox en las calles, con efectivos que usan armas ilegales como acaba de ocurrir en Granada en un suceso en extremo preocupante que compete al Ministerio del Interior aclarar y erradicar sin demora

No es el único hecho preocupante protagonizado por miembros de Vox. El Congreso se espanta pero no hace gran cosa cuando un diputado de ese partido -juez por más señas- se encarama a la tribuna de la presidencia para abroncar a su vicepresidente. Y, como si el PP no fuera consciente de toda esta situación, cierra pactos con Vox en las autonomías que Feijóo se apresura a aceptar porque les vale más una silla de poder que la dignidad. 

No me digan con todo lo que le hemos oído a María Guardiola en Extremadura, con todo lo que le dijeron sus entonces potenciales socios de Vox tan humillante, que salga a contar que “ha ganado la democracia” con ese pacto de gobierno lleno de cesiones. Paremos aquí un momento y veamos. En plena negociación, el líder de Vox dijo: “Guardiola fue presidenta [en 2023] porque a Vox le dio la gana. Y si hay nueva presidenta, dios dirá porque estamos en manos del altísimo, será porque le dé la gana a Vox. Ni más ni menos”. Puedo asegurar que pocas personas no preferirían poner un puesto de hortalizas a ras de calle para ganarse la vida, por poner un caso, antes que gobernar así.

Remarquemos la tragedia que se da hoy y que se presume tendrá continuidad en Aragón y Castilla y León, pendientes de pactos entre PP y Vox para gobernar. En el peor momento de la extrema derecha en mucho tiempo el Partido Popular se lanza en brazos de Vox revitalizando la ultraderecha española. Y suscribiendo sus postulados. A conciencia. Todavía me cruje el estómago cuando pienso en la frase que soltó Feijóo, presidente del PP, hace ya varios días. Acusó a Sánchez de regularizar inmigrantes “a granel”. No necesito explicar la deshumanización que conlleva hablar de las personas como productos “a granel”. Es más que una frase desafortunada, eso no se dice sin tenerlo interiorizado.

Y así, ese pacto de la vergüenza extremeño engrandece el racismo. Estipula restricciones a los emigrantes que vulneran varios artículos de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y propone otros que ni siquiera son competencias autonómicas. De ahí que anoten argucias, casi eufemismos, tales como “se exigirá al Gobierno” o “se instará a modificar la ley”. La de Extranjería que habría prometido modificar Feijóo a Abascal. Y ni siquiera sabemos a qué puede dedicarse una consejería de Desregulación que dan a Vox y que no existe en parte alguna de España o de Europa. Parece ser que a suprimir leyes y normas.

Es evidente, sin embargo, que, legal o ilegal, van a hacer de Extremadura primero, y luego de los demás territorios, de España entera si pueden, cotos con restricciones sanitarias, educativas y proclives a atentar contra la dignidad de las personas, incluida la infancia. Un coto a evitar.

Algunos medios de su esfera hablan de que PP y Vox “se han dado otra oportunidad”, o titulan “Sánchez amenaza con ”recurrir con toda la fuerza del Estado“ la ”prioridad nacional“ exigida por Vox en Extremadura” cuando se trata de una medida anticonstitucional. También informan de que -¡albricias!- no han tocado feminismo y políticas LGTBi. De momento.

Seguro que van a por ello, como irán a por las pensiones, una vez iniciada ya a todo trapo la campaña gerontófoba en los medios y que ellos osan llamar Gerontocracia. Pero eso lo dejamos para otro rato que bastante tenemos hoy. Un día en el que solo invada las noticias una tormenta y no el habitual diluvio universal.

El espíritu racista, clasista, de supremacismos varios, fascista en definitiva, existe, pero se entiende mal su inoportunidad política cuando la tendencia se revuelve ya contra la impronta marcada por Trump y su séquito. Estos ya le piden hasta explicaciones teológicas al Papa que le niegas el plácet a sus guerras ilegales. Debe ser esa desesperación que refleja Feijóo en cada intervención pública por no tener la presidencia del gobierno que soñó en la Moncloa.  Un gesto continuamente crispado que expulsa odio por cara poro de la cara.

No este viernes, al lado de María Corina Machado. Se mostraba pletórico ante una dirigente venezolana a la que llamó vencedora de las elecciones, a las que no se presentó. Un respiro pues para la derecha-ultra-derecha española que recibe y condecora a la opositora María Corina Machado, de visita en España para recibir esos honores de Feijóo, Abascal, Ayuso y Almeida con, lo nunca visto con líder extranjero alguno, manifestación popular el sábado y todo. Hasta le imponen esas medallas de Madrid repartidas entre afines. El fin de semana tendrá también en Barcelona a Pedro Sánchez, con Lula Da Silva y otros líderes progresistas en la Cumbre Mundial de líderes progresistas. La Nobel de la Paz que cedió su premio a Trump rechazó la invitación de Moncloa para entrevistarse con Sánchez. Dice que no es oportuno, ella ha venido a otra cosa. Habrá que ver las portadas de papel. O no. Ya no, ya vale.

“Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”. Esta es una frase del crítico Fredric Jameson pero conocida a través de Mark Fisher, un filósofo y escritor británico, discípulo de Nick Land, quien sí cree estar en camino de alcanzar la superación del capitalismo industrial pero por caminos distintos a los que ambos imaginaban en los años noventa. Fisher, si viviera –se suicidó en 2017– no compartiría, probablemente, la evolución de su maestro. 

En aquel tiempo, en el departamento de filosofía de la Universidad de Warwick, Land creó junto con su compañera de cátedra, Sadie Plant,  la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética (CCRU, por sus siglas en inglés) y convocaban tanto a universitarios como a artistas y filósofos que vislumbraban en la tecnología digital una nueva revolución. En estos encuentros, en los que abundaban las anfetaminas y sonaba música jungle, se teorizaba sobre el advenimiento de la Inteligencia Artificial que, según la mirada de Land, permitiría la extinción del capitalismo.

El apocalipsis virtual formaba parte de ese final pero, por entonces, sobrevino el de Land ya que, el exceso de drogas le provocó un colapso y la ruptura total con las convenciones académicas llevaron a la universidad al cierre del CCRU. Esto no impidió que su programa teórico se detuviera. 

Land es uno de los cultivadores del aceleracionismo, un concepto que surge en la ciencia ficción de los años sesenta, pero que este pensador británico concibe como un proceso impulsado por la informática hasta alcanzar la automatización total. Por supuesto, llevado a un extremo de no retorno, constituye un proceso de deshumanización. Esto lleva a pensar que su desarrollo ataca todo tipo de visión progresista o ecologista pero su espectro es totalizador: las ideas conservadoras o nacionalistas también caducan con este planteamiento. Los pensadores Robin Mackay y Armen Avanessian consideran que “el aceleracionismo es una herejía política”. 

Cuando Nick Land da por terminada su carrera profesional en la universidad se instala en Shangai y comienza una nueva vida como editor y blogero. El pensamiento de Land sigue avanzando hacia posiciones distópicas pero comienza a vislumbrar un futuro posible desde la derecha autoritaria. En el modelo chino empieza a ver virtudes para una nueva arcadia, un mundo premoderno, superador de la ilustración, que permita otro comienzo a la historia. En este trance conecta con Curtis Yarvin y nace la Ilustración Oscura. 

Aún está fresca en el imaginario de todos la figura de Steve Jobs como el artífice de una tecnología amable capaz de ordenar y prefigurar el mundo de una manera bella. Jobs aparecía en un escenario vacío como el mesías de un futuro venturoso, vestido con vaqueros y camiseta negra y calzado con unas deportivas blancas. Así era la visión naif que se proyectaba desde el Silicon Valley, antes de las cadenas de oro que cuelgan del cuello de Mark Zuckerberg, antes de que Elon Musk exhibiera la motosierra que le regaló Milei o de la teoría del Anticristo que Peter Thiel expuso en un acto en Roma a pocas calles del Vaticano semanas atrás. Nick Land, de algún modo, el teórico de todos los neorreaccioanarios es la contracara marcial de Steve Jobs. 

Hace un par de meses se presentó en una reunión en California con su habitual jersey roto, de alguna talla mayor a la suya y unos vaqueros amplios, tanto, que en lugar de piernas parecían arropar alambres. Un distraído hubiera pensado que un espontaneo había saltado al escenario. El escritor James Duesterberg, presente en el acto, dijo que se podría especular que aún no había renovado las prendas que usaba en la universidad. El lugar de reunión era la mansión de Richard Craib, fundador del fondo de inversión Numerai, operado a través de la inteligencia artificial y el organizador, Wolf Tivy, director de una revista futurista financiada por Peter Thiel. Nick Land, esa noche, compartió, ante una audiencia selecta, una larga conversación con Curtis Yarvin. 

