El Congreso da luz verde a la ley que permite la privatización de las televisiones autonómicas
El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que flexibiliza la gestión de las televisiones autonómicas y permite la entrada de empresas privadas.
Inicialmente, estaba previsto que la reforma se aprobase la semana pasada en el Pleno del Senado. Sin embargo, la aprobación de la norma se ha retrasado al incluir la Cámara Alta una enmienda, acordada entre todos los grupos a última hora, para recuperar una mención expresa a la prohibición de la pornografía y la violencia gratuita, que se había retirado del texto durante su trámite en el Congreso.
La reforma, que modifica la aprobada por el anterior Ejecutivo en 2010, fue enviada a las Cortes por el Consejo de Ministros a finales de abril y ha sido tramitada por el trámite de urgencia. Durante la misma, los grupos de la oposición se han quejado de que la reforma supone una invasión en las competencias autonómicas, mientras que el PP ha negado este extremo y ha defendido la necesidad de la medida para reducir la deuda de las autonomías.
La nueva ley permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque “no se permitirán desequilibrios en los presupuestos”.
Hasta el momento, la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha ya han avanzado su intención de aprovechar la reforma del régimen de gestión de las televisiones autonómicas, aprobada por el Gobierno, para privatizar la gestión o los servicios informativos de sus televisiones públicas, mientras que otras comunidades ya tienen 'de facto' algunos de los servicios de sus cadenas subcontratados a empresas privadas.
Enmienda sobre la pornografía
Durante su paso por el Senado, todos los grupos llegaron a un acuerdo para incorporar al texto de la reforma una enmienda, a propuesta del PSOE, para reincorporar al texto de la ley una mención expresa a la prohibición de emitir en abierto pornografía y violencia gratuita que se había retirado en el Congreso.
La enmienda vuelve a cambiar el artículo 7.2 de la Ley Audiovisual, que ya modificó el Congreso, y establece que “está prohibida la emisión de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, y en particular, la de aquellos programas que incluyan escenas de pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita”.
La prohibición expresa a la pornografía y la violencia gratuita se quitó del texto, en virtud de una enmienda del PP, acordada con el resto de grupos salvo ERC, para reforzar el control parental de los contenidos televisivos. En este sentido, aunque se eliminó la referencia expresa se mantuvo una prohibición genérica de emitir “contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores”.
No obstante, tanto la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios de España (iCmedia) como la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) entendieron que la modificación podía implicar sanciones para España por parte de las autoridades europeas y permitir que se interpretara que la pornografía y la violencia gratuita estaba permitida en la televisión.
El apoyo de los grupos parlamentarios
Desde el PP, Macarena Montesinos, ha recordado que este proyecto de ley no es un “despropósito”, como así lo ha calificado el PSOE, sino una normativa que da libertad a las comunidades para que digan cómo quieren gestionar sus canales, además de aportarles un marco legal.
En este sentido, ha reprochado al PSOE que ellos fueron los primeros en privatizar los servicios informativos, las tecnologías y contenidos, y ha puesto como ejemplo Canarias, donde gobierna el PSOE y Coalición Canaria, y donde la jefa del canal, nombrada por los socialistas, ha dicho que privatizó los servicios informativos.
Igualmente, ha recordado que durante el anterior Ejecutivo socialista se produjo un ERE de 4.000 trabajadores en TVE, después de que su homólogo socialista, Juan Luis Gordo, le reprochara el ERE planteado en la Televisión valenciana.
“Con este proyecto de ley venimos a dar la libertad para que cada comunidad gestione como quiera su servicio público y un instrumento legal para alcanzar la estabilidad presupuestaria”, ha reiterado la 'popular', al mismo tiempo que señala que, desde el punto de vista competencial, se adecua a la distribución de competencias y cumple la Constitución.
Por su parte, desde el PSOE, Juan Luis Gordo, ha destacado la enmienda sobre pornografía que se incluyó en el trámite parlamentario del Senado, de forma que “se ajusta a la directiva de la comunicación audiovisual” y dice que se recogen las peticiones de los usuarios y de los medios de comunicación.
* Eso sí, ha lamentado que se haya eliminado la especial protección del contenido dirigido a adultos sobre el control parental. “Por qué ha suprimido el PP este aspecto si fue el que impulsó esta enmienda porque mejoraba la protección del menor”, ha agregado.
Sobre el resto del proyecto, que a su juicio empuja a enajenar el servicio público, Gordo ha mostrado su total desacuerdo tanto en el fondo como en la forma de la misma, “por su urgencia tramitación que demuestra su déficit democrático”.
“En ninguna manera contribuye a la consolidación de las cuentas públicas y nuestro grupo propuso un modelo de fusión voluntaria y de búsqueda de convenios como el modelo alemán de televisión. Una ley que es todo un despropósito”, ha sentenciado el socialista.
Mientras, Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, sí comparte la enmienda incluida de la pornografía, si bien considera que este proyecto de ley sigue la línea de la única solución que se le está ocurriendo al PP para salir de la crisis: privatizar y así lo hará con las televisiones autónomicas.
Inma Riera, de CiU, ha mostrado su rechazo al proyecto de ley porque no se aceptaron sus enmiendas en el Senado “que intentaban evitar la invasión competencial”.
Las televisiones públicas cerraron el 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros, un 3 por ciento menos que en 2009, que supusieron un coste neto --con la compensación de los ingresos publicitarios-- para cada hogar español de 152 euros, un 5,6 por ciento más que el año anterior , según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España elaborado por Deloitte para la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).
La semana pasada el secretario general de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Enrique Laucirica, quiso “poner en dimensión” este gasto durante su participación en un desayuno organizado por el despacho de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y afirmó que las televisiones autonómicas suponen, de promedio, exclusivamente el 0,5 por ciento de los presupuestos de las comunidades autónomas, por lo que la desaparición de estas cadenas “no iba a resolver prácticamente nada” los problemas de financiación de las autonomías.
