Feijóo asume en Extremadura su dependencia de Vox con un acuerdo de vocación “nacional”

Alberto Núñez Feijóo aterrizó en Madrid justo hace cuatro años para liderar un PP enfangado en luchas intestinas, con Vox en 50 diputados en el Congreso y en vísperas del primer gobierno de coalición con los ultras, en Castilla y León. El gallego y su equipo decían tener la vacuna contra Santiago Abascal, quien alienta un ‘sorpasso’ al que fuera su partido durante lustros. Hoy, y pese a ambas promesas, la dependencia mutua de la derecha y la extrema derecha es insoslayable, como demuestra el acuerdo alcanzado este jueves en Extremadura y que marca el camino al resto de comunidades. 

El PP propició un miniciclo electoral abierto el pasado mes de diciembre en Extremadura con la intención de desembarazarse de Vox. María Guardiola, primero, y Jorge Azcón en Aragón, después, señalaron a los ultras por sumarse a la izquierda para bloquear su acción de gobierno. El rechazo de los de Abascal a los presupuestos fue la excusa esgrimida para adelantar los comicios. El resultado en ambas comunidades no fue el esperado para el PP. En Extremadura, María Guardiola perdió 10.000 votos. Ganó un diputado, eso sí, por el desvanecimiento electoral del PSOE, que se dejó más de 100.000 sufragios. Guardiola logró un 43% del voto, una cifra enorme, pero claramente insuficiente ante el empuje de Vox, que casi duplicó su apoyo popular.

En Aragón fue aún peor: Azcón perdió votos y diputados. Vox volvió a mejorar notablemente sus resultados y duplicó el número de representantes en las Cortes: de siete a 14. La paradoja llegó en Castilla y León. El PP logró su mejor desempeño allí donde menos confianza tenía. Alfonso Fernández Mañueco ganó voto y procuradores. Pero la extrema derecha también mejoró hasta rozar el 19% del apoyo popular.

Pasada la efusividad de la noche electoral y la teatralización del día siguiente, la realidad se hizo patente en el número 13 de la madrileña calle de Génova. El PP y Vox están condenados a entenderse para gobernar, y sus principales dirigentes no tienen más remedio que asumir al otro, pese a la evidente falta de sintonía entre ellos y sus cúpulas, lo que ha devenido en un cruce de declaraciones altisonantes que se han prolongado más allá de las campañas electorales.

En estos largos meses de negociaciones (cerradas en Extremadura, casi concluidas en Aragón e incipientes en Castilla y León), Feijóo ha asegurado, por ejemplo, que PP y Vox no tienen “el mismo concepto europeo”. Que difieren sobre “la Transición”. Que el suyo es un partido “constitucionalista”, lo que permite inferir que cree que el otro no lo es. “Somos un partido que cree en el Estado de las autonomías”, ha afirmado en contraposición a Vox. 

El mismo Feijóo que en julio de 2025 afirmó querer un “Gobierno en solitario”, a principios de este 2026 asumió la realidad electoral: “No le pedimos [a Vox] que comulguen con nuestros principios. Tampoco nosotros vamos a comulgar con los de ellos. Pero es que no tenemos elección”. 

No fueron las únicas lindezas que dedicó Feijóo a su único aliado disponible hoy por hoy. Durante las sucesivas campañas, el líder del PP tildó de “adolescente” la posición teóricamente obstruccionista de Vox. También dijo que era “poco democrático” que no dejaran gobernar a su partido tras ganar las elecciones. 

La respuesta de Abascal llegó a través de su principal canal de difusión: las redes sociales. El líder de Vox pidió “detener la invasión”, en referencia a las personas migrantes, “para proteger a los españoles”. Algo que, apuntó, no quiere hacer la dirección nacional del PP.  “Esto es lo que quiere evitar Feijóo, y por eso dinamita las negociaciones”. Abascal también tildó a la dirección del PP de tener comportamientos de “contrabandistas de ría”, una poco velada referencia a la procedencia gallega de Feijóo y de su equipo de principales colaboradores, y a su larga amistad con el narco Marcial Dorado.

