La catástrofe del 29 de octubre de 2024 reveló una profunda falta de preparación en todos los niveles de la sociedad para gestionar emergencias de gran magnitud. Ante la realidad de la crisis climática, donde estos fenómenos serán cada vez más recurrentes, la información y la preparación se convierten en herramientas de supervivencia clave. Acció Ecologista-Agró ha desarrollado la propuesta educativa ‘Transformem en xarxa’ con el apoyo de la Fundació Horta Sud, con el objetivo de dotar a la población de una hoja de ruta clara para actuar con rapidez y eficacia.

El kit de autonomía para las primeras 72 horas

Una de las recomendaciones centrales de esta guía es la preparación de un kit de emergencia que garantice la autonomía individual durante las 72 horas posteriores a un desastre natural. Este equipo debe incluir suministros vitales como agua potable y comida, además de un botiquín de primeros auxilios completo, una linterna y una radio para mantenerse comunicado. Para asegurar la conectividad y la gestión administrativa en plena crisis, es fundamental incorporar baterías externas cargadas para dispositivos móviles y toda la documentación personal importante. Asimismo, el protocolo recuerda que se debe prever el bienestar de los animales de convivencia, incluyendo para ellos un transportín y su propia reserva de agua y alimento específico.

Acciones preventivas y reducción de riesgos en el hogar

La prevención efectiva comienza antes de que el agua llegue a las viviendas mediante acciones de adecuación del entorno que pueden marcar la diferencia. Los expertos recomiendan asegurar puertas y ventanas, revisar minuciosamente los desagües y retirar cualquier objeto exterior que pueda ser arrastrado por la corriente o el viento, convirtiéndose en un proyectil peligroso. Durante el transcurso de la emergencia, es imperativo priorizar la salvaguarda de la vida por encima de cualquier bien material. Esto implica mantenerse informado exclusivamente a través de canales oficiales para evitar la propagación de bulos, cortar el suministro eléctrico de la vivienda y evitar cualquier desplazamiento innecesario, especialmente en zonas inundables donde el riesgo puede escalar de forma repentina.

Prioridad absoluta: ganar altura ante la riada

En el momento crítico en que el nivel del agua comienza a subir, la instrucción de seguridad es tajante: se debe evitar bajo cualquier concepto bajar a sótanos, garajes o plantas bajas, ya que son los lugares de mayor riesgo. Por el contrario, la población debe ir ganando altura subiendo a las plantas superiores siempre que sea posible. Una vez que el episodio meteorológico finaliza, la labor ciudadana continúa siendo fundamental para avisar a los servicios profesionales sobre la existencia de personas heridas y comunicar los daños materiales, facilitando así una respuesta rápida y organizada de los equipos de emergencia. Estos materiales didácticos, trabajados con estudiantes de secundaria durante 2025, siguen disponibles online este 2026 para fomentar una cultura de adaptación permanente.

Capella de Ministrers es una formación valenciana dirigida por Carles Magraner, un referente nacional e internacional de la música histórica. Desde sus inicios en 1987, el grupo trabaja en la recuperación y difusión del patrimonio musical mediante la interpretación de repertorios que se remontan a la Edad Media. Los frutos de su labor han sido representados en más de 1.800 conciertos y en esmerados trabajos discográficos. Además, han publicado numerosos trabajos en torno a la música de la corona de Castilla y de Aragón, árabe-andalusí, sefardí, cristiana, de la España virreinal del Nuevo Mundo, la ruta de la seda, el Misteri d’Elx, los Borja, medieval, renacentista, el Siglo de Oro, barroca, del Mediterráneo, o zarzuela, entre otros. Toda esta labor ininterrumpida ha situado a la agrupación como un actor clave en la vertebración cultural española, trascendiendo la mera ejecución sonora para adentrarse en la rigurosa investigación y el estudio de más de diez siglos de legado histórico.

La Red Europea de Música Antigua (REMA) ha concedido al grupo el Premio de Inclusión y Representación por su reciente gira en Taiwán. Las actuaciones conmemoraban el cuarto centenario de la llegada y presencia de España en la isla (1626-1642). La REMA asegura que el proyecto en Taiwán celebró los primeros contactos mediante una combinación de investigación y cocreación internacional, reuniendo a artistas e investigadores de Taiwán, España, Bélgica, Filipinas, Corea y México.

Asimismo, la organización ha destacado que la gira sirvió para reconstruir paisajes sonoros del siglo XVII e integrar tradiciones asiáticas y el repertorio ibérico, ofreciendo a su vez un marco equitativo para la cooperación y la visibilidad de los repertorios de ambos continentes.

Capella de Ministrers interpretó los programas La Spagna y Quattrocento en el marco del Festival Internacional de Música Antigua Gleam 2026, cuyo lema era España 400 años. La gira se inició el pasado 18 de marzo en el prestigioso National Theater & Concert Hall de Taipéi con La Spagna, un recorrido por el universo de danzas instrumentales del Renacimiento español. Tres días después, en el mismo recinto y celebrando el Día Internacional de la Música Antigua, se interpretó Quattrocento (centrado en la Corona de Aragón en Nápoles en el siglo XV) junto a The Gleam Ensemble de Taiwán. El ciclo de conciertos culminó el 22 de marzo en Keelung, una ciudad clave en la presencia española en la isla. 

Para los dos últimos conciertos, Magraner (dirección y vihuela de arco), contó con Èlia Casanova (voz), David Antich (flautas), Robert Cases (guitarra y vihuela) y Pau Ballester (percusión). Por su parte, The Gleam Ensemble estuvo integrado por Shio Ohshita (vihuela), Martin Chiang (dulcián y gaita), Yi-Chang Liang (flautas), y Wei Wang (percusión). 

Ambos repertorios llevados a escena, La Spagna y Quattrocento, se corresponden con los títulos de dos discos ya agotados, publicados por la formación en 2007 y en 2017. Con Quattrocento, un claro ejemplo de circularidad entre el estilo popular y culto, la agrupación ganó los Premios Internacionales de Música Clásica 2018 (ICMA, considerados los Grammy de la música clásica). Capella de Ministrers volvió a llevarse este galardón en 2023 por el disco El collar de la paloma.

Ese mismo año, el conjunto recibió también la Medalla de Honor del Consell Valencià de Cultura (CVC). Esta institución consultiva otorgó su distinción poniendo en valor no solo la calidad artística, sino la competencia intelectual de un proyecto indispensable para que la ciudadanía comprenda y asuma críticamente el vasto legado estético de la Corona de Aragón y de las culturas colindantes.

La REMA ha galardonado un total de seis proyectos innovadores que, según la propia organización, destacan por su capacidad de inspirar prácticas respetuosas con el medio ambiente, así como por fortalecer la cooperación hacia un sector musical representativo y más sostenible en el futuro.

Los cambios aprobados por PP y Vox para la Agencia Valenciana Antifraude comienzan a materializarse. El nuevo reglamento propuesto por el director de la Agencia Valenciana Antifraude, nombrado con la mayoría conservadora y ultra de la Cámara, cambia la estructura de colaboración con los órganos judiciales y elimina definitivamente el Consejo de Participación del organismo.

La propuesta de norma interna, publicada este jueves en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, introduce una batería de cambios en el funcionamiento del ente de prevención de la corrupción, trasladando los últimos cambios legislativos. En junio de 2025, el marco de la negociación presupuestaria, PP y Vox pactaron una enmienda a la ley de acompañamiento que modifica la ley de la Agencia Antifraude y afecta a la colaboración con el Ministerio Fiscal en investigaciones en marcha, un aspecto que resultó clave en investigaciones como el caso Azud o el caso Erial, donde Antifraude elaboró informes periciales incorporados al sumario. “Esta última modificación legislativa y la evolución en el funcionamiento de la institución aconsejan una reformulación integral de su norma organizativa”, apunta el documento, que inicia el periodo de exposición pública.