Antes incluso de que Donald Trump ganara su primera elección presidencial, se especulaba con un ocaso de la democracia y un avance en Occidente del modelo chino, un capitalismo radical y autoritario. Land, una vez establecido en Shangai, comenzó a revisar su sistema de pensamiento a partir de la experiencia china y comprendió que la fusión del marxismo y el capitalismo constituían un motor político de desarrollo social y económico único. China, para Land, se convirtió en un modelo aceleracionista virtuoso, una sociedad capaz de cambiar a gran velocidad. 

Mark Fisher creía imposible el fin del capitalismo. Tenía razón. 

La admiración de Land por el modelo tecnocrático de Singapur y el liderazgo de Deng Xiaoping en China posibilitó la conexión con Curtis Yarvin, y juntos, crearon la doctrina del neorreaccionarismo (NRx según aparecía en el blog de Yarvin) a través de la cual plantean la caducidad de la democracia y la necesidad de establecer una monarquía capitalista, una suerte de “gobierno-corporación” al frente de la cual sitúan a un CEO transformando el Estado en una empresa. 

El proyecto es, al contrario del razonamiento de izquierdas que hacía Mark Fisher, un aceleracionismo de extrema derecha: el final del capitalismo liberal. Un aceleracionismo que, contradictoriamente, avanza hacia un pasado previo a la Ilustración, sin instituciones, solo mediante una gran corporación. 

Un siglo atrás, la vanguardia artística italiana firmó un Manifiesto Futurista en el que el poeta Filippo Tommaso Marinetti puso como valor supremo “la belleza de la velocidad”. Aquella fascinación por la revolución industrial los llevó a la sublimación del fascismo. 

¿Hacia dónde nos están empujando ahora? Porque Curtis Yarvin es el teórico que promueve Peter Thiel pero, por encima de todo, ejerce una gran influencia sobre el vicepresidente J. D. Vance. Es más, Steve Bannon, a pesar de su desprecio por los que llama tecnofeudales, también es permeable a las ideas de Land. Al frente de todos hay alguien que no lee pero a quien le suena bien esta música: el presidente Trump no desoye a sus futuristas de hoy así como Mussolini no desatendía a los suyos. La historia no se repite pero a veces se atasca y sentimos en la espalda el eco del pasado. Esa resonancia es audible en el manifiesto de los aceleracionistas.

Mark Andreessen fue, junto a Peter Thiel y Elon Musk, uno de los grandes financistas de la última campaña de Trump. Andreessen, quien cofundó Nescape y es uno de los principales accionistas de la sociedad de capital de riesgo Andreessen Horowitz, en cuya web está alojado el manifiesto que identifica el proyecto político del Silicon Valley. Todos lo rubrican: de Thiel a Musk, de Zuckerberg a Altman, de Bezos a Karp. El manifiesto está lleno de lugares comunes pero tiene algunas entradas sugestivas. Una: “combinamos tecnología y mercados para obtener lo que Nick Land ha llamado la máquina tecnocapitalista, el motor de la creación material perpetua, el crecimiento y la abundancia”. Otra: “creemos en el aceleracionismo, la propulsión consciente y deliberada del desarrollo tecnológico, para asegurar el cumplimiento de la Ley de Rendimientos Acelerados”. Otra más: “Creemos que la Inteligencia Artificial es nuestra alquimia, nuestra Piedra Filosofal, literalmente, estamos haciendo que la arena piense”. Al final, hay una lista de personalidades a las que se invita a conocer su obra para sumarse al “tecno-optimismo”. 

Está, por supuesto Nick Land; también los economistas Friedrich Hayek y Milton Friedman, y, entre muchos más, no podía faltar el poeta Marinetti. 

Va a celebrarse una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Las primeras conversaciones directas celebradas en Pakistán, aunque fuentes diplomáticas describieron el encuentro con “optimismo”, el proceso arrastró desde el inicio graves fallos metodológicos. Las agendas iniciales resultaron profundamente incompatibles: Irán exigía control sobre el estrecho de Ormuz, descongelación de fondos, levantamiento de sanciones e inclusión del Líbano en el alto el fuego, mientras EE.UU. demandaba la apertura del estrecho, el desmantelamiento del programa nuclear y de misiles iraní, y el cese del apoyo a grupos islamistas.

A ello se añadió una notable imprecisión en las posiciones: ningún país publicó versiones oficiales de sus demandas, y cada detalle filtrado por una parte era negado por la otra, reflejando la distancia real entre ambas y la ausencia total de comunicados conjuntos que pudieran anclar los avances y generar confianza mutua. Además, no podía pedirse que un acuerdo se lograra en el primer día; se necesitan varias rondas para conseguirlo. En 2015, en las negociaciones con Irán en Viena sobre el tema nuclear, y en las que se logró un acuerdo, el secretario de Estado John Kerry pasó 18 días consecutivos en el hotel donde se celebraban las reuniones, incluso con una pierna rota. Nada que ver con impaciencia inicial del vicepresidente Vance.

La negociación en Pakistán se vio además saboteada por múltiples factores externos e internos. Israel actuó como elemento desestabilizador espóiler), continuando sus ataques en el Líbano mientras las partes negociaban, con Netanyahu negándose a acatar el alto el fuego y Trump insistiendo en que el Líbano no formaba parte del acuerdo original. Por su lado, Trump adoptó un lenguaje triunfalista, de suma cero y deslegitimador —proclamando la victoria antes de cerrar ningún acuerdo—, lo que redujo los incentivos iraníes para ceder y debilitó a sus propios negociadores. Irán, por su parte, recurrió a un discurso esencialista, cargado de agravios históricos, simbología religiosa y una lógica maniquea víctima-agresor que endureció sus posiciones y cerró el espacio para concesiones. Como único elemento positivo, los equipos técnicos continuaron trabajando sobre los borradores para una próxima ronda, lo que representa una buena práctica metodológica, aunque insuficiente para compensar el peso de los demás fallos.

Mirando lo que pide cada parte, pero también la historia del conflicto, veo posibilidades de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, aunque implica también a Israel. Se basaría en los siguientes puntos: cese de hostilidades de las dos partes, incluida Israel; suspensión preventiva de nuevas sanciones; suspensión de los apoyos militares de Irán a Hamás y Hizbulá; creación de un mecanismo de verificación de la ONU para el cese de hostilidades, y de la OIEA para temas nucleares; actualización del Acuerdo Nuclear con Irán (JCPOA) de 2015, reforzado, como garantía de no proliferación nuclear, eliminando así cualquier posibilidad de fabricar armas nucleares; acceso a Irán de la tecnología nuclear civil, con verificación de la OIEA; entrega a la OIEA del uranio enriquecido superior al 60%, en caso de existir; moratoria de pruebas de misiles de largo alcance de Irán, a cambio de que los países del Golfo y Estados Unidos no amplíen sus sistemas de defensa antimisiles.

También garantías hacia Irán de que el estrecho de Ormuz no será utilizado para atacarla, a cambio de permitir el paso libre de los buques; Irán se encargaría de la seguridad del estrecho de Ormuz y de la libre navegación; compromiso de no agresión sobre Irán desde los países del Golfo o desde las bases militares de Estados Unidos en estos países; alto al fuego inmediato en el sur del Líbano, apoyo a las negociaciones ya iniciados entre los gobiernos de Israel y Líbano; retomar la iniciativa de desmilitarizar el sur de Líbano; levantamiento de las sanciones a Irán y retorno de sus activos congelados; iniciar un proceso de seguridad para toda la región del Golfo, creando una institución con esta finalidad, y una resolución del Consejo de Seguridad sobre el acuerdo alcanzado.

La propuesta corrige varios de los fallos identificados en las primeras conversaciones de Islamabad. Su principal virtud es la lógica de reciprocidad equilibrada, pues, frente a las agendas inicialmente incompatibles de ambas partes, la propuesta articula concesiones simétricas y verificables, evitando la lógica de suma cero que caracterizó el discurso de Trump en medio de las negociaciones, que además utilizó un lenguaje coercitivo por presión psicológica y contradictorio tácticamente, al decir “no importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos”.

Respecto al tratamiento del estrecho de Ormuz, en lugar de confrontar la exigencia iraní de control con la demanda estadounidense de apertura, la propuesta combina el reconociendo de la responsabilidad iraní sobre la seguridad del estrecho, a cambio de garantías de no agresión, lo que transforma un punto de bloqueo en un posible punto de encuentro. La actualización reforzada del JCPOA, la entrega del uranio enriquecido y el acceso a tecnología nuclear civil con verificación de la OIEA, ofrecen a Irán incentivos concretos y dignificantes, mientras satisfacen la exigencia estadounidense de no proliferación sin recurrir a la humillación pública que hizo más rígidas las posiciones iraníes. La moratoria de misiles con contrapartida para los países del Golfo introduce además una dimensión regional hasta ahora ausente del diálogo bilateral, y la resolución del Consejo de Seguridad aportaría el anclaje multilateral del que carecieron las conversaciones de Islamabad, reduciendo la dependencia del acuerdo respecto de la voluntad política coyuntural de cada gobierno.