Un programa con mucha huella de Vox

Los discursos han ido por un lado, y las negociaciones por otro. Pese a que el propio secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró el pasado verano que “no habrá coalición con Vox”, las derechas están condenadas a entenderse si quieren gobernar. Y la dependencia parece mayor para el PP, quien ha renunciado no solo a su intención de gobernar en solitario. También ha convertido en papel mojado la propia guía de las negociaciones impuesta por Génova a los barones autonómicos.

Un documento que se hizo público en plena pugna negociadora en Extremadura y cuando el riesgo de descarrilamiento de las conversaciones fue real. La dirección nacional del PP asumió las riendas de las negociaciones, con Tellado y la jefa de gabinete de Feijóo, Marta Varela, como delegados plenipotenciarios.

El decálogo negociador recoge dos ideas esenciales para marcar los límites de los posibles pactos: nada de exceder los marcos competenciales autonómicos ni “fuera de la legalidad vigente”. En el PP tenían miedo de que sus barones firmaran cualquier papel con tal de garantizarse la investidura, como ocurrió en 2023. El de ahora supera a aquel.

El descontrol de aquella negociación autonómica y municipal fue crucial para el fiasco de Feijóo en las generales del 23J, tal y como reconocen abiertamente en su equipo. En esta ocasión, el control desde la dirección nacional ha sido mayor, pese a que durante los más de 100 días de conversaciones la pérdida del control de los tiempos ha abonado la impaciencia de muchos.

El acuerdo en Extremadura excede los límites marcados por la dirección, al menos en su enunciación política. Está por ver el encaje legal de algunas afirmaciones que incumplen el decálogo planteado por la dirección del PP, y asumido a su vez por ella misma. El pacto se hizo público en la noche del jueves y recoge muchas ideas fuerza de la ultraderecha. El líder de Vox lo recibió de hecho con júbilo. “Hemos llegado a un acuerdo en el que tenemos garantizado que en Extremadura va a haber prioridad nacional; prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social”, dijo Abascal.

Ya desde el inicio el texto deja clara su vocación. Habla de la “búsqueda del bien común y la toma de las mejores decisiones para Extremadura y España” y en su primer punto programático establece “blindar la continuidad de Almaraz”, la central nuclear gestionada por Iberdrola, Endesa y Naturgy. Una idea que excede por completo el marco autonómico

Lo que sí puede hacer el Gobierno de PP y Vox es, tal y como plantean, “eliminar de la ecotasa energética”, que grava precisamente a instalaciones como la central de Almaraz. Supone unos ingresos de unos 80 millones al año, y desaparecerá de forma progresiva durante la legislatura. Las empresas propietarias anticiparon en 2025 beneficios por 10.000 millones de euros.

El acuerdo ataca expresamente a las energías renovables y plantea “evitar la ocupación indiscriminada del suelo”. En la actualidad, menos de un 0,5% del territorio español acoge una central fotovoltaica o eólica, principales objetivos de Vox. A la vez, el documento plantea “implantar industria” con solo una “declaración responsable” de los promotores. A tal fin, se afirma la “revisión de la delimitación de las zonas” de especial protección medioambiental que forman parte de la Red Natura 2000, de ámbito continental.

PP y Vox quieren también “blindar el sector primario frente a la agenda 2030”, de ámbito europeo y aprobada en su momento con los votos favorables del partido de Feijóo. También critica otras “imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde” (negociado también por el PP en la UE). “Manifestamos nuestro rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur”, concluye el texto. Otro elemento ajeno a la política autonómica.

Los ejemplos son muchos: en cuanto a políticas sociales, PP y Vox han acordado dar “prioridad a los españoles” en lo que se refiere a atención sanitaria y ayudas. Reconocen, eso sí, que difícilmente podrán hacerlo porque contraviene tanto la normativa estatal como la europea. También en materia de inmigración PP y Vox asumen unos postulados que escapan al control de un gobierno autonómico, como rechazar la llegada de menores solos o impedir el reparto de migrantes irregulares.