Mientras que en el reglamento anterior se remarca que la Agencia será un órgano de colaboración con Fiscalía, si hay indicios de delito, y se establecen los mecanismos, la nueva propuesta se limita a señalar que son funciones del director, figura que ahora encarna Eduardo Beut, “remitir, cuando proceda, las actuaciones al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, o al Tribunal de Cuentas”. Recalca el reglamento propuesto que Antifraude no admitirá denuncias de hechos que estén siendo investigados por Fiscalía o la Policía Judicial. PP y Vox cambiaron la ley para introducir que “la Agencia no tiene competencias en las funciones y materias que corresponden a la autoridad judicial, el ministerio fiscal y la policía judicial ni puede investigar los mismos hechos que han sido objeto de sus investigaciones”, como figuraba en la enmienda.

En cambio, en el reglamento aún en vigor, que quedará derogado, establece, en su artículo 10, las formas de colaboración con otros organismos. Y concreta: “En el contexto de la realización de diligencias de investigación penal, instrucción de causas y celebración de juicios, relacionados con las funciones de la Agencia y su ámbito de actuación, esta podrá colaborar con el Ministerio Fiscal, los Juzgados y los Tribunales, cuando así se requiera, mediante la asistencia técnica y emisión de informes periciales por personal funcionario a su servicio, especializado en materia jurídico-administrativa, económica, contable, y de control administrativo, y con conocimiento profundo de las administraciones y su sector público y los procedimientos administrativos”. Esta redacción desaparece en la nueva propuesta.

La oposición y organismos como Transparencia Internacional, World Compliance Association Fundación, Hay Derecho, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda-GESTHA, el Observatori Ciutadà contra la Corrupció, Acción Cívica y Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció criticaron que estos cambios “terminan por desmantelar a la AVAF como oficina independiente para la lucha contra la corrupción”. La Agencia no ha querido hacer comentarios al respecto.

El nuevo reglamento elimina también las referencias al Consejo de Participación, como consecuencia de los cambios legales pactados por PP y Vox en las Corts. Se trata de un órgano asesor y de consulta de la Agencia, cauce para la participación de la sociedad civil y de personas expertas, y que a su vez ejercía de control del trabajo del organismo. También establece que, en el caso de las resoluciones, “podrá ser limitado el contenido o comunicarse las resoluciones cuando contengan información que puedan afectar datos sensibles que requieran de especial protección o que pudiera identificar a la persona informante”.

La jueza de la dana ha acreditado con las llamadas del chófer de Carlos Mazón que las versiones de la Generalitat y del PP sobre los pasos del president tras su comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro eran completamente falsas.

Se trata de la enésima demostración de la mentira oficial orquestada por el Consell anterior para salvar la actuación de Mazón, actualmente aforado por su condición de diputado autonómico del PP de Juan Francisco Pérez Llorca, tras las declaraciones testificales del propio conductor y de los policías que escoltaron al entonces president en su desplazamiento hasta la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos. Incluso la jefa de prensa de Mazón reconoció abiertamente su declaración testifical del pasado 27 de febrero que las diversas versiones que dio el Palau de la Generalitat tras la catástrofe de la dana eran inciertas.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha incorporado al procedimiento un breve informe, firmado el pasado 10 de marzo por el director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Francisco Javier Balfagón, que detalla el listado de llamadas entrantes y salientes del teléfono móvil corporativo del conductor, Ernesto Serra.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, reseña la comunicación clave que desmiente las múltiples versiones de Carlos Mazón: a las 19.47, el chófer recibió una llamada, de apenas un minuto, de un teléfono que corresponde al contacto “Secretarias Presi”, según el acta de cotejo del terminal telefónico elaborada por la Letrada de la Administración de Justicia, a la que también ha tenido acceso este diario.

A pesar de que Mazón defendió durante meses que se había incorporado al Cecopi del Centro de Emergencias de l'Eliana “pasadas las siete” y que había estado trabajando en su despacho del Palau de la Generalitat, las llamadas del conductor demuestran que no fue hasta casi las 20.00 cuando se movilizó el equipo del president para acudir a la reunión.

Llamada del chófer al escolta

Inmediatamente después de recibir la llamada de la secretaria de Mazón —tras haber sido “requerido para llevar al president a l'Eliana”, según indica el acta de cotejo—, el conductor telefoneó a uno de los escoltas.

Carlos Mazón había llegado al Palau poco antes de las 20.00, tras haber alargado la sobremesa con Maribel Vilaplana y haber acompañado a la comunicadora hasta un aparcamiento cercano al restaurante. Una vez advertido por un alto cargo sobre la crítica situación en el Puesto de Mando de Metrovalencia, situado a tiro de piedra del barranco del Poyo, el entonces jefe del Consell salió en su vehículo oficial hacia l'Eliana, acompañado por el asesor Josep Lanuza.

Tras recoger a la jefa de prensa, Maite Gómez, en los alrededores del Palau (en la zona de las Torres de Serranos), ya de camino hacia el Centro de Emergencias, el convoy escuchó a las 20.11 el estridente pitido del Es-Alert en sus respectivos teléfonos móviles.

Carlos Mazón llegó a las 20.28 al Cecopi, tal como confirman las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del Centro de Emergencias, también incorporadas al procedimiento que instruye la jueza de Catarroja.

Una vez aterrizado en el Cecopi, el president se puso “al frente” de la reunión, “en el rol que debían desempeñar los directores institucionales de la emergencia”, según afirmó la exconsellera Salomé Pradas en el careo con José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón.

La Conselleria de Justicia del Gobierno autonómico de Juan Francisco Pérez Llorca ha recortado drásticamente las funcionarias de apoyo asignadas al juzgado de Catarroja que instruye la causa de la dana, según ha podido saber elDiario.es. La medida desmantela, a efectos prácticos, la organización interna del juzgado, al retirar a cuatro funcionarias (entre gestoras y tramitadoras) y dejar únicamente al auxilio judicial.

La resolución, firmada el pasado 7 de abril por la directora general de Justicia, María José Adalid, explica que por parte del departamento autonómico dirigido por la consellera Nuria Martínez “se ha considerado no prorrogar los refuerzos” a los órganos judiciales valencianos vigentes desde el pasado 1 de enero, entre ellos al juzgado encargado del procedimiento de la dana.

El documento acuerda que el próximo 30 de junio las cuatro funcionarias abandonen el juzgado de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que investiga los 230 presuntos homicidios imprudentes acaecidos el 29 de octubre de 2024, con la obligación de consumir los días pendientes de vacaciones y de asuntos propios antes de esa fecha.

Se trata de las funcionarias que dan apoyo a la instrucción del complejo procedimiento, prorrogado hasta el próximo 30 de octubre, y que dependen de la Conselleria de Justicia. Además, las gestoras y tramitadoras están familiarizadas con la extensa causa, con varios centenares de piezas de fallecimientos y en el marco de la cual han declarado más de medio millar de testigos y perjudicados.

Por su parte, la instructora cuenta con un refuerzo en su juzgado, acordado por el Consejo General del Poder Judicial, que asegura su dedicación exclusiva a la causa de la dana.

La Conselleria de Justicia alega un “criterio objetivo de antigüedad”

Fuentes de la Conselleria de Justicia consultadas por este diario vinculan la medida con el “objetivo de avanzar en el proceso de estabilización de las plantillas y consolidar un modelo de Administración de Justicia más moderno, ágil y eficiente, orientado a garantizar un mejor servicio a la ciudadanía”, con “una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales” y con la “prioridad compartida por la propia Administración” de reducir la temporalidad, dotar de mayor estabilidad a las plantillas y mejorar las condiciones laborales del personal al servicio de la Justicia.

Las mismas fuentes indican que los 200 puestos cuya cobertura no se renovará corresponden a refuerzos de larga duración. “Su identificación se ha realizado con base en un criterio objetivo de antigüedad, priorizando aquellos que, por su carácter estructural en la práctica, requieren una consolidación definitiva”, agregan.