Sin embargo, la propuesta presenta dificultades de entrada que, lejos de ser insalvables, podrían superarse si todas las partes asumen compromisos orientados a aumentar la seguridad regional. El punto aparentemente más complejo es la inclusión de Israel en el cese de hostilidades, dado que Netanyahu ha actuado como spoiler en las conversaciones previas. No obstante, si Estados Unidos asumiera un compromiso explícito de presión sobre Israel, condicionando su respaldo diplomático y militar a la adhesión israelí al acuerdo, este obstáculo podría transformarse en una palanca de estabilización regional. El alto al fuego alcanzado en Líbano este jueves puede ayudar en ese sentido.

Del mismo modo, la suspensión del apoyo iraní a Hamás y Hezbolá, aunque difícil de vender internamente por el régimen, resultaría más asumible si se enmarca no como una rendición sino como una contribución iraní al nuevo sistema de seguridad regional, en el que Irán ganaría reconocimiento como actor legítimo y garante del estrecho de Ormuz. La reducción progresiva de bases militares estadounidenses en el Golfo, podría igualmente conciliarse en la nueva institución de seguridad regional propuesta, un marco de garantías colectivas que sustituya funcionalmente la protección que hoy les ofrecen dichas bases. Finalmente, los riesgos sobre la fiabilidad de los mecanismos de verificación —ONU y OIEA— son reales, pero mitigables si el acuerdo establece protocolos de transparencia más exigentes que los del JCPOA original y sanciones automáticas ante incumplimientos. En síntesis, la propuesta es viable si se aborda con voluntad política colectiva, ampliando la mesa negociadora e invirtiendo en los mecanismos de confianza que las conversaciones de Islamabad no lograron construir.

En estos días, el tema central parecer ser el de la proliferación nuclear, donde Estados Unidos exige una suspensión de 20 años en el enriquecimiento de uranio, mientras que Irán solo está dispuesto a hacerlo en menos de 10 años, aunque con el compromiso de diluir su uranio enriquecido. Al respecto, quiero recordar dos cosas. La primera es que, en el acuerdo de 2015, ambas partes ya acordaron limitar el nivel de enriquecimiento del uranio al 3,67%, con unas reservas máximas de 300 quilos de uranio enriquecido, y un máximo de 6.000 centrifugadoras IR-1, lo cual garantizaba la imposibilidad de construir armas nucleares.

De ahí la conveniencia de recuperar este acuerdo, que fue anulado por Trump en mayo de 2018, después de que Netanyahu visitara a Trump el 5 de marzo de aquel año, en la conferencia anual de AIPC, un lobby de apoyo de Estados Unidos a Israel, donde el tema central fue la capacidad nuclear de Irán, y Netanyahu pidió una posición más dura a Estados Unidos. El segundo aspecto a comentar es que, menos de 48 horas antes de que comenzaran los ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en Ginebra para una tercera ronda de conversaciones mediadas por Omán, y con el objetivo de alcanzar un acuerdo nuclear.

La prestigiosa revista Arms Control Today, creada en 1974, en su último número describe con precisión este encuentro, y señala que Witkoff no contaba con suficiente experiencia técnica ni diplomática para llevar a cabo una diplomacia eficaz. No se enteró de nada. Su falta de conocimiento y la tergiversación de las posiciones de Irán y su programa nuclear durante todo el proceso, influyeron en la valoración de Trump de que las conversaciones no avanzaban y que Irán no negociaba en serio, a pesar de que este país informó que no acumularía más uranio enriquecido y aceptaría una amplia supervisión del OIEA. A pesar de que Irán mostró flexibilidad, Trump parecía no estar interesado en un proceso de negociación prolongado, y seguramente ya tenía tomada de decisión de atacar, a instancias de Netanyahu. La lección es clara: se necesita más tiempo, negociadores expertos en cuestiones nucleares, no un promotor inmobiliario neoyorquino, buscar salidas honrosas para ambas partes, y aprovechar la oportunidad para empezar un proceso de seguridad regional.

Acabo de regresar de los campos de refugiados saharauis de Tindouf, en Argelia, donde he tenido la oportunidad de participar en los actos organizados con motivo de la celebración del 50 Aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que cuenta con el reconocimiento político y diplomático de más de ochenta países en el mundo. 

Me consta que son muchas las voces que ingenuamente pensaban que este pueblo, siempre reivindicativo y en lucha legítima por su soberanía e identidad, terminaría por desaparecer fruto de la inanición, el olvido y la traición de aliados históricos, entre ellos España. Sin embargo, en este periodo, han demostrado una capacidad admirable de dignidad y resistencia. Y ello, a pesar de la represión que sufre la población saharaui por parte de Marruecos en los territorios ocupados y el Sáhara Occidental. A todo ello se suman, además, las difíciles condiciones físicas del terreno (hammada) en el que sobreviven como pueden en el exilio y en los campamentos de refugiados en Tindouf, en un territorio cedido por Argelia. Donde parecía imposible la generación de vida, este pueblo resiliente, con medios precarios, ha construido una comunidad dinámica, creativa e innovadora: instituciones propias; administración descentralizada; servicios públicos universales (educación y sanidad); y servicios de abastecimiento para cubrir las necesidades fundamentales de la población.

Hemos asistido a un programa de eventos participativos, reivindicativos y festivos, en los que hemos recordado la figura de hombres y mujeres que en estas cinco últimas décadas han entregado su vida en defensa de la libertad de su país y los derechos que les asisten. Ha sido un momento especial para tomar conciencia de todo lo vivido en este tiempo y para reforzar la voluntad y el compromiso por alcanzar la plena soberanía y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas en favor del ejercicio del derecho que le asiste a la libre autodeterminación. 

Un pueblo, liderado por su legítimo representante, el Frente Polisario, que ha demostrado gran paciencia histórica, a pesar de los múltiples engaños, apostando decididamente por las vías políticas para hacer cumplir los acuerdos firmados entre las partes. La invasión y usurpación de su territorio por parte de Marruecos (la Marcha Verde) en 1975 dio lugar a una guerra que finalizó en el año 1990 con la firma de los acuerdos de paz, bajo el auspicio de Naciones Unidas, con el compromiso firme de convocatoria inmediata del referéndum de autodeterminación. Tras muchos años de incumplimiento de esta promesa, y en contra de su deseo, no les han dejado otra salida que volver a defender los derechos que legítimamente les corresponden, también por la vía militar.

Hay que mencionar que, en la vulneración de los compromisos adquiridos y de los derechos humanos, Marruecos ha contado con la complicidad de una buena parte de la comunidad internacional, especialmente de España, que sigue siendo potencia administradora de un territorio, el Sáhara Occidental, pendiente de descolonización según la ONU. Es necesario que el PSOE y Pedro Sánchez rectifiquen su posición y vuelvan a la senda de las resoluciones internacionales, poniendo fin, de este modo, a la traición y abandono a un pueblo hermano con el que nos unen tantos lazos históricos, culturales y lingüísticos. Rectificación que debería comenzar con la modificación del decreto, aprobado por el Gobierno español, de regularización de personas migrantes. De su aplicación se ha excluido a las personas solicitantes del estatuto de apátrida, casi en su totalidad saharauis, residentes en nuestro país, acogerse a esta regularización. Excluir, una vez más, al colectivo saharaui, supone dejarles, después del 30 de junio, en una situación de vulnerabilidad y de discriminación inadmisible respecto del resto de comunidades migrantes.

Por otro lado, la situación geopolítica actual es propicia para reconducir la posición española. EEUU ha jugado un papel decisivo en el sorprendente y triste alineamiento español con las tesis marroquíes. Hoy esta capacidad de presión ha saltado por los aires como consecuencia del desvarío y huida hacia delante de la administración Trump, que ha demostrado que es todo menos un aliado fiable y estable. Otro factor determinante es la recuperación de las relaciones con Argelia, el mayor y más fiel aliado del pueblo saharaui, ante la necesidad de volver a la senda de los acuerdos, que nunca se debieron haber comprometido en materia de suministro de gas, ante la gravísima crisis energética derivada de la guerra en Oriente Próximo. 

Así mismo, para que se haga realidad este cambio de orientación en el Gobierno español es necesaria una mayor implicación de las fuerzas políticas de izquierda que sostienen a Pedro Sánchez. No es suficiente un apoyo a la causa del pueblo saharaui si luego no se convierte en parte de la agenda política negociadora. Más allá de los réditos electorales, este asunto debe convertirse en una “línea roja” en los acuerdos de gobierno o pactos de legislatura con el partido socialista. 

Por el contrario, en los actos vividos estos días se ha puesto de manifiesto la solidaridad con la causa saharaui por parte de los diferentes pueblos y Comunidades del Estado español, reflejada en la amplia participación de sindicatos, partidos y asociaciones. Una solidaridad, humanitaria y política, que debe ampliarse y reforzarse con la implicación de las nuevas generaciones en una lucha justa por la que merece la pena entregarse. Regreso de este viaje con una convicción profunda. No sé cuanto tiempo pasará hasta que este pueblo vuelva a la tierra que le fue arrebatada. Lo que tengo muy claro es que dentro de otros 50 años seguirá existiendo y resistiendo. Y con más pujanza, fuerza, convicción y razón, si ello es posible. 