El Gobierno que presidirá María Guardiola (a quien Abascal llamaba despectivamente “Irene Guardiola” en campaña, y de quien ha pedido su cabeza en varias ocasiones) “no participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Extremadura”, afirma el documento. Tampoco la “prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos” está amparada por ninguna norma estatal, por lo que no se podrá imponer.

En materia de inmigración, PP y Vox han acordado crear una indeterminada Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva que “tendrá un papel activo en la identificación y desmantelamiento de redes organizadas y mafias que operan mediante la sobreocupación de viviendas y los denominados ‘pisos patera”. 

En materia de vivienda, el documento lo tilda de “prioridad nacional” y exigirá entre cinco y 10 años de empadronamiento para acceder a un piso protegido. El documento dedica varios puntos a la ocupación, pese a que Extremadura registró 142 ocupaciones de viviendas en 2024 y los allanamientos de morada apenas sumaron tres casos el mismo año, según el Sistema Estadístico de Criminalidad. El contenido ultra del documento llega hasta su final, donde se plantea la “declaración como Bien de Interés Cultural la Cruz de los Caídos de Cáceres”.

Unidad de destino electoral de las derechas

El acuerdo no se puede circunscribir a Extremadura, dado que no se ha podido firmar sin el visto bueno previo de las direcciones estatales. Además, deberá todavía ser refrendado por el Comité Ejecutivo Nacional del PP, que aglutina a la dirección de Feijóo y a los barones autonómicos. 

Así, todo el partido se hará responsable de este pacto. Y de los que lleguen. Porque la realidad electoral española deja poco margen. Pendientes de ver lo que pasa en Andalucía, donde el PP suspira con retener la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno, todas y cada una de las encuestas que se publican en España apuntan a que PP y Vox deberán entenderse en buena parte del país. Y con bases políticas similares.

Así, el documento sellado el jueves por los dos partidos habla de un “compromiso de unidad y confianza mutua”. Y eso que el PP apenas ha hecho comentarios al respecto. En una nota remitida a los medios esa misma noche, se plantea:“ Cerrado el capítulo de Extremadura, vamos a por la siguiente”.

Feijóo todavía no ha dicho nada sobre el acuerdo. Este viernes, se organizó un acto cerrado de aclamación con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado y no habló sobre el pacto.

Sí lo han hecho algunos dirigentes autonómicos. Y los dos principales barones se han querido desmarcar expresamente de un pacto que tendrán que votar en los órganos internos.

Moreno, que se enfrentará a las urnas el 17 de mayo, teme perder la mayoría absoluta que logró en 2022 y tener que gobernar con Vox, lo que le haría perder el aura de moderado que se ha construido desde que asumió la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

“Es lo que queremos evitar en Andalucía” dijo expresamente este viernes cuando fue preguntado por el acuerdo firmado por Guardiola y la dirección del PP. El presidente andaluz criticó los “seis meses, medio año, de parálisis” desde las elecciones, aunque han sido cuatro meses. “En Andalucía buscamos otra opción, aspiramos a un gobierno en solitario, a ser libres y no tener que esperar”, zanjó.

Tampoco a la madrileña Isabel Díaz Ayuso le agradó el acuerdo, sobre todo por naturalizar ese lema de “españoles primero” que ella intenta desactivar en su región para impedir el auge de Vox. “Yo creo en la ley y el orden”, dijo este viernes, “No puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tienen derecho”, añadió, y anticipó un fiasco para los extremeños que se crean el acuerdo: “Como se va a tener que cumplir la ley, creo que muchos de esos requisitos no son legales. No se puede dejar a nadie al margen de un sistema en el que ha contribuido y dejar al margen del sistema sanitario”.

Las siguientes paradas de la negociación son Aragón y Castilla y León, donde se confirmará si lo pactado en Extremadura se va a extender al resto de las regiones pese a las reticencias de los principales barones del PP.