La plataforma Movistar Plus+ ha lanzado una brillante creatividad este viernes, 10 de abril, relacionada con su serie Celeste. Aprovechando que la población española se enfrenta a la declaración de la renta, la protagonista de la ficción aparece frente a cámara con la intención de compartir distintos consejos para defraudar a Hacienda… o no. La promoción se acompaña de un mensaje para los seguidores relacionado con sus nuevos capítulos.

Producida por 100 Balas (The Mediapro Studio) para el servicio de streaming de Telefónica, la producción arranca el rodaje de su segunda temporada con un caso inédito: se inspecciona a un famoso futbolista que en su día logró evadir sus responsabilidades con el fisco. La única intérprete confirmada por el momento para esta tanda de episodios es Carmen Machi, quien vuelve a ponerse en la piel de Sara Santano.

La actriz se mete en la piel de su personaje en esta creatividad, mirando sonriente a cámara: “Ha arrancado la campaña de la renta, y estos son mis tres consejos para defraudar a Hacienda y que nadie te pille”. En ese momento, el silencio precede a una expresión facial que se va endureciendo mientras la cámara hace Zoom: “Si has aguantado hasta aquí, tienes un problema. Voy a por ti”.

Durante su primera temporada, la ficha técnica quedó encabezada por el creador Diego San José. La producción ejecutiva corrió a cargo de Fran Araújo, Laura Fernández Espeso, Javier Méndez, Alejandro Flórez y Diego San José, con Elena Trapé al frente de la Dirección. Álex García Martínez estuvo al frente de la dirección de Fotografía, y Marc Pou de Frutos hizo lo propio en el área de Arte, La música original fue de Lucas Vidal.

Así fue la primera temporada de 'Celeste'

La promoción bebe directamente de la esencia de Celeste, en cuyos primeros capítulos se exploró el caso de la gran estrella de la música latina. Sin embargo, la verdadera protagonista fue una inspectora de la Agencia Tributaria que estaba a punto de prejubilarse. Comenzó entonces una carrera contrarreloj para demostrar que la intérprete residió en España durante 184 días, la mitad del año más un día.

El juicio de Kiko Matamoros y Makoke por su conflicto con Hacienda, previsto para este miércoles 18 de marzo, ha sido aplazado. Los colaboradores televisivos se han reencontrado en los Juzgados de lo Penal de Madrid para defenderse de un presunto delito de ocultación de bienes al fisco. Sin embargo, la vista ha sido suspendida y tiene nueva fecha.

Según fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es y verTele, la expareja ha llegado por separado a la cita dada su mala relación desde que pusieron fin a su matrimonio. Matamoros ha sido visto entrando en solitario al juzgado, mientras que Makoke ha estado acompañada por su pareja Gonzalo y por su hijo Javier Tudela. Estas fuentes relatan que no había mucha prensa -salvo algunas agencias-, algo llamativo en un proceso tan mediático, pero sí público que ha llenado la sala.

Como trascendió hace unos días, la Fiscalía pide en este proceso cinco años y seis meses de cárcel para el extertuliano de Sálvame, y cuatro años y tres días para la actual colaboradora de programas de Telecinco como Fiesta, además de multas económicas para ambos. El juicio, sin embargo, no se ha llegado a celebrar en la fecha fijada.

De acuerdo a la información que facilitan estas fuentes, no se había explorado una posibilidad de conformidad, un posible pacto con la Fiscalía. Antes de que arrancara la vista, las partes se han reunido a puerta cerrada y han negociado. Ha estado a punto de cristalizar la conformidad, pero la representante del Ministerio Fiscal ha terminado comunicando que no ha habido pacto.

Al arranque del juicio, una de las partes -según La Vanguardia es la de María José Giaever, conocida públicamente como Makoke- ha presentado un informe pericial económico en la fase de cuestiones previas para defender su inocencia. La Abogada del Estado ha pedido media hora, pero la Fiscal ha dicho que necesitaba más tiempo, mínimo uno o dos días. Por tanto, la vista de este miércoles ha quedado suspendida y se han emplazado para el 17 de abril. Ese será el día en el que se reanudará el juicio.

A su salida del juzgado, la propia Makoke ha confirmado a los reporteros de Chance, de Europa Press, lo ocurrido: “Se ha suspendido. No puedo decir nada más, nunca he hablado cuando un tema está judicializado y no me voy a pronunciar. Estoy tranquila, confío en la justicia. No tenía ni idea de que se iba a suspender”, ha declarado.

El histórico bote que Pasapalabra entregó a Rosa Rodríguez continúa generando reacciones. Manu Pascual, quien fue testigo directo del triunfo de su compañera en el concurso, ha compartido una reflexión pública sobre la fiscalidad que Hacienda aplica al premio de 'El Rosco'. El madrileño se ha pronunciado este martes, 10 de febrero, estableciendo una comparación con el pago de impuestos derivado de la Lotería: “Quizás no es lo más igualitario”.

Con esta premisa de partida, Manu Pascual se ha pronunciado en una entrevista con El Español: “Que se tribute más un premio que te has ganado estudiando que, por ejemplo, la lotería quizá no es lo más igualitario”. Como analizamos en esta otra pieza, Rodríguez debía cumplir una serie de obligaciones con la Agencia Tributaria tras alcanzar la victoria en el espacio de Antena 3.

En este sentido, el natural de Collado Villalba ha asumido las reglas de juego: “Cuando sales a concursar sabes lo que hay y cuentas con ello”. Conviene destacar que el porcentaje de retención o ingreso a cuenta para aquellos que ganen la Lotería será el 20%. No están sujetos a ese gravamen si el importe del premio es igual o inferior a 40.000 euros. DiG Abogados asegura que “no tendrá la obligación de presentar autoliquidación en la declaración de IRPF”.

Aunque no ganase el bote, Manu Pascual dijo adiós a Pasapalabra tras 437 programas con 270.600 euros brutos. Al igual que su compañera, el premio que se embolsó tributa en condiciones similares. Tal y como ha señalado durante la entrevista, su intención es invertirlo en su formación: “Quiero hacer más másteres relacionados con lo mío [la Psicología] y, lamentablemente, cuestan mucho dinero”. Otra parte del montante se destinará a “algún viajecito” y ahorrará el resto: “La vida está muy dura”.

Manu Pacual ya forma parte de la historia de 'Pasapalabra'

Aunque no se llevara el preciado Bote, Manu Pascual ya forma parte de la historia del concurso de Antena 3. Junto al madrileño, otros cuatro concursantes se despidieron de Pasapalabra ante la victoria en 'El Rosco' de sus contrincantes: ellos son Javier Dávila, Marco Antonio Marcos, Orestes Barbero y Moisés Laguardia. Todos dijeron adiós ante los triunfos de Pablo Díaz, Sofía Álvarez, Rafa Castaño y Óscar Díaz.

Pasapalabra ya ha entregado el bote más alto de su historia a Rosa Rodríguez, que asciende a la friolera de 2.716.000 euros. Después de 307 duelos con Manu Pascual, la concursante se ha alzado victoriosa en 'El Rosco' de Antena 3 -en un programa que ha arrasado en audiencias- tras acertar la última cuestión propuesta por Roberto Leal. Ahora, la pregunta es otra: ¿cuánto se quedará del premio final tras tributar a Hacienda?

Su duelo epílogo se vio este jueves, 5 de febrero, en una emisión especial en el prime time de la principal cadena de Atresmedia. La audiencia vivió una gesta de infarto: a falta de tres segundos para que el cronómetro llegase a cero, Rodríguez acertó la letra M y su 'Rosco' —que puedes consultar aquí— se iluminó entero de color verde. Se produjo entonces el adiós definitivo de su compañero, quien tuvo que despedirse del programa embolsándose los 270.600 euros que llevaba acumulados desde mayo de 2024.

Las tiras de confeti inundaron el plató de Pasapalabra tras entregar el bote más abultado en toda su historia, superando los premios de Rafa Castaño (2.272.000 euros), Eduardo Benito (2.190.000 euros), David Leo (1.866.000 euros) y Pablo Díaz (1.828.000 euros). Y tras la alegría del momento, los espectadores volvieron a plantearse una cuestión de lo más habitual cuando se entregan premios con cantidades tan elevadas: ¿exactamente cuánto dinero terminará embolsándose Rosa Rodríguez después de cumplir sus obligaciones con la Agencia Tributaria? Obligaciones que, por cierto, ella ha defendido en su entrevista para verTele.