El incidente protagonizado por el diputado de Vox José María Sánchez en el Congreso de los Diputados no es un hecho aislado ni una excentricidad puntual. Tampoco responde únicamente al temperamento individual de quien lo protagoniza. Conviene evitar esa tentación analítica, porque reduce el problema a una anécdota cuando en realidad estamos ante una estrategia política deliberada, bien ensayada y compartida por buena parte de la cultura de las extremas derechas contemporáneas.

Este tipo de comportamientos cumplen, al menos, dos objetivos claros. El primero es reforzar un perfil antisistema, incluso cuando se forma parte plenamente del sistema institucional. Se trata de presentarse como un actor que desafía las normas, que no acepta las reglas del juego porque —según su propio relato— éstas están supuestamente corrompidas o porque ellos mismos se consideran víctimas de agravios constantes, lo que legitima cualquier forma de respuesta. El segundo objetivo es escandalizar: generar ruido, indignación y conflicto como forma de ocupar la agenda pública.

En términos de teoría política, lo que observamos es un desplazamiento sostenido de lo que se conoce como la Ventana de Overton: el marco de lo que una sociedad considera aceptable en el debate público. Estas estrategias no buscan necesariamente convencer en el corto plazo, sino alterar los límites de lo decible y lo tolerable. Y lo están consiguiendo tanto en el plano retórico como en la praxis política. Hoy escuchamos propuestas o vemos comportamientos que hace apenas una década habrían sido políticamente inasumibles.

Los ejemplos son numerosos. Desde las declaraciones de Abascal sobre deportaciones masivas de millones de inmigrantes o amenazas simbólicas como “entrar en TVE con lanzallamas”, hasta una agenda moral que sitúa derechos consolidados —como el aborto o la eutanasia— como “aberraciones” y que defenderían con violencia. A ello se suma una forma de hacer política basada en la descalificación personal, donde el adversario deja de ser un rival para convertirse en un enemigo. En el plano internacional, la referencia es evidente: Donald Trump ha llevado estos patrones al extremo, desde cuestionar resultados electorales hasta legitimar acciones que tensionan los marcos legales internacionales.

Nada de esto es nuevo en la política española desde la entrada de Vox en los parlamentos autonómicos y en el Congreso, ni por el contexto ni por el protagonista. El diputado implicado, con trayectoria pública previa, se inscribe en una lógica política más amplia. Por eso resulta especialmente relevante analizar las reacciones, tanto políticas como institucionales.

En el plano político, la respuesta de su propio partido ha sido reveladora: no ha habido sanción ni disculpa, sino justificación. Lejos de desautorizar el comportamiento, se ha optado por desplazar la responsabilidad hacia la presidencia de la Cámara. Este tipo de reacción no solo valida el incidente, sino que lo integra en una lógica de confrontación permanente.

Más compleja es la posición del Partido Popular, socio de gobierno de Vox en un centenar de ayuntamientos y previsiblemente en varias comunidades autónomas, a la espera de las elecciones en Andalucía. Su respuesta no ha sido ni unánime ni especialmente contundente, reflejando una incomodidad estratégica difícil de sostener en el tiempo. El silencio de su líder, Alberto Núñez Feijóo, contrasta con intervenciones más genéricas de otros cargos que apelan al respeto institucional sin entrar en el fondo del asunto.

Frente a ello, diez formaciones del arco parlamentario han firmado una declaración institucional de condena, de la que se han desmarcado Vox, el PP y Unión del Pueblo Navarro. El dato no es menor: muestra hasta qué punto la defensa de las reglas del juego democrático empieza a fragmentarse.

En el plano institucional, el incidente afecta directamente a la sede de la soberanía popular y a la figura que encarna la tercera autoridad del Estado. La respuesta ha seguido los cauces reglamentarios: aplicación del artículo 104, expulsión del hemiciclo y apertura de un proceso por parte de la Mesa del Congreso para evaluar posibles sanciones adicionales. Sin embargo, el debate de fondo sigue abierto: ¿son suficientes los mecanismos actuales para proteger la institución frente a estrategias de disrupción deliberada? La respuesta aplicada evidencia esa tensión permanente entre garantizar el pluralismo parlamentario y proteger la dignidad institucional.

No es la primera vez que se plantea esta cuestión. En julio de 2025 se reformó el reglamento del Congreso para hacer frente a comportamientos disruptivos en ruedas de prensa, protagonizados en buena medida por agitadores ultras. Aquella reforma, impulsada tras varios incidentes, contó con la oposición del PP y Vox. De nuevo, los cortafuegos llegan tarde, después de que el problema se haya manifestado con claridad.

Existe el riesgo de que estos episodios se normalicen, de que pasen a formar parte del paisaje habitual de la política. Como si fueran inevitables. Pero la fortaleza de una democracia no reside en su capacidad de resistir pasivamente, sino en su habilidad para protegerse activamente, estableciendo límites claros frente a quienes buscan vaciarla de contenido.

Los datos apuntan en una dirección preocupante. Según distintos estudios sobre polarización afectiva, en España ha aumentado de forma sostenida el distanciamiento entre ciudadanos por motivos políticos. En algunos casos, en torno a un 14% de los españoles reconoce haber dejado de hablar con amigos o familiares por estas razones. Este deterioro del clima cívico no es ajeno a los comportamientos que vemos en las instituciones; al contrario, se retroalimentan.

Porque estos incidentes tienen más trascendencia de la que sugiere un titular. Son parte de un proceso más amplio que erosiona la confianza en la política, degrada el debate público y alimenta un escepticismo ciudadano que puede derivar en desapego democrático. Y ahí reside el verdadero riesgo: no en el escándalo inmediato, sino en el desgaste silencioso que deja tras de sí.

La democracia, como cualquier sistema complejo, no colapsa de forma abrupta. Se vacía poco a poco, cuando sus normas dejan de ser respetadas, cuando sus instituciones son cuestionadas sin fundamento y cuando el conflicto sustituye al debate. Por eso, más allá del incidente, lo ocurrido en el Congreso no interpela únicamente a un diputado o a un partido, sino a los límites que estamos dispuestos a tolerar en nuestra vida democrática.

La celebración entre cánticos de “Europa, Europa” a las orillas del Danubio tras la derrota de Viktor Orbán es tal vez uno de los pocos momentos de alegría y esperanza que hemos podido contar en los últimos tiempos. No eran unas elecciones más. El historiador y periodista Timothy Garton Ash escribe en The Guardian que volvió a sentir “la energía para el cambio” que vivió en las calles de Budapest en 1989.

Se podría hablar hasta de un cambio de régimen dado lo lejos que había llegado Orbán en estos 16 años de cambios legislativos y golpes para controlar los tribunales, los medios y casi cada institución independiente. Como decía Garton Ash, el Gobierno húngaro se había convertido en lo más parecido al régimen comunista que él detestaba. Las políticas dañinas de Orbán en Hungría tenían un impacto más allá, desde Ucrania al apoyo con recursos públicos de activistas y políticos dedicados a erosionar derechos y libertades. Y por eso hay tantos europeos agradecidos a los húngaros y, por cierto, también a los periodistas independientes que habían seguido haciendo su trabajo pese a la persecución para denunciar los abusos y la corrupción, el principal motivo que explica la caída de Orbán. 

Como ha sucedido en Polonia, no será fácil volver a un sistema más democrático y transparente. Y en gran parte el éxito de lo que pase dependerá de que Péter Magyar, el nuevo primer ministro y antiguo aliado de Orbán, cumpla sus promesas de volver a la senda democrática y no caer en la tentación de poner a su servicio los muchos recursos del poder que acumuló su antecesor. 

Cas Mudde, experto en la extrema derecha desde antes de que estuviera tan de moda, decía hace unos días que el resultado en Hungría es “un recordatorio de que gran parte del discurso público está sobreestimando de manera salvaje la fuerza del autoritarismo y la debilidad de la democracia”. Esa sobreestimación viene de múltiples factores, entre ellos, el pesimismo cultural sobre todo europeo, el escepticismo promocionado por Rusia y otros países interesados en la pasividad –es algo que también vemos ahora en Estados Unidos– y el interés electoralista de partidos que se benefician de la sensación de peligro inminente. Los beneficiarios incluyen a veces a académicos, periodistas y tertulianos especializados en este campo. La gravedad de los retos y la fuerza de los ultras en algunos países son realidades obvias, pero la explotación del supuesto apocalipsis también es un mal de la política pública. 

Ha sido una mala semana para la causa ultra y la causa del apocalipsis. La rebelión contra las embestidas incongruentes de Donald Trump se hace visible por todos los frentes. Incluso llega de voces que no acostumbran a enfrentarse con el peligroso mandamás. Desde Giorgia Meloni defendiendo al papa a Keir Starmer asegurando que las amenazas de Trump no le harán cambiar de postura sobre su guerra en Irán. 