La Conselleria de Justicia explica que los 200 puestos de trabajo “pasarán a integrarse como plazas estructurales” con el mismo número y estables en la plantilla “reforzando la capacidad del sistema y contribuyendo directamente a una prestación más eficaz y sostenible del servicio público de Justicia”.

La medida, apostillan las fuentes oficiales del departamento autonómico, ha sido “comunicada y trabajada” en el marco del diálogo con las organizaciones sindicales, “manteniendo los canales de interlocución abiertos en todo momento”.

“La transición se gestionará de manera ordenada, intentando garantizar en todo momento la continuidad del servicio y minimizando cualquier impacto tanto en los profesionales como en la ciudadanía”, concluyen.

Rocío Gómez, la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante que dimitió el pasado 30 de enero por el escándalo de la adjudicación de viviendas de protección pública a cargos del PP y funcionarios municipales disparó su patrimonio en casi 170.000 euros durante su etapa en el consistorio que dirige el popular Luis Barcala. Así se desprende de la declaración de bienes publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante tras su dimisión al frente del área de Urbanismo.

La exconcejala declaró en 2023, al inicio de su mandato, bienes inmuebles por un valor de 22.309,45 euros y “otros bienes” por un importe de 25.773,37 euros, además de un pasivo en créditos de 4.260,79 euros.

La nueva declaración de bienes reseña un aumento significativo de su patrimonio. Rocío Gómez anota bienes inmuebles por un monto de 202.682,03 euros, según el valor catastral (siempre muy inferior al de mercado).

Por otro lado, la exedil del PP también declara “otros bienes” por un importe de 14.246,93 euros. Todo ello suma unos activos de 216.928,96 euros. Su patrimonio, por tanto, se ha disparado en 168.846,14 euros.

La exedil fue una de las beneficiarias de las viviendas protegidas. Una jueza de Alicante investiga la polémica adjudicación de viviendas protegidas en el residencial 'Les Naus' en Alicante.

La Fiscalía, por su parte, ve indicios de los presuntos delitos de prevaricación y fraude en la adjudicación de las viviendas, que en algunos casos fueron a parar a cargos vinculados al PP y altos funcionarios locales.

La jueza de la dana ha citado a declarar, con la condición de testigo, al conductor del vehículo oficial adscrito a la exconsellera Salomé Pradas el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

Así lo indica la magistrada Nuria Ruiz Tobarra en una providencia dictada este jueves en la que acepta la diligencia propuesta por la acusación popular que ejerce el PSPV-PSOE.

La resolución solicita a la Conselleria de Emergencias, que dirige Juan Carlos Valderrama, que identifique al conductor de Pradas.

La providencia también acuerda que se comunique al alcalde de Sot de Chera, localidad afectada por la presa de Buseo, de titularidad autonómica, la posibilidad de que aporte voluntariamente, en un plazo de cinco días, los mensajes y llamadas, relacionados con la emergencia, que mantuvo el día de la catástrofe, “sin perjuicio de lo que pueda acordarse tras su declaración”.

El Grupo Parlamentario Compromís ha iniciado una ofensiva parlamentaria para fiscalizar hasta el último euro destinado a las oficinas de los antiguos jefes del Ejecutivo valenciano. A través de su síndic, Joan Baldoví, la formación ha registrado una solicitud formal ante el Consell para obtener copia literal de todas las facturas, tiques y documentos que justifiquen los gastos en dietas, alojamientos y desplazamientos de todos los expresidentes entre 2023 y 2026. Esta reclamación se produce después de que saliera a la luz el elevado gasto en combustible de Francisco Camps, cuyo coche oficial generó una factura de 13.076,65 euros en 2024 y ascendió a 14.774,40 euros en 2025.

Baldoví ha calificado la situación de “descontrol total”, denunciando que mientras los valencianos sufragan sueldos de 75.000 euros a los exmandatarios, también deben hacerse cargo de por vida de gastos corrientes como comidas, chóferes las 24 horas y asesores vitalicios. La coalición ha puesto el foco en la necesidad de transparencia, exigiendo el desglose por mes y subconcepto de los consumos de los vehículos asignados, incluyendo no solo la gasolina y los peajes, sino también los servicios de limpieza.

El coste de mantenimiento de estas estructuras es una de las principales críticas de la formación, que cifra en casi un millón de euros el gasto previsto para las oficinas de los expresidentes solo durante el año 2026. Según los cálculos de Compromís, el gasto acumulado desde la creación de estos organismos alcanzará los 8,5 millones de euros al finalizar el presente ejercicio, una cifra que consideran inasumible y propia de un sistema de “privilegios” que debe ser reformado.

Ante lo que consideran un uso injustificado de recursos públicos, Compromís insiste en modificar la Ley de Expresidentes para que la Generalitat solo cubra necesidades logísticas puntuales y debidamente acreditadas. La propuesta de la coalición busca acabar con las oficinas permanentes y el gasto discrecional, limitando el apoyo institucional a actos específicos vinculados con la condición de expresidente o la promoción del autogobierno, evitando así que los ciudadanos costeen de forma vitalicia gastos que el síndic ha tildado de desorbitados.

Camps niega las cifras y exige investigar los gastos de Compromís

Por su parte, Francisco Camps ha negado rotundamente la veracidad de los datos de su oficina, afirmando que el kilometraje de su vehículo oficial no se corresponde “en absoluto” con el gasto de combustible reflejado en la información enviada a las Cortes. El expresidente ha calificado las cifras de “absurdas” y “anómalas” , señalando que la falta de coherencia entre los kilómetros realizados y el consumo es tan evidente que la administración debería haber detectado el error antes de abonar cualquier factura. Camps ha subrayado que su oficina carece de capacidad orgánica para realizar el seguimiento del gasto, ya que la validación de todas las facturas depende directamente de la Presidencia de la Generalitat.

Ante esta situación, el expresidente ha solicitado formalmente la apertura de una investigación urgente para esclarecer lo ocurrido y ha propuesto un sistema preventivo para que las oficinas de los expresidentes reciban periódicamente una relación detallada de sus gastos. Además, Camps ha contraatacado autorizando el desglose de sus cuentas a cambio de que se haga público también el detalle de los gastos incurridos por Joan Baldoví y el resto de los diputados de Compromís durante la presente legislatura, incluyendo dietas, comidas y viajes con su debida justificación. El exjefe del Consell ha lamentado que el síndic haya obviado solicitar la información de la oficina que, según asegura, ha generado un mayor gasto: la del expresidente del Partido Socialista.

El Ayuntamiento de Alaquàs se suma a otros municipios del área metropolitana de València y reclama al Gobierno autonómico la limitación de los precios del alquiler. El pleno ha aprobado este jueves, con los votos a favor del PSPV-PSOE y Compromís, y el rechazo de PP y Vox, una moción para solicitar a la Generalitat que declare el municipio como zona altamente tensionad, en el marco de la ley de vivienda. La declaración permitiría al consistorio limitar los precios del alquiler, disparados en la capital y todo el cinturón metropolitano.

La moción, presentada por Compromís, tiene por objetivo garantizar que las vecinas y los vecinos de Alaquàs tengan acceso a una vivienda digna ante “la situación crítica de precios de compra y alquiler en ascenso y la mercantilización de la vivienda”, según el comunicado del consistorio. El texto insta a la Generalitat a financiar un programa para ampliar el parque público municipal de vivienda a través de la compra, rehabilitación y/o construcción con fondos íntegramente autonómicos y devolver el carácter permanente a la calificación de protección pública para “blindar el parque público contra la especulación”.