El dinero que Rosa pagará a Hacienda por el bote de 'Pasapalabra'

Hacienda reclamará a Rosa Rodríguez dos porciones de su premio. La Ley que regula las obligaciones vinculadas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) establece en su artículo 101.7 que el porcentaje de retención sobre los premios que se entreguen como consecuencia de la participación en concursos será del 19%. Si bien es cierto, conviene recordar que esta cantidad es retenida por la productora del programa: actúa como “recaudadora”, abonando el montante en cuestión al organismo:

Las obligaciones de la concursante con la Agencia Tributaria no acaban aquí. Este tipo de premios están sujetos a otro tipo de retenciones al considerarse ganancias patrimoniales no derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales. Por este motivo, es necesario incluirlos en la base imponible general de la declaración de la renta, como nos indica Rubén Gimeno, secretario técnico del REAF. En este punto se tendrán en cuenta todos sus ingresos durante el ejercicio y no únicamente el premio derivado de su participación en Pasapalabra.

Este porcentaje varía en función de la comunidad en la que tribute cada ciudadano, además del nivel de ingresos que declare, como se especifica en las tablas de retención de Hacienda donde se especifican los tramos. Teniendo en cuenta ambos factores, Rosa Rodríguez, que reside en Barcelona, se enfrentará a los siguientes tipos máximos cuando la cantidad exceda los 300.000 euros: 24.5% a nivel estatal y 25.5% a nivel autonómico. Conviene recordar que el IRPF es progresivo, con las cantidades finales sujetas a distintos tramos.

Tras la declaración, a Rosa le quedará un premio neto de aproximadamente 1.377.000 euros tras cumplir con sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria estatal y con la Hacienda autonómica de Cataluña.

Lolita Flores se convirtió en la invitada estrella de La Revuelta este martes, 18 de noviembre, para promocionar uno de sus últimos trabajos. La anécdota de la jornada se produjo cuando David Broncano planteó la pregunta clásica relacionada con el patrimonio: “¡Se me olvidaba!”. En ese preciso instante, la cantante entonó una crítica en RTVE contra Hacienda relacionada con el exministro Cristóbal Montoro: “No me va a devolver los dos millones de euros que me quitó”.

Durante la conversación, Lolita se centró en señalar al exministro durante el mandato de Mariano Rajoy: “El patrimonio lo tenía y Cristóbal Montoro se lo llevó. Me hizo dos inspecciones y tuve que vender mi casa”. Además, aprovechó para señalar que “muchos compañeros de profesión” se enfrentaron a una “caza de brujas” por parte de Hacienda: “Espero que este señor lo pague de alguna manera, aunque no me vaya a devolver los dos millones de euros que me quitó”.

Broncano hizo un ejercicio de memoria para insistir en que “mucha gente del espectáculo” se vio afectada por este tipo de inspecciones: “Había muchos asesores que decían que se podía hacer”. El presentador de La Revuelta se refirió con este comentario a una regularización puesta en marcha para evitar que actores, futbolistas y otros profesionales tributasen a través de sociedades mercantiles.

Por su parte, la cantante aprovechó para recalcar que el exministro está siendo investigado por la presunta creación de una “red de influencias” para beneficiar a ciertas empresas: “El señor Montoro se llenó muy bien los bolsillos. Está imputado. Todo ese dinero que se llevó lo desvió para otras cosas. Mis dos millones de euros deben estar por ahí en algún sitio”. Antes de concluir, Lolita se dirigió a la audiencia: “Vivo de alquiler y vivo de mi trabajo. Mi patrimonio maravilloso es mi familia”.

La regularización fiscal a la que Lolita Flores hace alusión

La polémica surgió a principios de 2013 cuando Cristóbal Montoro puso en marcha una serie de inspecciones a distintos artistas para regularizar su situación fiscal. Esto implicó que Hacienda exigiese el pago de la diferencia entre lo que habían tributado por el Impuesto de Sociedades y lo que debería haberse abonado a través del IRPF. Se consideró entonces que, si el actor es el único medio de producción, sus ingresos son rentas del trabajo y no un beneficio empresarial.

Como resultado, distintos actores y actrices dejaron de tributar precisamente a través de sociedades para facturar sus ganancias precisamente como rendimientos del trabajo o de actividades económicas a través del citado impuesto. De este modo, se intentó evitar que la administración pública pusiese en marcha futuras inspecciones que acarrearan penalizaciones.

Con Isabel Pantoja, Bertín Osborne y Paz Vega en la lista de morosos de Hacienda, el tema no podía pasar inadvertido en la tertulia de D Corazón. Este sábado, el magacín de La 1 puso el foco sobre algunas de las celebridades que todavía están en deuda con las arcas del Estado: hasta 2,3 millones debe la famosa actriz de Lucía y el sexo, seguida de la cantante (1 millón) y el veterano presentador de Canal Sur (865.000 euros). Alba Carrillo se mostró muy crítica con ellos desde TVE.

“Hay que tener poca vergüenza”, lamentó la tertuliana. Mientras que determinados famosos inclumplen sus obligaciones con el fisco, “a la gente le quitan 800 euros de una nómina enana para pagar los servicios sociales de todos”, añadió.

La colaboradora aprovechó para arremeter contra uno de los 'morosos' más conocidos. “El señor este que es tan español, Bertín Osborne, el padre del año, que pague a Hacienda, que eso también es ser español”, le espetó Carrillo, recordando que las “carreteritas por las que va con su Porsche” se pagan con los impuestos de todos.

Además, sugirió que deberían tomarse medidas contra estos deudores. “Ni muerta pago un euro a alguien que no haya pagado a Hacienda”, exclamó. De hecho, incluso pidió que las “televisiones públicas” dejen de hacer negocios con estas personas.

Pablo Ibáñez, conocido televisivamente por su personaje de El Hombre de Negro, pierde una nueva batalla con Hacienda. La Justicia ha dado la razón a la Agencia Tributaria, que le reclama 256.409 euros del IRPF por “tributar de forma irregular” su sueldo como colaborador de El Hormiguero entre los años 2011 y 2014.

Un año después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apoyaba la inspección fiscal que consideraba que había declarado de manera irregular los 696.750 euros que cobró del programa de Pablo Motos en el período arriba mencionado, El Confidencial informa que los magistrados también avalan la reclamación del fisco y deberá abonar los más de 250.000 euros que se le demandan.

Según la inspección, El Hombre de Negro empleó una sociedad llamada Burlesque Noir para tributar sus ganancias como colaborador de El Hormiguero en cuatro ejercicios. En concreto, 111.100 euros en 2011, 152.700 en 2012, 202.000 en 2013 y 230.950 en 2014. De este modo, tributó la mayor parte de su sueldo a través del Impuesto de Sociedades y no del IRPF. Y además, intentó deducirse determinados gastos personales a través de la empresa que Hacienda no ha aceptado.

Los detalles de la investigación de Hacienda

Tal como recoge el citado medio, los magistrados del TSJM consideran que Pabo Ibáñez “utilizó una sociedad de la que es administrador y socio único, que no añade ningún valor a la actividad realizada por la parte reclamante y que solo se utiliza para eludir los tipos impositivos progresivos y más elevados del IRPF”.

Cabe apuntar que existen ejemplos de artistas y personalidades televisivas que han empleado la misma estrategia y sí fue aprobada por el fisco. Ha sido siempre y cuando estos profesionales recibiesen después de la sociedad “un sueldo a precio de mercado”. A esa baza trató de aferrarse El Hombre de Negro en su recurso, pero la sentencia es clara: “Habiendo incumplido la norma que le obligaba a valorar las operaciones por su valor normal de mercado, concurre culpa en la actuación de la parte reclamante, sin que pueda apreciarse interpretación razonable de la norma en su actuación”.

Burlesque Noir facturaba la retribución del colaborador por su papel en El Hormiguero y después le pagaba por sus “rendimientos de trabajo”, siendo sólo 137.504 de los 696.750 euros totales los que estaban sujetos al IRPF. Los magistrados consideran que, con ello, “se ha producido un remansamiento de rentas” y que la sociedad “no le ha retribuido por su valor de mercado”.