Hay mucho por lo que preocuparse, pero no está mal recordar de vez en cuando que nada es para siempre –tampoco lo malo– y que, hasta que se demuestre lo contrario, no es el fin del mundo. 

Dice tu primo que le preocupa que entre los inmigrantes regularizados pueda haber violadores, ladrones u otros criminales aún peores. Tu primo, el de “yo no soy racista, PERO…”; tu primo que llena de bulos el grupo de WhatsApp de familia; tu primo que ha llegado a líder del PP y líder de la oposición, y tal vez algún día lo veamos de presidente del gobierno. Dice que le preocupa que se nos cuelen delincuentes entre los “regularizados a granel”, y que él no es racista PERO es normal estar intranquilo.

Dile a tu primo que es entendible su preocupación por los antecedentes penales y policiales, pero que el Código Penal es mucho más largo. Y que puede estar tranquilo porque, entre los inmigrantes regularizados, lo que con seguridad no habrá son personas con antecedentes por prevaricación, cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones, falsedad en documento mercantil, uso de información privilegiada, estafa, asociación ilícita, organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, corrupción en los negocios, corrupción entre particulares, encubrimiento o financiación ilegal de partidos. Ninguno, ya te lo digo yo.

Si te pregunta, dile a tu primo que la lista de delitos la he copiado de las numerosas sentencias condenatorias que ha habido en los últimos años contra miembros del Partido Popular, integrantes de sus gobiernos, y empresarios y comisionistas de su órbita. Entre unos y otros, medio Código Penal. Ah, tampoco creo que entre las personas regularizadas haya nadie con antecedentes por montar una trama policial para espiar, destruir pruebas o acusar en falso a rivales políticos.

Qué demagogo soy, ¿verdad? Qué manera de mezclar las cosas, qué truco barato ese de recordar los delitos cometidos por la derecha, como respuesta a sus bulos sobre inmigración y delincuencia. Pues sí, demagogia pura y dura. Si nos ponemos, nos ponemos, que yo también sé hacer demagogia con la inmigración. Pero con una diferencia: los delitos atribuidos a los migrantes sin papeles son hipotéticos, cuando no directamente bulos; mientras que los delitos políticos y económicos arriba mencionados son todos reales, redactados en sentencias y escritos de acusación.

Dile a tu primo que frene un poco, que se va a acabar saliendo por la derecha del tablero. En los últimos meses le hemos oído hablar de “efecto llamada”, delincuencia, atentados terroristas, alteración del censo electoral, regularización “a granel” y traición a Europa. De seguir a este ritmo, pronto le oiremos alguna mención al “gran reemplazo”, que cuando un populista coge carrerilla, derrapa fácil. Y sí, yo también he derrapado en este artículo; pero comparado con lo suyo, lo mío parece patinaje artístico.

Saluda de mi parte al primo Alberto.

Chulo, incapaz, listillo, bufón, desahogao, macho alfa digital, indocumentado, insustancial, tunante, patán tabernario, vocinglero, sectario, insultador profesional, dictadorzuelo, zafio, chabacano, agresivo, mingitorio, mamporrero, faltón, provocador, mediocre, necio, bruto, mezcla de vino y aguardiente, chulo, engorilado…

Respiren, que aún quedan más: bruto, arrogante, vacilón, pendenciero, fanfarrón, pitbull, rottweiler, agresivo, grosero, neandertal, follonero, cínico, sucio, gamberro, mentiroso, turbio, mastín monclovita, bulldog, bocazas, paleto, sicario, traidor, orangután, voceras, gañán, zafio, pendenciero, procaz, bocachanclas mulo, excrecencia, ponzoñoso, fascistoide, primate, gánster, matachín, corto, soez, cuentachistes, machirulo, cafre, inmundo, torpón, aniquilador, personajillo, analfabeto, sinvergüenza, chapoteador, detritus, tirano, patético, perdonavidas… 

Todo eso y mucho más se ha escrito no en las redes sociales, sino en diferentes medios de comunicación sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien con seguridad es el titular del Gobierno más denostado por la derecha política y mediática. Da igual el motivo. Le ultrajan por su habilidad para moverse por las redes sociales, por el accidente de Adamuz, por responder a las críticas, por no callar, por el estado de las carreteras, por mofarse de quienes le atacan, por plantar cara a la derecha, por recordar los mínimos exigibles del periodismo, por no arredrarse y, ahora, hasta por fabricar una página oficial para desmontar bulos.  

En las últimas 48 horas, el ministro más guerrero del Gobierno de Sánchez ha desquiciado a sus detractores porque ha habilitado en la web del Ministerio una sección para rebatir informaciones falsas o manipuladas, que él prefiere llamar bulos. ¡Sacrilegio! Y resulta que los más ofendidos son algunos de los que ejercen el periodismo, una profesión en la que cada día es más necesario distinguir entre lo que es información, lo que es manipulación y lo que es directamente mentira.

Igual que la desinformación, los bulos tienen un objetivo claro, que es agraviar a la persona afectada, distorsionar la realidad y envenenar/polarizar el debate público. Por desgracia, recorren bares y tertulias y compiten con las noticias contrastadas, lo que supone un daño irreparable no solo para la convivencia democrática, sino para el periodismo.

Leer o escuchar a quienes se llaman periodistas atacar a todo aquel que denuncia o alerta contra un veneno mortal que está matando este oficio produce tanta vergüenza como recordar que en este país un Fiscal General ha sido condenado por desmentir una mentira mientras el divulgador de la misma, que es un empleado público muy bien pagado, se permite el lujo de escribir que un tercio de los españoles, los que votan PSOE, están podridos. 

La putrefacción de un país no la genera el sentido del voto, sino que la desinformación, el bulo o la mentira condicionen decisiones judiciales y se consoliden en un ecosistema que penaliza la verdad y premia la mentira en la política y en el periodismo. Y si además, quienes se dedican a opinar o informar zarandean la conversación pública con el insulto y la insidia, la podredumbre traspasa todos los límites de lo soportable. Que haya plumas y voces del panorama mediático que se dedican exclusivamente a enlodar y deshonrar habla muy mal de una profesión que ha olvidado que se puede criticar al poder cuando se equivoca y denunciarlo cuando abusa, pero sin mentir, sin berrear y sin denigrar. 

Quienes ocupan cargos públicos están expuestos a la crítica severa y molesta, pero en ningún sitio está escrito que el derecho a la libertad de expresión ampara el insulto, la injuria o el menosprecio. Y si hay quienes dentro del periodismo se sienten ofendidos porque haya un espacio donde se desmonten bulos será porque no leyeron nunca que la Constitución reconoce el derecho “a la información veraz” o porque les mueven intereses muy espurios. Casualmente, son los mismos que en lugar de argumentar se despachan con el verbo grueso y el vituperio, pero no pierden ocasión para dar lecciones de ética periodística. 

Nos está quedando una profesión preciosa.

En los años ochenta del siglo pasado, nueve de cada diez españoles se declaraban católicos; hoy, apenas lo hace la mitad de la población. Detrás de esta caída está lo que los sociólogos denominan secularización: un proceso por el cual el pensamiento, las prácticas y las instituciones religiosas pierden relevancia social. Esto se traduce en una menor asistencia a la iglesia, una mayor separación entre Iglesia y Estado y un papel cada vez más reducido de la religión en la política, la educación y la vida cotidiana.

La secularización, además, sigue un mecanismo bastante sencillo: desde hace décadas, cada generación es menos religiosa que la anterior. Así, la sociedad española pierde creyentes a medida que las generaciones mayoritariamente católicas —nacidas a mediados del siglo XX— se retiran y son sustituidas por cohortes mucho menos religiosas, especialmente las nacidas en este siglo.

Este proceso se aprecia con claridad en el gráfico 1, donde utilizo más de un millón de observaciones del fichero integrado de datos del CIS para mostrar la secularización en España. Se incluyen todos los barómetros que preguntan por la religiosidad, desde 1985 hasta marzo de 2020. A partir de ese momento, el CIS cambia su metodología —de encuestas presenciales a telefónicas—, por lo que las tendencias deben analizarse de forma distinta, como hago en el gráfico 2. En el gráfico 1, cada punto corresponde a un año e incluyo también líneas de tendencia en el porcentaje de personas que se declaran católicas.

Durante los años ochenta y noventa, la secularización avanzaba despacio: apenas un punto menos de católicos cada cuatro años. Pero con la llegada del nuevo siglo, el ritmo cambia por completo y se acelera hasta rozar un punto porcentual menos cada año. Entre los jóvenes, como cabría esperar, la tendencia es aún más intensa: en lo que va de siglo, cada año ha habido entre uno y dos puntos menos de jóvenes que se declaran católicos. El resultado es un cambio generacional muy claro: mientras en el conjunto de la población todavía persiste una ajustada mayoría de católicos, entre los menores de 30 esa mayoría desapareció hace ya más de una década.