También pide reformar el Decreto Ley 9/2024, de 2 de agosto, del Consell, de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico con el objetivo de “eliminar la trampa de los 11 días para considerar un alojamiento como turístico y así evitar que se disfracen de uso residencial miles de apartamentos destinados realmente al turismo”. Igualmente, garantizar el derecho preferente de la administración a la compra de cualquier vivienda susceptible de incorporarse al parque público “antes que los especuladores para poder ofrecerla a precios justos, e impulsar el registro obligatorio y efectivo de grandes tenedores e inspecciones fiscales periódicas”.

El Gobierno valenciano del PP ha venido rechazando declarar zonas tensionadas y abogan por la construcción de vivienda. El Ejecutivo que encabeza Juanfran Pérez Llorca estudia las propuestas de Burjassot y La Pobla de Farnals, dos municipios en los que gobierna la izquierda, aunque ha trasladado cierta oposición a estas medidas. Como informó elDiario.es, desde la conselleria de Vivienda afirman que “la política de este Consell es la de generar oferta de alquiler asequible”. En concreto, desde el departamento que dirige la vicepresidenta Susana Camarero han comentado que “se trata de una medida impulsada por el Gobierno de Sánchez que está lejos de solucionar el problema de la vivienda”.

Reclama al Gobierno central incrementar el parque público de vivienda

La moción contempla también instar al Gobierno de España a garantizar el incremento anual del parque público hasta el 9,2 % en 2030 (media europea), convertir el 100 % de las viviendas de la Sareb en parque público de alquiler, prohibir la compra de vivienda para usos no residenciales a fondo buitres y sociedades Especulativas y crear barreras de entrada para inversores que buscan rentabilidades altas y rápidas.

Asimismo, le reclama limitar el precio legal del alquiler para que cabe persona tenga que destinar más del 30 % de sus ingresos al alquiler, implementar el modelo de contrato de alquiler indefinido asequible como otros lugares de Europa, limitar las subidas anuales del alquiler al IPC real y establecer un supuesto de recargo progresivo del IBI a partir de la tercera vivienda vacía

La Comunitat Valenciana concentró el 40 % de las compraventas realizadas por extranjeros no residentes, con 9.926 operaciones, durante el segundo semestre de 2025, según los datos del Consejo General del Notariado.

En España, la compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros cayó un 4,4 % interanual en la segunda mitad de 2025, un periodo en el que continuó la tendencia descendente y que se vio marcado por el retroceso superior al 15 % que registraron las operaciones protagonizadas por extranjeros no residentes.

En el segundo semestre del pasado año, los extranjeros compraron 66.629 viviendas libres en España, el 18,4 % del total, frente al 19,5 % que se registró en el mismo periodo de 2024 y al 20,9 % de 2023.

Los extranjeros residentes copan casi el 63 %

Los extranjeros residentes concentraron el 62,8 % de las operaciones, el 3,3 % más. Sin embargo, las de los no residentes cayeron un 15,1 % y concentraron el 37,2 % restante en un contexto marcado por el fin de los visado de oro (golden visa) y el anuncio del Gobierno de penalizar fiscalmente las adquisiciones de los extracomunitarios no residentes.

Según los notarios, el volumen de compraventas de extranjeros cayó en el segundo semestre respecto al previo, tanto entre residentes como no residentes. En estos últimos, el ajuste se produce tras el fuerte crecimiento post pandemia, con un máximo en 2022.

Entre los extranjeros residentes, pese al leve retroceso frente a la primera mitad de 2025, alcanzaron el segundo mayor volumen histórico.

Caen un 20 % en Madrid y el 10 % en Canarias y Baleares

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó en nueve comunidades autónomas y retrocedió en ocho de ellas.

Ocho comunidades presentaron caídas de las compraventas de extranjeros con la Comunidad de Madrid (-20,3 %); Islas Canarias (-10,8 %) e Illes Balears (-10,2 %) a la cabeza. Por su parte, los crecimientos más intensos se dieron en Castilla-La Mancha (21,5 %); Extremadura (13,8 %); Aragón (11 %) y Castilla y León (10,4 %).

En el segundo semestre de 2025, las compraventas realizadas por extranjeros no residentes se concentraron en Comunitat Valenciana, con 9.926 operaciones (40 % del total); Andalucía con 6.263 compraventas (25,3 %); Catalunya (2.151; 8,7 %); Murcia (1.933; 7,8 %) o Canarias (1.843; 7,4 %).

Pagan un 5 % más y los no residentes 3.242 euros/m2

Las viviendas adquiridas por extranjeros tuvieron un precio medio de 2.479 euros/m², un 5 % más. Los no residentes desembolsaron los importes más elevados, 3.242 euros/m², frente a los 1.963 euros/m² de los extranjeros residentes y los 1.839 euros/m² de los españoles.

El precio medio pagado por los extranjeros no residentes aumentó un 5,8 %, el de extranjeros residentes lo hizo un 9,4 % y el de los españoles un 7,4 %.

Por comunidades, los precios crecieron en 16, especialmente en Cantabria (17,2 %); Murcia (14,1 %); La Rioja (13,4 %); Navarra (12,6 %); Comunidad de Madrid (11,6 %); Asturias (10,5 %) y Extremadura (10,3 %). Solo se redujeron en Galicia (-4,9 %).

Reino Unido y Marruecos lideran la demanda extranjera

El mayor número de operaciones correspondió a Reino Unido, 5.178, el 7,8 % del total, seguido de Marruecos con 5.154 (7,7 %); Italia (4.397; 6,6 %); Alemania (4.351; 6,5 %) y Rumanía (4.339; 6,5 %). El resto de compradores extracomunitarios realizó 8.213 operaciones, el 12,3 % del total.

Entre los extranjeros residentes, los marroquíes encabezaron las compraventas (12,1 % del total), seguidos de italianos y rumanos, mientras que entre los no residentes fueron los más destacados los de Países Bajos (12,6 %), Alemania (11,9 %) y Reino Unido (11,5 %).

Mientras esperamos a que las elecciones andaluzas cierren el ciclo autonómico en las urnas, la política sigue en los banquillos de los juzgados. El juicio por el 'caso mascarillas' ha empezado y, con él, ese momento incómodo en el que la política se enzarza en el pasado y no tiene tiempo para el futuro, al menos, nos hace dudar de lo que vendrá.

No hay nada especialmente nuevo en lo que se escucha estos días, pero ahora los hechos entran en la sala y dejan de ser relato. El caso que afecta al valenciano José Luis Ábalos y a su entorno no es solo una cuestión personal ni un episodio aislado de esos que los partidos intentan encapsular con rapidez. Tiene algo más persistente: conecta con una forma de hacer política que no sabemos hasta dónde ni hasta quién llega. No sorprende, pero desgasta. No hace falta que salpique directamente para hacer daño. Diana Morant compartió lista electoral con Ábalos. Estuvieron juntos en la papeleta y poco más porque son perfiles contrapuestos y porque, mientras estuvo en el PSPV, el exministro tuvo amigos tan fieles como enemigos acérrimos. Hasta el punto de que los números uno y dos de aquella candidatura ni compartieron actos, algo tan anómalo como casi todo lo que rodeó al exministro desde que Pedro Sánchez le hizo un corte en la cabeza sin llegar a dejar caer la guillotina. Pese a todo ello, la política no exige culpabilidad para generar coste. A veces, basta con la cercanía, aunque sea sobre un papel.

El daño y la desafección por el asco que provoca casi todo lo que rodea al personaje pueden pesar. Especialmente en la secuencia de derrotas electorales autonómicas que se están convirtiendo en costumbre. Las tendencias pesan más que los programas. Y la fórmula de los ministros-candidatos suma tantos errores como pruebas. En ese escenario, el ticket ideado entre Morant y Pilar Bernabé se la juega en algo más que impedir restar. Eliminar lo que pueda lastrar no es suficiente en un momento en que hay que reconstruir una cierta idea de posibilidad. Que la gente vuelva a pensar que se puede ganar. Que merece la pena intentarlo. Que no todo está decidido de antemano. Y eso no se logra solo con estrategia; exige también algo parecido a la credibilidad emocional, que es más frágil y menos controlable.