Además, la inspección de Hacienda también considera que el excolaborador de Antena 3 trató de deducirse a través de esta empresa gastos “de índole particular ”que no estaban relacionados con la actividad social de la misma, tales como “los derivados de compras en Hugo Boss, Benelux, Giorgio Armani, Leroy Merlín, El Corte Inglés, Maisons du Monde, Lámparas Oliva, Zardoya Otis, La Vaca Verónica y Hotel Bahía”.

Reacción en cadena vivió este lunes la eliminación de los Mozos de Arousa. El equipo formado por Raúl Santamaría, Bruno Vila y Borjamina se despidió del concurso de Telecinco, dejando a Ion Aramendi envuelto en lágrimas al cerrar un histórico paso por el programa que se ha prolongado durante el año y medio que los jóvenes han permanecido invictos. En ese tiempo, el trío ha logrado acumular un premio que asciende a más de 2.6 millones de euros. Sin embargo, esta cantidad no será la que perciban exactamente los participantes, ya que tendrán que descontarle el dinero que tributarán a Hacienda.

Los Mozos de Arousa, que ya han enseñado cómo es su nueva vida tras su paso por el formato, debutaron en Reacción en cadena el 25 de mayo de 2023. Desde ese día, el grupo ha sumado más de 400 participaciones consecutivas, con más de 6.000 palabras resueltas en la prueba clave y decisiva del concurso, Complicidad ganadora, y más de 400 pasos por La última palabra. Además, cuentan con la mejor marca histórica con 17 aciertos en tan solo 60 segundos en la primera de estas dos pruebas.

Con todo ello, Raúl, Bruno y Borjamina han logrado alzarse con un bote acumulado que se cierra en 2.630.177 euros. Se trata del segundo premio más alto entregado jamás en la televisión, solo por detrás de los casi 6.7 millones de euros que se embolsaron Los Lobos de ¡Boom!, y el más alto de la historia de Telecinco, superando con creces los mayores botes conquistados en Pasapalabra durante la etapa del concurso en Telecinco. Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿Cuánto dinero se quedarán realmente los gallegos tras tributar a Hacienda?

Cuánto se quedan los 'Mozos de Arousa' tras pagar a Hacienda

Al tratarse de un equipo, de esos 2.630.177 euros, a cada uno de los tres integrantes de los Mozos de Arousa le corresponden 876.726 euros, por lo que procederemos a desarrollar el cálculo de forma individual.

Hacienda reclamará a cada uno de ellos una parte del premio, en dos tributaciones. La primera consiste en una retención preventiva del 19% a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El 19% de 876.726 es 166.577,94 euros, una cifra que será retenida de inmediato por la productora del programa que, en cierto sentido, se comporta como “recaudadora” para Hacienda. Por tanto, el dinero que recibirá cada 'Mozo' de primeras en su cuenta es de 710.149 euros.

Pero la cosa no queda ahí. Tal y como explica la plataforma fiscal TaxDown, este tipo de premios no están exentos de tributar en el IRPF, pues se consideran una ganancia patrimonial que no deriva de transmisión de elementos patrimoniales, por lo que hay que incluirlos en el apartado de la base imponible general en la declaración de la renta del año siguiente a su consecución. Cabe mencionar que esta ocasión se tendrán en cuenta todos sus ingresos, no solo el premio del concurso.

En este caso, el porcentaje que se aplica depende de la comunidad autónoma en la que resida cada ciudadano y del nivel de ingresos que se declaren. Como tanto Borjamina, como Raúl y Bruno son de Galicia, tributarán, por un lado, un 24,5% de la escala estatal y, por otro, un 22.5% en la comunidad autónoma [puede comprobar aquí la escala aplicable al ejercicio de 2023], es decir, un 47% del total.

De este modo, la Agencia Tributaria estatal recaudaría 214.798 euros del premio y la Hacienda autonómica de Galicia 197.263 euros. En total, ambos organismos se quedarán con 412.061 euros (de los que ya habrán adelantado, como hemos mencionado, una primera parte) y a cada concursante le quedaría un premio neto de 464.665 euros.

De Diego San José se esperaba otra comedia satírica, pero no, el famoso guionista vasco, creador de la trilogía Vota Juan, nos trae esta vez una serie que no pretende hacernos reír más de la cuenta.

En Celeste hay espacio para el thriller y el drama. No tanto para la risa, que aflora, sin embargo, de situaciones tan rídiculas como humanas. El personaje principal de esta miniserie de seis capítulos que ha estrenado este jueves 14 de noviembre en Movistar Plus+ es Sara Santano (Carmen Machi), una inspectora de Hacienda que, al borde de la jubilación, recibe el encargo de investigar las finanzas de una cantante latinoamericana que pasa largas temporadas en España pero tributa en otro país. ¿Les suena la historia? No, no es la de Shakira.

“Podríamos haber elegido un caso real como el de Shakira, o cualquier otro, e intentar seguirlo alimentándonos de lo que pasó. No nos interesaba esa serie”, explica a verTele el propio San José.

En efecto, la historia de Celeste va mucho más allá de la trama fiscal. Salpicada por un trabajo demoledor y una personalidad complicada, la vida de Sara Santano reclama toda la atención. “La protagonista es una mujer que tiene que tomar la decisión de qué hacer después de jubilarse. Eso es lo que nos importaba. Es la serie contraria a la que un espectador más sensacionalista podría esperar”, aclara su creador.

“Hay una defensa de un modelo de Estado”

Lo personal y lo laboral discurren en paralelo, también aquí. Sara Santano ha sacrificado su vida para regalársela al trabajo, quizá porque tenía mucha oscuridad alrededor (o dentro) y prefería ser 'la poli mala' del fisco. Pero cree en la importancia de lo que hace, en la necesidad de contribuir a la caja común.

En la serie “hay una defensa de un modelo de Estado”, reconoce Elena Trapé, directora de los seis capítulos que componen esta producción de 100 Balas (The Mediapro Studio). “Se defiende la necesidad de pagar impuestos para que reviertan en la felicidad de la sociedad”, agrega la cineasta catalana, consciente de que en Celeste hay unas cuantas frases lapidarias que servirían de reflexión a los patriotas que sacan su riqueza de España. Si conocieran a Sara Santano, se lo pensarían dos veces.

Además de Carmen Machi, que encabeza el elenco, también forman parte del reparto Manolo Solo, Andrea Bayardo, Clara Sans, Antonio Durán, Aiza Villagrán y Marc Soler.

La Abogacía del Estado ha asegurado este lunes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el 'caso Nummaria' que Ana Duato “sabía y tenía que saber” que el despacho de asesores al que confió sus finanzas utilizaba una sociedad pantalla con el objetivo de defraudar a Hacienda.

Así se ha pronunciado en su turno de informes sobre la actriz de Cuéntame cómo pasó y sobre su marido, el productor televisivo Miguel Bernardeau. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de 16 años de cárcel por cinco delitos fiscales, correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2014 y 2015. Todo dello, en el marco del juicio en el que se acusa a una treintena de personas por presuntamente haber evadido impuestos a través del despacho de abogados Nummaria, que supuestamente se habría dedicado a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a tal fin.

Respecto a Duato, la Abogacía del Estado ha aseverado que cuando se abrió la primera inspección, Hacienda se encontró también con muchos documentos “falsificados [...] de manera consciente y de manera deliberada, para intentar engañar a la inspectora que llevó a cabo ese primer procedimiento inspector relativo a los años 2010, 2011 y 2012”. Ha incidido en que Duato usó una “entidad simulada”, la Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE), y ha subrayado que ella y su marido “sabían perfectamente que esta entidad era una entidad completamente simulada, una entidad pantalla”.

“Tiene más conocimientos financieros que un ciudadano medio”

“La señora Duato no es solo una actriz, sino que es una empresaria, y una empresaria de éxito junto con su marido. Ambos son propietarios de la productora Ganga Producciones, que lleva facturando a Televisión Española decenas de millones de euros en estos últimos veinte años. Por lo tanto, la señora Duato tiene más conocimientos a nivel financiero, contable y tributario, junto con su marido, que un ciudadano medio”, ha enfatizado.