A pesar de lo nítido de este proceso, en los últimos años hay una pregunta que reaparece una y otra vez: ¿está volviendo la religión entre los jóvenes? Algunos retratos impresionistas y ciertos datos cualitativos invitan a pensarlo. Pero cuando uno acude a las cifras, la respuesta exige bastante más prudencia.

El problema es que, como comentaba antes, el CIS cambia su metodología justo al inicio de la pandemia. Desde entonces, seguir la evolución de sus series ya no es tan sencillo. Sin entrar en demasiados detalles, desde abril de 2020 las encuestas pasan a ser telefónicas, lo que altera la composición de la muestra: hay más personas con estudios superiores (generalmente menos religiosas) y menos con estudios primarios (generalmente más religiosas). Estos sesgos deben corregirse, y no es una tarea trivial.

Aun así, con una base de datos tan amplia merece la pena intentarlo. El gráfico 2 recoge esa estimación y muestra la evolución de la religiosidad en los últimos cinco años, excluyendo 2020, que resulta especialmente problemático en la serie del CIS.

El gráfico 2 es bastante claro: la secularización en la población general no solo no se ha detenido, sino que ha seguido avanzando con fuerza tras la pandemia. La estimación más reciente sitúa en torno al 50% el porcentaje de personas que se declaran católicas en España.

Y, salvo cambios profundos, esta tendencia no parece que vaya a frenarse. El motivo es el mismo mecanismo de reemplazo generacional que comentaba antes: como muestra la línea roja, el porcentaje de jóvenes que se declaran católicos es sensiblemente menor que el observado en el conjunto de la población. Eso implica que, año tras año, a medida que unas cohortes sustituyen a otras, el peso del catolicismo seguirá disminuyendo en España.

Al mismo tiempo, los datos parecen dar cierto respaldo a esos retratos recientes que apuntan a que algunos grupos de jóvenes están siendo, por primera vez en medio siglo, algo más religiosos con el paso del tiempo.

El repunte de los jóvenes actuales es compatible con la secularización general por dos razones.

En primer lugar, porque parte de niveles ya muy bajos. Las cohortes jóvenes de hace veinte años comenzaban en torno al 60–65% de católicos y luego descendían. Las actuales parten de aproximadamente un 35% y, en el mejor de los casos, se estabilizan o repuntan ligeramente. El resultado es que el reemplazo generacional sigue siendo secularizador en términos netos: incluso con ese pequeño repunte, los jóvenes continúan siendo mucho menos religiosos que las generaciones a las que sustituyen.

En segundo lugar, hay una interpretación plausible del propio repunte. A medida que la religión deja de ser la norma social, quienes se siguen declarando católicos tienden a tener una adscripción más intensa y menos nominal. La base se reduce, pero se consolida entre quienes permanecen: lo que en sociología se describe como el modelo de la “iglesia pequeña” pero comprometida.

Existe también una interpretación alternativa, más especulativa: que entre los jóvenes actuales esté emergiendo cierta reacción cultural frente al secularismo predominante, una especie de revival identitario. Sin embargo, el período 2021–2026 es todavía demasiado corto como para distinguir con claridad entre estas explicaciones.

Lo que sí permiten afirmar los datos es que la secularización agregada no se ha detenido. El reemplazo generacional garantiza que continuará, incluso si los niveles entre los jóvenes se estabilizan, salvo que las nuevas cohortes converjan con la edad hacia niveles de religiosidad similares a los de sus mayores. Y eso es, precisamente, lo que habrá que observar en los próximos años.

¿Sería mejor que el mundo se transforme o que se quede como está? Si hubiéramos hecho esta pregunta en una asamblea de la UGT, del PSOE, de CCOO o de Izquierda Unida hace 40 años la respuesta hubiera sido unánime.

Cuando yo era chiquitita, la izquierda era sinónimo de cambio. Mis padres y todos sus amigos siempre estaban construyendo algo: un barrio, un sindicato, una asociación, una cooperativa. Hasta los trabajadores hablaban de la estrategia y del devenir de las empresas como si fueran suyas.

Hoy, en cambio, una parte de la izquierda del mundo occidental se ha vuelto reticente a construir. Se trata de un fenómeno que recibe el nombre de “Nimbyism” (por las siglas de “Not In My Back Yard”, es decir, “no en mi patio trasero”) y que comenzó a describirse en Estados Unidos hace una década. Hoy se ha vuelto global y llama a nuestra puerta.

Podemos, por ejemplo, lleva mucho tiempo siendo un partido NIMBY que se opone a construir vivienda y ha votado en varias ocasiones en contra de dar todo el impulso necesario a las energías renovables. Quizás por influencia de Irene Montero, esta semana Gabriel Rufián se ha subido al carro y ha afirmado que “la solución no es crear más viviendas, porque el especulador acumula y eso lo tiene que decir la izquierda de forma clara”. 

¿Cómo se ha producido este viaje? ¿Qué está impulsando este movimiento al proteccionismo de las opciones tradicionalmente progresistas?

De entre todas las confusiones que contaminan el debate sobre la vivienda, la más perniciosa es la que pretende que las casas son un bien de mercado, como los cañones o la mantequilla. 

Nada más lejos de la realidad. No podrían serlo. La condición de posibilidad para que exista un mercado de bienes es que puedan existir una oferta y una demanda libres. Y en este caso no se cumple.

Las licencias de vivienda son un monopolio del Estado, que es quien determina dónde, cuándo y cuánto se puede construir. No solo esto, sino que también es el Estado el que ordena la demanda: es el que decide donde se instalarán los polos industriales, los parques tecnológicos, las universidades, los hospitales y las grandes infraestructuras en torno a las cuales la población necesita –no elige– vivir. 

Más aún: a través de la aplicación de incentivos o cargas fiscales, los estados también controlan los precios del parque inmobiliario. 

De manera que la vivienda no es un bien de mercado. Si queremos un símil, hay uno mucho mejor: las acciones de una empresa.

Igual que las licencias de vivienda, las acciones de una empresa no son un bien, sino un título de propiedad. En ambos casos existe un único emisor que controla la oferta y, en gran medida, la demanda y el precio también. Y el valor de ambos títulos está ligado a la entidad que tienen detrás: bien la empresa o el país en cuestión.  

Esto no es ninguna casualidad: se diseñó así. Distribuir la propiedad de los países mediante la vivienda en propiedad fue uno de los pilares del proyecto del Estado del Bienestar del siglo XX. La vivienda resultaba la inversión perfecta para que los estados repartieran entre sus ciudadanos los dividendos que, en última instancia, generaban sus propias inversiones en infraestructura urbana.

Tanto es así que era muy habitual que los políticos se refirieran a la creación masiva de inmuebles como un reparto de las “participaciones” en un país: como un vehículo de inversión en la sociedad misma.

Por esta razón el problema de la vivienda no es habitacional, sino de reparto de la riqueza, se trata de la distribución del capital y de las inversiones de un país.

Y la brutal crisis que vivimos tiene una explicación muy sencilla:

En Europa, el 83% del parque se construyó antes de 1996. En particular, entre el final de la Segunda Guerra Mundial y finales del siglo XX se construyeron el 54% de los inmuebles que hay en la actualidad. En otras palabras: el 83% de las acciones de la Unión Europea se emitieron antes del cambio de siglo. 

Como en cualquier empresa, esos accionistas originales no tienen incentivos para que se emitan más participaciones porque eso reduciría el valor de las suyas (se diluirían, como se dice en el argot financiero). Al contrario: si el país sigue creciendo sin que aumente el número de acciones (de licencias), estás valdrán más de forma automática, sin que su dueño tenga que hacer nada por mejorarla.

Por la misma razón, los propietarios del suelo tampoco tienen incentivos para edificar. Porque construir les obliga, tarde o temprano, a vender y cerrar una posición que, de mantenerse abierta, seguiría generando valor de forma indefinida y sin esfuerzo alguno. El suelo sin edificar es, en este sentido, la acción perfecta: no da trabajo, no paga impuestos y se revaloriza sola.

Si los gobiernos hoy han perdido cualquier interés en desarrollar más de nada, y la urbanización de nuevos terrenos se ha vuelto un vía crucis que puede llevar décadas, no es como se suele decir, porque exista mucha burocracia. La burocracia es la misma para todo y otros temas avanzan mucho más rápido en la administración. Es que se han vuelto NYMBYs. Es que esos “accionistas” son una masa inmensa y muy influyente de votantes cuyo interés cae del lado de cobrar dividendos, no de emitir más acciones.

Al contrario, para solucionar el problema de la vivienda hace falta construir. No solo en los ínfimos suelos que están urbanizados pero pendientes de construir y bloqueados por los promotores en espera de que se sigan revalorizando. Hay que densificar las ciudades, como ha propuesto recientemente Salvador Illa. Cambiar los barrios, aprovechar para hacer una necesaria rehabilitación energética de los edificios y para instalar más energías renovables. Por supuesto que también hay que poner coto a la especulación -por ejemplo, prohibiendo la compra por extranjeros de acciones de tu propio país. Pero el mensaje que es necesario lanzar para que baje el precio de las “acciones” solo puede ser uno: y es que este país siempre va a estar comprometido con que todas las generaciones accedan al capital común en las mismas condiciones. 