Ahí aparece, inevitablemente, Mónica Oltra. Con la incertidumbre sobre su futuro político. Sin posibilidad de cuándo y hasta dónde llegarán contra ella, tras todo lo visto, algunos plazos le pueden perjudicar, pero también le pueden hacer la campaña electoral. El efecto lawfare está ahora mismo mucho más cerca de sumar que de restar. Oltra, a la espera del cierre de su caso, resurge con fuerza después de ser continuamente golpeada. No como novedad, porque no lo es, sino como referencia. Como alguien que en su momento consiguió ordenar un espacio político que ahora parece más disperso. Sobre todo, vuelve una cabeza que fue capaz de ilusionar y que regresa desde una profunda reflexión que ha aumentado su valor.

No obstante, su eventual capacidad de aglutinar depende mucho de su figura, pero también de la disposición de los demás a aceptar que el protagonismo puede ser compartido o, incluso, cedido. Que el momento exige mucha generosidad y trabajar para sumar de verdad. Por eso, el acuerdo a la izquierda del PSPV no se puede ceñir a sumar siglas y repartir puestos en las listas. No se puede limitar a València y no se debe hacer tapándose la nariz a los ojos de todos y solo porque las encuestas y los precedentes sitúan a algunos muy lejos de los escaños. Si no hay un compromiso que se muestre lo más sincero posible, algunas integraciones restarán más que sumarán.

No se puede vivir con la incógnita permanente que generan los sectores más ortodoxos de Podemos. Hay demasiada gente interesada en buscar disidencias y frases corrosivas. El proceso requiere menos explicaciones ambiguas y menos matices como los de Pablo Iglesias. De la idea que transmitan las izquierdas, todas, dependerá en gran medida que mucha gente se ilusione en el poco más de un año que queda hasta las elecciones.

Los bloques cada día están más claros y muy igualados. Es complicado saber cómo llegará el PP a las municipales de mayo ni si Pérez Llorca logrará imponer su “normalidad” en las autonómicas. En gran parte, dependerá de si es capaz de soltar lastre. Por él y por su partido. El daño que aún puede hacer Carlos Mazón a los suyos es todavía imposible de medir. El expresident se ha distinguido siempre por su escaso altruismo y por su agresividad contra los suyos. Que hoy sea Paco Camps quien reivindique congreso y democracia contra el máximo adalid del zaplanismo responde tanto al manual de justicia poética como a la relación que uno y otro han tenido, tienen y tendrán con los tribunales. 

El caso de la dana y el intento de Mazón de personarse en la causa revela hasta qué punto el actual president no controla a su antecesor

El caso de la dana y el intento de Mazón de personarse en la causa revela hasta qué punto el actual president no controla a su antecesor. Y las pocas dudas que tiene el dimitido al elegir entre él y su partido. Ese problema convierte en menores, por comparación, otros que no lo son. Pérez Llorca sigue salpicado por cuestiones que tienen efecto acumulativo, como las polémicas sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública y la progresión laboral de su pareja. En Alicante se va a librar una batalla menos vistosa que la de València, pero muy importante. La lucha no será tan visible y la disputa va a desenterrar más de lo visto hasta ahora.

Y en ese terreno, donde todo se mezcla —los juzgados, las urnas y las expectativas—, la política vuelve a lo de siempre: intentar convencer de que lo próximo será distinto a lo anterior. Aunque cada vez cueste más creerlo.

La dibujante valenciana Cristina Durán, ganadora del Premio Nacional del Cómic en 2019, es la responsable del cartel de la próxima edición de las Jornadas de Cómic de Vaència, que se celebrará del 22 al 24 de mayo. La cita coincidirá, además, con dos exposiciones: Cómic Palestino: voces propias grito colectivo (inaugurada el pasado 12 de marzo) y Los cómics de Miguel Calatayud, una retrospectiva dedicada al ‘padre’ de la llamada Escuela Valenciana. La cita está organizada por la Asociación Valenciana del Cómic (Asovalcom) y el Aula de Cómic del Vicerrectorado de Cultura i Societat.

La propuesta de la valenciana toma como eje central una de las figuras de la fuente de la plaza del Patriarca, la que representa la sabiduría, rodeada de distintos animales, e incluye algunos elementos de la Universitat de València como las columnas realizadas por el arquitecto Javier Goerlich. Todos estos elementos, rodeando el Arca de Caudales de la institución.

Según explicó la autora -junto al guionista Miguel Ángel Giner- de Una posibilidad entre mil, Jabalina o El día 3 (con el que ganaron el Premio Nacional del Cómic, en colaboración con la periodista Laura Ballester), “el Arca de Caudales es una caja de hierro forjado que data del siglo XVIII; y en la que se guardaba el dinero de las rentas que recaudaba la Universitat. Tenía cinco candados, una para el rector y otros para los decanos de las cuatro facultades que tenía. De ahí, en mi póster, salen los comics que son el tesoro de las Jornadas de Cómic de València”. No falta en la ilustración una referencia la mítico Pumby, el personaje creado en 1954 por el también valenciano José Sanchis.

Por otra parte, la dibujante anunció que ya trabaja con Giner, en su próxima obra, en la que la dana será la gran protagonista, un trabajo monumental que superará las trescientes páginas. Según explicó “la preparación ha sido un proceso complicado, porque tocaba repasar esos días, volver a las fotos, recordar momentos muy duros…”. Durán y Giner vivieron en primera persona la tragedia, ya que su estudio y su vivienda de Benetússer fueron arrasados por la riada, mientras luchaban por cuidar de su hija dependiente y con discapacidad.

Retrospectiva de Calatayud

La cita mantendrá su estructura habitual de cuatro ejes: talleres dedicados a los más pequeños, charlas, dos exposiciones, y una zona comercial que contará con 70 puestos, el máximo que -por razones de espacio- puede acoger La Nau de la Universitat, su sede, ya que hay otras 40 solicitudes en lista de espera. Entre los nombres que ya han confirmado su presencia, más de 20, figuran Kim, Rafa Fronteriz, Kim, Paco Roca, Daniel Torres, LaMarta, Loreto Aroca o Lauri Fernández. Tampoco faltará en esta edición la tradicional batalla de dibujantes.

Uno de los platos fuertes de esta edición será la retrospectiva dedicada al alicantino Miguel Calatayud, considerado el precursor de lo que se llamó la Nueva Escuela Valenciana, movimiento que fraguó en los años 80 en València y del que formaron parte Daniel Torres, Mique Beltrán, Sento Llobell, y Manel Gimeno entre otros.

La exposición dedicada al maestro abrirá sus puertas el 23 de abril, y repasará la biografía artística de este ilustrador e historietista, pionero y vanguardista en el cómic español. Sus primeros trabajos, aparecidos en la revista Trinca a principios de la década de los 70, incorporaron el discurso del pop-art y la modernidad que venía de Europa, rompiendo moldes y tradiciones para encontrar en la línea y el color nuevas formas narrativas. Entre sus obras más conocidas destacan Pete Petrake, Los doce trabajos de Hércules, La pista atlántica o El pie frito.

La muestra se estructurará en cuatro ámbitos: sus influencias (que incluye desde la novela negra a los musicales de Busby Berkeley o Heinz Eldelmann, director artístico de la película de los Beatles Yellow Subarine); el uso del trazo y su tipografía; la tradición valenciana; y un estudio de su inimitable uso del color.

Las XV Jornadas de Còmic cuentan con la colaboración de la Generalitat Valenciana, Ajuntament de València, Biblioteques Municipals de València, Servei de Llengües i Política Lingüística de la UV, la Cátedra de Estudios del Còmic Fundación SM-UV, Cómics de Colección y FNAC. A la presentación, que tuvo lugar este miércoles en La Nau de la Universitat de València acudieron Cristina Durán; José Vicente Pellicer, presidente de Avalcom; el concejal de Cultura de València, José Luis Moreno; y el responsable de la cátedra del cómic Álvaro Pons.