En ese punto, el abogado del estado ha remarcado que Duato, cuando se acerca al despacho de Fernando Peña -Nummaria- y le recomiendan la estructura defraudatoria “sabía y tenía que saber que esa entidad -que le recomendaron- era una sociedad pantalla, y su marido también”. Se llega a ironizar con que la intérprete “entró un día por la puerta del despacho de Fernando Peña y salió con un conjunto de sociedades pantalla [...] y pagando la mitad de lo que debía pagar”, pero que “ella por supuesto confiaba en su asesor y no se dio cuenta de nada...”.

Por otro lado, ha explicado que los asesores del actor Imanol Arias falsificaron documentación y presentaron facturas irregulares y falsas a la Agencia Tributaria cuando ésta inició el primer procedimiento inspector. Cabe recordar que antes del juicio Arias llegó a una conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por la que reconoció cinco delitos fiscales y aceptó una pena de 2 años y 2 meses de cárcel.

Al hilo, el abogado del Estado ha resaltado que lo más grave de su caso es que tras ese procedimiento administrativo sus asesores del despacho Nummaria “intentan engañar” a Hacienda dado que sabían “de la irrealidad de la estructura” societaria creada para Arias.

Los argumentos de la defensa

Por su parte, la defensa del principal encausado, Fernando Peña, ha sostenido que “existen tales irregularidades en el procedimiento y tal ausencia probatoria que no se ha destruido la presunción de inocencia con la que llegó” su defendido al juicio.

Ha desgranado que hubo irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas obtenidas en los documentos informáticos incautados en la entrada y registro del despacho Nummaria, algo que impediría que sea usado. El letrado, ha especificado que todo el material estuvo desde la incautación en manos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda, que es acusación particular en el caso.

Además, ha sostenido, como ya hizo desde el inicio del plenario, que hubo alteraciones y “profundas modificaciones” en las pruebas incautadas, alteraciones que pararon cuando fueron puestas a disposición de las partes. “Hemos presenciado un procedimiento inquisitorial”, ha lamentado.

Otra de la irregularidades denunciadas por el abogado es que el letrado de la Administración de Justicia (LAJ) no estuvo presente durante toda la diligencia de entrada y registro. Y ha incidido que la entonces jefa de la ONIF, Margarita García Valdecasas, participó en la misma cuando su marido había tenido conexión con el principal encausado.

Por otro lado, ha sostenido que a Peña se le atribuyen ingresos de diversas sociedades diciendo que era titular de las mismas, pero ha recalcado que esto debía haberse sustentado en alguna prueba, y ha matizado que “ningún documento de los aportados permite llegar a la conclusión de que es titular”. “Nadie ha dicho que fuera el titular, dicen que era el despacho de Peña, que les contrató... pero ninguno ha dicho que tuviera conocimiento fehaciente de esa titularidad”, ha recalcado.

Sobre los delitos que le atribuyen a Peña, su defensa ha resaltado que las acusaciones consideran que participó en todos y cada una de las irregularidades del resto de investigados, pero ha explicado que en el plenario “no se ha acreditado intervención concreta” de su mandante y sí que sólo hacía su declaración de la renta.

En cuanto a las irregularidades que le achacan a la hora de declarar beneficios de sociedades que, sostiene la acusación, eran suyas, ha explicado que los informes al respecto están plagados de “agujeros y errores” y que se ha dado “una singular forma de computar ingresos y gastos”. Ha sostenido que las sociedades pagaron impuestos, “por ejemplo 6 millones de euros en IVA” e impuestos de sociedades.

Además, ha defendido que la estructura fiscal era “perfectamente legal” porque se basaba en sociedades inglesas y AEIE legales. “Por eso no se puede decir que esas sociedades legales conduce a la no tributación y que por tanto hay delito fiscal”, ha lamentado.

Sobre el delito de organización criminal que se le achaca, la defensa de Peña ha explicado que en este caso no concurren las circunstancias a efectos de poder estimar que existe esa organización. “Un despacho de asesoría de por sí no es una organización destinada a cometer delitos”, ha subrayado.

Óscar Díaz, ganador del bote más reciente de Pasapalabra (1,8 millones de euros), ha encontrado un aliado con el que defender la importancia de pagar impuestos.

Tras hacerse con el premio, Díaz ha coincidido con Rafa Castaño en el programa radiofónico de Julia Otero, en el que ambos destacaron los beneficios de contribuir a la hacienda pública. Castaño sabe de lo que habla: en marzo de 2023 ganó un bote de 2.272.000 euros, de los que percibió 1.219.299 tras pagar los impuestos correspondientes.

Ya en aquel entonces el sevillano defendió su contribución a las arcas del Estado. “Siento beneficiario de la educación y la sanidad públicas me parece bien aportar a Hacienda”, explicó a verTele. Y ahora, más de un año después, se mantiene fiel a sus principios.

“Al final, uno no vive solo. Cuando vives en sociedad tienes que someterte a una serie de obligaciones”, ha explicado ante los micrófonos de Onda Cero. “Tu aportación es buena porque no solo favoreces a otras personas, también te favorece a ti”, argumenta sobre lo beneficioso que es repartir la riqueza: “La falta de desigualdad hace que se reduzcan la violencia o las enfermedades, y que aumente la felicidad de los que te rodean”.

El premio de Pasapalabra le permitió “ascender por esa escalera social en la que es cada vez más complicado ascender”, de ahí que no quiera olvidar cuáles eran sus orígenes y en qué situación están muchos de sus amigos y familiares.

“Me encanta pagar impuestos, no solo si tengo mucho dinero, sino también para recordar que no estoy solo en este mundo (...) El hecho de ganar mucho dinero no hace que dejes de estar en sociedad”, recuerda Castaño, con el que coincide plenamente el nuevo vencedor de Pasapalabra: “Vivimos en sociedad. Creo que en la progresividad de los impuestos. No soy un ingenuo, no soy un mesías, simplemente creo que lo que aportamos es en beneficio de todos. Los dos focos más claros, en los que pensamos todos, son la educación y la sanidad, pero también el suelo que pisamos y tantas otras cosas”.

“Como mínimo”, añade, ha que conseguir que “España sea un país un poquito más igual”. Y no hay excusas que valgan: “Si nos escudamos en lo que hace mal uno, en que X dinero se gasta mal o en que el sistema es imperfecto para no cumplir nuestras obligaciones, contribuimos a erosionar la sociedad”.

Jordi González, actualmente al frente de Lazos de Sangre en La 1 de TVE, fue durante casi dos décadas una de las caras más conocidas de Telecinco, presentando desde La Noria hasta Gran Hermano VIP. Unos años en los que el comunicador y sus empresas estuvieron de forma casi constante bajo la lupa de Hacienda. Ahora han sido los tribunales de Madrid los que han certificado que, en ocasiones, usó una “sociedad pantalla” para intentar pagar menos impuestos o, incluso, intentó deducirse gastos en ropa, viajes o relojes alegando que su trabajo requiere estar “a la moda” también fuera de los platós. Los jueces le retiran una sanción pero rechazan la mayor parte de sus alegaciones: “Fuera del plató no necesita mantener ninguna imagen, los telespectadores no le ven”, dice una de las sentencias.

Desde su defensa, afirman que este es un tipo de discusión “habitual” con la Administración tributaria y que el presentador no debe dinero a Hacienda ya que “todas las liquidaciones efectuadas por la AEAT han sido debidamente abonadas desde el principio del procedimiento”, quedando por resolver los recursos que han presentado.

El presentador barcelonés es socio al 99,18% y administrador único de una sociedad llamada 'Wooloomooloo SL'. Una sociedad a través de la cual, por ejemplo, firmó sus contratos con Telecinco entre 2006 y 2012. Contratos muy parecidos que se iban prorrogando: exclusividad para presentar programas de Mediaset y un 5% de las ganancias de campañas publicitarias o comerciales en las que participase, por ejemplo promociones de mensajes de texto o de llamadas a líneas 906.

Las sentencias de su caso se centran en varios impuestos de los años 2011 a 2013, y revelan por ejemplo que en ese primer año su sociedad tuvo unos ingresos de explotación de 1,5 millones de euros, de 738.000 euros en 2012 y de 423.000 euros en 2013. Ese bajón de ingresos de la empresa de González en 2012 tienen que ver con un cambio en la forma en la que facturaba a Telecinco a raíz de una inspección de trabajo, pasando a tener una nómina que conectaba directamente al presentador con la cadena.