Todo lo demás, es NIMBYsm.

Después de tantas guerras perdidas por Estados Unidos (Corea, Vietnam, Afganistán, Irak), la guerra de Irán, desencadenada por Trump y Netanyahu -o mejor por Netanyahu y Trump- tiene toda la probabilidad de traernos una profunda y global crisis económica. Con dos ingredientes seguros: la inflación y la recesión. Es lo que se ha dado en llamar “estanflación”, término que reúne dos fenómenos aparentemente contradictorios: congelación del crecimiento (0.8% en la eurozona) y, a la vez, alza importante de precios (la OCDE prevé que la tasa media de precios de los países del G-20 se dispare este año al 4%).

La causa inmediata de la crisis que ya sufrimos en el área de la Unión Europea está, como es sabido, en la subida de los costes energéticos y su traslado al transporte, la industria y la alimentación. Los orígenes mediatos están en el persistente bloqueo en el estrecho de Ormuz y la resiliencia militar y económica del régimen iraní. Algo con lo que no contaban los que, sin amenazas previas, ni objetivos políticos identificables o coherentes, decidieron, de forma a todas luces irresponsable, atacar Irán. Ahora no saben -particularmente Donald Trump- cómo terminar con la guerra.

La gravedad de la situación en las vulnerables economías europeas, tan dependientes de las cadenas de suministros y de las fuentes de energía, obliga a plantearse las políticas que puedan afrontar la crisis de modo menos dañino para las y los ciudadanos. Y surge un dilema: o restricción en la política monetaria y fiscal o estímulo a la demanda y la producción.

La primera de las dos opciones fue la escogida por la Unión Europea en la crisis de naturaleza financiera que estalló a partir de la caída de Lehman Brothers en 2008. Su epicentro era Wall Street, pero se extendió -con un presidente Bush más “pato cojo” que nunca- estruendosamente por las economías de los países desarrollados, contagiando particularmente a los países europeos. Entre otras cosas porque el Banco Central (BCE) de Trichet no percibió la crisis y actuó inicialmente subiendo el tipo de interés cuando Estados Unidos y la eurozona estaban ya en recesión. Contribuyó así a la escalada del euribor y a la caída de las bolsas europeas.

La diferencia con la política adoptada por la Reserva Federal (FED) fue abismal. La FED redujo sin contemplaciones el precio del dinero, del 5,25% al 1% en pocos meses, llegando después hasta cerca del 0%. Sin embargo, el BCE en noviembre de 2008 todavía estaba en el 3,25%. Hubo que esperar a abril de 2009 para que dejara los tipos en el 1,25%. El BCE siempre por detrás de la Reserva Federal. 

Esto en cuanto a la política monetaria, muy volcada en solucionar la situación dramática del sistema financiero. La política fiscal -gastos e ingresos públicos- competencia de los gobiernos y los parlamentos, tardó en llegar. La única medida de política fiscal de estímulo que la Unión, en cuanto tal, lanzó contra la Gran Crisis fue el Plan Europeo de Recuperación Económica (diciembre de 2018). Con directrices nada concretas, a pesar del desastre económico en términos de paro o producción. 

Esas medidas duraron poco. Una austeridad simplona, de inspiración alemana, se convirtió entre 2010 y 2013 en la madre de todas las soluciones, poniendo fin a los efímeros estímulos.

La Unión se alejó así de unos Estados Unidos reticentes a abandonar las políticas económicas de estímulos hasta ver clara la recuperación del sector público. Europa neoclásica y América keynesiana. Vivir para ver. Los ministros de economía del euro no dejaron de aludir al mantra de la “sostenibilidad fiscal” y de las “reformas estructurales”. En el Reino Unido, el gobierno de David Cameron mostró su creencia en las capacidades taumatúrgicas de la austeridad. El Fondo Monetario Internacional también prefería recortar gastos a subir impuestos. El “consenso de Bruselas”, o sea, la doctrina de la austeridad y la restricción presupuestaria, se impuso a los países europeos más afectados por la crisis, discriminados por la imposibilidad legal del BCE de actuar como prestamista de última instancia.

El efecto de la austeridad fue contundente. La Unión Europea -y en especial la eurozona- entró en 2012, por segunda vez, en recesión. Fue un año perdido para el empleo, y para las cuentas públicas. La situación se prolongó en 2013. Europa fue la única región significativa del mundo en la que creció el desempleo. Como contraste, en los Estados Unidos de Obama y Bernanke sus políticas expansivas fiscales de gasto tuvieron resultados positivos de crecimiento y en políticas sociales y de infraestructuras.

En primavera de 2013 cambió la orientación de la insostenible política de austeridad por su evidente fracaso, hacia una línea de estímulos hasta entonces solo defendida por fuerzas de carácter progresista. El paso definitivo lo dio la importante reunión del Consejo Europeo de 27 y 28 de junio de 2013 y la del G-20 de 19 y 20 de julio.

En momentos críticos posteriores a lo que se denominó como Gran Crisis, la Unión no ha repetido los errores de 2010-2013. No lo hizo durante la pandemia de la Covid 19 o en la crisis inflacionista resultante de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, ante los efectos en los precios de la guerra contra Irán, se ha abierto una dialéctica política y académica bipolar. O a favor de establecer medidas expansivas de reducir los tipos o a subirlos si la confrontación bélica se convierte en crónica. Todo parece indicar que la guerra continuará con Europa sufriendo las peores consecuencias, dada la naturaleza comercial de su estructura económica. 

A mi juicio -a diferencia de lo que parece desprenderse de recientes declaraciones de Lagarde- no tendría sentido subir los tipos como forma inmediata de combatir la inflación, porque ésta se producirá con independencia de la política monetaria, ya que su origen está en un conflicto militar y no en decisiones empresariales. En cuanto a una hipotética paralización de la economía, el encarecimiento del dinero no haría más que ahondar la crisis. De ahí la conveniencia de una política expansiva que impida que se reproduzcan los negativos efectos de una ya experimentada austeridad hace una década y media.

Tengamos en cuenta las señales que nacen de la FED, que piensa en recortar los tipos de interés en junio de este año un cuarto de punto. A diferencia del BCE, la Reserva Federal tiene como mandato no solo contener la inflación sino ayudar a mantener un alto nivel de empleo. 

En todo caso, el problema esencial es el bajo crecimiento de la economía. Para fortalecerla, los gobiernos han de tomar medidas de estímulo a través del gasto público y la fiscalidad, y el BCE no obstaculizarlas y, para ello, rebajar el precio del dinero.

Para afrontar la presente crisis energética, Europa (y España) debe practicar una política económica de defensa del Estado de Bienestar y de robustecimiento del poder adquisitivo de los hogares. Una política inversora de fondos públicos, en parte con deuda mutualizada, en parte con impuestos directos sobre las grandes fortunas y corporaciones. Y abordando la gigantesca evasión fiscal que se sustenta en los paraísos fiscales.

Como gran política de fondo, después de la crisis regional en Oriente Medio, no queda sino acelerar la transición ecológica hacia energías renovables, ante lo que Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, ha llamado “la mayor amenaza para la seguridad energética mundial de toda la historia”. España está bien situada para profundizar en esa apuesta imprescindible.

Aparecen de vez en cuando noticias acerca de los resultados de investigación de los primatólogos, sugiriendo prácticamente siempre concomitancias con el comportamiento humano. Existe, naturalmente, una fascinación por saber de dónde venimos que hubiera emocionado a Darwin y horrorizado a muchas de las jerarquías de su época por motivos religiosos. Pero superado ese momento de oscurantismo, el estudio del comportamiento de chimpancés y bonobos es interesante y pertinente, porque efectivamente da claves importantes sobre la conducta humana, sobre todo cuando el investigador tiene la prudencia de no lanzarse al vacío hablando de “guerras” entre chimpancés o de “justicia” o “equidad” en sus acciones.

La razón es que, por mucho que podamos elucubrar con la existencia, cada vez más probable, de un antepasado común entre sapiens y chimpancés más parecido a estos últimos que a nosotros, nuestros comportamientos son fruto de una privilegiada memoria a largo plazo que, pese a ser bastante más imperfecta de lo que creemos –y sobre todo de lo que se cree en los tribunales–, desde luego no está presente entre chimpancés y bonobos. Esa memoria nos ha permitido hacer cosas verdaderamente impresionantes, como asignar un valor semántico a los sonidos que somos capaces de emitir, lo que nos ha permitido crear nuestro lenguaje y así comunicarnos para compartir nuestros conocimientos y sentimientos. Ello nos ha hecho evolucionar, más allá de la genética, de manera espectacular en relación a la progresión de cualquier otra especie del planeta.