Salomé Pradas informó a Carlos Mazón y a su equipo en Presidencia de “absolutamente toda la situación” de la dana durante el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos. Así lo declaró la exconsellera, actualmente investigada en la causa, durante el careo que mantuvo el pasado 12 de enero con José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, según el acta de la declaración cara a cara a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La investigada consideraba que se quedó “sola” en el seno de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). La otra representante del Consell que participaba en el Cecopi, la vicepresidenta Susana Camarero, se desconectó poco después del inicio de la reunión para acudir a la entrega de unos premios. Pradas “estaba sola como consellera ese día, no había nadie más del Consell”, según lamentó en el careo.

La exconsellera también reprochó “cierta persuasión repentina” por parte del jefe de gabinete de Mazón una vez que informó de la eventual medida del confinamiento de la población que barajaba el Cecopi —“estaba sobre la mesa”— para que “no se llevara a término”.

A Cuenca lo definió como “una extensión del president”, que “sabe en todo momento donde se encuentra” la máxima autoridad autonómica.

La exconsellera (a pesar de que Mazón no siempre la atendió telefónicamente mientras alargaba la comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro) “informó de todo lo que iba aconteciendo antes, durante, y después, durante todo el día, todo lo que consideró que era importante que debía saber Presidencia”.

Antes del polémico ágape, mientras Mazón terminaba su agenda de actos ajenos a la dana de aquella mañana, el jefe de gabinete le dijo que hablara con él si quería informar al president. Al menos Pradas “implícitamente lo entendió así”. Por su parte, Cuenca negó que recibiera la orden de su jefe de que no le molestaran.

El testigo aludió a la agenda pública de Mazón. Por el contrario, Salomé Pradas le espetó a Cuenca que aquella jornada ella “no estaba para mirar agendas”. La exconsellera afirmó que desconocía que Mazón se había encerrado con otra comensal en el reservado de El Ventorro. “A lo mejor si sabe que tiene la comida la llama más veces”, manifestó.

“No le va a echar la culpa a nadie de por qué pasó lo que pasó, pero quería informar a Presidencia porque entendía que era lo correcto para estar lo más coordinados posible, con el president y el resto de consellers”, afirmó Salomé Pradas.

Una “intensidad muy dura” en el Cecopi

El jefe de gabinete de Mazón adujo que sus mensajes de WhatsApp a Pradas en los que cuestionaba la medida del confinamiento estuvieron motivados por las dudas jurídicas que planteó el entonces secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez.

En uno de esos mensajes (algunos de ellos con cierto tono indecoroso), Cuenca pedía “calma” a la consellera. Por su parte, Pradas explicó en el careo que en el Cecopi “de calma nada” ya que se vivía una “situación de una intensidad muy dura”.

José Manuel Cuenca, por su parte, se definió como un “periodista” sin conocimientos jurídicos ni “intención ni rol en la emergencia”. Asoció el posible confinamiento con la pandemia de la Covid-19 y dijo que se trataba de una “cuestión de enjundia” y “de envergadura” por la “restricción de derechos fundamentales”.

Salomé Pradas lo interpretó como un “intento de persuasión para que no se lleve a cabo esa medida”, a pesar de que estaba plenamente avalada por la normativa en materia de emergencias. “No es un intento de persuasión sino una reflexión”, matizó Cuenca.

La exconsellera dijo que cuando recibió esos mensajes, la decisión de enviar el Es-Alert a los móviles de la población ya se había tomado en el Cecopi. “Sinceramente se sorprendió con esos whatsapps, porque estaban en momentos de mucha tensión”, según reza el acta del careo.

La “instrucción” de no confinar, según Salomé Pradas, “venía o bien de Cayetano García o bien del president”. “No podía ser de otra forma”, añadió. Aun así, “ella no le hizo caso”.

Por otro lado, al llegar Mazón al Cecopi, “entonces se pone al frente, en el rol que debían desempeñar los directores institucionales de la emergencia”, deslizó Pradas.

Pradas ordenó que “su móvil no lo tocaran”

La exconsellera lanzó otro dardo a Cuenca y cuestionó que el jefe de gabinete de Mazón perdiera todos los mensajes de WhatsApp de su teléfono móvil corporativo al entregarlo formateado a la Generalitat tras su cese “sin sus datos personales”, a pesar de que la instrucción de la causa era ampliamente conocida.

“El teléfono te lo puedes quedar y ella se lo quedó”, según reza el acta con la transcripción del careo. La exconsellera, además, “envió un mensaje expreso de que no tocaran su móvil, y no resetearan nada”.

“Con su abogado prepararon un escrito diciendo que su móvil no lo tocaran, que lo iba a abonar y se lo quedaba, y que no permitía que resetearan contenido del teléfono”, apostilló Salomé Pradas.

La Fundación Oceanogràfic ha anunciado hoy la puesta en marcha de un ambicioso programa de conservación destinado a la protección de las mantelinas, también conocidas como rayas mariposa. Este impulso ha sido posible gracias a la obtención de una ayuda de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La iniciativa se integra en una convocatoria de ámbito estatal cuyo objetivo principal es el apoyo a programas de recuperación de la biodiversidad marina en España.

El proyecto pone el foco en un grupo de elasmobranquios que, a pesar de estar presentes en aguas valencianas, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la mantelina está catalogada en peligro crítico de extinción en Europa y en peligro de extinción a nivel global. Estos animales son piezas clave para el equilibrio de los ecosistemas del Mediterráneo, pero actualmente sufren las consecuencias de la degradación de su hábitat, la interacción negativa con actividades humanas y una preocupante falta de datos científicos actualizados sobre su población y comportamiento.

Dentro de las líneas de actuación previstas, la Fundación Oceanogràfic fortalecerá todas las fases de atención a estos ejemplares a través de la Red de Varamientos de la Comunitat Valenciana. El proceso se iniciará con la localización de individuos heridos o en riesgo, contando para ello con la estrecha colaboración de los sectores de pesca profesional y deportiva. Una vez localizados, los animales serán trasladados al Área de Recuperación y Conservación de Animales (ARCA) del Mar para recibir atención veterinaria especializada hasta que su estado de salud permita su reintroducción definitiva al medio natural.

Más allá del rescate directo, la iniciativa apuesta fuertemente por la investigación y el seguimiento científico avanzado. El equipo de la Fundación aplicará nuevas metodologías de análisis, incluyendo técnicas de marcaje satelital y seguimiento acústico en mar abierto, que servirán para determinar sus rutas y las presiones que sufren en la zona. Asimismo, se busca implicar a la sociedad civil mediante una nueva sección en la web de la entidad donde los ciudadanos podrán comunicar avistamientos. Con estas herramientas, la Fundación Oceanogràfic espera dar visibilidad a una especie fundamental para la salud de nuestras costas que, hasta ahora, había pasado desapercibida para el gran público.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado los recursos de Manos Limpias, la Fiscalía y la Diputación de Valencia, presidida por el popular Vicente Mompó, y ha reabierto la causa contra el excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, por la presunta falsificación de su título académico en la institución provincial. El auto cuestiona la prescripción del delito esgrimida por el juez de instrucción que dictó el pasado 8 de octubre el sobreseimiento libre de la causa y pone en duda que no se tomara declaración al denunciado.

Mientras que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València afirmaba que los hechos denunciados por el pseudosindicato habrían prescrito “cuanto menos hace 30 años”, la Audiencia de Valencia sostiene, tras repasar la jurisprudencia, que “cada vez que el funcionario pide a prórroga, no se limita a continuar en una situación ni tiene el derecho absoluto a la continuación, sino que debe alegar que reúne los requisitos de aptitud que en su momento le facultaron para optar al puesto en que desea continuar”.