A los inspectores les llamó la atención, como en el caso de otros periodistas, artistas e incluso 'youtubers', que durante varios años el dinero que Jordi González cobraba por su trabajo en Telecinco no fuera directamente a su bolsillo sino al de una sociedad que, después, le pagaba a él. Sobre todo porque esa sociedad, según Hacienda, no jugaba ningún papel en su trabajo, con dos trabajadoras auxiliares, chóferes y algunos colaboradores externos. Según los inspectores, una “empresa pantalla” para pagar por el más benevolente Impuesto de Sociedades y esquivando el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que habría tenido que pagar el presentador.

González contraatacó con varios recursos que, en su mayoría, han sido recientemente rechazados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La sociedad del presentador alegaba, entre otras cosas, que había sido objeto de una “sistémica, recurrente” e injustificada inspección fiscal en 16 ejercicios, que Hacienda no había calculado correctamente el precio de mercado de sus servicios y, finalmente, que le deberían permitir deducirse una serie de gastos del presentador. Gastos como, por ejemplo, relojes o la ropa que lleva cuando sale de plató.

“Estar a la moda” no es deducible

La sociedad del presentador alegaba que Jordi González “necesita mantener una imagen correcta fuera del plató y 'vender' un estilo y una imagen determinada que implica renovar vestuario con cierta frecuencia, ya que ese vestuario necesita estar en línea sobre las tendencias del momento”. En su caso, “estar a la moda” y vestir con “las últimas tendencias del momento” implica una inversión económica en ropa que facilita conseguir contratos de televisión y publicidad. “Sin una inversión en vestuario, no podría mantenerse una imagen adecuada para trabajar en el mundo del espectáculo”, alegaba en sus recursos.

“En el mundo del arte y del espectáculo, lo que aporta como valor añadido y diferencia a unos presentadores de otros, es su imagen”, aseguraba la sociedad de Jordi González, a la par que defendía que no había sido un gasto excesivo. Un argumento que no ha convencido ni a Hacienda ni a la Abogacía del Estado ni a, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sus gastos de vestuario cuando estaba trabajando, afirman todos, corrían a cargo de Mediaset y Telecinco por contrato.

Fuera del plató, dice el TSJM, el presentador “no necesita mantener ninguna imagen puesto que los telespectadores no le ven”. Además, su contrato no tiene ninguna cláusula que le obligue a vestir de una cierta manera cuando no está en cámara. Ir “a la moda” cuando no está trabajando, concluyen los jueces, no es algo que se pueda desgravar.

“¡Ocho facturas en un mes!”

La ropa no era el único gasto no deducible por la que la empresa de Jordi González reclamaba ante Hacienda y los tribunales. Viajes, hoteles e incluso relojes formaban parte, según el presentador, de su trabajo. Por ejemplo, gastos en viajes para “estar muy al día de lo que se está haciendo en cualquier parte del mundo y conocer las tendencias” o comprar relojes para, según su versión, regalárselos a clientes.

Los jueces entienden que sus viajes y alojamientos eran siempre pagados por Mediaset, y que no ha podido justificar que el resto puedan ser deducibles. “No basta la simple presentación de las facturas”, dicen las sentencias. El presentador tendría que haber demostrado, y no lo ha conseguido, que efectivamente eran viajes relacionados con su trabajo y con su actividad en Telecinco.

El gasto en relojes que intentaba deducirse llamó especialmente la atención de la Abogacía del Estado. Los conceptos de estos gastos son “genéricos”, como regalos de empresa, pero alerta la Abogacía de que, en realidad, eran “liberalidades”. Sobre los relojes, dice que es “comprensible” que necesite “alguno”, pero se sorprende del número: “¡Ocho facturas en un mes! Parece un poco excesivo y que dichas compras obedecen más al deseo de un coleccionista o de un aficionado a los relojes por disponer de ellos que a una real necesidad, que justificara su deducibilidad”, dice.

El resultado es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado por completo uno de sus recursos, y otro ha sido rechazado solo de forma parcial. Quedan confirmadas las liquidaciones que la Agencia Tributaria hizo sobre el Impuesto de Sociedades en distintos periodos de 2011 a 2013 que suman, entre todas las reclamaciones, casi 76.000 euros, y otra relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de otro periodo por valor de casi 10.000 euros más.

Como sucedió en el caso de Carlos Herrera o de El Rubius, los jueces consideran que la interposición de una sociedad entre Jordi González y los pagos de Mediaset y Telecinco solo sirvió para ahorrarse impuestos, cuando era un servicio “personalísimo” en el que la empresa como tal no jugaba ningún papel real. “Se ha puesto de manifiesto la ventaja fiscal perseguida como única finalidad con el consiguiente perjuicio para la Hacienda Pública”, dice una de estas sentencias.

Los jueces anulan una sanción por el IVA

Las sentencias que ha podido examinar este periódico todavía son recurribles ante el Tribunal Supremo y sí dan la razón a Jordi González en un aspecto relevante: anulan una sanción de 16.597,76 euros impuesta por la tributación errónea del IVA entre 2011 y 2013. Los jueces estiman parcialmente las alegaciones de la empresa del presentador y reprochan a Hacienda que, además de calcular el dinero que debía pagar a las arcas públicas, le hayan sancionado sin justificar la multa que le imponían.

Esa sanción utilizó una “simple manifestación genérica” sobre la actitud culpable de la empresa a la hora de pagar el IVA. “No se concreta en qué consistió la intencionalidad de su conducta en relación con los hechos que se le imputan”, dice la sentencia. Son “consideraciones genéricas” de Hacienda que podrían haberse aplicado “a cualquier supuesto” y eso lleva a la nulidad de la sanción.

El Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ha elaborado un extenso informe de auditoría de 358 páginas para evaluar si RTVE cumplió en el año 2021 sus previsiones operativas, analizando los presupuestos y resultados económicos; al que ha tenido acceso verTele.

En dicho año, los máximos responsables de la corporación pública fueron Rosa María Mateo (hasta marzo, como administradora única) y José Manuel Pérez Tornero (desde marzo, como presidente de la corporación). De hecho, según ha sabido verTele, el ya expresidente tuvo conocimiento de que Hacienda estaba elaborando este informe en torno al mes de mayo de 2022, y su respuesta fue que él sólo respondía ante el Parlamento.

Entre otras advertencias y peticiones, la auditoría establece literalmente que “existe una debilidad de control interno en lo referente a las justificaciones de los gastos por relaciones públicas realizados por el personal de alta dirección”. Y aclara que se refiere a la etapa de Pérez Tornero al explicar que se han estudiado los gastos liquidados “durante el año 2021 por el Presidente y los siete altos directivos que forman parte de la Corporación RTVE, con objeto de verificar el cumplimiento de la normativa”.

Al analizar los gastos, el informe concluye que la mayor parte de ellos se corresponden con comidas, cenas o desayunos de trabajo (127 gastos por un importe de 13.325,09 euros, un 71,4% del total). Sin embargo, Hacienda alerta de que “en la mayoría de ellos no se indica el motivo por el que se realiza el mismo, limitándose a una breve descripción del gasto”. RTVE respondió que esa información “se pone en conocimiento internamente, debido a razones de confidencialidad”, y elaboró un fichero ad-hoc para la intervención que para ella “pone de manifiesto que no se lleva una relación de dichas justificaciones, lo que supone una debilidad de control interno”.

[ACTUALIZADO] Tras ver la luz este informe, Tornero se ha defendido asegurando que es objeto de una “campaña de desprestigio”. Puede leer aquí la noticia.

“Productos de alta calidad” y “bebidas alcohólicas”

El informe apunta directamente que “se observa un incumplimiento de los criterios de buena gestión, en lo referente a las recomendaciones de austeridad implantadas en el sector público”, y detalla algunos de los gastos en los que incurrieron Tornero y su equipo: en varias de las comidas no justificadas, invitaciones que superaban los 50 euros por comensal, “se realizan consumiciones de productos de alta calidad y, por lo tanto, de elevado coste por comensal; en algunos casos se observan elevados cargos por bebidas alcohólicas”.

El 64,9% de los gastos no están justificados. Son 109 gastos que ascienden a un importe de 12.108 euros que, recordemos, pertenecen al erario público. De esa cifra, 10.684 euros fueron destinados a hasta 84 comidas con personas externas de RTVE que no han sido identificadas.