Una de las incógnitas que ayudan a despejar los siempre interesantes estudios de los primatólogos, combinados con la obra de antropólogos, psicólogos e historiadores, es la génesis de la noción de “justicia”, y no solamente del sistema judicial actual, sino de la misma idea que fundamenta nuestra idea de justicia: que gane los conflictos, no aquel que sea más fuerte o poderoso, sino aquel que tenga la verdad de su lado. Justamente por eso practicamos la prueba en los procesos, para descubrir la verdad, siendo justamente esa fase su razón fundamental de existencia.

Pero, ¿cómo empezó todo? Nuestra “justicia”, ¿posee una base biológica? Es fundamental observar que para seguirle la pista al concepto, hay que identificar situaciones en que dos seres no resuelven un conflicto entre ellos mismos, violenta o pacíficamente, sino que acuden a un tercero para que les ayude a resolverlo. En ese momento, la observación del comportamiento de los chimpancés vuelve a ser interesante. Son primates que viven en grupo, como nosotros. Y es justamente ese grupo el que es relevante, en muchas ocasiones, para la resolución de sus conflictos, especialmente cuando se ven atacados por un grupo vecino, pero no solamente entonces, sino también cuando un desencuentro entre dos chimpancés deriva en una pelea grupal en la que se toman bandos. 

También existen conductas que tratan de prevenir o disuadir conflictos, como la búsqueda de amistad practicando el aseo mutuo o compartiendo alimento, o buscando distancia, o realizando exhibiciones de poder a gritos intentando alejar a un grupo cercado. Esos comportamientos de apaciguamiento recuerdan poderosamente a la mediación que practicamos desde épocas muy ancestrales los seres humanos de cualquier cultura, pues también intentamos con la misma que los rivales, conviviendo, se respeten o se reconozcan, evitando así, o bien que entren en conflicto, o bien resolviendo una disputa ya existente.

Si a todo a ello le añadimos las cuatro razones principales por las que discuten los chimpancés –territorio, alimento, sexo y jerarquía–, que recuerdan poderosamente a los motivos de nuestros propios conflictos, se comprenderá que nuestra manera de celebrar mediaciones posee una continuidad biológica con los mecanismos de prevención y disuasión de los chimpancés, lo que permite aventurar un origen común muy remoto en alguna especie que ya no está entre nosotros.

Pues bien, los procesos judiciales no son más que el feliz heredero –muy probablemente egipcio– que surgió hace unos 5.000 años de esas antiguas mediaciones. Entre seres que podemos comunicarnos, las mediaciones son muy frecuentemente grupales. Se ha observado en culturas antiguas y actuales de todo el orbe este mecanismo de resolución de conflictos en el que los contendientes exponen su problemática –igual que se exponen las alegaciones en un proceso–, surgiendo en el grupo personas que tienen información de lo sucedido, que son los testigos que tan importantes han sido históricamente en los procesos, y que han perdido actualmente su antiguo valor por razones científicas muy sólidas, pese a que cueste mucho que esta evidencia se asuma en los tribunales por diferentes motivos, pero ese es otro tema. En todo caso, obsérvese que en esa mediación ya tenemos a un tercero catalizador del conflicto –el grupo– que, además, escucha a testigos. Para que se convierta en un proceso judicial, solo hace falta que el grupo decida a quién da la razón, bien en forma de jurado, como sucede todavía en EEUU entre otros lugares, bien a través de unos jueces, como determinaron los antiguos egipcios, inaugurando así la cultura del juez único que podemos identificar también en Mesopotamia y que más tarde se extendería a Grecia y Roma, y de ahí a todo el mundo. Existen altas posibilidades de que esa misma cultura se extendiera por las rutas comerciales hacia el este.

Pero falta un elemento fundamental. ¿Cuándo surge la idea de darle la razón en un conflicto, no al más fuerte, sino al que tenga la verdad de su lado? Es altamente probable que esa idea provenga también de la cultura egipcia. En algunas de sus fases más remotas se identifica una diosa, Maat, que luego fue copiada por los griegos, que la llamaron Themis, y más tarde por la cultura Romana, denominándola “Iustitia”. Como se habrá entendido, Maat era la diosa egipcia de la justicia, actuando aquellos antiguos jueces como sacerdotes del oráculo de la diosa. Lo que los egipcios entendían por “Maat” no cuesta mucho de entender si se analiza la etimología de la palabra, relacionada con los sustantivos “verdad” y “corrección”. Esa es nuestra justicia. Se comprenderá que el salto evolutivo es impresionante. Hasta entonces, como todavía ocurre en nuestras guerras y, por desgracia, demasiadas veces en la política internacional, los conflictos los ganaba el más fuerte, y no el que tenía la verdad de su lado.

Si algo nos enseña toda esta historia, este auténtico viaje alucinante, es que nuestra evolución solo es posible si persistimos en alejarnos de esos modelos de fuerza y poder. Es decir, si profundizamos en sistemas solidarios en los que los seres humanos procuran como prioridad la cooperación y la búsqueda de la felicidad ajena como mecanismo más perfecto de obtención de la propia felicidad. Esa lógica solidaria basada en una auténtica empatía egoísta puede que sea la principal enseñanza de este camino evolutivo que, a duras penas, pese a los contratiempos, vamos siguiendo de manera infatigable cada vez grupos más amplios de seres humanos.

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Para saber más: Nieva-Fenoll, Jordi, 'El origen de la justicia', Ed. Tirant lo Blanch 2023.

La política populista, desde Orbán hasta Trump, se ha construido a partir de una combinación de nativismo, intolerancia, grandiosidad y un discurso grosero y matón que persigue, entre otros objetivos, intimidar al adversario y captar el voto emocional. El diputado de Vox José María Sánchez –juez en excedencia, catedrático universitario y letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ahí es nada– nos ha regalado esta semana un ejemplo práctico, cuando se encaramó al estrado del Congreso donde está la Mesa y, después de increpar a una de las letradas de la Cámara, se encaró con el vicepresidente Gómez de Celis, que, ya pasado el trance violento, confesó que llegó a pensar que el ilustre voxero le iba a atizar. No es la primera vez que José María Sánchez la lía en el Congreso: en septiembre de 2021, durante un debate sobre el aborto, llamó “bruja” a la diputada socialista Laura Berja y también fue expulsado del hemiciclo. 

El deterioro de la cortesía parlamentaria es un hecho ya consumado con implicaciones éticas y estéticas y refleja algo más que la pérdida de cordialidad y juego limpio entre adversarios. Hay una estrategia detrás. Por decirlo de alguna manera: el matón grosero de Vox tiene un plan. Se quiere mostrar como audaz y desafiante ante sus seguidores y votantes, muchos de los cuales escogen la papeleta de Vox no porque estén de acuerdo con su programa electoral, del que solo conocen tres lemas, sino por puro y simple cabreo, que tiene tanto causas reales como inducidas e imaginadas. El voto del cabreo necesita aspavientos, confrontación, insultos e intimidación para mantenerse vivo y en forma hasta que lo reciban las urnas. El diputado de Vox muestra a sus votantes que hace y dice lo que le da gana, se convierte en representante y catalizador de emociones y actitudes falsamente libres y alimenta el voto antisistema que necesita para crecer. La intimidación es también una exhibición de fuerza y poder y como explica Pierre Rosanvallon en su libro El siglo del populismo, estas actitudes impactan no solo por su vulgaridad (apreciada por sus seguidores), sino que incitan de manera sistemática e inédita a la polarización política. 

Aunque el común de los españoles, ya sea de derechas o de izquierdas, rechace la actitud chulesca de José María Sánchez, lo cierto es que activa palancas en el terreno de las emociones, actuando del mismo modo que lemas tan deplorables como Que te vote Txapote, Me gusta la fruta o los insultos al presidente del gobierno que se escuchan en estadios o mítines. Estas actitudes sustituyen al discurso político y tienen un gran recorrido mediático (como prueba esta misma columna). Es lo que el teórico francés Christian Salmon llamó la era del “clash”, la abolición de la política basada en narrativas estructuradas y su sustitución por una política dominada por el enfrentamiento, el impacto momentáneo y la ausencia de relato. 

En estas estamos: hablando de la actitud deleznable de un diputado y evitando el debate sobre el difícil momento que está pasando el partido de Santiago Abascal, marcado por las críticas de exdirigentes, la financiación opaca del partido, su falta de experiencia de gobierno y la caída de uno de sus principales apoyos internacionales, Viktor Orbán. Las salidas de tono y groserías de Vox también nos quitan tiempo para hablar sobre el bien común, algo que exige mucho más esfuerzo creativo y mayor compromiso ideológico, y nos instalan en una negatividad anímica que fomenta la desconfianza ciudadana e impide que nos pongamos de acuerdo para construir una sociedad digna. Por cierto, el PP se ha negado a condenar el comportamiento de José María Sánchez: acordémonos de esto cuando nos toque meter la papeleta en la urna.