El auto se escuda en que, según la documentación aportada por la Diputación de Valencia, “el denunciado habría solicitado sendas prórrogas en el servicio activo en los últimos años, siendo los dos últimos los de 2023 y 2024”.

Sin la “necesaria claridad de hechos”

Por otro lado, considera que “debe esgrimir de forma expresa o por remisión, expresa o tácita, los títulos que le amparan”. “La exigencia es tan evidente que de formular la petición excusándose de la titulación, la respuesta habrá de ser negativa por no ser apto para el destino en función de los requisitos normativos exigidos al efecto”, agrega.

El auto de la sección tercera de la Audiencia de Valencia concluye que “no siendo descartable que la persona denunciada haya hecho valer su título falso en demostración del cumplimiento de su preparación, de su condición de apto para acceder a las prórrogas en el servicio activo, es manifiesto que no se dispone de la necesaria claridad de hechos para poder ceñir el cómputo de la prescripción al momento de su inicial presentación en la década de los ochenta”.

La resolución revoca el auto de sobreseimiento libre dictado por el juez y ordena el inicio de la instrucción de la causa.

Caixa Ontinyent ha dado hoy un golpe de autoridad en el mapa financiero valenciano al presentar unos resultados récord y una ambiciosa hoja de ruta para el próximo trienio. El presidente de la entidad, José Pla, y el director general, José Francisco Sanfélix, han comparecido en rueda de prensa para desgranar un ejercicio 2025 marcado por la solidez financiera: un beneficio antes de impuestos de 17 millones de euros que, tras el pago de 3,2 millones en tributos, sitúa el beneficio neto en 13,8 millones de euros, un 22% más que el año anterior.

Este fortalecimiento permite a la caja valenciana presentar una ratio de solvencia CET1 del 24,26%, una cifra que triplica los mínimos exigidos y que la sitúa como una de las entidades más robustas del sector. Con un volumen de negocio que ya alcanza los 2.802 millones de euros y una morosidad bajo control (1,81%), la entidad se prepara ahora para una nueva fase de crecimiento.

Expansión territorial y revolución digital

Tras consolidar su presencia en el sur con aperturas recientes en Alicante y Elche, el nuevo Plan Estratégico 2026-2028 pone el foco en la expansión hacia el norte de la Comunitat Valenciana. El objetivo es ambicioso: captar 10.000 nuevos clientes y alcanzar un volumen de negocio de 3.147 millones de euros al cierre de 2028, apoyándose en un crecimiento previsto del 27% en la inversión crediticia para empresas y vivienda.

La estrategia no solo es geográfica, sino también tecnológica. Sanfélix ha subrayado que la entidad integrará la inteligencia artificial para personalizar la atención al cliente y potenciará su oficina digital de 24 horas. No obstante, Caixa Ontinyent mantendrá su esencia de banca de proximidad, garantizando la atención presencial en oficinas con mayor flexibilidad horaria y eliminando la necesidad de cita previa.

Una obra social récord: la Facultad de Veterinaria

El modelo de banca territorial de la entidad revierte este año de forma masiva en la sociedad. Gracias a la propuesta de distribución de resultados, el presupuesto para Obra Social ascenderá a 3,8 millones de euros, prácticamente el doble que en el ejercicio anterior.

El proyecto estrella de este nuevo periodo será la aportación de 1,7 millones de euros para la futura Facultad de Veterinaria de la Universitat de València en Ontinyent. “Somos una entidad comprometida con las personas y este plan nos permitirá crecer sin renunciar a nuestra esencia social”, ha afirmado José Pla, destacando que el año pasado ya se beneficiaron más de 190.000 personas de las actividades de su fundación.

La jueza de la dana insiste en un auto dictado este miércoles en que un “nexo común que ha demostrado la instrucción es la ausencia de avisos a la población”.

La magistrada vincula la falta de alerta a la ciudadanía el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, con la “parálisis en la toma de decisiones” en el seno del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y la “tardía convocatoria del mismo” por parte de la entonces consellera Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa.

La resolución desestima el recurso de reforma de la defensa de Pradas contra la providencia que acordó una pericial caligráfica para determinar la autoría de las notas manuscritas entregadas por Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, sobre las indicaciones de la entonces consellera vinculadas a la redacción del texto del Es-Alert. La defensa de la exconsellera reconoció la autoría las anotaciones de “su puño y letra” y solicitó la suspensión de la prueba caligráfica acordada por la instructora.

El auto recuerda que “en ningún momento” Pradas había reconocido durante su declaración inicial como investigada la autoría de la nota manuscrita, al no constar el documento en el procedimiento hasta que lo entregó Suárez. Las manifestaciones del escrito de la defensa, que reconoce la autoría, “no pueden sustituir a la declaración de investigada, diligencia personalísima, que no puede reemplazarse por la manifestación de ninguna persona, por un escrito presentado por su representación procesal, ni por una comparecencia”, afirma la resolución.

Y, aunque lo reconociera en una declaración como investigada, “tampoco ello eximiría la práctica de una prueba que ha de estimarse pertinente”, agrega.

El auto justifica la “pertinencia” de la prueba por la “relevancia en la adopción de medidas de protección a la población”, eje principal de todo el procedimiento instruido por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.

La jueza repasa la cronología acreditada por la investigación y destaca, como “lo más dramático”, que a las 17.20 del 29 de octubre de 2024 “se pudo haber lanzado un mensaje” Es-Alert, tal como propuso el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, al inicio de la reunión del Cecopi. Un mensaje propuesto —en balde— que aconsejaba a la población refugiarse en altura y que “hubiera sido plenamente efectivo” para evitar que los vecinos bajaran a los garajes o circularan por carretera.

La magistrada también incide en que “uno de los elementos que demoró” el envío de la alerta a la población fue “incluso por la redacción del mismo en valenciano”. Por indicación de Pradas y del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, se cambiaron palabras en valenciano normativo ('tipus' por 'tipo', por ejemplo) o el acento de València por Valencia.

El auto destaca las consultas a la Abogacía de la Generalitat y los mensajes enviados a la consellera por José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón. Más de una hora antes del envío del Es-Alert, la reunión del Cecopi barajaba la fórmula de “permanezcan en sus domicilios”, aunque en el mensaje final de las 20.11 fue sustituida por “eviten desplazamientos”. “La razón del cambio se desconoce”, afirma la jueza de Catarroja.

Pradas mostraba “voluntad de controlar”

Además, la resolución también cuestiona que el contenido del Es-Alert fuera un “cuestión absolutamente de los técnicos”, tal como defiende Pradas, a tenor de las manifestaciones de la entonces consellera grabadas por las cámaras de una productora subcontratada por Emergencias en las que daba ciertas indicaciones sobre el texto.

“No se limitaba a ser una mera testigo del envío del mensaje, sino que se muestra una voluntad de controlar”, afirma el auto.

La jueza, tal como ha destacado a lo largo de la instrucción, considera que la alerta a la población “se podía por otro lado haber efectuado” por otras vías, tales como medios de comunicación (destaca la televisión autonómica À Punt) o el 112 en la red social X. “Nada de ello se hizo y se esperó hasta tres horas en el envío del mensaje”, apostilla.

Por otro lado, el auto destaca que “en la falta de avisos a la población incurre igualmente” el entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, también investigado en la causa.

El sector del juego pierde una batalla relevante contra la regulación y el alejamiento de salones y locales de apuestas de los centros educativos para combatir la ludopatía, legislada durante la etapa del Pacte del Botànic al frente del Ejecutivo valenciano. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) ha dictado cinco sentencias en las que desestima los recursos interpuestos por varias empresas y asociaciones empresariales contra el Decreto 97/2021 del Consell, que desarrolla las restricciones a los salones de juego y los locales de apuestas. La misma Sala y sección ya avaló hace tres años la clausura de un salón de juegos cercano a colegios, tal como informó este diario.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en respuesta a varias cuestiones prejudiciales, sentenció el pasado 16 de octubre que el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE no se opone a una normativa nacional que imponga a los operadores del sector del juego limitaciones como distancias mínimas entre sus establecimientos y de estos con respecto a centros educativos.