Ante la explicación de la corporación pública de que realiza comidas fuera de sus instalaciones porque “de haberse celebrado en las oficinas de RTVE no se habría conseguido la confidencialidad requerida”, la IGAE afirma “no entender” que haya más confidencialidad en un restaurante público que en un despacho de RTVE, o en el comedor reservado a directivos, lo que “disminuiría notablemente su coste”. Y añade: “Además, se observan gastos cuyo contenido no tiene nada que ver con el cargo que ostenta el directivo en la organización, o reuniones sobre las líneas estratégicas de la Corporación RTVE que podrían no ser acordes con el principio de independencia de la Corporación RTVE”.

La auditoría añade: “Se producen varias comidas con Consejeros de la propia Corporación RTVE, con funcionarios públicos o cargos políticos. Además, se producen comidas con otros directivos o personal de la Corporación RTVE, reuniones de trabajo que se podrían haber realizado en las oficinas o en el comedor de directivos”. Y resalta un caso concreto: “Se observa un caso de comidas repetitivas con la misma persona, sin que conste justificación del motivo de las mismas”.

Como conclusión en este sentido, la Intervención Delegada recuerda que “toda atención protocolaria debe redundar en beneficio o utilidad de la Corporación RTVE, debe justificarse la necesidad de incurrir en dicho gasto indicando la organización y cargos de los asistentes, los motivos, la finalidad y el contenido de la reunión, así como llevar un registro adecuado que permita su posterior verificación por los órganos de control, sin ampararse en razones genéricas de confidencialidad”.

Por todo ello, recomienda que, en lo referente a los gastos en concepto de relaciones públicas, “se delimite por la normativa interna de la Corporación RTVE el techo de gasto a partir del cual se considera que no es acorde dicho gasto” con los principios de austeridad, eficiencia y eficacia que deben presidir la realización de las actividades de la Corporación RTVE así como la buena gestión de los recursos públicos, recogidos en la legislación vigente.

Piden reintegrar pagos por desplazamiento y peajes

Otro aspecto muy llamativo del informe es que pone de manifiesto que RTVE ha pagado “a dos directivos sus desplazamientos semanales desde sus domicilios al centro de trabajo, cuando el contrato establece que 'El directivo ejercerá sus funciones de manera habitual en el domicilio principal de la sociedad'”. Hacienda determina que por ese motivo “en ningún caso podrá considerase el desplazamiento, para realizar su trabajo, al domicilio principal de la sociedad una comisión de servicio”, y por lo tanto reclama que “dado que dichos directivos exceden la cuantía máxima de retribución total, tendrían que reintegrar dichos importes”.

La auditoría detalla los gastos en concreto de esos dos directivos, que mantienen sus residencias en Asturias y en Barcelona. El informe explica: “Se observa que prácticamente la totalidad de los gastos de peaje y estacionamiento son de uno de los directivos que se desplaza todas las semanas desde su residencia en Asturias. Además, se le abona el kilometraje de estos desplazamientos. Igualmente se ha detectado que otro directivo se desplaza semanalmente desde Barcelona, normalmente en AVE, con cargo a la Corporación RTVE, utilizando vehículos de la Corporación RTVE o taxis para los desplazamientos entre las estaciones y su domicilio o la sede de la Corporación RTVE en Madrid”.

La respuesta del área de recursos humanos de RTVE permite identificar a esos dos directivos: se trata del Director del Gabinete, José Juan Ruiz “Jota”; y el Director de Estudios y Medios, ahora Producción y Medios, José Luis Muñiz. Sin embargo, la corporación se defiende asegurando que se les pagó alojamiento en sus desplazamientos a Madrid desde su domicilio hasta sus nombramientos de Alta Dirección el 07/06/2021, y que “a partir de ese momento se les dejó de pagar dicho importe”.

Como ya explicamos tras la dimisión de Tornero, en el día a día de RTVE muchas de las decisiones de gestión de la corporación eran tomadas por el propio Tornero junto a esos dos altos directivos, sin pasar por el Consejo de Administración.

También dudas con diversas contrataciones

Más allá de los gastos de sus directivos, el informe de la IGAE también duda de contrataciones realizadas por RTVE. Pone de relieve literalmente que “RTVE ha tramitado determinados expedientes como contratos menores para los que debería haber recurrido a alguno de los procedimientos generales de contratación”, explicando que fraccionó el objeto del contrato sin “causas justificadas” para así no alcanzar el importe límite previsto en la ley.

Refiriéndose a esos contratos menores, también remarca que “en algún expediente no queda constancia de la petición de al menos tres ofertas, así como del certificado de conformidad con el objeto del contrato. Ningún contrato menor de los analizados se ha comunicado al Registro de Contratos del Sector Público”.

La auditoría también pone de relieve un caso concreto: “En una de las contrataciones de obra analizadas, el trabajador seleccionado, el cual tiene una relación familiar directa con otro trabajador de la Corporación RTVE, no parece cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria para el puesto; en concreto, el de la experiencia determinante para la contratación. La contratación no sería conforme a derecho”.

Ningún contrato menor de los analizados se ha comunicado al Registro de Contratos del Sector Público

Evaluar la audiencia al renovar formatos

La auditoría de la IGAE también valora los datos de audiencia de TVE y de La 1, destacando que han empeorado y que son la tercera generalista tras Antena 3/Atresmedia y Telecinco/Mediaset.

Al referirse a los formatos que son renovados por la corporación pública, el informe observa “una disminución en los shares marcados como objetivo y los shares obtenidos, que no va acompañada de una disminución en los costes de los mismos”. Es decir, pide que si un formato no tiene la audiencia esperada, si es renovado no obtenga la misma inversión. RTVE se defiende ejemplificando con Cuéntame, asegurando que han procedido a “la reducción de la duración de los episodios de 70 a 60 minutos”, y añade que como contexto que “la llegada de las plataformas ha disparado los costes salariales de producción de ficción, respecto a equipo técnico y artístico, debido a un incremento sustancial de la demanda”.

Sin embargo, Hacienda le lleva la contraria al asegurar que en el caso de Cuéntame “no se ha producido un descenso global en la duración de los programas, y dicho descenso no tiene por qué conllevar siempre una elevación, aunque sea ligera, del coste por minuto”, y en el caso de lo que han supuesto las plataformas recomienda “una mayor utilización del personal y medios de la propia Corporación, lo que contribuiría a disminuir el coste de estas producciones”.

La Agencia Tributaria ha publicado este lunes 27 de diciembre su lista pública actualizada de deudores con Hacienda, como analiza y detalla elDiario.es.

En esta ocasión, la principal novedad es que el límite conjunto de deudas y sanciones para aparecer en esa lista pública desciende desde un millón a 600.000 euros, lo que provoca un número superior de deudores y deuda respecto a las anteriores.

Precisamente ese cambio en la cantidad mínima hace que dos famosos con vinculación televisiva aparezcan por primera vez en ese listado.

El más llamativo es Kiko Matamoros. El colaborador de Sálvame, Sábado Deluxe y Viva la vida en Telecinco, que tiene una larga trayectoria en programas de la cadena de Mediaset desde el año 2003, adeuda 711.633 euros.

Otra de las novedades en la lista de morosos es Sergi Arola. El cocinero comenzó a participar en televisión en el año 2005 en el programa Ruedo ibérico de Antena 3, y desde entonces intervino en Esta cocina es un infierno de Telecinco, en El Club de TV3, en Top Chef de Antena 3, y más recientemente en La última cena de Telecinco, además de triunfar en la televisión chilena en MasterChef y El discípulo del chef. Él mismo ha reconocido sus problemas con Hacienda, y actualmente debe 985.000 euros.

Otros televisivos que siguen en la lista

Además de estas dos novedades, que entran en la lista por la rebaja del límite adeudado, hay más famosos televisivos que aparecen una vez más entre los morosos de Hacienda. Recordemos que la última lista fue publicada a finales de junio, y en ella también figuraban.

Es el caso de Patricia Conde, que actualmente encabeza Nadie al volante en Movistar+ y a la que este día 30 podremos ver al frente del reencuentro de SLQH en el especial Feliz Año Neox: Sé lo que hicisteis… los últimos diez años. La presentadora consiguió bajar su déficit con el fisco de 1,9 millones a 1,1 millones, y aparece ahora con una deuda de 1.062.500,03 euros.

También repite en el listado José Luis Moreno, a parte de su detención el pasado 29 de junio en el marco de la Operación 'Titella' acusado de liderar presuntamente una organización internacional que habría cometido (entre otros) delitos de estafa -por una cantidad que podría ascender a 80 millones de euros- blanqueo de capitales y falsedad documental. El productor acumula una deuda de más de 2,6 millones de euros entre sus empresas Alba Adriática S.L. (1.622.202,96 euros) y Kulteperalia (1.041.884,83 euros).

Del mismo modo, Paz Vega vuelve a figurar entre los principales morosos de Hacienda. La actriz, que en la segunda edición del formato también se convirtió en juez de Mask Singer, adeuda 3.081.576,96 euros. En su caso, sus cuentas pendientes se mantienen respecto a lo que la Agencia Tributaria publicó en junio.

También aparece el escritor Ildefonso Falcones, autor de los libros La catedral del mar (adaptada a serie por Atresmedia y Netflix) y Los herederos de la Tierra (también adaptada a serie por Atresmedia y Netflix, a la espera de estreno en 2022), que adeuda 1.286.809, 81 euros.

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso que Patricia Conde presentó para que se anulasen las regularizaciones y multas que le impuso la Agencia Tributaria por las declaraciones del IRPF de 2007, 2008 y 2009.

Hacienda cree que la presentadora de Movistar+ creó una sociedad para rebajar su factura fiscal. Esta sociedad, de la que ella era administradora única, le sirvió para cobrar por una serie de servicios cuyos precios no se ajustaban a los de mercado. Además, la utilizó para desgravarse gastos personales que no eran deducibles, informa El País.

“El resultado ha sido provocado por una defraudación consciente y voluntaria”, afirma la inspección. Conde figura en la lista de morosos de Hacienda desde hace años, aunque su deuda se ha reducido en un año de 1,9 millones a 1,1.

Los líos fiscales entre la presentadora y Hacienda están cifrados en 1.824.181 euros. La Agencia Tributaria considera que mediante esta sociedad pudo reducir el pago del IRPF porque el impuesto de sociedades tiene unos tipos más bajos. La estrategia también pasaba por establecer unos precios reducidos por los servicios prestados.

De este modo, la presentadora de Nadie al volante declaró no haber recibido ningún ingreso de su sociedad en el año 2007; en 2008 cobró 42.000 euros; y en 2009 percibió 32.818. Estas fueron la cantidades relativas al 'rendimiento de trabajo', mientras que los 'rendimientos de actividad profesional' le reportaron 400.000 euros. En cualquier caso, cifras muy por debajo de los ingresos de la empresa (474.480 euros en 2007; 1.271.290 en 2008; y 1.558.375 en 2009).

“La nula o ínfima remuneración de dicha sociedad a favor de la socia-administradora, a pesar de que ella genera todos los ingresos sociales, han permitido la obtención de una ventaja fiscal indebida y el consiguiente perjuicio para la Hacienda Pública”, sostiene la Administración, que destaca el hecho de que la popular presentadora –que durante aquellos años se encontraba al frente de Sé lo que hicisteis– se desgravara el IVA de gastos personales como ropa, viajes, tratamientos de belleza y perfumes.

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Pablo Díaz consiguió este jueves hacerse con el bote de Pasapalabra, tras 260 programas. El joven ganó un total de 1.828.000 euros con su victoria en el concurso, aunque habrá una buena parte de la cuantía que deberá pagar a Hacienda.

En concreto, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que Pablo tendrá que abonar 870.125 euros en su próxima declaración de la Renta, por haberse adjudicado la citada recompensa. Es decir, que serán 957.875 euros con los que finalmente se quede, algo más de la mitad.

El bote hará que el concursante se integre en el reducido grupo de los mayores declarantes del IRPF, al que solo pertenecen el 0,05% de los contribuyentes. Antes del 30 de junio de 2022, Pablo deberá presentar su declaración de la Renta correspondiente a 2021 y afrontar un tipo efectivo del 44,71%. Gestha puntualiza que no se ha podido acceder a las bases del Concurso en Antena 3, por lo que los importes de los premios obtenidos en 2020 y 2021 se han extraído de la información publicada.

Asimismo, los Técnicos de Hacienda desconocen otras circunstancias personales o familiares que aumenten el mínimo personal con carácter general y tampoco conocen los otros rendimientos ordinarios del concursante que habría que añadir el cálculo del IRPF al tipo marginal máximo. Ni tampoco, las reducciones y deducciones a las que podrían tener derecho.

No obstante, las anteriores limitaciones se pueden asumir para calcular estimativamente el impacto fiscal que le corresponderá al concursante en su residencia fiscal en la Comunidad de Madrid.

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La Agencia Tributaria ha publicado este lunes su séptimo listado de grandes deudores, que vuelve a incluir entre sus nombres a Patricia Conde, Paz Vega y al productor José Luis Moreno. El importe global de deudas recogido en el texto alcanza los 14.100 millones de euros, lo que supone un 1% menos que en la anterior.

La presentadora de Nadie al volante ha reducido su déficit, pero aun así se mantiene por encima del límite para figurar en la lista, con 1.1 millones. El año pasado fueron 1.9 millones. En el caso de la actriz e investigadora en Mask Singer, aparece con su nombre real María Paz Campos Trigo. La intérprete ha pasado de 2.6 millones a superar los 3 millones de adeudo.

José Luis Moreno, por su parte, aparece a través de su compañía Kulteperalia, cuya deuda asciende a 1 millón de euros.

Otro perfil que se suma a la lista es Ildefonso Falcones, autor de La Catedral del Mar, Su deuda asciende a 1.3 millones. También es el escritor de Los herederos de la tierra, cuya adaptación ha sido ya rodada, con Yon González y Elena Rivera como protagonistas. De momento se desconoce su fecha de estreno, prevista para Atresmedia y Netflix.

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Netflix comenzará a facturar en España sus ingresos por las suscripciones de los clientes de nuestro país. La plataforma ha anunciado que los usuarios de su plataforma dejarán de pagar su mensualidad a la matriz europea ubicada en Holanda, a partir del 1 de enero de 2021. Un cambio que también se llevará a cabo en otros países europeos.

“Se trata de un cambio relevante, máxime tras darse apenas dos años y medio después de nuestra llegada física a España y de la inauguración de nuestro primer centro de producción de contenido en Europa, en Madrid”, aseguran a Cinco Días desde la compañía, que se estableció en España en 2015.

En 2018, la compañía de telecomunicaciones creó dos sociedades, Los Gatos Servicios de Transmisión España S.L, dedicada a prestar servicios de apoyo a la matriz holandesa; y Los Gatos Entretenimiento España S.L, para proporcionar contenidos y servicios de producción al grupo. Será la primera de las filiales, que pasará a llamarse Netflix Servicios de Transmisión España, S.L.U., la que contabilice las suscripciones en España.

“Lo único que podemos asegurar es que en el futuro la suscripción a Netflix se pagará a la entidad española y, por tanto, reconoceremos los ingresos que generamos en España en el país”, aseguran, aunque rehúsan “especular con una cifra” de lo que acabarían facturando.

La facturación de las plataformas, gran reclamación del mercado

A falta de más detalles, este cambio en el modelo de distribución, se responde a una de las principales reclamaciones que se habían venido realizando contra el gigante de streaming, y por extensión al resto de agentes de este mercado.

Desde que Netflix se arraigó en nuestro país, había facturado a sus clientes desde el extranjero, a través de Netflix International BV, con sede en Holanda. Una táctica esta, hay que insistir que legal, que consiste en radicarse en países con fiscalidad más ventajosa y que también lleva a cabo HBO (en cuyo caso, declara las cuotas de suscriptores españoles en Suecia). Por lo tanto, las sociedades autóctonas solo tributan por sus servicios de intermediación, yéndose el grueso de sus beneficios fuera y repercutiendo en muy pequeña parte en el país.

En su primer ejercicio fiscal dentro de nuestras fronteras, las dos filiales españolas de Netflix solo pagaron 3.146 euros en concepto de impuesto de sociedades (el equivalente al IRPF que paga un trabajador que gana 24.000 euros anuales). La multinacional de Ted Sarandos argumentaría en su día que contribuían a la economía española a través de otras vías, como la producción y creación de empleo dentro del sector audiovisual.