Los recursos que ha desestimado ahora el alto tribunal valenciano solicitaban la anulación de una decena de artículos del Decreto 97/202, de medidas urgentes para la aplicación de la Ley 1/2020, de 11 de junio de la Generalitat, de regulación del juego y prevención de ludopatía en la Comunidad Valenciana.

Esos artículos establecen una serie de requisitos a las solicitudes de autorización de instalación de nuevos locales de juegos y de apuestas, la renovación de las licencias, la instalación y sustitución de máquinas de juego en la hostelería, la medición de las distancias mínimas o la información comercial en el exterior de este tipo de establecimientos.

Los magistrados han rechazado las alegaciones de los recurrentes contra todos esos artículos, al considerar que éstos no merecen ningún reproche de legalidad.

Así, recuerdan que el Decreto 97/2021 “es una disposición administrativa/reglamento ejecutivo de ley autonómica, dictada en ejercicio de competencia exclusiva de la Comunidad Valenciana”, por lo que a la Sala únicamente le corresponde enjuiciar si los preceptos reglamentarios “se separan o van más allá de lo establecido en la ley habilitante”.

El TSJ-CV ve una “motivación válida”

El TSJ-CV ha concluido que esos preceptos “no solo encuentran cobertura en una norma con fuerza de ley (…)”, sino que también contienen una “motivación válida sobre nexo causal entre el objetivo ‘proteger el interés general’ y el instrumento ‘prohibición de instalación de salones a distancia inferior a 850 metros de un centro educativo”, como se explica en una de las sentencias.

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado también la pretensión de los recurrentes consistente en la elevación de una cuestión de inconstitucionalidad contra un artículo y dos disposiciones transitorias de la Ley 1/2020.

Las cinco sentencias dictadas por el TSJ-CV pueden ser recurridas en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

La federación de Serveis Públics de UGT del País Valencià ha hecho pública una contundente denuncia contra los planes de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, a la que acusa de orquestar un cambio de modelo hacia la gestión privada en siete centros de menores de la autonomía. Según el sindicato, la Administración autonómica está ultimando los pliegos de condiciones para licitar la gestión integral de cinco centros en la provincia de València y dos en la de Castellón, lo que supondrá el desplazamiento definitivo del personal público y el fin del sistema mixto que funcionaba hasta la fecha.

La organización sindical sostiene que este proceso se ha llevado a cabo con una falta de transparencia deliberada. Durante el último mes, UGT dirigió un escrito a la Conselleria tras detectar movimientos para reasignar más de setenta puestos de trabajo de categorías tan diversas como educación social, dirección, cocina o mantenimiento. El sindicato afirma que la Conselleria contactó de manera individual con los empleados públicos de estos centros para recabar su conformidad en los cambios de destino, evitando así la interlocución con los representantes de los trabajadores y actuando al margen de las mesas de negociación habituales.

En el transcurso de una reunión celebrada el pasado 1 de abril, la Administración confirmó finalmente que el proceso de privatización está muy avanzado. Los centros afectados en València incluyen los centros de acogida de Campanar, Xiquets y Xics, la Colònia Sant Vicent Ferrer, el centro de menores de Cabanyal y la Residencia Juvenil Mislata II. De hecho, en el centro Xiquets la plantilla pública ya ha sido totalmente reubicada. Las estimaciones sindicales apuntan a que alrededor de ochenta profesionales, incluyendo cuadros directivos, serán trasladados para dejar estos espacios bajo un control exclusivamente privado, una maniobra que UGT califica como un uso abusivo de las potestades de autoorganización para favorecer intereses externos.

Paco Chapa, responsable de servicios sociales públicos del sector de Autonómicas de UGT Serveis Públics PV, ha advertido sobre las graves consecuencias que este cambio de rumbo puede tener para la infancia tutelada. El sindicato teme que la lógica del beneficio empresarial y el recorte de costes deriven en plantillas más precarias y una mayor rotación de profesionales, lo que rompería la continuidad educativa y terapéutica que necesitan los menores. Además, UGT subraya que la pérdida de control público directo debilita los mecanismos de supervisión de la Administración y genera una red de centros con estándares de calidad desiguales, desviando recursos públicos hacia el sector privado en un ámbito de especial vulnerabilidad social.

La respuesta de la Conselleria: regularización y legalidad

Frente a estas acusaciones, la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia niega que se esté produciendo un proceso de privatización y defiende que las actuaciones son necesarias para regularizar la situación administrativa, jurídica y laboral de los centros tras años de inacción.

La Administración sostiene que su plan consiste en licitar los contratos de gestión que se encontraban caducados, algunos desde 2017, una anomalía que afirma que generaba inseguridad jurídica para las entidades y perjudicaba las condiciones de los trabajadores. Según la Conselleria, en la reunión del 1 de abril se informó con transparencia de que la normativa vigente no permite modelos mixtos donde convivan funcionarios con personal de entidades gestoras, por lo que la reubicación de efectivos responde a criterios legales para garantizar una estructura coherente.

En este sentido, el departamento subraya que no se producirá ninguna amortización de puestos de trabajo, sino una reordenación del personal conforme a la ley para corregir una situación heredada y garantizar la seguridad jurídica del sistema.

El PSPV-PSOE ha solicitado a la jueza de Llíria que investiga la filtración de un audio manipulado de una de las llamadas entre la Aemet y el Centro de Emergencias de la Generalitat sobre la gestión de la dana la imputación de los dos altos cargos del Consell de Carlos Mazón que se hicieron con la grabación, de carácter reservado. Se trata de Alberto Martín Moratilla, exdirector general de Emergencias, y de Ricardo García, ex subsecretario de la conselleria que dirigía Salomé Pradas, señalados ambos el pasado 31 de marzo por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, como los altos cargos que obtuvieron el audio filtrado más tarde. Los socialistas valencianos, que ejercen una de las acusaciones populares en la causa, destacan que el acceso al audio fue una “petición de Presidencia” de la Generalitat, tal como confirmó Suárez.

“Habida cuenta de que únicamente había interés por obtener dicha llamada de las innumerables que se produjeron el 29 de octubre de 2024, y dado que precisamente, fue dicha llamada la que apareció filtrada en los medios de comunicación y difundida a través de las redes sociales de Carlos Mazón y del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, se considera pertinente la citación en calidad de investigados de los dos cargos públicos que mostraron interés por obtener la grabación de la llamada telefónica difundida”, afirma el escrito del PSPV-PSOE, al que ha tenido acceso este diario.

La acusación popular recuerda que, según se desprende de la declaración de las perjudicadas (las funcionarias de la Aemet y de Emergencias grabadas en el audio),“ en ningún momento se autorizó su difusión”. Para el PSPV-PSOE, resulta “especialmente significativo el comentario del Subdirector General de Emergencias [Jorge Suárez] al reconocer que en su dilatada trayectoria profesional, nunca había sucedido nada semejante”.

El lápiz de memoria

 El antiguo subsecretario de Pradas obtuvo la grabación en un lápiz de memoria y aseguró que “había prisa” y que era una “petición de Presidencia”, según la declaración testifical de Suárez. Por su parte, Martín Moratilla, actual inspector jefe del servicio operativo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, fue quien requirió al subdirector de Emergencias la grabación de la llamada entre la predictora de la Aemet y la funcionaria de la Generalitat.

El entonces president Carlos Mazón compartió en sus redes sociales la grabación manipulada, de manera que daba a entender que Aemet no estaba dando una información fidedigna, un bulo que se desmintió poco después cuando diferentes medios, entre ellos elDiario.es, publicaron la conversación de forma íntegra.