La Unión Europea ya trató de establecer un nuevo modelo fiscal para conseguir enderezar la situación y hacer que estos gigantes de las telecomunicaciones tributasen en los países donde estuvieran establecidos. En 2018, Bruselas marcó un plazo de 21 meses para ejecutar este cambio, en el que comenzó a trabajar el gobierno español un año después.

El Gobierno obligará a las streamers a financiar ficción europea

A comienzos de este mes de noviembre, el gobierno anunció que las streamers deberían destinar el 5% de sus ingresos generados en España a la financiación de obra audiovisual europea, ya fuera en forma de películas o series.

De acuerdo al anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, los prestadores con una facturación generada por sus servicios superior a 50 millones de euros anuales deberán destinar el 5% de dichos ingresos a la financiación de obra audiovisual europea o a la contribución al Fondo de Protección de la Cinematografía. Además, de esa cantidad, un mínimo del 70% se deberá destinar a financiar obras audiovisuales de productores independientes y un mínimo del 40% a financiar películas de productores independientes de cualquier género, en cualquiera de las lenguas oficiales de España.

No obstante, al referirse a los ingresos que declaren haber generado en nuestro país, el texto legal no aludía a las estrategias comerciales de las compañías para precisamente no responder a la fiscalidad estatal más allá que por servicios de intermediación. Esto implicaría que la aportación de las plataformas se redujese al mínimo establecido en la ley. A falta de más detalles, la decisión de Netflix se encamina a someterse a las reglas del audiovisual patrio y un acercamiento a la competición más igualada con los operadores televisivos.

La Audiencia Nacional mantiene la sanción de 566.921 euros impuesta por Hacienda a El Gran Wyoming por el IRPF de los años 2005 y 2006, en los que facturó sus trabajos a través de una sociedad y no como persona física para beneficiarse de una rebaja fiscal.

Según ha desvelado Voz Pópuli, el presentador de El Intermedio de laSexta había reclamado la multa de 163.006 euros, pero no la liquidación por importe de 403.915 euros con ese motivo. Sin embargo, la Audiencia Nacional concuerda con los criterios de Hacienda y ratifica la sanción.

[Actualizado] El comunicado de El Gran Wyoming

Mediante un comunicado enviado a título personal por el presentador a los medios, éste deja claro que “Hacienda no me reclama 'absolutamente nada'. Me encuentro al corriente de pagos y la sentencia es una resolución de un recurso que presentaron mis representantes legales, por no estar de acuerdo con las cantidades que demandaba Hacienda, y que fueron abonadas en su día antes de presentar dicho recurso”.

Como ya habíamos señalado en Vertele, lo que ha hecho la Audiencia Nacional es ratificar la multa que en su día impuso Hacienda y que ya fue pagada en su momento por El Gran Wyoming. Él mismo insiste en ello: “Las regularizaciones, como bien refleja el artículo, correspondían a los ejercicios de 2005 y 2006, y la inspección de Hacienda se comenzó en 2009 y terminó en 2010, quedando a partir de entonces zanjada toda deuda con Hacienda”.

“El hecho de que aparezca ahora una sentencia desestimando mi recurso, es consecuencia del retraso de la Justicia que, como vemos en este caso, no se pronuncia con la celeridad que la parte demandante, o sea yo, hubiera deseado, pero insisto en que a día de hoy me encuentro al corriente de pagos y Hacienda no me reclama nada”, repite Wyoming en su nota pública, para terminar con ironía: “Por una vez me alegro de una 'fake new', ya que de ser cierta la noticia tendría que pagar el pastón que indica el titular con gran disgusto, tanto de mis niños, como de mi humilde persona”.

Una reforma legal que “pilló” a otros muchos famosos

El mismo medio explica que el tribunal también considera que la la sociedad Asuntos y Cuestiones Varias S.L., de la que José Miguel Monzón (el nombre real de El Gran Wyoming) posee el 99,03% y especifica en sus cuentas anuales de 2018 que tiene un trabajador con contrato fijo, “no aporta ningún valor añadido a la actividad económica realizada” por el presentador.

De esta forma, sentencia que “claramente, puede concluirse que la actividad podría haberse realizado directamente por la persona física, sin necesidad de actuar ésta a través de una sociedad”, ratificando la multa que en su día impuso Hacienda y que ya fue pagada en su momento por El Gran Wyoming.

Esta sanción está calificada como leve, puesto que la Justicia no considera que exista ocultación, y se detalla en 72.905,33 euros correspondientes al año 2005 y de 90.161,26 euros del año 2006. Es la segunda multa al presentador por el mismo motivo, que hace años ya tuvo que desembolsar algo más de 900.000 euros por la controvertida reforma legal retroactiva que ha afectado a otros muchos famosos televisivos.

La Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, pide 28 años de cárcel para Ana Duato y otros 28 años para Imanol Arias por el caso del delito fiscal del despacho Nummaria.

Según Hacienda, los actores protagonistas de la serie Cuéntame en La 1 de TVE cometieron un fraude entre los años 2009 y 2015. Ve indicios de siete delitos fiscales (tantos como años del presunto fraude), y solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión.

En un escrito que desvela El Confidencial, la abogacía suma a estas peticiones de prisión varias multas que en total suman unos 16 millones de euros.

Cabe recordar que los dos intérpretes ya alcanzaron acuerdos con Hacienda para abonar parte de lo defraudado, lo que les permitirá acogerse a atenuantes para reducir la pena. Además, el mismo medio explica que en este caso el cumplimiento máximo de prisión sería de seis años.

Lo más seguro es que Duato y Arias busquen ahora un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía para evitar la cárcel, como ya han hecho otros muchos famosos como Cristiano Ronaldo, Shakira, Marcelo o Monserrat Caballé. Parece menos probable que opten por recurrir como sí hicieron Xabi Alonso y Sete Gibernau, que lograron ser absueltos. Cabe recordar que Imanol Arias ya reconoció: “Soy consciente del error, quiero abonar hasta el último céntimo”.

Anticorrupción solicita 32 y 27 años de cárcel

La Audiencia Nacional dio por terminada en junio la instrucción de este caso, y solicitó a las partes que emitieran sus acusaciones. La de Anticorrupción es diferente a la aquí recogida de la Abogacía del Estado en representación de Hacienda, y como explica la Cadena Ser solicita 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 a Imanol Arias.

La diferencia es que Anticorrupción acusa a la actriz por 7 delitos fiscales, mientras que al actor le considera responsable de 6 fraudes al fisco.

Así evitaban tributar por su trabajo en 'Cuéntame'

Imanol Arias y Ana Duato son sólo dos de las 30 personas contra la que la Abogacía del Estado ha presentado su escrito. Es el fruto de cuatro años de investigación para descubrir y comprender el entramado de sociedades que tejía el despacho Nummaria para “asegurar la opacidad de las operaciones económicas” de sus clientes, como recoge el citado medio recogiendo el texto de la Abogacía.

Según la acusación, este despacho lograba que las rentas no tributaran en España y salieran al extranjero por medio de sociedades opacas en el Reino Unido que se superponían en un entramado complejo, y que estaban gestionadas por “administradores-testaferros de Costa Rica o Mauricio”.

La Abogacía señala directamente a su trabajo en Cuéntame al explicar que el objetivo de Imanol Arias para contratar los servicios del despacho Nummaria era “mantener una estructura societaria artificiosa cuya finalidad era la ocultación de rentas” de sus “importantes ingresos procedentes de su participación en una serie de televisión”. Lo mismo ocurre en el caso de Ana Duato, que según la investigación “ocultó parte de sus rentas por su trabajo como actriz para su productora, dejando de facturar algunos capítulos cada año”.

Multas de 9 millones para Arias y de 7,6 para Duato

Hacienda cifra la cuota defraudada por Imanol Arias en 2,78 millones entre 2009 y 2015, mientras que considera que Duato defraudó 1,9 millones de euros. El actor ya abonó 2,33 millones en declaraciones complementarias, mientras que la actriz hizo lo propio con 708.130 euros.

A pesar de haber abonado ya parte de lo defraudado, lo que como decimos podrá ser utilizado como atenuante, al realizarse la regularización ya con la investigación en marcha no están eximidos de sumar la cuota defraudada. Hacienda reclama una multa de cuatro veces lo defraudado, lo que supera los 9 millones de euros para Imanol Arias, y los 7,6 millones de euros para Ana Duato.